sábado, 13 de noviembre de 2010

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Reforma a leyes del IMSS e ISSSTE, necesaria ante “lamentable actitud” burócrata, asegura experto

  • CDHDF intervendrá en caso del actor Felipe Nájera
  • Otorgan amparo a pareja de lesbianas
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 10 de 2010.
    “Las reformas a las leyes de seguridad social no eran necesarias porque las restricciones a la afiliación de las parejas del mismo sexo se deben a una interpretación discriminatoria de la propia institución”, señaló Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas en torno a la aprobación de la reforma que modifica las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
    El experto indicó que la reforma planteada por la diputada federal de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga Muñoz-, tuvo que presentarse ante la “lamentable actitud” del IMSS e ISSSTE de no reconocer los derechos de todos los trabajadores.
    En contraste, aseveró, otras instituciones de seguridad social como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, reconocen los derechos de estas parejas desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló constitucionalmente estas uniones.
    Por su parte, el actor Felipe Nájera, quien demanda la afiliación de su esposo Jaime Morales a los servicios de salud de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), refirió que la aprobación de la reforma en el Palacio Legislativo de San Lázaro es “un gran avance en la lucha por la seguridad social de las parejas del mismo sexo, pero falta lo que ocurra en el Senado”.
    Al respecto, Nájera, mencionó que en el Senado se encuentra María Rojo, secretaria de previsión social de la ANDA, quien no ha definido su postura en torno a su petición de afiliar a Morales, pero que espera, defienda la iniciativa en el Senado, y posteriormente, la aplique al interior de la asociación.
    El histrión añadió que estas medidas son de gran ayuda para parejas como la de él que luchan por el reconocimiento de sus derechos, pero que en la práctica deben recurrir a muchas instancias para lograrlo. De esta manera, señaló, su caso será tomado por abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
    Por último, la activista lesbiana Lol Kin Castañeda, de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, señaló que el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo ha transformado a la sociedad y evidenciado la discriminación existente en México por lo que, añadió, se sumará al cabildeo en el Senado de la República para que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados tenga un fallo positivo.
    Esta mañana, el juez 4 de distrito en materia de trabajo del DF, Rigoberto Calleja López, otorgó a Castañeda un amparo legal, el primero en su tipo, por medio del cual podrá afiliar a su cónyuge, Judith Vázquez, a los servicios del IM

    Activista transexual exige “disculpa pública” de alcaldía regiomontana

  • Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que policías municipales la detuvieron de forma “arbitraria” el 14 de febrero de 2009
  • Christian Rea Tizcareño
    México DF, noviembre 10 de 2010. A un año nueve meses de ser detenida de forma “arbitraria” por elementos policíacos de Monterrey, Nuevo León, y ser acusada de “prostitución en vía pública”, la activista transexual Vanessa Castillo Torres, exigió una “disculpa pública” del gobierno municipal, al que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 107/2009, el 21 de julio del año pasado.

    La recomendación insta a las autoridades de Monterrey a restituir los daños sufridos por Castillo Torres. El documento emitido por la CEDH fue aceptado por la Policía de Monterrey, la administración municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, en agosto de 2009.

    Así, las autoridades municipales iniciarían un proceso de responsabilidad administrativa en contra de los policías de la patrulla 526, Ángel Morón Gutiérrez y Adrián Vensor Flores, así como del juez Jorge Alberto López Gutiérrez, quien sancionó e impuso a Vanessa una multa de 600 pesos por atentar contra la “moral y buenas costumbres”, según la fracción X del artículo 19 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

    Vanessa fue detenida la noche del 14 de febrero de 2009. De esa fecha a la actualidad, han pasado dos administraciones municipales: la de Adalberto Madero y la hoy encabezada por Fernando Larrazabal, ambos alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

    A 21 meses de perpetrada la violación a los derechos humanos de Vanessa, autoridades municipales la citaron para devolverle los 600 pesos desembolsados esa noche, más 35 pesos con 6 centavos, monto que no aceptó Castillo Torres, pues la alcaldía jamás le emitió una “disculpa pública”.

    En entrevista telefónica, Vanessa explicó que si bien la violación a sus derechos humanos -documentada por la CEDH- fue ejecutada por la administración municipal anterior, el actual edil tiene que ofrecer una “disculpa pública”, no a título personal, sino a nombre del gobierno regiomontano, y generar así el antecedente de que la alcaldía respeta a los ciudadanos sin importar su orientación sexual o identidad de género.

    En cuanto al dinero, la activista informó que el jueves de la semana pasada fue a la oficina del tesorero de Monterrey, Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, para preguntarle, a través de un oficio, “¿cuál fue el parámetro referencial para tasar el reembolso de la multa impuesta, dado que se me dice que no tengo derecho a reparación del daño, invocando para ello los artículos 3 y 23 en su párrafo cuarto del Código Fiscal del estado?”

