sábado, 22 de agosto de 2009

Convoca AMLO a una concentración nacional, el próximo 21 de septiembre, para defender la economía popular


San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca
Sábado 22 de agosto de 2009



* La cita es a las 5 de la tarde frente al edificio sede de la Cámara de Diputados, informa

* Ese lunes, presentará una propuesta alternativa de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos para el 2010


Desde la región de los valles centrales, Andrés Manuel López Obrador convocó a simpatizantes e integrantes del Movimiento en Defensa de la Economía Popular a una concentración nacional el próximo lunes 21 de septiembre, a las cinco de la tarde, frente al edificio sede de la Cámara de Diputados, en donde se presentará una propuesta alternativa de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos para el 2010.

En la mencionada asamblea nacional, explicó, también se dará a conocer un plan de acción y de movilizaciones ciudadanas en caso de que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretenda aplicar IVA a medicinas y alimentos, así como aumentos de precios a las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. “Ahora resulta que quieren cobrar impuestos por la tortilla, por las tlayudas”, ironizó.

El presidente legítimo de México dejó en claro que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular no permitirá que la mafia de la política “siga exprimiendo al pueblo” con alzas generalizadas a tarifas de bienes y servicios ni despidos de trabajadores de base de los tres niveles de gobierno o sindicalizados.

Durante el quinto día de la cuarta semana de recorrido por municipios del régimen de usos y costumbres, expuso que el proyecto alternativo de presupuesto y de ingresos se sustentará en tres directrices: Reducir al 50 por ciento los salarios y eliminar los gastos superfluos en la alta burocracia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, declarar una moratoria en el pago de intereses del rescate bancario y cobrar impuestos a las grandes empresas afines al régimen.

Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara informó que después la primera quincena de septiembre se conocerá la intención del gobierno usurpador de Calderón de trasladar a los bolsillos de la economía popular los costos de la crisis y del déficit en las finanzas públicas, del llamado hoyo negro, estimado en 500 millones de pesos.

En la iniciativa de presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos del gobierno ilegítimo planteará recortes al gasto social, en particular al presupuesto destinado a la educación, a la salud, al campo y a las comunidades indígenas. Calderón “quiere resolver el problema del boquete con incrementos a las tarifas de bienes y servicios y, al mismo tiempo, con reducciones a lo poco que se destina al desarrollo social”, precisó.

Al reunirse con los habitantes de San Lorenzo Cacaotepec, Santa María Atzompa y San Pedro Ixtlahuaca, reiteró la necesidad de promover un plan de austeridad republicana para obtener ahorros presupuestales por 100 mil millones de pesos anuales.

En primer lugar, deben bajar a la mitad los salarios del presidente usurpador, ministros de la Corte, magistrados, jueces, senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de despacho, subsecretarios y directores generales de toda la administración federal, recomendó.

Otra medida que propuso fue la cancelación de los gastos suntuarios, como la partida por cinco mil millones de pesos anuales para gastos médicos privados de los funcionarios de primer nivel y legisladores, además de un millonario fondo de ahorro.

Por tratarse de una injusticia, López Obrador destacó la necesidad de declarar una suspensión en el pago de intereses del Fobaproa, al cual se destinan alrededor de 50 mil millones de pesos cada año. Dicha cantidad se canalizaría a los programas de atención a los adultos mayores, pidió.

Fundamentó su solicitud en que resulta una inmoralidad el hecho de que mientras se profundizan los niveles de pobreza entre el pueblo, un puñado de banqueros reciba 50 mil millones de pesos anuales.

Para acabar con todas las inequidades y privilegios a favor de banqueros, políticos corruptos y empresarios que impusieron a Calderón en la Presidencia de la República, López Obrador se manifestó por desarrollar una reforma fiscal integral, bajo el principio “de que pague más quien más tiene, porque el pueblo ya no aguanta más”.

La jornada de este día se caracterizó porque el gobierno de Ulises Ruiz ordenó que se impidiera la llegada del presidente legítimo de los mexicanos al municipio de Santa María Peñoles.

El delegado del gobierno estatal en la región de los valles centrales, Humberto Altamirano, ejecutó al pié de la letra la instrucción de su superior. Desde temprana hora un grupo de trabajadores bloqueó el libre tránsito con un trascabo a mitad del camino de terracería que une a Peñoles con la capital de Oaxaca.

A la maquinaria se le retiró el filtro de aire y los empleados argumentaron que el camino quedaría libre hasta pasada la tarde.

Sin embargo, la medida no surtió efecto, porque el vehículo que traslada a López Obrador tomó un segundo camino para encontrarse con el pueblo de Santa María Peñoles.

Otra constante fue la presencia de funcionarios del gobierno estatal para intimidar y amenazar a la población con el retiro de los programas Oportunidades y Setenta y más, si acudían a las asambleas informativas encabezadas por López Obrador.

