miércoles, 24 de septiembre de 2008

NOTICIERO SDP 24-SEPTIEMBRE-2008

27-SEPTIEMBRE-2008

Amigos, en éste noticiero comentaremos sobre la entrevista a nuestro PRESIDENTE LEGÍTIMO en W RADIO, que estuvo interesante, además de como les fué a los titulares de SEGOB, PGR y SSP en sus comparecencias, tendremos a BOT-ROKER y YURIRIA RODRIGUEZ.

Esperando sea de su agrado.

Su amigo en resistencia EL BOTE.

AUDIO DE LOS NOTICIEROS SDP DANDO CLICK AQUÍ.


¿Porque el gobierno ecuatoriano no encarcelo o entrego al gobierno colombiano a lucia morett?,

¿Porque el gobierno ecuatoriano no encarcelo o entrego al gobierno colombiano a lucia morett?,



Por la revolución ciudadana que vive el ecuador.
Manipulación de medios de comunicación, modelos neoliberales que enriquecen a una pequeña oligarquía, crisis bancarias simultaneas, quiebras fraudulentas, empresarios corruptos, privatizaciones malintencionadas, necesidad de una nueva constitución. Es la misma realidad para toda América latina.
Como no ser solidarios con todos los pueblos latinoamericanos, si padecemos la misma hambre y la misma miseria a causa de los mismos imperialistas, vende patrias.

Esta es la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar.

Para esos hijos de la televisión que no ven mas haya de sus narices, no hay esperanza de que algún día, puedan ver mas haya de sus fronteras y entender el mundo en que viven.

:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado. Apoyando al Presidente Legitimo de México LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ::
Publicado por TONATIUH.

TODOS A LA MARCHA



CONVOCATORIA: XII Congreso de Religion Sociedad y Politica Yucatan 2008‏


XXII Congreso de Religión, Sociedad y Política: Con el tema Iglesias y Estados Laicos

Mérida, Yucatán, México
10 al 15 de noviembre del 2008
Primera Circular

Los organizadores del congreso extendemos la más cordial invitación a todos los investigadores, académicos y estudiosos del fenómeno religioso, para que asistan al XXII Congreso de Religión, Sociedad y Política. Nuestros congresos representan la confluencia interdisciplinaria y multidisciplinaria de especialistas dedicados al estudio de las religiones y su relación con los sistemas de visión del mundo, con los procesos sociales y los sistemas políticos. Cuestiones cuya importancia nacional e internacional son cada vez más relevantes, siendo el aporte de los científicos sociales reconocido como prioritario para comprender los fenómenos socio-religiosos.

CONVOCANTES:
Universidad Autónoma de Yucatán con la Facultad de Ciencias Antropológicas
La red nacional de investigadores Religión, Sociedad y Política,
La Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER)
El Centro de Estudios de las Religiones Contemporáneas (CERC)
Cuerpo académico: Construcción de identidades y visiones de mundo en sociedades complejas.


TEMAS DE TRABAJO:
Ø Religión y Estado en el México prehispánico.
Ø Pasado religioso en México: del siglo XVI al XIX.
Ø Proyectos religiosos y sistemas políticos
Ø Religión y cambio en el contexto político actual de México: la cuestión religiosa en el México del cambio Cultos y prácticas religiosas.
Ø Religión y cosmovisiones indígenas.
Ø Santuarios, cofradías y peregrinaciones.
Ø Protestantes, evangélicos, pentecostales y nuevas alternativas religiosas.
Ø Iglesias, asociaciones y organizaciones religiosas.
Ø Política y religión en los procesos electorales.
Ø Proyectos religiosos y sistemas políticos.
Ø Efectos de la migración en la religión.
Ø Innovaciones y tensiones en la Iglesia Católica.
Ø Organizaciones y movimientos laicos.
Ø Religiones e iglesias étnicas..
Ø Movimientos religiosos en el mundo contemporáneo
Ø Sistemas míticos.
Ø Identidades religiosas locales.
Ø Arte, cine y religión.
Ø Cuerpo, enfermedad y religión.
Ø Sexualidad, género y religión.


FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Fecha límite para presentar propuestas de ponencias....…. 30 de septiembre de 2008
Fecha límite de recepción de ponencias............................ 15 de octubre de 2008

Formato para presentar resúmenes de ponencias:

El titulo de 18 palabras como máximo
y un resumen de 200 palabras

Formato de presentación de ponencias:

Tipo de letra: Arial 12
20 cuartillas como máximo. Interlineado 1 ½ ( no incluye bibliografía)
Márgenes costado 3 cm y margen superior e inferior 2.5
Tamaño carta.
Citas: A pie de página.
Nombre del autor, apellidos, titulo de trabajo u obra, editorial, lugar
de edición, año edición.
Si cuenta con imágenes incluirla en el texto jpg y pueden ir ordenadas por orden de aparición o numerarlas o colocarlas antes de la bibliografía al final del texto
Incluir en el pie de página un breve perfil académico
La bibliografía tiene que incluirla al final del texto
No se aceptara el texto que no cubra estos requisitos

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Ponentes: 600 pesos
Asistentes: 400 pesos

INFORMES:
Elizabeth Díaz Brenis
religionsociedadypolitica@yahoo.com.mx
Coordinación programa académico.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Genny Negroe Sierra
Luis Várguez Pasos
Francisco Fernández Repetto
Elio Masferrer Kan
Elizabeth Díaz Brenis

Menores de 14 años, 74% de las víctimas de explotación sexual infantil en México: Inper

