miércoles, 23 de junio de 2010

Investigan al cardenal Crescenzio Sepe por corrupción en el Vaticano

En caso de ser condenado podría acogerse al fuero diplomático

Investigan al cardenal Crescenzio Sepe por corrupción en el Vaticano
Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 38

Ciudad del Vaticano, 22 de junio. Después del alboroto causado por la pedofilia en el seno de la Iglesia, el papa Benedicto XVI se enfrenta a un nuevo escándalo en el Vaticano, esta vez por corrupción en la gestión del valioso patrimonio de ese estado y todo parece indicar que optará nuevamente por la tolerancia cero.

Es claro que el Papa tiene la voluntad de hacer limpieza, escribió el veterano vaticanista Sandro Magister tras la fría reacción del Vaticano a las acusaciones de corrupción contra el cardenal italiano y arzobispo de Nápoles, Crescenzio Sepe.

El purpurado italiano está siendo indagado por la justicia italiana por la gestión del ingente patrimonio inmobiliario vaticano, con un presupuesto autónomo de cerca 9 mil millones de euros (unos 11 mil millones de dólares).

Sepe, que ocupó de 2001 a 2006 el cargo de prefecto de la poderosa congregación de la Evangelización de los Pueblos, mejor conocida como Propaganda Fide, se ganó el apelativo de empresario de Dios.

La congregación es propietaria de unos 2 mil apartamentos en Roma que, según datos oficiales de 2009, reportaron al Vaticano 56 millones de euros en alquileres, en general asignados a influyentes personajes de la política italiana.

He actuado siempre con gran transparencia, se defendió el lunes el cardenal, indagado por sus relaciones con la gigantesca red de favores y prebendas millonarias a cambio de contratos para obras públicas en Italia.

Según los expertos, la reacción oficial del Vaticano se limita a manifestar estima y solidaridad a Sepe y deja entender que, como en el caso de los curas pedófilos, las autoridades eclesiásticas van a autorizar que la justicia ordinaria siga su curso.

Sepe reside actualmente en la sureña Nápoles y fue relevado del cargo en 2006 por voluntad del recién elegido pontífice alemán. Como se sabe, goza de inmunidad diplomática dada su jerarquía, según el Concordato entre Italia y el Vaticano, pero anunció el domingo que colaborará con la justicia italiana, por lo que podría ser interrogado en las próximas semanas por los fiscales de Perugia.

Fuentes judiciales italianas sostienen que los fiscales estudian si es el caso de solicitar una rogatoria internacional para interrogarlo, pese a que tradicionalmente el Vaticano no acepta.

El Vaticano precisó que Sepe colaborará dentro de los límites que marca el Concordato, lo cual significa, según fuentes de prensa, que en caso de que sea condenado podría acogerse al fuero diplomático.

El prelado, quien goza de alta popularidad en su ciudad, es indagado por corrupción continuada y agravada junto con Pietro Lunardi, ex ministro de Transportes de Silvio Berlusconi, de 2001 a 2006. La magistratura investiga la venta al ministro Lunardi en 2005 de un palacio del Vaticano de 960 metros cuadrados en la céntrica Via dei Prefetti a un precio menor al valor de mercado (4.1 millones de euros, esto es, unos 5 millones de dólares). Los fiscales sospechan que Sepe recibió por ese favor la suma de 2.5 millones de euros para financiar un proyecto de restauración de los museos vaticanos que jamás se realizó.

Quedaron marcados por los escándalos de pedofilia y decidieron tener una actitud clara y transparente en todos los campos, sostiene el vaticanista Bruno Bartoloni, al resaltar la línea de tolerancia cero frente a los abusos cometidos en este mundo
Noticiero SDP edición vespertina 23-Junio-10
Hoy comentamos los titulares de SDPnoticias.com, también hablamos sobre el modus operandi que se usa en el DF para robar y que es mediante RETENES de revisión a transportistas, además comentamos sobre el acuerdo de la junta de coordinación política en la cámara de diputados respecto a un posible juicio político a Molinar Horcasitas por su probable responsabilidad en lo ocurrido en la tragedia de la guardería ABC y demás temas.
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Audio: Entrevista al Lic. Andrés M. López Obrador sobre la presentación de su libro en Guadalajara 23 junio 2010







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Fuente: Radio Metrópoli
Difusión: AMLOTV

Se roban en el país aproximadamente a mil niños cada año, alerta fundación

Este delito no es considerado grave, a diferencia del hurto de ganado

Se roban en el país aproximadamente a mil niños cada año, alerta fundación
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 37

Puesto que al robo de niños no se le ha dado la atención necesaria, y ni siquiera es considerado un delito grave, ya que sólo está tipificado como ilícito del fuero común, a diferencia del hurto de ganado, y no nos han dejado participar en el programa de escuela segura, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, IAP, en colaboración con diversas arquidiócesis y parroquias, despliega campañas preventivas contra el hurto y abuso sexual infantil.

