martes, 14 de abril de 2009

Video: Discurso del Presidente Legítimo de México en Ecatepec. 14abril09






Cobertura:
AMLOTV
Soberania Popular
Radio La Nueva republica

Las maniobras‏

Las maniobras
Luis Javier Garrido

En vísperas de la visita del presidente Barack Obama, la soberanía e independencia de México están amenazadas cada vez más, y el anuncio de que está a punto de concretarse la integración del Ejército Mexicano al Comando Norte es el detonador de un nuevo escándalo.
1. El gobierno de facto de Felipe Calderón está muy cerca de enfrentar la mayor crisis por la que ha atravesado en estos dos años tras conocerse que las fuerzas armadas de México participarán, en violación a la Constitución General y ya en plena subordinación a Washington, en una serie de “ejercicios militares” organizados por el Pentágono, durante un operativo llamado Unitas 50-09, que se llevará a cabo en las aguas de Florida del 19 de abril al 7 de mayo, según informó el pasado lunes 6 de abril el general James Cartwright, subjefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas estadunidenses.
2. El hecho de que una información de enorme trascendencia, que entraña un viraje histórico de magnitud impredecible en las políticas de México, sea dada a conocer a los mexicanos por el gobierno de Estados Unidos aprovechando la Semana Santa y no por el de México, y que hasta ahora éste haya guardado silencio, no ha hecho más que confirmar el carácter de pelele de las fuerzas trasnacionales que tiene Felipe Calderón.
3. La información difundida por el Pentágono el lunes 6 de abril ante el silencio del gobierno espurio, que fue difundida de inmediato por El Noticiero de Televisa de esa noche –y paradójicamente soslayada por casi todos los medios–, en el sentido de que las fuerzas armadas mexicanas participarían en maniobras militares bajo la conducción de Estados Unidos “por primera vez en la historia”, y de que el Pentágono tomaba para el futuro la iniciativa de determinar cuáles serían las necesidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de México y sus políticas, constituye una afrenta para el país y resulta inconcebible que ni el Senado de la República, corresponsable de la defensa y de la política exterior, ni mucho menos las propias fuerzas armadas, hayan refutado hasta ahora.
4. El hecho que se presenta como consumado –sin serlo–, en el sentido de que el gobierno de facto negoció con la Casa Blanca, a espaldas de los mexicanos, y desde luego del Senado, esta subordinación a las viejas exigencias de Washington, de uncir nuestras fuerzas armadas a las políticas imperiales estadunidenses, deja al presidente ilegítimo en una situación en extremo vulnerable ante las acusaciones que van a insistir en que está traicionando los intereses fundamentales de la nación, en particular a los pocos días de que uno de sus aliados y comparsas, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, líder del tricolor en el Senado, le advirtiera el lunes 6 que hay mexicanos que lo siguen viendo como “espurio”.
5. El anuncio es de extrema gravedad para el futuro de México como nación soberana e independiente, pues, aun sin haberse llevado a cabo, este acto de indudable traición a la patria confirma que la complicidad del grupo panista en el gobierno con las mafias de poder económico, político y militar estadunidenses es total ante las pretensiones hegemónicas de Washington, y que ha aceptado no sólo la entrega de los recursos básicos del pueblo mexicano y el control estratégico del territorio nacional por Estados Unidos, sino el pleno dominio del gobierno de Obama sobre el aparato estatal de nuestro país al reducir a las fuerzas armadas mexicanas a meros cuerpos de apoyo de las políticas expansionistas de Washington.

AMLO en Ecatepec‏

AMLO en Ecatepec
Se invita a todos los ciudadanos, mujeres y hombres libres a acompañar a Nuestro Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su visita al Municipio de Ecatepec el Martes 14 de Abril a las 16:30 hrs. en la explanada municipal, en Asamblea informativa de los avances del Movimiento en defensa de la Economía Popular.A todas las mujeres brigadistas se les convoca a ir vestidas de Adelitas y llegar en punto de las 16:00 hrs. ya que se asignará un espacio especial para ustedes.En la parte musical nos acompañarán Alberto Arista y Raymundo Colin (El Ajolote de Neza).




Anuncia Pemex mañana sede de refinería‏


Y SEGURAMENTE EL PELELE, LE PONDRA EL NOMBRE DE SU FINADO ESPOSO MOURIÑO, ASI ES DE ANIMAL EL PELELE CALDERON

Anuncia Pemex mañana sede de refinería
Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, son las dos ubicaciones con mayores posibilidades de quedarse con el proyectoGrupo Reforma
Ciudad de México (13 abril 2009).- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que mañana dará a conocer la sede de la nueva refinería.De acuerdo con una invitación a una reunión de prensa al mediodía, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, encabezará la conferencia de prensa, a la que también asisten José Antonio Ceballos, director de Pemex Refinación, Guillermo Ruiz, subdirector de Planeación Estratégica y Operativa y Rodrigo Favela, subdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex Refinación.

