viernes, 7 de diciembre de 2012

12.12.12




Parejas del mismo sexo pueden ampararse para que se reconozca su matrimonio


Parejas del mismo sexo pueden ampararse para que se reconozca su matrimonio
Sólo en el del Distrito Federal y Quintana Roo se define matrimonio entre personas o cónyuges
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Festejo de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de agosto de 2010, relativa al derecho de los matrimonios del mismo sexo a la adopciónFoto María Luisa Severiano
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 49
A partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estableció que legislación que determine que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer es inconstitucional; cualquier pareja del mismo sexo en el país puede recurrir al juicio de amparo para que las autoridades civiles reconozcan su unión.
Fuentes judiciales explicaron que las parejas del mismo sexo están en condiciones de reclamar a las autoridades locales que reconozcan su matrimonio, con base en los criterios avalados el pasado miércoles por la primera sala del máximo tribunal, que consideró que el Código Civil de Oaxaca es inconstitucional porque establece que el matrimonio es necesariamente entre hombre y mujer.
Cabe señalar que hay 19 entidades, cuyos códigos civiles son prácticamente iguales al de Oaxaca, en los cuales es un hecho que una pareja del mismo sexo ganaría el amparo en contra de la autoridad que se niegue a casarla; en 11 entidades hay limitación a las parejas heterosexuales; y sólo en el Distrito Federal y en Quintana Roo se establece que el matrimonio lo integran las personas o los cónyuges.
Los informantes señalaron que las parejas del mismo sexo que quieran casarse en el territorio nacional podrán hacerlo si solicitan el amparo correspondiente, a pesar de que no haya una ley que permita expresamente los matrimonios entre personas de igual sexo, y sin que sea necesario que la Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 143 del Código de Oaxaca, porque ante la falta de una nueva Ley de Amparo, la SCJN no puede expulsar una norma del marco jurídico local o nacional en tanto no se reglamente el procedimiento.
Los funcionarios consultados explicaron que lo resuelto por la primera sala el pasado miércoles fue declarar que la norma oaxaqueña era inconstitucional, y que en el caso de las parejas que pidieron amparo el artículo impugnado no se aplicaría porque violaba los derechos de igualdad y no discriminación.
Al resolver los ministros tres asuntos de manera unánime cualquier amparo que fuera eventualmente negado por un juzgado de distrito, al ser impugnado llegaría a la SCJN, donde los ministros revocarían la decisión y ampararían a los quejosos.
De acuerdo con funcionarios del máximo tribunal que revisaron los códigos civiles de las 32 entidades del país, la legislación sobre matrimonio contempla tres grandes vertientes: la definición de matrimonio, que consideraun solo hombre y una sola mujer (como es el caso de Oaxaca) o un hombre y una mujer, está escrita así en 19 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas y Yucatán.
La ausencia de definición o definición no excluyente del matrimonio en la legislación, aunque existan disposiciones que aludan a marido y mujer de las que pudiera derivarse una limitación sólo parejas heterosexuales existe en los códigos civiles de 11 estados: Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Sólo en el Distrito Federal y en Quintana Roo se define el matrimonio a partir de un término neutral, con alusiones a las personas o los cónyuges.
El caso, concluyeron las fuentes, es que vía amparo las parejas de igual sexo tienen oportunidad de casarse aun si la legislación del estado en que vivan no lo prevea

Conapred: fallo de la Corte, avance hacia la igualdad y la no discriminación


Conapred: fallo de la Corte, avance hacia la igualdad y la no discriminación
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 49
Agrupaciones defensoras de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) saludaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca –el cual establecía que el matrimonio sólo podría realizarse entre un hombre y una mujer– toda vez que es un avance en el reconocimiento de sus derechos y a favor de la igualdad y la no discriminación.
Los activistas prevén una avalancha de amparos en el país y confiaron en que a partir de ese activismo judicial se logren cambios legislativos sustantivos.
Esperaríamos un activismo judicial de los colectivos LGBT (lésbico, gay, bisexual, transgénero) en todos los estados y que ante la avalancha de amparos el Legislativo tenga la obligación de modificar el texto en el Código Civil, apuntó Alejandro Juárez Zepeda, director general de Ombudsgay.
El defensor destacó el trabajo de la sociedad civil que culminó con dicha resolución. Si bien la resolución es de la SCJN, esta iniciativa de buscar de una manera creativa destrabar el asunto mediante este activismo judicial es mérito de la sociedad civil, en concreto del Frente por los Derechos de Diversidad Sexual de Oaxaca.
De su lado, Jaime López Vela, presidente de Agenda LGBT, afirmó que es un día de fiesta porque seguimos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos aunque lamentó que las casi 2 mil familias que se han unido por sociedades de convivencia, pacto civil o matrimonio, siguen sin seguridad social.
Estas parejas van a seguir sin el reconocimiento formal de todos los derechos, como es el de la salud. Llamamos al Congreso de la Unión para que termine con esa discriminación y esa violación a los derechos humanos de nuestras familias, dijo.
El Conapred asentó en un comunicado que destaca la importancia de avanzar en el reconocimiento y cumplimiento de la obligación legal de las instituciones del Estado de garantizar el acceso a la seguridad social de las parejas conformadas por personas del mismo sexo en todo el país.
El organismo recordó que emitió en 2011 la resolución por disposición 02/2011 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debido a la sistemática negativa de reconocer los derechos al acceso a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Una vez más este Consejo considera que a la luz de la reforma constitucional de 2011 y a partir de este nuevo resolutivo de la Corte, los nuevos titulares de dichas dependencias podrían plantearse como nuevo objetivo su cumplimiento

