sábado, 23 de febrero de 2013

Reporta ASF deficiente planeación de servicios en el Issste durante 2011


Reporta ASF deficiente planeación de servicios en el Issste durante 2011
El instituto no pudo comprobar más de $500 millones no devengados en análisis clínicos y bancos de sangre, acusa el informe
Sólo en un hospital se retrasaron cuatro trasplantes de riñón, por las irregularidades
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De acuerdo con la ASF, en 2011 el Issste no contó con controles de calidad externos, por lo que varios de sus hospitales reportaron deficiencias en el abasto de insumos y reactivos. En la imagen, el Hospital de alta especialidad Bicentenario de la Independencia, en Tultitlán, estado de MéxicoFoto Mario Antonio Núñez
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 35
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) reportó un pasivo de 503 millones 874 mil pesos que no fueron devengados en servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre. La gestión médica de la institución arrojó durante el año 2011 una deficiente planeación de los servicios requeridos por las unidades médicas del instituto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, reportó haber detectado deficiencias en la planeación de las necesidades de los servicios de análisis clínicos y bancos de sangre del Issste, así como en la prestación del servicio, repercutiendo en la atención de los derechohabientes:
En el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre se dejaron de atender, tan sólo en aquel año, 7 mil 59 pacientes por falta de reactivos; se dejaron de hacer pruebas en médula osea, líquido amniótico y enfermedades genéticas.
En otro caso, el del Hospital Regional León, por falta de pruebas de diagnóstico, de febrero a mayo de 2011 se procesaron fuera del hospital muestras de sangre de 545 posibles donadores, de las cuales 51 por ciento de los resultados se entregaron hasta 17 días después. Y en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías se retrasaron cuatro trasplantes de riñón por falta de pruebas clínicas.
Así, el ente fiscalizador advierte que el Issste no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la subcontratación de servicios, como se precisa en los resultados que la institución aportó, mismas que originarondeficiencias en la gestión financiera, entre ellas, la más destacada, que al 31 de diciembre de 2011 se reportó un pasivo circulante por 503 millones 874 mil pesos, el cual no corresponde a gastos efectivamente devengados; no cuenta con indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de análisis clínicos y bancos de sangre, ni con un sistema informático para su seguimiento.
Las irregularidades detectadas por la ASF también manifiestan que, en 2011, el Issste no contó con controles de calidad externos, y los hospitales muestreados (revisados) reportaron deficiencias en el abasto de insumos y reactivos (es decir, no se entregaron a tiempo o llegaron incompletos, o estaban próximos a su fecha de caducidad).
En 2011, el presupuesto para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre del instituto alcanzó 794 millones 846 mil pesos, y de dicho total, las autoridades del Issste no pudieron comprobar el gasto de 503 millones 874 mil pesos.
La ASF señala que la coordinación administrativa de la Dirección Médica informó que se decidió reportar dicho saldo porque se des­conocía el monto de los servicios devengados, es decir, durante el mes de diciembre (de 2011) no se co­nocían los resultados.
También refiere la ASF que el subdirector de infraestructura del Issste informó que hasta junio de 2012 la institución carecía de indicadores de gestión y desempeño que midieran el grado de cumplimiento del servicio de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre, ni con un sistema informático que le permitiera llevar un seguimiento de esos servicios, así como tampoco el control del número de pruebas que realiza cada unidad médica.
El análisis de la información recibida por la auditoría concluye que en los contratos firmados por el Issste en materia de laboratorios y bancos de sangre no se consideraron estudios o pruebas que realizaran las unidades médicas o no les fueron asignadas ni se contó con los insumos necesarios para realizarlas, así como tampoco con los controles externos para verificar la calidad y confiabilidad de los resultados de las pruebas realizadas, situación considerada en los contratos celebrados por las unidades médidas.
De tal forma, la ASF solicita al órgano de control interno del Issste que realice las investigaciones pertinentes e inicie el procedimiento administrativo por actos u omisiones de los servidores públicos

Cartera vencida de la Lotería Nacional superó los 615 millones, revela auditoría


Cartera vencida de la Lotería Nacional superó los 615 millones, revela auditoría
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 35
La revisión de la Cuenta Pública del año 2011 descubrió que la Lotería Nacional mantiene una cartera de crédito vencida por 615 millones 874 mil pesos y no cumplió en aquel ejercicio fiscal con las gestiones normativas, al no presentaruna gestión financiera razonable de las cuentas por cobrar.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca en suInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año citado que la Lotería Nacional no mantiene un ambiente que propicie el cumplimiento de la normativa que rige los procesos de cobro y control de saldos individuales de la cartera de crédito.
Tan sólo en 14 expendios se reportaron saldos de naturaleza contraria por 23 millones 801 mil pesos, y a esto se suma que la Lotería Nacional no cuenta con información de los saldos vencidos por 216 millones 988 mil pesos, correspondientes a 614 expendios, por lo que se desconoce el importe total de la dotación o asignación de billetes pendientes de cobro y su antigüedad.
El dictamen negativo de la ASF aplicado a la Lotería Nacional también establece que la dependencia no proporcionó evidencia del inicio del proceso para la recuperación por la vía judicial de saldos vencidos por 101 millo­nes 318 mil pesos, y mucho menos presentó evidencia para establecer estrategias encaminadas a incrementar sus ventas y optimizar sus costos con la finalidad de revertir el deterioro de su situación financiera, incrementar su liquidez y cumplir con el objetivo para el cual fue creada.
Según el informe, la dependencia no mantiene un ambiente de control que propicie la observancia de la normatividad que rige los procesos de cobro y control de saldos individuales de la cartera de crédito, sin ningún efecto sobre su incumplimiento al detectarse cuentas por cobrar vencidas, que no se tramitaron para su cobro por la vía judicial, y falta de integración de la cartera de crédito que permita identificar el origen de las cuentas por cobrar.
Así, la Lotería Nacional carece de lineamientos que establezcan los criterios que deberá ejercer la gerencia de crédito y cobranza para ordenar de manera sistematizada la documentación generada por la celebración de convenios de reconocimiento y pago de adeudos.
La revisión de la cartera de crédito total, que asciende a mil 87 millones de pesos, reportó un saldo de naturaleza contraria (saldo rojo) por 25 millones de pesos, originándose devolución de billetes con la consecuente no aplicación de incentivos, ayudas asistenciales y apoyos.
Al cierre del ejercicio 2011, el rubro de la cartera vigente reportó un saldo de 399 millones de pesos, que correspondió a los importes que se encontraban pendientes de cobro de los diferentes sorteos realizados en diciembre de 2011.
Por lo que hace a la cartera de crédito vencida, al cerrarse el ejercicio 2011, mantenía un saldo por 615 millo­nes 874 mil pesos (que representa 56.6 por ciento del total del saldo de la cartera de crédito), se observó que está integrada por mil tres expendios.
De los 615 millones de cartera vencida total, 216 (35.2 por ciento) no cuentan con la fecha en que se generó cada uno de los adeudos, por tanto, se desconoce el importe total de la dotación o asignación de billetes de cobro y su antigüedad

