A TODOS LAS MADRES DE MEXICO LES DESEAMOS PAZ Y DICHA NO SOLO ESTE SINO TODOS LOS DIAS DEL AÑO
¡FELIZ DIA DE LAS MADRES¡
¡FELIZ DIA DE LAS MADRES¡
LES DESEA:
PROYECTO SIDA CHIAPAS AC.
sábado, 10 de mayo de 2008
La ultraderecha bloquea a la Iglesia en audiencias del aborto: abogados
Gabriel León Zaragoza
El Colegio de Abogados Católicos denunció que “grupos de ultraderecha” pretenden marginar a la Iglesia católica en el Distrito Federal de participar en las audiencias sobre la despenalización del aborto que se realizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La agrupación que funge como representante de la Arquidiócesis de México en el tema, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) forma parte de los grupos de ultraderecha “que únicamente quieren tener una sola voz en las cosas y quieren ser quienes secuestren el debate”, marginando en la discusión en torno al aborto a “los grupos tolerantes y dialogantes”.
Precisó que la comisión los ha “discriminado” al ejercer presión en foros públicos con la intención de marginar la voz, sobre diversos temas, de la representación católica local.
El Colegio de Abogados Católicos denunció que “grupos de ultraderecha” pretenden marginar a la Iglesia católica en el Distrito Federal de participar en las audiencias sobre la despenalización del aborto que se realizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La agrupación que funge como representante de la Arquidiócesis de México en el tema, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) forma parte de los grupos de ultraderecha “que únicamente quieren tener una sola voz en las cosas y quieren ser quienes secuestren el debate”, marginando en la discusión en torno al aborto a “los grupos tolerantes y dialogantes”.
Precisó que la comisión los ha “discriminado” al ejercer presión en foros públicos con la intención de marginar la voz, sobre diversos temas, de la representación católica local.
No avalarán en Morelos matrimonio homosexual
Jaime Brito/ La Jornada Morelos
Cuernavaca, Mor. El Congreso del estado desechará la iniciativa presentada en 2005 por Raúl Iragorri Montoya, entonces diputado independiente, para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues ésta “es una situación antinatural”, dijo hoy Óscar Sergio Hernández Benítez, coordinador de la fracción panista. Este viernes fue presentado a la Junta Política y de Gobierno el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, firmado por todos los partidos, incluido el PRD.
Cuernavaca, Mor. El Congreso del estado desechará la iniciativa presentada en 2005 por Raúl Iragorri Montoya, entonces diputado independiente, para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues ésta “es una situación antinatural”, dijo hoy Óscar Sergio Hernández Benítez, coordinador de la fracción panista. Este viernes fue presentado a la Junta Política y de Gobierno el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, firmado por todos los partidos, incluido el PRD.
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
La Jornada 10/05/08
Lo exoneró una comisión de diputados que “él mismo formó”
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
Alma E. Muñoz (Enviada)
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.–¿Se tendría que presentar denuncia formal?–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?–Hasta impedir que se privatice.Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
Lo exoneró una comisión de diputados que “él mismo formó”
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
Alma E. Muñoz (Enviada)
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.–¿Se tendría que presentar denuncia formal?–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?–Hasta impedir que se privatice.Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
Alma E. Muñoz (Enviada)
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.
Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.
Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.
“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.
–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?
–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.
–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?
–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.
–¿Se tendría que presentar denuncia formal?
–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.
Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.
Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.
–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?
–Hasta impedir que se privatice.
Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.
¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.
Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.
Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.
“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.
–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?
–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.
–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?
–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.
–¿Se tendría que presentar denuncia formal?
–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.
Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.
Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.
–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?
–Hasta impedir que se privatice.
Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.
¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
Da el Comité Técnico Electoral triunfo a Ortega; Garantías cuestiona el cómputo
Cerca de las 23 horas de ayer, los funcionarios responsables de la Comisión Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática dieron a conocer los resultados de la totalidad de las actas de los comicios para la dirigencia del partido. Conforme a las cifras oficiales, el candidato de Nueva Izquierda (NI), Jesús Ortega, obtuvo 557 mil 729 votos, y el aspirante de Izquierda Unida (IU), Alejandro Encinas, 541 mil 515.
Minutos después de difundirse los resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con que operó la CTE. “En el arranque del proceso de cómputo había irregularidades en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No me explico cómo contabilizaron lo que no se atrevieron a contar”.
Advirtió que la premura de anoche coloca al partido más lejos de un arreglo en el conflicto poselectoral; no obstante, precisó: “ya lo veremos (este cómputo) al momento de la calificación” de los comicios, falta el proceso de impugnaciones.
Con las firmas de Amet Ramos Troconis, coordinador del área de planeación de la CTE –quien había rubricado el acta anterior con 83.95 por ciento de los sufragios–, y de Fermín Pérez Montes, encargado del área jurídica, el acta fue elaborada “en cumplimiento estricto de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de mayo”.
El documento fue depositado minutos antes de las 9 de la noche en la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene un plazo de 48 horas para determinar la validez del mismo, para lo cual, Guadalupe Acosta Naranjo –presidente provisional no reconocido por IU y que ha sido impugnado ante la Comisión Nacional de Garantías– ya convocó a una sesión del CEN para mañana a las 11 horas.
El proceso se realizó con extraordinaria celeridad, incluso antes de que transcurrieran la mitad de las 72 horas fijadas por el TEPJF para cerrar los conteos estatales y 48 más para elaborar el cómputo nacional.
Interpretaciones distintas
La rapidez con que concluyó el dictamen de los cómputos estatales y el nacional fue producto de la confrontación de las interpretaciones legales de ambas corrientes, en la que finalmente se impuso la posición de Nueva Izquierda.
Para los representantes de Izquierda Unida, en los hechos fue un albazo que atropelló todos los plazos fijados por el TEPJF, en el que se avalaron los cómputos ilegalmente realizados, especialmente el de Chiapas, cuya inclusión permitió que Ortega pudiera obtener la ventaja final.
La confrontación entre las corrientes del PRD se trasladó a la interpretación legal del fallo emitido por el tribunal federal respecto a los plazos para concluir los cómputos de la elección del pasado 16 de marzo.
Los simpatizantes de Ortega operaron para que su interpretación jurídica del fallo de los magistrados prevaleciera entre los responsable de la CTE. Para esta corriente, los cómputos estatales ya habían sido concluidos y, por tanto, el plazo de 72 horas que habían dado era innecesario, por lo que debía –como sucedió– elaborarse el acta del cómputo nacional dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del TEPJF.
Sin embargo, para los encinistas resultaba inadmisible cerrar el proceso validando el conteo “irregular” en Chiapas, cuya importancia en el resultado final era clave para inclinar la balanza en favor de Ortega, según dijo Dolores Padierna, quien consideró que por esa razón era necesario que corrieran los plazos de los cómputos estatales, para no validar aquellos que fueron irregulares y revisar los que se efectuaron tras la renuncia de Arturo Núñez a la Comisión Técnica Electoral, porque “no tienen aval jurídico”.
Para ambos grupos, los tiempos fueron clave en el desenlace de anoche, dada la condición de incertidumbre jurídica respecto a la presidencia del partido, ya que solamente el dirigente nacional puede convocar a una reunión del CEN para validar el acta.
En tal sentido, para Nueva Izquierda era fundamental acelerar los tiempos de decisión antes de que la Comisión Nacional de Garantías pudiera desahogar el recurso de los seguidores de Encinas en contra de la sesión del Consejo Nacional Extraordinario, donde se nombró “ilegalmente” a Acosta Naranjo.
La celeridad del proceso sorprendió incluso a Ernestina Godoy, a quien los integrantes de la CTE le manifestaron la existencia de “una problemática” al momento de iniciar el cómputo. “Hasta donde sé, no van a concluir hoy (viernes)... pero puede haber sorpresas”, había dicho una hora antes de que finalizara el cómputo.
Garantías –instancia que el TEPJF emplazó para dar cumplimiento a la sentencia– tenía previsto monitorear y solicitar información a los integrantes de la comisión electoral del PRD, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por los magistrados electorales. Sin embargo, el fast track de la comisión electoral terminó por rebasar las previsiones de Godoy.