    El documento entregado a la Tesorería cita que el artículo 1825 del Código Civil local establece que “el Estado y los municipios tienen obligación de responder por los daños causados por sus servidores públicos en los términos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es solidaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, el municipio o el servidor público que corresponda”.

    El activista gay Mario Rodríguez Platas ha asesorado a Vanessa durante el desarrollo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 30/2009. Expuso que cuando ocurrió la detención, el salario mínimo en la zona era de 53 pesos con 26 centavos, y en consecuencia, “tuvieron que haberle cobrado 585.86 pesos (equivalente a 11 cuotas). ¿Por qué entonces 600 pesos? Esta cantidad es arbitraria e ilegal. Cobraron mal la multa, como si fuera un redondeo para darle a los niños computadoras”.

    Rodríguez, de la Fundación Diversitas, comentó que “Vanessa trabaja en un restaurante. Al día siguiente (de la detención) no pudo trabajar. Existe el lucro cesante (daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia o utilidad económica por parte de la víctima). Tienen que pagarle el salario mínimo de ese día”.

    El reembolso del dinero tiene que implicar una reparación del daño causado a Vanessa, así como una disculpa pública de la alcaldía por escrito. “¿O qué acaso por ser una transexual no se va a pedir?”

    El video donde Vanessa Castillo Torres, acompañada de activistas lésbico-gay, rechaza el reembolso de la multa está en la página: http://www.youtube.com/watch?v=fb0FwMD5Ts8

    Impulsan detección de VIH/sida y sífilis con prueba rápida “dúo”

  • Encuentran sífilis en 82 por ciento de pruebas VIH positivas
  • Leonardo Bastida Aguilar
    Manifestación de sífilis en manos
    México DF, noviembre 10 de 2010.
    De 570 pruebas de detección de VIH aplicadas en población masculina entre junio y agosto de este año, 78 resultaron positivas, de estas últimas 64 también detectaron sífilis, informó Martín Luna, coordinador del Centro de Atención Profesional a Personas con Sida (Cappsida).
    Aseveró que la cifra indica que 82 por ciento de las personas detectadas VIH positivas tiene como coinfección a la sífilis. Luna explicó que en la mitad de los casos, las personas se habían realizado una prueba de VIH con resultado negativo en menos de dos años, 20 en este año y 18 hace dos años.
    El activista añadió que en dos casos se encontró triple coinfección: VIH, sífilis y hepatitis B. Sólo en tres casos se detectó sífilis. A su vez, al interior de un grupo de 30 mujeres, se detectaron cinco mujeres con VIH y sífilis, y tres con sífilis sin VIH. En todos los casos se realizaron pruebas confirmatorias.
    Mencionó que durante esta etapa del proyecto “Realización de pruebas de VIH y otras ITS”, sólo se aplicaron exámenes de sífilis a las personas detectadas VIH positivas con el objetivo de detectar posibles coinfecciones. Sin embargo, a partir de estos resultados y la implementación de pruebas dúo, que permiten detectar VIH y sífilis mediante una sola toma de gotas de sangre, se aplicarán desde la primera vez a todas las personas que se acerquen a solicitar la prueba de VIH.
    En torno a los resultados, Luna indicó que la mayoría de las personas sólo se preocupa por prevenir el VIH pero no toma en cuenta que existen otras ITS por lo que considero importante difundir información sobre la sífilis, la hepatitis B o la gonorrea.
    “Se deben prevenir otras infecciones y hacer consciente a la gente que existen”, aseveró el activista, quien insistió en la necesidad de hacer llegar un mayor número de pruebas de detección de VIH y otras ITS a la población en general para reforzar las tareas de prevención. “Si te realizas este tipo de pruebas, te practicas un diagnóstico integral de tu salud sexual”.
    De acuerdo con el Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, hasta agosto de este año se han detectado mil 180 nuevos casos de sífilis en todo el país, de los cuales 519 corresponden a hombres y 661 a mujeres.
    Las pruebas de detección dúo se realizan los viernes de las 12:00 a las 15:00 horas en el módulo de Cappsida instalado en la Glorieta de la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y los sábados de las 12:00 a las 15:00 horas en el módulo de la Alameda Central, ubica en Doctor Mora y Avenida Hidalgo de esta ciudad.

