martes, 7 de abril de 2009

Andrés Manuel Lopez Obrador en Guadalajara‏

Estimados Compañeros
Los invitamos a que asistan el próximo domingo 19 de abril a la asamblea informativa sobre la defensa de la economía popular que celebraremos en Plaza universidad (Juárez y Colón), en el Centro Histórico de Guadalajara. En esta asamblea participará el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Estamos invitando a todos los ciudadanos del estado que estén interesados en defender la economía popular, y a todos aquellos que, como tú, se han registrado como representantes del gobierno legítimo en la entidad.
La cita es a las 10:00 de la mañana. Pasa la voz, invita a tus familiares, amigos, conocidos, vecinos o compañeros de trabajo, además de hacerlo con tus contactos de correo electrónico.
AtentamenteComité Estatal en Defensa del Pueblo,del Petróleo y la Soberanía Nacional.
Enrique Ibarra Pedroza Humberto Ortiz García

¡¡¡El ejército entró a la UACJ!!!‏

Hoy Jueves dos de abril, aproximadamente a las 9 de la noche, el ejército entró al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en Ciudad Juárez. Según testigos el ejército dio dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II, donde el día de ayer se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo? Se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria. El ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH. El rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra, debe pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la Comunidad Universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado. ¡Fuera ejercito de Ciudad Juárez!¡Por una universidad para todos!¡A defender la autonomía universitaria!

LA SEP, A LA DERECHA MÁS INEPTA. ¿A DÓNDE VAMOS CON TANTOS DESATINOS?‏


EL POLÍTICO LUJAMBIO (NUEVO DE LA SEP) CERO EN EDUCACIÓN.

Pedro Echeverría V.
1. Alonso Lujambio, nombrado hoy secretario de Educación Pública, no tiene la menor idea de lo que ha sido la educación en México, de la estructura de intereses que conforma la Secretaría de Educación Pública (SEP) y mucho menos de la forma de actuar del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) así como la de su cacique magisterial Esther Gordillo.

Más aún, desde la primaria hasta los estudios superiores, Lujambio nunca piso una escuela pública, porque desde los seis años (como hijo de papi) sólo estuvo en escuelas privadas.

Obvio, todos los altos dirigentes del PAN (comenzando con el presidente ilegítimo Calderón) estudiaron en colegios privados.

2. Esto último es fundamental porque el principal problema de la educación en México es que desde 1982 se comenzó a instrumentar un profundo proceso privatizador disminuyendo o paralizando las inversiones en la escuela pública (cuatro por ciento del PIB) y apoyando a los capitalistas dueños de escuelas privadas. Si desde 1917 la educación pública se encargó de atender al 95 por ciento de la educación dejándole a la privada sólo el 5 por ciento hoy la relación es de 60 pública y 40 privada. Si el doctor Mora dijo en 1833 que el Estado no puede dejar que la iglesia y los privados se adueñen de la conciencia del pueblo usando como medio la escuela, esto sólo fue frenado hasta 1982.
3. Pero la privatización de la educación no solo hay que verla en el estancamiento del presupuesto en la escuela pública y en la multiplicación de escuelas particulares, sino que también en la misma escuela pública se han introducido medidas privatizadoras en planes y programas de estudio, en cuotas en inscripciones, exámenes, cursos a alumnos, pagos que no existían antes. Si bien no puede aplaudirse la educación anterior a la década de los ochenta, por lo menos el “embudo” estaba totalmente abierto en la primaria para que luego “por la ley del más fuerte” se fuera rechazando a la inmensa mayoría. Con la educación privada (fuera la demagogia de las becas para un uno por mil) todas tienen que pagar una mensualidad que el 50 por ciento de la población no tiene.
4. El súper ignorante y derechista doctor Lujambio antes de pisar la SEP tendrá que reunirse con la cacique sindical Gordillo. (Ésta que en el momento tiene que arreglar la “burrada” política de su funcionario de la Lotería Nacional que, para congraciarse con Calderón, quiso comprar al Diario de Yucatán ofreciéndole muchos millones para apuntalar al candidato panista en Campeche). No hay que olvidar que la Gordillo, al cumplir este abril 20 años de caciquismo en el SNTE, tiene un decálogo mínimo para cualquier secretario de Educación. Lujambio lo único que tiene que hacer es poner en práctica el decálogo de Gordillo para no tener problemas. Así que Lujambio en vez de componer la educación lo único que hará es obedecer a la Gordillo.
5. ¿Y el presidente ilegítimo Calderón? El presidente es tan papanatas en educación como el recién nombrado Lujambio. Calderón desde que tomó posesión entregó a la Gordillo la educación con la sola recomendación de frenar las luchas y protestas magisteriales de la CNTE. “Si se conserva la paz y se evita la agitación, no importa que la educación siga en los últimos lugares”. La cacique sindical no ha logrado frenar la protesta social ni imponer la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE), pero sí ha logrado dividir, mediatizar y debilitar la protesta (Morelos, Novena, Puebla) ¿Qué puede hacer el político derechista Lujambio en un sector que no conoce y que siempre ha representado en el país un sector de protestas y lucha?
6. La batalla por la educación tiene que ser global e integral. Además de la lucha sindical por la democracia e independencia, tiene que lucharse también contra el avance privatizador, por la recuperación de la educación pública, gratuita, laica y popular. Además de luchar por el mejoramiento económico de los maestros, debe profundizarse la batalla contra el autoritarismo de los funcionarios y de los mismos profesores frente a los alumnos. Además de luchar contra los líderes “charros” hay que evitar un simple cambio de personas en la dirección sindical que sigan aplicando los mismos métodos de dominación. Y la batalla por el autogobierno y la autogestión debe ser permanente, sobre todo al interior de las organizaciones que se autodenominan “democráticas”
7. Lujambio tendrá que rodearse de “especialistas en educación” que no han reparado servir al PAN y a los proyectos derechistas. Algunos “connotados investigadores” en educación funcionan como meros tecnócratas dispuestos a poner sus técnicas al servicio de un buen salario. No les importa el proyecto o la ideología, lo importante es cobrar “sirviendo a México”. Así rodearon a Zedillo en la SEP y luego como presidente de la República, o bien al tonto de Fox y su ignorante secretario de Educación pensando en que impondrían su proyecto. Los llamo técnicos porque sólo saben de números y estadísticas que se informan en computadoras. No comprender que por encima de la educación está la política y la clase social que la domina.
8. La esperanza de transformación sigue ubicándose en las luchas de la CNTE. En esta organización con 30 años de lucha se puede dar la batalla para componer el rumbo educativo de la nación. La CNTE sí tiene proyecto educativo no difundido de manera amplia, ni tampoco discutido y analizado fuera de los mismos marcos de la organización. Aunque no ha podido erradicar de su seno el autoritarismo y el sectarismo, la CNTE es la única organización que durante 30 años ha abierto sus puertas a los profesores que luchan por una buena educación. Las luchas de los profesores de la 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, de los de Guerrero, Morelos, DF, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Estado de México son ejemplo.
9. Ni Lujambio ni ningún panista tienen idea de lo que significa educación pública porque todos ellos son hijos de “papi” y de la educación privada. Los priístas, que sí la entendían, pudieron evitar su desplome pero la inmensa corrupción se los funcionarios de su partido lo impidió. En la izquierda hay algunos estudiosos de la problemática pero han permanecido al margen de los gobiernos porque no son ilusos. La educación sólo podrá cambiar junto con el cambio de estructuras del país. Entre tanto la lucha debe ser radical contra el proyecto educativo de la burguesía mientras paralelamente luchamos contra todo el sistema. Quien piense en la Mota, Gordillo o Lujambio seguirá siendo un oportunista e insulso irremediable.