La jornada transcurrió también con supuestos contactos entre los líderes de las corrientes internas para analizar la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en la víspera planteó la necesidad de que se reúnan los integrantes del Consejo Político del PRD para encontrar una salida al conflicto poselectoral y analizar la forma en que podría refundarse el partido. Esta opción representaría que Encinas y Ortega renuncien a sus aspiraciones.
Por la mañana, en entrevista para la televisión, Acosta Naranjo perfilaba el cierre del cómputo de ciento por ciento de las actas, y que Ortega resultaría ganador con una ventaja de 16 mil 800 votos.
Horas después, Padierna informó que recibieron una convocatoria de Acosta Naranjo para que el CEN sesione este domingo a las 11 de la mañana, con el único punto de avalar el acta de la CTE.. Para nosotros –dijo– esta convocatoria “es ilegal, porque su designación también lo es, está recurrida ante la Comisión Nacional de Garantías y, por tanto está sub júdice.
Minutos después de difundirse los resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con que operó la CTE. “En el arranque del proceso de cómputo había irregularidades en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No me explico cómo contabilizaron lo que no se atrevieron a contar”.
Advirtió que la premura de anoche coloca al partido más lejos de un arreglo en el conflicto poselectoral; no obstante, precisó: “ya lo veremos (este cómputo) al momento de la calificación” de los comicios, falta el proceso de impugnaciones.
Con las firmas de Amet Ramos Troconis, coordinador del área de planeación de la CTE –quien había rubricado el acta anterior con 83.95 por ciento de los sufragios–, y de Fermín Pérez Montes, encargado del área jurídica, el acta fue elaborada “en cumplimiento estricto de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de mayo”.
El documento fue depositado minutos antes de las 9 de la noche en la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene un plazo de 48 horas para determinar la validez del mismo, para lo cual, Guadalupe Acosta Naranjo –presidente provisional no reconocido por IU y que ha sido impugnado ante la Comisión Nacional de Garantías– ya convocó a una sesión del CEN para mañana a las 11 horas.
El proceso se realizó con extraordinaria celeridad, incluso antes de que transcurrieran la mitad de las 72 horas fijadas por el TEPJF para cerrar los conteos estatales y 48 más para elaborar el cómputo nacional.
Interpretaciones distintas
La rapidez con que concluyó el dictamen de los cómputos estatales y el nacional fue producto de la confrontación de las interpretaciones legales de ambas corrientes, en la que finalmente se impuso la posición de Nueva Izquierda.
Para los representantes de Izquierda Unida, en los hechos fue un albazo que atropelló todos los plazos fijados por el TEPJF, en el que se avalaron los cómputos ilegalmente realizados, especialmente el de Chiapas, cuya inclusión permitió que Ortega pudiera obtener la ventaja final.
La confrontación entre las corrientes del PRD se trasladó a la interpretación legal del fallo emitido por el tribunal federal respecto a los plazos para concluir los cómputos de la elección del pasado 16 de marzo.
Los simpatizantes de Ortega operaron para que su interpretación jurídica del fallo de los magistrados prevaleciera entre los responsable de la CTE. Para esta corriente, los cómputos estatales ya habían sido concluidos y, por tanto, el plazo de 72 horas que habían dado era innecesario, por lo que debía –como sucedió– elaborarse el acta del cómputo nacional dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del TEPJF.
Sin embargo, para los encinistas resultaba inadmisible cerrar el proceso validando el conteo “irregular” en Chiapas, cuya importancia en el resultado final era clave para inclinar la balanza en favor de Ortega, según dijo Dolores Padierna, quien consideró que por esa razón era necesario que corrieran los plazos de los cómputos estatales, para no validar aquellos que fueron irregulares y revisar los que se efectuaron tras la renuncia de Arturo Núñez a la Comisión Técnica Electoral, porque “no tienen aval jurídico”.
Para ambos grupos, los tiempos fueron clave en el desenlace de anoche, dada la condición de incertidumbre jurídica respecto a la presidencia del partido, ya que solamente el dirigente nacional puede convocar a una reunión del CEN para validar el acta.
En tal sentido, para Nueva Izquierda era fundamental acelerar los tiempos de decisión antes de que la Comisión Nacional de Garantías pudiera desahogar el recurso de los seguidores de Encinas en contra de la sesión del Consejo Nacional Extraordinario, donde se nombró “ilegalmente” a Acosta Naranjo.
La celeridad del proceso sorprendió incluso a Ernestina Godoy, a quien los integrantes de la CTE le manifestaron la existencia de “una problemática” al momento de iniciar el cómputo. “Hasta donde sé, no van a concluir hoy (viernes)... pero puede haber sorpresas”, había dicho una hora antes de que finalizara el cómputo.
Garantías –instancia que el TEPJF emplazó para dar cumplimiento a la sentencia– tenía previsto monitorear y solicitar información a los integrantes de la comisión electoral del PRD, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por los magistrados electorales. Sin embargo, el fast track de la comisión electoral terminó por rebasar las previsiones de Godoy.
La jornada transcurrió también con supuestos contactos entre los líderes de las corrientes internas para analizar la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en la víspera planteó la necesidad de que se reúnan los integrantes del Consejo Político del PRD para encontrar una salida al conflicto poselectoral y analizar la forma en que podría refundarse el partido. Esta opción representaría que Encinas y Ortega renuncien a sus aspiraciones.
Por la mañana, en entrevista para la televisión, Acosta Naranjo perfilaba el cierre del cómputo de ciento por ciento de las actas, y que Ortega resultaría ganador con una ventaja de 16 mil 800 votos.
Horas después, Padierna informó que recibieron una convocatoria de Acosta Naranjo para que el CEN sesione este domingo a las 11 de la mañana, con el único punto de avalar el acta de la CTE.. Para nosotros –dijo– esta convocatoria “es ilegal, porque su designación también lo es, está recurrida ante la Comisión Nacional de Garantías y, por tanto está sub júdice.
El gobierno federal acepta mediación del grupo propuesto por el EPR
El gobierno federal aceptó la mediación del grupo propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con el objetivo de “establecer principios de entendimiento y un proceso de diálogo” que lleve a la “solución de las diferencias (con el grupo armado) por la vía de las instituciones”.
Aunque el 29 de abril el gobierno condicionó el diálogo con los eperristas a un encuentro directo, en el que los personajes propuestos fungieran como “testigos sociales”, esta vez la Secretaría de Gobernación (SG) se refirió a ellos como “personalidades, mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos que gozan de reconocimiento en distintos sectores de la sociedad”.
De inmediato las “personalidades” mencionadas hicieron un pronunciamiento público para constituirse, en principio, en “comisión de mediación”, bajo el entendido de que “ambas partes” ya manifestaron su disposición al diálogo.
Los siete integrantes de la comisión destacaron la necesidad de privilegiar la intermediación, con el fin de dar cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad.
Anunciaron que buscarán de inmediato una reunión con funcionarios de Gobernación para escuchar y presentar planteamientos que sirvan para solucionar “los graves problemas que originan la necesidad del diálogo”, especialmente para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición –el año pasado– representa una de las banderas de lucha del grupo guerrillero.
Fuentes de la SG señalaron que el subsecretario de Gobierno, Abraham González, será el encargado de establecer contacto directo con los integrantes de la comisión, con la perspectiva de reunirse en breve. Por su parte, ésta establecerá comunicación con el EPR a través de los medios de información, vía que calificaron de “transparente y eficaz. Ustedes son el teléfono rojo con todas las partes involucradas”, agregó.
“Las cosas empiezan por un punto y van, como en la geometría clásica, en un plano lineal, en el que punto por punto se va construyendo una línea, y línea por línea se construye una superficie y una figura geométrica”, expresó el escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión, integrada además por Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional Contra la Represión.
Respecto de la participación de la legisladora, también presidenta del Comité Eureka, Montemayor dijo que no ha tenido conocimiento de que alguna comunicación oficial haya cuestionado la participación de los mediadores, incluida la senadora Rosario Ibarra.
Como se ha informado, el gobierno condicionó el diálogo a que el grupo guerrillero suspendiera definitivamente sus acciones “radicales de sabotaje y de violencia”, y advirtió que continuarán las investigaciones contra los responsables de los atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos ocurridas el año pasado.
En ese contexto, los mediadores analizaron los comunicados del EPR (emitido el 28 de abril) y del gobierno federal (dado a conocer ayer), y concluyeron que es positiva la disposición al diálogo. Destacaron también “el valor del compromiso” de los eperristas, de no ejecutar acciones armadas mientras dure la labor de la comisión de intermediación.