El tema de la mortalidad materna debe ser prioridad del sector salud: OMM


El tema de la mortalidad materna debe ser prioridad del sector salud: OMM
Debe considerarse este problema en el plan nacional de desarrollo en este sexenio, demanda
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 50
En 2011 murieron 971 mujeres por causas relacionadas con la maternidad; la mitad estaban afiliadas al Seguro Popular; sólo 12 por ciento no asistió a control prenatal en los servicios de salud y 67 por ciento tuvo la atención de un médico durante el parto. La causa de los decesos puede ser por dos razones: llegaron tarde a los hospitales o no recibieron la atención médica de calidad que requerían, aseguró el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM).
En conferencia de prensa, integrantes del organismo civil resaltaron que en 2009, las instituciones del sector salud suscribieron un convenio de colaboración para la atención de la emergencia obstétrica, el cual empezó a operar dos años después, luego de que se superaron procedimientos administrativos y jurídicos. Sin embargo, a la fecha, el personal médico y directivo de los nosocomios desconoce los alcances del acuerdo o simplemente no los aplica.
Las mujeres tampoco están enteradas de que en caso de una emergencia relacionada con su embarazo, pueden solicitar atención médica en los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) aunque no sean derechohabientes; ni que en caso de que en tales nosocomios, por alguna razón, no las pudieran atender, las deben referir a otra unidad médica.
Es tal la desinformación que tampoco es del conocimiento público que existe una línea telefónica gratuita a la que se puede recurrir para solicitar ayuda. Esta es 01 800 0 MATERNA -01 800 0 628 3762-.
Esta medida permitiría que las embarazadas dejaran de peregrinar en busca de asistencia profesional como aún ocurre en diferentes estados de la República, incluso en el Distrito Federal.
Graciela Freyermuth, secretaria técnica del OMM, advirtió que ante el cambio de gobierno y el diseño del plan nacional de salud del sexenio es indispensable que el tema de la mortalidad materna se mantenga entre los prioritarios del sector salud, y sobre todo que a partir de lo que existe se fortalezcan las acciones para, realmente, abatir el número de fallecimientos por causas relacionadas con la maternidad.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubica a este problema como una reiterada violación de las garantías fundamentales y plantea que corresponde al Estado garantizar el acceso de las personas a servicios médicos gratuitos y de calidad.
Sin embargo, en México todavía está lejos esta posibilidad. Aunque el gobierno de Felipe Calderón aseguró que en 2012 se alcanzó la cobertura universal de salud, la realidad para las mujeres embarazadas es que 971 de ellas fallecieron durante 2011; 476 eran afiliadas del Seguro Popular. Y eso que la evidencia científica afirma que 75 por ciento de los fallecimientos se podrían evitar, aprovechando los beneficios del desarrollo tecnológico y científico, dijo.
También destacó que del total de mujeres que perdieron la vida en 2011, 70 por ciento ocurrió en los hospitales. Este es un problema que afecta a quienes viven en condiciones de marginación. Estimó que en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, la probabilidad de muerte para las embarazadas es del doble y para las indígenas ese riesgo se triplica.
Javier Domínguez del Olmo, jefe del área de salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, planteó que el de la muerte por causas asociadas con el embarazo, parto y puerperio es un tema prioritario en América Latina y el Caribe, y que en México, aunque existe un marco jurídico que debería garantizar una atención médica de calidad, hacen falta los mecanismos que agilicen la disponibilidad de recursos económicos para que los nosocomios estén en condiciones de mejorar la calidad de sus servicios, pero también que los tomadores de decisiones cumplan sus responsabilidades

Inaceptable, 5 mil muertes anuales por cáncer de mama: ginecólogo


Inaceptable, 5 mil muertes anuales por cáncer de mama: ginecólogo
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 50
Un tumor maligno de mama con un tamaño de 1.5 centímetros lleva, al menos, ocho años de evolución, y de acuerdo con investigaciones sobre el tema, las células malignas tardan entre cien y 200 días en duplicarse, lo cual significa que existe la posibilidad de lograr una detección temprana y con ello poder controlar y curar la enfermedad. Por eso resulta inaceptable que todavía 40 por ciento de los casos se detecten en etapas avanzadas y que cada año pierdan la vida por esta causa más de 5 mil mujeres en México, afirmó Arturo Vega, ginecólogo y asesor de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLC).
Señaló que en el país viven alrededor de 15 millones de mujeres en riesgo de desarrollar un tumor mamario, pues tienen entre 40 y 69 años de edad. En este rango se presenta la mayoría de los casos de cáncer, que es la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina.
Llamó la atención sobre el hecho de que la edad promedio de las fallecidas es de 58.4 años y de que la mayoría de los decesos se reportan en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, con tasas de 28.6 a 21.8 por 100 mil mujeres mayores de 25 años. Este es un problema que requiere atención urgente, sobre todo para promover la detección temprana, pues proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que de mantenerse la actual tendencia, para el año 2020 fallecerán por esta causa más de 7 mil 600 mujeres y en 2030 la cifra estará muy cerca de 10 mil.
En cuanto al número de afectadas, el especialista comentó que actualmente se reportan 14 mil nuevos casos, pero en 2020 serán casi 20 mil y para 2030 el número de diagnósticos será de 24 mil 406.
Vega participó ayer en la conferencia organizada por la AMLC para presentar un calendario 2013 que será distribuido entre diputados y senadores, con la finalidad de presionarlos para que mantengan el tema del cáncer del mama entre sus prioridades, sobre todo al momento de asignar recursos para los programas de gobierno.
Aunque el sistema nacional de salud garantiza a las afectadas una atención médica integral, resulta insuficiente por las carencias en el ámbito de la detección, el diagnóstico y la atención médica oportuna. Explicó que el país carece de especialistas suficientes y necesarios para ofrecer la prueba de detección (mastografía) y la lectura e interpretación correcta de los resultados.
Muy poco se ha avanzado. De ahí que lo frecuente es que cuando las pacientes llegan a los hospitales, los tumores se encuentran en estadios avanzados.
Mayra Galindo, presidente de la AMLC, comentó que las mujeres con cáncer de mama enfrentan problemas en los servicios de salud, pues algunas instituciones, principalmente de seguridad social son incapaces de proporcionar una atención expedita. Las pacientes deben esperar meses antes de poder ver al especialista e iniciar sus tratamientos.
En la AMLC son frecuentes las llamadas de auxilio de pacientes que solicitan apoyo para ser atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología, que también está sobresaturado, pero tiene un sistema más agil y eficaz de atención a sus pacientes, dijo