Las dos ubicaciones con mayores posibilidades de quedarse con el proyecto son Tula, en Hidalgo, y Salamanca, en Guanajuato.

Presume Calderón creación de… 4 mil empleos‏


recuerdan cuantos prometio este pendejo pelele? lo recuerdan ?? bueno los panistas son pendejos y no lo ocultan
Presume Calderón creación de… 4 mil empleos
DANIEL LIZáRRAGA
MÉXICO, D.F a 13 de abril (apro).- El Presidente Felipe Calderón informó que desde marzo pasado la economía mexicana empezó a mostrar signos de recuperación al crearse 4 mil empleos y, al mismo tiempo, detenerse la caída del peso ante el dólar. "El hecho de que haya frenado la caída de empleos formales, e incluso, se registre una cifra positiva, modesta, pero positiva al fin, en la creación de empleo formal; en estas circunstancias es una buena noticia. Y las buenas noticias también cuentan", dijo el mandatario en el Salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos. Durante el anuncio de una inversión de 200 millones de dólares por parte de la empresa Becton Dickinson, Calderón agregó que este par de logros fue fruto del esfuerzo de los mexicanos por superar las condiciones económicas adversas que está enfrentando nuestro país. Sin embargo, el mandatario comentó que si bien hay buenas noticias también hay que estar consciente, acotó, que las circunstancias que permitieron esta recuperación pueden variar. Calderón destacó que en los últimos 30 días, el tipo de cambio ha pasado de 15.65 pesos a 13.15, lo que significa una recuperación sólida y clara de la moneda mexicana en un entorno de gran volatilidad". Sobre Becton Dickinson, el Ejecutivo comentó que es una empresa que tiene más de 50 años en el país y cuya inversión convertirá a su planta en la más grande afuera de Estados Unidos, con la creación de mil empleos directos y tres indirectos, principalmente en los estados de México y San Luis Potosí. Al acto, acudió el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, quien destacó que las diferencias políticas "no deben convertirse en un obstáculo al desarrollo de la infraestructura". Becson Dicksinson, dedicada al ramo farmacéutico, invertirá 150 millones de dólares para ampliar la planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y 50 millones más para abrir otra en territorio potosino. Esta empresa, que tiene más de medio siglo trabajando en nuestro país, es líder en el sector de productos de salud; especialmente, se enfoca a la fabricación de suministros y equipos médicos, instrumentos de laboratorio, así como tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. "Vale la pena destacar que actualmente México es el tercer proveedor más importante para Estados Unidos en productos para la salud, sólo detrás de Irlanda y Alemania", indicó Calderón.

Respalda Navarrete ejercicios militares conjuntos con EU‏

se imaginan a este tipo, de candidato presidencial, es capaz de vendernos peor que los imbeciles panistas !!!!!
Respalda Navarrete ejercicios militares conjuntos con EU
JENARO VILLAMIL
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, afirmó que su partido respaldará la participación de la Secretaría de Marina en los ejercicios conjuntos con Estados Unidos en Florida."Ha llegado el momento de que en la nueva relación entre México y Estados Unidos, el Congreso mexicano respalde plenamente la participación de la Marina en estos ejercicios, y me parece que el PRD también debe dar un paso adelante, contribuyendo en la construcción de esta nueva relación", afirmó Navarrete.El coordinador del PRD, quien también saludó la nueva política del presidente estadounidense, Barack Obama, en relación con Cuba y el tema migratorio, argumentó que en esos ejercicios participan países como Brasil, y afirmó que en mayo próximo la Junta de Coordinación Política hará una visita al Comando Norte de Estados Unidos.Por su parte, el presidente del Senado y coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, adelantó que el martes 14 el secretario de Marina, Francisco Saynez, visitará el Senado para hablar en favor de la petición que hizo el Ejecutivo federal.Sobre la visita de Obama a México, los días 16 y 17 de abril, Madero advirtió que esta gira está marcada por una "mayor corresponsabilidad, una actitud menos soberbia, lo que permite y allana el camino para consolidar y estrechar la relación de cooperación entre los dos países en temas tan importantes como el de seguridad, el económico y el de migración".En lo que respecta a la distensión en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el senador Carlos Sotelo advirtió que la nueva medida para levantar las restricciones que prohibían a los norteamericanos de origen cubano viajar y enviar dinero a sus familiares "significa el principio del fin de un largo periodo de ignominia y de intervencionismo" sobre la isla.El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, aseguró que aún faltan otras medidas similares, como levantar el bloqueo comercial y económico sobre Cuba.

Estrategia fallida‏

solamente a los idiotas como el pelele, se les puede ocurrir que este pendejo soldadito de chocolate (el pelele) acabara con ese tipo de delincuentes, le falta usar la inteligencia, y como calderon es un pendejo , pues no podra y punto

Estrategia fallida
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles. Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa MéridaEsto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes. De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos. De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes. Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.Nuevos acuerdos, viejos arreglosPara los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”. En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta. En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”. Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios. El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000. Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán. Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”. Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”. Sociedad militarizadaAnte ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”. Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria. “Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.