La gente hizo caso omiso y estuvo presente en cada uno de los eventos de este día.

Para mañana el presidente legítimo se reunirá con los ciudadanos de Tlalixtac de Cabrera, San Sebastián Tutla, San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas, Ánimas Trujano y Santa María Coyotepec.



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La privatización de la industria eléctrica



En el Círculo de Estudios Central, el Mtro. Antonio Gershenson habló sobre la privatización de la industria eléctrica, la cual se ha hecho de manera gradual y haciendo uso de esquemas como la tarifa de alto consumo.

Denunció que la mayor parte de las termoeléctricas se encuentran actualmente en manos de empresarios españoles, y que los convenios con CFE para venderle energía hacen que se comentan absurdos como el de Tabasco, donde las hidroeléctricas de la paraestatal no operan al 100%, y el resto de la energía necesaria para la región es adquirida en las termoeléctricas de Altamira, Tamaulipas, lo cual provoca un aumento significativo en el precio que tiene que pagar el consumidor final por el suministro de la electricidad.

Por otra parte, señaló que la tarifa de alto consumo, se cobra a aquellos consumidores que tienen un promedio anual de más de 200 kilowats mensuales de consumo, por lo que exhortó a los presentes a estará atentos al consumo que se registra en su recibo de luz.


Asimismo, en el caso del sector agrícola, mencionó que la tarifa social que se contempla para este sector, es inaplicable para la mayoría de los campesinos, pues se debe tramitar directamente ante la CFE, y cumplir una serie de requisitos, lo cual solamente la hace asequible para los grandes terratenientes.

Finalmente, citó que otro de los escenarios en los que se benefician unos cuantos particulares es en la construcción de grandes hidroeléctricas, en las cuales se despoja a los campesinos de sus tierras, se les paga poco y la obra pública se concesiona. Citó como ejemplo el caso de la Presa La Parota, en el cual se inisiste en despojar a los ejidatarios de la totalidad de sus tierras, cuando existen estudios que avalan la viabilidad de otro esquema, como es la construcción de pequeñas hidroeléctricas en toda la región del río papagayo, con lo cual sólo se tendría que inundar el 2% de las tierras ejidales, y además los campesinos serían directamente beneficiarios del servicio de energía electríca.


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Cabildea ANUIES con líderes de partidos para salvar presupuesto educativo en 2010

Jalapa, Ver., 21 de agosto. El consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) realiza un intenso cabildeo con dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) respecto de la integración del presupuesto para la educación superior en 2010, informó Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana y coordinador de universidades públicas del citado consejo.
Dijo esperar que los legisladores de los tres partidos “defiendan las partidas presupuestales para un tema tan vital en el desarrollo del país como la formación de profesionistas, e impidan que disminuyan los fondos respectivos, así como los de la investigación científica.
“En la propuesta que presentamos a los dirigentes está la petición, pero también el remedio: frente a la crisis financiera se debe impulsar una verdadera reforma hacendaria y, a la vez, decretar como política de Estado el apoyo de la educación superior”, enfatizó.
Entrevistado durante la presentación del programa para el décimo Congreso Nacional de Investigación Educativa –que se realizará en el puerto de Veracruz del 21 al 25 de septiembre–, Arias Lovillo refirió que durante los pasados tres años la Cámara de Diputados ha mantenido una alianza estratégica con la educación superior.
“Se revirtieron proyectos de disminución de presupuesto e incluso se alcanzaron aumentos en las partidas anuales; esperamos que los integrantes de la 61 Legislatura federal sigan defendiendo a la universidad pública, la educación superior y la investigación científica”, acotó.
Recordó que en las dos semanas pasadas, los integrantes del consejo nacional de la ANUIES –quienes representan a unas 155 instituciones educativas– se entrevistaron con los dirigentes nacionales del PRI y PRD, Beatriz Paredes Rangel y Jesús Ortega, respectivamente, y agregó que la próxima semana se reunirán con el panista César Nava.
“Nos han recibido bien la propuesta y les pedimos que, en función de los recortes y en el contexto de crisis económica, se cuide que no se afecte a un rubro tan importante para el desarrollo de una nación como es la educación superior”.
De acuerdo con el funcionario, más allá de la situación que México atraviesa, y el “gran hueco” resultante del desplome en recaudación fiscal, sería un error recortar fondos para las universidades públicas, pues se dañaría a largo plazo a las generaciones venideras.