Presentará el sindicato contrapropuesta de reforma a la Ley General de Educación


Presentará el sindicato contrapropuesta de reforma a la Ley General de Educación
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 36
Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron que está por concluir la elaboración de una contrapropuesta con la que buscan incidir en la reforma a la Ley General de Educación, luego de las modificaciones aprobadas por el Congreso a los artículos tercero y 73 constitucionales, que establecen nuevas condiciones de acceso, selección, promoción y permanencia en el magisterio.
Jaime León Navarrete, secretario general de la sección 10, explicó que el documento está en las últimas etapas de revisión, tarea que, dijo, realiza el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza el secretario general, Juan Díaz de la Torre.
Agregó que las propuestas que presentará el sindicato ante las autoridades educativas, la Cámara de Diputados y la sociedad civil incluyen lasaportaciones y reflexiones de padres de familia, especialistas, maestros y abogados.
No obstante, enfatizó que será unapropuesta que deberá abrir a la discusión en foros o espacios donde pueda participar la ciudadanía, pues se trata de uno de los temas más trascendentes para una nación.
En tanto, integrantes del gremio que lidera Elba Esther Gordillo Morales, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que hasta el momento no nos han bajado nada. Estamos a la espera de las indicaciones del CEN y de nuestra presidenta para iniciar su difusión, que deberá llegar a todos los padres de familia.
Y señalaron que pese a las declaraciones del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien el pasado miércoles afirmó ante senadores que la política educativa la dicta el gobierno federal, y no el SNTE, seguiremos insistiendo para que se nos escuche, y se nos tome en cuenta en las reformas que se apliquen a las leyes reglamentarias del sector.
León Navarrete indicó que el funcionario federal realizó declaraciones absurdas, porque asegura que no se consultará más que a aquellos docentes que hayan aportado, con su trabajo y conocimientos, al desarrollo del sistema educativo nacional. Sólo quien permanece detrás de un escritorio puede desconocer que quienes más han hecho por sacar adelante la educación en México, son los maestros representados por el SNTE

No se ha cumplido la cobertura universal en servicios médicos, dice Tapia Conyer


No se ha cumplido la cobertura universal en servicios médicos, dice Tapia Conyer
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 39
Guadalajara, Jal., 22 de febrero. Los pagos que hacen las personas de su bolsillo para atender sus enfermedades evidencian que el objetivo de la cobertura universal de salud no se cumplió, a pesar de la mayor inversión pública en el sector. Por ello, resulta indispensable hacer uso de la tecnología como agente de cambio que permita mejorar las condiciones de vida de la población y al mismo tiempo, asegurar la transparencia en el uso de los recursos económicos, dijo Roberto Tapia Conyer, director de la Fundación Carlos Slim.
Al participar en el 15 Congreso Internacional Avances en Medicina, que se realiza en esta ciudad y en el que se abordan temas de las diferentes especialidades clínicas, el ejecutivo y ex subsecretario de Salud, comentó sobre diversos programas de prevención, detección y control de enfermedades –cuya base tecnológica es un teléfono celular–, los cuales realiza el organismo que encabeza.
Advirtió que la transformación del sistema de salud es una necesidad ante las dificultades y consecuencias que ya enfrenta el país a causa de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Además, el país necesita transitar hacia la modernización, pues resulta incomprensible que México siga con un sistema de vigilancia epidemiológica del siglo XIX, con registros en papel y a mano, cuando ya es posible tener la información en línea, indicó.
Tapia Conyer presentó la conferencia magistral Innovaciones tecnológicas para la transformación del sistema salud, y comentó que las acciones sustentadas en las herramientas disponibles, como el teléfono celular, deben iniciarse en los servicios primarios de salud, adonde acude 80 por ciento de los pacientes en forma inicial.
De manera paradójica, en esos servicios es donde menos infraestructura existe, porque se valora más que haya grandes hospitales, indicó. A fin de revertir esta situación, la Fundación Carlos Slim puso en marcha una serie de estrategias para fortalecer el diagnóstico y monitoreo de la salud materna, enfermedades crónicas y el cáncer.
En comunidades seleccionadas del país, la estrategia ha demostrado su eficacia para mejorar, por ejemplo, la vigilancia del embarazo de mujeres que viven en localidades alejadas y que, por lo mismo, enfrentan dificultades para asistir a los hospitales, sobre todo en el último trimestre de gestación, cuando se supone deberían acudir a una revisión cada dos semanas.
Con el sistema puesto en marcha por la Fundación Slim la atención clínica se puede dar en el centro de salud. Se obtienen los datos de la frecuencia cardiaca del producto, de las contracciones, si las hay, y la información se envía por telefonía celular al médico especialista al hospital.
En un esquema similar, existe un sistema para medición de glucosa y presión arterial. Un primer diagnóstico se obtiene de esta manera en clínicas familiares e incluso con personal de salud que busca a los pacientes casa por casa, explicó Tapia.
También se refirió a las máquinas dispensadoras de medicinas, que ya se utilizan y garantizan un surtimiento efectivo de recetas. Adicionalmente se optimiza el uso de los recursos y se evitan actos de corrupción, afirmó

Notifica consejo de la UACM de nuevo la revocación de la rectora


Notifica consejo de la UACM de nuevo la revocación de la rectora
Pega y deja copia del documento al no localizar a la destinataria
Gabriela Romero Sánchez
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 32
Por segunda ocasión el Consejo Universitario intentó notificar ayer a María Esther Orozco Orozco sobre la revocación de su mandato como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en las oficinas administrativas que esta casa de estudios tiene en la colonia Doctores.
El secretario técnico del tercer Consejo Universitario, Carlos González, acompañado por el notario público 163, José Antonio Sosa Castañeda, y por académicos y alumnos de la UACM, se presentó a las 14:30 horas en las oficinas de la calle de Doctor García Diego, en la colonia Doctores, para entregar la notificación.
Ahí los atendió el señor Jesús Ramírez, de vigilancia, quien informó que Orozco no se encontraba en el lugar, y se negó a recibir algún documento.
Por lo que procedieron a pegar el escrito en la puerta del inmueble y por debajo de la puerta pasaron un sobre con copia de la notificación y el punto de acuerdo por el que se le revoca el mandato a Orozco Orozco, aprobado en sesión secreta el pasado miércoles y en presencia de un notario público por 24 votos a favor.
Carlos González explicó que decidieron acudir a estas oficinas porque es sabido que la ex rectora opera desde aquí.
Comentó que el jueves, el consejero Joel Marín acudió a las oficinas, pero tampoco la encontró, por lo que pegó un primer escrito.
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El secretario del tercer Consejo Universitario de la UACM, Carlos González, acudió a oficinas de la casa de estudios, acompañado de alumnos, académicos y un notario, para entregar la notificaciónFoto Roberto García Ortiz
Por su parte el movimiento en defensa de la legalidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), integrado por el Consejo Estudiantil de Lucha, Foro Académico y Trabajadores en Lucha, señaló que todos los secretarios técnicos de los consejos de plantel –órganos de gobierno local-, así como dos de tres coordinadores académicos de los colegios que dan soporte a las licenciaturas y posgrados de la UACM, han cerrado filas en favor de la decisión tomada el 20 de febrero por los representantes en el Consejo Universitario.
Puntualizó que esta casa de estudios no es rehén de ningún político, ni de partido político alguno y que se gobierna con plena autonomía, según lo establecido en su normatividad. Muestro de ello es el respaldo mayoritario y responsable a la decisión por revocar del cargo de rectora a Esther Orozco.
Asimismo, reconoce el derecho que tienen a manifestarse los representantes del PRI y el PAN sobre la destitución de Orozco Orozco, en el sentido que consideren pertinente, pues corresponde a la libertad que nosotros, como comunidad universitaria, hemos defendido en todo momento

