viernes, 15 de junio de 2007

INVITACION

COMPAÑER@S:
P R E S E N T E

Con la participación de aproximadamente mil asistentes de 21 entidades del país, el pasado 2 de junio quedó formalmente constituido el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV. La convocatoria del Gobierno Legítimo, a través de esta Secretaría, logró reunir alrededor de 70 organizaciones sociales, dirigentes de partidos políticos estatales, reconocidos líderes en la producción social del hábitat, académicos y ciudadanos independientes.

Uno de los acuerdos del CDV fue acudir el próximo 18 de junio a las 10:00 horas a la Cámara de Diputados, mediante una comisión amplia, para entregar a los legisladores del Frente Amplio Progresista un paquete legislativo preliminar, rumbo al nuevo constituyente, que plantea reformar la Ley del INFONAVIT, la Ley Federal de Vivienda, la Ley del ISSSTE en materia de vivienda, las Reglas de Operación de la CONAVI y el Contrato Constitutivo del FONHAPO, entre otras normas. El espíritu central del paquete es restituir la orientación social a los organismos federales por los que se promueve la vivienda.

Por tal motivo, me es grato convocarle al evento arriba señalado, que se realizará en el Salón Verde de San Lázaro.

Confiada de contar con su asistencia, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



ARQ. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ
SECRETARIA

Se amparan SFP y ASF contra la PGR en el caso Provida

Cuestionan que se haya absuelto a Serrano Limón
Se amparan SFP y ASF contra la PGR en el caso Provida
ELIZABETH VELASCO C.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ampararon en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de que ésta absolviera a Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón, dirigente de Provida, y a Rocío Gálvez Sánchez, vicepresidenta de esa organización, señalados como presuntos responsables de peculado.
Esas instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo solicitaron el amparo en enero y febrero pasados, respectivamente, después de que en diciembre de 2006 la PGR declaró inocente a Serrano Limón, a Gálvez y a funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), entre ellos Alessandro Rubio, Carlos Eduardo López Bosch y Ricardo López Loya.
El juez tercero de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, Ricardo Guzmán Wolffer, aprobó los juicios el 31 de mayo pasado, tras evaluar que constitucional y jurídicamente ambas tienen facultades para impugnar la resolución de la Procuraduría General de la República, según sentencia 101/2007-VII, cuya copia posee La Jornada.
Convenio ''sin fines de lucro''
Cabe destacar que, mediante convenio, la Ssa entregó a Provida en 2003 más de 33 millones de pesos como apoyo para crear diez centros de Atención a la Mujer. Esa cifra, de acuerdo con la ASF y la SFP, no se comprobó en los ''términos del Formato Unico de Solicitud de Recursos para Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro''. Además, Provida incumplió varias disposiciones del convenio e incurrió en diversas irregularidades.
Por esa razón, la SFP sancionó en abril de 2005 a Serrano con una multa de más de 13.2 millones de pesos y lo inhabilitó para ocupar cargos en el gobierno federal. Esas sanciones fueron ratificadas por la Corte en octubre de 2006, y con ello echó abajo el amparo 1927/2005, interpuesto por Serrano Limón.
En el juicio de garantías requerido por la ASF y la SFP, ambas impugnan que la PGR haya absuelto a Serrano Limón y a Gálvez, más cuando las auditorías de esas instancias y de otras organizaciones sociales arrojaron que ''los recursos fueron distraídos de su objeto, al haberse encontrado diversas irregularidades''.
La Función Pública precisa en el juicio en cuestión las siguientes anomalías: ''aplicación de recursos del erario en fines diversos a los expresamente autorizados (adquisición de tangas, trajes y plumas Mont Blanc y otros), presentación de facturas expedidas fuera de la vigencia fiscal sin especificar precios unitarios; recibos, notas de remisión y tickets en copias simples''. Además, los documentos no tenían continuidad cronológica. ''Algunos fueron 'despachados con anterioridad a la formalización del convenio de colaboración'; varios aparatos se adquirieron con 'otras personas morales'; presentó facturas de compras no relacionadas con el convenio celebrado; hizo una donación no permitida'', entre otros.
Publicidad fantasma
Sobre publicidad, Provida reportó ''gastos por 12 millones 892 mil 576 pesos, de los cuales 9 millones 745 mil 10 pesos fueron pagados a la persona moral Mercatel, SA de CV, por concepto de campaña publicitaria, renta de espectaculares y volantes, folletos y trípticos, sin que se especificaran los elementos mínimos para demostrar fehacientemente la realización de los trabajos encomendados'', por citar algunas irregularidades.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación subraya que la ''variación'' en los resultados de las auditorías a cargo de ese órgano fiscalizador del Legislativo y la Secretaría de la Función Pública ''no es motivo para determinar el no ejercicio de la acción penal'', pues tal variación se debe a que la Auditoría Superior incluyó la revisión de recursos entregados a Provida por la Ssa, la Lotería Nacional, mediante su fideicomiso Transforma México, y la Secretaría de Desarrollo Social; en total, fiscalizó 52 millones de pesos. Además, detectó en la Cuenta Pública 2003 y 2004, que Serrano Limón entregó ''comprobantes de gastos duplicados; gastos en ciudades donde no existen centros de Ayuda para la Mujer, lo que hace presumir la existencia del delito de peculado''.