DENUNCIA: favor de anexar tu nombre y reenviarlo a tus contactos‏

UNIVERSIDAD DE TRABAJADORES DE GUERRERO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Teofilo Olea y Leyva número 21 cel. 7471055587
Correo: acapulco_in@hotmail.com
¡!!!!CONDENAMOS ASESINATO!!!!
C. Felipe Calderón Hinojosa
C. Leonel Godoy Rangel
C. Daniel Cabeza de Vaca Hernández
C. Miguel García Hurtado
C. Fernando Gómez Mont
P R E S E N T E
La Universidad de Trabajadores de Guerrero Vicente Lombardo Toledano, denuncia y rechaza enérgicamente el asesinato del luchador social y político, Víctor Ortega Ríos, representante de la Federación Sindical Mundial en México, además secretario de organización de la Alianza Nacional de Trabajadores y miembro de la dirección nacional del Partido Popular Socialista, hechos ocurridos en la ciudad capital del estado de Michoacán, Morelia, la noche del pasado 30 de marzo del año en curso.
El movimiento sindical de México condena este tipo de asesinato porque además de enlutar a una familia, atenta contra el proceso democrático del país, por lo que demandamos del gobierno federal y estatal las garantías necesarias para ejercer la defensa de los derechos sindicales, especialmente la protección de la vida e integridad de todos/as sindicalistas.
Exigimos a la Procuraduría General de la República que aclare inmediatamente y haga las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables de este asesinato y que los castigue de acuerdo a la ley. El movimiento sindical continuará manteniendo en alto las banderas de la lucha por la defensa de los derechos sindicales, por la defensa del derecho a la vida y el respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos plasmados en la constititución general de la república y en los diversos ordenamientos internacionales.
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, abril 3 2009
A T E N T A M E N T E
Mario García Rodríguez
Sergio Morales Carmona
Noel Manrique Carbajal
Roberto Pío Décimo Mote Arrollo
Gregorio Olarte Pérez
Pedro Cervantes Làzaro
Rosa Sierra Leal
Horacio Morales Hernández
Angel Morales Ruiz
Miguel López Sotelo
Laura Abundio Lomitas
Eutimio Pineda Pineda
Ricardo Alquisiras Solórzano
Veda Godinez Cuevas
Jesús Salgado Hernández
Serafina Hernández Rosales
María del Carmen Carteño
Jesús Mateo
Adolfo Vargas Hernández
José Trinidad Villanueva
Pedro Salazar Trinidad
Carlos Reyes Romero
Oswaldo Palacios Rivera
Bertha Palacios Rivera
Armando Gutiérrez Callejas
Daniel Schmid Hernández
Otto Schmid Gutiérrez
Sonia Gutiérrez León
Carlos Efraín Castro Bobadilla

CARTONES DE LA JORNADA











Ubicación Casa en Coyoacán y Alvaro Obregón‏

Estas son las direcciones actuales de dos Casas del Movimiento, favor de tomar nota, pasar la voz y de corregir en los blogs, es información importante. Gracias y saludos.
LA DIRECCION ACTUAL DE LA CASA DEL MOVIMIENTO EN COYOACAN ES LA SIGUIENTE:
NAYARITAS MZ 84-BIS LT 13, ESQ. CON IXTLIXOCHITL. COL. AJUSCOLA DIRECCION ACTUAL DE LA CASA DEL MOVIMIENTO EN ALVARO OBREGON ES LA SIGUIENTE:FRONTERA No. 74-B TIZAPAN SAN ANGEL(Junto al mercado)

Carmen Aristegui Noticias MVS 7 de abril de 2009






Bájalo AQUI



Audio Cortesia de
AMLOTV
Soberania Popular

Primer Plano 6/abril/2009

Si no se han dado cuenta el canal 11 cambio su imagen y la programación esto se debe a que el PELELE se esta apropiando del canal en el PROCESO de esta semana vienen los detalles de este nuevo atentado del PELELE al patrimonio de todos los mexicanos.

El programa PRIMER PLANO lo recorrieron a las 11 pm sin avisar me imagino para que menos gente lo vea y más porque estamos en tiempos electorales y es uno de los pocos programas de la televisión abierta que se atreven a decir la verdad.

La Lotería Nacional ofrece soborno electoral a favor del PAN. Grupo Megamedia ha informado a la Presidencia de la República que sus periódicos “Diario de Yucatán” y “La i” recibieron y rechazaron una oferta de propaganda política del Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador Mario Ávila Lizarraga, que sería pagada con fondos públicos federales procedentes de la Lotería Nacional.





La renuncia de Josefina Vázquez Mota a la Secretaría de Educación Pública ha sido percibida por algunos actores del sistema educativo nacional y por la opinión pública, como la prueba de que Felipe Calderón es un "rehén" de la profesora Elba Esther Gordillo





El PAN vuelve a las andadas dividiendo y polarizando a la población con campañas sucias ahora contra el PRI sacando el desplegado "sopa de letras" el cual por cierto fue ya sancionado por el IFE, valiendole muy poca la nueva ley electoral.





La reunion historica del G-20 donde principalmente los paises de EUA e Inglaterra quieren poner al "estado" como rector de la economia, cosa contraria con lo que esta pasando en México.



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¿Quién es jefe de quién?




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México, subordinado al Vaticano


Autor: Nydia Egremy

El poder y la influencia que adquiere la Iglesia Católica en México contrastan con la trivialidad que prevalece en la diplomacia mexicana ante el Vaticano.México, subordinado al Vaticano

Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que mientras los representantes de ese Estado en México cabildean para imponer sus intereses, los políticos mexicanos acuden a Roma a eventos meramente religiosos o turísticos.

Nydia Egremy.

Cinco informes realizados por distintos embajadores de México ante el Vaticano, enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, revelan que la relación con ese Estado “necesita aún de definición y de decisión política” para establecer la adecuada y precisa función de esa legación.

Los documentos dan cuenta del trabajo que desplegó esa misión para atender la visita, el 8 de abril de 2005, de Vicente Fox al Vaticano durante las exequias de Karol Wojtyla. Veintidós días después, la señora Marta Sahagún de Fox, acompañada de su comitiva, acudió a la ceremonia del inicio del pontificado de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). Asimismo, esa embajada coordinó la visita del presidente Felipe Calderón al Vaticano, el 4 de junio de 2007; seis meses después, su esposa Margarita Zavala acudió al mismo sitio para participar en la presentación de la muestra Navidad Mexicana.

Entretanto, la Santa Sede, a través del Episcopado, la Nunciatura y la Arquidiócesis, despliega una política activa en México: mantiene a raya a otros credos y cabildea contra el aborto, el uso del condón, la eutanasia o la unión entre homosexuales. Además, censura a funcionarios –por ejemplo, el aumento frustrado de los salarios de los consejeros del Instituto Federal Electoral– y a partidos políticos, por no sumarse a las iniciativas del Ejecutivo contra el narcotráfico.

Estos siete años, tanto el embajador en turno como el personal de la legación se avocaron a organizar la estancia en el Vaticano de numerosos funcionarios de alto nivel, legisladores y artistas que se reunieron con autoridades vaticanas en actos que, en ocasiones, trascienden los asuntos públicos y pasan a ser de índole estrictamente religiosa.

Así ocurrió el 15 de octubre de 2006 cuando el entonces canciller Luis Ernesto Derbez y el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Migratorios, Lauro López Sánchez, asistieron a la ceremonia de canonización del obispo mexicano Rafael Guízar y Valencia.

Por otra parte, los informes que liberó la cancillería –que exhiben notorias ediciones o, en varios casos, son meros formatos– manifiestan el persistente interés de los embajadores en lo que llaman “fomentar la cooperación educativa y cultural” con el Vaticano.

Sin embargo, pocos resultados se aprecian de esos encuentros, como la visita que realizó la entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, el 17 de enero de 2004, “a fin de explorar posibilidades de cooperación”, y siempre con cargo al erario.