Persisten “enormes hoyos” en las legislaciones y complicidad de las autoridades policiacas
José Antonio Román
El combate a la comercialización y explotación sexual infantil “no es prioridad” para los gobiernos de América Latina, incluyendo México, pues los recursos económicos destinados a dicha tarea son notoriamente insuficientes, aseguró la representante regional para América Latina de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, María Eugenia Villarreal.
Asimismo, dijo que existen “enormes hoyos” en las legislaciones y códigos penales, además de complicidad –por omisión o acción– de las autoridades policiacas, que impiden el desmembramiento y castigo de las redes internacionales dedicadas a estos “crímenes” altamente violatorios de los derechos humanos.
Villarreal advirtió que la explotación sexual de menores de edad va en aumento. El estado de Chiapas y los países de Centroamérica se han convertido en el “principal corredor” de trata de personas en el continente, muchas de las cuales terminan en Estados Unidos, “principal mercado” de explotación sexual.
En conferencia de prensa, lamentó la falta de voluntad política de los gobiernos, que incluye también a los poderes legislativos, para atacar decididamente esta problemática, que se maneja por medio de redes internacionales en todo el mundo. Por ello –dijo–, es urgente que a escala internacional se diseñen mecanismos eficaces para erradicar este mal.
La activista de derechos humanos, quien radica en Guatemala y conoce ampliamente el fenómeno de la frontera sur de México, comentó que aun cuando es difícil precisar las cifras, existen elementos suficientes que indican un aumento en la explotación y comercialización sexual infantil. Por ejemplo –precisó–, 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución empezaron siendo menores de edad; hay un incremento constante en el número de denuncias por este delito, que en países como Brasil llegan diariamente a 2 mil, además de la proliferación de centros de explotación sexual en toda la región, donde se utiliza a menores de edad.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), en los pasados 30 años el abuso sexual en México se incrementó 200 por ciento, y de las víctimas, 74 por ciento son menores de 14 años, 81 por ciento son mujeres –en 65 por ciento de casos la agresión continúa por meses–, 20 por ciento adquiere una enfermedad de transmisión sexual y 10 por ciento más se embaraza.
Se estima que cada año, un millón 200 mil niñas y niños son víctimas de trata en el mundo, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Otros dato dado a conocer por la policía cibernética del gobierno federal señala que a un pedófilo le toma 15 minutos desvestir a su víctima con la webcam, y dos semanas tener contacto físico con ella.
Para ejemplificar esta falta de voluntad política, María Eugenia Villarreal comentó que en 1996 el gobierno mexicano se comprometió internacionalmente a aplicar una ambiciosa estrategia para la atención de este problema, pero seis años después tuvo que reconocer que a muchos de esos programas ni siquiera les había asignado presupuesto.
La activista de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, con representación en 82 países de todo el mundo, estuvo en México para participar en el diplomado sobre explotación sexual infantil, organizado por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y la Asociación Infancia Común.
Advirtió que aun cuando la mayoría de las víctimas de este delito son niñas, no se debe olvidar los casos donde se encuentran involucrados niños.
Explicó que la trata tiene como objetivo la explotación sexual, pero en el caso de la entrada de centroamericanos a México, también se debe al aspecto laboral, la mendicidad y la servidumbre, para trabajar en casas particulares, donde también se da la explotación. Sostuvo que detrás de este fenómeno están redes internacionales que movilizan a la gente con engaños o muchas veces compran a las víctimas a sus familias.
Por otra parte, María Luisa Moura, de Brasil, habló sobre la preparación del tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, en Río de Janeiro, del 25 al 28 de noviembre próximo, donde se pretende establecer una agenda regional ante las nuevas dimensiones del problema, que permita verificar el avance de la zona frente a los compromisos jurídicos y políticos asumidos en los congresos de Estocolmo, Suecia, en 1996, y Yokohama, Japón, en 2001.

Ridículo, el presupuesto destinado a atender a la juventud mexicana: ONG

México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, no cuenta con una institución que dé respuesta cabal a la necesidades de este grupo ni posee una legislación en la materia que articule las políticas públicas destinadas al sector, señalaron Tere Lanzagorta, directora de la agrupación civil Servicios a la Juventud, y Alma Nava Bello, dirigente de Educación y Ciudadanía.
Detallaron que la Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE) presentará mañana a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados una propuesta de ley para dicho sector poblacional.
En conferencia de prensa, Lanzagorta comentó que dicho proyecto está basado en la perspectiva de derechos, en concreto en la convención que México aún no ratifica.
Respeto de garantías
Nava Bello detalló que la propuesta denominada Ley de los Derechos de la Persona Joven plantea el acceso a diversas garantías, entre ellas a tener vida digna, libertad de conciencia, acceso a las instituciones de enseñanza, a educación sexual, identidad propia, derecho a vivir en un país libre de violencia, a una familia y a formarla, así como a la salud y la vivienda.
La expectativa es que en el próximo periodo de sesiones los legisladores aprueben una ley en la materia, la cual también podrá fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), a fin de que sea un verdadero articulador de las políticas dirigidas a ese sector, destacó.
Lanzagorta indicó que la actual ley con que se cuenta es sólo una orgánica que dio origen al IMJ, la cual ya está “muy rebasada”.
En torno al IMJ, señaló que “hay que rediseñarlo; la ley tendría que establecer un presupuesto digno para la política pública de juventud, pero además colocar al instituto como un organismo autónomo responsable de las políticas para el sector y que logre la transversalidad del tema en las secretarías que tienen que ver con la vida de los jóvenes. Actualmente, el IMJ está sectorizado en la Secretaría de Educación Pública y maneja un presupuesto verdaderamente ridículo ante las necesidades de esa población”.
Carlos Cruz, de Causa Ciudadana, expuso que el IMJ sólo desarrolla programas y proyectos para jóvenes en los que maneja alrededor de 3 millones 200 mil pesos, que es algo “muy mínimo”. Además –precisó–, la ley que lo rige no le permite exigir a las diversas secretarías actuar a plazo más largo de un año, los interesados no tienen participación plena en sus consejos, por lo que realmente es un instituto de adultos para jóvenes. Así, los “pocos recursos destinados a programas se están tirando, porque no se aprovechan, no hay articulación, todo es atomizado”.
Nava Bello también planteó que se debe modificar el rango de edad que oficialmente se maneja como de joven, que va de 12 a 29 años; debería ser de 15 a 24 años, “que es cuando empiezan su formación para emanciparse y ser autónomos”, dijo.