RECURSOS CUBANOS EN INTERNET; INVITACIONES A 3 ACTIVIDADES DE LA SOLIDARIDAD ESTA SEMANA EN LA CIUDAD DE MEXICO‏

ACTO POLITICO CULTURAL PARA CONMEMORAR EL 48 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DEPLAYA GIRON....LA PRIMERA DERROTA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO EN LAS AMERICAS Sabado, 18 de abril12 al 3pmTacuba 53Metro Allendecon representantes de la Embajada de Cubaconvoca: Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba --------------------------------------------- LA COORDINADORA MEXICANA DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS CON LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA, Se complace en extenderle una cordialINVITACIÓN Al acto de conmemoración de "la semana del Bravo Pueblo" para recordarcuando el 13 de abril del año 2002, el pueblo venezolano regresó alpoder al Presidente Hugo Chávez, derrotando así el golpe de estado dela oposición. Fecha: Miércoles 15 de abril 2009, a las 18 horasLugar: Tacuba #53, Centro Histórico cerca del metro AllendePrograma1) Exhibición de material video grabadoAcerca de los acontecimientos del 11 de abril del 2002.2) IntervencionesA cargo de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela y dela Coordinadora Mexicana.3) Actividad Cultural -Canciones con Lester, Cantautor VenezolanoJudith Trujillo y Alejandro Marín Presentan: OORUWA CAHUITL4) ConvivioEsperamos su asistencia. ----------------------------------------------------- INVITACION - INVITACION - INVITACION - INVITACION La Embajada de la República de Cuba en México, la Red de Intelectualesy Artistas en Defensa de la Humanidad y los Grupos de Reflexión paraMujeres "Rosario Castellanos", invitan a la Mesa Redonda: LAS MUJERES CUBANAS: A 50 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN Con la participación de:María Guerra, Tamara Barra y Vivian Martínez Moderadora:Ana Esther Ceceña Miércoles 15 de abril a las 18 hrs. en la Casa de las Humanidades,ubicada en Presidente Carranza 162 (casi esquina con Tres Cruces) Coyoacán. _______________________________________________