Por otra parte, se sabe por esos documentos que, el 9 de octubre de 2005, el Vaticano donó 20 mil dólares a favor de las víctimas de los huracanes Stan y Wilma al obispo de Villahermosa, Tabasco, a través del presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Precisamente, por causa de ese desastre, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Desarrollo Social, canceló su segundo viaje al Vaticano. Ya el 6 de agosto de 2004 había asistido con sus “colaboradores” a un desayuno informal con el cardenal Javier Lozano Barragán en Ciudad del Vaticano, según indica uno de los informes obtenidos por Contralínea.

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Informes a medias.

A pesar de que existe una misión diplomática mexicana en Italia, situada en Via Lazzaro Spallanzani 16, en Roma, es la embajada del tercer piso en la Via Ezio número 49 la que atiende los asuntos de los mexicanos en el Vaticano.

De ahí se habrían despachado los cinco informes entregados a esta revista por medio de la Ley de Transparencia.

El primero corresponde a la gestión de Fernando Estrada Sámano, embajador mexicano de mayo de 2001 a diciembre de 2003; el segundo describe las tareas desarrolladas por esa legación en 2004 y carece de firma, igual ocurre con el informe de 2005. Los documentos relativos a la misión de Luis Felipe Bravo Mena, en los años 2006 y 2007, duplican sus primeros párrafos, con lo que se asume que se trata de un forma to, no de un desglose de tareas.

Se accedió a ellos por la solicitud de información pública 500007209. En su oficio de respuesta UDE-400/09, la responsable de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta que la comunicación DGE- 0342 de la Dirección General para Europa hizo saber que: “En los archivos de esta Dirección General no se tienen antecedentes de que nuestra misión en la Santa Sede haya presentado reportes anuales en los años que anteceden”. Por ese motivo, la cancillería adjuntó el informe del embajador Estrada Sámano que cubre el periodo de mayo de 2001 a 2003. Es decir, desde el establecimiento de relaciones en 1992 hasta el año 2001 no hay rendición de cuentas de los representantes de México ante el Vaticano.

El primer informe corresponde a la gestión (mayo de 2001 a diciembre de 2003) de Fernando Estrada Sámano, especialista en letras clásicas, filosofía y ciencias políticas y miembro del Servicio Exterior desde 1977. En su relatoría, Estrada advierte que la embajada de México “no puede reducirse a una suerte de oficina al servicio de dirigentes de una iglesia nacional”, sino que su función ha de ser la de “establecer y ahondar relaciones favorables a México”.

El documento agrega que debe precisarse el sentido de la función de esa representación: si es para prestar un servicio eficaz al país y a la vez complementaria de la política internacional de México o si se trataría de un mecanismo adicional en las relaciones “preponderantemente internas de nuestro gobierno con la Iglesia Católica mexicana”.

A ese respecto, el doctor e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edmundo Hernández Vela, subraya que “en México algunos presidentes y algunos políticos hacen gala de su vinculación con el Vaticano y eso ha ido en detrimento de una relación más específica” de lo que compete políticamente a ambas entidades. Lamenta que los últimos gobiernos mexicanos no reclamen la injerencia del clero por temor a reacciones desfavorables y negativas.

Advierte que, “aunque se aburran”, el clero debe mantenerse en el ámbito de su competencia.

En su informe, Estrada Sámano describe como un “éxito político y diplomático” la visita oficial, del 18 de octubre de 2001, de Karol Wojtyla a México y su encuentro con Vicente Fox Quesada. Esa cita se reeditó el 30 de julio de 2002. En su opinión, ofreció la oportunidad para reafirmar la “especial relación de buena parte del pueblo mexicano con el papa. Además, permitió confirmar el compromiso del gobierno de México con temas y valores compartidos por la Santa Sede”.

A esa misión le correspondió “promover y gestionar encuentros” entre representantes de la diplomacia mexicana y vaticana, así como facilitar el viaje a México, el 22 de septiembre de 2002, de Jean-Louis Taurán, secretario para las Relaciones con los Estados, para evaluar “los logros y confirmar el buen estado” de 10 años de relaciones bilaterales.

También, en 2002, el canciller Luis Ernesto Derbez visitó el Vaticano. Se reunió con el cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, y su homólogo Jean- Louis Taurán; el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Pietro Parolín, y el director responsable de la Organización Mundial de Comercio en la Secretaría de Estado, monseñor Osvaldo Neves de Almeida. De igual manera, el entonces comisionado mexicano para la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió con el secretario Leonardo Sandri y Pietro Parolín.

Estrada Sámano concluye como resultado tangible de su gestión en la embajada de México ante el Vaticano “el apoyo que se ha recibido de la Santa Sede en la defensa de los derechos y la dignidad de los mexicanos” que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, así como “la abierta” disposición de funcionarios vaticanos para interponer los buenos oficios de la Iglesia Católica ante la empresa Pfizer en Estados Unidos, para facilitar el acceso de países pobres a medicamentos indispensables, entre otros.

En materia de protección y asuntos consulares, el embajador Fernando Estrada indica en su informe que la representación a su cargo realizó diversos trámites consulares y de documentación de ciudadanos mexicanos “que solicitaron” dichos servicios, en su mayoría religiosos y laicos que radican en Roma y en Ciudad del Vaticano.

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Poca diplomacia en 2004 y 2005.

Del 24 de febrero de 2004 a agosto de 2005, el embajador mexicano ante el Vaticano fue Javier Moctezuma Barragán.

En 2001, cuando fue subsecretario de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, se pronunció, con el cardenal Norberto Rivera Carrera, contra el cierre de esa representación ante los recortes presupuestales. Entonces, los gastos de la legación ascendían a “9 millones de pesos anuales, y la mayor parte se destina a sueldos”, por lo que no resultaba onerosa.

Los informes de su cargo como embajador reiteran (ambos, el de 2004 y el de 2005, en la página dos) que su objetivo fue transitar hacia una auténtica relación entre ambos Estados sobre la base del diálogo, la consulta, la colaboración y el respeto mutuos. Además, edificar una relación de “contenidos específicos” y benéfica para los intereses de la política exterior mexicana. Agrega que su eje de acción fue fomentar contactos diplomáticos y de visitas entre funcionarios del gobierno mexicano y los miembros de la Curia Romana, como expresión de la voluntad de México.

Moctezuma Barragán (miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977) presentó sus credenciales a Karol Wojtyla el 24 de febrero de 2004. Afirma que ahí se “registraron coincidencias en torno a temas como la libertad religiosa en México, la búsqueda de soluciones a la pobreza, los derechos de las comunidades indígenas y la migración”.

El 2004 fue un año de múltiples viajes de funcionarios mexicanos al Vaticano: Lourdes Aranda, subsecretaria de Relaciones Exteriores, se reunió con su homólogo monseñor Pietro Parolín y con el cardenal Stephen Fumio Hamao, presidente del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes (18 de febrero). Un día antes, Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dialogó con el cardenal Paul Poupard, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, y el doctor Francesco Buranelli, director general de los Museos Vaticanos.

Del 10 al 11 de mayo, Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (acompañado por Álvaro Castro Estrada, director de Asuntos Religiosos) también se reunió con Pietro Parolín y el cardenal Stephen Fumio. Además, se entrevistó con el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios; con el cardenal Giovanni Batista Re, quien era prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente del Pontificio Consejo para América Latina, y el secretario sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, monseñor Leonardo Sandri.

El 6 de agosto, Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, sostuvo un desayuno informal, al que también asistieron sus “colaboradores, con el cardenal Javier Lozano Barragán”.

El 27 de octubre, diputados federales mexicanos asistieron a la II Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Cooperación México-Italia. Tras esos encuentros no hubo comunicado oficial de la embajada, salvo la observación de Moctezuma en el sentido de que con ellos se “posibilitó el diálogo sustantivo” y desembocó en el tratamiento de otros temas de contenido e índole diversos.