Condenan a orozquistas por quemar diarios de La Jornada


Condenan a orozquistas por quemar diarios de La Jornada
Personajes del ámbito cultural, académico y político consideran inaceptable el acto
Me recordó a los nazis incinerando libros, afirma Octavio Rodríguez Araujo
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Estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México realizaron una protesta en la estación Zócalo, del Metro, por lo que permitieron la entrada sin boleto a los usuariosFoto María Luisa Severiano
Josefina Quintero y Ángel Bolaños
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 33
En diferentes ámbitos de la cultura, la política y la academia se condenó la quema de ejemplares de La Jornada por grupos afines a la ex rectora María Esther Orozco Orozco.
El escritor y académico Fernando del Paso señaló no comprender el conflicto en su totalidad, no obstante dijo que quemar periódicos es sin lugar a dudasun acto de barbarie.
El agravio a La Jornada con la quema de ejemplares, característico de grupos fundamentalistas y gobiernos autoritarios, es un acto de desprecio ycensura contra un medio de comunicación que hace uso de su libertad de expresión y eso es inaceptable, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia.
Afirmó: “es un acto de protesta por la cobertura que La Jornada ha dado al conflicto y que, evidentemente, no les ha gustado; sin embargo, es un acto que lleva un componente de censura que me parece que es inadmisible”.
El ombudsman capitalino consideró que este medio ha dado cuenta del transcurso del conflicto en forma equilibrada, por lo que la quema de periódicos fue un exceso.
Diputados de la Asamblea Legislativa del DF lamentaron a su vez que ese tipo de actitudes de intolerancia priven en el conflicto de dicha casa de estudios.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, dijo que no son esas actitudes las que darán soluciones a los problemas, sino el debate de la ideas.
Yuriri Ayala, contra quien se lanzaron consignas en dicha protesta, lamentó que se haya rebasado el marco del respeto en las protestas, al manifestar su desacuerdo contra un medio de comunicación, en tanto que el coordinador del PAN, Federico Döring, acusó a algunos legisladores de la misma ALDF deincubar esas actitudes de intolerancia.
Al respecto, la periodista Carmen Aristegui consideró el hecho una formadesafortunada de ejercer crítica contra un periódico que ha sido crítico a la rectoría de Esther Orozco.
Entrevistada luego de recibir la presea John Reed por su trayectoria periodística, Aristegui afirmó que este tipo de recursos, por quienes se puede suponer son simpatizantes de la rectoríano es algo que sea deseable en una mínima vida democrática.
El doctor en ciencia política Octavio Rodríguez Araujo señaló: “este acto (quemar diarios) me recordó a los nazis quemando libros. Los únicos que han quemado libros en la historia del siglo XX y XXI han sido los nazis y los neonazis de las dictaduras como la de Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina quemaron libros de caligrafía porque tenían pasta roja y no podemos pasar por alto novelas como Fahrenheit 451,para que no se pierda la cultura. Sólo la ultraderecha más intolerante quema periódicos y libros; no tiene otra explicación. Se puede estar de acuerdo o no. Sólo la gente estúpida hace esas cosas, y esto revela el significado de la ideología de la señora Orozco, que no se ha deslindado de quienes se autonombraron sus seguidores”,
Adolfo Sánchez Rebolledo aseguró que quemar diarios no es forma de solucionar los conflictos y que cualquier idea merece ser discutida o rebatida. “Me parece muy mal que se quemen, no sólo La Jornada; sino cualquier diario, por la libertad de expresión”.
La ensayista y crítica literaria Margo Glantz subrayó que el conflicto de la UACM se ha prolongado demasiado tiempo y ya es hora de que se resuelva, por lo que consideró que la mejor manera de hacerlo es destituyendo a Orozco.
Son personas que no están preparadas. Esta gente sólo quiere sus puestecitos, afirmó el poeta Juan Bañuelos.
Con información de Joselyn Castro

Lanzan campaña de esterilización canina; operados, 4 mil 662 perros


Lanzan campaña de esterilización canina; operados, 4 mil 662 perros
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Inicio de la campaña, en la explanada de la delegación Venustiano CarranzaFoto José Carlo González
Gabriela Romero Sánchez
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 34
En lo que va del año han sido esterilizados 4 mil 662 perros y se han aplicado 15 mil vacunas contra la rabia en el Distrito Federal, informó el secretario de Salud, Armando Ahued Ortega, al poner en marcha la campaña masiva de esterilización canina Sé un dueño responsable, la cual tuvo como escenario la explanada de la delegación Venustiano Carranza.
En entrevista posterior, el funcionario adelantó que la ciudad de México tendrá el primer hospital que dará atención gratuita a mascotas en México, el cual se construirá en la esquina de Heberto Castillo y Canal de Chalco, en la delegación Tláhuac, y costará alrededor de 50 millones de pesos.
Será el primer hospital de animales en el país, en Tláhuac, porque allí hay un terreno importante, tiene buenas vialidades, puede llegar la gente, este año estamos en la fases del permiso de uso de suelo, el proyecto arquitectónico y tendrá una inversión de 50 millones de pesos, con quirófanos, insumos y medicamentos, detalló.
Comentó que los ciudadanos ya no tendrán pretexto de que no cuentan con dinero para llevar a su mascota al veterinario. Si un señor recoge un perro que presenta una fractura, lo lleva y lo operamos, sin costo. En el acto, Ahued Ortega recordó que existen alrededor de 170 mil perros callejeros en la ciudad de México.
Ningún caso de rabia
El funcionario señaló que el año pasado 17 mil personas fueron mordidas por un canino, de éstas más de 70 requirieron de intervención quirúrgica. Dijo que en 2012, la Secretaría de Salud local vacunó a un millón 200 mil perros contra la rabia y la meta para este año es llegar a un millón 500 mil. Desde 2007 no se reporta un caso de rabia en la ciudad de México, refirió