Tras la lectura de su pronunciamiento, Montemayor dijo que hay optimismo y que a partir de ahora ya pueden actuar de manera ordenada como comisión, no a título individual, para lograr, paso a paso, progresos y resultados positivos.
El escritor insistió en que sería prematuro hablar acerca de eventuales planteamientos o acuerdos posteriores, e insistió en la valía de la tregua prometida por el EPR, porque es muestra concreta para entender el valor de la negociación política.
“Estamos en los primeros momentos formales de una comisión que empezará a trabajar a partir de hoy. Parte de ese acercamiento (con Gobernación) será el contenido de los comunicados, cuyos puntos serán motivo de negociación y análisis.”
La SG tenía lista su respuesta desde el jueves, pero decidió hacerla pública la mañana de ayer. En ésta refrendó su disposición al diálogo y “a la vía de las instituciones” para resolver las diferencias, y condenó “toda forma de violencia”.
De igual forma, lamentó la negativa “del llamado PDPR-EPR a entablar una negociación en los términos planteados”.
En tanto, el obispo Samuel Ruiz –quien se retiró pronto de la sesión de la comisión, realizada nuevamente en las oficinas de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz– manifestó que el diálogo es la única salida política a los conflictos que existen entre el gobierno federal y los movimientos sociales, de ahí que los encuentros entre ambos representan una “oportunidad histórica”
Durante un foro convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el obispo dijo que el actual sistema de gobierno “es represivo con los diversos grupos que presentan demandan justas, si no no existirían movimientos como el EPR”.
Comentó que se pretende justificar la represión con “palabras engañosas”, al decir que se ejerce el estado de derecho.
Aunque el 29 de abril el gobierno condicionó el diálogo con los eperristas a un encuentro directo, en el que los personajes propuestos fungieran como “testigos sociales”, esta vez la Secretaría de Gobernación (SG) se refirió a ellos como “personalidades, mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos que gozan de reconocimiento en distintos sectores de la sociedad”.
De inmediato las “personalidades” mencionadas hicieron un pronunciamiento público para constituirse, en principio, en “comisión de mediación”, bajo el entendido de que “ambas partes” ya manifestaron su disposición al diálogo.
Los siete integrantes de la comisión destacaron la necesidad de privilegiar la intermediación, con el fin de dar cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad.
Anunciaron que buscarán de inmediato una reunión con funcionarios de Gobernación para escuchar y presentar planteamientos que sirvan para solucionar “los graves problemas que originan la necesidad del diálogo”, especialmente para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición –el año pasado– representa una de las banderas de lucha del grupo guerrillero.
Fuentes de la SG señalaron que el subsecretario de Gobierno, Abraham González, será el encargado de establecer contacto directo con los integrantes de la comisión, con la perspectiva de reunirse en breve. Por su parte, ésta establecerá comunicación con el EPR a través de los medios de información, vía que calificaron de “transparente y eficaz. Ustedes son el teléfono rojo con todas las partes involucradas”, agregó.
“Las cosas empiezan por un punto y van, como en la geometría clásica, en un plano lineal, en el que punto por punto se va construyendo una línea, y línea por línea se construye una superficie y una figura geométrica”, expresó el escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión, integrada además por Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional Contra la Represión.
Respecto de la participación de la legisladora, también presidenta del Comité Eureka, Montemayor dijo que no ha tenido conocimiento de que alguna comunicación oficial haya cuestionado la participación de los mediadores, incluida la senadora Rosario Ibarra.
Como se ha informado, el gobierno condicionó el diálogo a que el grupo guerrillero suspendiera definitivamente sus acciones “radicales de sabotaje y de violencia”, y advirtió que continuarán las investigaciones contra los responsables de los atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos ocurridas el año pasado.
En ese contexto, los mediadores analizaron los comunicados del EPR (emitido el 28 de abril) y del gobierno federal (dado a conocer ayer), y concluyeron que es positiva la disposición al diálogo. Destacaron también “el valor del compromiso” de los eperristas, de no ejecutar acciones armadas mientras dure la labor de la comisión de intermediación.
Tras la lectura de su pronunciamiento, Montemayor dijo que hay optimismo y que a partir de ahora ya pueden actuar de manera ordenada como comisión, no a título individual, para lograr, paso a paso, progresos y resultados positivos.
El escritor insistió en que sería prematuro hablar acerca de eventuales planteamientos o acuerdos posteriores, e insistió en la valía de la tregua prometida por el EPR, porque es muestra concreta para entender el valor de la negociación política.
“Estamos en los primeros momentos formales de una comisión que empezará a trabajar a partir de hoy. Parte de ese acercamiento (con Gobernación) será el contenido de los comunicados, cuyos puntos serán motivo de negociación y análisis.”
La SG tenía lista su respuesta desde el jueves, pero decidió hacerla pública la mañana de ayer. En ésta refrendó su disposición al diálogo y “a la vía de las instituciones” para resolver las diferencias, y condenó “toda forma de violencia”.
De igual forma, lamentó la negativa “del llamado PDPR-EPR a entablar una negociación en los términos planteados”.
En tanto, el obispo Samuel Ruiz –quien se retiró pronto de la sesión de la comisión, realizada nuevamente en las oficinas de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz– manifestó que el diálogo es la única salida política a los conflictos que existen entre el gobierno federal y los movimientos sociales, de ahí que los encuentros entre ambos representan una “oportunidad histórica”
Durante un foro convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el obispo dijo que el actual sistema de gobierno “es represivo con los diversos grupos que presentan demandan justas, si no no existirían movimientos como el EPR”.
Comentó que se pretende justificar la represión con “palabras engañosas”, al decir que se ejerce el estado de derecho.
Petróleo, Sociedad y Nación. Ifigenia Martínez
Es reconfortante que el tema del petróleo y la seguridad energética haya penetrado en la conciencia social y ya forme parte de nuestra identidad nacional. Así lo demostró la nutrida concurrencia al simposio Petróleo y Seguridad Energética organizado por el Frente Amplio Progresista (6 y 7 de mayo de 2008) en ocho sesiones a cargo de reconocidos expertos en derecho constitucional, desarrollo industrial, transformación institucional de Pemex, destino de la renta petrolera y política de Estado en la transición energética que se lleva a cabo a nivel mundial. El evento tuvo lugar en el auditorio del espectacular e histórico edificio colonial que ocupó la Escuela de Medicina de la UNAM y que nos fue gentilmente facilitado por la Rectoría.
El simposio inició con el análisis jurídico de las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso, que probablemente sean completadas con una o dos más pues es notoria la ausencia de temas importantes como el fiscal y el de las transacciones internacionales de Pemex. En seguida se abordaron tres aspectos: la contribución de Pemex en el desarrollo e industrialización del país; su desintegración corporativa para darle preferencia a la exportación de crudo, y el abandono de su industrialización, convirtiendo al país en importador de gasolina, refinados y productos petroquímicos.
Un adecuado aprovechamiento del hidrocarburo y del gas forman parte de una política de Estado, y no de una simple política de mercado que trata de maximizar ingresos sin medir las consecuencias sobre la seguridad energética y el desarrollo incluyente del país en un entorno globalizador, pues se trata de la vida de la República en un horizonte de largo plazo y no de maximizar la renta petrolera del gobierno en turno.
Con gran previsión, la Constitución de 1917 le otorgó a la nación la propiedad originaria de los recursos naturales, el manejo exclusivo del agua y los hidrocarburos y posteriormente de la energía eléctrica, la industria petrolera y la petroquímica básica. Sus beneficios por tanto corresponden a la nación para el disfrute de todos, y la recuperación de sus costos requiere una estructura de precios y tarifas que considere la capacidad de pago de los mexicanos. La renta petrolera debe reinvertirse en el propio sector o en otros relacionados para fortalecer el aparato productivo del país y contribuir a la formación de capital y a la generación de empleo.
A partir de 1994, cuando entra en vigor el Tratado el Libre Comercio, se desintegra Pemex. Con el alza espectacular en el precio del petróleo los llamados derechos fiscales se elevan hasta el grado de llegar a la confiscación hacendaría de la renta petrolera. En un entorno deliberado de restricción financiera, sus inversiones quedan muy por debajo de lo requerido para su expansión y los financiamientos indispensables se hacen con Pidiregas, con el resultado de tener ahora un Pemex endeudado en cerca de 50 mil millones de dólares sólo por ese concepto.