En entrevista, Guillermo Gutiérrez Romero, director general de dicha agrupación, que labora en el tema desde hace 13 años, detalló que en 2008 concretó con la arquidiócesis de México, por medio de su Comisión de Justicia y Paz, realizar estas campañas preventivas en los templos de hasta ahora cuatro vicarías.

Apuntó que también se logró colaboración en la diócesis de Tehuacán, Puebla, y en iglesias de la diócesis de Veracruz. La intención es abarcar otras demarcaciones eclesiásticas y todas las vicarías de la arquidiócesis de México, pues el trabajo de la IAP cuenta con el aval del cardenal Norberto Rivera y con el del obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez.

En el caso de la arquidiócesis de México, Gutiérrez Romero aseguró que ha tenido buena respuesta de los vicarios episcopales y los sacerdotes del Distrito Federal. Dijo que la campaña se promueve al término de las misas dominicales, y la idea es que la alerta se dé también en las catequesis.

El kit preventivo consta de una ccartilla de identificación infantil, para que los padres tengan a la mano los datos generales de sus hijos (ésta es para los padres de familia y debe tener una fotografía reciente del menor, sus señas particulares, listado de enfermedades y alergias, estatura, huellas digitales y un mechón de cabello con raíz).

Además, una regla escolar con ocho medidas de prevención, como no hables con extraños y no aceptes juguetes o dulces, nunca te separes de los adultos que te acompañan en lugares donde haya mucha gente, nunca te acerques a autos sospechosos, de preferencia camina en sentido contrario al tráfico de autos cuando te dirijas a tu casa, escuela o algún otro sitio, y no permitas que personas desconocidas te tomen fotografías.

Precisó que al año desaparecen un millón 200 mil niños en el mundo, de los cuales casi mil casos ocurren en México, donde además unos 40 mil menores son prostituidos y más de 2 millones y medio son explotados laboralmente.

Señaló que en cada homilía dominical, los sacerdotes dan un espacio –en el momento de los avisos– a los integrantes de la fundación para alertar sobre el asunto, y también en las parroquias hacen contactos para dar charlas en las escuelas. Indicó que generalmente el robo de niños ocurre desde recién nacidos hasta los nueve años, y que en edades mayores opera el engaño de adolescentes con falsas promesas de trabajo

Buscan extranjeros imponer costos de medicinas y "frenar descuentos"

Algunas farmacias etiquetan algunos productos con precio único, lo que viola la NOM del sector

Buscan extranjeros imponer costos de medicinas y frenar descuentos

Ni la Ssa ni el organismo antimonopolio hacen nada; la ley en la materia sólo considera precio final

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Con el etiquetado de precio único, los laboratorios extranjeros buscan retomar el control de las cotizaciones en el mercado nacional, señalan a este diario fuentes del sectorFoto La Jornada
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 36

Laboratorios médicos trasnacionales comenzaron a modificar la política de precios de venta al público, contra una disposición oficial vigente sobre etiquetado de medicamentos y sin que las autoridades del sector realicen acciones para contenerlos, de acuerdo con información recabada por este diario.

En algunas farmacias de centros urbanos empezaron a aparecer fármacos en cuyas cajas fue colocada una leyenda –en apariencia sin importancia– en la que se establece un precio único de venta al público de los productos, que van desde tratamientos para enfermedades gástricas hasta los empleados para controlar la presión arterial.

Ofrecer al público productos con un precio único viola la norma oficial mexicana (NOM) para el etiquetado de medicamentos, confirmó a La Jornada la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuando fue consultada sobre este tema.

Aseguró que procede realizar una investigación contra el o los laboratorios que incumplan la NOM para etiquetado de medicamentos, vigente desde 2000.

