martes, 19 de febrero de 2008

“Incontrovertible”: el condón es la protección más segura contra VIH


El uso del condón está “científicamente comprobado” como el mejor método para prevenir el contagio de VIH-sida, sostuvo el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos.
A pregunta expresa, destacó que aun cuando la Iglesia o el gobierno de Jalisco recomienden la abstinencia, “es incontrovertible: el uso del preservativo es la forma de protección más segura”.
Por ello, la Ssa ha distribuido unos 30 millones de condones en el país, cuya presentación es “más moderna” para hacerlos atractivos a la población, en especial a los jóvenes. A finales de este año se distribuirán 35 millones de unidades, contra 28 millones entregados en 2006.
El funcionario subrayó que es importante promover la educación en cuanto al uso del condón, ya que 98 por ciento de los nuevos casos de seropositivos registrados al año ocurren por la vía sexual e invariablemente están relacionados con la resistencia a usar el preservativo, en particular entre el género masculino.
El funcionario repasó las estadisticas del contagio; dijo que en 2006 se registraron 5 mil 316, pero el total acumulado hasta 2007 ascendió a 115 mil 651, de los cuales siguen en tratamiento unos 50 mil, pues el resto de enfermos han fallecido. El Distrito Federal se mantiene como la entidad donde se registra el mayor porcentaje, seguido del estado de México, Jalisco y Veracruz.
En general, 95 por ciento de los contagios se observan en áreas urbanas y es más frecuente la transmisión heterosexual, de tal suerte que ha aumentado la infección en mujeres, con un total de 18 mil 527 infectadas, precisó Jorge Saavedra, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-sida (Censida).
Con respecto al presupuesto que este 2008 se destinará para afrontar esa pandemia, dijo que el Congreso de la Unión autorizó casi 2 mil millones de pesos, cantidad “verdaderamente enorme” si se considera que en 2003 se ejercían 100 millones de pesos para el combate de esa enfermedad.
Saavedra destacó que para los pacientes del Seguro Popular, el comité técnico aprobó el ejercicio de mil 586 millones de pesos destinados a la adquisición de antirretrovirales.
“Nuestro compromiso es que en todo este sexenio los pacientes con sida tengan el tratamiento más adecuado, que les permita prolongar su sobrevida y, sobre todo, mejorar la calidad de ésta.”
Por su lado, Córdova refirió que se mantendrá la realización de pruebas de VIH-sida de manera gratuita, con lo que se pretende concientizar a la población.
“Falta avanzar mucho en la concientización de la población; el grupo Aids for Aids, de Nueva York, nos mostraba que de 3 mil 200 personas a las que se les ofreció la prueba gratuita, sólo 250 aceptaron hacerla y de ellos tres resultaron positivos.”
Comentó que se ha iniciado una “prueba rápida de detección” por medio de la saliva, lo cual no significa que por ese fluido se transmita. “Esta prueba permite detectar en el fluido gingival –que se toma de las encías– los anticuerpos del VIH, pero no quiere decir que ahí esté el virus.”
El responsable de la política sanitaria del país insistió en que con el uso del condón ha sido posible mantener un crecimiento moderado en la cifra de enfermos, incluso inferior al de otros países de Latinoamérica. Por ello, continuará su distribución en forma generalizada y de acuerdo con el índice de prevalencia.
En la ciudad de México, dijo, se distribuirán 5 millones 40 mil condones; en el estado de México, 2 millones 820 mil; en Veracruz, 2 millones 410 mil, y en Jalisco, 2 millones 315 mil.
Por otro lado, y a pregunta expresa, dijo que en caso de una situación de emergencia grave, por algún caso de bomba o catástrofe, la Ssa, como cabeza de sector, tomaría el control del IMSS y el ISSSTE para atender rápidamente a la población afectada: “se cuenta con fórmulas de acción inmediata con Protección Civil, mejoradas luego de la catástrofe natural ocurrida en Tabasco”.