Se gasta el doble en atender enfermedades originadas por el tabaco de lo que se recauda en impuestos por su venta

Por impuestos al tabaco México no recauda ni la mitad de lo que invierte en gasto médico para atender las enfermedades asociadas con el tabaco, aseguró Luz Myriam Reynales Shigematsu, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud. Al participar en el simposio Tabaquismo en México: ¿cómo evitar 60 mil muertes prematuras?, clausurado ayer en El Colegio Nacional, la especialista sostuvo que, según datos de 2008, nuestro país recauda 24 mil millones de pesos anuales y los costos estimados ese año para atender enfermedades asociadas al tabaco fueron de 45 mil millones de pesos.
En su ponencia, sobre las consecuencias económicas del tabaquismo, la especialista aseguró que esta cifra es “conservadora”, porque no considera los costos por la exposición al humo de tabaco de segunda mano (tabaquismo pasivo) ni los costos indirectos por pérdidas de productividad.
Dado el gasto que representa para el Estado el tabaquismo, sostuvo que México debe impulsar una política fiscal saludable porque, además, el aumento de impuestos al tabaco tiene un efecto sobre la disminución del consumo.
“Aumentar el precio vía impuesto ha demostrado ser la estrategia más efectiva para reducir el consumo en el país, y que adicionalmente permitiría generar recursos financieros necesarios para apoyar las actividades de prevención de la adicción a la nicotina y tratamiento de las enfermedades atribuidas al tabaco”.
Agregó que si en México se incrementara 10 por ciento el impuesto al tabaco, su consumo disminuiría cinco por ciento, especialmente entre los jóvenes y la población con menos recursos.
Por su parte, Justino Regalado Pineda, jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dio a conocer algunos tratamientos farmacológicos que existen para tratar la adicción a la nicotina, como medicamentos o parches, y recomendó que cualquier tratamiento debe ser prescrito por profesionales de la salud.
Señaló que de los aproximadamente 14 millones de fumadores que existen en México, 85 por ciento no tienen adicción a la nicotina, por lo que los programas de rehabilitación van más enfocados a este sector de la población, porque para el 15 por ciento que sufre una adicción severa, es muy difícil que abandone el consumo.
Las personas que consumen entre siete y 10 cigarrillos diarios pueden dejar de fumar con estrategias de control, sin embargo, los que consumen más de 20 cigarrillos diarios requieren de tratamiento farmacológico.
En su turno, Luis Solís Rojas, director nacional de Tratamiento y Rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil, dijo que la promoción de la salud y prevención del tabaquismo deben estar dirigidos a la comunidad, la escuela y la familia.
Indicó que un niño que es hijo de un fumador tiene siete veces más posibilidades de consumir tabaco que otro que no pertenece a una familia fumadora.
Aseguró que el éxito de los programas de prevención no depende únicamente de las políticas públicas, sino del cambio de los estilos de vida. Sin embargo, pueden mejorarse incorporando más investigación.

