jueves, 24 de noviembre de 2011

Resumen de Noticias en el Tiraderodelbote 24-Nov-11 (Vespertino)

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Serán creados 3 centros para generar energía eólica, solar y geotérmica: Sener

Con un fondo inicial de 500 millones de pesos, el gobierno federal creará tres centros de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para generar energía eólica, solar y geotérmica, anunció Jordy Herrera Flores, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en la inauguración del foro Green Solutions 2011 donde se pretende vincular a los sectores público y privado en la inversión de tecnología limpia.

La convocatoria para los Centros Mexicanos de Innovación de Energía, como los denominó el funcionario, será lanzada la próxima semana y se dirige a las instituciones de educación superior y centros de investigación para que participen en asociación con el sector privado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los recursos provendrán de la explotación petrolera y la Sener los aplicará mediante el fondo sectorial que tiene con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Según el secretario, se prevén liberar los recursos los primeros días de enero y ya hay acercamientos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Sonora para la instalación de dichos centros.

En ese foro, Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que en este sexenio 4 mil 83 empresas 83 empresas dejaron de emitir 18 millones de toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a 3 por ciento de lo que genera México, gracias a que se sumaron a los programas Auditoría ambiental y Liderazgo ambiental para la competitividad de la dependencia. De alcanzarse una reducción de 200 millones de toneladas, las emisiones contaminantes bajarían 25 por ciento, indicó, y destacó que el beneficio no sólo es ambiental, sino también económico.

A su vez, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el director general de Pro México, Carlos Guzmán Boffil, insistieron en que cuidar el medio ambiente es un buen negocio. Como responsables del Green Solutions 2011 –segunda edición del realizado hace un año en Cancún como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16)–, explicaron que buscan impulsar a pequeñas y medianas empresas a adoptar la innovación ecológica que contribuya a mitigar el cambio climático.

Ante decenas de empresarios nacionales y extranjeros, el secretario de Energía reconoció que 65 por ciento de las emisiones contaminantes del país provienen del sector energético; sin embargo, destacó la importancia de fomentar la energía limpia y el ahorro y eficiencia energética del presente gobierno

De 2010 a la fecha, 1,352 menores fueron privados de la libertad por sus padres

Las procuradurías de Justicia del estado de México y del Distrito Federal reportan 802 y 550 casos, respectivamente

Se considera un delito agravado que alcanza 40 años de prisión

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 45

Durante 2010 y hasta octubre de este año las procuradurías generales de Justicia del estado de México y del Distrito Federal han registrado 802 y 550 casos, respectivamente, en los cuales menores de edad fueron víctimas de los delitos de privación de la libertad y/o sustracción de sus hogares por alguno de sus padres, de acuerdo con los reportes estadísticos de ambas dependencias.

Del total de casos en la entidad mexiquense, 558 se refieren a privación de la libertad de menor, considerado delito agravado en ese estado, que alcanza una pena hasta de 40 años de prisión. Los otros 244 casos corresponden a niños que fueron sustraídos de su hogar por alguno de los miembros del núcleo familiar.

En lo que respecta al Distrito Federal, de los 550 casos, 352 corresponden a la sustracción de menores del domicilio en que habitan, fundamentalmente cuando los padres están enfrascados en juicios de divorcio en los que se pelea la custodia de los hijos.

Víctor Gamboa, abogado especialista en derecho familiar, precisó que ambos delitos se cometen entre padres o familiares de los niños.

Se utiliza a los hijos como herramienta para hacer daño, son utilizados como proyectiles para causarse daño entre mamá y papá. Cuando hay riesgo de divorcios, más se dan los casos de privación o sustracción de los hijos, señaló.

El especialista explicó también que la figura de la sustracción puede denunciarse de inmediato cuando uno de los cónyuges se lleva al hijo, mientras la privación de la libertad ocurre cuando el menor se mantiene retenido en un domicilio ajeno al de sus padres.

En 85 por ciento de los casos, se atiende de inmediato y se evita que se prolongue la sustracción; sin embargo, muchas veces uno de estos delitos lleva al otro.

Aunque en menor medida, familiares en tercer grado suelen estar involucrados en estos actos.

“En un porcentaje menor también están involucrados familiares, como tíos o abuelos, que en ocasiones actúan motu proprio o por invitación de uno de los cónyuges”, abundó Chávez.