CARTONES DE LA JORNADA





Indigna la “indemnización adicional” concedida a deudos de Pasta de Conchos


A dos años de la tragedia de Pasta de Conchos, viudas y familiares de los 65 mineros fallecidos rechazaron la “indemnización adicional” que les tramitó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y dijeron estar “indignados” porque se les quiere “aventar unas monedas” y que se olvide el rescate de los cuerpos; en tanto, el titular de la secretaría, Javier Lozano, dijo que el dinero ya lo depositó Industrial Minera México y podrá ser cobrado cuando lo requieran.
En el segundo aniversario de la explosión, los familiares de los mineros continúan en campamento permanente a las afueras de las oficinas centrales de Grupo México en la ciudad de México, en demanda de que se reinicien las labores de rescate; sin embargo, en entrevista, Lozano Alarcón insistió en que los expertos indican que no hay condiciones para continuar los trabajos de recuperación de cuerpos.
Las posiciones de las viudas y de la autoridad laboral están tan encontradas como al inicio de la tragedia.
Por su parte, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, envió ayer un mensaje a la organización civil Familia de Pasta de Conchos, en el que señala que ya se cumplieron dos años sin que se les haya hecho justicia.
El dirigente dijo que “hay coraje y rencor” de los trabajadores por esta tragedia, ya que no fue un simple incidente laboral, sino un homicidio industrial, el cual está impune, lo que es una “vergüenza nacional”, y pidió a las autoridades que hagan prevalecer la ley y no los “compadrazgos”. También preguntó: “¿hasta cuándo este gobierno va a corregir y resolver el crimen y hasta cuándo va a cesar la persecución política contra los mineros y sus dirigentes?”
Las viudas y familiares de los mineros, a su vez, dieron una respuesta enérgica a la presunta intervención del secretario del Trabajo para lograr una indemnización adicional de 5 millones 250 mil pesos para los deudos, que en realidad significa un promedio de 80 mil pesos para cada familia, y sostuvieron que la dependencia no tiene facultades para tomar decisiones sin consultar a las familias.
Advirtieron que el convenio no se puede aplicar sobre las familias que no representa la STPS, y que “cualquier acuerdo es ilegal y se desconoce desde ahora. Aunque se depositen las cantidades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es obligatorio que las familias reciban el dinero.
Tampoco la negativa a recibir estos recursos trae en consecuencia la pérdida de derechos, ya que “en materia de pensión los derechos son irrenunciables”.
Insistieron en que la recuperación de los cuerpos es la única demanda. “No hay otro punto. No nos interesan los acuerdos pactados que, además, nuevamente son violatorios de nuestros derechos humanos”.
Ayer, iniciada la noche, se realizó en el campamento una vigilia religiosa en la que participaron ministros de las iglesias presbiteriana, bautista, católica y luterana, con la que acompañaron hasta cerca de las 2 de la mañana a los deudos de los mineros muertos, recordando el segundo aniversario de la tragedia.
Doble tragedia: Moreira Valdés
Los deudos de los 65 mineros muertos en la carbonera Pasta de Conchos han vivido una doble tragedia. Primero la pérdida de sus familiares y, después, el nulo interés y rechazo de las autoridades federales encabezadas por el entonces presidente Vicente Fox, consideró el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, en vísperas de que este 19 de febrero se cumplan dos años de la tragedia.
También cuestionó que en ese periodo la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no haya incrementado el número de inspectores de seguridad.
“No se me ha notificado que se haya incrementado el número de inspectores y la verdad no se qué esté haciendo la delegación estatal de la Secretaría de Trabajo. Dios quiera que no haya otra explosión porque se van a meter de nuevo en un problema muy fuerte”, anotó el gobernador.
Con información de Leopoldo Ramos, corresponsal

Demanda el PRD rediscutir la iniciativa de reforma judicial

El creciente número de “presos políticos”, la desconfianza en los policías y la condena de organismos de derechos humanos a la nueva ley de justicia deberían ser motivos suficientes para replantear ésta en la Cámara de Diputados e iniciar una nueva etapa de discusión, que elimine la posibilidad de allanar un domicilio sin orden judicial, advirtió el coordinador perredista en San Lázaro, Jorge González Garza.
A unas horas de que se presente ante el pleno la minuta del Senado sobre esa reforma –que avalarían las bancadas priísta y panista–, González Garza advirtió que es “gravísimo” que el sistema de investigación esté “absolutamente desmoronado”, con un Centro de Investigación y Seguridad Nacional que hace encuestas y expedientes de políticos; en otras palabras, añadió, se dejó de hacer investigación y hay desconfianza en la Policía Federal Preventiva.
“He oído al diputado (priísta César) Camacho (del PRI) y a otros con esa pretensión (aprobar la reforma). Lo que digo es que este momento es distinto al momento en el que se aprobó. Están empezando a quedar claras las barbaridades que contiene la ley”, por ejemplo “el allanamiento de tu casa sin orden judicial”.
Otro asunto “preocupante” es la pérdida de soberanía nacional, pues se plantea que personas en proceso puedan ser enviadas a Estados Unidos y enjuiciadas allá.
Al referirse a los “presos políticos” mencionó los casos del activista de Oaxaca Flavio Sosa y de Ignacio del Valle, de San Salvador Atenco. “La inmensa mayoría de los presos presos políticos son estatales”, afirmó.
En tanto, simpatizantes del Movimiento Obradorista se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo al proyecto de reforma.