Hasta ahora, las medicinas que el público adquiere en las farmacias están marcadas con un precio máximo de venta. El establecimiento suele ofrecer un descuento al consumidor final, que va de 20 a 30 por ciento sobre el valor máximo marcado en la etiqueta, práctica que prevalece en el país desde mediados del siglo pasado, cuando algunos empresarios rompieron el control de los laboratorios trasnacionales que impedían ofrecer rebajas.

Me parece que lo que está ocurriendo es más una estrategia de vínculo entre algunos comercializadores muy poderosos con los laboratorios para bloquear la competencia de precios, comentó a este diario Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organismo civil.

El público se enfrenta a un incremento de facto en la cotización final cuando el laboratorio o la farmacia deciden hacer valer un precio único en vez del precio máximo, como constató este diario.

Uno de los casos confirmados por La Jornada es el de Atacand Plus, producido por el laboratorio AstraZeneca e indicado en el tratamiento de la presión arterial elevada o hipertensión. En una caja con 28 tabletas fue colocada –al frente y de manera visible, sobre un fondo rojo– la leyenda precio único; en este caso, de 495 pesos. Es la misma cantidad que viene marcada en un costado del empaque como precio máximo. Al ser fijado un valor único, el vendedor final no podrá ofrecer descuento al consumidor, como ocurría hasta hace poco.

También fueron localizadas cajas de Losec A20, indicado para tratar padecimientos gástricos –producido por AstraZeneca– con la leyenda de precio único. Una caja de este fármaco fue adquirida en una sucursal de Farmacias del Ahorro en la colonia Bosques de Chapultepec, del Distrito Federal, al precio único de 111 pesos.

El laboratorio trasnacional –formado en abril de 1999 de la fusión entre una firma sueca y otra inglesa– no respondió a una solicitud de información sobre el motivo que lo llevó a ofrecer sus productos con un precio único. Dicha solicitud fue hecha por medio de su página de Internet, el pasado 7 de junio a las 13:40 horas.

El año pasado, AstraZeneca modificó su política de venta de medicamentos con el objetivo de reducir el precio final al público en alrededor de 20 por ciento. El cambio consistió en disminuir el margen de ganancias y comisiones a las farmacias. Algunas cadenas, como Farmacias San Pablo, dejaron de vender productos de ese laboratorio.

El juego de pasar la bolita

Consultada oficialmente por este diario, la Secretaría de Salud respondió que no es de su competencia opinar sobre la decisión de laboratorios de vender los fármacos a precio único. Es asunto de la Cofepris, indicó la dependencia. Respuesta similar se recibió de la Comisión Federal de Competencia, el organismo antimonopolio del Estado mexicano.

Por su parte, la Cofepris dejó en claro que los medicamentos que se venden en México deben llevar forzosa y únicamente la leyenda precio máximo.

La norma oficial mexicana NOM-072-SSA1-1993 sobre etiquetado de medicinas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2000, establece en su artículo 5.16: “el envase que se presente al consumidor deberá llevar la leyenda ‘precio máximo al público’, seguido del importe que corresponda, en caracteres legibles e indelebles”.

Autoridades de la Secretaría de Economía, de la Cofepris y de la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer) trabajan actualmente en modificar la NOM sobre etiquetado de medicamentos en lo relativo a la leyenda de precio máximo. La Secretaría de Economía es cercana a la posición de los laboratorios de modificarla por precio único, posición que no comparte la Cofepris, según comentó.

En unas semanas más, la propuesta de cambiar la leyenda a precio único será puesta a discusión por la Cofemer, como es usual cuando se trata de modificar normas regulatorias o crear otras. Ese proceso dura 90 días y en él pueden opinar instancias del gobierno, del sector privado, de la academia, los interesados de la industria y el público en general. Una vez concluido el debate, la norma pasa al proceso de elaboración final y publicación.

“Mientras esté vigente la actual norma oficial, los medicamentos deben llevar la leyenda ‘precio máximo’, y si no es así existe una violación a la regulación”, indicó la Cofepris.

Un empresario que participa en el sector de venta de fármacos, que habló con La Jornada a reserva de no citar su nombre, opinó que detrás de la decisión tomada por AstraZeneca, otros laboratorios trasnacionales tienen planes de imponer dicha práctica. En sí misma puede no ser mala. El problema es que buscan un control oligopólico del mercado, evitar que se hagan descuentos al público y ser ellos los que decidan las cotizaciones en las farmacias. Es decir, quieren acabar con la competencia.