Militares en Ayutla someten y amenazan a indígenas en cateos en busca de armas‏

Karenine TrigoAhuexutla, AyutlaUnos 30 efectivos del 48 Batallón de Infantería catearon dos casas en esta comunidad en busca de armas, una del comisario suplente, Roberto Leobardo Olivo, la tarde del sábado, y el domingo por la tarde mantenían un retén en la comunidad de El Ranchito, a la salida de esta zona indígena de Ayutla, rumbo a Cruz Grande. Ahuexutla es una comunidad mixteca que se encuentra a 40 minutos de la cabecera municipal, la carretera que conduce hasta allá está pavimentada solamente hasta un crucero, el lado izquierdo llega a Pascala del Oro y el derecho a la comunidad El Paraíso. De ahí hasta la comunidad son alrededor de 10 minutos por una brecha polvosa.Hasta aquí llegó el Ejército la tarde del sábado. Los soldados dejaron un vehículo en el crucero y otros dos en un sembradío de plátanos donde está el camino que conduce a la casa de Roberto Leobardo.El comisario, Fidencio Morales Patricio, denunció que el sábado como a las 6 de la tarde, acudió a casa del comisario suplente, Roberto Leobardo Olivo, a invitarlo a una reunión, después de estar un rato en la vivienda, se retiró y en el camino se encontró de frente con unos 30 militares armados y algunos cubiertos de la cara con pasamontañas, uno de ellos le dijo: “a dónde vas, regrésate con nosotros”.Al llegar a la casa de Roberto Leobardo, los militares lo sacaron junto con su esposa Teresa Catarino Emiliano y a sus tres hijas, Lady, Maribel y Rosy, de 10, 8 y 4 años, y los condujeron a un árbol que se encuentra a 10 metros de la casa, les dijeron que se sentaran y que bajaran la cabeza para que no los vieran, mientras unos 10 militares buscaban dentro de la casa con una lámpara de pilas. Las niñas lloraban asustadas y doña Teresa trataba de consolarlas sin éxito.En la vivienda, los militares encontraron un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 16. Debajo del árbol, preguntaron a los integrantes de la familia por las demás armas, les dijeron que las entregaran y que por tener esas armas en su casa les tocarían 20 años de cárcel.Mientras tanto, 12 militares se trasladaron a la casa de Daniel Roberto de Jesús, que se encuentra a unos 200 metros; ahí llegaron diciendo “vengan las pistolas, si no se van con nosotros”.Daniel Roberto denunció –con la traducción del ex dirigente de la Organización Independiente del Pueblo Mixteco, actualmente Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, a la que ya no pertenece, Arturo Campos–, que los militares llegaron a su casa “cuando estaba oscureciendo” , gritando que se levantaran la playera, lo cual hicieron y les dijeron que se tiraran boca abajo; estando en el piso, con sus hijos Pedro de Jesús de 23 años e Isaías de 17, los militares les pusieron el pie en la cabeza y otro más a la altura de la cintura.Mientras a doña María Juliana García esposa de Daniel Roberto y a su hija Librada de 27 años de edad, les dijeron que se alejaran de la casa, después uno de los militares tomó un guajolote de las patas y lo golpeó contra el piso diciéndoles que lo mismo les iba a pasar si no entregaban las armas.Daniel Roberto dijo que él no tiene armas y desconoce porqué llegaron hasta allá los militares, que él se dedica a trabajar y su familia es tranquila. Dijo además que en múltiples ocasiones han visto pasar carros llenos de militares por la carretera y que nunca les habían hecho nada.Finalmente, los soldados se retiraron diciéndoles que no se levantaran y que se quedaran callados.Los militares regresaron por la casa del comisario suplente, se lo llevaron y también al comisario propietario Fidencio Morales, y al llegar al platanal que se encuentra a orilla de la carretera les dijeron que sujetaran las armas una en cada mano y les tomaron fotos a cada uno con las dos armas.Fidencio Morales dijo que ahí fueron subidos a un vehículo militar, mientras otro iba detrás de ellos, al llegar al crucero de Pascala, se encontraron con otro vehículo militar, ahí ya estaba muy oscuro, nuevamente les tomaron fotografías y les dijeron que se fueran de regreso a sus casas y que se mantuvieran callados, les entregaron una lámpara que sustrajeron de la casa de Roberto Leobardo para que se alumbrasen de regreso.Los indígenas de Ahuexutla señalaron que no habían tenido antes problemas con los militares, pero en otras comunidades de esta región mixteca de Ayutla han sido recurrentes las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, y más desde 1998, cuando se dio la masacre de El Charco, donde fueron asesinados 11 campesinos, y se dio a conocer que estaban en una reunión comunitaria en una escuela, en la que se encontraba también una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).Los indígenas muertos en El Charco pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, que en años posteriores se conformó en una por cada pueblo: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; de ésta eran presidente y secretario Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, detenidos el 13 de febrero, desaparecidos una semana, y hallados muertos con huellas de tortura.Entre las frecuentes denuncias por los atropellos cometidos por el Ejército, los dos dirigentes asesinados apoyaron a indígenas de la comunidad de La Cortina, que el 15 de abril del año pasado se quejaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero de que militares catearon viviendas, se metieron a sembradíos, robaron productos y preguntaron por gente armada.