Instan ONG a bajar precios de antirretrovirales


Instan ONG a bajar precios de antirretrovirales
ANGELES MARISCAL
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 14 de junio. Organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno mexicano exhortar a las compañías farmacéuticas para que ofrezcan medicamentos retrovirales a precios justos. Expusieron por ejemplo que en Chiapas, si existiera un convenio con proveedores de medicamentos, el estado se ahorraría al menos 50 millones de pesos, lo que permitiría extender la atención a pacientes con VIH que actualmente no cuentan con los servicios que requieren.
Integrantes de la Fundación Aids Healthcare y Colectivo para la Atención de la Salud Integral de la Familia, visitaron Chiapas, como parte de su campaña de sensibilización para reducir los precios de medicamentos para quienes padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
En conferencia de prensa, los activistas Patricia Campos y Arturo Vázquez explicaron que las ocho compañías farmacéuticas que surten del cuadro de medicamentos retrovirales, específicos para personas infectadas con VIH, ofrecen sus productos en México en hasta mil veces por encima de los costos reales de producción.
Refirieron que como resultado, en México se destina a escala general, sólo a la compra de medicamentos retrovirales, 4 mil 500 millones de pesos y en Chiapas, 56 millones.
Arturo Vázquez señaló que si se lograra bajar los precios de los fármacos, el Estado podría destinar el presupuesto que ahora deroga en este rubro, para campañas de prevención u otras estrategias que a corto plazo bajarían el índice de personas con VIH/sida.