    Aprueban diputados seguridad social para parejas del mismo sexo

  • La propuesta se turna al Senado para su análisis y discusión
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 09 de 2010.
    Con la finalidad de defender el derecho a la no discriminación y garantizar el acceso a la seguridad social para todas y todos los mexicanos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
    El proyecto –aprobado con 232 votos a favor, 58 en contra y 17 abstenciones-, pasará al Senado para su discusión y en caso de aprobarse, las parejas del mismo sexo gozarán del derecho a la seguridad social.
    Presentada por la diputada federal de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enoé Uranga Muñoz, y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, la justificación del proyecto de reforma señala que el artículo 5-A de la Ley del IMSS “genera confusión en su interpretación al realizar distinciones entre géneros al otorgar derechos que dependen de esta circunstancia”.
    En el pleno, la diputada abiertamente lesbiana indicó que la reforma de ley responde al espíritu del Bicentenario pues defiende la igualdad y la libertad de todos los mexicanos porque fomenta el derecho a elegir un proyecto de vida.
    Añadió que mediante estas iniciativas se reconoce a las familias diversas, las cuales no han podido acceder a sus derechos por las restricciones legales del IMSS e ISSSTE, aunado a que estos núcleos familiares han sido invisibilizados en las políticas públicas del gobierno federal, el cual, aseguró, no tiene un discurso sustentado en materia de no discriminación.
    La reforma propone que la fracción XII del artículo 5-A de la Ley del IMMS señale como beneficiarios del asegurado a “la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada y a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil o matrimonio con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su sexo, a la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes de la o el asegurado ó de la o el pensionado señalados en la ley”.
    A su vez, se adiciona la fracción XX, la cual define a la unión civil como “el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia”.
    Sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, el párrafo segundo de la fracción indica que “esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer”.
    Para evitar inadecuadas interpretaciones jurídicas se reformaron los artículos 64, 65, 66, 69, 84, 130, 132, 133, 137, 140 y 166 de la Ley del IMSS, y los apartados 6, 41, 70, 131, 135 y 136 de la Ley del ISSSTE a fin de que se puedan afiliar a la o el cónyuge como beneficiarios, y no sólo a la cónyuge, como lo señalan ambas leyes hasta el día de hoy.
    Sobre la próxima discusión en la Cámara de Senadores, Uranga Muñoz indicó que la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro ha dialogado con las fracciones PRD y PRI para lograr una postura en común que permita su aprobación en el pleno.
    La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sostuvo que la propuesta es “completa” y fue elaborada “por la sociedad civil organizada”.

    Luego de que el médico tratante Alberto Febronio Juárez se negara a atender a Doryan Edgar en el área de VIH del Hospital General de Zona (HGZ) número

    Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 09 de 2010.
    Luego de que el médico tratante Alberto Febronio Juárez se negara a atender a Doryan Edgar en el área de VIH del Hospital General de Zona (HGZ) número 32, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque “no tenía cita”, éste falleció cuatro días después a causa de un severo cuadro de neumonía.
    El pasado 31 de octubre, Doryan Edgar acudió al HGZ 32 porque llevaba más de 10 noches sin dormir debido a las taquicardias provocadas por los 39 grados de temperatura que invadían su cuerpo. Al llegar con Febronio Juárez, responsable del área de VIH de esa institución, éste se negó a atenderlo y lo remitió a la Unidad de Medicina Familiar número 46, donde le diagnosticaron candidiasis y le recetaron “un caldo de pollo” y fluconazol.
    El medicamento no estaba disponible en la clínica por lo que los padres de Doryan tuvieron que adquirirlo en una farmacia.
    Doryan Edgar, de 26 años de edad, fue diagnosticado VIH positivo en mayo de este año. A finales de septiembre acudió al HGZ 32 a realizarse sus estudios de carga viral y linfocitos CD4 para saber si era momento de iniciar la terapia antirretroviral. Luego de dos semanas regresó por los resultados. No los consiguió porque el personal del área de Química “se encontraba de vacaciones”. Ahí le aseguraron que los tendría el próximo 16 de noviembre.
    La noche del 2 de noviembre, los padres de Doryan recibieron la ayuda de la activista Silvia Carmona, quien les propuso acudir de inmediato al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). De inmediato aceptaron debido a que sus recursos económicos les impedían enviar a su hijo a una institución médica privada.
    Las radiografías tomadas por los médicos mostraban el pulmón derecho de Doryan Edgar con enormes espacios en blanco, síntoma inequívoco de que el órgano está gravemente dañado a causa de la infección.
    En el INER, los especialistas diagnosticaron “neumonía de focos múltiples”, enfermedad que finalmente le ocasionó la muerte el jueves 4 de noviembre, tal como se asentó en el certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud.
    Paradójicamente, ese mismo día, Gerardo del Carmen Reséndiz, jefe de urgencias del HGZ 32, le otorgaba a Doryan una incapacidad por cinco días. Para Silvia Carmona, Doryan no hubiera fallecido, si ese documento hubiese sido emitido desde el mismo 31 de octubre, fecha en la que se presentó a solicitar ayuda médica por primera vez.
    La activista por los derechos de las personas con VIH recordó que la Norma Oficial Mexicana 010, referente al VIH/sida, es explícita al señalar que los pacientes deben ser inmediatamente atendidos por especialistas debido a las complicaciones derivadas de un ineficiente sistema inmunológico.
    Esta no es la primera vez en que el médico Alberto Febronio, niega atención o medicamentos a los pacientes de la clínica 32. En abril pasado fue denunciado por Felipe Sánchez por no autorizar la entrega de raltegravir y darunavir, fármacos necesarios para mantener controlado el VIH/sida. http://www.notiese.org/imprimir_popup.php?ctn_id=3833
    Por último, Angélica, madre de Doryan advirtió que acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar la negligencia médica de la que fue objeto su hijo en los servicios de salud.