Acteal

E
rnesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.
No lo olvidemos: la noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia, inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.
Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.
Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha–, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su nueva imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.
El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta creada, insisto, por ellos mismos.
La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.
Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para evitar nuevos brotes de violencia.
Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994. Pero, al autorizarla, Zedillo cometió un crimen de lesa humanidad por el que algún día, ojalá no muy remoto, será juzgado y condenado. Su delito, como se sabe, es imprescriptible, y cuando en México se restaure la justicia tendrá que responder, no sólo por Acteal sino también por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, cuyo gobierno instrumentó para alcanzar objetivos de corto plazo, entre otros, por ejemplo, justificar devaluaciones temporales del peso. Sólo una bestia como él –a la que según sus propias declaraciones nunca le ha dolido la cabeza– pudo haberle causado a México tantos daños económicos y sociales y, no obstante, conservar el cinismo que le permite pasearse por el mundo como el padre de la transición democrática mexicana... merced a la cual nos dejó entre las pezuñas de un burro como Vicente Fox.
Pero por lo pronto, seamos objetivos, Zedillo y sus cómplices aplazaron por algún tiempo más el juicio que no podrán eludir indefinidamente. Se anotaron, hay que reconocerlo, una pequeña victoria, junto con los sepultureros de la historiografía, que en 2006 desenterraron los cadáveres de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los hombres asesinados en Acteal, y de los fetos que fueron sacados del vientre materno a machetazos, para acusarlos de delitos nefandos. Que la patria los cubra de laureles y de euros.
Gracias a las momias de la Suprema Corte, el futuro de México está en manos de los paramilitares, esos nuevos actores políticos que, inspirado en la experiencia colombiana, Enrique Peña Nieto planea utilizar, si llega a Los Pinos, como agentes pacificadores en contra del descontento popular y, supuestamente, el narcotráfico. No por nada, las relaciones entre la ultraderecha prianista y el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe están más sólidas que nunca.
Anteayer, en Bogotá, Calderón olvidó que preside el Grupo de Río y que debe fomentar las buenas relaciones diplomáticas entre los países de América Latina, y delante de Uribe se manifestó en favor de las siete bases militares que Estados Unidos planea modernizar en territorio colombiano, como parte de una eventual guerra contra Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con ese gesto de adhesión a Uribe, Calderón lanzó una bofetada a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles.
Lo bueno es, sin embargo, que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se enteró de la excarcelación de los asesinos de Acteal, o de las nuevas formas de represión made in Colombia que se fraguan, y de ningún otro asunto, trascendente o no, porque México, sí, ¡México, nuestro querido México!, le ganó 2-1 a Estados Unidos y eso es lo único que cuenta y por lo cual merece la pena vivir borrachos de gloria hasta que termine el campeonato mundial de Sudáfrica.
La victoria de México, ¡de todo México!, sobre el equipo de Estados Unidos es mil veces más importante que el anuncio, hecho el martes por Agustín Carstens, cuando dijo que en 2010 el país dejará de captar 316 mil millones de pesos por concepto de venta de petróleo y, por lo tanto, el gobierno recortará todos los programas sociales, no fomentará las actividades productivas, no construirá la nueva refinería (pero seguirá importando gasolina y cobrando comisiones por ello), despedirá a más burócratas y aplicará IVA a alimentos y medicinas, pero no rebajará los sueldos de ninguno de los altos funcionarios, ni disminuirá sus privilegios, ni pronunciará la palabra austeridad.
Al contrario, subirán todos los precios, se perderán cientos de miles de empleos, se recrudecerá la inseguridad y se multiplicarán las fuerzas represivas, pero sólo pensaremos en una cosa mágica, fascinante y extraordinaria: el futbol. Y cuando México, ¡sí, todo México!, tenga su boleto para irse a Sudáfrica, Televisa se encargará de mantenernos extasiados y anestesiados, incluso cuando no nos quede otro remedio que ir al Monte a empeñar la televisión. ¡Ah, qué maravillosos días se avecinan!
Por lo pronto, hay que ir al cine a ver Corazón del tiempo, la película que durante años y con enormes sacrificios escribieron Hermann Bellinghausen y Alberto Cortés, antes de filmarla en la selva Lacandona, con los miembros de una comunidad zapatista que relatan su propia vida, entretejida con la historia de amor entre una mujer que se quiere casar con un soldado del EZLN, pero tiene en contra la opinión de su familia. Un proyecto cinematográfico admirable, que desde su gestación contó con la simpatía y el apoyo de Robert Redford.
Lydia Cacho. Plan B 17 de agosto de 2009
La verdad sobre Acteal
Tengo los videos de entrevistas con sobrevivientes que grabé en enero de 1998, un mes después de la masacre de Acteal. Nunca como ese día me sentí extranjera en mi país; las carreteras tapizadas de militares agresivos y violentos, la descalificación estratégica que el gobierno de Zedillo y el procurador Madrazo hacían tanto de movimientos sociales como de periodistas que se atrevían a dar voz a las comunidades indígenas en resistencia, generaron un ambiente hostil que en aquel entonces sólo se reflejaba plenamente en las páginas de La Jornada y en las crónicas de corresponsales extranjeros.
La manta anuncia que hemos llegado a la comunidad de Acteal de Las Abejas, municipio pacifista de Chenalhó. Margarita habla frente a mi cámara: rezaban cuando los paramilitares les rodearon, ella cayó al suelo y sobre su espalda un muerto como escudo le salvó la vida. Allí tirada, inmóvil, desde el ángulo de su mirada registró el rostro de 10 hombres que nunca olvidará. Muestra fotografías de su madre y su hermano asesinados. Aquí nadie usa armas, ni creemos en matar, dice un joven sobreviviente; los paramilitares lo sabían.
Cuando regresé unos meses después ya habían construido un modesto mausoleo para sus muertos, exigían justicia, no venganza. La solidez moral de esa comunidad me conmovió profundamente. De los 200 miembros del grupo paramilitar que se identificaba con el PRI, casi todos eran conocidos de nombre y rostro por la gente de Chenalhó. Visité el territorio de los priístas y los evangélicos, libres de vigilancia militar. Reportando los hechos concretos se hizo evidente que la versión del gobierno y de medios oficiales había logrado polarizar a la opinión pública. Radicalizar y simplificar hechos facilita el abuso de poder y las injusticias. Cuando se siembra odio se cosechan impunidad y violencia. Pero la comunidad de Las Abejas decidió creer que la autoridad federal haría su trabajo; evidencias y testigos sobraban. Una víctima jamás olvida el rostro del torturador o el asesino, a las y los sobrevivientes les fue fácil señalar a los paramilitares asesinos.
Sólo cinco de ellos confesaron. Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los confesos fue liberado por la Suprema Corte. Ochenta y tres paramilitares siguen sujetos a proceso, y ahora tienen posibilidad de salir libres. Cuando la Suprema Corte revisó los expedientes y halló fallas técnicas, pudo haber ordenado que se repusiera el procedimiento, ¿cómo liberar a un asesino que además de haber sido identificado se confesó? ¿Por qué no reponer el procedimiento y además enjuiciar al ex procurador Madrazo por haber forzado un proceso judicial que pudo haber sido de justicia ejemplar? ¿Por qué no juzgar a los ministerios públicos que entorpecieron el caso respondiendo a órdenes políticas? Que la Corte evidencie las fallas estructurales y técnicas del sistema de justicia es bueno; lo sospechoso es la pronta liberación; el ministro Cossío dijo que su resolución no avala la inocencia, sino fallas del procedimiento.
La historia de México está plagada de culpables que están libres gracias a los tecnicismos legales y a las decisiones políticas que los avalan. Y de inocentes presos por las mismas razones. Acteal es y será una herida abierta para México, sangra ahora por la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas y por enviciar aún más el putrefacto sistema de justicia penal.

