miércoles, 8 de septiembre de 2010

LA OCDE TIRA DISCURSO DEL GOBIERNO MEXICANO SOBRE LOS NINIS



Documenta: 45% de jóvenes de entre 15 y 19 años en el país ni estudia ni trabaja
Carlos Fernández-Vega

La de por sí raquítica credibilidad del calderonato ha quedado por los suelos, tras divulgarse el informe elaborado por la OCDE (Panorama de la educación 2010), el cual no sólo tira al cesto de la basura el discurso oficial sobre los llamados ninis, sino que documenta la precaria situación de millones de jóvenes mexicanos que resume así: el 45 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años en México no estudia ni trabaja, una proporción que ni de lejos cuadra con lo recientemente afirmado por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, en el sentido de que sólo son 285 mil los jóvenes que se encuentran en tal circunstancia.

Un ridículo adicional que debe agregarse al grueso inventario que en este renglón acumula el calderonato, lo que sería lo de menos (parece que hacer el ridículo le fascina) de no ser porque entre las patas se lleva el presente y el futuro del país. Son los mismos ninis para quienes el inquilino de Los Pinos encontró una explicación científica del por qué de su lamentable circunstancia: eso les pasa por no creer en Dios, amén de ser esquezofrénicos, como diría el creativo secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, ahora encargado del apagón analógico con fines electoreros.

Casi tres semanas atrás y por instrucciones de Los Pinos, las secretarías de Gobernación y de Educación Pública divulgaron un comunicado conjunto (Los jóvenes en México, realmente ¿ni trabajan ni estudian?), que ponía en duda, según su versión, la voluminosa cuan creciente existencia de los llamados ninis mexicanos, y exhortaba a hacer un manejo cuidadoso de las cifras relativas a este obvio problema social. Las dependencias a cargo de Francisco Blake y a Alonso Lujambio consideraron que “de acuerdo con algunos expertos en la materia, el análisis riguroso de este subgrupo de la población (los ninis) debería excluir, además de quienes se dedican al trabajo doméstico, a los jóvenes que actualmente se encuentran buscando empleo (pues forman parte de la población económicamente activa) y a quienes experimentan algún tipo de discapacidad que les impide realizar actividades económicamente productivas… La percepción generalizada de que existe una gran cantidad de jóvenes nini no se refleja en las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Con frecuencia, el volumen de la población nini se sobreestima debido a una conceptualización parcial del fenómeno, ya que algunas estadísticas en torno a esta población incluyen en ellas a jóvenes que se dedican al trabajo doméstico, entre los que la proporción de mujeres jóvenes unidas es predominante”.

Y a manera de ejemplo citaron que “la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 reporta 24 por ciento de jóvenes entre 12 y 29 años que dicen no estudiar ni trabajar. Sin embargo, de este conjunto poco más de ocho de cada 10 son mujeres, entre las cuales cerca de siete de cada 10 están unidas y, presumiblemente, se dedican a la vida doméstica. Otro 30 por ciento de las mujeres son solteras, pero podrían participar en las actividades domésticas de su hogar de origen. Incluir a este subgrupo de la población joven entre los ninis parece inapropiado, ya que el trabajo relativo a la reproducción no es una labor menor… Al respecto, resulta pertinente cuestionar si el hecho de que las mujeres jóvenes se dediquen a actividades reproductivas y domésticas desde edades tempranas obedece o no a una situación de exclusión social que acota sus oportunidades y las orienta desde edades muy jóvenes hacia la vida doméstica… Es necesario aprovechar el bono demográfico para impulsar el desarrollo del país y que las generaciones actuales y futuras de mexicanos vivan mejor.” Así, para ambas dependencias sólo existen 285 mil ninis en el país.

Pues bien, con la propia estadística oficial en la mano, el rector de la UNAM no sólo tiró al cesto de la basura el citado comunicado, sino que documentó que suman más de 7 millones los ninis en el país. El propio José Narro Robles ha subrayado que “es una vergüenza que tengamos 7.5 millones de jóvenes en esta situación, fundamentalmente porque no hay oportunidades para ellos… Si sólo se pretende matizar las cosas, si nos planteamos un mundo color de rosa, nos vamos a equivocar de manera muy grave”.

Ahora es la OCDE –a la que pertenece México– la que tira al suelo las rosadas cifras divulgadas por la Segob y la SEP: “el 45 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años en México no estudia ni trabaja… Esta proporción de jóvenes que no estudian, ni están en el mercado laboral es un retrato de lo que puede sucederle a México en los años venideros… Los parámetros de violencia en México pueden afectar las condiciones de enseñanza, (y) aunque no hay indicios para dar conclusiones (sí) hay una preocupación”. De igual forma lamenta que el gasto por alumno en educación en el país siga siendo muy bajo, pues invertir en la educación hoy es más importante que nunca, (pero) México es el país con menor gasto por alumno de los 30 países que dan cuerpo a la Organización. Si bien México “toma decisiones de gasto relativamente eficientes (…) más de 90 por ciento de las erogaciones es consumido por el personal, dejando poco margen de maniobra para otros recursos educativos… La crisis económica reciente afectó principalmente a los jóvenes con un nivel de educación bajo, generando un aumento de cerca de cinco puntos porcentuales de la tasa de desempleo entre 2008 y 2009 para los alumnos que no completaron los estudios de preparatoria”.

No sólo eso. La OCDE advierte que de los países de la organización, en México “el alumnado es el que menor número de años espera permanecer escolarizado… Los países que tienen un menor porcentaje de gasto anual (con respecto al PIB) en instituciones educativas por alumno para todos los servicios destaca México (18 por ciento)… La proporción más elevada de alumnos por maestro la tiene México en todos los niveles (junto a Reino Unido, Brasil y Chile)”, y así por el deprimente estilo.