Mentiras, en proyecto de presupuesto para el sector de salud, dice el “gobierno legítimo”

La creciente demanda de atención médica sólo podrá cubrirse con la privatización solapada de servicios
Ángeles Cruz Martínez
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 contiene “mentiras” respecto de los recursos que supuestamente se destinarán a la inversión física en el sector salud, pues aunque plantea que habrá 9 mil 500 millones de pesos disponibles, únicamente existe explicación para mil 500 millones, señala un análisis de la secretaría de salud del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Resalta que la administración calderonista se comprometió a destinar 50 mil millones de pesos para la construcción de clínicas y hospitales durante el sexenio. Sin embargo –dice–, el monto que se aplicará el siguiente año apenas representa 3 por ciento de lo ofrecido por las autoridades.
En relación con el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa), Asa Cristina Laurell, titular del ramo en el “gobierno legítimo”, resaltó que el PEF plantea 2 mil 82 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte –mil 689 millones– está en el rubro de “inversión financiera”, la cual correspondería a pagos imprevistos o aportaciones a organizaciones sin fines de lucro, o para fideicomisos para pensiones.
De esa manera, lo único que se estaría destinando a la construcción de clínicas y hospitales serían 392.6 millones de pesos, lo que a todas luces es insuficiente si se toma en cuenta que cada año se suman al Seguro Popular por lo menos 1.7 millones de nuevas familias, de acuerdo con lo que señala la Ley General de Salud para esta estrategia.
Al respecto, información de la propia Ssa federal reconoce que sólo para poder continuar las obras en proceso, el próximo año se requerirían alrededor de 9 mil millones de pesos, los cuales no están contemplados en el PEF, por lo que corresponderá a los legisladores corregir el proyecto enviado por el Ejecutivo, a fin de cubrir las carencias en este y otros temas.
En el análisis de cada uno de los puntos relativos a la inversión física del sector, Laurell destacó que para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el PEF propone aplicar 6 mil 212 millones, pero no está prevista la construcción de ningún nuevo hospital, a pesar del déficit en el número de camas, reconocido por el propio instituto. De acuerdo con información oficial, existen 0.83 camas por mil derechohabientes, mientras que hace dos décadas el indicador era de una por cada mil.
La oficina de salud del “gobierno” de López Obrador señala que el PEF prevé la edificación de unidades de medicina familiar (UMF) a un costo de 148 mil 500 millones de pesos, “lo cual es muy alto”. Pero lo más “insostenible” es el planteamiento de 5 mil 686 millones de pesos adscrito a la construcción de una UMF en Puerto Vallarta”.
Respecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el PEF le asigna mil 40 millones de pesos, pero en el apartado donde se desglosa la información de los programas presupuestarios con proyecto de inversión, sólo aparecen 463 millones, y en ningún lugar se dan detalles del número o ubicación de las obras, señaló Laurell.
En suma –apuntó–, de los 9 mil 500 millones de pesos que el PEF menciona, realmente sólo existen mil 500 millones, con lo que se deja sin solución la falta reconocida de unidades de salud y hospitales, mientras que cada día se inscriben más personas al Seguro Popular, así como derechohabientes al IMSS y al ISSSTE.
Para la funcionaria lopezobradorista, en estas condiciones la creciente demanda de atención médica sólo podría cubrirse con la “privatización solapada” de los servicios de salud, en una estrategia similar a la que el Ejecutivo pretende hacer con la reforma de Petróleos Mexicanos.

Maestros ocupan más de 8 horas el inmueble central de la SEP


En una acción sorpresiva y tras una marcha en la que participaron miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), profesores de la sección 9 del Distrito Federal tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante poco más de ocho horas para exigir el reconocimiento de su comité ejecutivo seccional democrático, tras la imposición, el pasado primero de julio, de un comité que calificaron de “espurio”.
Tras más de seis horas de negociación, los profesores inconformes, quienes llegaron hasta el vestíbulo de la oficia de la titular de la dependencia, Josefina Vázquez Mota, para exigir una audiencia, acordaron con autoridades de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), instalar hoy una mesa de diálogo, con el objetivo de discutir las tareas de gestoría administrativa, pero “sin ningún compromiso para analizar el reconocimiento del comité ejecutivo seccional democrático, pues se trata de un asunto que no es de nuestra competencia”, reconoció Guillermo Ayala, director de salud y seguridad en las escuelas de la capital.
Por la noche, una vez que fueron desalojadas las instalaciones de la SEP, la AFSEDF desconoció en un comunicado que se haya iniciado un proceso de negociación con los maestros inconformes, pues reiteró que apoya la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que otorgó la toma de nota al comité seccional, encabezado por María Teresa Pérez Rodríguez, al insistir que quienes “irrumpieron en la SEP no tienen representación para establecer negociación alguna”.
La jornada inició en las primeras horas de este martes, cuando profesores de Morelos, Guerrero, Distrito Federal, Michoacán, valle de México y Zacatecas, entre otros, se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, de donde partieron, poco después de las 10 horas, hacia la Secretaría de Gobernación para exigir la cancelación de la ACE, e insistir en que el gobierno federal “no reconozca a los comités seccionales espurios, que encabezan incondicionales del grupo de Elba Esther Gordillo Morales”.
Mientras esto sucedía, un contingente de 50 docentes de la sección 9 del Distrito Federal ingresó a las instalaciones de la SEP, en la calle de Brasil 31, en una “operación hormiga”, aprovechando que en el inmueble se realizaba un acto público, con la asistencia de Josefina Vázquez Mota, quien tras concluir el encuentro se retiró de las instalaciones.
Los maestros, quienes permanecieron por más de dos horas a la espera de un contingente de apoyo –hasta sumar poco más de 200 profesores–, lograron controlar, cerca de las 13 horas, los accesos principales de la dependencia, lo que generó el desalojo inmediato del personal que se encontraba laborando en las instalaciones y el despliegue de elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes rodearon el inmueble.
En tanto, la marcha, encabezada por un contingente de más de 3 mil maestros de la sección 9, llegó a la sede de Gobernación cerca del mediodía, acompañados de miles de maestros de la sección 19 de Morelos, quienes demandaron la instalación inmediata de una mesa de negociación con autoridades de esa dependencia, a más de 37 días de haber iniciado un paro indefinido de labores para exigir la cancelación de la ACE, por lo que en esa entidad no ha iniciado el ciclo escolar 2008-2009.
Tras más de 30 minutos de espera en las inmediaciones del Palacio de Covián, una comisión de maestros de la sección 19 de Morelos ingresó al inmueble, en tanto se integraba una comisión nacional de representantes de la CNTE, que finalmente se reunió con el subsecretario Abraham González, a quien demandaron la instalación de mesas de negociación para “analizar las propuestas alternativas a la ACE, que como CNTE vamos a llevar a la mesa, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE, que también será analizada”, afirmó Artemio Ortiz, secretario general de la sección 18 de Michoacán.
Mientras las negociaciones con maestros de Morelos y de la CNTE continuaban en Gobernación, cientos de docentes de primaria, prescolar y educación especial de la sección 9 permanecieron en los patios centrales de la SEP, a la espera de una respuesta a sus demandas. Poco después de las 20 horas abandonaran el inmueble, luego de acordar una reunión con funcionarios de las AFSEDF la tarde de este miércoles. Funcionarios de esta instancia aseguraron que “no hay ninguna denuncia” en contra de los docentes por estos actos.
Sin embargo, la SEP informó en un comunicado que por conducto de su Dirección General de Asuntos Jurídicos presentó ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos número APPGR/DDF/FTE-VIII/5148/08-09, por la presunta comisión de delitos derivados de la irrupción a sus instalaciones centrales.