“Ilegal”, proyecto de construcción de carretera en Jalisco, acusan indígenas


La comunidad wixárika (huichola) de Tuapurie, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, ha decidido oponerse a una carretera que atenta contra su territorio.
Comuneros y autoridades tradicionales y agrarias determinaron “defender la trayectoria ancestral de su territorio por la construcción ilegal de la carretera Amatitlán-Bolaños, en Huejuquilla el Alto, Jalisco”.
El Cuerpo de Coordinación Comunitaria Interna, que agrupa a la comunidad, denunció que autoridades federales y estatales “han realizado estudios de impacto ambiental sin consultar a la comunidad, afectando lugares sagrados” y un área natural protegida.
Ante las violaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el pueblo wixárika realiza un bloqueo en Ciénega de Los Caballos, en el tramo Tenzompa-Cerro de la Puerta. “Nuestra lucha es justa, no buscamos otros intereses, sólo defender la tierra y territorio de nuestros ancestros y nuestros hijos”, argumentan.
La carretera que impugnan conectaría el municipio de Huejuquilla el Alto, en el norte de la entidad, con Amatitán, en la región Valles, cuyas principales actividades son agricultura, ganadería, explotación forestal y cañera, así como apicultura e industria tequilera, que requiere la madera y el agua que cuidan los wixaritari.
De acuerdo con el COA, organismo de apoyo legal a las comunidades de la sierra jalisciense, el rechazo a la vía data de hace seis años, “pero la sordera de las autoridades orilló a la asamblea de la comunidad a detener la maquinaria y plantarse para impedir que se siga construyendo la carretera”. Ahora, unos mil comuneros –hombres, mujeres, ancianos y niños– permanecen, en asamblea permanente, en el paraje Ciénega de Caballos. Han dado a conocer las razones del rechazo sin ser escuchados.
Añade el organismo: “la campaña de mentiras, confusión y amenazas orilló a que algunas autoridades comunales firmaran documentos de aceptación, en una asamblea minoritaria que no cumplió con las formalidades de la ley”, desconociendo anteriores acuerdos.
“La confusión creada por el gobierno contrasta con la claridad de la comunidad para defender su territorio, mas allá del enredo legal y administrativo, los ‘estudios de impacto ambiental’ en contra de ordenamientos ecológicos y la legislación forestal y ambiental.”
La asamblea, que es adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona, sostiene que la carretera no traerá ningún beneficio a la población. No la solicitaron ni soluciona el problema de fondo, que tiene que ver con el mal estado de brechas y caminos existentes.
“Las facilidades las van a tener los comerciantes, los programas de gobierno y los proyectos de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a saquear los recursos naturales y explotar a la gente”. Propiciará el saqueo de flora y fauna, afectará los mantos acuíferos, traerá contaminación y “atentará contra la autosuficiencia y la autonomía de nuestro pueblo, además de dividir el territorio comunal”.
La voracidad del gobierno jalisciense de Emilio González Márquez es tal, que aún no avanza la construcción y ya anuncia proyectos (junto con la CDI) de ranchos cinegéticos y eculturismo, señala.
Según COA, “la afectación a la propiedad comunal viola leyes nacionales e internacionales que señalan que ningún particular podrá ser molestado en sus bienes y propiedades, además de la protección especial a tierras indígenas”.
Un comunero, Lauro Carrillo Carrillo, afirma que “la traición” a los acuerdos de San Andrés, y la ley indígena de Jalisco, justifican el proyecto carretero. “Ésta es la prueba de cómo procede el gobierno.”
La situación es tensa; la comunidad ha decidido que no dialogará hasta que se presenten los titulares de las principales dependencias, y mientras no permitirá que las máquinas avancen sobre su territorio. El gobierno ha respondido enviando más policía y colocando retenes que violan la propiedad de la comunidad.

BOLETÍN DE PRENSA, JURISTAS INFORMAN


UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
UNIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJO
18 de febrero de 2008


BOLETÍN DE PRENSA, JURISTAS INFORMAN
¡LA LUCHA CONTINUA, A SEGUIR CON LA MOVILIZACIÓN Y LOS AMPAROS!


SIN TRÁMITE TODAVÍA LAS NUEVAS DEMANDAS DE AMPARO.- A un mes de presentadas más de 20 mil nuevas demandas de amparo en contra de los primeros actos de aplicación de Ley del ISSSTE, promovidas por más de un millón de trabajadores al servicio del Estado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Corte no inician su trámite ni fijan claramente todavía quien se hará cargo, evidenciando su incapacidad para impartir justicia pronta, eficaz, completa e imparcial, haciéndole el juego a la política antisocial del gobierno federal.

SUMAN MÁS DE MILLÓN Y MEDIO LOS AMPAROS VS LA NUEVA LEY DEL ISSSTE.- El pasado 18 de enero, en el marco de una movilización sin precedentes, bajo la orientación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la asesoría de la Unión de Juristas de México, se interpusieron nuevas demandas de amparo, que agregadas a las anteriores en contra de los efectos generales de la Ley, suman más de millón y medio en contra de una Ley totalmente inconstitucional y violatoria de los derechos laborales y sociales adquiridos de los trabajadores y confiscatoria de sus derechos patrimoniales.

DISTRIBUCIÓN JUDICIAL DE LOS AMPAROS.- En la primera etapa de amparos que corrió del 2 de abril al 17 de mayo de 2007, se presentaron 169 mil 864 demandas, promovidas por 433 mil 725 servidores públicos que se tramitan en los Juzgados Primero y Segundo Auxiliares. En la segunda etapa, que corrió del 2 al 22 de enero de 2008, se presentaron más de 20 mil demandas grupales promovidas por más de un millón de trabajadores, sin que hasta la fecha se haya determinado que Juzgado conocerá de ellas. Del total de asuntos de la primera etapa, en el Juzgado Primero se tramitan 146,469 demandas individuales que corresponden a igual número de trabajadores; y, en el Juzgado Segundo se tramitan 23,395 demandas grupales, que corresponden a 287,256 trabajadores amparados.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS AMPAROS.- En el Juzgado Primero los juicios están muy avanzados, en ellos se logró acreditar el interés jurídico de la mayoría de los quejosos y se ofreció a favor de los trabajadores la prueba pericial en seguridad social y cálculos actuariales y aunque las últimas audiencias constitucionales están señaladas para el mes de mayo de 2008, ya se resolvieron 50 juicios individuales, en los que en 28 de ellos se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los trabajadores, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 25 de la nueva Ley. Estas sentencias actualmente se encuentran en revisión ante la Corte, la cual ha declarado que a más tardar en el mes de marzo de este año dará a conocer su fallo. Por su parte, el Juzgado Segundo está demorado en la tramitación de los juicios y aunque las primeras audiencias constitucionales se señalaron para el 11 de febrero pasado, éstas no se llevaron a cabo por no estar debidamente integrados los informes de las Responsables y las actuaciones del Expediente.