Acuerdan entrega y reapertura de los planteles de la UACM


Acuerdan entrega y reapertura de los planteles de la UACM
Inconformes mantendrán ocupadas las sedes administrativa de Eugenia y de la rectoría
Se recalendarizan labores; el ciclo escolar comenzará el 10 de diciembre y terminará el 22 de febrero
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Aspecto del diálogo que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, en el que se acordó la entrega de los planteles ocupadosFoto Yazmín Ortega Cortés
Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 42
Por 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el pleno del tercer Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aprobó el procedimiento para la entrega, recepción y apertura de los cinco planteles que mantiene en su poder el Consejo Estudiantil de Lucha (CEL) y que podrían ser entregados a partir de este viernes, una vez que se publiquen en dos diarios de circulación nacional los acuerdos adoptados por el CU en la sesión que llevó a efecto este 6 de diciembre en el Museo de la Ciudad de México.
En tanto, las oficinas de rectoría y las instalaciones administrativas de Eugenia las mantendrán los estudiantes hasta quela rectora asuma su responsabilidad y sesione con el máximo órgano de gobierno, que es el tercer Consejo Universitario instalado el día 29 de noviembre, y cumpla los acuerdos tomados en la sesión permanente de dicho órgano.
El acuerdo por el que se aprueba la entrega de los planteles considera que una comisión temporal formada por el CU esté a cargo de recibir los inmuebles y a su vez los entregue a las instancias administrativas facultadas para recibirlos, que son el abogado general y la contralora general de esa casa de estudios, salvo en el caso del plantel Casa Libertad, donde, dado que el consejo del plantel no se ha integrado y el periodo de ejercicio del coordinador del plantel ha terminado, será un enlace administrativo el que actuará en sustitución del representante del coordinador.
En ese momento participarán en cada uno de los planteles integrantes de la comisión temporal de entrega recepción, del CU, y en calidad de receptores, un representante del abogado general y de la contralora general de la UACM, un representante del GDF y uno de la CDHDF y cuatro representantes de la ALDF, así como un notario público que dé fe de los acontecimientos.
Una vez terminada la entrega recepción de los planteles, los responsables administrativos que los hayan recibido contarán con un máximo de 72 horas para habilitar los inmuebles para su apertura, y el CU solicitará el apoyo del GDF para que a partir de ese momento y hasta la apertura de los planteles coadyuve con el resguardo de cada una de las instalaciones.  
Durante la sesión, que concluyó a las nueve de la noche, se aprobó también la recalendarización del semestre 2012-II para recuperar las clases perdidas y evitar que se pierda el curso, por lo que se iniciarán labores el 10 de diciembre y concluirán el 22 de febrero.
Al término de la reunión, el subsecretario general de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, informó que aunque la entrega sera simultánea, el acto simbólico se hará en el plantel de San Lorenzo Tezonco a las 12 del día, en tanto el CU citó a sesión para el 12 de diciembre en el plantel Casa Libertad a las 12 horas

Autoridades y la CDHDF respaldan proyecto acordado en sesión del CU


Autoridades y la CDHDF respaldan proyecto acordado en sesión del CU
Gabriela Romero, Alejandro Cruz y Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 42
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, confió por la mañana de ayer en que el conflicto que vive la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se solucionará en los próximos días. Hago votos y creo que se resolverá bien lo de la UACM, externó.
Cuestionado al respecto, el mandatario capitalino recordó que hay una convocatoria para dar continuidad a los trabajos del Consejo Universitario y mantener el diálogo.
Mancera Espinosa aseguró que el Gobierno del Distrito Federal se mantiene abierto a una nueva petición de las partes involucradas para que coadyuve en la solución de este problema.
Si se vuelve a solicitar la intervención del gobierno estaremos atentos para que las secretarías de Gobierno o de Educación pudieran participar en la facilitación de la resolución de este conflicto, acotó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, aseveró que este órgano, el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del DF avalarán en todos sus términos los acuerdos a los que llegue el Consejo Universitario durante la sesión del 6 de diciembre en el Museo de la Ciudad.
El legislador, quien junto con las diputadas Ariadna Montiel, Yuriri Ayala y el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, atestiguó la verificación del quórum en la sesión del órgano de gobierno de la UACM, declarada permanente desde el 29 de noviembre, dijo que la intervención de la Asamblea se lleva a cabo con total respeto a la autonomía, y sólo como observadores de sus procesos, perotambién para ser garantes de que los acuerdos tomados en este consejo sean aplicados y avalados de manera inmediata por el bien de la ciudad y de la propia UACM.
Indicó que dicha comisión se mantendrá atenta a que se cumplan los acuerdos, pues lo más importante es que se reinicie la vida académica

Ombudsman: 22 personas fueron apresadas de forma arbitraria


Ombudsman: 22 personas fueron apresadas de forma arbitraria
Presume que en otros cuatro casos hubo tortura
En tres, con armas
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 44
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que durante el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por las protestas del pasado 1º de diciembre por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, fueron detenidas al menos 22 personas de manera arbitraria, además de que presume que otras cuatro fueron víctimas de tortura.
Sobre estos últimos casos, los agraviados manifestaron que a pesar de encontrarse sometidos, fueron golpeados a bordo de las patrullas y camiones. Cuatro personas presentan signos físicos de haber sido víctimas de tortura, tres de ellos con armas que producen descargas eléctricas. Uno fue desnudado, le tomaron fotos y lo golpearon en las costillas, y a otro más un policía le hizo tocamientos de carácter sexual, lo escupieron y de los cabellos lo subieron a la patrulla.
En total, 88 personas –entre ellos 12 adolescentes— denunciaron haber sido aprehendidas de manera injustificada, acusadas de participar en desmanes ocurridos en distintos puntos de la ciudad, cuando en realidad se manifestaban pacíficamente; o se encontraban dando seguimiento y cobertura a la manifestación –tomando fotos, videos y grabaciones–; se acercaron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los elementos de la SSP o se encontraban en el lugar de los hechos de manera circunstancial.
De estos casos, destaca la detención de 15 jóvenes en la calle de Filomeno Mata y 5 de Mayo, a los que se relacionó con los desmanes ocurridos en avenida Juárez, pese a que fueron detenidos en el momento en que dichos disturbios estaban ocurriendo. De hecho, aseguró el ombudsman de la ciudad, Luis González Placencia, ninguno de más de 100 presentados ante el Ministerio Público (MP), de los cuales 69 fueron consignados, fue detenido en flagrancia.
Una mujer de 52 años que iba saliendo del Metro Pino Suárez, con su nuera y su nieta fue detenida, entre las 19 y las 20 horas, es decir, varias horas después de concluidas las manifestaciones. Un fotógrafo de nacionalidad rumana cubría hechos para una revista, y hasta un bolero en la Alameda Central.
La comisión señaló que la información recopilada se entregará a la juez 47 penal, que lleva el proceso contra los 69 jóvenes consignados, con el propósito de que la considere elemento de prueba para definir la situación jurídica de los acusados –lo cual se espera que ocurra el próximo domingo– y continuará su investigación, por lo que solicitó los videos de las cámaras de seguridad, así como los testimonios de los policías que participaron en el operativo.
Sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, el ombudsman capitalino aclaró que es competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar las eventuales violaciones a las garantías individuales cometidas por elementos de la Policía Federal