Esa nutrida presencia de funcionarios mexicanos al Vaticano, todos con cargo al erario, contrasta con las visitas a México de miembros de la Curia Romana: a fines de abril viajaron Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y el cardenal Trujillo, del Pontificio Consejo para la Familia, quienes participaron en el III Congreso Mundial de la Familia que abordó el tema “Familia, cultura y globalización”. El prelado Martino se reunió con los secretarios de Desarrollo Social y el de Trabajo y Previsión Social, “entre otros encuentros” que sostuvo en este país.

Del 10 al 18 de octubre, el cardenal Jozef Tomko, prefecto emérito del Pontificio Consejo para la Evangelización de los Pueblos, asistió en Guadalajara al XLVIII Congreso Eucarístico Internacional en el que delegados de cinco continentes informaron sobre la situación que prevalece en sus respectivas áreas geográficas. “Al finalizar el congreso, el cardenal Tomko viajó a la ciudad de México donde el presidente Fox Quesada ofreció una cena en su honor”, reseña Moctezuma.

“En distintos momentos y con motivos diversos”, en el periodo que comprende este informe, Darío Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero; Zenon Grocholewski, que preside la Congregación para la Educación Católica; Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos”, así como los ya citados Stephen Fumio Hamao y Giovanni Batista Re visitaron México, cita el documento.

José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Hu manos, también estuvo en la Santa Sede y asistió a una reunión de trabajo con Vincenzo Bonuomo, profesor de la Pontificia Universidad Lateranense.

Luis Felipe Bravo Mena, embajador en 2006, explica que el pontificado de Ratzinger se caracteriza por un profundo proceso de cambio en sus estructuras y en el liderazgo de los máximos órganos de gobierno (dicasterios).

Su informe, igual que los de sus antecesores, repite que el objetivo de su misión es “consolidar una auténtica relación de Estado sobre la base del diálogo”.

Como actividad relevante de la relación bilateral, apunta que el encuentro privado del papa con Calderón Hinojosa, por casi 30 minutos, “fue particularmente fructífera”.

Durante su gestión, le correspondió atender a casi 500 mexicanos que residen dentro de la circunscripción del Estado Vaticano y los que pertenecen a las distintas congregaciones religiosas.

La misión de Bravo Mena concluyó en noviembre de 2008 cuando pasó a ser secretario particular de Calderón Hinojosa, y la representación mexicana quedó a cargo del encargado de Negocios, Miguel Ángel Vilchis Salgado.

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Vínculo sui generis.

La conducción de la política exterior de México con el Vaticano enfrenta desafíos por la naturaleza sui generis de la Santa Sede, pues se trata del vínculo diplomático entre dos Estados: uno laico y otro católico. Entre ambos, oscilan los fieles del credo católico que, de acuerdo con el Anuario Pontificio 2009 –una especie de libro rojo estadístico–, son casi 1 mil 147 millones en el mundo, atendidos por 2 mil 936 circunscripciones y 4 mil 946 obispos, 159 de ellos en México.

Ese gran capital humano aporta, por otra parte, recursos económicos al Vaticano.

Y los fieles mexicanos no son la excepción.

De acuerdo con el informe financiero que en 2006 presentó Franco Croci, a la sazón secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos, México es el noveno país que mayores recursos financieros canaliza al Vaticano.

La Iglesia Católica se nutre de dos fuentes de ingresos importantes: las de los fieles en la colecta llamada Óbolo de San Pedro y las que provienen del Canon 1271 del Código de Derecho Canónico.

En ambas, México figura como la novena nación en aportes económicos después de Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, España, Irlanda, Canadá y Corea. Aunque no hay cifras públicas, el Óbolo de San Pedro, que se destina a las labores de beneficencia papales, ascendió a 59.4 millones de dólares en 2005, un 14.9 por ciento superior comparado con 2004. Respecto del Canon 1271, los obispos de cada diócesis recaudaron 26.8 millones de dólares en 2005.

Con ese constante aporte económico, el Vaticano se permite mantener relaciones con 187 Estados, salvo China, Vietnam y Arabia Saudita. En México, ese vínculo se articula a partir de la Nunciatura Apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis Primada. Por su parte, el gobierno mexicano mantiene 75 embajadas en el mundo, además de numerosos consulados y delegaciones internacionales.

Con el Vaticano concretó relaciones por decisión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (hace 15 años y seis meses).

El 21 de septiembre de 1992, tras reformar el artículo 130 de la Constitución y de entrar en vigor la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ambos reconocían la personalidad jurídica de las iglesias y asociaciones religiosas. Entre 1994 y 1995, correspondió a Enrique Olivares Santana representar al gobierno de Salinas de Gortari. Lo relevó Rafael Mijares Ferreiro, quien fue sucedido por Guillermo Jiménez Morales hasta 1998.

Horacio Sánchez Unzueta, quien desde 1998 fungió como representante mexicano, siguió hasta el año 2000 como funcionario del gobierno que emanó del Partido Acción Nacional. Para el doctor en relaciones internacionales y experto en derecho internacional, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, resulta “sorprendente” la designación de Olivares Santana ante el Estado Vaticano, toda vez que, asegura, él era un masón de grado 33.

Desde que se establecieron las relaciones con el Vaticano, sus representantes en México, asentados en la Nunciatura, han sido: monseñor Girolamo Prigrione (1992-1997), monseñor Justo Mullor García (1997-2000), monseñor Leonardo Sandri (2000) y, actualmente, monseñor Christopher Pierre.

En sus informes a la cancillería, desde 2001 hasta noviembre de 2007, los embajadores –no todos diplomáticos de carrera– coinciden en señalar que esas relaciones son “eminentemente políticas”.

También mencionan el desafío que plantea la naturaleza de la Santa Sede, donde el papa es líder de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, una entidad soberana, aunque al servicio de la Iglesia. En tanto que México, como un Estado no confesional, no se identifica con confesión religiosa alguna.

Al respecto, Velázquez Elizarrarás comenta que el ciudadano mexicano común ni siquiera sabe con claridad si alguna vez existieron relaciones con el Vaticano o cuándo se normalizaron. En su opinión, en el imaginario colectivo se percibe un peso importante de la religión en el contexto nacional, pero “creo que al mexicano común no le representa algo sustancial esa relación; más que beneficiarle directamente, éste es un asunto a nivel de gobiernos, de concepción de Estado”.

El académico subraya que el Vaticano es un importante sujeto de derecho internacional. Dice que, como institución milenaria, la Iglesia Católica ejerce enorme influencia, y que ésta es la única iglesia que hoy posee un Estado propio, establecido en 1929 con los Tratados de Letrán. Por esa razón, considera, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), como en el pasado lo fue Karol Wojtyla (Juan Pablo II), “es un jefe del Estado y jefe espiritual de más de 850 millones de personas, lo que sin lugar a dudas le da una estatura internacional muy importante”.

Por su parte, los cinco informes insisten en la necesidad de fortalecer los vínculos con un “actor estratégico como la Santa Sede”, para que la estructura de la Organización de Naciones Unidas sea representativa e incluyente. Asimismo, para eliminar la pena de muerte, el gobierno de México se adhirió a la campaña “Ciudades contra la pena de muerte” y, con las autoridades de la ciudad de México, participó en la III Jornada Mundial que promueve la Comunidad de San Egidio.

En virtud de que la cancillería no proporcionó los salarios de los embajadores ante el Vaticano ni del personal adscrito, se buscó una referencia de lo que invierten los mexicanos en sostener esa legación. El Portal de Obligaciones de Transparencia de la administración Pública Gubernamental descubre que el salario mensual del embajador en Italia equivale a 9 mil 810.89 euros (alrededor de 190 mil pesos mexicanos).