REQUIEREN LOS TRABAJADORES ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO AUXILIAR.- Del examen de los primeros casos que se tramitan ante el Juez Segundo de Distrito Auxiliar, se desprende que la mayoría de los quejosos exhibieron solamente copias de sus documentos, o que algunos inclusive no exhibieron ni las copias, motivo por el cual la Unión de Juristas hace un llamado urgente a los trabajadores amparistas para que se presenten ante dicho Juzgado en días y horas hábiles para que exhiban sus documentos originales para preservar la materia del amparo y su interés jurídico, ya que con sus documentos originales se cotejarán las copias exhibidas, o bien, podrán presentar sus originales con sus respectivas copias, para evitar que sus amparos sean desechados.

ES POSIBLE Y NECESARIO SEGUIR AMPARÁNDOSE EN CONTRA DE LOS PRIMEROS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.- Está alternativa solamente aplica para los trabajadores al servicio del Estado que todavía no se han amparado en contra de la aplicación de las nuevas cuotas del ISSSTE, o bien, en contra de la elección forzosa de optar entre el décimo transitorio o bonoissste, que ya empezó a recabar el patrón a través de sus unidades administrativas; o, para aquellos, que no han actuado ante la confiscación de sus fondos del SAR92 y FOVISSSTE, pudiendo ampararse en contra de todos estos actos o solamente por alguno de ellos.

FECHA Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS AMPAROS.- Todos los trabajadores que no se pudieron amparar en esta segunda etapa que corrió del 2 al 22 de enero de 2008, tengan o no el primer amparo, podrán ampararse siguiendo la guía y formato que dio a conocer la Unión de Juristas, como 2° Amparo, Tercer Formato vs. Ley ISSSTE. La demanda deberá presentarse como lo indica la guía dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la fecha en que les sea aplicado o notificado el acto reclamado. Si es en contra de la entrega del formato para optar por el décimo transitorio o bonoissste, deberá contarse a partir del día siguiente aquel en que les hayan notificado o exigido requisitar dicho documento; y. si es, en contra de los nuevos descuentos por concepto de cuotas al ISSSTE, deberá calcularse como fecha de partida para la presentación del amparo la del día siguiente al de la fecha en que se les haya pagado. El amparo podrá presentarse en días y horas hábiles en cualquiera de las oficinas de los Juzgados de Distrito del país, instaladas en el lugar donde residan, o bien, en el Palacio de Justicia Federal de san Lázaro, ubicado en: Eduardo Molina No. 2, esquina Sidar y Rovirosa, Colonia El Parque, DF (Metro San Lázaro).

RECHAZO CATEGÓRICO Y FIRME AL FORMATO DE OPCIÓN ENTRE DÉCIMO TRANSITORIO Y BONOISSSTE.- En días recientes las unidades administrativas de las Dependencias por instrucciones del ISSSTE, están entregando con presiones y amenazas a los trabajadores, amparados o no, un formato de opción por el Décimotransitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, cuyo acto además de ilegal, no es viable en ninguna de sus opciones, que son diferentes y menores a las que establecía la Ley anterior, porque dañan el patrimonio y los derechos adquiridos de los trabajadores. La opción o elección voluntaria de cualquiera de las dos posibilidades, lleva a consentir la aplicación de la nueva Ley y anula los efectos legales del amparo, así como, los de la suspensión, por ello, y aunque no se haya amparado el trabajador, es importante no recibir ni notificarse de dicho formato, puesto que además, la fecha límite para este trámite concluye el 30 de junio de 2008, y para ese entonces, con el derecho, la unidad y movilización de los trabajadores abrogaremos la nueva Ley del ISSSTE y si es necesario, con la huelga nacional, que está convocando la CNTE y demás organizaciones de los trabajadores. Dicha opción es una trampa. Obligarnos a hacerlo, más aún cuando se está amparado es un delito y una violación a los derechos y debe denunciarse ante las Comisiones de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y las propias contralorías internas POR ESO, RECHACEMOS ROTUNDAMENTE ESE FORMATO. Adjuntamos boletín sobre el punto.