Según ese empresario, con intereses en el mercado de medicamentos en varias partes del país, el precio único en medicinas afecta al más pobre, que no recibirá descuentos, en un gasto que es por demás pesado en el presupuesto de las familias, es decir, la compra de medicinas. Aquí hay voracidad de los laboratorios trasnacionales y complicidad de las autoridades, que no son capaces de frenarlos, dijo.

Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública da cuenta del peso que tiene el gasto en medicinas en el presupuesto de las familias. En 10 por ciento de los hogares más pobres del país se utiliza 9.6 por ciento del total del ingreso en adquirir bienes y servicios de salud, más del doble –4.5 por ciento– de lo que destina 10 por ciento de los hogares más ricos.

El gasto de las familias se divide en tres grandes rubros: productos medicinales y farmacéuticos, servicios médicos y paramédicos no hospitalarios y servicios hospitalarios. El gasto en fármacos concentra 38 por ciento del gasto de las familias en salud, la atención ambulatoria 43 y la atención hospitalaria 18 por ciento, de acuerdo con el estudio Gasto privado en salud por entidad federativa en México, publicado por Salud pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública.

Los hogares más pobres de México destinan 56 por ciento de su gasto en salud a la compra de medicamentos, mientras en los más ricos este porcentaje fue de 31 por ciento, según la publicación. Una alteración en el costo deja sin posibilidad de compra de medicinas a los consumidores de menor ingreso

Evangélicos analizan en Los Pinos bodas gays

Evangélicos analizan en Los Pinos bodas gays
Claudia Herrera
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 35

Líderes de iglesias cristianas evangélicas analizaron ayer con el presidente Felipe Calderón el recurso de inconstitucionalidad que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de México. El líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela, señaló que Calderón también les habló sobre su lucha contra la delincuencia y ellos le aseguraron que oran por el Presidente, por su gabinete e incluso por los miembros del crimen organizado, ya que Dios bendice a todos. Casi cinco horas después de concluido el encuentro, la Presidencia de la República informó en un comunicado que el mandatario refrendó el carácter laico del Estado mexicano, así como la libertad de creencias y de culto, conquistas históricas del pueblo mexicano.

Repudian el "oportunismo" de Guijosa

Repudian el oportunismo de Guijosa
Agustín Salgado
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 33

Vecinos del pueblo de San Bernabé, delegación Magdalena Contreras, acusaron al diputado local Héctor Guijosa de querer sacar provecho político del movimiento ciudadano que comenzaron en septiembre de 2009 para oponerse a la construcción de una tienda departamental.

Inés Sánchez, residente de la calle Ojo de Agua, explicó que Guijosa se presentó de improviso a la manifestación que pobladores realizaron ayer por la mañana, lo que motivó el enojo.

En su administración se dieron los permisos contra los que estamos luchando. Tiene pleito con el actual delegado (Eduardo Hernández) y ahora busca cualquier pretexto para tirarle. Hernández está igual y a final de cuentas los que estamos en medio somos los ciudadanos, indicó.

La tienda departamental condenaría a los pequeños comercios de San Bernabé a la quiebra y el poblado sería afectado en materia ambiental y de vialidad, expusieron colonos.

Por su parte, el comisariado ejidal Noé Soto reconoció que la presencia de Guijosa causó molestia entre los manifestantes

Continúa edil de Monterrey en el Mundial

Continúa edil de Monterrey en el Mundial
David Carrizales, corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 30

Monterrey, NL, 22 de junio. Doce días después de que el alcalde panista Fernando Larrazábal salió de vacaciones para acudir a la inauguración del Mundial de Futbol en Sudáfrica, el secretario del ayuntamiento, Juan Carlos Ruiz, dijo no saber cuándo se reincorporará a sus labores, pero confió en que será durante esta semana.

Mientras, desconocidos colocaron en puentes peatonales de esta capital mantas con mensajes contra Larrazábal por abandonar sus responsabilidades cuando Monterrey y su zona conurbada viven una ola de violencia generada por el crimen organizado. Una de las leyendas rezaba: Larrazábal, vergüenza de México, y otra: “Marcador: levantados 3, Larrazábal, cárcel”.