Esa cifra multiplicada por lo que percibe todo el personal a lo largo de uno o dos años da un “monto alto” para sufragar los recursos humanos y económicos de una misión cuya labor se centra en recibir y organizar visitas y reuniones de altos funcionarios mexicanos con sus homólogos vaticanos, cuyos resultados no se traducen en beneficios para la población, señala Hernández Vela.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2001, Javier Moctezuma Barragán y el cardenal Norberto Rivera Carrera coincidieron en señalar que, ante los recortes presupuestales que en aquel momento ponían en riesgo de cierre a varias embajadas mexicanas en el exterior, la correspondiente al Vaticano no sufriría ningún cambio. En su opinión, la representación ante el Vaticano “no es onerosa”, pues sus gastos ascendían entonces a “9 millones de pesos anuales y la mayor parte se destina a sueldos”.

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Injerencia o sumisión.

La influencia del clero católico en la vida política y social del país se manifiesta en su intenso cabildeo. Así se observó el 7 de febrero de 2008 cuando la Barra Nacional de Abogados Cristianos pidió a los diputados crear la Comisión de Asuntos Religiosos para que los legisladores den seguimiento a todos los temas del culto público. En esa ocasión, el diputado panista Emilio Ramón Flores ofreció que continuaría reuniéndose con los religiosos de todos los credos para discutir su propuesta.

Un año después, el 26 de febrero de 2009, conforme al compromiso tácito del Vaticano con el gobierno mexicano de apoyarlo en la defensa de los migrantes, Agostino Marchetto, secretario del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes del Vaticano, expresó en el congreso Caridad y Política su “pena y preocupación” por la pretensión del gobierno estadunidense de construir un muro en su frontera con México.

Contrasta con esa posición humanitaria la crítica del Sistema Informativo de la Diócesis de México (Siame), a través de su sitio electrónico, contra el incremento de salarios de los consejeros electorales el 25 de febrero pasado.

Semanas después, el 11 de marzo, el Siame también fustigó la política antidrogas estadunidense bajo el título: EU: candil de la calle, seguido del subtítulo: “México no debe aceptar limosnas para combatir al narcotráfico”.

Para Edmundo Hernández Vela, esas expresiones son “una lamentable intromisión del Vaticano y de la Iglesia Católica en los asuntos políticos de México”. Opina que no es “correcto” el hecho de que los sacerdotes hablen de política “aprovechando su influencia sobre sus feligreses y en ocasiones prácticamente lleguen a azuzarlos y a tomar determinadas posiciones políticas”.

El doctor en ciencia política por la Universidad de Ginebra concluye su análisis y expresa: “Ahora tenemos gobiernos que combinan la política y la religión al grado de hacerlo inseparable; ése es un mensaje no favorable para el pueblo, porque el gobierno debe dedicarse a gobernar y no a manifestar sus preferencias de ningún tipo, particularmente las religiosas”.

Para conocer la opinión sobre la relación bilateral se solicitó una entrevista con el nuncio Christopher Pierre. En respuesta, el señor Felipe Casablanca, quien figura como el vocero de esa misión, indicó que no era posible y remitió la petición a un obispo local.

La influencia del clero católico en la vida política y social del país se manifiesta en su intenso cabildeo. Así se observó el 7 de febrero de 2008 cuando la Barra Nacional de Abogados Cristianos pidió a los diputados crear la Comisión de Asuntos Religiosos



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Los “escuadrones de la muerte” de EU


Autor: Webmaster

La televisora MSNBC informa que el periodista Seymour Hersh descubrió que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, operó “escuadrones secretos de asesinato” durante la administración de George W. Bush.

Eric Black / Red Voltaire-Agencia IPI

La estación de televisión estadunidense MSNBC informó que el periodista de investigación Seymour Hersh ha descubierto evidencia de que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, operó, durante la administración gubernamental de George W. Bush, “escuadrones secretos de asesinato” desde la Casa Blanca y utilizó personal militar, sin conocimiento de la Oficina Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Keith Olbermann, presentador de MSNBC Countdown, discutió el informe con Jonathan Alter. Alter dijo que los detalles “horrorizarán al lector”.

En un evento de “Grandes Conversaciones” en la Universidad de Minnesota, realizado en la primera quincena de marzo, el legendario periodista de investigación Seymour Hersh atrajo más atención de lo que se proponía cuando habló sobre nuevos supuestos casos de espionaje interior de la CIA, y sobre una continua operación militar clandestina que llamó “red ejecutiva de asesinato”.

Hersh habló con mucha confianza sobre estos hallazgos en su actual investigación, sobre la cual todavía no ha escrito.

En un intercambio posterior de correos electrónicos, Hersh dijo que sus declaraciones fueron “una respuesta honesta a una pregunta” del moderador del evento, el politólogo de la Universidad de Minesota, Larry Jacobs, y “no a algo sobre lo que haya querido extenderme en público.” Hersh no retiró sus declaraciones, que dijo provienen de investigaciones que está haciendo para un libro, pero que puede tardar uno o dos años antes de que tenga lo que necesita sobre el tópico para que sea “efectivo, es decir, empírico, incluso para el más escéptico.” La velada de “gran conversación”, con Walter Mondale y Hersh, moderada por Jacobs e intitulada “La crisis constitucional de Estados Unidos,” parecía ser un repaso, sobre todo histórico, de eventos que han puesto a prueba la constitución estadunidense.

Hersh y Mondale hablaron sobre los modelos por los que los presidentes parecen intoxicarse con el Poder Ejecutivo, frustrados por las limitaciones de ese poder por el Congreso y el público; atraídos a acciones clandestinas incorrectas que exceden sus poderes constitucionales, en la creencia de que pueden obtener resultados y que nunca serán descubiertos.

A pesar de unas pocas referencias a los “padres fundadores”, la historia fue sobre todo reciente, comenzando con la guerra de Vietnam y gran parte provocada por el gobierno de George W. Bush, al que ambos denunciaron rotundamente.

Al final de una respuesta de Hersh sobre cómo tienden a suceder esas cosas, Jacobs preguntó: “¿Y siguen sucediendo hasta hoy?” —¡Claro! Después del 11 de septiembre no he escrito todavía sobre esto, pero la Agencia Central de Inteligencia estuvo profundamente involucrada en actividades internas contra gente de la que pensaba que eran enemigos del Estado, sin ninguna autoridad legal para hacerlo; ni siquiera los han llamado por ello. Son cosas que pasan.

“En el New York Times se lee algo sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC lo llaman. Es un ala especial de nuestra comunidad de operaciones especiales que existe independientemente.

No dependen de nadie, hasta que llegó Cheney. No dependían del jefe del Estado Mayor Conjunto o del señor Robert Gates, secretario de Defensa. Dependían directamente de Cheney.

“El congreso no lo supervisa. Es esencialmente una red ejecutiva de asesinatos, y ha estado funcionando sin parar.

Sólo en el Times hubo un artículo de que su dirigente, un almirante de tres estrellas llamado William H. McRaven, ordenó detener sus operaciones porque hubo muchas muertes colaterales.

“Bajo la autoridad del presidente Bush, han ido a países, sin hablar con el embajador o el jefe de estación de la CIA; encontraban personas en una lista y las ejecutaban, y partían de vuelta. Lo han estado haciendo en nombre de todos nosotros.

“Es complicado porque los tipos que lo hacen no son asesinos, y sin embargo lo que cometen son asesinatos. Es un tema muy complicado, porque son jóvenes que fueron a las fuerzas especiales. En muchos casos, eran los mejores y los más brillantes. Realmente no exagero. Son tipos formidables que se alistaron para hacer el tipo de tareas necesarias que, piensan, son para proteger a Estados Unidos.” Hersh, el periodista de investigación más conocido de su generación, escribe sobre esta clase de temas para The New Yorker. En junio pasado escribió sobre el JSOC: “Bajo la interpretación de la ley del gobierno de Bush, actividades militares clandestinas, a diferencia de operaciones encubiertas de la CIA, no tienen que ser descritas en un finding (conclusión), porque el presidente tiene un derecho constitucional de comandar a fuerzas de combate en el terreno sin interferencia del Congreso.”