¿Hacia dónde, pues, va el país con estos resultados?

Las rebanadas del pastel

¡Shalalala! Que dice Javier Lozano Alarcón que quiere ser el próximo inquilino de Los Pinos: “sería ridículo, absurdo, irresponsable y mentiroso decir que alguien (…) como yo no tiene una aspiración. Las aspiraciones son buenas, son legítimas y hasta son sanas” (El Universal). Felicidades, pero con lo resultón que ha sido su paso por la Secretaría del Trabajo y el activo porrismo que ha demostrado, sería ridículo, absurdo e irresponsable que alguien lo tomara en serio como precandidato.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Fuente: La jornada

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

En seis meses 398 matrimonios gays realizados en el DF

Redacción NotieSe
México DF, septiembre 07 de 2010.
A seis meses de que entraran en vigor las reformas al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que permiten las uniones entre personas del mismo sexo, el Registro Civil capitalino ha celebrado 398 ceremonias y recibido 415 solicitudes, señaló el Gobierno del Distrito Federal en comunicado de prensa.
El texto indica que 53 por ciento de las parejas está conformada por hombres y 47 por ciento por mujeres. El mes que más uniones ha registrado es marzo con 94, seguido por abril y junio con 64, y mayo con 60.
El comunicado explica que 41 extranjeros se han matrimoniado con ciudadanos mexicanos bajo esta modalidad. El mayor número de casos se ha dado con ciudadanos de la Unión Europea como Rumania, Irlanda, Austria, Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra. De América, los países de los que se han registrado matrimonios son Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Guatemala.
En este periodo se han celebrado cuatro matrimonios entre adultos mayores cuya edad fluctúa entre los 71 y 90 años. El mayor número de parejas tiene entre 31 a 40 años, con 271 contrayentes, seguido por los de 21 a 30 años con 243 personas consortes, y el tercer sitio lo ocuparon quienes acreditaron tener entre los 41 y 50 años con 173 casos.
Respecto al domicilio por delegación, destaca Cuauhtémoc con 150, le sigue Gustavo A. Madero con 135 personas y en tercer lugar se encuentra Coyoacán con 109 registros. Hasta el mes de junio Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa sólo han registrado dos casos.
De los 398 matrimonios celebrados, 259 lo hicieron bajo el régimen de sociedad conyugal y 139 bajo el régimen de separación de bienes, lo que significa que por cada tres uniones, dos deciden incluir y compartir sus bienes en el proyecto de vida común.

Esperan liberación de mujeres presas por abortar en Guanajuato

eonardo Bastida Aguilar
México DF, septiembre 07 de 2010.
Desde anoche, decenas de activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, esperan en las inmediaciones de los penales de Puentecillas y Valle de Santiago, Guanajuato, la liberación de siete mujeres condenadas por haber cometido homicidio en razón de parentesco, informó a esta agencia, Verónica Cruz Sánchez, de la asociación civil Las Libres.
La activista explicó que a pesar de esta liberación, los antecedentes penales de las siete mujeres culpadas de “homicidio en razón de parentesco” por haberse practicado un aborto, no serán modificados por lo que continuarán “fichadas”.
Indicó que en caso de que las involucradas lo decidan comenzará un proceso de apelación a las autoridades guanajuatenses para que sus expedientes sean “limpiados” y queden sin antecedentes penales.
El miércoles pasado, el Congreso estatal aprobó una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco con la que redujo de 35 a ocho años de prisión las penas máximas “a mujeres acusadas de quitar la vida a un hijo recién nacido”.
La modificación al artículo 156 del Código Penal de Guanajuato establece: “A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión”.
Estos cambios permiten que estas mujeres fueran liberadas debido a que ya han pasado varios años en cárcel.
Por su parte, Ricardo Bucio Mújica, tras participar en el Encuentro Iberoamericano “Discriminación, Desigualdad Social y Exclusión”, señaló a los medios de comunicación que en principio se debe valorar como positiva la liberación de las mujeres.
Advirtió que en México los derechos civiles no son reconocidos en muchas ocasiones por lo que deben ser discutidos públicamente como el caso de la posibilidad de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo.
Al cierre de esta edición las autoridades de ambos penales continuaban con el “papeleo” necesario para que estas siete mujeres sean liberadas.

Insuficientes los esfuerzos institucionales para combatir discriminación: Conapred

Leonardo Bastida Aguilar
México DF, septiembre 07 de 2010.
“Las acciones de las instituciones gubernamentales no son suficientes para combatir la discriminación”, señaló Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) durante la inauguración del Encuentro Iberoamericano “Discriminación, Desigualdad Social y Exclusión”.
El titular del Conapred señaló que la igualdad establecida en las leyes no se ha traducido en igualdad de oportunidades debido a que grupos sociales como las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y miembros de la comunidad de la diversidad sexual, carecen de acceso a empleos formales, educación y muchos otros servicios debido a su condición.
Argumentó que los informes siempre señalan a estos grupos como los más discriminados y excluidos de la sociedad carentes de acceso a las oportunidades y a la democracia.
“Diferencias no es lo mismo que desigualdades”, indicó Bucio Mújica al explicar que en los estudios sobre desigualdad social y exclusión se debe tomar en cuenta a la discriminación.
En entrevista mencionó que debido a la antigüedad de los datos sobre discriminación en México, elaborados en 2005, se desarrollará una segunda encuesta al respecto, la cual tendrá un alcance nacional, y servirá para hacer un comparativo con los datos obtenidos hace cinco años.
Por su parte, Juan González Mijares, director adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que se han escrito un gran número de tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano para prevenir la discriminación, pero que no se han traducido en mecanismos efectivos para combatirla.
Ellis S. Juan, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que la raza, la etnia y el género son los principales motivos de discriminación en América Latina, región del mundo que posee los más altos índices de discriminación.
Añadió que esta discriminación se observa en la poca movilidad social que tienen estos grupos como consecuencia de su falta de acceso a empleos bien remunerados, y en mucho de los casos, formales.
A su vez, Roberto Max Henderson, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, comentó que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada hace un lustro, nueve de cada 10 personas discriminadas en México pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, son personas con discapacidad o indígenas, lo cual impide que estos grupos accedan a oportunidades que otros sectores de la sociedad sí tienen.
Este encuentro continuará mañana con el análisis de las políticas públicas y las acciones gubernamentales en la prevención de la discriminación y la defensa del derecho a la no discriminación.