El litigante indicó que cerca de 90 por ciento de los menores que han sido víctimas de estos delitos pudieron regresar a su casa; no obstante, algunos padres actúan con rapidez y logran sacarlos del país, lo que afecta seriamente su estabilidad emocional.

Añadió que los menores que viven esta situación posteriormente presentan problemas de conducta y trastornos sicológicos al vivir alejados de uno u otro de los padres

Jóvenes, 42% de cesantes en el DF: Sedeco

Aunque el desempleo entre los jóvenes capitalinos de 20 a 29 años se ha reducido 14 por ciento en un año, se calcula que existen 102 mil 992 jóvenes en ese nivel de edad sin trabajo, lo que signfica 42 por ciento de la población desocupada de la capital del país.

Al presentar un programa de empleo para este sector a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, detalló que del total de esos jóvenes, 60 por ciento tiene estudios medio superior y superior.

Velázquez indicó que si bien se prevé una restricción presupuestal para el año próximo, pidió valorar esa propuesta, que consiste en otorgar incentivos equivalentes a un salario mínimo durante seis meses a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad que contraten por lo menos durante un año a un joven, para beneficiar a 76 mil personas.

También planteó otorgar financiamiento de hasta 500 mil pesos a 3 mil 500 jóvenes recién egresados, a una tasa preferencial de 0.5 por ciento mensual, a través del Fondeso

Ven Delgado y Whalton cualidades en Mancera

Los senadores del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) Dante Delgado Rannauro y Luis Walton Aburto consideraron que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tiene las cualidades y el posicionamiento para ser el candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, dijeron, hay otros actores políticos que también cumplen con el perfil para aspirar a dicho cargo, por lo que se deberán hacer las valoraciones necesarias para elegir al candidato que tenga todas las posibilidades de ganar. Los legisladores asistieron a la Expo Campañas Electorales, la cual fue inaugurada por Mancera Espinosa, quien reiteró que su prioridad es la PGJDF, aunque, al ser cuestionado sobre una eventual candidatura, refirió: cuando estén los tiempos y cuando se tomen las decisiones, de resultar así habremos de trabajar en ese sentido. Sobre el evento, Mancera manifestó que lo que más llamó su atención fue lo relacionado con el aprovechamiento que se puede hacer de las redes sociales en las campañas electorales.

Niega la Corte amparo a La Jornada; hubo claro ataque de Letras Libres: Ortiz Mayagoitia

El derecho a la libertad de expresión goza de una posición preferencial sobre el ataque al honor del diario, resuelven ministros de la primera sala

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El ex presidente de la Suprema Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que la revista desacreditó a este periódicoFoto Marco Peláez
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El ministro ponente, Arturo Zaldívar, apuntó que La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta. Aun cuando José Ramón Cossío cuestionó el proyecto, votó a favor de élFoto Marco Peláez
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José Ramón CossíoFoto Marco Peláez
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer (por cuatro votos a favor y uno en contra) el amparo solicitado por la La Jornada contra la sentencia que absolvió del delito de daño moral a la revista Letras Libres, aun cuando el ministro instructor, Arturo Zaldívar, aseveró que la decisión no significa que el máximo tribunal “comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres”. Lo que sostiene la sentencia es que, constitucionalmente, tiene el derecho a emitirlas; nada más, pero nada menos.

El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien votó en contra del proyecto, sostuvo que la columna Cómplices del terror que impugnó por vía legal La Jornada sí ataca el derecho al honor o a la reputación de este diario, pues con el solo título, el mensaje que se da es que dicho periódico es corresponsable de terrorismo, por más que el texto de la columna no se ajuste al tipo penal.

Aseveró que, en consecuencia, la revista demandada tiene que reparar esa lesión jurídica como en derecho corresponda.

En su intervención a favor de conceder el amparo, el ex presidente del máximo tribunal añadió que el texto impugnado por vía legal en 2004 ataca al periódico, al sostener expresamente que es cómplice de ETA.

Subrayó en la sesión pública que esa columna afirma que “La Jornada (está) al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. Eso no es otra cosa sino “una opinión que desacredita al periódico, La Jornada, al acusarla de servir a un grupo de asesinos, de ahí el calificativo de cómplice, lo que sí implica atribuirle una conducta ilícita”.

La postura mayoritaria fue que en este asunto –la primera demanda que llega a la Corte para fijar límites y reglas en materia de libertad de expresión entre medios impresos– había un conflicto entre los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al honor, en el cual el primero goza de una posición preferencial.