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Psicoanálisis del Tigre Toño


El anuncio televisivo de Zucaritas Kellogg’s, denunciado por El poder del Consumidor en 2008, mostraba a un grupo de niños jugando una mezcla de jockey sobre hielo y baloncesto. Un niño apoyaba su mano en un acrílico y quedaba grabada la huella del tigre. Cuando el niño saltaba para encestar el balón su reflejo en el hielo correspondía al del Tigre Toño. La frase central era “Zucaritas te da la energía para ganar”. A pesar de que el 40% del producto es azúcar, se promueve su consumo habitual en el desayuno.

Perfil psicoanalítico

La figura de un tigre per se está plagada de cualidades y éstas permean de alguna forma en el psiquismo de los niños.

Está claro que un tigre es un animal feroz, sagaz, uno de los felinos más temibles. Representa en sí mismo al padre en su función de autoridad, poniendo límites y también en su bien valorada potencia sexual. Son de uso común las frases tradicionales de “estás hecho un tigre”, “me hizo el amor como un tigre”, “el salto del tigre”, aludiendo a un desempeño sexual extraordinario que raya en la bestialidad.

El Tigre Toño, utilizado en el comercial, es un dibujo animado, amigable y cercano a los niños, sin embargo, sus atributos actuales, potenciando los signos de diferenciación de caracteres secundarios típicos del adulto, como la complexión robusta, los bíceps y pectorales desarrollados, nos hablan claramente de una mayoría de edad y por ende conserva la imagen del padre.

Mediante un ejercicio aspiracional, los niños pueden proyectarse y desear ser como él. Con la intención de consolidar esta tendencia, en el comercial se da un traslape de personalidades en donde el protagonista se confunde con el Tigre Toño. Es un niño que se vuelve adulto y acomete acciones propias de un deportista de alto rendimiento.

Este traslape incentiva además una confusión de identidad, al disolver los límites de hasta dónde se es niño y hasta dónde se es un adulto o un tigre. La huella de la mano representa claramente un signo de identidad, por lo cual no lo deja siquiera a la imaginación o a una interpretación audaz; la fusión-confusión es directa.

A la par, respecto a la comunicación del producto encontramos lo siguiente:

En un primer nivel, se puede ver cómo el producto promete algo que no puede cumplir y por ende comprobar:

  • una alimentación completa en sí misma,
  • un complemento alimenticio valioso.

En una visión más profunda, la publicidad expresa:

  • un producto que desarrolla los músculos.
  • un producto que vuelve adultos a los niños y les proporciona la potencia de un tigre.
  • un producto que transforma al hijo en el padre o por lo menos en un rival del padre.


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Ejecutan a once iniciando Semana Santa


LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Once personas, entre ellas una dirigente del PRD y un policía municipal, fueron asesinados a lo largo del país durante el inicio de semana.

En San Pedro Jicayan, Oaxaca, fue acribillada la dirigente del PRD Beatriz Gómez, en el interior de su domicilio, donde realizaba un trabajo en mientras computadora.

La Procuraduría General de Justicia reportó que el crimen ocurrió cerca de las 14:30 horas. Por el momento se desconoce el móvil del asesinato.

Cerca de la una de la tarde, en Tijuana, Baja California, un cuidador de coches fue ejecutado a balazos.

El crimen se perpetró en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Casa Blanca, en el fraccionamiento Las Américas.

Ahí, un par de personas alcanzó a Pablo Torres Romero, de 42 años de edad, quien fue baleado mientras lavaba autos.

Por esa misma hora, pero en Zapopan, Jalisco, fueron asesinados a pedradas dos hombres, cuyos cuerpos fueron abandonados en la intersección de las calles Cosío Vidaurri y El Arroyo.

En tanto, en Iztapalapa, en el Distrito Federal, aparecieron los cuerpos de dos hombres baleados, en el cruce de la calle Salvador Carrasco y Sentimientos de la Nación.

Mientras que en Chihuahua, la Procuraduría General de Justicia reportó el asesinato de Santos Adrián Samaniego, ejecutado en el distrito Bravos, cerca de la zona agrícola Valle de Juárez.

La víctima tenía 30 años de edad y fue abandonada envuelta en una cobija y atada con cinta adhesiva.

En el municipio de Janos, también en Chihuahua, apareció el cuerpo de un hombre baleado, quien posteriormente fue rociado con gasolina y quemado.

En El Tajito, Sinaloa, dos hombres fueron acribillados mientras conducían un automóvil marca Toyota. Fueron identificados como Pedro Grijalva Ávila, de 29 años de edad, y Carlos Cruz Aceves, de 17.

Más tarde, en Culiacán, fue asesinado el policía Ramiro González Peña, durante una balacera que se desató después de que un grupo armado se negara a ser revisado por una patrulla policial.

Por si fuera poco, en Coyuca de Benitez, Guerrero, a las seis de la mañana fue reportada una víctima fatal con el rostro desfigurado y señas de haber sido golpeada. Aún se desconoce su identidad.

Cruento fin de semana


El fin de semana, la Fiscalía General de Coahuila reveló que los soldados de Infantería del Ejército Mexicano, Héctor Martínez Escamilla y Ulises Toto Hernández, ambos de 33 años, fueron asesinados a golpes.

El diagnóstico médico indicó que ambos murieron de traumatismo craneoencefálico. Las víctimas presentaban señales de tortura y rastros de golpes en el rostro. Aún no hay más datos al respecto.

Aparte, en Guasave, Sinaloa, durante una fiesta se registró una balacera que cobró la vida de tres personas.

El tiroteo tuvo lugar en la comunidad La Tasajera, en medio de una borrachera, donde un grupo de comensales abrió fuego contra otro, dejando heridos a Juan Francisco Luna Soto y Francisco Verdugo Soto.

Uno de los fallecidos fue identificado con el nombre de Celestino Sauceda Silva, aunque no se ha podido registrar los datos de las otras dos víctimas.

Además, la noche del sábado fue ejecutado el subcomandante de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Tomás Cárdenas Villalobos.

El homicidio se registró después de las siete de la noche, cuando Cárdenas ya había concluido su jornada laboral. Fue entonces cuando un grupo de sicarios le dio alcance y lo masacró a bordo de una camioneta marca Ford tipo Escort.

Para rematar, un grupo armado de cerca de cuarenta personas "levantó" y mató al director de Seguridad Pública Municipal de Urique, Chihuahua, Leopoldo Pérez, y el oficial Mayor Jesús Alberto Parra (Con información de Vanguardia, El Ágora y Quadratín)

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Movimientos sociales en aumento


Autor: Alba Martínez

Asciende a 2 mil el número de conflictos sociales durante el gobierno de Felipe Calderón; la cifra aumenta y la intensidad para reprimirlos también. Las fuerzas armadas del Estado infunden “terror” para contrarrestarlos. De acuerdo con un informe de Serapaz, son “graves” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres e indígenas.

De 2006 al primer semestre de 2008 se registraron 2 mil conflictos sociales en México; durante 2007 fueron 900.

De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), la conformación de movimientos sociales se incrementa y la intensidad utilizada para reprimirlos se diversifica.

El Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el OCSM –grupo de investigación integrado a la asociación civil Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz)–, señala que a partir del año 2000 los gobiernos de transición han provocado que las condiciones de los derechos humanos se deterioren.

El análisis, basado en las denuncias presentadas ante organismos de defensa de los derechos humanos y diversas fuentes documentales, evidencia que la criminalización de las luchas sociales se deriva de las modificaciones “neoliberales” a las leyes.

Entre estas modificaciones se ubican las reformas a las leyes laborales, de pensiones y ahorro para el retiro; de radio y televisión, particularmente las que se refieren al desarrollo tecnológico; las que regulan la producción de energéticos y su posibilidad de privatización.