Evalúan diputados y electricistas crear empresa que dé servicio en la zona centro

Los legisladores ofrecieron puertas abiertas a los trabajadores, dice Martín Esparza

Evalúan diputados y electricistas crear empresa que dé servicio en la zona centro

Integrantes del SME realizan mítines por el Día Internacional contra el Neoliberalismo

Foto
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron ayer frente a la Cámara de Diputados, mientras su líder, Martín Esparza, y otros miembros de la organización dialogaban con legisladoresFoto Carlos Ramos Mamahua
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 41

La asignación de una partida especial para crear una empresa pública que se encargue de suministrar energía eléctrica en el centro del país fue la propuesta que se discutió en la reunión que sostuvieron ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín, legisladores de diversos partidos políticos y dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza.

Antes de la reunión, electricistas rodearon San Lázaro con casas de campaña, lonas y mantas, porque tenían la intención de establecer campamentos, pero su plan cambió luego de la sesión en que el presidente de la mesa directiva de la Cámara manifestó su disposición a encontrar un acuerdo político para poner fin al conflicto.

Paralelamente a la movilización que llevaron a cabo los trabajadores no liquidados del SME en la Cámara, integrantes del gremio realizaron ayer mítines frente a la Secretaría de Energía y el Hemiciclo a Juárez, junto con la Federación Sindical Mundial, por el Día Internacional contra el Neoliberalismo, y posteriormente efectuaron un foro en la sede sindical con el mismo tema.

En San Lázaro, el comité central del SME fue recibido por Ramírez Marín. Fue un encuentro que duró un par de horas y en el que estuvieron el vicepresidente de la Cámara, Amador Monroy, y varios legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, del PRD; Miguel Ángel Pompa, del PRI; Laura Itzel Castillo, también perredista, y Mario di Costanzo y Teresa Reyes, del PT. En la reunión hubo coincidencia en abonar en el Legislativo en la búsqueda de una solución al conflicto.

Martín Esparza informó a la prensa que entre los asuntos abordados destaca qué entidad gubernamental se encargará del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, por lo que se planteó la posibilidad de que se asigne una partida especial para conformar una compañía. En segundo lugar se trató el hecho de que está pendiente que dos comisiones entreguen su informe: la plural, que se estableció para analizar el conflicto, y la encargada de ver la constitucionalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El líder del SME sostuvo que el conflicto sigue y hay un problema delicado en cuanto al suministro de energía y criminalización de los trabajadores cuando falla el servicio, pues se echa la culpa de ello a los miembros del SME, así como el hecho de que la población está pagando las consecuencias de la decisión gubernamental con tarifas altas, servicio pésimo y la imposición de medidores de prepago. Por ello y ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación, se pidió la intervención del Congreso de la Unión.

Afuera del recinto los trabajadores se mantuvieron en plantón con pancartas, en las cuales exigían el cumplimiento de los acuerdos ofrecidos para levantar la huelga de hambre, como la toma de nota al comité central, pago de prestaciones devengadas y empleo para los empleados no liquidados. Trabajadoras y esposas de integrantes del SME se colocaron mandiles con la leyenda mi familia está en lucha.

En tanto, en el palacio legislativo Martín Esparza dijo que en la reunión se ofreció a los trabajadores puertas abiertas para que se busquen con el gremio caminos de solución. Uno son las juntas de coordinación política para revisar la parte jurídica de quién será el encargado de dar el servicio de energía eléctrica en la zona donde operaba LFC y la posibilidad de asignar presupuesto para crear una empresa, tema que necesariamente tendrá que abordar el Legislativo. Otro son las mismas comisiones, porque en la de energía se tiene que abrir el debate sobre el servicio, aseveró.

Más tarde, ante los trabajadores, el secretario de interior del SME, Humberto Montes de Oca, sostuvo que hay reconocimiento en la Cámara de que se tienen que emprender acciones legislativas para resolver el conflicto. Incluso, no se descarta que se retomen acciones, como la controversia sobre la constitucionalidad del decreto de extinción y auditar a la Comisión Federal de Electricidad ante las denuncias de corrupción, entre otros.

En cuanto al foro que se llevó a cabo en el SME, se abordó la situación de cómo el neoliberalismo ha afectado los derechos laborales de los trabajadores en los países donde se ha aplicado, como en México. Ha reducido los niveles de vida de los empleados y ja llevado a la pobreza a millones de ciudadanos en todo el mundo, a la par que ha generado empresarios más ricos

En indígenas y afroamericanos se sitúa 70% de pobreza, señala el BID

Ambos grupos representan 48% de la población de América Latina

En indígenas y afroamericanos se sitúa 70% de pobreza, señala el BID
Mariana Norandi
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39

Indígenas y afroamericanos en América Latina representan 48 por ciento de la población. Sin embargo, debido al alto grado de discriminación y exclusión social, en esos grupos se concentra 70 por ciento de la pobreza de la región, aseguró el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ellis J. Juan.

Al participar en el Encuentro iberoamericano discriminación, desigualdad social y exclusión, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que en América Latina los mayores índices de desigualdad se originan principalmente por razones de etnia y raza.