    Exigen a González Márquez‏

    Christian Rea Tizcareño
  • La organización católica Courage Latino asevera que la homosexualidad se puede "curar"
    México DF, noviembre 12 de 2010.
  • Courage Latino celebrará el próximo fin de semana en Guadajara, Jalisco, su primer lustro de predicar en México los dogmas del Catecismo de la Iglesia católica referentes a la homosexualidad: acoger a quienes sienten atracción hacia su mismo género; pero combatir, mediante el valor supremo de la abstinencia, los pecaminosos comportamientos no heterosexuales.
    El festejo de esta organización católica se llevará a cabo en el evento “Camino a la castidad”, auspiciado por la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, lo cual es “deleznable”, criticó en entrevista el diputado Raúl Vargas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local.
    Entre quienes convocan a “Camino a la castidad” está la asociación “Valora, conciencia en los medios”, a quien la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) estatal ha otorgado en los últimos dos años cerca de 1 millón 300 mil pesos para promover los valores familiares en la entidad, refirió el legislador, que solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la justificación, el propósito y mecanismos por los cuales la organización recibió el dinero gubernamental.
    El 21 de octubre pasado, el perredista subió al pleno local un acuerdo legislativo para exhortar a la administración encabezada por Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), a abstenerse de patrocinar actividades violatorias de la laicidad del Estado, así como a respetar y no discriminar a las personas homosexuales.
    Destacó que la homofobia ha sido una “práctica recurrente” en la administración del panista, quien recientemente confesó su “asquito” por gays y lesbianas en la Segunda Cumbre Iberoamericana de la Familia organizada por la Universidad del Valle de Atemajac.
    El acuerdo legislativo, aprobado en el Congreso de Jalisco por el PRD, con el apoyo de las bancadas del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México -que en conjunto forman “mayoría simple”-, también implicó un proceso penal contra el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, por el delito de “peculado”, pues según Vargas, el funcionario utilizó recursos públicos del estado “para fines particulares”.
    Guzmán Pérez Peláez negó haber promocionado el congreso de Courage Latino. “Dijo que había sido un funcionario menor, pero está obligado a denunciar quién usó la identidad de la dependencia a su cargo (para apoyar el evento). Lo obliga el artículo 170 del Código Penal”, argumentó el líder del PRD.
    El ponente magistral de “Camino a la castidad”, Richard Cohen, ha sido expulsado de diferentes organismos terapéuticos de Estados Unidos por pretender curar la homosexualidad. Reprimir esta orientación sexual puede desembocar en suicidios, alertó el diputado.
    Denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor
    En tanto, Rodrigo Rincón Jiménez, presidente de la organización jalisciense Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), demandó a Courage Latino México ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por considerar que la publicidad de “Camino a la castidad, encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas”, es “engañosa, confusa, inexacta, parcial, discriminatoria, abusiva y tendenciosa”.
    Precisó que el fundamento de su demanda son los artículos 1 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el 58, que establece: “el proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”.
    El activista no descarta denunciar penalmente a Courage Latino, después de concluido el evento, cuyo costo de entrada por participante es de 850 pesos mexicanos. “Si una persona que te ofrece un servicio o que te vende un bien, no cumple con lo que te está prometiendo o no reúne las características que te ofrecieron, se considera un fraude”.
    Courage firmó en 2008 un convenio contra la discriminación, pero ha incumplido, señala activista
    El guía espiritual de Courage Latino México, el sacerdote Donald Gene Wainwright, celebró el 20 de agosto de 2008, un convenio conciliatorio en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde el religioso de la orden de Trapa se comprometió a erradicar de la página electrónica http://www.courage-latino.org/, los contenidos que calificaban a la homosexualidad como una enfermedad.
    El presbítero radicado en el estado de Morelos, cuyo nombre religioso es “Padre Buenaventura Wainwright”, signó el convenio, luego de que la activista Mariaurora Mota, de la asociación regiomontana Género, Ética y Salud Sexual (GESS), interpusiera el 27 de septiembre de 2007 una queja contra Courage Latino México ante el Consejo, registrada con el número de expediente CONAPRED/DGAQR/593/07/DQ/II/JAL/Q268.