Civiles nos detenían y nos entregaban a uniformados, aseguran consignados


Civiles nos detenían y nos entregaban a uniformados, aseguran consignados
Son conocidos como relámpagos y forman parte de la policía de investigación
Su actuación, improcedente
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Personas vestidas de civil y con radios realizaron detenciones acompañadas de policías uniformados en la calle Madero, durante los enfrentamientos en Bellas Artes y Eje Central, por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la RepúblicaFoto Yazmín Ortega Cortés
Mirna Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 45
En los desmanes del primero de diciembre hubo un grupo de hombres vestidos de civil que realizaron detenciones. La mayor parte de los menores de edad detenidos, que fueron emboscados por estos elementos, aseguraron que, sin que vieran de dónde salían, estos civiles los detenían y entregaban a los policías uniformados. Algunas de estas detenciones ocurrieron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución y el Monumento a la Madre, donde no se reportaron destrozos.
Incluso, de acuerdo con el testimonio de los padres de los adolescentes, el propio Ministerio Público de la Agencia Especializada para la Atención de Menores confirmó que eran relámpagos, es decir, policías de investigación que estaban facultados para detenerlos.
Fuentes judiciales confirmaron que para vigilar las manifestaciones del primero de diciembre los mandos judiciales solicitaron a seis personas de cada una de las 71 coordinaciones territoriales, es decir, 426 elementos vestidos de civil, que salieran a las calles a hacer labores de inteligencia.
Asimismo, el lunes pasado, durante las manifestaciones de padres de los detenidos que se realizaron en las inmediaciones de la procuraduría capitalina, también se desplegaron estos elementos, pero ahí sí nos sacaron con armas, vestidos de civil, aseguró uno de ellos, quien aceptó ser entrevistado si se resguardaba su identidad.
Esto es algo que se hace para resguardar manifestaciones o eventos donde participa mucha gente o se puede poner fea la cosa. No somos los mismos siempre; simplemente se hace la solicitud de elementos para salir de civil, y así nos identifican, aseguró.
Sin embargo, según el acuerdo A/005/2012, en el que se emite el protocolo de detención para la policía de investigación de la procuraduría capitalina, y que fue publicado en laGaceta Oficial del DF el 10 de mayo de 2012, no se especifica que se puedan llevar a cabo ese tipo de detenciones.
El protocolo publicado para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos indica que los policías de investigación pueden detener a una persona en flagrancia o por orden ministerial o judicial.
De acuerdo con la defensa de parte de las 70 personas detenidas en el centro de la ciudad, la mayoría de los acusados de ataques a la paz pública corrían por eloperativo; se encontraban en el lugar haciendo otras actividades, como compras, o reclamaban a los granaderos la detención de alguna persona.
Según el artículo 12 de este protocolo, la policía de investigación deberá estar plenamente identificada al momento de realizar la detención de cualquier persona.
Asimismo, se desglosa que el policía deberá explicar el motivo de la detención, aun en flagrancia, e informar adónde será trasladado y hacer del conocimiento de algún familiar o conocido dicho lugar.
De acuerdo con las declaraciones de los acusados, en ningún caso se cumplió con los procedimientos fijados