El viaje de Larrazábal, que comenzó el 9 de junio, cuando en la capital regiomontana hubo 42 bloqueos viales organizados por narcotraficantes, en aparente respuesta a a la detención de Héctor Raúl Luna, El Tory, jefe del cártel de Los Zetas en Monterrey, ha sido cuestionado por dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Convergencia y Cruzada Ciudadana, de registro local.

Posible delito

El abogado Juan Gómez Jaime considera que Larrazábal habría incurrido en el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, previsto en el artículo 208 del Código Penal de Nuevo León.

Explicó que la fracción quinta del artículo 208 estipula que incurre en ese ilícito el funcionario que abandone sin causa justificada su empleo, cargo o comisión sin que se le haya admitido la renuncia en los términos previstos en la ley.

Financió el gobierno federal un cultivo de mariguana en Sinaloa

Implicado, un empresario panista cercano a Felipe Calderón y al titular de la Sedeso

Financió el gobierno federal un cultivo de mariguana en Sinaloa

Rentó a narco invernadero costeado con recursos públicos

El contrato tenía vigencia hasta el fin de este mes; el arrendatario huyó

De tres a cinco personas han sido ejecutadas tras decomiso

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Aspecto del invernadero de alta tecnología ubicado en el municipio de Angostura, Sinaloa, donde el Ejército Mexicano encontró el 13 de marzo cultivos de mariguanaFoto Javier Valdez
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Fachada del invernadero de alta tecnología ubicado en el municipio de Angostura, SinaloaFoto Javier Valdez
Javier valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 29

Culiacán, Sin., 22 de junio. El gobierno federal entregó alrededor de 12 millones de pesos al empresario Elías Mascareño McConegly para diferentes proyectos productivos, entre ellos la construcción de un invernadero hortícola de alrededor de 24 hectáreas que recientemente se usó para sembrar mariguana.

El empresario fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Angostura en 2007 y operador del blanquiazul en la región. Junto con otros hombres de negocios, fundó la compañía Eleven Rivers Land, y es propietario de Agrícola y Ganadera El Siboney, que posee bodegas, ranchos ganaderos y unas 300 hectáreas para siembra de frijol, maíz y hortalizas.

El predio se ubica en las inmediaciones de la comunidad El 18, a pocos kilómetros de la carretera Costera, en el municipio de Angostura, y se rentó a un inversionista oriundo de Culiacán, José Adalberto Plaza Arellano (aún prófugo), de acuerdo con el acta del contrato de arrendamiento con número de inscripción 186, libro 163, del Registro Público de la Propiedad (RPP) de Sinaloa.

El monto de la renta ascendió a 30 mil dólares (unos 360 mil pesos, aunque versiones no oficiales aseguran que la cantidad fue mayor) y se saldó al firmarse el contrato, el 14 de diciembre de 2009. Sin embargo, el documento quedó registrado en el RPP apenas el 11 de febrero de 2010.

El lapso de arrendamiento empezó el 23 de enero y culmina el 30 de junio de este año.

“En dicho periodo podrán efectuarse la siembra, cultivo y recolección de hortalizas por parte del arrendatario, aclarándose que actualmente en la finca rústica descrita anteriormente se encuentra un cultivo en pie de chiles bell peppers (pimientos morrones)”, reza el documento.

El terreno incluye 16 módulos de invernadero de media hectárea cada uno, dos módulos de casas de sombra, que abarcan 4.5 hectáreas, un sistema de riego por goteo, una empacadora de hortalizas, un cuarto frío y una planta potabilizadora de agua.

Según personas cercanas a la transacción, el mismo Elías Mascareño tenía sospechas; por eso protocolizó la renta y la inscribió en el RPP para protegerse junto con sus socios de cualquier irregularidad o acto ilegal. Mascareño habría dicho a sus socios que más valía ser precavidos porque esta gente se anima a todo.

Operativo militar y venganzas

El 13 de marzo pasado, soldados bajo el mando del general Noé Sandoval, comandante de la novena Zona Militar, se incautaron del invernadero y destruyeron la mariguana. Sin embargo, muchos habitantes de Angostura y del vecino municipio de Salvador Alvarado sabían desde hacía tiempo que había un extenso cultivo de mariguana de la variedad Chronic, de alta productividad, debido a que sus plantas son de baja altura y gran densidad de hojas.