Indicó que 8 por ciento de la población es indígena, cifra que equivale a 35 millones de personas, y 40 por ciento afroamericana, es decir, unos 150 millones. No obstante, a pesar de representar casi la mitad de la población, concentran la mayor parte de la pobreza, lo cual se traduce en falta de trabajo digno.

En materia de género, afirmó, ha habido avances en los últimos 30 años, pero a pesar de algunas mejoras en participación laboral o política en 2009, las mujeres ganaban entre 10 y 12 por ciento menos que los hombres por realizar igual trabajo.

Si hacemos una segmentación por raza y etnia el porcentaje se eleva a 40 por ciento, con lo cual ese grupo tampoco accede a trabajos dignos. En consecuencia, como no pagan impuestos, tampoco tienen derecho a servicios, como seguridad social. Esto es una situación insostenible, que además desvincula a esos sectores de la población del Estado y la sociedad.

En México no están incluidos en el censo: Conapred

Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred, entrevistado en el contexto del encuentro, manifestó que un indicador de que en México la discriminación hacia indígenas y afrodescendientes es similar al resto de América Latina, es que los negros en el país ni siquiera están incluidos en el censo de población.

Los afrodescendientes en el país, que podrían ser hasta 450 mil, no están incluidas en el censo de población que se acaba de levantar. Eso es una expresión de falta de importancia, de visibilidad, que se quiere dar a ese grupo, que habita en tres o cuatro entidades y que tiene ciertos mecanismos de exclusión que pueden ser incluso peores que para comunidades y pueblos indígenas.

Agregó que la exclusión y marginación de los indígenas en México es similar a la de la región, ya que en la nación más de 90 por ciento de esa población vive en municipios de alta marginación.

En la ciudad de México, por ejemplo, hay más de 500 mil indígenas y más de 70 por ciento carece de servicios básicos. Los indicadores de marginación, pobreza y exclusión tienen un aspecto absolutamente diferenciado para los indígenas y para las no indígenas en el país, y sobre los afrodescendientes ni siquiera tenemos información.

Adelantó que el Conapred está preparando una segunda encuesta nacional sobre discriminación, para actualizar los datos del sondeo realizado en 2005

Por incumplir la ley, Minera San Xavier deberá cerrar: Profepa

El proceso administrativo tardará, pero se hará justicia, asegura Patrón Laviada

Por incumplir la ley, Minera San Xavier deberá cerrar: Profepa

Confirma tribunal fallo que cancela de modo definitivo la manifestación de impacto ambiental

Foto
Integrantes del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Profepa, en demanda de una reunión con el titular de la dependenciaFoto Cristina Rodríguez
A. Enciso y A. Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39

Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Minera San Xavier, por carecer de autorización su manifestación de impacto ambiental (MIA), incumple la ley y deberá cerrar, señaló su titular, Patricio Patrón Laviada. Dijo que el proceso administrativo llevará varios días, pero aseguró que se hará justicia.

El juzgado segundo de distrito con sede en San Luis Potosí recibió del tribunal colegiado con sede en esa entidad la confirmación de un fallo que cancela de manera definitiva la MIA que tenía Minera San Xavier, por lo que la Profepa podría clausurar por segunda ocasión la operación de la empresa, revelaron fuentes judiciales consultadas.

La resolución judicial indica que la compañía, al no contar con la MIA, puede ser clausurada, aunque la decisión corresponde a la Profepa. El artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente obliga a las mineras a contar con dicha manifestación. La Profepa lleva un proceso administrativo a la empresa, ubicada en San Luis Potosí, octava productora de oro y décima de plata en el país, por carecer de la autorización ambiental.

Sin embargo, la subsidiaria de la canadiense New Gold –que lleva ya 10 años en litigio contra la Semarnat y Grupo Pro San Luis Ecológico– puede activar de nueva cuenta el proceso jurídico y defenderse de la medida mediante un amparo, como ocurrió tras la primera clausura. De esta forma la empresa está en posibilidades de demostrar ante un juez federal que puede trabajar sin la MIA, lo que daría inicio a un nuevo litigio, esta vez contra la Profepa.

En entrevista, Patrón Laviada explicó que el pasado 25 de agosto personal de las oficinas centrales de la dependencia realizó una inspección en la minera, ubicada en Cerro San Pedro, la cual concluyó dos días después. La empresa contestó lo que en derecho le convino. Estamos analizando la respuesta para dictaminar pronto, abundó.

Se está elaborando una resolución, y cuando se emita la empresa tendrá 10 días para responder y complementar lo que se le pida.

–¿Qué puede decir acerca de la percepción de la gente de que en este caso no hay justicia ambiental?

–Este caso es paradójico. Después de 10 años cualquiera puede decir que la justicia está siendo lenta. Es un caso que ha tardado mucho y ha habido amparos de ambas partes. Hoy día, el que ha ido ganando la situación jurídica es Pro San Luis Ecológico. Para la Profepa ese lugar no tiene permiso y debemos actuar en consecuencia. La empresa también tiene sus derechos y podrá argumentar contra la opinión de la Profepa, hacer uso de las instancias legales que considere. A pesar de lo lento que ha sido, es un caso en el que la justicia en México ha pasado la prueba”.

Dijo que a diferencia de la clausura que se hizo en noviembre pasado a la minera, cuando se aceleró el procedimiento para hacer la clausura temporal, ahora se está haciendo en detalle. Vamos a procurar justicia. Estamos en un acto administrativo que debe llevar al cierre de la empresa por no contar con manifestación de impacto ambiental.

Ayer en la mañana integrantes de Pro San Luis Ecológico se manifestaron frente a las instalaciones de la Profepa, en demanda de una reunión con Patrón Laviada, quien no estaba en las oficinas, y se les ofreció una reunión con otro funcionario, pero no lo aceptaron y posteriormente se retiraron.