Pablo Romo Cedano, coordinador de la investigación, explica que los gobiernos neoliberales buscan adecuarse a los tratados internacionales de seguridad nacional y antiterrorismo.

“En nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.

De acuerdo con el reporte –que fue presentado en el seminario “Criminalización de la pobreza, represión a los movimientos y luchas sociales en América Latina”, en São Paulo, Brasil–, México registró una mayor desigualdad en comparación con el resto del mundo.

Los sectores indígena y de las mujeres son los más afectados. “Se les castiga no sólo por su disidencia, sino por ser lo que son. Se encuentran en una situación alarmante”, subraya.

La desigualdad

Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en condiciones de desigualdad.

Y de éstas, el 10 por ciento concentra el 40 por ciento de los ingresos, lo que representa el mayor motivo de conflictividad.

La criminalización de la protesta social está enmarcada, fundamentalmente, en el ámbito económico “cada vez más complejo y difícil para quien menos tiene”. El 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, “sin acceso al mínimo de satisfactores básicos y donde las mujeres representan más del 60 por ciento”.

Como los sectores más reprimidos aparecen los individuos marginados, que son los mayores protagonistas de conflictos sociales: campesinos, trabajadores del comercio informal, obreros, y sectores de colonias pobres urbanas.

Del reporte se desprende que 24 millones de habitantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Las remesas que se generan y envían a México equivalen a más de 23 millones de dólares anualmente, “sólo por debajo de los ingresos petroleros y por encima del turismo”. Sin embargo, al primer semestre de 2008 las cifras decrecieron debido a la crisis económica de Estados Unidos.

En este contexto, los conflictos sociales se han multiplicado, y según el análisis del observatorio, “existe una tendencia al crecimiento tanto en número como en intensidad”.

La criminalización

Pablo Romo señala que hay tres momentos en el proceso de conflicto: la tendencia a la negación del mismo, su invisibilidad por parte de las autoridades y de los medios de comunicación y el no reconocimiento de la legitimidad.

“En esta última se da el inicio de las movilizaciones sociales”, puntualiza.

Agrega que el “no reconocimiento” deriva en confrontación y represión, y que estos factores se conjuntan en “una estructura de leyes que favorecen la acción ejercida por las autoridades; de una política sistemática ejercida por el Estado, y de un andamiaje de construcción de opinión pública como justificación”.

Los pueblos indígenas tienen un 12 por ciento de los casos de conflictividad en el país. “La criminalización de la protesta social tiene un rostro claro, definido básicamente en la clase pobre”. El porcentaje se refiere a los actores que se confrontan con el gobierno, según los datos del observatorio.

El 6 por ciento de los casos de conflictividad social registrados en 2007 son contra el Estado. Y de éstos, el 70 por ciento “no tiene interlocución real con el mismo” y tienen como contraparte a servidores públicos.

Mujeres, objeto de represión

De los resultados obtenidos, Romo Cedano considera que la mujer es objeto de disputa y represión. Explica que los altos niveles de violencia son consecuencia y, al mismo tiempo, síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.

Respecto de los feminicidios, el análisis expone que las autoridades, ante su incompetencia para resolver los crímenes, los niegan o publicitan como solucionados. En el primer semestre de 2008, el observatorio registró el mismo número de mujeres asesinadas que en 2007.

“El sujeto criminalizado es el que muestra más vulnerabilidad y fácilmente es invisibilizado”, cita el reporte del que se desprende una evaluación de casos como el de Atenco: “Mujeres y hombres son abusados sexualmente por elementos de la policía antes de ser entregados a las autoridades”.

Cita que ésta es la tendencia encontrada entre diversos conflictos registrados y que tiende a multiplicarse. Otra constante son los abusos perpetrados por militares: “Violan, asesinan y hostigan”.

Y entre los casos representativos, el estudio señala las violaciones sexuales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero; así como los ataques a la población civil de Nocupétaro, Michoacán.

En otro apartado, el reporte señala que en el país existen 25.9 millones de hogares, de los que 2.4 millones son monoparentales o están encabezados por mujeres. Por ello, considera, “las mujeres participan de modo significativo en los conflictos relacionados con la demanda de satisfactores básicos, la defensa de los recursos naturales y el territorio, y la lucha contra la impunidad”, explica el investigador.

Indígenas, los más activos

De un total de 151 conflictos indígenas en el país registrados por el OCSM, cerca de la mitad se ubican en Chiapas, con 47.02 por ciento; en Oaxaca, 21.19; y 6.62 por ciento en Guerrero.

Los pueblos indígenas con mayor protagonismo o visibilidad en conflictos sociales, según las cifras del observatorio en 2007, son los choles, zoques, tlapanecos, nahuas, purépechas, mixtecos, zapotecos, tojolabales, mixes, triquis, tzeltales y tzotziles.

El coordinador de la investigación encuentra como una constante que dichos pueblos son los que cuentan con Tlatelolco, en la ciudad de México; de indígenas, en Wolonchán, Chiapas, o de activistas en todo el país, tampoco.

Según Romo Cedano, lo anterior habla de una acción decidida y consciente del gobierno mexicano o de sus partes contra ciertos actores sociales que le son incómodos o antagónicos.

“El Estado ignora y niega deliberadamente al actor o sus demandas deslegitimando su interlocución. Éste es su modo de hacer política”, aduce.

Considera que, con tales acciones, la lucha está terminada antes de iniciarla. “Tú no existes y tu voz no vale”. Se fortalece la discriminación, el racismo y el machismo. Se enaltece el estatus social. “Por ser pobre no te escuchan, por ser mujer no vales, por ser indio tu palabra no cuenta”.

El especialista destaca el papel que desempeñan los medios de comunicación en relación a su posicionamiento con la autoridad: “Si está a favor de la manifestación: incrementa las cifras de los participantes, exalta a los líderes y su probidad, enumera puntualmente las reivindicaciones que pretenden los peticionarios, expone el extraordinario comportamiento de los manifestantes y su pulcritud, y la civilidad en el ejercicio del derecho de petición”.

Y, por el contrario, si el medio de comunicación está en contra de alguna manifestación: habla del caos vial que produjo y no de la agenda que exige; de lo corrupto de los líderes, de los desmanes que se produjeron, de lo sucio que dejaron los “revoltosos” y los “mitoteros”, y de lo “triste” que resulta el acarreo de personas ingenuas o ignorantes.

“En Atenco la reacción fue contundente y fue un linchamiento mediático”; pero fue diferente en Oaxaca, las mujeres que tomaron las estaciones de radio lograron revertir la situación; “informaron y motivaron el movimiento rebelde”.

La judicialización de conflictos

La represión mediante las fuerzas del orden público tiene un uso considerable, pues representa la tercera forma más recurrente en que se interviene frente a conflictos de carácter social. Según lo que ha podido verificar el observatorio, el uso de la “política-política” como instrumento de gobierno se retira y da paso a la judicialización de los procesos conflictivos.

En la evaluación de estudios recientes, el OCSM muestra que son pocos los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Solamente un 23 por ciento formula una queja y un porcentaje muy reducido logra consignarla ante un juez.

Sin embargo, en los procesos jurídicos se hacen toda clase de artimañas para engañar a la población: “El cambio de uso de suelo y la privación del más elemental derecho a la información”.

Lo que se busca con esas acciones es establecer a toda costa una “sumisa relación clientelar con la población a través de mecanismos como la compra de votos y la simulación de asambleas agrarias”.

El observatorio destaca los casos del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, pues con base en la compra de votos y simulación de asambleas agrarias se ha pretendido realizar el cambio de uso de suelo ejidal, necesario para la expropiación de las tierras en donde la Comisión Federal de Electricidad planea construir la presa.

“Así, se constituyó en la zona un movimiento social a favor de la defensa de la tierra llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota”.