Sin destino, campesinos ecologistas de Guerrero


Sin destino, campesinos ecologistas de Guerrero
Terminan años de lucha contra los talamontes; hasta agosto ya han explotado 15 mil hectáreas y tienen el apoyo del gobierno, acusan
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Una de las familias de campesinos defensoras de los bosques que permanece refugiada en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
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Unas 43 familias de campesinos defensoras de los bosques permanecen refugiadas en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39
Puerto de las Ollas, Gro., 6 de diciembre.Las familias que huyeron de la comunidad de La Laguna y desde hace una semana se refugiaron en Puerto de las Ollas, ambas localidades del municipio de Coyuca de Catalán, permanecerán aquí en tanto no haya un avance real en la aplicación de la justicia, advirtió Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), a una estupefacta Roxana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal.
Allí, en medio del bosque –donde se encuentran 83 niños y bebés, 23 mujeres y 25 hombres, quienes huyeron luego de que el 28 de noviembre fueron asesinados su dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa– arribó la mañana del miércoles en dos helicópteros una comitiva oficial.
Además de Mora Patiño llegaron Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, y Catalino Duarte Fortuño y Elí Camacho Guicochea, diputados federal y local, respectivamente, para discutir la reubicación de los refugiados y para informar de los avances en la investigación de los asesinatos de varios habitantes de La Laguna por presuntos talamontes y paramilitares
Durante la reunión hubo un áspero debate, ya que Olivares Hernández denunció que el gobierno estatal intenta dividir a los campesinos de La Laguna al ofrecerles prebendas y el traslado a otros lugares, lo cual fue desmentido por Mora Patiño.
Sobre las denuncias de impunidad de los agresores hechas por los desplazados, la funcionaria dijo que eso es un tema que le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero sé que se está investigando. Hay señalamientos y averiguaciones de ambas partes.
Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, dijo que la procuradura Marta Elba Garzón Bernal le informó que tenía alre- dedor de 20 actuaciones en una averiguación por dichos homicidios, y le insistí en atender el reclamo de justicia y de combate a la impunidad. Es un tema muy añejo que se recrudeció al interior de las comunidades de La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores.
Posteriormente Olivares Hernández demandó una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pueses lamentable que después de haber suspendido (la que estaba programada) el domingo pasado, no hayamos recibido una llamada para darnos una nueva fecha.
El asesinato de doña Juventina, el de su hijo, y las demás muertes, agregó,son responsabilidad del gobierno, porque las denuncias siempre se han hecho. Hubo señalamientos en contra de (Erit) Montúfar (ex director de la policía ministerial) de que él, en 2007, encabezó la incursión policíaca a varias comunidades, principalmente a La Laguna; incluso el 25 de septiembre Juventina Villa habló con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado), pero nunca los atendió.
Recordó que Humberto Salgado actuó con negligencia; se le solicitó varias veces la salida de la gente de La Laguna y nos exigía que si nosotros le firmábamos un documento donde nos hacíamos responsables de que a la gente la movieran, que él inmediatamente los sacaba de ahí.
Antes, la funcionaria reconoció quetodavía no se resuelve si los desplazados se quedan o se van.
Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado, dijo que no hay investigación de ninguna manera; el gobierno (del estado) sabe quiénes son (los agresores), por eso (los desplazados) se quieren quedar aquí, porque se sienten más seguros.
Un campesino agregó: Aquí nos matan de uno y dos; allá (en las ciudades) nos van a matar de un montón.
Roxana Mora respondió que el lunes pasado también estuvo en Puerto de las Ollas y recordó: “ustedes dijeron ‘nos queremos ir’, y dieron fechas; un grupo dijo que quería salir este fin de semana después de concluir ciertas cosas, y otro grupo (que) lo haría cuando se compraran los predios. Nosotros ofrecemos cuatro, más los que ustedes dijeron que buscarían cerca de aquí para poderlos reubicar.
Si ustedes dicen que están amenazados y que en cinco días puede haber un hecho de violencia grave, yo sugeriría de manera muy respetuosa que tomaran la decisión de irse, pero eso les corresponde a ustedes y me gustaría que lo validáramos, que me lo hicieran por escrito, insistió.
Leonor Ochoa Segura, a la que le han asesinado cinco hermanos y a su esposo, dijo que no es justo que el gobierno no haga nada; ya están amenazando que van a venir a caernos, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de quedarnos, de irnos, tenemos miedo de todo.
Otro campesino insistió: “esa gente cuando amenaza lo cumple; cinco días antes dijeron que iban a matar a doña Juventina. Esa gente está coludida con los policías y el gobierno del estado.
“Entonces, señora –dirigiéndose a Roxana Mora– díganos dónde nos vamos a ir. ¿Los niños van a ir a la escuela?, ¿y si salen (sus fotos) en la computadora?”
Los refugiados denunciaron que Ramiro Montúfar, uno de los que presuntamente apoyan a los pistoleros, les da armas, parque y dinero.
Otro labriego dijo que en La Laguna se quedaron 15 hectáreas de maíz sembradas que se van a perder; “nosotros estamos puestos para seguir defendiendo los bosques, ya llevamos 15 años luchando. Ahora nadie los va a cuidar. Ya están trabajando (los talamontes), con la autorización del gobierno están bajando los camiones con madera, ya rastrillaron las carreteras por indicaciones de la familia que encabeza Adán Gómez (Los Tupos), oriundo de Colima, pero quien vive en el poblado La Ararecua; antes eran ejidatarios, ahora están sacando la madera, hasta agosto ya habían explotado 15 mil hectáreas”.
Allá se quedaron 130 cabezas de ganado y 50 marranos. El año pasado (la primera vez que se refugiaron en Puerto de las Ollas) las vacas eran 400 y se las robaron; sólo encontramos 130. Según el gobierno nos van a pagar 5 mil pesos por res, pero hay cebús que costaron 40 mil pesos

Tenía rabia el puma que atacó a niña en Sonora


Tenía rabia el puma que atacó a niña en Sonora
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 40
Hermosillo. El puma que atacó el pasado 10 de noviembre a un hombre y a su hija en el municipio de Arizpe, en el nororiente de Sonora, tenía rabia, por lo que se vigilará el estado de salud de los implicados. El secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, aseguró que Jesús Madero Corellade, de 32 años, y su hija no han manifestado síntomas de la enfermedad luego de que el primero salvó a la niña cuando el felino la atacó en la comunidad Tahuichopa. En la mayoría de los casos los animales salvajes que realizan esos ataques huyen, pero en este caso lograron sacrificar al puma y sacar los análisis, comentó Campillo

Estudia congreso de Oaxaca permitir matrimonios gays


Estudia congreso de Oaxaca permitir matrimonios gays
Octavio Velez y Juan C. Flores
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 41
Oaxaca, Oax., 6 de diciembre. Pavel López Gómez y Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, presentaron al pleno de la 61 Legislatura local una propuesta para modificar el artículo 143 del Código Civil, con lo cual se permitiría a personas del mismo sexo contraer matrimonio.
La iniciativa, que dispone eliminar la especificación de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así como que su objetivo es perpetuar la especie, fue recibida con beneplácito por las fracciones parlamentarias.
El priísta Elías Cortés López; Alejandro López Jarquín, perredista, quien preside la Junta de Coordinación Política; Ivonne Gallegos Carreño, de Acción Nacional, y Perfecto Mecinas Quero, de Movimiento Ciudadano, se sumaron a la propuesta.
En la iniciativa se estipulan dos modificaciones, la primera para que puedan casarse parejas del mismo sexo y la segunda para que el concubinato pueda equipararse al matrimonio. Esto es un logro de la comunidad lésbico-gay; nosotros solo estamos colaborando con nuestro granito de arena, dijo Sosa Villavicencio.
El legislador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)resolvió que el matrimonio es un contrato civil que puede contraerse por cualquier persona, sin especificar sexo, y que no tiene como única finalidad o como finalidad principal la procreación.
Expuso que la sociedad ha evolucionado y en la regulación del matrimonio, la disposición civil vigente en Oaxaca no se ajusta al espíritu contenido en los artículos uno y cuatro de la Constitución federal ni a los tratados internacionales donde se reconocen los derechos humanos de todas las personas relativos a la igualdad y no discriminación.
Con la iniciativa de reforma, dijo Sosa, se da un paso importante a fin de poder eliminar la discriminación en Oaxaca, pero, sobre todo, servirá para terminar con los crímenes de odio, ya que con la modificación al 143 se les otorgarán derechos al igual que a las parejas heterosexuales y de esa forma tendrán la protección del Estado, la sociedad está cargada de machismo, misoginia y demagogia lo que ha ocasionado muchos crímenes.
López Gómez, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos legislativa, dijo que si todo marcha bien, en tres meses podría aprobarse dicha reforma, sobre todo ahora que la SCJN amparó a tres parejas del mismo sexo de Oaxaca para que puedan contraer matrimonio civil.
Guadalupe Barragán Oliva, portavoz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, rechazó la resolución de la SCJN porque se avanza en el deterioro social. Dios en su creación formó a un hombre y una mujer para la procreación de la familia. No reconocemos ningún matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una desviación, dijo.
En Colima, el priísta Martín Flores Castañeda, presidente de la Comisión de Gobierno del Legislativo local, anunció que a raíz del resolutivo de la SCJN, el Congreso retomará el debate sobre los matrimonios gays, la adopción de menores por parejas del mismo sexo y el aborto