    Considerar a la homosexualidad como una enfermedad puede “ofender, ridiculizar o promover la violencia, el odio, rechazo, burla, injuria, persecución o exclusión”, argumentó Mota, quien recurrió al Conapred después de percatarse de que en la edición 2007 de “Camino a la castidad”, en Guadalajara, Jalisco, Courage Latino ofrecía “sanar” la atracción al mismo sexo.
    Según el convenio firmado en el Departamento de Investigación y Conciliación del Conapred, Donald Gene Wainwright, asumió tres obligaciones: informar en la página electrónica de este apostolado católico que la homosexualidad no es una patología; lograr que los dirigentes del grupo recibieran un “curso de sensibilización” impartido por personal del Consejo, y distribuir de forma impresa los artículos 1 de la Constitución, así como 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus conferencias, pláticas, talleres o seminarios.
    A más de dos años de efectuado el convenio conciliatorio, Mariaurora Mota considera que Courage Latino no lo ha cumplido. “En su página ya no se dice que la homosexualidad es una enfermedad; sin embargo, en sus discursos sí se maneja como una desviación o perversión, lo cual, no fue el acuerdo al que llegamos”.
    Es “desafortunado” que el gobierno de Jalisco apoye un evento que se contrapone al párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución que prohíbe la discriminación, opinó la activista.
    “La castidad es un tema que le compete a las religiones, no a los gobiernos. Habría que impulsar el establecimiento de un Observatorio de violaciones al Estado laico mexicano, para ponerle un reflector a todos esos actos que parecen inocentes o bienintencionados, pero que en realidad constituyen un atentado contra la separación entre las iglesias y la administración pública”.
    Católicos exigen respeto a la laicidad del Estado
    Para el teólogo fray Julián Cruzalta, las jerarquías de las iglesias están en su derecho de manifestar sus creencias, pero en un Estado laico como México es “gravísimo” y “muy riesgoso” que un gobierno pretenda imponer una determinada concepción de la vida a toda la población.
    Quien crea que su sexualidad se puede “cambiar” con la religión debe ser respetado; sin embargo, el Estado moderno democrático está obligado a garantizar la educación laica y científica. Por ende, sólo un gobierno “cavernícola del siglo XIX”, como el de Jalisco, puede atreverse hoy a financiar actividades de carácter religioso o convertirlas política pública, criticó.
    Ser gay “no te hace menos ante Dios”, expresó en entrevista telefónica Noé Ruiz Malacara, líder de la Comunidad San Elredo, integrada por homosexuales católicos de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, cuyo pastor es el obispo Raúl Vera López, reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos en México.
    El activista coahuilense reprobó que el gobierno de Jalisco pretenda inmiscuirse en la vida sexual de las personas, toda vez que México no es un régimen feudal, sino un Estado libre y soberano.
    Como católico, Ruiz enfatizó que “Dios es un Dios de perdón, amor y reconciliación, no de castigo y fanatismo. Cuando llegues al cielo no te va a juzgar por tu preferencia sexual. Te va a juzgar por tus acciones y los hechos de amor que hayas hecho en la tierra. Nosotros no promovemos sanar la homosexualidad, simplemente, el que la gente se acepte tal y como es, porque Dios te acepta tal y como eres”.
  • Mejorar el transporte urbano, vital para la sustentabilidad ecológica

    Mejorar el transporte urbano, vital para la sustentabilidad ecológica
    Fernando Camacho Servín
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 33

    El transporte urbano genera casi una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono relacionado con la energía, por lo que mejorar este rubro es fundamental para asegurar la sustentabilidad ecológica de las grandes ciudades latinoamericanas, que se caracterizan por ser extensas y dispersas.

    Así lo advirtieron los asistentes a la conferencia Transporte y cambio climático. No hay tiempo que perder, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Centro de Transporte Sustentable (CTS).

    La forma en que nos movemos por la ciudad, afirmó Gabriel Quadri, especialista en temas de gestión ambiental, está directamente relacionada con el diseño de ésta, y la mayoría de las grandes urbes de América Latina y de México tienen un carácter disperso, al estilo de las de Estados Unidos.