Los militares fueron a El 18 a buscar a Benito Cruz Quintero, de 75 años, presidente del comisariado ejidal, para que les informara quién era dueño del predio, y luego lo pasearon en un convoy militar. La noche del 27 de abril el anciano fue levantado por un comando. Lo torturaron y lo mataron a balazos. Junto al cadáver, a pocos metros de la carretera Costera, los sicarios dejaron una cartulina en la cual lo acusaron de haberlos delatado.

De acuerdo con versiones extraoficiales, por este caso han sido asesinados entre tres y cinco personas, al parecer por informar a las autoridades.

Según dependencias federales, Mascareño McConegly, representante de Productores V-2 del Valle de Angostura, recibió entre 2004 y 2009 cinco millones 749 mil pesos del Fideicomiso de Riesgo Compartido, de los cuales 2.1 millones de pesos correspondieron a 2009.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le entregó de 1998 a 2008, como parte del Programa de Adquisición de Activos Productivos, dos millones 926 mil pesos; el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes), que depende de la Secretaría de Economía, le entregó alrededor de 5 millones de pesos en 2008.

Elías Mascareño y los tres empresarios que formaron Eleven Rivers Land, Flavio Sánchez, Rodolfo López López y Daniel Meza Cuevas, ya declararon ante el Ministerio Público Federal sobre el sembradío de mariguana. Los tres se ausentaron tras el operativo del Ejército, pero al parecer obtuvieron amparos y regresaron.

Informantes que pidieron anonimato aseguraron que el empresario registró el contrato de arrendamiento ante el RPP por recomendación de sus abogados, para eludir la responsabilidad penal por el uso ilícito que se dio al invernadero. Otras fuentes indican que Mascareño tenía contratado un crédito millonario con bancos de Estados Unidos, y con el caso del invernadero y su uso para la siembra de mariguana algunas de estas operaciones se complicaron

Descartan la Sener y el SAE brindar datos respecto a la extinción de LFC

El IFAI analizará hoy las dos negativas a solicitudes ciudadanas de información

Descartan la Sener y el SAE brindar datos respecto a la extinción de LFC

La Policía Federal evita proporcionar la cantidad de civiles muertos en acciones contra criminales

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 14

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entidad encargada del proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se declaró imposibilitado para entregar la lista de los activos de la extinta paraestatal y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Su argumento es que no se ha permitido el acceso a los archivos de LFC, por mantenerse las instalaciones en resguardo de la Policía Federal (PF).

A su vez, la Secretaría de Energía (Sener) declaró la inexistencia de información sobre los costos que ha erogado el gobierno de Felipe Calderón en los medios de comunicación para publicitar ante la sociedad las causas de la extinción de LFC.

Hasta ahora se conoce que la Presidencia destinó 97.5 millones de pesos para conocer la opinión ciudadana sobre varios temas, entre 2009 y 2012, entre ellos la desaparición de LFC.

Según la asociación civil Fundar, sólo en 2009 el gobierno de Felipe Calderón gastó 4 mil 927.7 millones de pesos en publicidad, 83 por ciento más que Vicente Fox en igual concepto durante 2006.

Aparte, la PF reservó por 12 años (el lapso más grande que permite la Ley Federal de Transparencia) el número de civiles fallecidos (no involucrados en el crimen organizado) en circunstancias de enfrentamiento entre la PF y narcotraficantes.

Los temas referidos se evaluarán hoy en la sesión plenaria del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En respuesta a la solicitud 0681200003810, el SAE se amparó en el acuerdo ACT/02/2009 del IFAI para declararse imposibilitado de entregar la información. El acuerdo suspende los plazos que da la ley de transparencia para que el SAE atienda las solicitudes, precisamente por la imposibilidad material que enfrente para tener acceso a los archivos de LFC.

En la solicitud 00018000-11610, la Sener declaró la inexistencia de erogaciones en publicidad, tras asegurar que no ha contratado publicidad con ningún medio de comunicación para motivar la desaparición de LFC. El IFAI dará la última palabra en el tema.