En 3 meses, 89 parejas recurren a Ley de Sociedades de Convivencia


La mayoría son hombres; en Coyoacán, 16 registros
En 3 meses, 89 parejas recurren a Ley de Sociedades de Convivencia
CHRISTIAN REA TIZCAREÑO NOTIESE
Después de tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Convivencia en la ciudad de México, 89 parejas han legalizado su unión, según respondieron las 16 delegaciones políticas de la capital a diversos cuestionamientos que NotieSe hizo por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) del Distrito Federal.
El rango de edad de los convivientes oscila entre los 18 y 80 años, dato este último en el que se ubican 15 adultos mayores. Entre las parejas hay 83 del mismo sexo, 35 son de mujeres y 48 de hombres, así como seis uniones de heterosexuales.
Asimismo, seis extranjeros han legalizado su relación con mexicanos, y sólo se ha negado la ratificación del convenio a dos parejas heterosexuales de Miguel Hidalgo y una más en Iztapalapa, porque alguno de los solicitantes mantenía concubinato o matrimonio con otra persona.
En Coyoacán se han concretado 16 uniones, 14 en Cuauhtémoc, 12 en Iztapalapa, 11 en Benito Juárez, siete en Iztacalco y Tlalpan, cinco en Gustavo A. Madero, cuatro en Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, tres en Alvaro Obregón, dos en Magdalena Contreras y Xochimilco, una en Tláhuac y Azcapotzalco, así como ninguna en Cuajimalpa y Milpa Alta.
De éstas, solamente una sociedad de convivencia se ha disuelto en la Venustiano Carranza.
Según el Archivo General de Notarías de la Consejería Jurídica del DF, hasta el primero de junio, casi 42 por ciento de los convivientes eran mujeres, 58 por ciento varones y las parejas del mismo sexo representaban 94 por ciento de todas las uniones consumadas bajo este nuevo régimen legal.
Uniones en Coahuila
Mientras tanto, en Coahuila se han celebrado 25 Pactos Civiles de Solidaridad (Pacs), 24 entre personas del mismo sexo y uno entre heterosexuales, de acuerdo con los datos que proporcionó la Dirección del Registro Civil del estado, por medio de una respuesta a una solicitud de información.
Además, han llegado a Coahuila 18 parejas de otras entidades de la República a firmar un Pacs, principalmente de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Asimismo, se han efectuado tres Pacs entre un mexicano y una persona de otro país, así como uno entre extranjeros.
En Saltillo, la capital del estado, se han realizado 17 Pacs, dos en Torreón, dos en Arteaga y uno en los municipios de Acuña, Matamoros, Parras y Piedras Negras.
Hasta la fecha no se registra ninguna disolución de Pacs y sólo una persona de la tercera edad se ha convertido en compañero civil.
Finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, señalaron a NotieSe, por medio del IFAI, que las leyes que los rigen no incluyen la figura de "convivencia" y menos a las parejas gays, y que hasta el momento ningún homosexual ha solicitado la filiación de su compañero.

Analizan en Cuba reforma para otorgar derechos legales a uniones homosexuales

La Habana, 13 de junio. Una iniciativa de reforma legal que reconocerá derechos plenos a la unión de parejas homosexuales y a la identidad transexual quedó en manos del Partido Comunista de Cuba (PCC) para su aprobación y posterior presentación al parlamento, anunció
hoy la sexóloga Mariela Castro Espín.
La reforma fue elaborada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige la especialista, y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), indicó Castro Espín.
"Hay voluntad política de eliminar todas las formas de discriminación en nuestras leyes", agregó. "Por tanto, tenemos la responsabilidad de encaminarla".
El anuncio surgió en el quinto Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, que sesiona aquí esta semana, bajo el tema general de "defensa de la diversidad cultural".
Los escritores Miguel Barnet y Reynaldo González, quienes estaban en el auditorio, hablaron al final de la conferencia para respaldar el proyecto.
Mariela es hija de dos líderes históricos de la revolución cubana, el presidente interino Raúl Castro y la presidenta de la FMC, Vilma Espín.
Consultada por La Jornada sobre si esperaba que la propuesta cumpla el trámite parlamentario este año, la experta señaló: "Es nuestra aspiración".
También precisó que la iniciativa reconoce a los homosexuales unidos en pareja tantos derechos personales, patrimoniales, hereditarios, los inherentes a la vivienda y a la adopción, como los que tienen los heterosexuales. "Es lo que más hemos cuidado", subrayó.
El proyecto prevé cambios en los códigos de Familia y Civil. Las uniones homosexuales no serán llamadas "matrimonio", porque la Constitución cubana reconoce a esa figura como "la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común".
Sin embargo, reconocerá derechos a las uniones homosexuales formalizadas y aún a las que carezcan de registro judicial, sean de ese tipo o heterosexuales.
En su exposición en el Congreso, Mariela informó que la iniciativa está pendiente de aprobación en el Buró político del PCC, para que pase como anteproyecto de ley al parlamento.
Pero indicó que la ha puesto a debate ante diputados, especialistas, abogados y agrupaciones sociales, donde ha encontrado tanto respaldos como resistencias, con opiniones como que "la sociedad cubana no está preparada para esto".
Reconoció que aún se requiere un trabajo persuasivo en la sociedad y en los medios de información. El punto más impugnado, "sin argumentos", señaló, es el derecho de las parejas homosexuales a la adopción.
Ahí reveló que el Ministerio de Salud Pública ya está procesando la petición de tres parejas de lesbianas para acceder a la reproducción asistida.
La iniciativa incluye el trabajo de un proyecto previo, del cual Mariela habló a este diario en enero de 2006, para reconocer los derechos de identidad de los transexuales, las personas que tienen una identidad de género distinta de la que indican sus genitales.
El nuevo proyecto recoge la iniciativa anterior y respalda jurídicamente el tratamiento hormonal y el cambio de identidad, después del diagnóstico médico, que en la práctica ya existen en Cuba.
En este tramo, "incluimos los elementos más avanzados de lo que hemos aprendido de otras leyes", señaló la directora del Cenesex.
Asimismo, informó que está vigente una estrategia nacional hacia los transexuales, por la cual ya se está capacitando personal médico para realizar operaciones de cambio de sexo.
En Cuba hay 27 transexuales diagnosticados, varios de los cuales han pedido la cirugía y otros 40 están en estudio.
Parte de esa política es un compromiso asumido por los ministerios de Educación y de Educación Superior, para incluir en la enseñanza, de acuerdo con las distintas edades, la promoción de una actitud que elimine la discriminación a los homosexuales y a los transexuales.
En la práctica también ha sido posible que algunos transexuales cursen estudios superiores en las sedes universitarias descentralizadas en municipios. "Pero todo eso no es suficiente", dijo Mariela. "Estas cosas deberían caminar solas, no tendría que ir una comisión a discutir cada caso".
Explicó que la reforma es más amplia e incluye nuevas decisiones sobre cuidado de los ancianos, los discapacitados, la violencia de género, el abuso sexual infantil y la adopción, entre otros puntos.