Allana Ejército 3 casas en Irapuato sin orden de juez

Irapuato, Gto., 21 de agosto. Unos 15 elementos del Ejército allanaron tres viviendas en la comunidad Tomelopitos y amagaron a los moradores con armas de grueso calibre; a uno lo tiraron y un soldado puso su bota sobre la cabeza.
De las tres familias afectadas sólo Ángel García Aza denunció los abusos ante el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).
El pasado 18 de agosto, a las 12:30 horas, militares que se desplazaban al menos en tres vehículos sin número de serie, arribaron a Tomelopitos, y sin orden de cateo irrumpieron en tres viviendas con el pretexto de buscar droga y armas, denunció el presidente de la Barra de Abogados del estado, José Luis Colina.
“Cuando me paré ya estaba encañonado ¡Acuéstese! Me gritaron y me tiraron al piso”, narró Ángel García. En el suelo, un soldado le piso la cabeza para que no viera lo que hacían. “Me me subieron a una camioneta, me preguntaban dónde estaba la droga, las armas y los químicos”, relató.
Ángel, su esposa y sus dos hijos de cinco y un año, tienen miedo de que los militares regresen y les siembren droga o armas.
En el operativo militar también fueron cateadas sin orden de juez otras dos viviendas, cuyas familias “quieren estar en el anonimato porque tienen miedo”.
La Barra de Abogados de Guanajuato indicó que el Ejército no puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad.

Demanda AI protección para 2 jóvenes torturados por soldados

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente porque teme por la seguridad de dos jóvenes que la semana pasada fueron detenidos “arbitrariamente”, torturados y amenazados por militares en Cuernavaca, Morelos.
El 14 de agosto, soldados detuvieron “arbitrariamente” a los primos Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23, con el supuesto fin de obtener información sobre traficantes de drogas, dejándolos en libertad horas después, “tras someterlos a actos de tortura”.
AI señaló que la vida de ambos está en riesgo, ya que los militares les advirtieron que si denunciaban los hechos serían asesinados, por lo que demandó al gobierno federal garantizar “protección adecuada” a los jóvenes, que la justicia civil investigue los hechos para sancionar a los responsables y adoptar medidas para garantizar que las operaciones militares contra la delincuencia se apeguen a las normas internacionales de derechos humanos.
El organismo internacional destacó que el día de los hechos los primos Jaimes estaban en el interior de su automóvil cuando comenzó una discusión con un grupo de hombres que cruzaban un semáforo. De inmediato soldados y elementos federales llegaron hasta el lugar y por la fuerza subieron a los dos jóvenes a un camión militar.
De acuerdo con el testimonio de los agredidos, AI refirió que al parecer fueron conducidos a un cuartel militar y ahí durante varias horas los soldados “amenazaron con matarlos, torturarlos y violarlos. Les vendaron los ojos y los golpearon, los patearon en cabeza y costillas, se arrodillaron sobre su espalda mientras yacían boca abajo”.
Agregó que los jóvenes fueron interrogados sobre posibles vínculos que pudieran tener con vendedores de drogas, lo cual los agraviados negaron.
“Los soldados les dijeron que los iban a someter a descargas eléctricas, violarlos, ahogarlos y arrojarlos al barranco. Según el testimonio de los dos jóvenes, los soldados les advirtieron: ‘Si nos denuncian les va a ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares’. Ambos quedaron en libertad sin cargos varias horas después”.
AI denunció que aun cuando los primos denunciaron las agresiones ante la Procuraduría de Justicia de Morelos “no han recibido protección alguna de las autoridades”.
Amnistía Internacional reiteró que la estrategia de la administración de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada en la que se han desplegado miles de agentes y soldados por varios puntos del país “no ha conseguido la reducción de la violencia”, y por el contrario, “los abusos del Ejército, incluidos homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales, se han multiplicado por seis entre 2006 y 2008.

