Yared de la Rosa
Foto: CDHDF
México DF, agosto 21 de 2012.
A meses de que termine la presente administración, integrantes de organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron esta mañana la impunidad en la que permanece la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida hace dos años.
En conferencia de prensa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señalaron que el gobierno calderonista no ha procedido contra ninguno de los mandos civiles, policiales y militares a nivel federal, estatal y municipal “responsables por acción o por omisión de la política de terror del Estado mexicano en contra de los migrantes en tránsito”.
En agosto de 2010, 72 indocumentados de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, ecuatoriano y brasileño fueron asesinados en el rancho El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas; iban en un camión rumbo a Estados Unidos, cuando fueron interceptados por un convoy presuntamente del cártel de Los Zetas.
Durante del acto en el que se conmemoró el segundo aniversario de la masacre, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, señaló que este suceso ejemplifica la infiltración del crimen organizado dentro del sistema de la función pública en México. Acción que, dijo, significa “el incremento de la putrefacción de nuestras estructuras de justicia y administrativas”.
Las políticas migratorias del gobierno mexicano, mencionó, “van encaminadas a que los migrantes no pasen hacia Estados Unidos. Es muy clara la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado, como en su momento se dejó actuar a la mara salvatrucha –organización criminal centroamericana–, todas son políticas de terror para que no pasen. Las políticas migratorias no son de asistencia, no son de ayuda al migrante sino son de control, y un control que no es para nuestro país (sino para los Estados Unidos)”.
De acuerdo con José Jacques Medina, del Movimiento Migrante Mesoamericano, a partir de 2006 se ha cuantificado la cantidad de 70 mil migrantes desaparecidos, de los cuales 10 mil casos ocurrieron en 2010.
Agregó que “el gobierno mexicano es incapaz de garantizar el tránsito digno y seguro de cualquiera que pase por territorio nacional. No ha querido cumplir el mínimo requisito de identificar a los muertos”, ya que de los 72 cadáveres en la masacre en Tamaulipas 13 fueron enviados a la fosa común.
Por su parte, el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, apuntó que el suceso del hallazgo de los 72 cuerpos encontrados en San Fernando no sólo conmovió a la sociedad sino que enfatizó la “realidad” de lo se vive en México con motivo de la “absurda guerra” contra el narcotráfico.
“El hecho dejó en claro muchas cosas que ya sabíamos pero que los gobiernos federal y locales se habían negado a reconocer como los secuestros de los migrantes por parte del crimen organizado; las franjas del territorios mexicano en manos de la delincuencia organizada, la criminalización de la ayuda, pues hay obstaculización de las tareas de quienes dedican una vida en asistir a los migrantes, y el desplazamiento de la culpa, ya que el gobierno federal afirma que lo que pasa con los migrantes es culpa de la criminalidad organizada”, señaló el ombudsman.
González Placencia añadió que el tema no es quién tiene la culpa sino quién tiene la responsabilidad de prevenir, resolver y generar la condiciones para que masacres como la de San Fernando o vuelvan a ocurrir.
En su turno, Camilo Pérez Bustillo, de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), exigió al Estado mexicano esclarecer el asesinato de los 72 migrantes, sancionar a los responsables y reconstruir el Estado.
“Necesitamos una nueva estructura que nos ayude a superar esta violencia y que permita construirnos, también, desde nuevas estrategias de participación y nuevas formas de exclusión”.
En la conmemoración del segundo aniversario de la masacre de San Fernando también participaron Julio da Silva Moreira, de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo; Leticia Calderón Chelius, jefa del área de Sociología Política y Económica del Instituto Mora.
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