Policías de Celaya limpian cruceros de discapacitados


Policías de Celaya limpian cruceros de discapacitados
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 41
Celaya, Gto., 6 de diciembre. Policías municipales arrestaron a cuatro personas discapacitadas por pedir limosna en la vía pública. La medida responde a la disposición emitida por el alcalde panista Ismael Pérez Ordaz para limpiar los cruceros de esta ciudad.
El martes, agentes celayenses detuvieron a los invidentes Armando Cruz Beltrán, Feliciano García Cruz y Crescencio David García Cruz y a Jesús Banda Campos, quien padece una discapacidad motriz. Los acusaron de obstruir la vía pública y con ello violar el artículo 34 del Bando de policía y buen gobierno.
La subprocuradora de derechos humanos, Margarita Camacho Trujillo, tuvo que pagar una multa de 2 mil pesos para que la policía de Celaya dejara en libertad a los cuatro discapacitados y abrió la queja 174-A/12 contra los elementos que realizaron la detención.
De noviembre a la fecha, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) ha integrado cuatro quejas por el arresto de individuos que piden limosna o ejercen el comercio en la calle.
En el caso de Feliciano García, es la segunda vez que es arrestado y la segunda que pone una queja. El gobierno local no ha respondido ninguna de las solicitudes de información presentadas por la PDHG.
El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera buscará reunirse con el presidente municipal Ismael Pérez para exhortarlo a que suspenda los arrestos.
Pérez Ordaz argumentó que el arresto no fue arbitrario porque la policía ya les había advertido que se retiraran y dejaran de pedir dinero

Aprueban en Puebla reforma religiosa


Aprueban en Puebla reforma religiosa
Mónica Camacho/La Jornada de Oriente
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 41
Puebla, Pue. En medio de reclamos de representantes de la sociedad civil, quienes acusaron a los diputados de vendidos y les arrojaron monedas, el Congreso local aprobó la reforma al artículo 24 constitucional, que estipula el derecho de los mexicanos a participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos de culto. Las fracciones del PRD, Panal, PT y el Movimiento Ciudadano formaron un bloque contra la enmienda, junto con los legisladores Gerardo Mejía, del PRI, Jesús Morales, del PVEM, y el diputado independiente Alejandro Oaxaca. Sin embargo, las bancadas mayoritarias del PRI y PAN terminaron por imponerse

Sí usó la Policía Federal balas de goma contra manifestantes


Sí usó la Policía Federal balas de goma contra manifestantes
Los agentes capitalinos también las manejaron, sostienen
No se cumplieron protocolos; se utilizaron armas no letales antes de aplicar métodos de pacificación, afirman los entrevistados
Foto
Un video grabado por el canal6dejulio muestra a policías federales en el momento en que accionan un rifle cargado con balas de goma, en el cerco de seguridad instalado en la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 3
La Policía Federal desplegó el pasado primero de diciembre, como parte de los mil 500 hombre que envió al cerco de seguridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro, una compañía (33 integrantes) dotada con balas de goma que utilizaron durante los disturbios, revelaron altos mandos de la corporación que dirige la comisionada Maribel Cervantes.
Luego de los enfrentamientos ocurridos sobre la avenida Eduardo Molina, desde el centro de mando de la policía del Distrito Federal, el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, dirigió las operaciones de la corporación capitalina y pidió apoyo a la Policía Federal para realizar labores de contención en la zona centro. Allí actuó la compañía que horas antes utilizó balas de goma en el perímetro de San Lázaro, pero acudieron sin armas, porque las dejaron a resguardo de sus compañeros, informaron los funcionarios consultados.
Aseguraron que también los agentes del Distrito Federal utilizaron balas de goma durante los enfrentamientos del día primero.
Con el compromiso de que su identidad no fuese revelada, las fuentes consultadas señalaron que los agentes que llevaban balas de goma y cartuchos de químicos “partieron del Contel (centro de mando de la Policía Federal, en Iztapalapa) una noche antes y se colocaron detrás de la valla de seguridad que rodeaba el Palacio Legislativo, ya que Manuel Mondragón y Kalb –designado la noche del 30 de noviembre subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal– decidió apoyarse en la corporación que más conocía”.
Los policías federales llevaban balas de goma en sus arneses y algunas cayeron al piso cuando se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los manifestantes en la zona de la avenida Eduardo Molina y la calle Zapata.
En los enfrentamientos ocurridos en ese lugar dos personas resultaron gravemente heridas: Uriel Sandoval Díaz, quien perdió un ojo, y Francisco Kuykendall, el cual permanece en estado de coma.
Los entrevistados narraron que la mayor parte de los agentes federales comisionados en la zona de San Lázaro para resguardar la asunción del presidente Enrique Peña Nieto, llevaban tolete, escudo y cartuchos de químicos; en la zona del enfrentamiento también fueron desplegados 250 hombres de la División de Inteligencia, vestían de civil y son parte del grupo que aparece en diversos videos con sombreros, gorras y uno de ellos con un guante negro en una mano, los cuales también llevaban al cuello cadenas que supuestamente servían para sujetar las vallas metálicas.
Había mucho más personal de inteligencia vestido de civil que uniformados; ellos formaron parte de un primer cinturón con elementos de la policía capitalina, el segundo cerco se estableció con elementos de fuerzas federales y el tercer cinturón de seguridad estaba integrado por personal del Estado Mayor Presidencial, pero ellos ni se notaban; las confrontaciones se dieron con nosotros, con la Policía Federal.
Las fuentes consultadas señalaron que sí se usaron las balas de goma contra los manifestantes, pese a que en los reportes oficiales de la Policía Federal se dice que el equipamiento y todas las balas de goma fueron devueltas.
Sin embargo, diversos videos y testimonios han dado cuenta de que sí se utilizaron las armas no letales, y muestran también que los agentes federales no cumplieron los protocolos establecidos, ya que algunos cartuchos con químicos fueron disparados en línea recta, y esos proyectiles, al igual que las balas de goma, deben rebotar en el piso o ser dirigidas a los pies. Allí no todos cumplieron”, señalaron las fuentes consultadas.
Desatendieron los protocolos para el uso de la fuerza
El primero de diciembre, Comunicación Social de la SSP federal difundió que sus agentes no llevaban balas de goma.
Según los protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de evidencias y la presentación de los detenidos, dados a conocer por la Presidencia de la República en abril de este año, los elementos de la SSP federal podrán hacer uso legítimo de la fuerza en los niveles de presencia disuasiva, persuasión verbal, control físico de movimientos, utilización de fuerza no letal y utilización de fuerza letal, esta última cuando otros medios sean ineficaces.
De acuerdo con los funcionarios consultados, esto no se cumplió al haber utilizado armas no letales antes de poner en marcha otros métodos depacificació