LA VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL AMPARO ES UN DESACATO Y UN DELITO.- Una de las funciones más importantes de los jueces federales y del amparo es otorgar medidas provisionales en tanto se resuelve el fondo del asunto, para preservar los derechos de los quejosos y evitarles daños irreparables en sus derechos y patrimonio. En el caso de los amparos vs. la nueva Ley del ISSSTE al inicio a la gran mayoría de trabajadores se les otorgó la suspensión provisional, pero en las audiencias incidentales a una parte de ellos se les ha estado negando la suspensión definitiva, porque no acreditaron su interés jurídico, sin embargo, a la fecha, de los más de 433 mil amparados de la primera etapa, a cerca de 350 mil no se les está respetando su derecho a la suspensión. Cabe aclarar que por la cuantía de los asuntos y las dificultades de su litigo se hace difícil establecer a quien si se les ha respetado la suspensión y a quienes no, aunado al hecho de que lo que se busca es una solución de fondo, más aún que los amparos del Juzgado Primero están la mayoría listos para resolución. Además de que el descuento indiscriminado y escalonado de las Dependencias – patrón, propició una mayor simpatía por el recurso, por ello, la Unión de Juristas de México ha sugerido abstenernos de interponer en masa recursos de inejecución porque inhibiría la presentación de más amparos, nos anularía el acto reclamado del segundo amparo y taponaría el poder judicial, cuya ineficacia es ostensible, prolongando en nuestro perjuicio una solución de fondo, sin embargo, previa plática con la dirección de la CNTE, decidimos optar por la movilización, la protesta social y una denuncia penal en contra de las autoridades responsables por la violación a la suspensión, para ello, es indispensable que los amparistas que hayan detectado la violación de su suspensión y estén dispuestos a presentar dicha denuncia, bajo asesoría nuestra, recaben las pruebas del hecho y nos las hagan llegar, para preparar las demandas, pudiendo establecer comunicación con la Unión , a través de la CNTE y/o en las direcciones electrónicas. Por último es de aclararse que si han descontado las nuevas cuotas a los amparistas que gozan de la suspensión, dichas cuotas deberán de devolverse para el caso de que finalmente se logre el amparo, aunado al propósito de que el asunto se trate con la presidencia de la Corte, a la cual ya hemos solicitado una audiencia.

Con la fuerza de la unidad y movilización de los trabajadores y trabajadoras y con la razón del derecho, abrogaremos la nueva Ley del ISSSTE.


Fraternalmente.

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO (UJM)
UNIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJO (UESST)

Acusan a fiscalía para delitos contra mujeres de proteger a torturadores


Un grupo de habitantes de San Salvador Atenco exigió a la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Guadalupe Morfín, que deje de proteger a policías federales, estatales y municipales que presuntamente torturaron a más de un centenar de personas que fueron aprehendidas en mayo de 2006, luego de un enfrentamiento en esa localidad entre pobladores y agentes policiacos.
Mariana Selvas Gómez, estudiante de etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien estuvo detenida 11 meses en un penal mexiquense acusada de haber motivado el enfrentamiento con los policías, se manifestó este mediodía frente a las instalaciones de la fiscalía, acompañada por unos 30 atenquenses.
“No pido disculpa, sino castigo para aquellos que nos mantuvieron presos siendo inocentes y que siguen manteniendo recluidos a compañeros que tampoco tuvieron responsabilidades”, indicó.
El caso de Mariana Selvas es similar al de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien estuvo varios meses detenida por cargos similares, pero fue excarcelada por falta de pruebas. Las dos estaban juntas cuando les avisaron del desalojo violento contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Selvas Gómez acudió al lugar para auxiliar a su padre, quien es doctor, en la atención de los heridos. Fue capturada, y en el traslado hacia el Ministerio Público los policías la torturaron sicológicamente e intentaron violarla.
El testimonio de ella fue denunciado ante la fiscalía de mujeres, que hasta diciembre pasado encabezaba Alicia Elena Pérez Duarte, quien dejó la estafeta a Guadalupe Morfín.
Ayer, entrevistada durante la manifestación en que gritaron consignas contra la PGR, Mariana Selvas refirió que la nueva funcionaria únicamente ha dicho a los denunciantes que no conoce el caso y que tomará el tiempo que necesite para desahogar la averiguación previa.
Los atenquenses denunciaron penalmente a agentes de la Policía Federal Preventiva –esa dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal estaba a cargo en mayo de 2006 de Eduardo Medina Mora, quien hoy es titular de la PGR– y a policías del estado de México.
A más de un año del enfrentamiento en Atenco, ningún policía ha sido consignado penalmente por supuesto abuso de autoridad y tortura.
Respeto a los derechos humanos
Por otra parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se comprometió con integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) a que las comisiones especiales que integró el máximo tribunal para investigar las supuestas violaciones a las garantías individuales en San Salvador Atenco y en Oaxaca actuarán “con absoluto respeto a la legalidad y los derechos humanos”.
Al recibir ayer a Marco Aparicio, Françoise Escarpit y Antonio Medrano, de la CCIODH, Ortiz Mayagoitia les entregó una copia del acuerdo general de la Corte que establece las reglas que deben seguir las comisiones investigadores de posibles violaciones graves a las garantías individuales.
En ese contexto, el funcionario judicial “les garantizó”, según un comunicado de la Corte, que el Poder Judicial de la Federación es “seguro, confiable y objetivo”, y que las investigaciones se llevan a cabo con apego estricto a la ley.