Ejército, sin control‏

Ana Lilia Pérez Desde inicios de su sexenio, Felipe Calderón usó al Ejército Mexicano para imponerse y “combatir” al narcotráfico al margen de sus funciones constitucionales. Los militares tomaron calles, ciudades, estados; se insertaron en amplios espacios del poder civil, y actúan sin control. Homicidios, abusos sexuales, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura en contra de la población civil son la otra parte de la guerra, documentan organizaciones defensoras de derechos humanos.Entre insultos, custodiado por el Estado Mayor Presidencial, el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa fue investido presidente en una tribuna tomada por diputados y senadores, con un militar cuidándole las espaldas, en un recinto legislativo prácticamente sitiado. En los eventos oficiales de los siguientes meses Calderón vestía uniforme de campaña, gorra de cinco estrellas y escudo nacional. Asiduamente, el comandante supremo de las fuerzas armadas se ataviaba con la casaca verde olivo junto al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. No sólo él emulaba la efigie castrense: en el desfile del 16 de septiembre de 2007, sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe Calderón Zavala aparecieron en el palco presidencial vestidos como militares, con todo e insignias. Ello, denunciaron los diputados José Alfonso Suárez y Cuauhtémoc Sandoval, era contrario al artículo 404 del Código de Justicia Militar. El 9 de mayo de 2007, Calderón había decretado la creación de un grupo de elite del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, al mando directo del Ejecutivo, destinado al “manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”. Un mes después, el presidente delegó al Ejército Mexicano el combate al crimen organizado. Desde entonces, abogados como Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advertían los riesgos de utilizar la milicia para combatir al crimen organizado. Sin control El informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), difundido recientemente, documenta el incremento de “graves violaciones a derechos humanos” en contra de la población civil cometidas por el Ejército Mexicano “en el marco de su participación en tareas que competen a los civiles”. Los agravios más frecuentes: homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos, cita la organización reconocida con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa 2008, distinción internacional que se otorga a organismos o personalidades más comprometidos en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos. En 2006 se instrumentaron diversos operativos militares en el país. Iniciaron en Michoacán, Tijuana, Guerrero, y el denominado “triángulo dorado”, región ubicada en Sinaloa, Durango y Chihuahua. En 2007 y 2008, los operativos se extendieron a Sonora y Nuevo León, lo que implicaba cada vez más militares en actividades que constitucionalmente les están vedadas. Aunque los operativos fueron bien recibidos por la opinión pública nacional e internacional, documenta el Centro Prodh, “la percepción de violencia e inseguridad sigue presente en el país, sin que haya prueba empírica de su abatimiento a causa de la presencia castrense”, aunado a que “no responde a las necesidades de la lucha contra el narcotráfico”. En contraste, “a raíz de los operativos militarizados, los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles han aumentado en número y gravedad”. Tan sólo en el primer año de gobierno de Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) radicó 367 quejas contra elementos castrenses. Ciento por ciento más que las que se recibieron en el último año de gobierno de Vicente Fox (182 quejas). En 2008, la cifra alcanzó 1 mil 230 querellas, es decir, los supuestos atropellos de milita res se incrementaron casi 500 por ciento respecto al sexenio foxista. Los estados que reportan mayor número de quejas son: Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. En Chihuahua, consigna el Centro Prodh, los abusos aumentaron con el Operativo Conjunto, que arrancó en marzo de 2008 y ahora, en su segunda fase, concentra a casi 10 mil soldados. En julio de ese año, la CNDH hizo públicas ocho recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por homicidio, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la fuerza pública, allanamientos, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego durante los operativos. De las agresiones ocurridas entre 2007 y 2008, de acuerdo con el Centro Prodh, las más frecuentes son, en orden de incidencia: allanamiento a viviendas, cateos ilegales, tortura, ataque con armas de fuego, detención arbitraria, robo, amenazas y abuso sexual. Las víctimas: menores de 18 años, jóvenes entre los 18 y 24 años, mujeres, indígenas, migrantes indocumentados, periodistas y algunos servidores públicos. Hoy día, documenta el Centro Prodh, no se tiene certeza del número ni nivel de abusos cometidos por militares –muchas de las agresiones no se denuncian–, pues los despliegues han aumentado al punto que, en municipios de varios estados, los civiles fueron relevados en sus cargos por militares, como el caso de Ciudad Juárez donde el general retirado Julián David Rivera Bretón fue designado secretario de Seguridad Pública Municipal y el coronel de infantería Alfonso Cristóbal García Melgar, director operativo de la Policía Municipal. Por la incidencia, destacan las agresiones a migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Allí, con el supuesto de “salvaguardar” la frontera, los militares detienen a los migrantes (aunque legalmente tampoco tienen facultades para ello), los agreden, amenazan y asaltan. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM), con sede en Tapachula, Chiapas, ha documentado la desaparición de migrantes detenidos por militares (Contralínea 78). Tal es el caso de la joven hondureña Maritza Bayres, retenida por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170 en un retén instalado en el Puente Cahocán, en Ciudad Hidalgo. Los siete compatriotas con quienes viajaba Maritza relataron al CDHFM cómo los militares los detuvieron, los obligaron a desnudarse para buscarles en los genitales el dinero que traían escondido y robárselos. Tras el hurto, a los siete varones los dejaron seguir su camino, a Maritza la retuvieron. Hasta la fecha se desconoce su paradero. En la frontera sur, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón detonó mayores abusos de militares en contra de los indocumentados, explica en entrevista Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM. Señala que, si bien este tipo de prácticas existen desde hace varios años, “en el sexenio actual los militares se sienten intocables, por ello persiguen, detienen y agreden a los migrantes. Las revisiones corpóreas y robos son cada vez más frecuentes, además de que, en cada retén, hay unos 20 militares mínimo y todos fuertemente armados y resueltos a dispararle a cualquiera”. En