Presenta el GDF manual contra la violencia en centros escolares

No se trata de diagnosticarlo sino de resolverlo, asegura Ebrard

Presenta el GDF manual contra la violencia en centros escolares
Foto
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, que participan en la vigilancia en las escuelas, revisaron ayer el material contra la violencia escolar, en el Centro Cultural Universitario TlatelolcoFoto Roberto García Ortiz
Gabriela Romero Sánchez
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 38

Para blindar los centros escolares contra la violencia que está en las calles, y enseñar a los niños y niñas a tener una convivencia en paz, el Gobierno del Distrito Federal presentó ayer el manual Escuelas aprendiendo a convivir: un proceso de intervención contra el maltrato e intimidación entre escolares (bullyng), en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Ya no se trata sólo de diagnosticarlo sino de resolverlo, enfrentarlo, superarlo, de no resignarnos a que la injusticia, maltrato y violencia se apoderen de toda nuestra vida como comunidad, señaló el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, durante la presentación del manual.

Admitió que hay prácticas culturales que va a costar trabajo modificar; por ejemplo, que el varón que golpea más y es más grosero y humilla, es el más reconocido. O la famosa de que por la fuerza se imponga la voluntad de uno de los niños o jóvenes sobre los demás y entonces todo mundo le aplauda”.

Prevención

El mandatario capitalino recordó que el Distrito Federal es la primera ciudad del país donde se mide la violencia, en particular contra las mujeres, en transporte público, en el ámbito laboral. Muy frecuentemente los patrones que niñas y niños ven en sus casas los reproducen en las escuelas; si tengo ciertas prácticas de violencia física o no y voy a la familia, me voy a dar cuenta de que el origen está en esa familia, la comunidad donde están, donde hay una serie de valores y de prácticas permitidas.

Detalló que se está trabajando en 694 escuelas, es decir, con 189 mil 910 estudiantes al día de hoy o integrantes de la comunidad educativa.

Antes el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, advirtió que lo peor que nos puede pasar es que la violencia se vuelva algo normal.

Explicó que la Secretaría de Educación Pública del DF este manual se convierte en una herramienta de detección a la que se agregan los talleres para prevenir este tipo de conductas en aquellos lugares donde se esté presentando.

Delgado Carrillo anunció que se capacitará a mil policías, integrantes de la Unidad de Protección Escolar, para que tengan sensibilidad sobre ese tema.

Apresan en Mexicali a explotadores sexuales

Apresan en Mexicali a explotadores sexuales
Antonio Heras, corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 34

Mexicali, BC. Los hermanos Jorge, Jaime, Fausto y Severiana Zompantzi Rojas, integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, fueron detenidos y encarcelados, a partir de investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Las víctimas eran detectadas en Tlaxcala y Puebla; con engaños, eran convencidas de que obtendrían trabajo y las trasladaban a Nueva York y Miami para obligarlas a ejercer la prostitución.

Llaman ONG a luchar por la despenalización

Llaman ONG a luchar por la despenalización
Mariana Norandi
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 31

Organizaciones feministas se congratularon ayer por la liberación de siete mujeres presas en Guanajuato acusadas de homicidio en razón de parentesco por haber abortado. Sin embargo, recordaron que en ese estado y en otros 16 persiste la criminalización de las mujeres.

Leticia Cuevas, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, manifestó su satisfacción por la excarcelación, pero advirtió que ello no significa exculpación, pues para el gobierno de Guanajuato esas mujeres continúan siendo homicidas.

Con esta liberación se cierra una etapa pero comienza otra, porque la lucha vuelve a comenzar hasta que todas las mujeres que continúan en la cárcel sean liberadas. El gobernador (de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva) modificó la ley para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco, para frenar la presión social, pero aún no reconoce la inocencia de las mujeres presas. Por eso la lucha sigue.

Alejandra Sepúlveda, de la organización Pan y Rosas, comentó que esta liberación es un aliciente para seguir luchando por aborto legal, gratuito y seguro en todo el país y para que a ninguna mujer se le encarcele por decidir sobre su cuerpo.

Exigen revisar leyes

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la excarcelación es resultado de la lucha de los movimientos feministas y pone en evidencia la impunidad y la falta de procesos adecuados en Guanajuato.

Sostuvo que el Poder Legislativo debería revisar los códigos penales locales y federal, pues la ley sigue siendo injusta con las mujeres.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, calificó de positiva la liberación de las acusadas y de acto de justicia indispensable.

Asimismo destacó la presión social de organizaciones civiles y dijo que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe debatirse públicamente

Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado

Trasladan a la mayoría a sus hogares en vehículos oficiales; no hablaron con la prensa

Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado

Yolanda Martínez Montoya, presa más de seis años, sostiene que es inocente y rechaza dádivas del gobierno estatal

Se hizo justicia, pero falta mucho por hacer y por cambiar, afirma

Foto
Yolanda Martínez Montoya (con el puño en alto), acompañada de su hermana María de los Ángeles, al salir del centro de Readaptación Social de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, donde estuvo presa más de seis años acusada de homicidio en razón de parentesco por haber abortadoFoto Carlos García
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 31

Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato.

Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.

La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. Sólo quiero estar con mi familia, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.

Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar, pues las leyes de Guanajuato son inequitativas y discriminatorias para las mujeres, dijo Yolanda.

Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió.

Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir con la frente en alto del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya.

No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos, afirmó la dolorense.

–¿Lo que ofreció el gobierno fue a cambio de silencio?

–Podría ser. Se deduce por lógica –replicó.

Alma Yareli Salazar, absuelta por un magistrado de una sentencia de 27 años de cárcel el 9 de junio, esperaba desde la madrugada del martes la salida de sus ex compañeras. ‘‘Yola, somos libres, somos inocentes” dijo llorando a Yolanda, a quien abrazó fuertemente cuando salió.