La procuraduría capitalina viola el debido proceso de los 69 detenidos


La procuraduría capitalina viola el debido proceso de los 69 detenidos
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 5
El movimiento #YoSoy132 denunció detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos durante las protestas del pasado primero de diciembre contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
El comité jurídico y de derechos humanos del colectivo informó que a la detención de 69 personas se suma la desaparición de Cinthia Hernández Carmona, de #YoSoy132 en León, Guanajuato, de quien se ignora su paradero.
En conferencia de prensa, los voceros del movimiento alertaron que en medios de comunicación se criminaliza a los jóvenes que permanecen en prisión, lo que viola su derecho al debido proceso y es particularmente grave en los casos de la cineasta Judith Gómez Contreras y de Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero, Ángel Boydan Florencio y Miguel Ángel Zepeda Patlani, a quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha identificado como líderes de la revuelta, señalaron.
Agregaron que la policía capitalina actuó con lujo de violencia para detener a manifestantes que no participaron en los disturbios, personas que se acercaban a ayudar a heridos y detenidos e incluso a quienes simplemente pasaban por la calle.
Afirmaron que el movimiento reivindica sus principios pacíficos y dijeron que no les corresponde calificar si las acciones realizadas desde la sociedad organizada para acabar con el régimen fueron buenas o malas, aunque reconocieron que entre los detenidos hay integrantes de #YoSoy132.
Juan de Dios Hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, señaló que contra los detenidos no hay más pruebas de cargo que no sean las declaraciones de los policías que participaron en el operativo.Consideró que debido a las irregularidades en las consignacionespodemos afirmar que estamos ante un caso, más que jurídico, eminentemente político.
Durante la conferencia se leyó una carta dirigida al nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, suscrita por el Grupo Paz con Democracia –que agrupa, entre otras personalidades, al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova–, en la cual se exige castigo a los responsables de los abusos y violación de derechos humanos de los manifestantes, y a no tener una policía represora y menos un gobierno subordinado a intereses que no corresponden a la mayoría de los capitalinos.
Hernández Monge agregó que se han presentado fotografías donde esevidente la presencia de personas vestidas de civil, usando un guante negro, que se mezclaron entre las fuerzas policiacas y actuaron como provocadores.
Explicó que el delito que se imputa a 58 hombres presos en el Reclusorio Norte y a 11 mujeres internadas en Santa Martha Acatitla, es ataque a la paz pública, con una pena que duplica ilícitos como rebelión y sabotaje, con los que se puede aplicar un máximo de 15 años de prisión, y en este caso intentan fincarles el cargo de mayor gravedad, similar al de terrorismo en el fuero federal.
Dijo que los cargos se sostienen en la declaración de los policías ante el Ministerio Público, que, en algunos casos –al menos cuatro–, hacen imputaciones directas y afirman que, sin lugar a duda, los jóvenes a quienes acusan son responsables de actos de destrucción.
A las 18 horas del domingo, agregó, vence el plazo legal para que se determine la situación jurídica de los acusados, por lo que exigió a la PGJDF la inmediata libertad de todos los detenidos y destacó que si se quiere apoyarlos desde el Poder Legislativo, se debe impulsar una ley de amnistía

Miembros de #YoSoy132 denuncian hostigamiento


Miembros de #YoSoy132 denuncian hostigamiento
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 5
Activistas del Movimiento #YoSoy132 y otros jóvenes que participaron en las manifestaciones contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, denunciaron actos de hostigamiento en su contra.
Una joven que por motivos deseguridad prefirió reservar su nombre, dijo que el sábado, en la calle Regina, en el Centro Histórico, varios policías la detuvieron y logró escapar, pero los uniformados le arrebataron su cámara fotográfica, en la que tenía imágenes personales y de muchos compañeros.
Ayer por la mañana, cuando salió del domicilio donde pernocta para ir a la escuela, se percató que su automóvil fue abierto, pero no sustrajeron ninguna de sus pertenencias.
Encontré el carro abierto, muchas de mis cosas y mis papeles estaban desordenados; esculcaron en la guantera y los documentos del auto; también traía una bolsa con ropa y otros objetos personales que estaban regados por todos lados, afirmó.
La joven alertará de este suceso al comité jurídico y de derechos humanos del movimiento #YoSoy132 para que la asesoren sobre que medidas adoptar.
Por otro lado, varios jóvenes denunciaron que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin explicación alguna. Y otros afirmaron que sus cuentas de Facebook fueron suspendidas y para reactivarlas nos piden identificar y etiquetar a tres amigos, pero curiosamente en todos los casos son activistas del movimiento