A diferencia de esa posición, Ortiz Mayagoitia aseveró que la primera sala de la Corte tenía el deber de analizar qué impacto produce la nota o columna en un lector común; y si este impacto es lesivo al honor del sujeto pasivo.

Señaló que el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar no registra “la existencia de alguna prueba, que al parecer no hubo, pues el material probatorio se limitó a páginas de Internet y un libro, que demuestre el hecho fundamental que detonó la columna, a saber: la existencia de un convenio entre La Jornada y el diario ultranacionalista Gara”.

Puso énfasis en que el análisis de la columna está fuera del alcance de los lectores generales, no avezados en esta especialidad de la ciencia jurídica.

Subrayó que no se trata de un ejercicio de simple sentido común, sino de conocimientos elevados de derecho, altamente especializados y técnicos.

“En mi caso personal, la columna me produce el efecto de un claro ataque al periódico La Jornada y a uno de sus colaboradores, Josetxo Zaldúa, coordinador general de edición, a quien se tilda de acelerado proetarra, pero también, de manera implícita, a quien o quienes ejercen la dirección del periódico y que, por ley, son responsables o corresponsables de su contenido.”

Los sustantivos, los verbos y los adjetivos, agregó Ortiz Mayagoitia, son la parte más importante de una noticia y, en el caso, la columna de que se trata da noticia de que el diario está al servicio de una asociación mundialmente reconocida como terrorista, a la que aporta servicios, es decir, recursos no monetarios, por lo que se le señala como Cómplices del terror..., al servicio de un grupo de asesinos. Lo cual afecta, insistió el ministro, la honorabilidad del medio de comunicación y de las personas físicas.

El ministro Ortiz Mayagoitia se quedó solo en la votación, al no coincidir con la mayoría en que la libertad de expresión goza de un “posición preferencial respecto al derecho al honor; como tampoco que, por tratarse de diferencias entre medios impresos, La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta, igual al que ejerce y cuya protección invoca”.

Rechazó también el argumento de que los medios impresos, por ser líderes de opinión y por el papel que juegan en el Estado democrático, deban debatir en forma desinhibida, robusta y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y opinión pública.

Ortiz Mayagoitia no aceptó el sentido del proyecto que señaló que la Constitución no veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las posturas mayoritarias.

Tampoco aceptó el dictamen que estableció que el derecho al honor se hace válido sólo cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones absolutamente vejatorias, ofensivas u oprobiosas e impertinentes para expresar opiniones o afirmaciones.

El ministro no aceptó la postura mayoritaria que consideró que en este caso no se acreditaron las excluyentes previstas en la Constitución para considerar que se había violado el derecho al honor de La Jornada.

Tampoco validó la postura de los cuatro ministros que negaron el amparo de que La Jornada, por tratarse de un medio de comunicación impreso, pudo hacer uso de su derecho de réplica... en sus propias páginas.

Los ministros que apoyaron el proyecto, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo justificaron su voto con el reiterado argumento de que la libertad de expresión no debe ceder al derecho al honor.

Zaldívar señaló que se trataba del primer asunto en el que la Corte fija los límites y las reglas de juego de la libertad de expresión entre medios de comunicación escritos y que la decisión mayoritaria “no significa que esta Suprema Corte, y el proyecto lo establece claramente, y si fuera necesario pondríamos mayor énfasis (prometió), que se compartan las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres. Lo que se sostiene es que constitucionalmente tiene el derecho de emitirlas, nada más pero nada menos. De tal suerte que es como tiene que analizarse el asunto”.

Agregó el también presidente de la primera sala que el dictamen no se refiere al conflicto que pudiera darse entre una empresa de televisión o radio frente a un medio impreso; este es un debate que no tenemos todavía en este momento, cuando llegue tendríamos que reflexionarlo, y sobre el cual, al menos yo, no me he pronunciado.

Insistió en que no se puede hablar de democracia si el debate se da sin libertad en la expresión de las ideas, de tal manera que la libertad de expresión es considerada desde esa óptica un valor en sí mismo, sin importar su contenido.

Agregó que en una democracia más vale correr el riesgo de los abusos a que los jueces nos convirtamos en sensores de las palabras y en vigía de los medios de comunicación.

Olga Sánchez Cordero aclaró que hizo llegar al ministro Zaldívar una serie de comentarios para eliminar algunos matices del proyecto.

Estimo, afirmó, que se debe matizar la valoración que hace el documento del ministro Zaldívar sobre diversas expresiones, porque a la Corte no le corresponde calificarlas.