Denuncian red de corrupción en el sistema Cavi de Hidalgo


Denuncian red de corrupción en el sistema Cavi de Hidalgo
Videograban a ex agente del MP que ofrece a padres devolver a su hija
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Vista del internado Casa de Jesús, lugar administrado por religiosas en Pachuca, Hidalgo. La Procuraduría General de Justicia estatal investiga una presunta red de corrupción y complicidad en diversas casas de asistencia para niños con problemas familiares y Centros de Atención a VíctimasFoto Aldo Falcón
Armando Cruz Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 30
Pachuca, Hgo., 22 de febrero. Una red de corrupción y complicidades se ha tejido en torno a los casos de niños con problemas familiares de los que tienen conocimiento los Centros de Atención a Víctimas (Cavi), los cuales son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), reveló el ex agente del Ministerio Público (MP) de dichas instancias, Julio Ángel Lagunes Moreno, en confesión videograbada por padres agraviados.
En este entramado estarían involucrados la directora de los Cavi, Margarita Cabrera Román; el visitador general de la PGJEH, Juventino Pérez Lamoine, así como agentes del MP, sicólogas y casas de asistencia para menores manejadas por órdenes religiosas y el DIF-Hidalgo, según las declaraciones realizadas a esta corresponsalía por Rubén Alejandro Pérez Vilchis y Laura Olivia de León Caballero, padres de una adolescente.
Narraron que debido a problemas de conducta, su hija fue llevada la tarde del 10 de marzo de 2012 a recibir pláticas de orientación en la Casa de Jesús –administrada por religiosas–, ubicada en la calzada Veracruz 400, de donde desapareció; días después fue localizada en la casa Niña-DIF, donde permanece recluida desde hace casi un año y es víctima de maltratos.
Lagunes Moreno, aún en su carácter de MP de la mesa 2 de los Cavi, inició las averiguaciones y determinó la consignación de Rubén Alejandro Pérez Vilchis por los delitos de abandono de menor incapaz y abuso sexual, pese a que los exámenes médicos practicados a la adolescente resultaron negativos para el segundo supuesto.
Los testimonios del ex agente del MP –quien ya como litigante y sin vínculos aparentes con los Cavi, ofreció a la familia Pérez de León echar abajo la consignación que él mismo resolvió–, fueron videograbadas subrepticiamente por los quejosos cuando se cerraba el trato de contratación de sus servicios de defensa por la suma de 25 mil pesos.
El video se encuentra ya en el sitio de Youtube con el título: El estado de derecho en Hidalgo-México. En la grabación, Lagunes Moreno reconoce que él estaba dispuesto a entregar a la adolescente a sus padres, pero que cuando regresó de una incapacidad médica se encontró con que ya se había hecho un argüende del caso y ustedes (los padres) ya eran criminales.
Y agregó: “Dije, a ver, a ver, cómo está este rollo; vi otra vez las declaraciones de su hija y no me cuadraron…(y) cuando resolví la consignación yo me quedé con mis dudas”. Dicho lo anterior, el litigante habría ofrecido a la familia Pérez de León sacar el caso en su favor: Yo armé la determinación y yo sé cómo sacarla, porque estudié el asunto, lo consigné y sé por dónde se cae.
La familia Pérez de León comentó al ex agente del MP de las sumas de dinero que pide Cabrera Román por la entrega de los menores y esta fue su respuesta, siempre de acuerdo con lo registrado por el video proporcionado por los padres de Laura Alexa: De Margarita, no lo dudo, a mí me dijo que por niño eran de 30 mil a 35 mil pesos.
Más todavía, les confesó que existen muchos casos como el de ellos y les advirtió: Han caído con la víbora más víbora que hay ahí en los Cavi; describió a la directora de esos centros como una persona bipolar, agresiva, prepotente e intrigante, que hace y deshace los dictámenes y ordena a los sicólogos poner lo que ella les dicta, además de tratar con la punta del pie a las mujeres agentes del MP y de meter su cucharaen todas las averiguaciones.
Casos similares
Pérez Vilchis manifestó que con los testimonios de Lagunes Moreno queda claro el modo en que operan los Cavi en algunos casos: Captan a menores con problemas intrafamiliares y los recluyen en las estancias del DIF, mientras el MP inicia las averiguaciones, la mayoría de las veces integradas en forma irregular, como lo reconoció el ex agente ministerial, para luego consignar a los padres por maltrato, abandono, abuso sexual o prácticas libidinosas, con el propósito de retirarles la custodia y exigirle al inculpado entre 30 mil y 35 mil pesos para dejarlo libre y recuperar al menor.
La prensa local ha documentado dos casos similares a los de la familia Pérez de León, uno en Tula de Allende y otro en Pachuca; el primero en junio de 2012, de la señora Guadalupe Alonso Noguez, a quien el personal del DIF le retiró la custodia de dos menores de seis y 11 años, acusándola de maltrato, para recluirlos después en galeras de la policía municipal, mientras que ella fue enviada al Centro de Rehabilitación Social, donde permaneció algunos meses por no poder pagar la fianza de 6 mil pesos.
El otro es el de la señora Viniza Santiago, cuyos hijos de dos y cuatro años fueron retirados del hogar, sin ninguna orden judicial, por policías ministeriales acompañados de trabajadoras sociales

Normalistas de Oaxaca piden plaza automática


Normalistas de Oaxaca piden plaza automática
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 30
Oaxaca, Oax. Estudiantes de la Coordinadora de Escuelas Normales del estado mantienen ocupado el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (Creno), como medida de presión para que al terminar sus estudios sean contratados automáticamente por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Roberto López, portavoz de ese organismo que reúne a las 11 escuelas normales públicas de la entidad, dijo que la base estudiantil rechaza la reforma educativa, que atenta contra los derechos de los trabajadores y cancelará la contratación automática de profesores, pues serán sometidos a concursos de oposición

Chiapas pagará becas atrasadas a estudiantes


Chiapas pagará becas atrasadas a estudiantes
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 31
San Cristóbal de Las Casas. Después de llegar a un acuerdo con autoridades estatales, los más de cien estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas para exigir el pago de siete meses de becas, desocuparon el edificio la noche del jueves. Representantes de los alumnos informaron que las autoridades estatales les pagarán cuatro meses de becas que les adeudan desde agosto pasado, a más tardar el primero de marzo