    Este modelo, contrario al existente en Europa, donde las ciudades son más compactas y densas, privilegia el uso del automóvil particular sobre el transporte colectivo, lo que resulta muy poco costeable en términos de gasto de energía, pérdida de tiempo y contaminación.

    En la actualidad, 21 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) del país son producidos por los vehículos automotores, pero este índice aumenta alrededor de 4 por ciento cada año, por lo que en 2020 podría significar la tercera parte del total de la polución.

    La dependencia al auto y la estructura urbana distorsionada, advirtió Quadri, ha llevado a que en los recientes 10 años el Metro de la ciudad de México haya caído de 12 a 5.5 por ciento en su prevalencia de uso.

    En sentido contrario, el carro particular subió de 12 a 30 por ciento; los taxis de 3 a 12 por ciento y los microbuses se mantuvieron con 45 por ciento de los viajes que realizan los capitalinos, es decir, casi 95 por ciento de los traslados se hacen por medios contaminantes, caros y poco efectivos.

    Para cambiar esta situación, el especialista recomendó dejar de subsidiar el precio de la gasolina –e incluso ponerle un gravamen extra–, y al mismo tiempo reducir el impuesto sobre la renta, además de cambiar el patrón urbanístico de la ciudad, para hacerla más compacta y de esa forma evitar los traslados excesivamente largos.

    El subsidio a los combustibles, aseguró, solamente beneficia a los sectores más ricos del país, y el eventual impacto inflacionario de esta medida no sería tan grave, puesto que ocurriría una sola vez y sus efectos se atenuarían gradualmente.

    Salvador Herrera, director adjunto del CTS, apuntó por su parte que es indispensable unir los temas de transporte urbano y cambio climático, puesto que uno influye de manera determinante en el otro.

    A pesar de que los autobuses, el trolebús y otros medios colectivos tienen mayor capacidad de movilizar a la gente sin gastar tanta energía ni espacio, los sucesivos gobiernos de la ciudad han invertido mucho más en infraestructura para los autos particulares, como es el caso de los distribuidores viales.

    De su lado, Juan Mata, director general de políticas públicas para el cambio climático, de la Semarnat, habló sobre la necesidad de los gobiernos locales para allegarse recursos destinados a proyectos de transporte urbano.

    En la próxima Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, a realizarse del 29 de noviembre al 10 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, se explorarán esquemas para que las ciudades inviertan en planes adecuados de movilidad, anunció el funcionario

    Urge Lujambio a crear órganos encargados de aplicar reglas sobre alimentos en las primarias

    Urge Lujambio a crear órganos encargados de aplicar reglas sobre alimentos en las primarias

    Critican que se trata de un programa incongruente que sólo se puede aplicar en zonas urbanas

    Emir Olivares Alonso
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 34

    A menos de dos meses de que entren en vigor los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los establecimientos de escuelas de educación básica, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, solicitó de manera subrayada a los secretarios de Educación de los estados su compromiso para la construcción de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), órganos conformados por padres de familia encargados de hacer cumplir esos acuerdos.

    Durante la 22 reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que se realizó en la SEP, Lujambio exhortó a sus pares estatales a dar cabal seguimiento y desarrollar las acciones enmarcadas en dichos lineamientos, los cuales entrarán en vigor en enero.

    Ante el exhorto del funcionario federal, el Conaedu aprobó que las autoridades estatales del ramo promoverán e impulsarán estrategias encaminadas a cumplir con el registro de estas instancias a más tardar el 30 de noviembre de 2010.

    Y es que de acuerdo con información oficial más de 126 mil de esos consejos, equivalente a 53 por ciento, aún no han sido instalados, además de que las entidades que tienen menor porcentaje de estos órganos son Baja California, el estado de México, Coahuila, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa.

    Aunque al final de la sesión –que fue privada– se aprobó la petición de Lujambio, en principio no fue bien recibida por algunos de los secretarios estatales de Educación. En corrillos, un grupo señaló que se trata de un programa incongruente, pues tal y como está planteado sólo se puede aplicar en zonas urbanas. En las sierras, donde el maestro también juega el papel de director o representante sindical, la conformación de CEPS será complicada.

    El titular de la SEP solicitó formar equipo con maestros, supervisores, directores y padres de familia en favor de la salud de los estudiantes. El seguimiento de ustedes a la aplicación puntual de este ordenamiento será fundamental. Les pido de manera subrayada la construcción de los CEPS, para estar en aptitud de darle seguimiento, precisamente, al cumplimiento de unas normas importantes para el futuro del país.