Deshonestidad


Denise Maerker Atando cabos 17 de agosto de 2009
Deshonestidad
No se puede reclamar la injusticia del proceso que se le ha seguido a Jacinta, ni cuestionar la absurda condena que paga Ignacio del Valle, el líder de Atenco en Almoloya, sin por lo mismo celebrar que la Suprema Corte de Justicia haya excarcelado a 21 indígenas que esperaban condena desde hace 11 años por la matanza de Acteal. Dicho de otro modo, no nos podemos quejar de las invenciones de la Procuraduría de Justicia en unos casos y aceptarla en otros, según nos parezca adecuado y correcto políticamente.
Y sin embargo, han sido legión los que en estos últimos días han hecho exactamente eso. Hermann Bellinghausen, por ejemplo, escribió ayer en La Jornada que: “El defensor y activista de los derechos humanos Michael Chamberlin con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: A pesar de la liberación no dejan de ser culpables… [y añade] que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre”. ¿Coartada? ¿Si la autoridad que acusa lo hizo todo mal, qué los hace culpables entonces? El argumento es el siguiente: en Chiapas hace 12 años el estado animaba y promovía una estrategia de contrainsurgencia que incluía la preparación, adiestramiento y equipamiento de comunidades antizapatistas de la zona. Los excarcelados pertenecían a una de esas comunidades y estaban enfrentados con las víctimas. Aceptando punto por punto lo anterior, de qué sirve este contexto para dilucidar la efectiva participación de Juan o Pedro y su responsabilidad concreta en la matanza? Existen efectivamente testimonios de sobrevivientes y de familiares de los muertos en contra de los acusados. Pero ningún testimonio puede ser suficiente, ni el del afi supuestamente secuestrado por Jacinta ni el de un sobreviviente de Acteal. Se necesitan pruebas, periciales y científicas.
—Ellos saben quiénes fueron, se conocen muy bien —me dijo convencido y dolido por la liberación, un conocedor de la zona. Pero eso no es suficiente, no en un sistema que pretende juzgar al individuo y no echar culpas colectivas. Es deshonestidad pura demandar un justo procedimiento sólo si el acusado es alguien en cuya inocencia se cree y considerar al contrario que es prescindible y un mero tecnicismo cuando damos por sentada su culpabilidad.










Prueba información del Pentágono que la matanza de Acteal fue plan de Estado: ONG

La revelación de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos de que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo autorizaron el “apoyo directo” del Ejército mexicano a grupos paramilitares en Chiapas, confirma que a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde las altas esferas del poder se emprendió una estrategia contrainsurgente en aquella entidad, misma que provocó la masacre de Acteal, por lo que a partir de esa información oficial deben tomarse medidas para “llamarlos a cuentas”, aseguraron defensores de los derechos humanos.
Los centros Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) coincidieron en que la información oficial estadunidense recién desclasificada refleja que la matanza de 45 indígenas en Acteal –en su mayoría mujeres y niños– no fue producto de conflictos interculturales e interreligiosos, como han argumentado algunos sectores –entre ellos escritores y medios de comunicación–, sino de una estrategia de Estado.
Diego Cárdenas, del Centro Frayba, consideró que los datos de los cuerpos de inteligencia estadunidenses deben ser tomados en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconsiderar la puesta en libertad de 20 paramilitares –por “irregularidades” en los procesos judiciales– que habían sido sentenciados por su participación en la masacre, así como para el análisis de los amparos, que también podrían dar la libertad a otros 37 procesados por la matanza.
El activista demandó además que a partir de esta información y otros elementos, la 61 Legislatura –que empezará labores el próximo primero de septiembre– nombre una comisión “mixta y equitativa” que investigue a fondo la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
“Esto, a fin de señalar la responsabilidad de los funcionarios de gobierno que podrían haber ordenado la aplicación de esa estrategia de Estado, incluidos Salinas de Gortari y Zedillo; que se llame a cuentas a los militares que aún están en activo y que tuvieron un papel preponderante en la estrategia contrainsurgente, y ordenar que también se abran los archivos de la Sedena, para ir al fondo de lo que sucede en Chiapas de 1994 a la fecha”.
Por su parte, Luis Arriaga, director del Prodh, subrayó que la información de inteligencia de Estados Unidos es señal de la “opacidad” existente en el Ejército mexicano y en el sistema de justicia militar, misma que diversas ONG han denunciado constantemente.
Consideró que a partir de los documentos del gobierno estadunidense “se debe llamar a cuentas a los responsables de la estrategia contrainsurgente, que incluyó el respaldo a grupos paramilitares que provocaron la matanza de Acteal, entre otros ataques”.