Explicó que se refirió a que el dictamen final no debe contener calificativos o adjetivos sobre las expresiones contenidas en la columna de Letras Libres.

Añadió que iba a estar pendiente para que en el engrose final de la sentencia quede claramente señalado que en el expediente no hay ninguna prueba que demuestre que La Jornada era cómplice de terrorismo.

Insistió en que en este asunto hubo colisión entre dos derechos fundamentales: libertad de expresión y honor, y que ambos deben ser especialmente protegidos, no sólo por lo que hace a las partes en conflicto, sino también para asegurar la circulación de ideas, de las opiniones, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de esta democracia representativa, por lo que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad.

José Ramón Cossío rechazó que los medios impresos estén en un plano de igualdad y tengan las mismas herramientas para influir en la opinión popular. Cuestionó el proyecto de Zaldívar porque no incluyó parámetros de penetración, número de lectores, ediciones electrónicas y periodicidad.

Comentó que debe tomarse en cuenta si el involucrado era un columnista, un editorialista, una inserción pagada, un monero, un reportero con salario fijo, una traducción, etcétera.

También criticó que el proyecto señalara que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita.

La Constitución no prohíbe ni permite el insulto, sino que el mismo se convierte en prohibido cuando es un medio de vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor o a la intimidad, apuntó.

Esos derechos, según el ministro, no fueron afectados en agravio al diario.

Justificó que la resolución de la Suprema Corte no protege el derecho a imputar delitos, “pues el columnista, Fernando García Ramírez, no acusó a La Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes; la postura es que dado el interés público en discutir abiertamente la línea editorial de un periódico nacional, la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor”.

Subrayó al final de su intervención que en este caso concreto, el que haya triunfado el principio de libertad de expresión sobre el referido al honor no implica que la solución sea la misma para casos futuros con la misma temática.

Es decir, que la ponderación de esta resolución no puede trasladarse sin más a otros casos aparentemente similares, porque el peso puede variar, y por ende el principio triunfador, aun cuando se trate de los mismos principios en juego.

Jorge Pardo Rebolledo argumentó que es muy positiva la construcción jurisprudencial que ha elaborado la primera sala en materia de libertad de expresión: en la situación de cuando esté involucrado un particular, de cuando esté involucrado un personaje público, y ahora llegamos a este tema en donde ambas partes son medios de comunicación que ejercen cotidianamente su libertad de expresión en ánimo de informar a la población a la que están dirigidos.

En esa medida, concluyó, comparto el ejercicio de ponderación que se hace en la colisión de ambos derechos; esto no quiere decir que para todos los casos y siempre deba de estar un derecho por encima de otro; aquí recojo también la inquietud de que debe analizarse cada caso concreto en particular.

Una vez fijadas las posturas, se votó el proyecto ante un salón de audiencias que fue insuficiente para los interesados en la resolución

Producto del lavado de dinero, 75% del efectivo circulante: Di Costanzo

Setenta y cinco por ciento del efectivo que circula en México es producto del lavado de dinero, aseguró el diputado federal Mario di Costanzo; sostuvo que ese delito no sólo está relacionado con operaciones ligadas al narcotráfico, sino con desvío de recursos públicos.

Al participar en el seminario Información pública y poderes fácticos, titulada Poderes fácticos, lavado de dinero y transparencia, el legislador petista señaló que cifras de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Antigrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advierten que en el país se lavan cada año entre 25 mil y 45 mil millones de dólares.

Poniendo una media, hablaríamos de 35 mil millones de dólares, equivalentes a 75 por ciento del dinero que circula hoy. Es difícil imaginar que haya transacciones limpias en cualquier operación económica (como la compra de un automóvil) cuando hay 75 por ciento de probabilidad de que se esté usando dinero sucio.

Ante académicos y estudiantes que asistieron al seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado en la Coordinación de Humanidades, Di Costanzo subrayó que la ley nacional para evitar el lavado es mala y ambigua, y permite que las autoridades ejerzan con absoluta discrecionalidad la persecución y sanción a este ilícito.

Por ejemplo, agregó, entre 2006 y 2011 sólo se han emitido 25 sentencias por lavado de dinero. “¿Cómo es posible que en la guerra (contra el narco) que ha dejado 50 mil muertos y miles de desaparecidos, únicamente tengamos 25 sentencias –de las cuales ocho casos fueron en flagrancia– por este delito?” Pero lo más grave, subrayó, es que las autoridades no investiguen para hallar las redes y complicidades en estos casos.