Analizarán jóvenes papel de los medios

Bertha Teresa Ramírez
El secretario de Educación, Áxel Didriksson, anunció que con el fin de dar a la población joven del Distrito Federal herramientas de análisis sobre lo que se presenta en los medios de comunicación electrónicos y escritos, a partir del 29 de septiembre, en coordinación con Tv UNAM, se lanzará al aire la serie de televisión Medios y Remedios, que entre otros temas abordará la discusión de la llamada ley Televisa, así como la influencia de los medios de Internet, prensa, radio y televisión. Otros temas de la serie son: los medios y la familia y como se hace radio y televisión.
Por otra parte, Didriksson calificó “de fuertes” los resultados de la encuesta que sobre valores se aplicó a niños y jóvenes de secundaria y preparatoria de zonas marginadas, en colaboración con la UNESCO y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el objetivo de conocer esta realidad y a partir de esta diseñar la nueva currícula para los educandos del DF.
Sobre los resultados agregó que de hecho el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI han mostrado en forma reiterada “datos de violencia, drogadicción, uso de alcohol, armas, que dan cuenta de que el contexto de inseguridad que estamos viviendo, no solamente está en las calles, en los grupos delictivos”.
El funcionario dijo lo anterior luego de reunirse con organismos internacionales y de cooperación internacional con algunas de las cuelas el GDF tiene convenios de colaboración, como UNESCO y Unicef.

Chiapas: denuncian tropelías de banda de juniors

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de septiembre. Padres de familia de esta capital denunciaron a la banda de Los BMW, también llamada Banda de los Hermanos Chong, cuyos integrantes –hijos de familias adineradas– golpean a adolescentes, sólo “por diversión” afuera de centros de esparcimiento.
Roberto Martín Olvera, padre de uno de los afectados, presentó una demanda ante el Ministerio de Justicia estatal, en la cual denunció que un grupo de juniors actúa impunemente por ser hijos o parientes de funcionarios gubernamentales, o pertenecer a familias de empresarios influyentes.
El caso más reciente, denunciado por Olvera Redondo, fue el de Roberto Olvera Peimbert, quien la madrugada del sábado pasado fue golpeado por una docena de jóvenes, afuera de la palapa de la Feria Chiapas. Olvera sostuvo que los presuntos responsables serían miembros de la banda de Los BMW, llamada así por la marca de los vehículos que conducen.
Esta denuncia se acumuló a la interpuesta por Román Castro Cruz, que consta en el acta 001127-CAJ6-2/2008, y a una más por una agresión que ocurrió hace dos semanas en el bar Makic, ubicado en San Cristóbal de las Casas.
Las tres demandas tienen en común imputaciones contra Adrián Cámara, Alejandro Serrano Sagrario, Guillermo Serrano Sagrario, Alfonso Toledo, Gabriel Gaytán, así como los gemelos Andrés y Manuel Carballo Chong.
Según testimonios de jóvenes que pidieron anonimato, la banda está inetgrada por estudiantes de preparatoria del Instituto Tecnológico de Monterrey, que tienen entre 16 y 18 años de edad.
“Ya nos da un poco de miedo salir por no encontrar afuera a Los BMW, y que nos vayan a cazar, o que entren a un antro y con cualquier pretexto golpeen a alguno. Son muy violentos y volubles, y dicen que nadie les hace nada porque son influyentes y muy ricos”, dijo un informante.
Ante el incremento de las acciones de este grupo, padres de familia publicaron el pasado lunes en medios locales una carta dirigida al gobernador Juan Sabines, y al Ministerio de Justicia estatal, en la cual les pidieron su intervención para detener a la banda.
La carta está firmada por Roberto Martín Olvera Redondo, Roberto Olvera Peimbert, Pedro Calcáneo Argüelles, Enoch Molina Alegría, Ángel Domínguez Ríos, Armando Gallegos Gutiérrez y Walter Iván Molina Malpica.