Con el puño en alto, Yolanda gritó: ¡Soy inocente, soy inocente!, y agradeció el apoyo del Centro Las Libres –cuyas activistas se apostaron en el penal a partir del primer minuto del martes– por encabezar la defensa pública y legal de las siete mujeres.

El 31 de agosto, el Congreso estatal aprobó la modificación al artículo 156 del Código Penal para atenuar las penas del delito de homicidio en razón de parentesco.

A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, señala la reforma propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva a raíz de señalamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el caso de las siete presas.

Las jóvenes denunciaron públicamente que el Ministerio Público las obligó a incriminarse y aceptar en las averiguaciones previas que ellas escucharon que los productos lloraron para culparlas por homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos en los últimos meses de su embarazo.

En agosto de 2009, La Jornada publicó que en Guanajuato había mujeres que sufrieron abortos y fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco, por lo que fueron sentenciadas hasta a 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa hasta de 30 días de salario mínimo.

Oliva Ramírez aún niega que su gobierno criminalice a las mujeres que abortan, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia del estado incluyó los testimonios de internas que tuvieron abortos y fueron sentenciadas por homicidio en agravio de sus hijos en proceso de gestación

Legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM exigen a la Iglesia que ofrezca disculpas

Gobernación debe actuar, pero estamos seguros de que no lo hará; no se anima, sostienen

Legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM exigen a la Iglesia que ofrezca disculpas

Este es un país de libertades; que la población decida si la jerarquía católica tiene razón: PAN

Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 11

Senadores de PRI, PRD, PT y PVEM demandaron al cardenal Norberto Rivera que ofrezca disculpas a los mexicanos por el señalamiento que la jerarquía religiosa formuló en su órgano de difusión, en el que dijo: nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino. Además, manifestaron que la Secretaría de Gobernación debe actuar y aplicar la ley.

Sin embargo, aseveraron, estamos seguros de que no va a actuar. Gobernación no se anima.

De manera similar se pronunció el PRI en la Cámara de Diputados. Felipe Solís Acero, Humberto Lepe y Sofía Castro calificaron de torpes los señalamientos de la arquidiócesis de México y a la Secretaría de Gobernación de pusilánime, al permitir los múltiples excesos verbales de la Iglesia católica.

Ante las reacciones provocadas por las declaraciones de la arquidiócesis en su órgano de información, el senador Felipe González, del PAN, defendió el derecho de los jerarcas religiosos a expresar sus opiniones. Éste es un país de libertades; en todo caso, que la opinión ciudadana decida si el clero tiene razón o no.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, manifestó que esa declaración fue imprudente. La Iglesia trata de ganar los reflectores frente a una crisis que está viviendo su liderazgo, ante una creciente ola de pedofilia y el deterioro de algunos de sus representantes. No creo que la nación mexicana se merezca ese calificativo general de que todos somos corruptos y asesinos.

“Lo que el cardenal trató de decir…”, explica Labastida

El senador priísta Francisco Labastida Ochoa señaló: conozco al cardenal Rivera, y ahora sí que estoy como el coordinador de prensa de (Vicente) Fox: lo que el cardenal trató de decir es que un grupo de delincuentes están convirtiendo regiones del país en zonas donde impera la corrupción y la criminalidad.

Arturo Escobar, coordinador de los senadores del PVEM, dijo que esas declaraciones fueron desafortunadas. Es preocupante que se hable con ese libertinaje y esa facilidad de lengua, porque a quien afectan es a la religión. Tendrían que dar una explicación y una disculpa.

Solís Acero reprochó la generalización en que incurrió la arquidiócesis, porque señalamientos de esa naturaleza se convierten en acusaciones deleznables contra el pueblo de México, que en su mayoría está conformado por personas responsables, honestas y trabajadoras. ¡Es una ofensa a la sociedad!

Acusó a la Iglesia católica de desbordarse y sostuvo que frente a ella tenemos una Secretaría de Gobernación pusilánime, porque el catolicismo actual ha demostrado que no respeta absolutamente nada.

Insistió en que a todos conviene que haya respeto a las normas; la Iglesia católica no es la excepción, y hablo de la fe que profeso, pero sus representantes en la Tierra se pasan de la raya.

La diputada priísta oaxaqueña Sofía Castro acusó a la jerarquía católica de asumir una posición política ajena a sus preceptos. Hablan permanentemente de respeto, solidaridad y de un mejor hombre, y ahora acusan a todos de ser la escoria. Es una expresión que retrata el papel del gobierno mexicano. No puede negarse que hay personas que han desviado el camino, pero la mayoría son honestas y trabajadoras. De seguir así, con aseveraciones tan ominosas, vamos derecho al colapso social.

El diputado Humberto Lepe, del PRI, replicó a la generalización que hizo la arquidiócesis: no puede ser, no compartimos tal despropósito y mucho menos podemos tolerar como ciudadanos que la ley no se aplique por igual a todos. La Iglesia católica debe respetar para ser respetada, y eso no lo cumple a cabalidad

Posponen diputados debate sobre la minuta relativa a derechos humanos

Comisiones unidas se declaran en sesión permanente

Posponen diputados debate sobre la minuta relativa a derechos humanos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 10

Las comisiones unidas de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospusieron para el 14 de septiembre la discusión en lo particular de la minuta que envió el Senado en materia de derechos humanos, luego de que el PRI solicitó un receso para presentar sus observaciones sobre el acta de la sesión anterior –que tuvo lugar hace cuatro meses–, cuando el dictamen se aprobó en lo general.

En la posposición del debate influyó la postura del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, del PT, quien exigió que también se discutiera su iniciativa y que la discusión sobre los artículos reservados se hiciera uno por uno.