Criticó que tras cinco años de una estrategia armada contra la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón responda con el envío al Congreso de una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que sólo limita las operaciones financieras en efectivo, cuando hay instrumentos financieros más sofisticados.

El diputado perredista Pablo Gómez criticó el proyecto de ley sobre lavado de dinero del Ejecutivo, porque evita combatir ese delito en esferas públicas. Delincuencia organizada es terrorismo, piratería, secuestro, extorsión y narcotráfico, pero también que los servidores públicos se roben el dinero de los contribuyentes y eso no está ahí. No es considerado delincuencia organizada y lo es, pues para hacer esas cosas se requiere de un nivel de organización que permita disponer de recursos que una sola persona no podría disponer. Para que el dinero público pueda salir de las tesorerías hay que realizar una operación ilícita y sobre esto no hay propuesta alguna del Ejecutivo y el Congreso no ha avanzado.

Indicó que no se quiere otorgar capacidad de ejercer acción penal a la Auditoría Superior de la Federación ni se hace el intento por dar autonomía a las procuradurías (federal y estatales), por lo que el lavado de dinero producto de delitos contra la hacienda pública seguirá presentándose sin que haya forma de investigarlo

La próxima semana, propuestas de reinserción laboral de los 16 mil 599 electricistas: SME

Queremos cerrar este conflicto, porque con nosotros no se juega, afirma Martín Esparza Flores

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Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo en demanda de que se cumplan los compromisos firmados el 13 de septiembre con GobernaciónFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 20

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, anunció a los miles de trabajadores reunidos al atardecer de ayer en el Zócalo capitalino que la próxima semana el gobierno federal les presentará las propuestas de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores que no han aceptado su liquidación.

En la marcha y mitin que llevó a cabo ayer esa organización para demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal el pasado 13 de septiembre, el dirigente dijo que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, habló con el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y éste le adelantó que la semana que entra entregarán los planes de reinserción laboral y productiva que les habían prometido a los trabajadores para antes del 30 de noviembre del presente año.

En el Zócalo lleno de trabajadores electricistas, así como integrantes de otras organizaciones que los acompañaron en la movilización que partió desde el Ángel de la Independencia, el dirigente hizo un llamado a Alejandro Poiré para que se cumplan los acuerdos convenidos.

Al secretario de Gobernación le decimos que queremos cerrar este conflicto, que con el SME no se juega, que el SME aguantó, planteó propuestas, pero no tiene miedo, o nos regresan el trabajo o nos regresan el trabajo. La decisión está en sus manos, ya no hay por qué postergar la solución a este problema, afirmó.

En esta movilización en la que participaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), de los gremios de telefonistas y de mineros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Asamblea de Usuarios de la Energía, el dirigente dijo que los electricistas le dicen al gobierno federal: queremos una solución.

Indicó que de los acuerdos firmados ya se cumplió en lo que respecta a la toma de nota para los 26 miembros del comité; el reconocimiento del gobierno al sindicato y el contrato continúa vigente. Nada más falta la reinserción laboral y la libertad de los presos políticos, los cuales –según expuso– en unos días más van a estar con nosotros.

Indicó que el próximo 14 de diciembre el sindicato va a cumplir 97 años y que espera llegar a los 100. También preguntó a los trabajadores si van a aguantar hasta el final y en coro respondieron afirmativamente.

Los trabajadores lamentaron la muerte de los electricistas de una termoeléctrica de Coahuila, acaecidos ayer a causa de una explosión, y señalaron que mientras esto sucedía, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar, estaba en un congreso en Cancún buscando otra relección por seis años más sin elecciones.

En el mitin, la Asamblea de Usuarios de la Energía planteó para el próximo 30 de noviembre un apagón por la noche en protesta por los altos cobros del servicio. Alfonso Mansilla, de esta organización social, indicó que se mantendrán en la lucha del SME y por una serie de demandas planteadas ante la Cámara de Diputados, como son el establecimiento de una tarifa social y justa para las clases más desprotegidas, el rechazo a los medidores digitales, el cese de la represión, encarcelamientos y hostigamientos a los asuarios que se han amparado contra los altos cobros, entre otras.

Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Stunam, planteó que desafortunadamnte los funcionarios ahora están más preocupados por amarrar la chuleta del poder del próximo año que por resolver los conflictos.