Una situación similar ocurrió en Zimapán, Hidalgo: se mintió a los ejidatarios de la zona en que se pretende realizar un confinamiento de desechos tóxicos, diciéndoles que se trataba de una planta recicladora que generaría empleos. Y sólo después de la realización de la mayor parte de infraestructura de la obra se descubrió de qué se trataba realmente.

Ello generó el movimiento cívico Todos Somos Zimapán.

El Observatorio de la Conflictividad consideró situaciones similares en distintas partes del país, como el proyecto eólico de La Venta y de Paso de la Reina, en Oaxaca; y la presa hidroeléctrica el Cajón, en Nayarit, “donde el Estado, mediante sus funcionarios, suele estar coludido con intereses económicos de grandes empresas sin tomar en cuenta la voluntad de los pobladores donde se realizan los proyectos”.

Infundir miedo

Entre los asuntos menos conocidos que ejemplifican la criminalización de la protesta social, la investigación publicada por Serapaz tipifica algunos por la fabricación de delitos y en los que participan elementos del Ejército Mexicano. En Morelos, la conformación del Frente en Defensa del Agua en Cuautla ha luchado en los últimos años en defensa del líquido. Durante 2007, ésta se intensificó contra la construcción de un expendio de gasolina, lo que derivó en dos asesinatos y en la persecución de los líderes.

Otro conflicto documentado por el observatorio es el Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, que desde 1999 emprendió acciones buscando apoyo gubernamental, sobre todo subsidio a las altas tarifas eléctricas.

Los campesinos, al no sentirse escuchados por sus autoridades, realizaron marchas, mítines y otras formas de presión para ser atendidos y para que la prensa visibilizara su agenda. La respuesta de las autoridades de Guanajuato fue la detención del líder local del movimiento, Rubén Vázquez, acusado de “delitos políticos”.

Ante esa detención, los campesinos agremiados cambiaron su principal demanda por la libertad de su dirigente.

Días después Rubén Vázquez fue liberado, pero no se cumplimentaron las demandas del movimiento.

El 14 de marzo de 2008 fue asesinado el dirigente de la organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, principal promotor de protestas contra el Tratado de Libre Comercio.

El investigador Pablo Romo considera que los factores sicológicos recurrentes entre los sectores reprimidos son “el terror, la amenaza de cárcel y el canje de presos para la desmovilización de grupos”.

“Terror militar”

En otro apartado, el análisis retoma ocho de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en julio de 2008, de la 029/ 2008 a la 036/2008.

De los casos de víctimas del proceso de militarización en el país, el OCSM detalla y evalúa las recomendaciones elaboradas por la CNDH que hace referencia al procedimiento de acción de elementos del Ejército en el supuesto “combate al narcotráfico”.

“En las narraciones –explica Romo Cedano– afloran las formas de operar, no sólo de los malos elementos del Ejército, sino de todo un mecanismo que acepta con normalidad la tortura, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, etcétera”. Agrega que “hay que recordar que la presencia del Ejército en las calles del país responde a un llamado de extrema excepción, que nada tiene que ver con la legalidad o la Constitución.

El proceso de militarización del país está generando que se criminalice a la población sin motivo alguno. Esta situación está generando tensiones, miedo y una situación de sentimiento de persecución”.

La confrontación

En cuanto al comportamiento de los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto, el reporte del observatorio evalúa que éstos se manifiestan de distintas formas para hacer visibles sus demandas. Dichas formas en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contempla la ley como formas de libertad de expresión; sin embargo, la mayoría son estrategias de muy bajo perfil.

Las formas de confrontación institucional más usadas son la denuncia pública en algún medio de comunicación, los carteles o volantes en las marchas y mítines, así como las demandas legales.

Ante la negación de las autoridades y la invisibilización de los medios de comunicación, los movimientos sociales cambian su dinámica y recurren a formas de expresión que se ubican en la frontera del marco normativo. A estas maneras más directas de confrontación con el Estado, el observatorio las llama “formas no institucionales de confrontación social”.

Los bloqueos a vialidades se han vuelto más recurrentes entre los actores sociales en conflicto. Otras, como la confrontación física, la retención física de autoridades, la toma de instalaciones o la protesta armada son normalmente separadas de la legitimidad del contexto social que las acompaña y que trata de reivindicarse, siendo catalogadas por el Estado como delitos graves que deben ser castigados.

En este sentido, los y las dirigentes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como interlocutores válidos y se les persigue como delincuentes. Por ejemplo, el estudio retoma el caso de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: “Un día dialogaban civilizadamente con la autoridad política más alta del país y al día siguiente fueron detenidos como criminales y encerrados en cárceles de alta seguridad”.

Para el investigador de Serapaz, “resulta evidente que un actor social, en la búsqueda de reivindicar sus demandas, utilice varias estrategias de confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto, lo que puede llevarlo a acciones más directas”.

Tal es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que “inician su movimiento con mítines y alguna marcha, y poco a poco escalan la confrontación para hacerse visibles y generar una correlación de fuerza diferente con sus interlocutores”.

Romo Cedano puntualiza que en ciertos casos de confrontación, el Estado toma como rehenes a presos, amenaza con aprehensiones y encarcelamientos para negociar su libertad a cambio de la desmovilización del proceso social de protesta.

Según los datos del observatorio, en un primer momento, la mayor parte de los actores sociales recurren a formas de confrontación institucional no violenta para exigir sus demandas.

Y de éstas, más del 60 por ciento de las estrategias de confrontación utilizadas por actores sociales son institucionales.

El investigador explica que al interior del conflicto se dan con cierta frecuencia fisuras entre el liderazgo moderado y dialogante de sus actores, con el radical y combativo.

Explica que esta fase del conflicto es usada por las autoridades y se agudiza por los medios de comunicación, que califican a los radicalizados de “ultras”, “intransigentes”, “miembros de organizaciones armadas”, “terroristas”, “desestabilizadores”, etcétera. En tanto que a la franja moderada la autoridad la procura corromper, comprar o chantajear.

De igual modo, en esta fase, en algunos conflictos –detalla el análisis– aparecen los golpeadores, los “porros”, los infiltrados, quienes inician su labor de intimidación, espionaje y desestabilización de los liderazgos que agudizan las contradicciones internas y provocan la confrontación física. Las acusaciones internas de “traidores” y “vendidos” son utilizadas para fracturar la lucha.

En esta fase aparecen con frecuencia las disidencias, las expresiones de otros pares que piden lo contrario. Por ejemplo, en Zimapán, Hidalgo, apareció un grupo empujado por autoridades del estado y financiados por la empresa que construye el confinamiento de desechos tóxicos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.

El estigma de la represión

El análisis considera que otra manera de vulnerar los movimientos sociales, y que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, son los ataques de grupos provocadores ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares.

“Al final de la confrontación, los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. Lo que permite actos de mayor brutalidad en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el estudio define otra forma de represión selectiva que está dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Cita el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La represión selectiva puede operar con más sigilo a través de la desaparición de miembros de movimientos u organizaciones cuya responsabilidad oculta nunca es reconocida por el Estado.

Pablo Romo Cedano explica que este tipo de represión puede lograr su cometido al descabezar o desarticular por completo a un movimiento; sin embargo, “puede encrespar los ánimos en las reacciones de distintos grupos al interior de la población o del movimiento, llegando a ser contraproducente para el Estado”.

Añade que “organizaciones armadas como el EPR o incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tenido la necesidad de generar una estructura sumamente fuerte a partir de su línea militar para evitar estas acciones”.

El reporte concluye con la síntesis de algunos casos de represión que se llevaron a cabo en 2007 y sus organizaciones: el Movimiento de Estudiantes no Aceptados; la represión a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el movimiento de estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

También cita la ofensiva del gobierno del estado de Guerrero contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Ayutla de los Libres; el enfrentamiento por anulaciones en Altamirano, Chiapas; y los actos de hostigamiento y represión contra la radiodifusora comunitaria Radio Nandia, en Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.



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