Altos de Chiapas Desnutrición galopante


Altos de Chiapas Desnutrición galopante
Entre 50 y 68% de niños indígenas presenta alguna carencia alimentaria
Aunque la gente cuenta con dinero de Oportunidades, lo gasta en comida chatarra
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Una vivienda de Chanal, Chiapas, uno de los municipios más pobres del paísFoto Moysés Zúñiga Santiago
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En Santiago El Pinar hay casas construidas de tablarroca y madera triplay. Miden 12x12 metros y no hay aguaFoto Moysés Zúñiga Santiago
Rosa Rojas
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 2
Aldama, Chis. Los 17 municipios de Los Altos de Chiapas, con población mayoritariamente tzotzil y tzeltal, presentan un alto grado de pobreza. Aquí esto se refleja en que entre 50 y 68 por ciento de los niños presenta algún grado de desnutrición.
De los 118 municipios chiapanecos, 55 están incluidos entre los 400 que atenderá la Cruzada Nacional contra el Hambre emprendida por el gobierno federal, incluidas la capital, Tuxtla Gutiérrez, y sus principales ciudades: San Cristóbal, Comitán, Tapachula...
Un recorrido por este municipio y otros cercanos, como Santiago El Pinar, San Juan Cancuc y Chalchihuitán, permitió corroborar que ha habido alguna mejoría en las condiciones de vida de la población, como un mayor número de casas construidas con ladrillos y lámina de zinc, sobre todo en las cabeceras municipales, pero el problema estructural es la falta de ingresos: el café, principal producto regional, lo compran este año los coyotes a 24 pesos el kilogramo, contra los 50 pesos del año pasado.
La producción de maíz y frijol es raquítica en las escarpadas laderas montañosas: entre 300 y 800 kilos de maíz por hectárea; pocos tienen una hectárea, producen sólo para el consumo familiar y no les alcanza para todo el año, por lo que tienen que comprar entre 220 y 270 pesos el costal de 50 kilos de maíz. El frijol está a 20 pesos el kilo. Cuando hay carne cuesta 70 pesos el kilo. Los programas de apoyo a la agricultura son escasos, según varios productores entrevistados.
Aunque hay mayor disponibilidad de dinero entre las familias que reciben apoyos de programas como Oportunidades, Vivir Mejor o Amanecer para los ancianos, eso ha impulsado el consumismo, con la adquisición de enseres como grabadoras, televisores, teléfonos celulares... la ingesta de alimentos chatarra, incluso el aumento del alcoholismo.
Otra quizá sea la realidad de las familias zapatistas que no agarran Oportunidades porque somos autónomos y tienen su propia clínica, como comentó un entrevistado,  pero los responsables de la presidencia municipal autónoma de Aldama indicaron que primero teníamos que ir al caracol de Oventic para que les autorizaran dar información.
La cabecera municipal de Aldama se ubica a unos 55 kilómetros al noroeste de San Cristóbal. Aunque hay carretera asfaltada, bastante deteriorada, hasta la cabecera municipal, el recorrido se lleva 90 minutos. Acá, como en el vecino Santiago El Pinar –unos nueve kilómetros más arriba– no hay mercado; el que tiene paga (dinero) va el domingo a Larrainzar a hacer las compras, lo que implica gastar 20 pesos del pasaje de ida y vuelta.
En San Juan Cancuc sí hay un mercado más bien pobre y en Chalchihuitán, a un costado de la faraónica plaza del pueblo, remodelada el año pasado a un costo de varios millones de pesos, hay un mercadillo con 29 locales –la mayoría de los cuales estaban cerrados un jueves a mediodía– en el que sólo hay tres puestos de frutas y verduras, seis fonditas y quizá una decena de puestos de discos y películas pirata, ropa y chucherías.
Los tendajones, en cambio, presentan en los cuatro municipios visitados amplio surtido de comida chatarra industrializada con sus coloridas envolturas: frituras de papa, de maíz y de harina de trigo enchiladas; chicharrones de harina procesados localmente; panecillos dulces y galletas; sopas instantáneas, y refrescos embotellados que incluso tienen publicidad en tzeltal y tzotzil.
En Aldama –5 mil 765 habitantes–, según el secretario municipal del ayuntamiento priísta, Manuel Hernández,hay mortalidad infantil alta por falta de atención en la maternidad por el gobierno del estado. Comentó que ya hay centro de salud con servicios ampliados, pero a veces sólo está el personal de aseo; cuando hay médico a veces no hay medicamentos; si hay una emergencia tienen que llevar al enfermo a Larráinzar o hasta San Cristóbal. Un viaje particular a Larráinzar cuesta de 200 a 300 pesos. Acá hay ambulancia, pero a veces no hay combustible. Ahorita el gobierno del estado no nos está dando recursos, afirmó.
En el Centro de Servicios Ampliados (Cesa), que atiende el Seguro Popular y población abierta, el médico de fin de semana –era sábado– Óscar Iván Alvarado y la enfermera Eva Guadalupe Macías negaron que haya ausencia de médicos, aunque reconocieron que cuando se requiere de ambulancia la clínica pone el chofer, pero el ayuntamiento debe proporcionar la gasolina.
Ambos informaron que manejan aproximadamente 2 mil 500 pacientes de siete de las 21 localidades del municipio. Indicaron que de los 512 niños que atienden, de cero a cuatro años 11 meses, 376 presentan desnutrición, pero en el detalle suman 348: de 290 niños que no reciben apoyo del programa Oportunidades, a diciembre de 2012 tenían 198 desnutridos: 128 con desnutrición leve, 63 con moderada y siete con desnutrición grave. En promedio, 68.27 por ciento
De 298 niños con Oportunidades hay 150 desnutridos (50.33 por ciento): 98 con desnutrición leve, 47 con moderada, cinco con grave.
Otros problemas de salud son las infecciones respiratorias y las diarreas. La desnutrición se presenta por falta de alimentos adecuados; en general los niños no consumen carne de res ni leche, indicaron, aunque también hay falta de educación entre los padres, que traen al niño hasta que ya está muy mal.
En San Juan Cancuc el Cesa empezó a funcionar el 22 de noviembre, su coordinador, el médico Alexis Cruz, aseveró que en este municipio, donde ahora están atendiendo a 310 familias,es un punto rojo la desnutrición, ya que de 20 niños atendidos detectaron 20 por ciento con desnutrición de segundo grado y uno de tercer grado.
A principios de enero –detalló– llevaron un niño de ocho meses con una fuerte desnutrición aunada a una deshidratación grave, un caso como los que se ven en África. El niño fue remitido al Hospital de las Culturas en San Cristóbal y está en vías de recuperación.
Informó que el Cesa debe atender a toda la población de la cabecera municipal, pero hasta ahora sólo dos barrios han aceptado sus servicios en asambleas por usos y costumbres.Entonces sí hay esa desnutrición, pero no solamente podemos culpar a la pobreza o el hecho de que no se han dado las oportunidades... se han dado esas oportunidades para evitar eso, pero tenemos que respetar los usos y costumbres que hay en este tipo de comunidad, comentó.
En Chalchihuitán, el viernes que la reportera pasó por ahí, la médica que atiende el consultorio de IMSS-Coplamar había ido a ha­cer trámites a San Cristóbal. La enfermera, quien pidió reserva de su nombre, reconoció que hay desnutrición en el pueblo. Mencionó que entre las causas de la pobreza en el municipio está el exceso de hijos de las familias y los pocos ingresos porque el gobierno sube todo lo que ellos compran y le baja el precio a lo que ellos venden.
En Santiago El Pinar, el sábado por la tarde en el Cesa de la ciudad rural sustentable –que está prácticamente deshabitada– estaba dando consulta una médica. En el centro del pueblo el consultorio de IMSS-Coplamar estaba cerrado