Los principios del manejo estatal de los sectores estratégicos están claramente marcados en la Constitución, y la legislación secundaría que resulte violatoria de los mismos puede dar lugar a que sus autores sean sujetos de juicio político. De acuerdo con los juristas y académicos que participaron en el simposio, la Constitución contiene los principios para defender a la nación de actos que intenten enajenar el recurso a intereses privados nacionales o extranjeros. Ellos coincidieron en opinar en contra de las iniciativas. Incluso llegaron a afirmar que si bien no se puede someter a juicio político al Presidente, sí se puede hacerlo con los legisladores que aprueben una iniciativa inconstitucional.
El FAP publicará en fecha próxima las ponencias de este importante evento.
Directora del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista
El simposio inició con el análisis jurídico de las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso, que probablemente sean completadas con una o dos más pues es notoria la ausencia de temas importantes como el fiscal y el de las transacciones internacionales de Pemex. En seguida se abordaron tres aspectos: la contribución de Pemex en el desarrollo e industrialización del país; su desintegración corporativa para darle preferencia a la exportación de crudo, y el abandono de su industrialización, convirtiendo al país en importador de gasolina, refinados y productos petroquímicos.
Un adecuado aprovechamiento del hidrocarburo y del gas forman parte de una política de Estado, y no de una simple política de mercado que trata de maximizar ingresos sin medir las consecuencias sobre la seguridad energética y el desarrollo incluyente del país en un entorno globalizador, pues se trata de la vida de la República en un horizonte de largo plazo y no de maximizar la renta petrolera del gobierno en turno.
Con gran previsión, la Constitución de 1917 le otorgó a la nación la propiedad originaria de los recursos naturales, el manejo exclusivo del agua y los hidrocarburos y posteriormente de la energía eléctrica, la industria petrolera y la petroquímica básica. Sus beneficios por tanto corresponden a la nación para el disfrute de todos, y la recuperación de sus costos requiere una estructura de precios y tarifas que considere la capacidad de pago de los mexicanos. La renta petrolera debe reinvertirse en el propio sector o en otros relacionados para fortalecer el aparato productivo del país y contribuir a la formación de capital y a la generación de empleo.
A partir de 1994, cuando entra en vigor el Tratado el Libre Comercio, se desintegra Pemex. Con el alza espectacular en el precio del petróleo los llamados derechos fiscales se elevan hasta el grado de llegar a la confiscación hacendaría de la renta petrolera. En un entorno deliberado de restricción financiera, sus inversiones quedan muy por debajo de lo requerido para su expansión y los financiamientos indispensables se hacen con Pidiregas, con el resultado de tener ahora un Pemex endeudado en cerca de 50 mil millones de dólares sólo por ese concepto.
Los principios del manejo estatal de los sectores estratégicos están claramente marcados en la Constitución, y la legislación secundaría que resulte violatoria de los mismos puede dar lugar a que sus autores sean sujetos de juicio político. De acuerdo con los juristas y académicos que participaron en el simposio, la Constitución contiene los principios para defender a la nación de actos que intenten enajenar el recurso a intereses privados nacionales o extranjeros. Ellos coincidieron en opinar en contra de las iniciativas. Incluso llegaron a afirmar que si bien no se puede someter a juicio político al Presidente, sí se puede hacerlo con los legisladores que aprueben una iniciativa inconstitucional.
El FAP publicará en fecha próxima las ponencias de este importante evento.
Directora del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista
Presiona Washington al Capitolio para aprobar la Iniciativa Mérida
Afp
Crawford, EU, 9 de mayo. El asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los máximos responsables del combate al crimen organizado en México, muestra la “urgencia” de que Estados Unidos ayude a su vecino del sur con fondos para la lucha antidrogas, expresó este viernes un portavoz de la Casa Blanca.
Este jueves “nos enteramos de que uno de los principales responsables de la lucha contra el crimen en México fue asesinado por uno de los cárteles de la droga”, sostuvo el portavoz Gordon Johndroe a periodistas en Crawford, Texas, donde se encuentra el presidente George W. Bush.
“Este ataque calculado contra uno de los máximos responsables de hacer cumplir la ley demuestra la urgencia para Estados Unidos de asistir a nuestro vecino del sur, así como proteger a los estadunidenses aquí en casa”, añadió.
Sostuvo que “la muerte de Millán Gómez es una trágica pérdida para el pueblo de México”, y señaló que “el presidente (Bush) urge al Congreso a actuar ahora para dar todos los fondos a la Iniciativa Mérida”.
Bush formuló un pedido similar al Congreso el miércoles, durante una conferencia en el Departamento de Estado.
La violencia generada por el crimen organizado en México se ha recrudecido desde el pasado fin de semana y en ocho días han sido ejecutadas unas 100 personas, según recuentos de la prensa.
La estrategia del gobierno estadunidense para la lucha antidrogas con sus vecinos del sur, incluye unos mil 550 millones de dólares en tres años en apoyo logístico y material, la mayoría concentrados en México.
El monto está actualmente a consideración del Congreso estadunidense, y algunos legisladores han presentado iniciativas para recortar en más de 200 millones de dólares la primera partida de dinero, que debía totalizar unos 500 millones de dólares.
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Maxime Bernier, condenó ayer la ola de asesinatos de altos mandos de la policía mexicana, y dijo que esta violencia tiene el propósito de trastocar el estado de derecho.
Manifestó su apoyo al gobierno calderonista en su compromiso de combatir a los cárteles de la droga y a las redes del crimen organizado que ponen en peligro las vidas de los ciudadanos y la seguridad de ese país y de toda la región. Canadá, prosiguió, está preparado para ayudar en esta lucha.
Cabe destacar que los gobiernos de ambos países suscribieron en 2007 un plan de acción conjunta, que incluye un nuevo marco para la cooperación en seguridad bilateral.
Crawford, EU, 9 de mayo. El asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los máximos responsables del combate al crimen organizado en México, muestra la “urgencia” de que Estados Unidos ayude a su vecino del sur con fondos para la lucha antidrogas, expresó este viernes un portavoz de la Casa Blanca.
Este jueves “nos enteramos de que uno de los principales responsables de la lucha contra el crimen en México fue asesinado por uno de los cárteles de la droga”, sostuvo el portavoz Gordon Johndroe a periodistas en Crawford, Texas, donde se encuentra el presidente George W. Bush.
“Este ataque calculado contra uno de los máximos responsables de hacer cumplir la ley demuestra la urgencia para Estados Unidos de asistir a nuestro vecino del sur, así como proteger a los estadunidenses aquí en casa”, añadió.
Sostuvo que “la muerte de Millán Gómez es una trágica pérdida para el pueblo de México”, y señaló que “el presidente (Bush) urge al Congreso a actuar ahora para dar todos los fondos a la Iniciativa Mérida”.
Bush formuló un pedido similar al Congreso el miércoles, durante una conferencia en el Departamento de Estado.
La violencia generada por el crimen organizado en México se ha recrudecido desde el pasado fin de semana y en ocho días han sido ejecutadas unas 100 personas, según recuentos de la prensa.
La estrategia del gobierno estadunidense para la lucha antidrogas con sus vecinos del sur, incluye unos mil 550 millones de dólares en tres años en apoyo logístico y material, la mayoría concentrados en México.
El monto está actualmente a consideración del Congreso estadunidense, y algunos legisladores han presentado iniciativas para recortar en más de 200 millones de dólares la primera partida de dinero, que debía totalizar unos 500 millones de dólares.
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Maxime Bernier, condenó ayer la ola de asesinatos de altos mandos de la policía mexicana, y dijo que esta violencia tiene el propósito de trastocar el estado de derecho.
Manifestó su apoyo al gobierno calderonista en su compromiso de combatir a los cárteles de la droga y a las redes del crimen organizado que ponen en peligro las vidas de los ciudadanos y la seguridad de ese país y de toda la región. Canadá, prosiguió, está preparado para ayudar en esta lucha.
Cabe destacar que los gobiernos de ambos países suscribieron en 2007 un plan de acción conjunta, que incluye un nuevo marco para la cooperación en seguridad bilateral.