Zona de guerra


La “tropa ya no está para aguantar cosas”, advirtió el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (Novedades, 20/09/68). Y el informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) señala que la noche del 23 de septiembre de 1968, la zona del Casco de Santo Tomás se convirtió en “un campo de guerra”.
La madrugada del 24 de septiembre, el Ejército ocupó las principales instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN): el Casco de Santo Tomás y Zacatenco, así como la Vocacional número 7.
El gobierno consideraba que “la zona de Tlatelolco era una de las preferidas para las acciones del terrorismo estudiantil”, según el libro blanco del 68, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) en aquellos años.
La noche del 23 y la madrugada del 24 de septiembre, según el informe de la Femospp, durante la toma militar el gobierno empleó distintas tácticas ofensivas, como el envío de elementos de la policía preventiva, la intervención de grupos paramilitares y el tiroteo contra algunos edificios y vehículos. Asimismo, se menciona que el Ejército abrió fuego con ametralladoras, realizó detenciones ilegales y en esos hechos reapareció el Batallón Olimpia.
“La violencia contra la comunidad politécnica fue mucho mayor”, señala el texto de la Femospp, y asegura que esa noche se dieron “no sólo detenciones, heridos y muertos, sino desapariciones forzadas”.
Justificaciones oficiales
El libro blanco del 68 menciona que la noche del 23, “tras un día lleno de incidentes que turbaban la paz capitalina”, entre los que estaba la renuncia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, “hubo un encuentro sangriento entre estudiantes y policías en el Casco de Santo Tomás. Se originó cuando algunos transportes del cuerpo de granaderos acudieron a las cercanías del plantel para evitar que siguieran incendiando camiones urbanos y vejando a su pasaje, como acontecía alrededor de las 21 horas.
“Fueron atacados entonces con armas de fuego disparadas desde el casco y desde edificios cercanos, ubicados en la calle de Carpio, donde un grupo de los estudiantes más ‘acelerados’ se había parapetado en plan de ‘guerrilla urbana’.
“El encuentro duró hasta la madrugada. Los granaderos y la policía montada fueron insuficientes para repeler el ataque y reducir el foco guerrillero”, narra el texto de la PGR.
Informes cronológicos elaborados por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) señalan la evolución de las batallas:
“19:35. Siguen luchando estudiantes y granaderos en el Casco de Santo Tomás. Los estudiantes tienen un herido. En las escuelas Wilfrido Massieu, Ciencias Biológicas, Medicina, Superior de Economía, la ESCA y las vocacionales 3 y 6 se están empezando a hacer barricadas para defender el perímetro del casco y se continúa luchando contra los granaderos.
“Los granaderos se empiezan a retirar, al ser rechazados con bombas molotov, cohetones, varillas, piedras y algunas armas de fuego. Hay varios detenidos.
“20:50. Entra el Ejército al casco.
“21:10. Policías heridos: Jorge de León Gaona, en el cuello y el tórax, y Pedro Badillo Martínez en el pecho.
“Se reportan cinco bajas entre granaderos y un civil, y se comenta que en el anfiteatro de Medicina Rural hay un estudiante muerto.
“Se encuentran detenidos: Alejandro Cames Sandoval, Manuel Estela Zoológico y Felipe Montes de Oca.
“23:15. Durante los últimos minutos se han estado escuchando descargas de ametralladoras y otras armas de fuego. Se dice que el estudiante muerto en el Anfiteatro de la Escuela de Medicina Rural es Ángel Martínez Velásquez.
“La Cruz Verde ha estado recogiendo heridos y se han estado realizando detenciones: se recorren las calles adyacentes al IPN y a las personas que no se identifican plenamente se les detiene.
“23:35. 36 patrullas con cinco elementos cada una llegaron por Instituto Técnico y rodearon la escuela Wilfrido Massieu.
“23:45. Siguen los disparos esporádicos de arma de fuego, aunque a veces son repetidos.
En el hospital Rubén Leñero se encuentran graves dos estudiantes: Guillermo Stal Cepeda y Joaquín Salazar o Solar.
“Todas las escuelas del Casco de Santo Tomás fueron tomadas y cateadas; la única zona del casco que fue respetada por el Ejército fue el lo-cal de la FNET (Federación Nacional de Estudiantes Técnicos), de origen priísta y vinculada con el entonces regente Alfonso Corona del Rosal.”
Según el libro blanco del 68, “una corporación (sic) del Ejército bastó para que, casi con su sola presencia, cesara el tiroteo y los principales terroristas huyeran del plantel por la parte de atrás, no sin dejar esa noche un saldo de cuatro muertos y casi 40 heridos. De los primeros, dos eran estudiantes y dos policías; de los segundos, la mayoría eran policías”.
El gobierno utilizó 15 carros blindados y seis transportes con 600 militares para entrar al Casco de Santo Tomás. Asimismo, elementos “de la policía judicial con M-1 y lanzagranadas” y, finalmente, 400 soldados, al mando del general Gustavo Castillo, catean todos los edificios del casco y capturan a decenas de estudiantes que se encuentran dentro de sus instalaciones”, refiere a su vez el informe de la Femospp.
Zacatenco fue ocupado a las 0:30 horas del 24 de septiembre por mil soldados que fueron trasladados en 13 tanques ligeros y 30 transportes; intervinieron también 59 patrullas de la Policía Preventiva y 150 agentes judiciales, que se situaron en los alrededores. A las 0:45 horas el Ejército se apoderó de la Vocacional 7, luego de enfrentamientos de estudiantes con policías y soldados.
Para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, “aquel encuentro a mano armada echó de ver que las previsiones del gobierno habían sido justas, y que el permitir que las escuelas se convirtieran en arsenales y reductos de los motineros sólo daba ocasión a que aquellos se sintieran fuertes y prolongaran el conflicto y los actos de terrorismo y violencia”, según la justificación contenida en el libro blanco del 68.
En contraste, para la extinta Femospp, en aquellos acontecimientos el gobierno de Díaz Ordaz mostró su “política de exterminio contra el grupo nacional opositor movilizado”, en “particular, violencia en contra los politécnicos, denotando, a la vez, un trato represivo de tintes clasistas”.
El mismo texto refiere que “en los combates del casco se registraron numerosos heridos graves y la prensa del día siguiente reportó que se encontraron estudiantes muertos en los sótanos de Ciencias Biológicas, pero sólo se dieron dos nombres: Ángel Martínez Velásquez y Luis Lorenzo Ruiz Ojeda, y nunca se volvió a mencionar y menos a investigar el caso”.
Ese día, mientras se daban los enfrentamientos, la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consignaron a 93 personas por los delitos de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo y despojo, secuestro y “los que resulten”. Entre los detenidos estaban el filósofo Eli de Gortari; el director de la revista Política, Manuel Marcué Pardiñas, y la pintora Rina Lazo.
En tanto, en San Miguel Canoa, Puebla, trascendía que campesinos azuzados por el párroco de la iglesia para que combatieran el “comunismo”, lincharon a un habitante de esa comunidad y a tres estudiantes al confundirlos con activistas que, según ellos, iban a alterar el orden y que se disponían a izar una bandera rojinegra en la plaza de a comunidad.
El campesino Lucas García, quien dio alojo a los excursionistas que pretendían ascender a la Malintzin, así como Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo, empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, fueron asesinados. Lograron salvar la vida Julián González Báez, Alberto Rojano Aguirre, Pascual Romero Pérez y Miguel Flores Cruz, “este último fingiéndose muerto después de recibir un machetazo en la cabeza” (El Heraldo de México) (18/09/68). Ese hecho ilustra el clima de encono que prevalecía en el país en esos momentos.
Siguiente entrega, 30 de septiembre