Propone AMLO reducir 50% salarios de la alta burocracia

San Francisco Lachigoló, Oax., 21 de agosto. Andrés Manuel López Obrador propuso aquí que en lugar de despedir a trabajadores de base del gobierno federal y recortar el gasto social, como se pretende, Felipe Calderón empiece por disminuir en 50 por ciento su salario y el de todos los demás funcionarios de alto nivel de los tres poderes de la Unión, elimine prestaciones millonarias y, además, cobre impuestos a los grandes corporativos.
Con esas medidas dispondría de unos 200 mil millones de pesos para cubrir parte del “boquete financiero”, expresó durante su gira por municipios zapotecas de esta entidad, donde adelantó parte del contenido de la propuesta alterna de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos que presentarán en septiembre al Congreso los diputados afines a su movimiento.
Insistió en que hay alternativas para ahorrar recursos e impedir que se recorten del presupuesto las partidas destinadas a educación, salud, campo y comunidades indígenas, pero el gobierno “usurpador” insiste en mantener “privilegios indebidos”, como los 600 mil pesos al mes que ganan los ministros de la Suprema Corte o la pensión de 5 millones de pesos al mes de Carlos Salinas de Gortari y demás ex presidentes.
“No vamos a permitir que haya despidos de trabajadores de base en la administración pública federal, lo que tienen que hacer es recortar arriba, porque es ahí donde está el derroche, vía bonos, viáticos, vehículos de lujo, atención médica privada y la caja de ahorro especial para funcionarios.
“Tan sólo dejar de pagar a la alta burocracia estos dos últimos rubros significaría un ahorro de 12 mil millones de pesos al año, pero la cifra se eleva a 100 mil millones si se acaba con las demás prestaciones onerosas y se reduce a la mitad los sueldos de director general para arriba.
“Es decir, hasta Calderón, pasando por secretarios de Estado, subsecretarios, además de jueces, magistrados, ministros, senadores y diputados federales.”
Durante la concentración en el municipio de San Francisco Lachigoló, realizada frente a un sabino milenario, árbol pariente de los ahuehuetes, que estaba ya cuando se fundó esta comunidad indígena, López Obrador insistió en que deben también suprimirse las pensiones de los ex presidente de la República.

Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la comunidad de Santa María GuelacéFoto La Jornada
“¡Con un mes de pensión de Salinas o de Fox se cubren cinco años del presupuesto de San Francisco Lachigoló!” y “¡cómo le vamos a pagar tanto a esos zánganos que dejaron al país en la ruina!”, recalcó.
Acompañado por los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara, del PRD, estuvo también en los municipios de San Sebastián Abasolo y Santa María Guelacé, donde explicó a sus simpatizantes, congregados fuera de alcaldías cerradas –por temor de los ediles a las represalias del gobernador Ulises Ruiz– que los diputados electos del Frente Amplio Progresista (FAP) elaboran un proyecto de presupuesto alterno al de Calderón.
Recordó que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, dio a conocer que en el 2005 un grupo de grandes empresas pagó apenas 29 pesos de impuestos, porque la Secretaría de Hacienda les devolvió la mayor parte de los gravámenes que les correspondía tributar.
Más tarde, en otros mítines en Rojas de Cuauhtémoc y Santo Domingo Tomaltepec, explicó que Coca Cola paga 2 por ciento de impuestos; Bimbo y Maseca, el uno por ciento, y Telmex, 4 por ciento, mientras que los pequeños comerciantes e industriales pagan 30 por ciento.
Si la Secretaría de Hacienda decide cobrar a los grandes empresarios los impuestos que les corresponden, obtendría otros 100 mil millones de pesos adicionales. Propuso también ahorrar recursos públicos, con la declaración de una moratoria de por lo menos 10 años al pago de los intereses del Fobaproa, porque desde 1995 en que se decidió rescatar a los banqueros, se pagan 40 mil millones de pesos al año.
López Obrador cerró la jornada con un mitin en Santa María del Tule, donde sus simpatizantes aguantaron la lluvia para escuchar su discurso. Como en los demás municipios que ayer visitó, los indígenas no se atemorizaron por la amenaza que el gobernador Ulises Ruiz les hizo llegar, por conducto del delegado José Coronel, de que les quitaría el programa 70 y Más a los adultos mayores que se reunieran con el tabasqueño. Los ancianos no faltaron a las concentraciones, pese al riesgo de perder los mil pesos bimestrales de apoyo federal.