    Foto
    Alonso Lujambio ayer en la sede de la SEP; junto a él, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther GordilloFoto Roberto García Ortiz

    En entrevista, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo, descartó que en su entidad pueda crearse el CEPS en la fecha indicada. No se pueden hacer las cosas por decreto. Se acordó que al 30 de noviembre queden integrados todos los consejos escolares y juzgo difícil que se cumpla en todas las entidades federativas. Una cosa es el esfuerzo que hagamos, pero en el caso de Oaxaca tenemos un territorio muy extenso y muchas comunidades indígenas alejadas y que se rigen por usos y costumbres; entonces hay complicaciones para avanzar, y dudo que podamos alcanzar la meta en esa fecha.

    Otro de los puntos discutidos en el Conaedu fue la problemática de la deserción escolar en el bachillerato, que alcanza 16 por ciento. Este fenómeno vulnera las expectativas de desarrollo de los jóvenes y debilita las posibilidades de competitividad y desarrollo nacionales.

    Ante esa problemática, Lujambio propuso crear un modelo integral de atención y acompañamiento de los jóvenes que permita, mediante la instalación de un sistema de alerta temprana, atender a los alumnos para que superen el riesgo y la tentación de abandonar sus estudios medios.

    Los secretarios de Educación del país también acordaron impulsar una etapa de prueba para la detección y promoción anticipada de niños de educación básica con aptitudes sobresalientes o talentos específicos.

    Al respecto, el subsecretario de Educación Básica federal, Fernando González, explicó que se trata de una fase experimental que ubicará a estos menores, que se pretende generalizar en el ciclo 2011-2012. Dijo que se han detectado 2.5 millones de niños talento. Agregó que en el país existen 24 millones de estudiantes en educación básica. En este momento este programa atiende ya a 210 mil alumnos en toda la República, con más o menos 200 millones de pesos de inversión

    Detienen a sacerdote de Vilafamés, España, por poseer miles de archivos de pornografía infantil

    Detienen a sacerdote de Vilafamés, España, por poseer miles de archivos de pornografía infantil

    El cura fue liberado horas después por un juez, a condición de que comparezca cada 15 días

    Armando G. Tejeda
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 35

    Madrid, 12 de noviembre. El cura de Vilafamés, en el este de España, fue detenido hoy por la Guardia Civil, que encontró en su iglesia más de 21 mil archivos de pornografía infantil, informaron los medios españoles, que citaron a la fiscalía de la provincia de Castellón.

    La Guardia Civil española vigilaba desde hace un tiempo al cura en una amplia investigación sobre tráfico de pornografía infantil a través de Internet.

    Según la fiscalía provincial, el cura tenía en su computadora personal y en el recinto religioso diversos archivos digitales, de los cuales más de 21 mil contenían imágenes de menores de edad –la mayoría niños y bebes– sufriendo abusos sexuales.

    En lenguaje informático, el material incautado supone más de 600 gigabytes de memoria, lo que supone uno de los hallazgos más importantes en los años recientes.

    El prelado católico de 52 años de edad y cuya identidad no se dio a conocer, fue detenido durante unas horas y después de tomarle declaración el juez decidió ponerlo en libertad provisional con la condición de comparecer ante los tribunales cada 15 días.

    Al sacerdote se le imputa el delito de distribución de pornografía infantil, a la espera de una investigación más profunda sobre el origen del material filmado o fotografiado.

    El juez de guardia actuó en contra del fiscal, que solicitó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza, ante el riesgo de fuga y la alarma social que provocó el caso contra el sacerdote en la región.

    Este nuevo caso de un cura pederasta se suma a otro hallazgo reciente, en septiembre pasado, cuando fue detenido el valenciano de la Ribera Alta por abusar sexualmente de dos menores. El cura, una vez detenido y ante el testimonio de sus víctimas, admitió los hechos y el juez, para sorpresa e indignación de las familias de los menores, se limitó a decretar una medida cautelar de alejamiento tras dejarlo en libertad.

    También en mayo pasado, un integrante de la orden de los Carmelitas Descalzos de Castellón fue acusado por un monaguillo de abusos sexuales reiterados, en un caso que está siendo investigado por los tribunales.

    El fin de semana pasado, el papa Benedicto XVI realizó una visita de dos días en Barcelona y Santiago de Compostela, en la que atacó con dureza al laicismo radical, a las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, la investigación con células madres con fines terapéuticos, la legislación que autoriza la libre interrupción del embarazo e incluso, atacó el anticlericalismo que prevalece en España.

    A diferencia de sus visitas a otros países, Joseph Ratzinger se negó a reunirse con las víctimas de los abusos sexuales por parte de sacerdotes: ni siquiera pidió perdón –como sí hizo en Alemania y en Bélgica–, a pesar de la petición expresa de las asociaciones que representan a las víctimas de los abusos.