la franja de 956 kilómetros que divide a México con Guatemala, detalla Fermina Rodríguez, las fuerzas castrenses han impuesto su propio “código de guerra”: “Los migrantes saben que el Ejército Mexicano no tiene atribuciones legales para detenerlos. Todos conocen sus derechos, identifican a las corporaciones que tienen facultades para revisar su estatus migratorio y para detenerlos, pero entre ellos la recomendación es: ‘Si un soldado te detiene, haz lo que dice, sin defenderte, incluso si te roba o te viola, porque en México los soldados tienen todo el poder y son intocables’. Para los migrantes es parte del costo a pagar para llegar a Estados Unidos”. Retenes riesgososLos retenes militares se han convertido en un punto de riesgo para la población civil. De enero de 2007 al 30 de no viembre de 2008 se registraron 17 casos de civiles agredidos con arma de fuego, “por no detenerse” en los retenes (según argumentaron los militares). Aunque, en por los menos tres casos, documentó el Centro Prodh, ni siquiera había retén. Uno de ellos fue el de Marlene Caballero, de 13 años de edad, herida en San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el 29 de junio de 2007, cuando los militares abrieron fuego al automóvil donde ella viajaba. El 12 de mayo de 2008, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Michoacán, los militares abrieron fuego contra Carlos Iván García Calderón y Giovanni Fuerte Hernández. Carlos murió y Giovanni fue lesionado. De las agresiones ocurridas en lo que va del sexenio, la Procuraduría General de Justicia Militar ha abierto 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles, 110 durante 2008. De éstas, sólo hubo 11 consignaciones. Por el fuero militar, los casos se dirimen en tribunales castrenses, lo que “no es garantía de independencia e imparcialidad ni mucho menos de una eficiente investigación”, considera el Centro Prodh. “La justicia militar propicia la impunidad”. Fuero militar, salvoconducto de impunidad Reiteradamente, organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas han insistido, sobre el tema de tortura, en la necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean conocidas por la justicia civil, en el marco de los acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano. En febrero pasado, en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, en el cual se evaluó a México, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió en el tema, sin respuesta alguna. No obstante, el Centro Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lograron recientemente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso del homicidio de cuatro civiles a manos de militares en Santiago de los Caballeros, Sinaloa –representado jurídicamente por ambas organizaciones–, en el cual se analizará la aplicación del fuero de guerra. La denuncia fue pre sentada por Reynalda Morales Rodríguez, cónyuge de una de las víctimas. La llamada “masacre de Santiago de Caballeros” ocurrió el 26 de marzo de 2008. Militares abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban Edgar Geovanny Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Irineo Medina Díaz, Manuel Medina Araujo, Miguel Ángel Medina Medina y Wilfrido Ernesto Madrid Medina. Los primeros cuatro perdieron la vida, los otros resultaron heridos. Mediante un comunicado, en abril de ese año, la Sedena informó que el juez militar de la III Región había dictado formal prisión a un teniente, un cabo y tres soldados de infantería. Para el mes de julio, la CNDH emitió la recomendación 036/2008 donde acredita “graves violaciones a los derechos humanos” en agravio de las víctimas. El Centro Prodh asumió la representación jurídica, ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la discrecionalidad en la investigación, ya que tanto las indagatorias como el juzgamiento de los responsables están a cargo de las propias autoridades militares. Al respecto, los abogados Luis Arriaga, director del Prodh, y Luis Miguel Cano, de Fundar, coinciden en que, con este caso, los ministros de la SCJN tendrán oportunidad de fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Pero además, dice Arriaga, la Suprema Corte “tiene una particular responsabilidad jurídica y política en el tema, pues fue esa instancia la que, al resolver la controversia constitucional 1/96 (sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública), permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles”. Agrega que “no se trata de abolir el fuero de guerra, sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de los civiles”. El Centro Prodh está acreditado con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En México ha documentado, durante 20 años, los abusos militares, y ha litigado varios casos ante el sistema interamericano. Desdén por las víctimas La abogada Liliana Valiña, representante adjunta de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que la reparación del daño a favor de la víctima es uno de los aspectos más ignorados en casos de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la Sedena, según el diagnóstico del Centro Prodh, cuando se consigna a un militar –ante un juez también militar– no se informa a la víctima o a sus familiares, y casi nada se hace público. En ocasiones, “la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”. El 24 de septiembre de 2006, Félix Daniel Téllez Ortiz fue atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad. El joven de 23 años de edad entrenaba ciclismo en la carretera México- Querétaro, a la altura de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cuando el vehículo invadió el área de acotamiento donde transitaba el ciclista junto con varios compañeros. Los siguientes 15 días Daniel permaneció en estado de coma en el hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en Toluca, luego fue trasladado al Hospital Militar donde convaleció cuatro meses. Quedó parapléjico, con laceraciones faciales en 90 por ciento, múltiples lesiones y excoriaciones en el cuerpo. Perdió de manera total la sensibilidad y la movilidad de la cintura hacia abajo. Los peritos castrenses intentaron responsabilizar a Daniel de los hechos, acusándolo de negligencia, aun con los numerosos testigos que declararon que el camión militar zigzagueaba a exceso de velocidad. Esclavizado a la silla de ruedas, hace dos años que Daniel Téllez, único varón entre cinco hijos de una familia de clase baja, se enfrenta al Ejército Mexicano en tribunales castrenses, con jueces castrenses, ministerios públicos y todo el personal adscrito a las fuerzas armadas. Lo único que reclama es la reparación del daño. Las audiencias tienen lugar en la 37 Zona Militar Santa Lucía, Tecamac, Estado de México. No se le permite ingresar ningún sistema de comunicación. Tampoco tiene copia de sus declaraciones ni foja del expediente –que integra la averiguación previa AP37/ZM/97/2006-II–, que consulta en una sala custodiada por militares, con sistemas de vigilancia por todas