Acusan a fiscalía para delitos contra mujeres de proteger a torturadores

Un grupo de habitantes de San Salvador Atenco exigió a la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Guadalupe Morfín, que deje de proteger a policías federales, estatales y municipales que presuntamente torturaron a más de un centenar de personas que fueron aprehendidas en mayo de 2006, luego de un enfrentamiento en esa localidad entre pobladores y agentes policiacos.
Mariana Selvas Gómez, estudiante de etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien estuvo detenida 11 meses en un penal mexiquense acusada de haber motivado el enfrentamiento con los policías, se manifestó este mediodía frente a las instalaciones de la fiscalía, acompañada por unos 30 atenquenses.
“No pido disculpa, sino castigo para aquellos que nos mantuvieron presos siendo inocentes y que siguen manteniendo recluidos a compañeros que tampoco tuvieron responsabilidades”, indicó.
El caso de Mariana Selvas es similar al de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien estuvo varios meses detenida por cargos similares, pero fue excarcelada por falta de pruebas. Las dos estaban juntas cuando les avisaron del desalojo violento contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Selvas Gómez acudió al lugar para auxiliar a su padre, quien es doctor, en la atención de los heridos. Fue capturada, y en el traslado hacia el Ministerio Público los policías la torturaron sicológicamente e intentaron violarla.
El testimonio de ella fue denunciado ante la fiscalía de mujeres, que hasta diciembre pasado encabezaba Alicia Elena Pérez Duarte, quien dejó la estafeta a Guadalupe Morfín.
Ayer, entrevistada durante la manifestación en que gritaron consignas contra la PGR, Mariana Selvas refirió que la nueva funcionaria únicamente ha dicho a los denunciantes que no conoce el caso y que tomará el tiempo que necesite para desahogar la averiguación previa.
Los atenquenses denunciaron penalmente a agentes de la Policía Federal Preventiva –esa dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal estaba a cargo en mayo de 2006 de Eduardo Medina Mora, quien hoy es titular de la PGR– y a policías del estado de México.
A más de un año del enfrentamiento en Atenco, ningún policía ha sido consignado penalmente por supuesto abuso de autoridad y tortura.
Respeto a los derechos humanos
Por otra parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se comprometió con integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) a que las comisiones especiales que integró el máximo tribunal para investigar las supuestas violaciones a las garantías individuales en San Salvador Atenco y en Oaxaca actuarán “con absoluto respeto a la legalidad y los derechos humanos”.
Al recibir ayer a Marco Aparicio, Françoise Escarpit y Antonio Medrano, de la CCIODH, Ortiz Mayagoitia les entregó una copia del acuerdo general de la Corte que establece las reglas que deben seguir las comisiones investigadores de posibles violaciones graves a las garantías individuales.
En ese contexto, el funcionario judicial “les garantizó”, según un comunicado de la Corte, que el Poder Judicial de la Federación es “seguro, confiable y objetivo”, y que las investigaciones se llevan a cabo con apego estricto a la ley.

Cierran filas en defensa de Pemex AMLO y candidatos a la presidencia del PRD

Los aspirantes manifiestan quejas por la falta de recursos para realizar sus campañas
Alma E. Muñoz
Cuatro candidatos a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron ayer con Andrés Manuel López Obrador emitir un pronunciamiento conjunto en contra de la privatización del sector petrolero. El encuentro entre los perredistas se realizó horas después de que las confrontaciones entre los primeros subieron de tono por la falta de recursos para propaganda electoral en sus campañas.
A la reunión, realizada a puerta cerrada en las oficinas centrales del ex candidato presidencial, acudieron Jesús Ortega, Camilo Valenzuela, Alejandro Encinas y Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes anunciaron su participación en el mitin que frente a la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) encabezará López Obrador el próximo domingo, para dar a conocer las acciones de resistencia civil en contra de la iniciativa que al respecto impulsen el gobierno calderonista y las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Entrevistados por separado, los candidatos a la dirigencia perredista aseguraron que todos se manifestaron por el cierre de filas en torno a la defensa del petróleo. Ortega Martínez inclusive mencionó que el encuentro fue para “despejar especulaciones acerca de diferencias sobre este tema. No las hay, se ha reafirmado y se van a expresar con toda claridad nuestras coincidencias”. Además, coincidió con sus compañeros en que se acordó no vincular la elección interna del partido del sol azteca con este asunto.
A Ramírez Cuéllar se le comisionó para elaborar la propuesta de pronunciamiento, y hoy tiene que hacerla llegar a sus compañeros de partido, incluido López Obrador, para darla a conocer antes del 24 de este mes.
Horas antes, en conferencias de prensa, los candidatos cuestionaron la falta de recursos para propaganda electoral en sus campañas. Pero fue el “apoyo” que López Obrador otorga a Encinas Rodríguez el centro de la disputa, aunque este último defendió el derecho del ex candidato presidencial a opinar y brindarle su respaldo como militante perredista. No obstante, admitió que la intención es distribuir el documento entre el 5 por ciento del padrón de afiliados del PRD.
Encinas reviró las acusaciones en su contra por supuestamente violar estatutos del partido ante la existencia de una carta del ex candidato presidencial en su favor, al exhibir volantes, pintas e inserciones pagadas en apoyo a Jesús Ortega en medios impresos nacionales, y el anuncio –a través de un comunicado de prensa– del coordinador de los senadores del partido, Carlos Navarrete, sobre las giras que realiza los fines de semana en diversos estados para llamar a votar por el mismo Ortega.
Resaltó la pinta de una barda en Guadalajara, donde se realiza un juego de palabras con los nombres de Ortega y Abel Cristo –candidato a presidente del partido en Jalisco– para resaltar Jesús Cristo. “Por supuesto aquí están los hechos y nadie ha dicho nada”.
Pero Ortega Martínez respondió, momentos después de encontrarse con López Obrador: “Se equivocan, no estoy haciendo ninguna propaganda. Algunos compañeros tenían una propaganda (pero) he dado instrucciones de que la guarden con diez llaves. En ningún estado estoy haciendo propaganda”.
A lo mejor, admitió, alguna gente la ha hecho, pero “no hay de parte mía ninguna sola, de verdad lo digo”, y si existe alguna pinta “díganme dónde está para borrarla”. Anticipó que no quiere provocar un problema con la carta de López Obrador, por lo que, sostuvo, “presentaré una queja ante el Comité Técnico Electoral, pero no para inhabilitar a nadie”.
Debate en la UNAM
El candidato de Nueva Izquierda estuvo ausente en el primer debate público que Valenzuela, Encinas y Ramírez Cuellar sostuvieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al argumentar que no fue invitado a tiempo.
Por cierto, en el auditorio Ricardo Flores Magón se repartieron trípticos con la imagen de Camilo Valenzuela y sus propuestas de campaña, cuando momentos antes, en conferencia de prensa en la sede nacional del PRD, este candidato censuró el apoyo de López Obrador a Encinas y hasta dejó entrever la posibilidad de postergar la elección del 16 de marzo.
Inti Muñoz y Pablo Gómez, del equipo de Ramírez Cuéllar, se sumaron a las quejas por este apoyo y el que recibe Ortega, al considerar que violan los estatutos del partido. Junto con otros integrantes de su corriente, Movimiento en Democracia, solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional que haga respetar las normas en la contienda rumbo al 16 de marzo.