Proponen legalizar la prostitución en el Distrito Federal


Proponen legalizar la prostitución en el Distrito Federal
JUAN BALBOA
Jefes delegacionales, organizaciones de mujeres y asociaciones de apoyo a sexoservidoras se manifestaron por legalizar la prostitución en el Distrito Federal; pidieron que se haga una reflexión seria sobre las ventajas que traería a un sector de la sociedad explotada y exigieron participar en la propuesta de ley.
La Red de Mujeres Sexoservidoras y la Asociación de Apoyo a Sexoservidoras coincidieron en que la despenalización beneficiará a miles de mujeres en la capital. Las dos organizaciones señalaron que uno de los principales problemas es no reconocer que las sexoservidoras realizan un trabajo que merece respeto.
La penalización de la prostitución, aseguran Jaime Montejo y Alejandra Gil, representantes de ambos grupos, provoca la propagación de enfermedades y una vida con violencia. Las zonas donde se encuentran las sexoservidoras deben ser de trabajo, no de tolerancia; se deben respetar los derechos humanos de todas las personas que trabajan en ello; ayudaría a combatir la trata de personas y las autoridades deberían vigilarlas para evitar robos y agresiones.
La iniciativa de ley de protección al sexoservicio para el Distrito Federal presentada el 10 de junio pasado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) -que deroga la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal- ha generado opiniones encontradas.
Mientras el delegado de Magdalena Contreras, Héctor Guijosa Mora, señaló que apoya la legalización, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, ha dicho que la analizarán con seriedad.
Los representantes de las organizaciones que defienden y promueven los derechos de las sexoservidoras recordaron que la iniciativa no pretende fomentar el ejercicio de esa actividad, no la descarta ni la persigue moralmente, sino que la considera digna en tanto actividad humana que merece protección de las leyes.
La iniciativa establece una serie de premisas jurídicas para reconocer la dignidad de las y los sexoservidores; garantizar el ejercicio de sus derechos; regular el ofrecimiento y ejercicio del servicio sexual; establecer las bases para una cultura de respeto y no violencia hacia las y los sexoservidores; así como normar las políticas, medidas, acciones y programas gubernamentales que contribuyen a su desarrollo integral.