A 40 AÑOS


Entre el 21 y el 24 de septiembre ocurrieron algunos de los episodios más violentos del 68, que exhibieron no sólo la voluntad represiva del gobierno y la coordinación de policías y granaderos con agentes de inteligencia y las fuerzas militares, sino la capacidad organizativa de un sector de la población que resistió activamente esos operativos y emergió, por primera vez, como protagonista de los hechos.
Las hechos más relevantes de esas fechas fueron los enfrentamientos de los cuerpos represivos con civiles en la unidad Nonoalco-Tlatelolco y las tomas violentas de la Vocacional número 7, Zacatenco y el Casco de Santo Tomás.
Estos sitios configuraron una zona particularmente conflictiva para el gobierno, claramente delimitada al norte de la capital, que no compartía el perfil de la ciudad olímpica seductora y cosmopolita ideada por los diseñadores gubernamentales para los turistas, como ha mostrado en forma elocuente Daniel Inclán en su documental Ciudad Olimpia: el año en que fuimos modernos.
La mirada de los empresarios
Diarios como El Heraldo y El Sol de México apostaron por una modernidad gráfica representada por amplios reportajes fotográficos, convenientemente acotados por pies de foto antiestudiantiles.
Los directores de ambos medios, Gabriel Alarcón y José García Valseca, personajes cercanos a la Presidencia de la República, desplegaron importantes secuencias con registros capturados por unos 15 fotógrafos, entre los que destacaban Ernesto Valenzuela, Ismael Casasola, Ramón Guzmán y Porfirio Cuautle, quienes superaron ampliamente a sus competidores y rivales.
La diversidad visual contrasta con la uniformidad de la información escrita. La recepción de la información tuvo diversas posiblidades, desde padres de familia, como lectores previsibles de la publicación, hasta la revisión callejera de peatones y transeúntes en puestos de periódicos, que se formaban su propia opinión acerca de los sucesos a partir de otros intereses.
Esas narraciones, por lo general subrayaban la detención de los jóvenes “subversivos” por parte de las fuerzas del orden, pero también intercalaban escenas que mostraban una ciudad violenta, con territorios en disputa, lo cual desmentía los discursos oficiales en torno a la paz y la tranquilidad reinante en el país.
En el reportaje de El Heraldo que mostramos en este espacio puede verse a los soldados parapetados entre los pupitres o acechando en posiciones de combate junto a civiles y judiciales que se protegen al lado de un camión durante la toma del Politécnico. El fotógrafo acompaña a los militares en el asalto urbano y proyecta en todo momento el punto de vista de las fuerzas armadas.
Nota roja y conservadurismo
La prensa amarillista y sensacionalista ha estado vinculada con los intereses gubernamentales desde el inicio del fotoperiodismo, tal como puede verse en el caso de El Imparcial, un periódico que, a pesar de la pretensión de neutralidad que sugería su título, en realidad era un importante vocero de la clase dominante porfiriana a principios del siglo pasado. En los años sesenta, medios como La Prensa y Alarma disponían de los tirajes más amplios y ocupaban un lugar importante en las preferencias populares, en un momento en que la televisión apenas iniciaba su posicionamiento en los llamados usos y costumbres de la “gran familia mexicana”. Uno de los fotógrafos más destacados de La Prensa fue Enrique Metinides, gran maestro del género del reportaje policiaco en México en el siglo XX, cuya obra forma parte del paisaje cotidiano de grandes museos de arte moderno y galerías artísticas estadunidenses y europeas.
La mirada de Metinides, acostumbrado a construir sus historias con contundentes secuencias de tres o cuatro imágenes, se adaptó perfectamente a los sucesos del 68 y fue retomada por los editores del diario para narrar los hechos a sus lectores.
El caso que presentamos (ver la página 11) ha sido cotejado en el archivo del maestro y permite acercarnos al manejo editorial del periódico, que proyecta la imagen del granadero herido como protagonista principal de los sucesos en la toma de instalaciones del Politécnico.
La secuencia desemboca en la llegada providencial de la ambulancia, el transporte más socorrido del universo delicuencial construido por Metinides. Esta criminalización implícita del movimiento, lejos de ser casual, formaba parte de la estrategia gubernamental.
Así lo demuestra la utilización de algunos espacios del diario por importantes personajes de la clase política mexicana como Mario Moya Palencia y su jefe, Luis Echeverría Álvarez, quienes utilizaban la columna Granero político para denostar a sus adversarios y poner en circulación cierta información que era leída entre líneas tanto por sus subalternos y compañeros de ruta como por sus adversarios, como ha mostrado Jacinto Rodríguez en su libro La otra guerra secreta.
Miedo y manipulación
La premisa gubernamental que influyó en las decisiones editoriales de una parte significativa de los medios consistió en el intento de sembrar temor y parálisis en sectores amplios de la población, produciendo lo que algunos teóricos han denominado “pánico social”.
El nuevo ciclo se inició con la ocupación militar de Ciudad Universitaria y abarcó las tomas violentas de Zacatenco y del Casco de Santo Tomás.
Al segmento pequeño pero organizado de vecinos aliados del movimiento se le aplicó la mano dura de los operativos policiacos y militares.
A la gran mayoría de la población se le impuso una cobertura mediática que soslayó las causas y orígenes de la rebelión estudiantil y subrayó el territorio de la violencia y la nota roja como espacios informativos por excelencia del conflicto.
La vuelta de tuerca que cerraría esta pinza se produciría una semana más tarde, en la Plaza de las Tres Culturas.

Los Pinos, responsable del atentado en Morelia: EPR

“El acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán”, es responsabilidad “de quien ilegítimamente se asume como presidente”, sostuvo la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR); agregó que la violencia “incontenible y desbordada” que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios han impuesto los gobiernos panistas y priístas.
En un comunicado, el EPR aseguró que el gobierno federal “ha creado un escenario artificial para justificar la militarización, para que el señor (Felipe) Calderón siga jugando a la guerra”. Denunció que con el pretexto de combatir al crimen organizado se reprime impunemente a la población más desvalida, criminalizando la miseria y la lucha social.
En el texto, el EPR responsabilizó a la administración de Calderón de la violencia, ya que con sus actos ha convalidado las políticas que ahondan la inequidad social, “haciendo cada vez más ancha la brecha entre quienes amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable, los priístas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social”.
Respecto de los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en Morelia, el EPR señaló que, “sin duda alguna, es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes. Una respuesta a la marcha de protesta del 29 de agosto que realizaron diferentes organizaciones populares, organismos defensores de derechos humanos y ciudadanos” contra la represión gubernamental.
También, insistió el grupo guerrillero, “es una represalia y provocación al gobierno del maestro (Leonel) Godoy, por solidarse en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes.
“Queda claro que las policías, el Ejército y las instituciones son grandes productoras de delincuentes con el Estado.” Agregó: “Ridículo resulta sostener que los delincuentes han infiltrado a las policías y a las instituciones”, el fenómeno de la delincuencia organizada es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses.
“A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN dé protección a gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas, como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla”, señaló el EPR.