En tanto, la PF alegó que revelar el número de ciudadanos muertos en situaciones que involucran el combate al narcotráfico causaría varios daños, entre ellos: crear un espacio vulnerable (sic) afectando la operación de la institución y entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, y porque la difusión de datos contravendría el protocolo para la recolección, validación y consolidación de homicidios y enfrentamientos, vinculados al crimen organizado

Falsificaron la letra de Carpinteyro, dictamina perito

Declara sobre anónimo enviado a Luis Téllez

Falsificaron la letra de Carpinteyro, dictamina perito

El especialista, contratado por la defensa

La ex subsecretaria de la SCT cuestiona que Nava difunda grabaciones y nadie lo moleste

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Purificación Carpinteyro Calderón, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, al llegar con sus abogados al juzgado del Reclusorio Oriente, donde se sigue un proceso en su contra por la supuesta divulgación de comunicaciones particularesFoto Jesús Villaseca
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 9

Purificación Carpinteyro Calderón, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, acudió este martes al juzgado sexto de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Oriente –donde se desahoga un proceso en su contra por el delito de divulgación de llamadas telefónicas privadas– a una diligencia en la que fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) interrogaron a Alejandro Romay, perito contratado por los abogados de la ex funcionaria, quien dictaminó que fue falsificada la letra de Carpinteyro que aparece en un escrito anónimo enviado a Luis Téllez, ex titular de esa dependencia.

Entrevistada después de la diligencia, Carpinteyro aseguró que la PGR tiene dos varas para aplicar la justicia, pues mientras ella fue llevada a proceso por la difusión de las llamadas telefónicas de Téllez, el líder nacional del Partido Acción Nacional, César Nava, difunde audios ilegales (de gobernadores priístas) sin que la autoridad ministerial siquiera lo moleste.

Afirmó que la aplicación de la justicia está siendo totalmente inequitativa: en mi caso me están procesando por haber entregado telefonemas sin haber demostrado que yo los divulgué; pese a ello, estoy siendo procesada por la divulgación de esas cintas; y en el caso de César Nava la divulgación de estas cintas es confesa: él las ha dado a conocer a los medios, incluso en conferencias de prensa.

Agregó: me parece una aplicación cínica, totalmente parcial, contra un ex funcionario, como es mi caso, y una omisión o simplemente la no aplicación de la ley por tratarse de alguien allegado al gobierno federal.

César Nava divulgó la semana pasada, en conferencia de prensa, llamadas telefónicas intervenidas al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en las que se escuchan comentarios que pusieron en evidencia que el mandatario opera en favor de la campaña del candidato priísta a la gubernatura de esa entidad, Javier Duarte.

Me gustaría que le preguntaran lo mismo a Fernando Gómez Mont o a César Nava. ¿Por qué en el caso de Purificación sí se está persiguiendo el delito de divulgación y en el caso de Nava no?, ¿por qué no ha recibido ningún citatorio?, cuestionó Carpinteyro Calderón. Agregó que hay un tratamiento diferenciado en la vía legal para aquellos que no son amigos del sistema.

El próximo jueves, la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes regresará al juzgado sexto para participar en otra diligencia en la que está citado como testigo Héctor Osuna, titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
Noticiero SDP edición matutina 23-Junio-10.
Mañana 23-Junio-Hoy hablamos sobre los viajes en avión que se les paga a los diputados por "apoyo para transporte aereo", siendo que al pueblo se le paga miseria de salario y no tienen ese tipo de "apoyos", también comentamos la tunda que le dieron al candidato priísta ayer sus contrincantes durante el debate de candidatos a gobernador por el estado de Veracruz, tuvimos la síntesis informativa de NOTIMEX y demás temas.
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Gobiernos y partidos lucran políticamente con ayuda a pobres

Elecciones de asistencia social
Gobiernos y partidos lucran políticamente con ayuda a pobres

Continuos huecos legales permiten desviar recursos, expresan analistas

Los planes de los estados son los que presentan mayores fallas de control

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Pobladores esperan turno para recibir vales de despensa que pueden ser canjeados en centros comercialesFoto Roberto García Ortiz
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Habitantes de Jalpa de Serra interceptaron camionetas del gobierno de Querétaro que trasladaban tinacos. Según los pobladores, éstos se iban a repartir a cambio de votos por el PAN. La imagen, de junio de 2006Foto La Jornada
Angélica Enciso
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 2

Con un presupuesto alto, que en 25 años sumó alrededor de 200 mil millones de dólares, los programas sociales destinados a combatir la pobreza de la mitad de la población mexicana que vive en esa condición, de acuerdo con la medición oficial, aún tienen vacíos que favorecen su uso proselitista, de cara a las elecciones que habrá en 14 estados el próximo 4 de julio: falta de transparencia, evaluación, fiscalización y designación unilateral de operadores.