Mientras tanto, el dirigente de la CNTE de Michoacán, Jorge Cázares, planteó que ante la embestida del gobierno contra las organizaciones democráticas, éstas avanzarán hacia la creación de una nueva central democrática de los trabajadores

Los abusos sexuales contra mujeres, la punta del iceberg de la violencia: ONU

El cuerpo de las mujeres ha sido tomado como un territorio simbólico de guerra en donde las autoridades ejercen un castigo colectivo, en el contexto de una estrategia oficial para generar miedo y desmovilización, señalaron las participantes en el foro académico-vivencial Atenco. Mujeres en resistencia, organizado ayer por diversos colectivos de derechos humanos.

El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que los abusos sexuales son apenas la punta del iceberg de un fenómeno más amplio de violencia, por lo que confirmó la admisión de la queja contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres agredidas, interpuesta ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó que la represión policiaca contra la comunidad de San Salvador Atenco, ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, es un ejemplo de la manera en que funciona la impunidad en el país, y de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio de guerra política y jurídica, sin que ninguna reforma legal pueda impedirlo.

Con este caso, dijo, se demuestra que el Estado mexicano no aprendió la lección de lo ocurrido con las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002, por lo cual interpusieron una demanda ante la justicia interamericana que derivó en una sentencia contra el gobierno del país.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que lo ocurrido en Atenco no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo institucional de violaciones a las garantías individuales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La constante es la creación de miedo, para hacernos volver a la etapa en que las personas no exigían sus derechos.

Las académicas universitarias Rosalva Hernández y Clemencia Correa subrayaron que la violencia de género forma parte de las campañas contrainsurgentes del gobierno mexicano, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como una especie de botín de guerra que contiene el honor de toda una comunidad, y en esa medida se trata de un castigo no sólo individual, sino colectivo.

El foro concluyó con las intervenciones de Edith Rosales e Italia Méndez, quienes sufrieron ataques sexuales por policías en San Salvador Atenco, y recordaron los tratos degradantes a los que fueron sometidas. Sin embargo, dijeron, el miedo y la inmovilidad que buscaban generar los abusos, terminaron convirtiéndose en motivos para indignarse y seguir luchando.

Valentina Rosendo Cantú también ofreció su testimonio del ataque que sufrió hace nueve años, y dijo que aunque padeció el rechazo de su comunidad e incluso de su esposo, finalmente logró hacer que la CIDH la escuchara y emitiera una sentencia a su favor, que el Estado mexicano se ha rehusado a cumplir.

Hay una Valentina que fue maltratada y violada, y otra que está sacando adelante a su hija y a su hermana. El día en que el gobierno reconozca su culpabilidad, sabrá que no pudo apachurrarme y entonces las dos Valentinas se van a rencontrar, afirmó

Urge ayuda humanitaria a desplazados de Guatemala: AI

Amnistía Internacional lanzó ayer una acción urgente para llamar la atención sobre las más de 65 familias de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza que fueron desalojadas violentamente a finales de agosto por el Ejército del país centroamericano, y en la actualidad se encuentran refugiadas en Tenosique, Tabasco, en condiciones de extrema precariedad.

En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que los más de 300 habitantes del pueblo se vieron obligados a huir a México, luego de que las fuerzas de seguridad de su país los obligaran a salir de su territorio, supuestamente porque ocupaban una zona natural protegida.

Debido al nivel de violencia del desalojo –las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad resultaron incendiadas–, los habitantes de Nueva Esperanza no pudieron recoger sus pertenencias antes de irse, y ahora viven en chozas improvisadas sin acceso a servicios básicos, como agua o drenaje, lo que ha provocado el surgimiento de enfermedades, lamentó Amnistía.

Entre los desplazados hay más de 100 niños y niñas y varias mujeres embarazadas, por lo que es urgente dotarlos de condiciones de estancia decorosas, lo que hasta el momento no ha hecho el gobierno mexicano.

Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco, subrayó la organización con sede en Londres, han progresado muy lentamente, y hasta ahora el único ofrecimiento a los refugiados ha consistido en darles tierras mucho más pequeñas, y sin otorgarles indemnización por las parcelas y los bienes perdidos.

AI llamó a sus simpatizantes a escribirle de inmediato a las autoridades de México y Guatemala para que se les otorgue ayuda humanitaria urgente a los desplazados, se promueva su retorno en condiciones justas y seguras, y se haga una investigación exhaustiva sobre el desalojo forzoso ocurrido el pasado 23 de agosto

CARTONES DE LA JORNADA





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