México vive una crisis del modelo social, copia del priísta: experto

Gabriel León Zaragoza
De 1994 a 2007 el país ha gastado 94 mil 300 millones de dólares para combatir a la delincuencia; sin embargo, los resultados no presentan una variación sustancial; prueba de ello es la situación que vive el país, consideró el presidente del Instituto Mexicano sobre Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, Pedro Peñaloza.
Durante un foro sobre violencia e inseguridad realizado en la Universidad Iberoamericana, el especialista expuso que la inseguridad y la impunidad que tiene lugar en territorio nacional se debe en parte a la crisis del modelo social que las administraciones federales han replicado del esquema priísta. “Lo que hoy estamos viviendo es una crisis estructural del sistema”.
Afirmó que el gobierno actual sigue creyendo, como en el pasado priísta, que “sólo con flotar seis años el presidente Calderón va a sobrevivir”.
Lamentó que al atender el problema la administración de Felipe Calderón “no tiene idea de lo que está haciendo”, porque sigue sin entender que en el fondo de los problemas está la situación económica del país.
A su vez, el ex secretario de Seguridad Pública capitalino Alejandro Gertz Manero expuso que el sistema de seguridad y justicia en México no responde a las necesidades de modernidad del país.
Esto se debe, agregó, a que el sistema se creó a finales de los años 20 del siglo XX –de donde vienen el Código Penal y los de procedimientos– que se hizo a imagen y semejanza de un proyecto político que el general Plutarco Elías Calles organizó para todo el país: el de un partido político único.
“Esto se reflejó en que la policía estaba al servicio del poder y no era un instrumento de servicio de la sociedad”, dijo.

En San Lázaro, fuegos de artificio verbales, matizados “bajo protesta de decir verdad”

Los diputados se acercan al corral de prensa. Juan Guerra (PRD), Gerardo Priego (PAN) y Marco Antonio Bernal (PRI) chacotean con los reporteros mientras, en tribuna, hablan los responsables de la política interior y la seguridad pública. Confirman lo que dice la ausencia de cientos de sus colegas: que los tres integrantes del gabinete responden, “bajo protesta de decir verdad”, lo que quieren: casi nada, fuegos de artificio verbales. No tenía que transcurrir más de un mes, desde la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad: los secretarios dicen lo mismo que entonces, lo elogian como un documento único, histórico, inédito.
La retórica es culpable. El otro responsable es el formato. ¿Quién lo decidió? “Los coordinadores”, responden los tres diputados. Juan Guerra va más allá: “Emilio Gamboa lo vende y el Güero (Javier González Garza) lo deja pasar”.
La comparecencia no va ni a la mitad y ya todo son reiteraciones, lugares comunes, cifras sueltas, pechos inflamados que hablan de compromiso, de unidad en torno al Presidente de la República. Juan Camilo Mouriño, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna inauguran la nueva manera de glosar el Informe presidencial. La legislatura que dio mate al Día del Presidente da paso a los días de tedio con los secretarios de Estado. O los días en que la verdad, escasa, ha de buscarse en toneladas de retórica.
A los diputados del PAN corresponden ocho intervenciones, siete al PRD y el mismo número al PRI, hasta llegar a las dos del Partido Socialdemócrata. Cada diputado debe dirigir sus preguntas a uno de los tres funcionarios. Tres minutos de pregunta, igual de respuesta. Al final, suman 34 intervenciones de los secretarios y el procurador, y 38 de los legisladores. Sin derecho de réplica de los diputados, lo que convierte la sesión en un pobre ejercicio sin debate.
Hacia la hora de la comida, apenas unos 50 diputados aguantan vara, ya repletos los pasillos, los patios y los restaurantes.
¿Fracasó el formato?
“Fracaso es el empecinamiento de Felipe Calderón de mantener a estos tres funcionarios. Llegaron con el ánimo de no responder y así lo han hecho. Calderón va limitándose cada vez más, encerrándose en su pequeño círculo”, dice González Garza, coordinador de los diputados del PRD.
La “trilogía del desamparo”
En el arranque, un par de diputadas perredistas piden que, contra el acuerdo de coordinadores, se les permita subir a tribuna a preguntar. Algo dicen sobre el equilibrio de poderes. Igual demandan que se haga explícito que los miembros del gabinete comparecen, según reciente reforma, con la obligación de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Después de un escarceo, el priísta César Duarte, presidente de la mesa directiva, levanta a todos los presentes. “¿Protestan ustedes decir verdad ante esta Honorable…?”
Clic, clic, clic. Las fotos consagran el momento y dan paso a las preguntas.
Obdulio Ávila, del PAN, hace nueve, y el secretario Mouriño responde acaso dos. Es la marca de la comparecencia. Han jurado decir la verdad, no contestar todo.
Los perredistas queman sus primeras intervenciones en un radicalismo verbal que no se traduce en buenas preguntas. Aleida Alavez, por ejemplo, mete toda la agenda nacional en discurso, facilitando a Mouriño un amplio abanico de no respuestas.
“¿El gobierno que representa está dispuesto a suscribir el pacto de salvación nacional, cuyos ejes rectores sean el cambio en la política y social?”, es la interrogante regalada. “El gobierno está dispuesto a dialogar sobre los grandes temas que aún nos quedan pendientes”, responde el titular de Gobernación.
Quizá por eso la también perredista Valentina Batres Guadarrama mejor no pregunta. “No lo necesito. Está claro, no pueden, renuncien”.
Los obuses surgen de la bancada del PRI: “Deficiencia, demagogia y desorden son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración: es la trilogía del desamparo”, suelta César Camacho Quiroz.
El ex gobernador del estado de México va sobre Calderón y la “mezcla de cinismo y evasión” que lo llevó a sumarse a los reclamos ciudadanos a él dirigidos. Pone ejemplos de su trilogía: a un año de la ley contra la trata de personas “no hay una sola consignación por ese abominable crimen”.
Y reta: “Ya nos enteramos que no van a renunciar. Eso significa que tienen voluntad aunque, por supuesto, es insuficiente. Se necesitan cuando menos capacidad y agallas, ¿tienen?”
Ovación y besamanos priísta, porque hay cosas que nunca cambian.
Los diputados panistas se debaten entre el apoyo al gobierno de su partido y su sensibilidad hacia el sentir ciudadano. María de los Angeles Jiménez se dirige al secretario de Seguridad Pública: “Ya lo había felicitado y lo vuelvo a felicitar por su trabajo”.
Sólo para, acto seguido, expresar que los mexicanos salimos de nuestra casa sin saber si vamos a regresar o si al volver la encontraremos igual.
La panista también pregunta sobre los “controles de confianza. ¿Por qué suceden casos como el de Lorena González?”, dice, sobre la policía que trabajaba para el funcionario que recién ha felicitado.
Hay un “rezago histórico”, hay un plan, un proyecto de ley, hemos avanzado en un nuevo “perfil policial”, dice García Luna, lo que ha de repetir la tarde entera con su atropellado hablar.
Las patas de charro y el dedo flamígero
“¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”, lanza el priísta sonorense Carlos Armando Biebrich.
Para entonces, un sector de los perredistas ha sacado mantas y cartelones. “Salvemos a México”, dice uno. “Ahí vienen los piratas IVAN por el tesoro”, reza la manta, en referencia al apodo de Juan Camilo Mouriño.
Comienza la gritadera. “¡Renuncia!” “¡Corrupto!”
Mouriño no puede seguir. Una y otra vez César Duarte llama al orden. Los gritos no duran mucho.
Los opositores siguen su retahíla sobre la incapacidad del gobierno. Unos con más efectividad que otros.
“Han pasado suficientes montas para saber quién tiene patas de charro”, cita Layda Sansores un dicho michoacano. “Y en dos años, espots, discursos, dinero y más dinero, soldados y más soldados, pero no llega al fondo, no combate la impunidad ni la corrupción”, sigue, tras acusar a Mouriño de personificar la corrupción, la impunidad y el cuatismo.
Poco a poco, entre más se repiten las respuestas, el salón de plenos se queda vacío. Pasadas las cuatro de la tarde casi no hay priístas ni perredistas, y de los panistas acaso permanece un tercio de la bancada.
Los funcionarios insisten en que los atentados de Morelia no quedarán impunes, en las bondades del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y sus metas verificables, en pedir a los legisladores que se comprometan con más dinero.
Se acerca el cierre. Regresa una parte de los diputados.
El priísta Francisco Bedoya no cree en plazos: “Señor procurador, usted tiene ocho años (en diversos cargos) y no vemos el final del túnel”.
Regresan los panistas. Arropan a los funcionarios federales en la despedida.
Les favorece que el último orador es el panista Cristian Castaño, quien alude al tripartidismo michoacano para decir que nadie puede señalar con su “dedo flamígero” un responsable, y asegura que el PAN no va a lucrar con las crisis de seguridad: “Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos”.
La ovación panista, de un tercio del salón, no es para los secretarios y el procurador, estrellas opacas del día, sino para el diputado que le pega al PRD.