SERVICIO INFORMATIVO 417
Ciudad de México, 10 de mayo de 2008
Servicio informativo núm. 417
Sumario:
I. La Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, como es el caso del futuro de la industria petrolera, señala López Obrador
II. Sería una tontería vender Pemex, por ser sustento y columna vertebral de la economía nacional: Bátiz
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LA CONSTITUCIÓN PERMITE LAS CONSULTAS PÚBLICAS CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA LA NACIÓN Y PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMO ES EL CASO DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Al reiterar la necesidad de combatir la corrupción en Pemex para evitar que Mouriño y Felipe Calderón realicen negocios en la paraestatal al amparo del poder público, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón es un inepto y resultó un rotundo fracaso en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como lo demuestra la ola de ejecuciones registradas en un importante número de ciudades del país.
En entrevista que concedió al término de una reunión informativa con brigadistas de comités en defensa del petróleo de los cinco municipios de Baja California Sur, calificó de una farsa la resolución a favor de Mouriño de la comisión legislativa investigadora de los delitos de tráfico de influencias en los negocios del funcionario calderonista.
“Los legisladores de la mencionada comisión investigadora fueron designados por el propio Mouriño, en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, y se formó a la medida de los intereses del propio Mouriño y de Calderón. Ahora, hay que buscar un mecanismo para traerlos a mecate corto, tanto a Mouriño como a Calderón”, propuso.
Sin embargo, López Obrador aclaró que el delito de tráfico de influencias en el que incurrió Mouriñó Terrazo no prescribe. Todavía “hay delitos que perseguir porque Mouriño y Calderón son socios en el negocio del petróleo”, agregó.
El caso Mouriño no está cerrado y “nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón”, adelantó, y subrayó que es necesario transferir a Pemex los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, para evitar que Calderón, Mouriño y socios los utilicen de manera discrecional.
A pregunta expresa que le hicieron los reporteros, el presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que el movimiento nacional en defensa del petróleo se conduce y se conducirá de manera pacífica.
También informó que ha visitado en diversas ocasiones los cinco municipios de Baja California Sur y que en esta ocasión fue para sostener una reunión informativa con los brigadistas de los comités en defensa del petróleo, porque “no queremos la privatización del petróleo, no queremos que se entregue este recurso a extranjeros”.
En las asambleas informativas con los brigadistas de los estados de Baja California Sur y Baja California, López Obrador reiteró “la necesidad de someter a una consulta popular la denominada reforma energética que impulsa el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.
Mediante un acuerdo de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se podría concretar que el pueblo de México expresara su aprobación o rechazo a la mencionada propuesta, explicó. Expresó que la Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, además de que en la mayoría de las leyes fundamentales de los estados ya está prevista la figura de referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
En otro orden de ideas, López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta la propuesta hecha por su correligionario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como una alternativa de solución al conflicto interno en el PRD.
De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador no tendrá actividades públicas este 10 de mayo, y se reunirá el domingo con los integrantes de las brigadas en defensa del petróleo de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
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SERÍA UNA TONTERÍA VENDER PEMEX, POR SER SUSTENTO Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL: BÁTIZ
Palabras del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, que organiza la Comisión de Energía y Desarrollo del Frente Amplio Progresista en la Antigua Escuela de Medicina
Los proyectos de dos leyes completas y tres reformas a otras, que se ha llamado en su conjunto “Reforma Energética”, no son sino una apertura para que las poderosas empresas petroleras privadas tengan acceso, propiedad y control de refinerías, oleoductos y pozos petroleros en tierra firme y en el mar.
El proyecto en su conjunto es una acción mal intencionada, mentirosa, encaminada simultáneamente a pasar por encima de preceptos constitucionales vigentes y a engañar a la opinión pública diciendo lo contrario de lo que se pretende hacer; se basa en una aplicación equívoca de preceptos constitucionales vigentes de clara interpretación, para entregar, al menos en parte, por lo pronto en parte, el patrimonio mexicano en materia de hidrocarburos.
Al percatarse, quienes proponen la supuesta reforma, que no podrían modificar directamente artículos constitucionales por la ola de descontento que tal intención despertó en la opinión pública ante la sola mención de la posibilidad, buscaron entonces, mediante un proceso acelerado, aprobar las reformas a las leyes secundarias, tan rápidamente, que cuando se iniciara el debate de las mismas ya estarían aprobadas y en vigor; de nueva cuenta.
Sin embargo, toparon con una barrera decidida a evitar el atropello y se frustró la intentona con la huelga y toma de tribuna que los legisladores del Frente Amplio Progresista con toda oportunidad efectuaron y con la salida a la calle del pueblo organizado, con la avanzada de las brigadas blancas de las Adelitas, ejemplo de patriotismo y valor civil.
Gracias a esas acciones, la opinión pública tomó conciencia y se interesó vivamente en el tema, se salvó en parte la barrera de desinformación de los medios electrónicos de comunicación y se puso el asunto en el centro de la atención nacional.
Que el proyecto es mal intencionado salta a la vista con el cotejo entre lo que dice el texto constitucional en los artículos 25, 27 y 28 y lo que se propone en las pretendidas reformas.
En la Constitución todo lo relacionado con el petróleo y los demás hidrocarburos queda reservado a la propiedad y control de la Nación; en cambio, en los proyectos enviados al Legislativo, claramente se rompe con este principio y, de ser aprobados, parte de la propiedad y el control de la industria petrolera podrían entregarse a las grandes corporaciones petroleras trasnacionales; para eso son el proyecto, las prisas y la propaganda.
El desconocimiento de la Constitución podemos encontrarlo desde la conceptualización y la terminología empleadas. A reserva de puntualizar las contradicciones entre la Ley Suprema y las nuevas reglas propuestas por Felipe Calderón, es importante destacar la confusión en la terminología y en los conceptos que pueden percibirse desde la lectura de las exposiciones de motivos.
En la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el primer párrafo de la exposición de motivos, se dice que “México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal” que lo maneja; los o el autor de la iniciativa desconocen el significado que el constituyente permanente da al termino “rectoría”; en el artículo 28 constitucional, se distinguen con claridad los conceptos de rectoría, que se deja como función del Estado sobre las áreas prioritarias de la economía, entre las que no está el petróleo y control y propiedad, que se aplican a las áreas estratégicas, entre las que sí se encuentra el petróleo.
El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “el Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación…”, aquí la Constitución permite que otros, empresas o personas privadas o entidades sociales, intervengan a través de concesiones o permisos, sólo que con algunas prevenciones y cuidados.
La rectoría es una función desde afuera de las empresas u organismos sobre los que ésta se ejerce, en la Constitución se refiere a las áreas prioritarias, en las que podrán otorgarse concesiones o permisos; las empresas concesionarias o permisionarias, actuarán con autonomía y por su propia cuenta, pero bajo la vigilancia externa del Estado sobre ellas; eso es precisamente la rectoría, que evitará que el empleo de esos permisos y concesiones vaya en contra del interés nacional.
En cambio, en las áreas estratégicas, definidas por los artículos 25 y 28, no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo. Con claridad que no requiere más interpretación que la literal, se establece que en las áreas estratégicas que por cierto no constituyen monopolio, las funciones que el Estado ejerce son en primer lugar exclusivas.
Es decir, sin que se permita en ellas alguna injerencia extraña, mucho menos concesiones o permisos y por la misma exclusividad, ni siquiera contratos para la explotación ni participación ajena y enseguida, con la literalidad de los textos constitucionales, bajo la propiedad y el control del Estado, que por ello tiene mucho más que tan sólo rectoría.
Sobre el petróleo, México no reafirma, como expresa erróneamente la exposición de motivos, rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa, va más allá de la simple rectoría y lo que ejerce es de manera exclusiva, la propiedad misma y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias.
Si el legislador constitucional hubiera pretendido darle un tratamiento igual o semejante a las áreas estratégicas y a las prioritarias, no las hubiera distinguido con la precisión con que lo hace, ni hubiera sido tan enfático en declarar la exclusividad para el Estado, a través del gobierno federal, de las estratégicas, tanto en la propiedad como en el control de los organismos que se establezcan, que en realidad ya están establecidos y son Pemex y sus empresas subsidiarias.
Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución, primero en el artículo 25 párrafo cuarto:
“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
El siguiente párrafo aclara al anterior, al establecer textualmente lo siguiente:
“Así mismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo” .