Fuero de Guerra

Fuero de Guerra

El fuero de guerra
Bernardo Bátiz V.
L
a Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía; fue incapaz de acotar al Poder Ejecutivo ejerciendo a plenitud su facultad de constatar la constitucionalidad de los actos de éste, con motivo de la revisión de asuntos que se ponen a su consideración. En dos casos muy recientes –Acteal y el fuero de guerra– se contentó con atender las cuestiones de forma y procedimientos, y no se atrevió a entrar al fondo de ambas cuestiones.
En el caso Acteal se preocupó exclusivamente por revisar cuestiones de procedimiento, y al encontrar fallas determinó, atropellando la justicia, que quedarán libres los autores de la muerte de casi 50 personas, y ni por equivocación mencionó a los responsables intelectuales, a quienes armaron a los asesinos y los instigaron a cometer el delito o a quienes por lenidad, autoridades federales y locales, permitieron que autores intelectuales e instigadores quedaran impunes.
En el otro caso, llamado con cierto eufemismo y hasta disimulo fuero militar, también se salió por peteneras y evitó entrar al fondo de la cuestión, vital en todo momento para que prevalezca el imperio del derecho en nuestro país; para ello hubiera sido altamente positivo que la Corte entrara al fondo de lo que significa y el alcance que tiene el concepto que el artículo 13 constitucional designa con todas sus letras como fuero de guerra.
Podía haber dejado claro que se trata de una excepción al principio de igualdad que consagra el artículo citado, precisamente para el caso extremo de un estado de conflicto armado, que requiere como algo indispensable en las fuerzas armadas una disciplina extrema y una justicia expedita y certera.
Dejaron pasar los ministros por enésima vez la oportunidad de sentar las bases de una firme división de poderes y de confirmar que son algo más que un tribunal de alzada o de casación y que no sólo están para preservar las formalidades legales, sino que su misión se ubica más allá de los recovecos formales y procesales, y radica en definir con claridad los conceptos jurídicos contenidos en la Constitución para resolver en justicia.
Conviene ver con detenimiento qué es lo que dice el artículo 13 y atender a sus antecedentes históricos para comprender que el precepto se refiere a un principio básico de los estados modernos de derecho: este principio es el de la igualdad de todos ante la ley; nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero.
Ésta es la regla general: todos somos iguales ante la ley, por lo que quedan proscritos leyes y tribunales privativos o especiales.
Don Manuel Herrera y Lazo, ilustre constitucionalista mexicano, decía que la razón de fondo del artículo decimotercero de nuestra Constitución radica en la voluntad del legislador constitucional de arrancar al Poder Ejecutivo la función judicial, no permitir en ella intromisión alguna de las autoridades ejecutivas.
Y qué, ¿acaso los tribunales militares pertenecen al Poder Judicial? No, dependen directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que rompe el principio de la igualdad de todos los mexicanos, que debemos estar sujetos a las mismas leyes y a los mismos tribunales, estos últimos integrantes del Poder Judicial.
La persistencia en nuestro sistema constitucional de la excepción del fuero de guerra se justifica porque los militares tienen una encomienda de carácter superior que reconoce nuestra carta constitucional: son los encargados de la defensa de la soberanía nacional con las armas en la mano, y solamente para el caso de una guerra en la que la disciplina es cuestión de vida o muerte, o en la que está en juego la subsistencia de nuestra nación como Estado soberano se justifica como una excepción que para los delitos y faltas contra la disciplina militar subsista el fuero de guerra.
No es un fuero militar, es de guerra, y sólo puede aplicarse cuando las faltas de los militares sean sustancialmente de carácter disciplinario, como por ejemplo insubordinación, deserción, robo de haberes militares, entre algunos otros que se tipifican en los códigos especiales que protegen el valor de la disciplina dentro de las fuerzas armadas.
No es razonable que un tribunal militar juzgue a civiles, pero lo es mucho menos que un tribunal militar, aplicando leyes militares, juzgue a un integrante de las fuerzas armadas por la comisión de delitos del fuero común. Homicidios, violaciones, hurtos, aunque sean cometidos por integrantes de algún instituto armado, deben ser juzgados y sancionados por tribunales del fuero común, porque no se trata de faltas en contra de la disciplina militar: se trata de faltas en contra de la integridad de las personas, de su patrimonio o de sus bienes, y estos valores están protegidos por las leyes comunes, aplicables a todos.
Tenía razón en solicitar un juicio por tribunales distintos a los militares la mujer que fue víctima y ofendida con motivo de los disparos de unos soldados en contra del vehículo en que viajaba con su familia; es víctima porque fue lesionada y es ofendida porque su esposo falleció en el atentado y, por tanto, con base en el principio de igualdad, tiene derecho a exigir que sus victimarios y ofensores sean juzgados por tribunales comunes y no por tribunales militares, que no forman parte del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia no se atrevió, prefirió eludir y soslayar, y lo que piden las circunstancias y exige el pueblo de nuestra patria son definiciones claras y verdadero equilibrio de poderes.

CARTONES DE LA JORNADA