Un misterio, la causa de muerte de 5 menores de un año en Yajalón


Un misterio, la causa de muerte de 5 menores de un año en Yajalón
La Secretaría de Salud estatal despoja y menosprecia a las comunidades indígenas, denuncia el Cediac
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Escena en la ciudad rural sustentable Santiago El PinarFoto Moysés Zuñiga Santiago
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Dos momentos de la vida cotidiana en Chalchihuitán, Chiapas. Carga de leña para el hogar. Un niño disfruta de una caña de azúcarFoto Moysés Zuñiga Santiago
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Venta de elotes en una vivienda de ChalchihuitánFoto Moysés Zuñiga Santiago
Rosa Rojas
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 3
San Cristóbal de las Casas, Chis. Aún no se sabe qué causó la muerte de tres niñas y dos niños menores de un año en la comunidad de Zapata, municipio de Yajalón. Lo que sí está claro para el Centro de Derechos Indígenas AC (Cediac) es que los decesos sonresponsabilidad del fracaso del sistema de salud en el estado de Chiapas en comunidades indígenas y de los programas clientelares del gobierno federal y del estado, sumergiendo a su población en una mayor miseria, subordinación y muerte.
La noticia del fallecimiento de cinco niños entre noviembre y diciembre pasado y la existencia de otros 41 afectados en una población de 555 habitantes se conoció el 1º de enero, cuando el ayuntamiento de Yajalón –en la zona tzeltal-chol del norte del estado– envió cinco féretros a la comunidad, ubicada en el cerro de Tzajalá, a dos horas de la cabecera municipal de Yajalón (La Jornada, 6/1/12).
El gobierno chiapaneco mandó entonces cuatro brigadas sanitarias desde Palenque, con todo y el secretario estatal de Salud; co­locaron un cerco sanitario, recorrieron casa por casa; luego se informó que no hubo epidemia de tosferina, sino que una bacteria que se manifiesta con tos y fiebre alta, que se esparce con facilidad en las vías respiratorias durante el invierno en lugares de alta marginación, y ante la presencia de lluvias y frío intenso, provocó el deceso de los bebés.
El Cediac, el 23 de enero, reclamó que hasta esa fecha –y posteriormente su director, Óscar Rodríguez, lo ratificó en entrevista con este diario– la Secretaría de Salud (Ssa) estatal no había dado un informe pormenorizado de las causas de esos decesos ni se le hizo una autopsia a los bebés muertos y se desconoce por qué murieron.
Fundado en 1992, el Cediac –parte de la misión jesuita de Bachajón– tiene presencia sobre todo en Chilón y Sitalá –este es también uno de los municipios con mayor índice de pobreza grave en Chiapas–. En ese territorio, Yajalón, Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Simojovel, Pantelhó, son algunos de los 55 municipios que atenderá la Cruzada Nacional contra el Hambre anunciada por el gobierno federal, a la que se sumó con un decreto el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello.
En un comunicado, el Cediac aseveró que en esa región la Ssa, representada por los centros de salud, se sirve, despoja y menosprecia a las comunidades indígenas y cuestionó que en los centros de salud, si es que los hay, se cuenta únicamente con preservativos y paracetamol, algunas veces pueden contar con otro medicamento con breve caducidad.
“El trabajo de los médicos y enfermeros, si los hay, se centra en la salud reproductiva-control de la natalidad y no en la prevención de las enfermedades asociadas a la pobreza –gastrointestinales, respiratorias y en piel– así como las complicaciones que ocasionan al no ser atendidas”, agregó.
Apuntó que el centro de salud que atiende a la comunidad de Zapata no pudo prevenir enfermedades comunes como gripa, tos, catarro, asociadas a la temporada de invierno que fueron agudizándose hasta matar a las tres niñas y los dos niños.
Tampoco le fue posible tener un atento control de la vacunación para niños, niñas, madres y padres de la comunidad... Atender a las personas que no están afiliadas a ningún programa de gobierno. Tampoco pudo canalizarlas al hospital de Yajalón. Al de Chilón le sería imposible, porque su construcción es un caso de corrupción, y en el de Ocosingo del IMSS los médicos se fueron de vacaciones.
Criticó la actuación de la Ssa y el centro de salud: Tienen culpa y mucha; saben bien que no hicieron nada en un año; mencionó que todos los demás en la comunidad tienen un resfriado agudo y que los pobladores les informaron que en las mismas fechas de las muertes en Emiliano Zapata se supo del fallecimiento de otros niños en la comunidad de La Merced, municipio de Simojovel.
El Cediac apuntó que los bebés que murieron seguramente tenían deficiencias nutricionales que, ante una infección respiratoria o gastrointestinal, sin una prevención y atención médica adecuada del centro de salud, lamentablemente no podían lograr curación.
Entre los problemas que la comunidad detectó, en un diagnóstico del modo de vida y uso de su territorio en 2012, el Cediac menciona la inadecuada infraestructura por la que optan los gobiernos municipales, la cada vez mayor contaminación de los servicios básicos, como el agua y el drenaje; que todos los desechos humanos de la comunidad van a dar al río que pasa por la comunidad y éste a la vez baja hacia las comunidades como Tsajalha, lo que es un foco de infección.
Asimismo, los servicios del centro de salud son nulos, no tiene ningún medicamento para atender las enfermedades que se presentan. El responsable no vive en la comunidad, no realiza visitas de prevención, tampoco atiende a los enfermos, sean adultos o niños. A las mujeres que van al centro primero les dan una plática sobre planificación familiar y las atan al programa Oportunidades.
Los niños y niñas cada vez se enferman más; un factor que se une a las condiciones de pobreza es el cambio en los patrones alimentarios, cada vez se consume más comida chatarra comprada con el dinero de los programas del gobierno.
Cada vez las enfermedades se complican más; se hace difícil salir de la comunidad, se puede ir a la cercana Tsajalha pero no dan solución, no cuentan con medicina y si tienen está caducada.
Mencionó que los ingresos anuales de las familias en Emiliano Zapata son de 48 mil 705 pesos, de este total 22 mil 620 pesos se reciben de los programas de gobierno, que no están siendo llevados de manera adecuada; sólo sirven para enlistar personas, pero no están velando por la alimentación, salud y educación con calidad. La comunidad de Emiliano Zapata es sólo una muestra de lo que pasa en miles de comunidades en Chiapas.
Rodríguez comentó que además se dael espectáculo, la llegada del actual gobernador con regalos, cobijas y juguetes; un gasto enorme de publicidad, tanto para atender una epidemia como la registrada en Zapata como para presentar la cruzada contra el hambre, que Rodríguez considerópaliativa y de corto plazo.
El director del Cediac coincidió con la socióloga Araceli Burguete, investigadora del Ciesas Chiapas, en que los programas como la cruzada contra el hambre y de salud deben tener una visión integral, interdisciplinaria, multidimensional, pero a partir de las formas propias de organización de los pueblos indígenas, donde los principales (ancianos) juegan un papel muy importante.
Revertir el hambre no se soluciona con un apoyo, subrayó Burguete, entrevistada por separado. Se requiere dar nuevo es­tatus al quehacer colectivo de producir alimentos sanos como una respuesta comunitaria, familiar, individual, no por efecto de una alianza entre los burócratas sino de un consenso comunal.
El hambre es un resultado de la desestructuración de la cultura campesina de autosuficiencia alimentaria, agregó, citando como ejemplo que la economía de traspatio ya no es proveedora de alimentos, porque los huevos y las gallinas ya no son para el consumo familiar, sino para el mercado.
Ambos coincidieron en que se requiere que haya un mejor precio para el café, principal producto comercial de las comunidades indígenas. Rodríguez mencionó además que debe combatirse la usura. No se va a lograr combatir esas enfermedades ni la pobreza extrema si no se mejora el ingreso y si no se generan políticas que rebasen el sexenio, que cambien la política extractivista para que dejen de vender materia prima, agregó