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EL GOBIERNO PANISTA TE QUIERE ENGAÑAR PARA PRIVATIZAR PEMEXHay un spot hecho por el gobierno panista con el que se pretende ENGAÑAR a los mexicanos para que acepten la privatización de Pemex por medio de permisos para que trasnacionales extranjeras extraigan petróleo de aguas profundas del Golfo de México.El spot se puede ver en este link:http://video.google.com/videoplay?docid=-4813143214453307372&hl=enEsencialmente lo que el spot dice es:1. Hay petróleo en aguas profundas en el Golfo de México pero Pemex no tiene la tecnología para extraerlo.2. En paises como Brasil, Cuba y Estados Unidos, se permite que empresas trasnacionales extranjeras extraigan petróleo.3. Por lo tanto, México debe hacer lo mismo y permitir que empresas trasnacionales extranjeras hagan "alianza" con Pemex para extraer petróleo de aguas profundas.Claro; lo pintan de tal manera que parezca que Pemex no se privatizaría y que el petróleo sería de los mexicanos.Pero el spot del gobierno MIENTE por lo siguiente:1. Lo que el gobierno llama "alianza" es en realidad PRIVATIZACIÓN, ya que se le tendría que pagar a las trasnacionales extranjeras que extraigan petróleo del Golfo de México o con petróleo o con ganancias de Pemex. Eso convierte a las trasnacionales en DUEÑAS de Pemex. Y eso se llama PRIVATIZACIÓN.2. Brasil, Cuba y Estados Unidos NO son paises exportadores de petróleo y sus economías NO dependen del petróleo. México SÍ es exportador de petróleo y su presupuesto depende en un 40% de los igresos del petróleo. Por lo tanto, permitir que alguien más extraiga petróleo para México, causándole pérdidas, lo que logra es que se reduzcan los ingresos de Pemex y el presupuesto del país. Usar como ejemplo a Cuba, Brasil o Estados Unidos para tratar de referirise a la situación de México, por lo tanto, es un ENGAÑO.3. La tecnología para extraer petróleo de aguas profundas se puede RENTAR. Pemex puede rentar esta tecnología para extraer petróleo sin tener que permitir que las empresas trasnacionales se adueñen de Pemex. Para poder rentar esta tecnología lo único que se requiere es que el gobierno federal acabe con la EVASIÓN FISCAL de las grandes empresas que no pagan impuestos.Ahora bien; puesto que al gobierno le gusta hacer comparativos con otros países, pues entonces comparemos con los casos de BOLIVIA y VENEZUELA.En Bolivia la industria petrolera era privada. Pero el Presidente Evo Morales la nacionalizó por completo, lo cual resultó en una TRIPLICACIÓN de los ingresos del estado por la venta de los recursos energéticos de Bolivia.Esto quiere decir, haciendo un paralelismo, que de privatizarse Pemex por medio de "alianzas" o "asociaciones" con trasnacinoales extranjeras, entonces México corre el riesgo de perder DOS TERCERAS PARTES de sus ingresos por el petróleo.En el caso de Venezuela ocurre algo similar: la industria petrolera venezolana se nacionalizó por completo y Venezuela, sin depender de trasnacionales extranjeras, le exporta gasolina hasta a Estados Unidos. De hecho, gracias a que el petróleo Venezolano no es controlado por el capital privado, Venezuela ha podido tener un crecimiento económico de hasta 15% anual.¿Por qué entonces poner en riesgo el petróleo de México si los ejemplos de Bolivia y Venezuela muestran que la mejor manera de tener ingresos por los energéticos es manteniendo al petróleo como una industria 100% controlada por el estado y SIN "alianzas" ni "asociaciones" con trasnacionales extranjeras?Lo que pasa es que el gobierno PANISTA quiere ROBARSE lo que es de todos los mexicanos. Creen que permitiendo que trasnacionales extranjeras se apoderen del petróleo mexicano, entonces ellos podrán convertirse en accionistas de las trasnacionales, volverse ricos y no tener que trabajar nunca más. Eso se llama ROBO. Y a quien roba hay que llamarle por su nombre: LADRÓN.¡No permitas que los panistas Se ROBEN TU PETRÓLEO! ¡NUESTRO PETRÓLEO!