partes. En medio del blindaje, del expediente han desaparecido pruebas clave para el juicio, denuncian Félix Téllez e Irene Ortiz, padres de Daniel. A más de dos años, la Sedena argumenta que “el reglamento interno no permite indemnizar al lesionado porque éste no trabaja para la secretaría”. “Defenderme en tribunales militares ha sido muy difícil. Te enfrentas a todo un sistema donde tú no tienes voz. Al principio, el caso no tenía ningún avance, porque ellos (los militares) me daban por muerto, pero luego mis papás estuvieron al pendiente, insistieron y así se iniciaron las audiencias”, explica. Al momento del accidente, Daniel estudiaba el quinto semestre de preparatoria en el sistema abierto. Su proyecto era convertirse en licenciado en informática. Los planes se desvanecieron, su futuro se tornó hipotético. No pudo regresar al trabajo. El único contacto social que ahora tiene es con sus padres, debido a que no puede controlar los esfínteres y eso le avergüenza. “Siento impotencia de ver cómo se aplica la justicia, que los militares no responden por sus actos. Lo más triste es ver cómo me miran mis padres y mis hermanas, pienso en su agobio y eso me da más coraje.” El pasado 24 de septiembre, sus abogados, Jaqueline Sáenz Andujo y Jorge Santiago Aguirre, presentaron una demanda por responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es su última vía legal y jurisdiccional para obtener una indemnización por daño físico y sicológico. Contralínea solicitó una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para saber su postura respecto del informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, las recomendaciones que ha emitido la CNDH, así como el resto de los casos que se citan en este texto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Indígenas y activistas, principales víctimas. En muchos de los crímenes cometidos contra indígenas y campesinos se han identificado a militares como los agresores directos. Allí está la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; la detención y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; las violaciones a las indígenas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, mixtecas; Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, tlapanecas; Ana, Beatriz y Celia González Pérez, tzeltales. El caso más reciente es el de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM). Fueron secuestrados el 13 de febrero, pasada la una y media de la tarde. Media hora después del rapto, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar; quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No hubo posterior comunicación. Sus restos aparecieron ocho días después, ambos tenían huellas de tortura. Uno de ellos, el tiro de gracia. Durante años, Lucas Lucía y Ponce Rosas denunciaron los abusos de militares en la zona de La Montaña, en Guerrero. Los dos sobrevivieron a la matanza de El Charco, perpetrada en 1998 por soldados en contra de supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. En su artículo “Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira”, publicado en el periódico La Jornada el 24 de febrero pasado, el columnista Luis Hernández Navarro documenta que Lucas Lucía sufrió cuatro atentados. “Pero aquel 13 de febrero el activista no se le escapó a la muerte. La quinta fue la vencida”. El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado condenó el asesinato y se solidarizó con los familiares: “La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en las que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor (…) especialmente en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y La Montaña del estado de Guerrero”. Amnistía Internacional se sumó al reclamo. El presidente y secretario de la OIPM –que tiene su origen en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994– trabajaban de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que preside el antropólogo Abel Barrera Hernández, colaborador de Contralínea. En entrevista, Barrera asegura que los asesinatos de Lucas Lucía y Ponce Rosas son parte de la guerra sucia que durante décadas se ha vivido en la entidad. Barrera explica que, si bien en esa región es sistemático el abuso de los militares en contra de la población civil, “ahora con el pretexto del combate al narcotráfico se ha acrecentado el número de violaciones a los derechos humanos. En los últimos tres meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dado curso a 35 quejas en contra de militares”. En enero pasado, la CEDH informó que a raíz de que iniciaron los operativos militares en Guerrero (tras la decapitación de nueve personas el día 21 de diciembre), en menos de 15 días se habían recibido 13 quejas ciudadanas por invasión, allanamiento de morada y maltrato físico. Entonces el visitador Hipólito Lugo Cortés alertó de los excesos de las fuerzas castrenses. Abel Barrera puntualiza que en Guerrero la narcoviolencia no ha descendido, aunque Chilpancingo, Zihuatanejo, toda la región de Tierra Caliente y la zona de La Montaña estén militarizadas. En contraste, “ahora que la autoridad civil ha bajado la guardia, las víctimas son los civiles”. “En Guerrero, los abusos militares tienen una larga historia en el estado, que nos remite a la Guerra Sucia donde no ha habido una investigación y mucho menos castigo a los responsables. Lo peor de todo es que ese patrón de abusos que se han estado realizando por parte del Ejército sigue inalterable, en el sentido de que es un actor armado que no conoce límites en términos legales: incursiona a las comunidades, se posesiona de terrenos comunales para sus campamentos; interroga, detiene, daña la precaria infraestructura de la comunidad, se apropia de las cosechas, mata los animales. Todo eso ha ido creando un ambiente de miedo, de terror hacia las comunidades. “En la entidad, la agresión del Ejército ha sido tan violenta que han sucedido masacres como la de Ayutla, como una emboscada que hicieron a indígenas de Metlatónoc en el Cerro del Chupamirto donde murió un civil, simplemente porque sentían que los iban persiguiendo; las violaciones sexuales a las mujeres, como las de Valentina González Cantú e Inés Fernández Ortega”. —En el contexto de agresiones y asesinatos de activistas, ¿los defensores de derechos humanos temen por un integridad? –se le pregunta a Barrera, amenazado de muerte constantemente y para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares que incluían cuatro elementos de la Procuraduría General de la República para su custodia. —Sí –explica, categórico–, porque hoy más que nunca los militares actúan sin control alguno. No hay información ni transparencia de sus operativos ni de sus formas de investigación. La militarización se presta para todo tipo de cuestiones turbias para reprimir sin dejar huella. En términos de un ambiente de violencia como el que se vive en el país: a río revuelto, ganancia de militares. (ALP) -- Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