Liberar a los 69 detenidos, exige la comunidad artística


Liberar a los 69 detenidos, exige la comunidad artística
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 6
En un video, integrantes de la comunidad artística nacional, como los actores Damián Alcázar y Héctor Bonilla, y el historiador Arturo Velasco Piña, entre otros, exigen a las autoridades la libertad de todos los detenidos tras los disturbios del primero de diciembre y repudian las aprehensiones arbitrarias.
Asimismo, exigen que los culpables de esa acción irracional y arbitraria sean llevados a la justicia y rindan cuentas por su comportamiento autoritario contra la sociedad civil.
El video –que dura 3:27 minutos y tiene formato semejante al del surgimiento del movimiento #YoSoy132– fue difundido en las redes sociales y el portal Youtube.
Los actores exigen a los gobiernos federal y capitalino que en cumplimiento de su deber esclarezcan los hechos hoy confusos por versiones mediáticas truncadas que responden a intereses de grupo, y que no se criminalice la protesta social.
Además de los tres personajes mencionados, en el audiovisual participan el director de cine Hari Sama; el fotógrafo Carlos Altamirano; Sandra Laura Gutiérrez, de Artes Escénicas; la gestora cultural Verónica Ortiz Cisneros; los productores Gabriela Pérez Cortés, Maddy Vassallo y Bruno Oseguera; el guionista Mauricio Katz; los documentalistas Paulina del Paso y María José Cuevas; las escritoras Tatiana Lipkes y Laura Esquivel, y los músicos Ernesto Anaya, Polka Madre y Diego y Pato, de Malditos Cocodrilos.
También aparecen las actrices Ana Esquivel, Laura Ofelia Murguía, Marina de Tavira, Jimena Guerra, Stefanie Weiss, Marisol Gasé, Cassandra Ciangherotti, Miriam Balderas y Tenoch Huerta.
El sábado pasado, en el contexto de la toma de protesta como presidente de Enrique Peña Nieto, diferentes colectivos se manifestaron en las inmediaciones de San Lázaro y del Centro Histórico, donde se suscitaron enfrentamientos y actos de violencia en los que la policía realizó detenciones de jóvenes estudiantes y ciudadanos que, señalan los artistas, fueron sometidos de maneraarbitraria y con uso excesivo de la fuerza pública.
Por eso exigen que los hechos represivos sean aclarados y los detenidos liberados de inmediato, ya que no se les ha comprobado su participación.
Enfatizan que no respaldan la violencia ni los actos vandálicos y exigen a la autoridad que cumpla con su trabajo de averiguación previa y no detenga jóvenes para justificar su labor.
En tanto, familiares y amigos de las 11 mujeres recluidas en Santa Martha Acatitla e integrantes de #YoSoy132 se manifestaron frente a ese penal femenil para exigir la libertad de las detenidas. Convocados por la asamblea de Artistas Aliados, se proyectaron sobre los muros del penal videos de las aprehensiones y fotografías de sus compañerasinjustamente encarceladas.

El gobierno utilizará los desmanes para criminalizar la protesta social, advierten


El gobierno utilizará los desmanes para criminalizar la protesta social, advierten
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 8
La anarquía no se trata de romper vidrios o utilizar ropa negra con una A en el pecho. Proveniente de la raíz griegaanarkhia (sin gobierno) es una propuesta revolucionaria de transformación social que le resulta incómoda a las autoridades, quienes por esa razón la han elegido como elenemigo interno que justifica la represión contra cualquier muestra de descontento social.
Así lo afirman integrantes de la organización Cruz Negra Anarquista, quienes en entrevista con La Jornada se deslindaron de los actos de vandalismo cometidos el pasado primero de diciembre contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y advierten sobre la inminencia de una etapa difícil de estigmatización y represión, no sólo contra los grupos que reivindican esta corriente de pensamiento, sino contra toda movilización social.
La creación de un chivo expiatorio
–¿Qué lectura hacen de lo que vimos el primero de diciembre y sobre todo de lo que muchos medios informativos dicen que pasó?
–Vemos la explosión de un descontento generalizado y genuino que va más allá del fraude electoral y la imposición de Enrique Peña Nieto. Se da en varios sectores de la población, debido a las políticas económicas y sociales aplicadas por el Estado y que han sumido a la gente en la pobreza, la sobrexplotación y la miseria, afirmóRicardo (nombre para proteger su identidad).
–Es un escenario preparado con mucha anticipación –tercia Emma. Sería muy ingenuo decir que la represión no fue algo planeado. Es difícil pensar que no haya coordinación entre el gobierno federal entrante, saliente y el local para orquestar una represión de esa magnitud. No fue una manifestación de ira espontánea.
–¿Algunos miembros de Cruz Negra Anarquista participaron en esas movilizaciones?
–Como Cruz Negra no participamos ni convocamos a ninguna actividad en relación con la imposición y la lucha contra el fraude electoral. Ninguno de los detenidos pertenece a nuestro grupo, pero hay compañeros que tienen su propia lectura y análisis y han participado en esta coyuntura.
–¿Por qué creen que se da esta criminalización de los grupos anarquistas?
–El Gobierno del Distrito Federal –afirma Ricardo– ha iniciado una criminalización y persecución de grupos anarquistas, tratando de crear una imagen ante la opinión pública para justificar la represión, manejando el discurso de que el anarquismo es vandalismo, destrucción y caos, para tener un chivo expiatorio de sus excesos y de las detenciones injustificadas.
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Emma y Ricardo, integrantes de la organización Cruz Negra Anarquista, quienes negaron haber participado en los incidentesFoto Francisco Olvera
–¿Cuáles son las bases teóricas del anarquismo?
–Es un planteamiento político revolucionario de transformación social. Históricamente ha contribuido al avance de la humanidad. No es caos y vandalismo. Busca la libertad del individuo en relación con la libertad colectiva, creando un ambiente libre de dominación y explotación, una sociedad sin autoridad coercitiva, sin nadie que domine ni explote, sino que el ser humano desarrolle su potencial solidario y fraterno, que pueda darse sin la mediación del Estado.
Se ha dicho que la anarquía es una utopía, una bonita idea, pero a lo largo de la historia se han llevado a la práctica estas ideas, se han desarrollado comunidades basadas en ellas. Ricardo Flores Magón decía que el pueblo mexicano era apto para el comunismo libertario porque hay una gran tradición comunitaria. Sí es posible vivir sin autoridad.
–¿Algunos grupos anarquistas consideran la violencia como una forma de acción directa?
–Al ser un ideal humanista, basado en la fraternidad y la solidaridad, es contrario a toda violencia. Pero quien detenta el poder implementa muchas estrategias, una veces más visibles y duras, pero otras de forma constante, sutil y cotidiana: la explotación y la dominación.
“Por eso –indica– es legítimo defenderse y organizarse ante este estado de violencia constante. La violencia originaria proviene del Estado, y ante ello existe el derecho a la autodefensa. Responder violentamente depende del momento y las circunstancias.
–¿Qué sigue para el país y para los anarquistas?
–Creemos que recrudecerá la represión –advierte Emma–. “El discurso que vendió Peña Nieto fue el de la mano dura. No podemos dejar de ver tampoco que quien asume la jefatura del GDF (Miguel Ángel Mancera) es un policía. Viene un tiempo difícil, de mucha represión, persecución y estigmatización de los movimientos sociales, no sólo contra los anarquistas