PEMEX = MÉXICO¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO EN AGUAS PROFUNDAS! ¡QUIEN PRETENDA ENTREGAR EL PETRÓLEO A LOS EXTRANJEROS ES UN TRAIDOR A LA PATRIA!

INFÓRMATE !

¡A DOS AÑOS DE LAS EXPLOSIONES EN LA MINA DE PASTA DE CONCHOS, EXIGIMOS RESCATE DE LOS RESTOS DE LOS MINEROS CAIDOS!


 

Estimados compañeros y compañeras:

 

Les enviamos un manifiesto de solidaridad de las Organizaciones civiles en apoyo a la Familia Pasta de Conchos. La intención es leerlo el día de mañana en la Marcha por el segundo aniversario en el zócalo. 

 

Martes 19 de febrero, 17 hrs.  Monumento a la Revolución al Zócalo

 

Les pedimos que  sumen sus firmas como orgnizaciones solidarias que de una u otra manera han apoyado a la Familia a lo largo de su justa lucha. Por favor envien su adhesión al manifiesto a este correo electrónico. En vista de los tiempos no pretendemos hacer una campaña de firmas muy extensiva, simplemente con ustedes pues han sido las organizaciones que han estado en contacto con nosotros, ya pensaremos en otra Campaña pasado el aniversario.

 

Esperamos sus adhesiones con el nombre de su organización hasta mañana martes como a las 2 PM y nuevamente muchísimas gracias por su solidaridad y apoyo

 

Perdonen la premura pero la dinámica de estos días así ha sido. Gracias nuevamente

 

Familia Pasta de Conchos

 

POR UNA VIDA DIGNA PARA LOS TRABAJADORES DEL CARBÓN, Cd de México, 19.02.08.

 Apreciables familiares de los mineros caídos injustamente en Pasta de Conchos:

 A dos años de ocurrido el siniestro en San Juan de Sabinas, Coahuila, cuyo origen documentado ha sido la omisión, torpeza y negligencia de autoridades federales y las empresas General de Hulla e Industrial Minera México, propiedad del Grupo México, de Germán Larrea Mota de Velasco, queremos reiterarles que asumimos como propio su dolor y la incertidumbre en que han sido puestos al pasar más de 700 días sin haber encontrado aún la debida diligencia del gobierno mexicano y de las empresas, para la entrega de los restos de los 63 mineros aún atrapados en el socavón de la mina 8 de "Pasta de Conchos".

Sabemos que se han acreditado y documentado las violaciones a los derechos humanos en agravio de sus 65 familiares, así como de las personas lesionadas, toda vez que servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora mediocremente sancionados (y sólo los de rango menor), toleraron que las referidas empresas funcionaran en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores, transgrediendo con ello, sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la seguridad e higiene en su centro de trabajo.

A los mineros les fue impedido el acceso a las condiciones que les garantizaran una existencia digna y ahora a Ustedes, sus familiares, se les quiere impedir la reparación inderogable de la recuperación de sus restos mortales, rehabilitación fundamental y básica de un daño irreparable, y lo único que, junto al castigo de los responsables, pondría fin a la arbitrariedad empresarial y a la omisión y debida diligencia por parte del Estado Mexicano para hacer justicia y dar paz y la debida satisfacción a los deudos.

Queremos manifestar de nuevo que no están solos. Mucho menos en este momento de remarcar que hay condiciones para reanudar el rescate. Creemos con Uds que los problemas complejos que se han de enfrentar son superables y pensamos que en México existe la tecnología, sabiduría e ingenio para enfrentar este desafío. Tienen razón al afirmar que sólo falta la voluntad de las Empresas y del Gobierno. Cuentan con nuestra solidaridad para hacer valer un derecho humanitario inherente a todos los seres humanos: enterrar a sus muertos; a la vez que nos sumamos a la Campaña que han emprendido Por una cuerda de vida para los mineros del carbón, es especial a lo referente a la postulación de Minera México de Grupo México como empresa socialmente irresponsable.

Atentamente,

RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERAPAZ; SICSAL; EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO Y EL CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC…. Los que se sumen

 

¡A UNA SOLA VOZ RESCATE YA!

 

http://soberaniapopular.blogspot.com