Ello sucede tanto con mecanismos estatales como federales, aunque estos últimos tienen mayor institucionalización, lo cual atenúa su uso electoral. En el caso de los programas sociales de los estados, pocos tienen reglas de operación, existe mayor dispersión, falta de rendición de cuentas y carecen de evaluaciones que permitan conocer su efectividad para reducir la miseria, señalan analistas.

Oportunidades, principal plan del gobierno federal, con un presupuesto de alrededor de 60 mil millones de pesos –40 por ciento más que en 2009–, en este sexenio es dirigido por panistas, ya que no sólo su coordinador nacional, Salvador Escobedo Zoletto, tiene esa filiación, sino también la mayoría de quienes están al frente de las direcciones estatales, indica el investigador Enrique Valencia. Además tiene vacíos que pueden favorecer su uso político.

Uno es que los vocales de los comités de promoción comunitaria de Oportunidades, que representan el vínculo entre las familias beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y coordinación nacional, eran electos hasta 2008 en asamblea por las titulares beneficiarias del plan en las comunidades. Con el cambio en las reglas de operación, a partir del año pasado, son colocadas por la coordinación estatal, lo cual, para diversos expertos, se convirtió en una ventana para el uso electoral, no sólo para el gobierno federal, sino también para los estatales.

Este es el mecanismo más evaluado y de mayor alcance. Este año respaldará a 5.8 millones de familias –casi 30 millones de mexicanos– en 97 mil 871 localidades de 2 mil 445 municipios, y se le incluyó el de Apoyo Alimentario, que llegará a 262 mil familias de las comunidades más aisladas.

Hay otros planes federales de los que hasta 2009 se desconocían su impacto y resultados, ya que no cuentan con evaluaciones. Se trata de 3 por 1 para migrantes, Apoyo a zonas de atención prioritaria, 70 y más –destinado a 2.1 millones de adultos mayores– y Opciones productivas, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Aunque el gasto destinado a programas sociales ha ido en aumento y un ejemplo es que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social en la última década creció en promedio 22.1 por ciento, la miseria creció. En 2008, 47.4 por ciento de mexicanos –50.6 millones de habitantes– vivían en pobreza patrimonial y 18.2 –19.5 millones– en alimentaria.

Sólo este año los subsidios federales suman 350 mil 202 millones de pesos, 2.7 por ciento del producto interno bruto. El 62 por ciento de esos fondos son transferencias directas, mientras el resto se destinan a actividades productivas, señala Jesús Alberto Cano, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Los planes con mayor presupuesto después de Oportunidades son: Seguro Popular, con casi 40 mil millones; Procampo, 15 mil millones, y 70 y más, cerca de 13 mil millones.

En 25 años, se estima, se destinaron 200 mil millones de dólares a dichos mecanismos, a pesar de lo cual la pobreza en ese periodo no se redujo, coincide Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Los programas en los estados

La falta de un concepto legal de lo que es un plan social lleva a que en los gobiernos estatales se refieran a éste como programa de subsidio, programa operativo o programa público, indica Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Éste es sólo el principio de una serie de irregularidades que se encontraron en una revisión de dichos mecanismos en los portales de Internet de los gobiernos estatales.

Descubrió que hay listados de programas discrecionales, lo cual se convierte en espacio para el uso político-electoral de distintas acciones sociales que pueden quedar fuera de ellos, como despensas, vales para útiles y pintado de banquetas, entre otras. Por ello es casi imposible dar seguimiento a esos recursos públicos y crear candados de protección, agrega.

En los casos en que los mecanismos tienen reglas de operación, éstas no incluyen su vinculación con leyes de transparencia, egresos o participación, por lo cual es imposible detectar información específica, como padrón y presupuesto. Hay otros en los que los datos están desactualizados, se omite información relacionada con presupuesto, padrón, requisitos y cobertura, y no hay reglas de operación, lineamientos, evaluaciones ni fiscalización, detalla.

En las entidades más precarias, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se ha encontrado que su capacidad institucional es menor. La combinación de esas dos cosas hace que los planes sociales sean más susceptibles de usarlos electoralmente, a diferencia de donde hay menos pobreza y más ocupación. Además, son estados que reciben más recursos del Ramo 33 y de Oportunidades.

La realidad de los programas locales en México, en el contexto de las elecciones locales 2010, revela la existencia de una peligrosa relación: planes sociales poco institucionalizados y uso proselitista de ellos y de los bienes públicos, resalta Nájera

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