Exigen al gobierno diseñar plan para encontrar a desaparecidos


Exigen al gobierno diseñar plan para encontrar a desaparecidos
Reprocha HRW que Calderón negara con arrogancia incalificable el hecho documentado de que fuerzas federales participaron en levantones
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José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch; Luz María Durán, madre de Israel Arenas, víctima de desaparición forzada, y Consuelo Morales, del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Participaron ayer en un foro de análisis sobre el reciente informe de HRW en torno a desaparecidos en MéxicoFoto Roberto García Ortiz
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 5
Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no sea responsable de las miles de desapariciones forzadas cometidas durante el sexenio pasado, podría abonar a la impunidad si no diseña un plan para encontrar a las víctimas y castigar a los culpables, indicaron los participantes en una mesa de análisis sobre el informe Los desaparecidos de México; el persistente costo de una crisis ignorada, de la organización Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicho colectivo, saludó que el gobierno federal tenga mejor disposición que el anterior para abordar el tema y haya anunciado que presentará una base de datos completa sobre las desapariciones forzadas, pero advirtió que el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad es impostergable.
El problema no se resuelve diciendo que son 27 mil los desaparecidos o 25 mil (...) Si no hay voluntad política, no habrá sanciones. El tiempo es oro y hay que actuar hoy para exigir al nuevo gobierno que tenga un plan de trabajo para atender esta crisis humanitaria de proporciones nunca vistas, aseveró.
Se le preguntó sobre la posibilidad de que la estrategia de Peña Nieto de mantener a las fuerzas armadas en las calles siga provocando violaciones a los derechos humanos. Vivanco respondió que la actual administración lleva sólo 80 días; por tanto, aún están por verse los efectos de sus decisiones, aunque enfatizó que su responsabilidad es no ser omisa ante los delitos cometidos en el sexenio pasado.
Deploró que Calderón siempre haya negado con arrogancia incalificable el hecho documentado de que los integrantes de las fuerzas de seguridad fueron responsables de desapariciones forzadas o ayudaron al crimen organizado a cometerlas.
Manifestó su indignación por los comentarios de un articulista de un medio impreso, publicados ayer, que ponen en duda la rigurosidad del informe de HRW.Es una columna escandalosa que se burla de un problema de la mayor seriedad, y una falta de respeto y de humanidad que debemos rechazar.
Blanca Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, coincidió en que si bien la actual Presidencia no es responsable por los miles de casos de desaparición, sí colaboraría a extender la impunidad si no garantiza a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia.
Respecto a la lista de víctimas de desaparición forzada que el gobierno de Peña Nieto elaborará, la activista consideró que si no hay un plan, los datos no sirven de nada. Hay que saber a quién se busca y dónde. No son nombres en una base de datos, sino un corazón sangrante y una lucha desesperada para encontrarlos.
Consuelo Morales, directora del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, resaltó que ha documentado la existencia de mil 54 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Léon de 2009 a la fecha –en 221 ataques–, pero advirtió que la cifra es mucho mayor, pues muchos familiares no denuncian por miedo o amenazas de las propias autoridades.
A pesar de la falta de sensibilidad de la mayoría de los funcionarios, añadió, en Nuevo León se han conseguido avances importantes –incluida la consignación de 40 personas– mediante un esquema de cooperación entre las familias de las víctimas y el gobierno. No hemos terminado con estos crímenes, pero vemos que el diálogo es una herramienta poderosa, apuntó.
En la mesa de análisis también estuvieron presentes Luz María Durán, quien busca a su hijo Israel Arenas, desaparecido junto con tres compañeros de trabajo en Monterrey tras ser detenidos por policías de Ciudad Juárez en junio de 2011, y Arturo Rojo, padre de Vicente Rojo Martínez, desaparecido el 21 de marzo de 2009 en Piedras Negras, Coahuila.
Habrá seguimiento personalizado: SG
Fabiola Martínez
Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la puesta en marcha de un protocolo de búsqueda de desaparecidos, el ex titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) Óscar Vega Marín rechazócategóricamente la existencia de una lista de 27 mil víctimas al cierre del sexenio de Felipe Calderón, como señaló esta semana la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.
En una carta enviada a los medios de comunicación –y luego en entrevista–, el ex funcionario dijo que el acopio de información acerca de las víctimas de desaparición forzada fue limitado, ya que las entidades federativas no enviaron los datos correspondientes.
Aseguró que el único registro está integrado por 5 mil 319 casos de hechos reportados a partir de 2003. La Procuraduría General de la República (PGR), añadió, reportó que diciembre de 2006 a junio de 2012 se había localizado a 422 personas.
Esta misma falta de información completa, por la falta de datos “de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a que aluden medios de comunicación nacionales e internacionales con base en supuestas filtraciones por parte de la PGR.
El propio secretario de Gobernación ha desmentido a su subsecretaria del ramo, en el sentido de que el gobierno federal cuenta con un listado íntegro o teórico en el rubro, señaló Vega.
Osorio Chong comentó en entrevista que el gobierno federal ya integró un equipo de trabajo especial para la búsqueda de personas desaparecidas.
Dijo que tras analizar diversos diagnósticos, como el de Human Rights Watch (la cual documentó al menos 149 desapariciones forzadas y más de 60 casos en los cuales se presume colusión de policías y/o militares con delincuentes para secuestrar), ya trabajan en las búsquedas.
Vamos a dar seguimiento personalizado a cada uno de los casos; quiero decirles que incluso la PGR ha hecho un espacio especial en el que van a estar (agentes del) Ministerio Público y elementos de seguridad sólo dedicados a la búsqueda de personas, protocolo que al día de hoy no existía. Ya estamos trabajando en él, ya estamos haciendolo, ya está formada esta comisión (de ministerios públicos federales), señaló.
Osorio había dicho apenas 24 horas antes, luego de la firma de un convenio con la Cruz Roja, que la lista de 27 mil desaparecidos no era un documento oficial y había que revisarla, aunque sí puntualizó que se trataba de miles de casos.
Registro inexistente
Vega Marín, en tanto, rechazó el diagnóstico anterior y dijo que en 2006 se inició un Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a partir de los reportes de las procuradurías estatales, proyecto que reportó unlimitado avance debido a omisiones de administraciones estatales, pero aseveró que “un registro de esa naturaleza (27 mil desaparecidos) no existía.
El tema de la validación de la información que envían las entidades es clave, porque en materia de delitos hay mucha información pública no exacta, aun cuando (su difusión) no sea de mala fe, por lo que si no se cuenta con la validación de delitos (homicidios dolosos, secuestros, robos, personas desaparecidas, etcétera) es muy difícil hacer acopio de información así, porque se basan en datos que pueden ser inexactos

