jueves, 31 de octubre de 2013

Tratos inhumanos y degradantes, en mayoría de siquiátricos del país

Tratos inhumanos y degradantes, en mayoría de siquiátricos del país
No se avisa al MPF sobre ingresos involuntarios y se carece de fármacos y personal, dice en informe
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Hospital Siquiátrico José Sayago, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera México Pirámides, en Tepexpan, estado de MéxicoFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de octubre de 2013, p. 39
En buena parte de los hospitales siquiátricos del país, los pacientes están expuestos a tratos inhumanos y degradantes, entre ellos aislamiento, aplicación de electrochoques sin control terapéutico e incluso ataques sexuales, debido a la falta de recursos y organización de las autoridades que administran dichos centros, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su Informe Especial sobre los hospitales siquiátricos que dependen del gobierno federal y de los estados de la República Mexicana, el organismo señaló además que muchas personas internadas en dichos centros podrían estar fuera si recibieran un tratamiento adecuado, al mismo tiempo que muchas otras que sí lo requieren no son atendidas.
En el texto de 47 páginas, la CNDH denuncia la violación de derechos humanos relacionados con trato digno, legalidad y seguridad jurídica de los pacientes internados en hospitales siquiátricos, en los cuales se detectarongraves deficiencias, carencias, omisiones y abusos.
Para elaborar su informe, un grupo de médicos, sicólogos y abogados del organismo visitó durante 2011 y 2012 un total de 41 centros de atención intrahospitalaria, ubicados en 25 estados del país y administrados por la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional y las secretarías de Salud locales.
En dichos sitios, agrega el estudio, se encontró una capacidad instalada de 4 mil 9 camas –3 mil 232 bajo control de los gobiernos estatales y 777 de las autoridades federales–, pero una población de sólo 3 mil 143 pacientes.
Tras su recorrido, el personal de la CNDH constató diversas violaciones a los derechos humanos de los pacientes, como mala alimentación, condiciones inadecuadas de las instalaciones, falta de abastecimiento de vestido y calzado, restricciones en la comunicación con el exterior, falta de notificación al Ministerio Público Federal (MPF) sobre los ingresos involuntarios y ausencia de reglamentos y manuales de procedimientos.
Asimismo, se encontraron múltiples irregularidades en el registro de pacientes y en el consentimiento informado, carencia de personal médico, deficiencias en la prestación del servicio, falta de equipo y desabasto de medicamentos, insuficiente personal de seguridad y falta de capacitación en materia de derechos humanos.
De igual forma, se detectó negativa de servicio a las personas que viven con VIH/sida, inexistente clasificación de los pacientes, ausencia de adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física, restricciones al acceso a la salud y actos contrarios a la dignidad.
Abandono y olvido institucional
En entrevista con La Jornada, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que entre las irregularidades documentadas en el informe se encuentra el hecho de que se aísla a algunos pacientes hasta por 90 días, se les restringe la comunicación con el exterior e incluso se les aplica terapia de electrochoques de forma inadecuada, es decir, sin anestesia ni relajantes musculares.
Además, hay siete entidades que no cuentan con instituciones de atención siquiátrica –Distrito Federal, Morelos, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro y Quintana Roo.
En general, hay una condición de abandono y olvido de estas instalaciones de parte de los gobiernos. Falta una política pública orientada a este sector de la población; se le ha restado importancia aun cuando el tema de los padecimientos mentales requiere atención, deploró elombudsman nacional.
La CNDH dirigió 15 propuestas a la Secretaría de Salud federal y a los gobernadores de 24 estados y del Distrito Federal, entre ellas evitar cualquier abuso contra los pacientes, sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo y facilitar la reincorporación de los enfermos a la vida social y laboral