Los legisladores consumieron dos horas en discutir un procedimiento legislativo. El priísta Emilio Chuayffet refirió que en la Comisión de Puntos Constitucionales recibieron, junto con el proyecto de dictamen, una tarjeta en que se les pedía enviar sus observaciones al acta de la reunión de abril –cuando se declaró un primer receso– a más tardar el próximo viernes.

Con ello el PRI se dio tiempo para introducir los cambios que propuso el propio Chuayffet a la minuta del Senado.

De inicio, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira, del PRI, recomendó que antes de continuar la discusión se declarara un receso para, en reunión privada y en conferencia con los senadores, se revisara el trámite que se daría a los artículos no aprobados, que llegarían encorchetados al pleno camaral.

Juventino Castro y Castro, del PRD, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reveló que la minuta, con la cual se define en la Constitución que los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, diferenciados y anteriores al Estado y por ende tienen el más pleno reconocimiento y protección constitucional, no sólo ha causado gran expectación, sino que hemos recibido presiones muy fuertes para que se apruebe en sus términos. Pero nosotros queremos darle todo el procedimiento legal que se necesite.

Convino en abrir otro receso, pero luego pidió iniciar la discusión de los artículos reservados.

Sin embargo, se declaró el receso y las comisiones unidas se declararon en sesión permanente.


Injustificable que mueran civiles en la lucha anticrimen: CNDH

Militares y policías, en riesgo de cometer abusos, dice Reyes Baeza

Injustificable que mueran civiles en la lucha anticrimen: CNDH
Emir Olivares y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 9

Las muertes de civiles provocadas por la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado son injustificables, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.

Interrogado sobre la responsabilidad institucional de las fuerzas armadas en el ataque a una familia que viajaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, el pasado domingo, el ombudsman nacional señaló que antes de pronunciarse al respecto deberán agotarse todos los trámites legales y deslindarse las responsabilidades penales y administrativas del caso.

Informó también que un grupo de la CNDH ya está en la zona para investigar las posibles violaciones a garantías fundamentales por este crimen, además de que tiene la encomienda de apoyar a los deudos de este terrible incidente, brindándoles orientación jurídica, médica y sicológica.

Confió en que en el actual periodo de sesiones del Poder Legislativo se resuelva si los abusos de militares contra la ciudadanía deben ser resueltos por tribunales civiles y no por la justicia militar.

En tanto, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, consideró que el Ejército y cualquier corporación policiaca corren el riesgo de incurrir en casos de abuso, pero lo importante es que esos hechos no queden impunes.

Entrevistado durante una visita que realizó a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México, el mandatario señaló que lo sucedido en Apodaca, Nuevo León (donde un hombre de 45 años y un menor de edad fueron abatidos a tiros, mientras que otras cinco personas de esa misma familia resultaron heridas por disparos realizados por militares), se debe a los riesgos que existen en el combate al crimen organizado, pero confió en que los victimarios reciban un castigo.

“En la lucha se corren riesgos, incluso por parte de alguna corporación policiaca, no sólo del Ejército. Cualquier corporación puede incurrir en algún exceso, lo importante es que a quien lo cometa se le sancione ejemplarmente. En la batalla lo peor que podríamos permitir es la impunidad en la comisión de excesos por parte de elementos de alguna corporación o militares, señaló Baeza Terrazas.

El gobernador acudió a la sede de la PGR para revisar la estrategia contra el crimen organizado en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez. Baeza estuvo el pasado 5 de septiembre en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, donde se entrevistó con Genaro García Luna.

Mientras tanto, para Alfonso Anaya, secretario general ejecutivo del Centro Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina y el Caribe Óscar Arnulfo Romero, es muy preocupante y delicado que sigan ocurriendo este tipo de errores del Ejército, que ya no pueden ser calificados de incidentes ocasionales.

“En la guerra contra el narco se ha llegado a tal extremo que la mayoría de las víctimas son civiles inocentes, y todo ello forma parte de esta estrategia equivocada en la que no se está atacando el problema fundamental, que es la marginación económica que está generando el caldo de cultivo para que el crimen organizado crezca de esta forma”, afirmó.

Con información de Fernando Camacho

México, uno de los países más peligrosos para comunicadores

Informe 2010 del Comité para la Protección de los Periodistas

México, uno de los países más peligrosos para comunicadores
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 7

La influencia de la delincuencia organizada en cada aspecto de la vida nacional, incluyendo el gobierno, la policía y los agentes del Ministerio Público, ha convertido a México en el país más letal para la prensa en el hemisferio occidental y en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el derecho humano fundamental a la libertad de expresión.

Así lo asegura el informe 2010 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), donde se documenta que en el gobierno del presidente Felipe Calderón 22 periodistas han sido asesinados, al menos ocho de ellos en represalia directa por sus notas sobre crímenes y actos de corrupción, dos plagas idénticas que han socavado la estabilidad del país.

En ese mismo lapso, otros tres trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados por el delito de repartir periódicos, y al menos otros siete periodistas han desaparecido.

Además de aquellos que han sido asesinados, decenas de comunicadores fueron atacados, secuestrados o se han visto forzados al exilio por su cobertura de crímenes o actos de corrupción. Informar incluso en forma superficial sobre actividades delictivas, incluyendo los nombres de los capos de la droga, las rutas de tráfico y los precios, coloca a los periodistas en un riesgo inmediato.

A medida que se impone una autocensura generalizada, el futuro de México como sociedad libre y democrática está en riesgo, dice el documento del comité, organismo autónomo que desde 1981 monitorea ataques contra los medios alrededor del mundo.

Destaca también la alarmante impunidad en los ataques contra trabajadores de los medios. Una impunidad sistemática que se encuentra arraigada a escala estatal y municipal, donde se investiga la mayoría de estos delitos. México ocupa el noveno lugar en el mundo en el índice de impunidad del CPJ, que calcula la cantidad de asesinatos sin resolver de periodistas en relación con la población de cada país.