La distinción constitucional es nítida, en las áreas estratégicas, dentro de las que está el petróleo, el sector público, por conducto del gobierno federal, tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado.
Por otra parte, el artículo 28 dispone:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”
En este párrafo se reitera la exclusividad para el Estado de las áreas estratégicas a que ya antes había hecho referencia el artículo 25 y se les exceptúa de poder ser consideradas como monopolios.
El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón dice y reitera en forma machacona, en esa negación del debate que es la publicidad en los medios a favor de la iniciativa, que se pretende fortalecer a Pemex. Lo que se pretende en realidad es arrebatarle sectores importantes de su cadena productiva, entregándolo precisamente a empresas que son sus competidoras.
¿Cómo puede fortalecerse algo quitándole partes fundamentales de su estructura? ¿Cómo puede darse fortaleza a una entidad, abriendo las puertas a sus competidoras, para que tengan injerencia en su actividad exclusiva?
El concepto de estrategia proviene de la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado el concepto al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que le da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales.
Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa, necesariamente, o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.
Y eso precisamente es lo que se pretende llevar a cabo con las reformas propuestas; por ejemplo, en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se dice que el Estado realizará las actividades que le corresponda en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos, como si en esta materia existieran otras áreas que no sean estratégicas.
La Constitución no distingue, todo lo relacionado con el petróleo es estratégico y así es, por la importancia económica pero también geopolítica que tiene la industria que se ocupa de su extracción, transportación y venta; pero si esto no fuera así, antes de meter mano en este campo, tan delicado y sensible de nuestro sistema jurídico, debería de haberse intentado la reforma constitucional a la que no se atrevieron y a la que quieren tocar a trasmano y con los subterfugios de una reforma amañada.
En el artículo tercero se reitera el equívoco; pretende el proyecto que Petróleos Mexicanos ejercerá “la conducción central y la dirección estratégica” de la industria petrolera. No, Petróleos Mexicanos no tiene sólo facultades o funciones de conducción y dirección estratégica, tiene mucho más, es el titular mismo, con exclusividad y en nombre del Estado mexicano, de la propiedad y el control; todas las acciones que esta industria requiera, para estar en congruencia con la forma en que están redactados los preceptos constitucionales, deben estar precisamente en las manos de la paraestatal que tiene en exclusiva propiedad y control y que la ley suprema sustrae de la posible acción de empresas privadas; si dejáramos que se aprobara el artículo tercero como está, interpretándolo a contrario sensu, las empresas privadas podrían intervenir en todo lo que no fuera estrictamente “conducción central” y “dirección estratégica”.
Disposiciones violatorias a los artículos 25 y 28 que establecen la distinción entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y al 27 que reserva para la Nación el dominio directo sobre el petróleo, se encuentran en los cinco proyectos que integran la supuesta reforma energética; no sólo son los conceptos erróneos que se leen en las exposiciones de motivos, si no que artículos claramente contradictorios de los principios constitucionales, como el 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, que abre la puerta a que se den permisos a particulares para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados y que permite en forma solapada que los particulares, sin distinguir si son nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, oleoductos y otras instalaciones que corresponden exclusivamente al sector público de la economía, esto es, al Estado.
Lo mismo sucede con el artículo 7 de dicha ley, que deja a los particulares la posibilidad de explorar campos petroleros; o el 12, que equipara a Pemex con una entidad del derecho privado; este espíritu de sacar a la paraestatal del ámbito del derecho público y de la jurisdicción nacional se manifiesta en diversas expresiones empleadas en los proyectos de nuevas disposiciones, que emplean, por ejemplo, como una regla para los trabajos y contratos relacionados con el petróleo y sus derivados la de “las mejores prácticas”.
Esto es, se pretende que en México se sigan esa “mejores prácticas” o sea lo que se usa en otros países, sin tomar en cuenta ni quién será el que califique cuáles son esas mejores prácticas y sin tomar en cuenta tampoco que las mejores prácticas en empresas privadas pueden ser unas, tendientes a la mayor explotación del petróleo con miras únicamente de mayor lucro, y otras muy distintas pueden ser prácticas más adecuadas para una entidad que, como Pemex, es una empresa estatal que se ha convertido, en la práctica, en el sustento y columna vertebral de la economía nacional.
Las mejores prácticas pueden ser, para las grandes corporaciones, las de una explotación indiscriminada para obtener de inmediato el mayor provecho posible, sin cálculos para el futuro y sin consideraciones de carácter político; en cambio, para la empresa mexicana las mejores prácticas debieran ser las de administrar con prudencia y con visión a largo plazo nuestra riqueza petrolera.
Otro término que se usa en forma reiterada en varias partes de los proyectos es el concepto de “criterio corporativo”, que se pretende sea el modelo que debe adoptar el Consejo de Administración de la paraestatal.
El criterio corporativo está tomado de una nueva rama del derecho denominada precisamente “derecho corporativo” y que se ocupa del estatuto jurídico de las grandes empresas trasnacionales, las relaciones entre sus accionistas, sus contratos, fusiones, escisiones, conflictos financieros y formas de evadir las cargas fiscales; el derecho corporativo pretende, según sus teóricos, estar por encima de la clasificación clásica que divide a las ramas del orden jurídico en derecho público, derecho privado y derecho social; el corporativo, dicen, es una rama nueva del derecho, que rompe con los esquemas anteriores y que constituye un derecho que excede los ámbitos nacionales y pretende validez de carácter internacional, sólo que en beneficio y provecho de las grandes corporaciones y de sus abogados que son los propulsores de esta nueva rama de la ciencia jurídica.
Aceptar expresamente en textos jurídicos nacionales que una empresa mexicana, de interés público, use criterios del derecho corporativo, es poner en juego la soberanía sobre nuestros recursos y entregar la interpretación y cumplimiento de los contratos a leyes y tribunales extranjeros.
Esta tendencia se refleja claramente en el proyecto de artículo 49 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que permite convenir en la aplicación del derecho extranjero y sujetarse a la jurisdicción de tribunales de otras naciones. Ya sabemos que cuando se habla con esa generalidad de derecho y jurisdicción extranacional, van a ser las grandes potencias, como los Estados Unidos o Inglaterra o quizá alguna otra nación emergente, a las que en el fondo se está refiriendo el proyecto sin sentido de previsión y de protección mínima de nuestra soberanía en un tema tan controvertido y delicado, en el que tan fácilmente se resbala hasta el conflicto armado.
Otro vicio de la propuesta del ejecutivo de facto, es que pretende, de dientes para afuera, fortalecer a Pemex, pero lo que hace en realidad es multiplicar la burocracia con nuevos organismos como la Comisión del Petróleo o con el incremento del número de consejeros en el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana, duplicando las funciones y creando un verdadero laberinto de disposiciones que pueden servir fácilmente para, en lo futuro, burlar las claras disposiciones constitucionales.
Es cierto, como dice la propaganda, que hay un tesoro que México debe buscar, pero no es cierto que esté en las profundidades del Golfo de México; el tesoro está en el Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido abandonado y reducido a su mínima expresión y que hay que rehabilitar; el tesoro está en los pozos taponados y abandonados a lo largo de la costa del Golfo, que pueden volverse a explotar con poca inversión; el tesoro está en la capacidad, espíritu de trabajo y patriotismo de los técnicos, obreros y profesionistas mexicanos que han sido hechos a un lado para ser sustituidos con contratos muy jugosos para quienes los otorgan, con empresas extranjeras de todo tipo.
El tesoro está en los yacimientos en tierra firme y en aguas someras que pueden ser ya explotados ahora o a muy corto plazo o en aguas profundas que requerirán más de tiempo y más trabajo. El tesoro esta también en la convicción de muchos mexicanos de que somos tan capaces como cualquiera y que no necesitamos en forma insustituible ni de inversiones ni de tecnología que nos venga de fuera; tenemos que acabar con ese criterio timorato que piensa que sólo puede salir México adelante si nos vienen a ayudar y que no ven o no quieren ver que cada vez que tal cosa ha sucedido no hay ni solidaridad ni desinterés, si no afán colonialista y codicia desmedida.
Si evitamos, si el pueblo evita, con su participación y sus movilizaciones, el atropello a la Constitución que se pretende, también y con el mismo impulso, estaremos rescatando la confianza en nosotros, en nuestros recursos, en nuestro propio ingenio y fortaleza y en nuestro destino como nación independiente.