Mouriño, eficaz sólo para hacer negocios: oposición


El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representa la corrupción y la impunidad, y es más eficaz en los negocios privados que en resolver los graves problemas que afectan la vida interna del país, reclamaron diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Empero, el funcionario eludió críticas y preguntas.
Durante la comparecencia de Mouriño ante el pleno, el diputado priísta Carlos Armando Biebrich le preguntó desde su curul sobre la responsabilidad de Gobernación ante la aplicación de la reforma electoral, aprobada en 2007, porque, sostuvo, existen reiteradas y sistemáticas violaciones de los concesionarios de radio y televisión.
El ex gobernador de Sonora quiso saber cómo se conducirá Mouriño en este rubro, y si está consciente de cómo lo ve y lo juzga el país en su desempeño. Enseguida, remachó: “¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”
Biebrich, al igual que otros legisladores, hizo alusión a los contratos que firmó Mouriño Terrazo con Petróleos Mexicanos, en calidad de apoderado de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar SA, en momentos que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico.
El 6 de marzo pasado, el titular de Gobernación aceptó haber suscrito los contratos por más de 100 millones de pesos para el traslado de hidrocarburos, y por ello fue señalado por el PRD de posible tráfico de influencias.
También desde su curul, la diputada perredista Valentina Batres le dijo que las omisiones en el segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón son graves, especialmente porque no se hace referencia “a la gran corrupción” de personajes públicos, como los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, y tampoco de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps. Menos, señaló, de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.
Batres insistió en que se dejan de lado los casos del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien habría evitado el pago de impuestos en la venta de Banamex a Citibank, así como el escándalo de Hildebrando Zavala, en su posible participación en las elecciones presidenciales de 2006.
Aseguró: “Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior”.
También la diputada del Partido del Trabajo María Mercedes Maciel Ortiz hizo referencia a la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Calderón, especialmente porque los funcionarios están más interesados en incrementar sus fortunas particulares.
“En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo”, sostuvo la petista.
En respuesta, Mouriño le dijo que escuchó con atención su postura de que el narcotráfico está fuera de control, pero no respondió nada acerca de los señalamientos sobre su participación en la firma de los contratos. Tampoco, en su oportunidad, acusó recibo de las críticas y preguntas de Valentina Batres ni de Carlos Armando Biebrich.
A este último sólo le comentó que la Secretaría de Gobernación hará uso de sus facultades para otorgarle asesoría al Instituto Federal Electoral en la administración y control de los tiempos oficiales para campañas políticas. Su respuesta, sin embargo, se vio interrumpida cinco veces por la exigencia, iniciada por el diputado perredista Emilio Ulloa, para que renunciara.

CARTONES DE LA JORNADA