El comité criticó al gobierno federal por no reconocer abiertamente que la violencia contra los medios es un problema nacional. Y aunque el gobierno de Vicente Fox creó una fiscalía federal especial para la atención de delitos contra periodistas, ésta ha resultado totalmente ineficaz.

Lamenta que en su ofensiva contra la delincuencia organizada el gobierno federal haya omitido un frente crucial; los ataques contra el derecho constitucional a la libertad de expresión deben abordarse a escala nacional.

En sus recomendaciones, el informe señala que el comité y otros defensores de los medios y sus trabajadores proponen reformas sustanciales que incorporen los delitos contra la libertad de expresión al Código Penal de la Federación, y que sean las autoridades federales las responsables de investigar y procesar los ataques. Por ello, exhorta al presidente Calderón a materializar su promesa de federalizar los delitos contra la libre expresión.

Al mismo tiempo, es vital fortalecer la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Incluso, sugiere la creación de un comité gubernamental para proporcionar protección directa a los periodistas en riesgo e influir decididamente en las autoridades estatales para que investiguen en profundidad y esclarezcan todos los delitos contra comunicadores que caigan dentro de su jurisdicción.

Al Congreso de la Unión le recomienda promulgar las leyes necesarias para dicha federalización, las cuales deben asegurar la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel, y que esta normatividad cumpla los estándares internacionales.

Dentro de las recomendaciones están también que el procurador general de la República fortalezca la fiscalía especializada contra este tipo de delitos, que incluye la capacitación a los agentes del Ministerio Público asignados a ella

Artículo de Laura Itzel Castillo‏

Compañer@:
Te envío el artículo de la Dip. Laura Itzel Castillo, publicado el día de hoy en El Universal Gráfico titulado Recordando a Margarita Suzán, una extraordinaria compañera del Movimiento e integrante de nuestra Brigada 9 Heberto Castillo Martínez. http://www.eluniversal.com.mx/columnas/85874.html
Saludos Josefa
Recordando a Margarita
Laura Itzel Castillo
8 de septiembre de 2010

Hace un año, con sorpresa y gran dolor recibí de golpe la noticia de que Margarita Suzán había fallecido repentinamente. Mi primera reacción fue de incredulidad. Hacía muy poco que habíamos perdido a Gustavo Iruegas, secretario de Asuntos Internacionales del gobierno legítimo, quien la había integrado al equipo, y de cuya enfermedad y muerte aún no acabábamos de reponernos.

Como un grito perdido en su propio eco, me vinieron a la mente algunos de los versos de Rosario
Castellanos: ¿Qué se hace a la hora de morir?,
¿Se vuelve la cara a la pared?
¿Se agarra por los hombros al que está cerca y
o y e?
¿Se echa uno a correr, como el que tiene las ropas
incendiadas,
para alcanzar el fin?
¿Cuál es el rito de esta ceremonia?
¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana?
¿Quién aparta el espejo sin empañar?

Margarita se fue casi sin hacer ruido. Partió discretamente cargando su menuda figura. Aún la tengo presente dando pasos bien firmes, cuestionando con claridad, sin titubeos, convenciendo… trabajando.

Recuerdo con regocijo nuestras charlas amenas acerca de las actividades que deberíamos emprender para la organización y de sus valiosas enseñanzas acerca de la resistencia civil pacífica. Sí… resistencia civil pacífica, había que entender su significado y considerar que esa estrategia de lucha ciudadana se nutría de grandes experiencias probadas en Asia, África, Europa y hasta en Estados Unidos de América. Gracias a compañeras como Margarita y a Asa Cristina Laurell aprendimos algunos ejercicios para la resistencia civil pacífica que más tarde pondríamos en práctica en la movilización para impedir la privatización de Pemex.

Margarita se integró activamente en el 2008 a mi brigada, la número nueve, de mujeres en defensa del petróleo y la soberanía nacional, como una de las coordinadoras: Reyna, Érica, Ligia, Elsa y Margarita, todas militantes comprometidas.

Desde entonces forjamos una fuerte amistad que se transformó en una especie de complicidad en la lucha por cambiar el universo, desde nuestra trinchera. Ahí tuve la oportunidad de conocerla y reconocerla como parte del movimiento del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y por ende de nuestro compromiso colectivo.

Lamento que haya tenido que morir para que yo supiera más acerca de ella y descubrirla poco a poco en su largo andar por las difíciles veredas de la izquierda.

Me enteré que era documentalista y que laboró como productora de los programas de televisión del antiguo Partido Comunista, donde la retribución consistía en grandes bocanadas de utopía,
pues no se contaba, ni pensaba entonces en términos salariales, sino de mística revolucionaria.
Supe también que como parte de su ardua tarea en el ámbito de la cultura trabajó en diversos proyectos cinematográficos. Por ejemplo conrturo Ripstein como guionista en el documental Lecumberri.

Para mí, lo que mejor describe su temple fue la decisión que tomó para irse a combatir a Nicaragua y que desde la televisión sandinista contribuyera directamente con la revolución latinoamericana.

Me conmovió que tanta gente la recordara con afecto, como Pablo Gómez, Rolando Cordera y Miguel Ángel Granados Chapa, entre muchos más. El pasado 1 de septiembre, a un año de su fallecimiento, en la Casa del Movimiento de Álvaro Obregón se le rindió sentido homenaje. Hasta
siempre, entrañable guerrera; buen camino, Margarita Suzán.

CARTONES DE LA JORNADA






Gerardo Fernández Noroña en el Hemiciclo a Juárez











Cobertura AMLOTV

www.amlotv.com.mx
www.soberaniapopular.blogspot.com