ONGs DENUNCIARÁN FUERO MILITAR por VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS‏

ONGs DENUNCIARÁN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA APLICACIÓN DEL FUERO MILITAR A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Informarán a la CIDH que el fuero militar mantiene en la impunidad casos de violaciones de derechos humanos en el país
Informarán a la CIDH que el fuero militar mantiene en la impunidad casos de violaciones de derechos humanos en el país
Destacarán que el Estado no cumple con los estándares interamericanos ni con las recomendaciones de la CIDH en la materia

El próximo 20 de marzo, organizaciones y redes mexicanas denunciarán la aplicación del fuero militar en México para investigar y juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto ocurrirá en el marco del 134° periodo ordinario de sesiones de este organismo ubicado en Washington, DC.
Según informarán, el accionar de México en este sentido contraviene los estándares interamericanos, que exigen que las violaciones a los derechos humanos queden excluidas del ámbito de competencia de estos tribunales.
Las organizaciones pedirán a la CIDH que inste al Estado a llevar a cabo las reformas necesarias para adecuar la normativa y la práctica mexicana a los compromisos internacionales asumidos por el gobierno. Esto último se traduce en la imposibilidad de que se aplique el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos.
Pese a que existen por lo menos 11 casos ante la CIDH justamente por la impunidad que genera la jurisdicción militar, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para cumplir con las recomendaciones ya emitidas por este organismo.
Asimismo se informará a la Comisión que existen varias iniciativas de ley presentadas ante el Congreso con el fin de modificar las normas que permiten que la justicia militar conozca de violaciones de derechos humanos. Además, informarán a la CIDH queeste mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer un amparo en el cual se solicita que declare inconstitucional el Código de Justicia Militar, a fin de que se comience a revertir esta situación.
Las organizaciones critican que los casos en los que la Procuraduría Militar asume la competencia sobre una violación a los derechos humanos terminan en la impunidad. En los últimos tres años, la Procuraduría Militar aceptó que sus agentes del ministerio público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos por militares contra civiles. Sin embargo, de éstas, únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez. Por otro lado, las organizaciones participantes no tienen conocimiento de ninguna sanción aplicada en el sexenio actual por violaciones graves a los derechoshumanos.
Dicha problemática se ha puesto en relieve ante el aumento significativo de violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos castrenses, llegando a la cifra de 1,230 quejas registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2008. Estas violaciones se dan en un contexto de militarización en un creciente número de comunidades, incluidas muchas comunidades indígenas, así como la criminalización de las acciones de los defensores de derechos humanos que abordan el tema.
Las organizaciones representadas en la audiencia serán: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBa), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (RedTDT).

POR FAVOR AYUDENOS A DIFUNDIR: otra vez ULISES!!!‏

¡ALERTA! ULISES RUIZ PREPARA ATAQUE CONTRA COMUNIDADES DE SAN JOSE DEL PROGRESO, OCOTLÁN, OAXACA.

Ante el fracaso del comisariado de bienes comunales , QUINTIN VASQUEZ ROSARIO y el presidente municipal VENANCIO OSCAR MARTINEZ RIVERA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO OCOTLÁN, de convencer a las comunidades de entregar sus tierras a la empresa minera canadiense CUZCATLÁN-INTREPID MINES, están reuniendo a un puñado de gente armada, llamando a una supuesta marcha hacia la mina que se encuentra resguardada por hombres, mujeres y niños de las comunidades del Valle de Ocotlán, con la intención de desalojarlos de manera violenta y justificar la intervención directa de las fuerzas represivas de Ulises Ruiz, en estos días en que el pueblo celebra la semana santa.

Esta acción está siendo organizada por el delegado de gobierno de la región y de la Secretaría de Gobierno del estado.

Con un baño de sangre el gobierno pretende imponer los intereses de las empresas mineras, en contra de la voluntad y decisión de los pueblos que saben de los daños ambientales que significa la instalación de las mineras en sus comunidades.

Ante esto, responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz de los hechos que puedan suscitarse en los próximos días en la mina de San José del Progreso y llamamos a las organizaciones y personas de buen corazón, de México y el mundo, a manifestar su repudio a estos nuevos atentados del criminal gobierno de Oaxaca.

Pedimos a todos estar alertas ante cualquier represión que suframos.

¡POR LA VIDA , DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA¡

COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca a 8 de abril del 2009

CARTONES DE LA JORNADA