Toleró e ignoró el anterior gobierno las desapariciones forzadas, denuncia AI


Toleró e ignoró el anterior gobierno las desapariciones forzadas, denuncia AI
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 7
Amnistía Internacional (AI) consideró positivo el anuncio de la Secretaría de Gobernación de que dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en México –que contendría miles de casos–, pero advirtió que dicha medida será insuficiente si no está acompañada de una propuesta para investigar los delitos y castigar a los responsables.
La cifra de 27 mil casos dada a conocer por la subsecretaria de derechos humanos Lía Limón es un número escalofriante, subrayó la organización con sede en Londres. Consideróinaceptable que las autoridades del sexenio anterior no hayan tomado medidas para prevenir, esclarecer y sancionar esos crímenes.
Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por los gobiernos federal y estatales durante la última administración, indicó AI.
Subrayó que las autoridades deben especificar cómo utilizarán esa base de datos para investigar las desapariciones, hallar a las víctimas, castigar a los responsables y determinar en qué casos participaron funcionarios públicos.
Para lograr dicha tarea, AI consideró fundamental que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos en las investigaciones y en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.
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Protesta de familiares de víctimas de desaparición forzada, en noviembre pasadoFoto Marco Peláez
Recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos, apuntó Daniel Zapico, representante en México de AI.
A propósito de este tema, Jorge Verástegui, integrante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidos en Coahuila, consideró que siempre habrá controversias entre las cifras dadas a conocer por las autoridades y las de los grupos de la sociedad civil, pero más allá de estos detalles, el número de 27 mil dado a conocer por Lía Limón es un reconocimiento de que el gobierno anterior sabía de la magnitud del problema, pero no hizo nada.
El activista coincidió en que sin un plan adecuado para utilizarla, cualquier base de datos servirá de poco. “Debe tener información general, muestras de ADN y huellas digitales, pero también datos de dónde desapareció la persona y en qué condiciones. Así podrían decir ‘fue en tal tramo de carretera, donde opera tal grupo delictivo con la complicidad de tales funcionarios’. Así podríamos desarticular a las bandas de criminales y encontrar a las personas”, sostuvo

Hubo 2,609 quejas contra Ejército y PF en Michoacán, el sexenio pasado


Hubo 2,609 quejas contra Ejército y PF en Michoacán, el sexenio pasado
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 9
Morelia, Mich., 22 de febrero. En el sexenio de Felipe Calderón hubo 2 mil 609 quejas contra el Ejército Mexicano y la Policía Federal (PF) en Michoacán, informó José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En lo que va del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto ya acumulan 18 denuncias por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad, entre otros presuntos delitos.
Por ser del fuero federal, las quejas fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responsable de dar seguimiento a las investigaciones y emitir las recomendaciones, agregó el funcionario.
En diciembre de 2006, el gobierno entrante de Calderón puso en marcha la Operación Conjunta Michoacán, que dejó unos 3 mil decesos en la entidad, buena parte de ellos por la lucha entre bandas del crimen organizado.
En 2007 y 2008, cuando sólo operaban militares, hubo 445 quejas contra los elementos castrenses. En 2009 sumaron 406 y 195 contra la Policía Federal. En 2010 se presentaron 168 contra militares, 269 contra la PF y 11 contra la Armada.
El año más complicado fue 2010, cuando los elementos de seguridad realizaron un operativo en el valle de Apatzingán, del que derivó que en 2011 la CEDH recibiera 336 quejas contra soldatos, 340 contra la PF y seis contra la Armada.
En 2012 se redujo el número de quejas, cuando los militares sumaron 236, la PF 135 y seis de la Armada

Comisarios de la Costa Chica dejan la Upoeg porque liberó a detenidos


Comisarios de la Costa Chica dejan la Upoeg porque liberó a detenidos
Piden ingresar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de febrero de 2013, p. 10
Chilpancingo, Gro., 22 de febrero.Comisarios de las comunidades El Guayabo y El Carrizo, del municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica, se deslindaron de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), porque no cumplió los acuerdos de la asamblea del 31 de enero –realizada en Ayutla de los Libres– de no liberar a los detenidos por los grupos de autodefensa.
Debido a la poca seriedad con que actúan los dirigentes de la Upoeg, informaron que la mañana de este viernes solicitaron su ingreso a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); incluso, vamos a mandar una representación a la asamblea de la CRAC para mañana en San Luis Acatlán, para hacer la solicitud formal de ingreso a la policía comunitaria.
Sabemos que los poblados Las Ánimas y San Francisco, también de Tecoanapa, están consensuando dejar la Upoeg para incorporarse a la CRAC. Lo mismo está haciendo el poblado de Tepintepec, aunque éste no participó con nosotros en los grupos de autodefensa, pero también quiere entrar a la coordinadora, agregaron.
Entrevistados por teléfono, señalaron que la Upoeg no cumplió el acuerdo de las comunidades de no soltar a los presuntos delincuentes detenidos a partir del 6 de enero, cuando empezó el movimiento; primero liberó a 11, luego a tres y finalmente a 20, y ya sólo tiene en su poder a 20.
La Upoeg –dijeron a condición del anonimato– dejó esperando a los comisarios de los pueblos; hoy se llevaría a cabo la asamblea de la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, como se acordó con anticipación, pero nos dejaron plantados; nadie nos avisó que se suspendía.
En esa asamblea se instalaría el tribunal popular comunitario. Se supone que se iba a presentar a los detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada en los diversos poblados de Tecoanapa, para que los ciudadanos los conocieran y decidieran las sanciones que recibirían, de acuerdo con los usos y costumbres de nuestros pueblos.
Finalmente, exigieron al gobernador Ángel Aguirre respetar la decisión de los pueblos de la CRAC; no queremos ser auxiliares de ningún cuerpo policiaco, como propone, advirtieron