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I. La Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, como es el caso del futuro de la industria petrolera, señala López Obrador
II. Sería una tontería vender Pemex, por ser sustento y columna vertebral de la economía nacional: Bátiz
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LA CONSTITUCIÓN PERMITE LAS CONSULTAS PÚBLICAS CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA LA NACIÓN Y PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMO ES EL CASO DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Al reiterar la necesidad de combatir la corrupción en Pemex para evitar que Mouriño y Felipe Calderón realicen negocios en la paraestatal al amparo del poder público, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón es un inepto y resultó un rotundo fracaso en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como lo demuestra la ola de ejecuciones registradas en un importante número de ciudades del país.
En entrevista que concedió al término de una reunión informativa con brigadistas de comités en defensa del petróleo de los cinco municipios de Baja California Sur, calificó de una farsa la resolución a favor de Mouriño de la comisión legislativa investigadora de los delitos de tráfico de influencias en los negocios del funcionario calderonista.
“Los legisladores de la mencionada comisión investigadora fueron designados por el propio Mouriño, en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, y se formó a la medida de los intereses del propio Mouriño y de Calderón. Ahora, hay que buscar un mecanismo para traerlos a mecate corto, tanto a Mouriño como a Calderón”, propuso.
Sin embargo, López Obrador aclaró que el delito de tráfico de influencias en el que incurrió Mouriñó Terrazo no prescribe. Todavía “hay delitos que perseguir porque Mouriño y Calderón son socios en el negocio del petróleo”, agregó.
El caso Mouriño no está cerrado y “nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón”, adelantó, y subrayó que es necesario transferir a Pemex los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, para evitar que Calderón, Mouriño y socios los utilicen de manera discrecional.
A pregunta expresa que le hicieron los reporteros, el presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que el movimiento nacional en defensa del petróleo se conduce y se conducirá de manera pacífica.
También informó que ha visitado en diversas ocasiones los cinco municipios de Baja California Sur y que en esta ocasión fue para sostener una reunión informativa con los brigadistas de los comités en defensa del petróleo, porque “no queremos la privatización del petróleo, no queremos que se entregue este recurso a extranjeros”.
En las asambleas informativas con los brigadistas de los estados de Baja California Sur y Baja California, López Obrador reiteró “la necesidad de someter a una consulta popular la denominada reforma energética que impulsa el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.
Mediante un acuerdo de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se podría concretar que el pueblo de México expresara su aprobación o rechazo a la mencionada propuesta, explicó. Expresó que la Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, además de que en la mayoría de las leyes fundamentales de los estados ya está prevista la figura de referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
En otro orden de ideas, López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta la propuesta hecha por su correligionario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como una alternativa de solución al conflicto interno en el PRD.
De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador no tendrá actividades públicas este 10 de mayo, y se reunirá el domingo con los integrantes de las brigadas en defensa del petróleo de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
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SERÍA UNA TONTERÍA VENDER PEMEX, POR SER SUSTENTO Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL: BÁTIZ
Palabras del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, que organiza la Comisión de Energía y Desarrollo del Frente Amplio Progresista en la Antigua Escuela de Medicina
Los proyectos de dos leyes completas y tres reformas a otras, que se ha llamado en su conjunto “Reforma Energética”, no son sino una apertura para que las poderosas empresas petroleras privadas tengan acceso, propiedad y control de refinerías, oleoductos y pozos petroleros en tierra firme y en el mar.
El proyecto en su conjunto es una acción mal intencionada, mentirosa, encaminada simultáneamente a pasar por encima de preceptos constitucionales vigentes y a engañar a la opinión pública diciendo lo contrario de lo que se pretende hacer; se basa en una aplicación equívoca de preceptos constitucionales vigentes de clara interpretación, para entregar, al menos en parte, por lo pronto en parte, el patrimonio mexicano en materia de hidrocarburos.
Al percatarse, quienes proponen la supuesta reforma, que no podrían modificar directamente artículos constitucionales por la ola de descontento que tal intención despertó en la opinión pública ante la sola mención de la posibilidad, buscaron entonces, mediante un proceso acelerado, aprobar las reformas a las leyes secundarias, tan rápidamente, que cuando se iniciara el debate de las mismas ya estarían aprobadas y en vigor; de nueva cuenta.
Sin embargo, toparon con una barrera decidida a evitar el atropello y se frustró la intentona con la huelga y toma de tribuna que los legisladores del Frente Amplio Progresista con toda oportunidad efectuaron y con la salida a la calle del pueblo organizado, con la avanzada de las brigadas blancas de las Adelitas, ejemplo de patriotismo y valor civil.
Gracias a esas acciones, la opinión pública tomó conciencia y se interesó vivamente en el tema, se salvó en parte la barrera de desinformación de los medios electrónicos de comunicación y se puso el asunto en el centro de la atención nacional.
Que el proyecto es mal intencionado salta a la vista con el cotejo entre lo que dice el texto constitucional en los artículos 25, 27 y 28 y lo que se propone en las pretendidas reformas.
En la Constitución todo lo relacionado con el petróleo y los demás hidrocarburos queda reservado a la propiedad y control de la Nación; en cambio, en los proyectos enviados al Legislativo, claramente se rompe con este principio y, de ser aprobados, parte de la propiedad y el control de la industria petrolera podrían entregarse a las grandes corporaciones petroleras trasnacionales; para eso son el proyecto, las prisas y la propaganda.
El desconocimiento de la Constitución podemos encontrarlo desde la conceptualización y la terminología empleadas. A reserva de puntualizar las contradicciones entre la Ley Suprema y las nuevas reglas propuestas por Felipe Calderón, es importante destacar la confusión en la terminología y en los conceptos que pueden percibirse desde la lectura de las exposiciones de motivos.
En la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el primer párrafo de la exposición de motivos, se dice que “México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal” que lo maneja; los o el autor de la iniciativa desconocen el significado que el constituyente permanente da al termino “rectoría”; en el artículo 28 constitucional, se distinguen con claridad los conceptos de rectoría, que se deja como función del Estado sobre las áreas prioritarias de la economía, entre las que no está el petróleo y control y propiedad, que se aplican a las áreas estratégicas, entre las que sí se encuentra el petróleo.
El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “el Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación…”, aquí la Constitución permite que otros, empresas o personas privadas o entidades sociales, intervengan a través de concesiones o permisos, sólo que con algunas prevenciones y cuidados.
La rectoría es una función desde afuera de las empresas u organismos sobre los que ésta se ejerce, en la Constitución se refiere a las áreas prioritarias, en las que podrán otorgarse concesiones o permisos; las empresas concesionarias o permisionarias, actuarán con autonomía y por su propia cuenta, pero bajo la vigilancia externa del Estado sobre ellas; eso es precisamente la rectoría, que evitará que el empleo de esos permisos y concesiones vaya en contra del interés nacional.
En cambio, en las áreas estratégicas, definidas por los artículos 25 y 28, no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo. Con claridad que no requiere más interpretación que la literal, se establece que en las áreas estratégicas que por cierto no constituyen monopolio, las funciones que el Estado ejerce son en primer lugar exclusivas.
Es decir, sin que se permita en ellas alguna injerencia extraña, mucho menos concesiones o permisos y por la misma exclusividad, ni siquiera contratos para la explotación ni participación ajena y enseguida, con la literalidad de los textos constitucionales, bajo la propiedad y el control del Estado, que por ello tiene mucho más que tan sólo rectoría.
Sobre el petróleo, México no reafirma, como expresa erróneamente la exposición de motivos, rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa, va más allá de la simple rectoría y lo que ejerce es de manera exclusiva, la propiedad misma y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias.
Si el legislador constitucional hubiera pretendido darle un tratamiento igual o semejante a las áreas estratégicas y a las prioritarias, no las hubiera distinguido con la precisión con que lo hace, ni hubiera sido tan enfático en declarar la exclusividad para el Estado, a través del gobierno federal, de las estratégicas, tanto en la propiedad como en el control de los organismos que se establezcan, que en realidad ya están establecidos y son Pemex y sus empresas subsidiarias.
Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución, primero en el artículo 25 párrafo cuarto:
“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
El siguiente párrafo aclara al anterior, al establecer textualmente lo siguiente:
“Así mismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo” .
La distinción constitucional es nítida, en las áreas estratégicas, dentro de las que está el petróleo, el sector público, por conducto del gobierno federal, tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado.
Por otra parte, el artículo 28 dispone:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”
En este párrafo se reitera la exclusividad para el Estado de las áreas estratégicas a que ya antes había hecho referencia el artículo 25 y se les exceptúa de poder ser consideradas como monopolios.
El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón dice y reitera en forma machacona, en esa negación del debate que es la publicidad en los medios a favor de la iniciativa, que se pretende fortalecer a Pemex. Lo que se pretende en realidad es arrebatarle sectores importantes de su cadena productiva, entregándolo precisamente a empresas que son sus competidoras.
¿Cómo puede fortalecerse algo quitándole partes fundamentales de su estructura? ¿Cómo puede darse fortaleza a una entidad, abriendo las puertas a sus competidoras, para que tengan injerencia en su actividad exclusiva?
El concepto de estrategia proviene de la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado el concepto al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que le da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales.
Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa, necesariamente, o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.
Y eso precisamente es lo que se pretende llevar a cabo con las reformas propuestas; por ejemplo, en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se dice que el Estado realizará las actividades que le corresponda en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos, como si en esta materia existieran otras áreas que no sean estratégicas.
La Constitución no distingue, todo lo relacionado con el petróleo es estratégico y así es, por la importancia económica pero también geopolítica que tiene la industria que se ocupa de su extracción, transportación y venta; pero si esto no fuera así, antes de meter mano en este campo, tan delicado y sensible de nuestro sistema jurídico, debería de haberse intentado la reforma constitucional a la que no se atrevieron y a la que quieren tocar a trasmano y con los subterfugios de una reforma amañada.
En el artículo tercero se reitera el equívoco; pretende el proyecto que Petróleos Mexicanos ejercerá “la conducción central y la dirección estratégica” de la industria petrolera. No, Petróleos Mexicanos no tiene sólo facultades o funciones de conducción y dirección estratégica, tiene mucho más, es el titular mismo, con exclusividad y en nombre del Estado mexicano, de la propiedad y el control; todas las acciones que esta industria requiera, para estar en congruencia con la forma en que están redactados los preceptos constitucionales, deben estar precisamente en las manos de la paraestatal que tiene en exclusiva propiedad y control y que la ley suprema sustrae de la posible acción de empresas privadas; si dejáramos que se aprobara el artículo tercero como está, interpretándolo a contrario sensu, las empresas privadas podrían intervenir en todo lo que no fuera estrictamente “conducción central” y “dirección estratégica”.
Disposiciones violatorias a los artículos 25 y 28 que establecen la distinción entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y al 27 que reserva para la Nación el dominio directo sobre el petróleo, se encuentran en los cinco proyectos que integran la supuesta reforma energética; no sólo son los conceptos erróneos que se leen en las exposiciones de motivos, si no que artículos claramente contradictorios de los principios constitucionales, como el 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, que abre la puerta a que se den permisos a particulares para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados y que permite en forma solapada que los particulares, sin distinguir si son nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, oleoductos y otras instalaciones que corresponden exclusivamente al sector público de la economía, esto es, al Estado.
Lo mismo sucede con el artículo 7 de dicha ley, que deja a los particulares la posibilidad de explorar campos petroleros; o el 12, que equipara a Pemex con una entidad del derecho privado; este espíritu de sacar a la paraestatal del ámbito del derecho público y de la jurisdicción nacional se manifiesta en diversas expresiones empleadas en los proyectos de nuevas disposiciones, que emplean, por ejemplo, como una regla para los trabajos y contratos relacionados con el petróleo y sus derivados la de “las mejores prácticas”.
Esto es, se pretende que en México se sigan esa “mejores prácticas” o sea lo que se usa en otros países, sin tomar en cuenta ni quién será el que califique cuáles son esas mejores prácticas y sin tomar en cuenta tampoco que las mejores prácticas en empresas privadas pueden ser unas, tendientes a la mayor explotación del petróleo con miras únicamente de mayor lucro, y otras muy distintas pueden ser prácticas más adecuadas para una entidad que, como Pemex, es una empresa estatal que se ha convertido, en la práctica, en el sustento y columna vertebral de la economía nacional.
Las mejores prácticas pueden ser, para las grandes corporaciones, las de una explotación indiscriminada para obtener de inmediato el mayor provecho posible, sin cálculos para el futuro y sin consideraciones de carácter político; en cambio, para la empresa mexicana las mejores prácticas debieran ser las de administrar con prudencia y con visión a largo plazo nuestra riqueza petrolera.
Otro término que se usa en forma reiterada en varias partes de los proyectos es el concepto de “criterio corporativo”, que se pretende sea el modelo que debe adoptar el Consejo de Administración de la paraestatal.
El criterio corporativo está tomado de una nueva rama del derecho denominada precisamente “derecho corporativo” y que se ocupa del estatuto jurídico de las grandes empresas trasnacionales, las relaciones entre sus accionistas, sus contratos, fusiones, escisiones, conflictos financieros y formas de evadir las cargas fiscales; el derecho corporativo pretende, según sus teóricos, estar por encima de la clasificación clásica que divide a las ramas del orden jurídico en derecho público, derecho privado y derecho social; el corporativo, dicen, es una rama nueva del derecho, que rompe con los esquemas anteriores y que constituye un derecho que excede los ámbitos nacionales y pretende validez de carácter internacional, sólo que en beneficio y provecho de las grandes corporaciones y de sus abogados que son los propulsores de esta nueva rama de la ciencia jurídica.
Aceptar expresamente en textos jurídicos nacionales que una empresa mexicana, de interés público, use criterios del derecho corporativo, es poner en juego la soberanía sobre nuestros recursos y entregar la interpretación y cumplimiento de los contratos a leyes y tribunales extranjeros.
Esta tendencia se refleja claramente en el proyecto de artículo 49 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que permite convenir en la aplicación del derecho extranjero y sujetarse a la jurisdicción de tribunales de otras naciones. Ya sabemos que cuando se habla con esa generalidad de derecho y jurisdicción extranacional, van a ser las grandes potencias, como los Estados Unidos o Inglaterra o quizá alguna otra nación emergente, a las que en el fondo se está refiriendo el proyecto sin sentido de previsión y de protección mínima de nuestra soberanía en un tema tan controvertido y delicado, en el que tan fácilmente se resbala hasta el conflicto armado.
Otro vicio de la propuesta del ejecutivo de facto, es que pretende, de dientes para afuera, fortalecer a Pemex, pero lo que hace en realidad es multiplicar la burocracia con nuevos organismos como la Comisión del Petróleo o con el incremento del número de consejeros en el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana, duplicando las funciones y creando un verdadero laberinto de disposiciones que pueden servir fácilmente para, en lo futuro, burlar las claras disposiciones constitucionales.
Es cierto, como dice la propaganda, que hay un tesoro que México debe buscar, pero no es cierto que esté en las profundidades del Golfo de México; el tesoro está en el Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido abandonado y reducido a su mínima expresión y que hay que rehabilitar; el tesoro está en los pozos taponados y abandonados a lo largo de la costa del Golfo, que pueden volverse a explotar con poca inversión; el tesoro está en la capacidad, espíritu de trabajo y patriotismo de los técnicos, obreros y profesionistas mexicanos que han sido hechos a un lado para ser sustituidos con contratos muy jugosos para quienes los otorgan, con empresas extranjeras de todo tipo.
El tesoro está en los yacimientos en tierra firme y en aguas someras que pueden ser ya explotados ahora o a muy corto plazo o en aguas profundas que requerirán más de tiempo y más trabajo. El tesoro esta también en la convicción de muchos mexicanos de que somos tan capaces como cualquiera y que no necesitamos en forma insustituible ni de inversiones ni de tecnología que nos venga de fuera; tenemos que acabar con ese criterio timorato que piensa que sólo puede salir México adelante si nos vienen a ayudar y que no ven o no quieren ver que cada vez que tal cosa ha sucedido no hay ni solidaridad ni desinterés, si no afán colonialista y codicia desmedida.
Si evitamos, si el pueblo evita, con su participación y sus movilizaciones, el atropello a la Constitución que se pretende, también y con el mismo impulso, estaremos rescatando la confianza en nosotros, en nuestros recursos, en nuestro propio ingenio y fortaleza y en nuestro destino como nación independiente.
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