    Carlos Sánchez Matto, de la asociación Iglesia sin Abusos, expresó entonces que es preciso que los máximos dirigentes en una organización, que ellos mismos describen como claramente piramidal, asuman de forma clara sus responsabilidades, al tiempo que acusó a Ratzinger y a la jerarquía católica española de encubrimiento de los centenares de abusos todavía sin juzgar ni condenar

    Sólo simulación, la reforma de Calderón a la justicia militar, sostiene Rosario Ibarra

    Sólo simulación, la reforma de Calderón a la justicia militar, sostiene Rosario Ibarra

    El gobierno federal viola convenio internacional sobre desapariciones, opina la senadora

    Andrea Becerril
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 9

    La dirigente del grupo Eureka, la senadora Rosario Ibarra, coincidió con la posición de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos internacionales pro derechos humanos, de que la reforma al Código de Justicia Militar propuesta por el presidente Felipe Calderón es sólo una simulación, ya que permite que subsista el llamado fuero de guerra.

    La iniciativa debe modificarse a fondo, ya que permite que queden sin castigo los militares que torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de mexicanos en la llamada guerra sucia de la década de 1970, advirtió la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

    Hizo notar que su hijo Jesús Piedra Ibarra cumplió este año 35 años de que fue desaparecido por fuerzas del Estado y son los mismos años que se proponen para que prescriban los delitos de desaparición forzada en la iniciativa de Calderón.

    A su juicio, no es casual que el Ejecutivo haya establecido 35 años para la prescripción del delito de desaparición forzada. Lo hizo para dejar a salvo a los integrantes del Ejército, ya que el mayor número de casos de desaparecidos políticos se dieron entre 1969 y 1975.

    Explicó que el primero registrado por Eureka fue el caso del profesor guerrerense Epifanio Ávila Rosas, al que se llevaron en 1969 dos mandos del Ejército en la entidad, el mayor Antonio López Rivera y el general Miguel Bracamontes. Agregó que no sabe si aún viven, pero la familia de Ávila Rosas quiere justicia, lo que no se logrará si se aprueba la iniciativa presidencial.

    Ibarra de Piedra recalcó que el gobierno federal viola convenios internacionales signados por México, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, la que en el artículo séptimo define con claridad que tanto la acción penal como la pena judicialmente impuesta no están sujetas a prescripción.

    A su juicio, el fuero de guerra es un privilegio que vulnera el principio de igualdad de todas las personas ante la ley, ya que los militares que vulneran garantías fundamentales de civiles son juzgados en tribunales militares, que no garantizan imparcialidad, además de que los jueces son designados de manera exclusiva por el secretario de la Defensa Nacional, con lo que este último se convierte en superior jerárquico del acusador y del juzgador.

    Agregó que ella se ha pronunciado siempre por la desaparición del fuero militar o de guerra y no está de acuerdo en lo limitado de la reforma presidencial, que sólo permite juzgar en tribunales civiles la desaparición forzada, tortura y violación.

    Consideró que la propuesta de Felipe Calderón es sólo para tratar de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero es evidente que la iniciativa es una burla, ya que ese tribunal internacional ordenó al gobierno mexicano modificar a fondo el fuero militar.

    Por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que se tomarán en cuenta todas las inquietudes, ya que en un momento tan complejo como el actual, no se puede legislar al vapor una reforma de esa magnitud

    Indagatoria sobre corrupción incluiría a delegado panista del IMSS en el DF

    Indagatoria sobre corrupción incluiría a delegado panista del IMSS en el DF

    El ex diputado presume amistad con Calderón y controla varias zonas del instituto, señalan

    Ángeles Cruz Martínez
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 10

    Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre presuntos actos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrían que alcanzar al titular de la delegación norte del Distrito Federal, Efraín Arizmendi Uribe, panista, ex diputado federal, quien presume de su amistad con el presidente Felipe Calderón, lo que a decir de quienes lo han escuchado “explica el poder que ejerce y le permite controlar –además de la norte– adquisiciones y contratación de servicios de las delegaciones sur del Distrito Federal, oriente del estado de México, Guerrero, Puebla y Tlaxcala.

    Mientras, en el Seguro Social las autoridades siguen encaminadas en la ruta de alejar al instituto de las supuestas irregularidades puestas en evidencia con la difusión de conversaciones telefónicas entre dos ejecutivos de la industria farmacéutica, que se referían a una licitación del IMSS y las comisiones que un laboratorio supuestamente pagaría a cambio del contrato.

    Ayer, el organismo que dirige Daniel Karam informó que hizo del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) la conversación entre particulares en la que se refirieron a una licitación. Lo anterior, con la finalidad de que esta instancia ligada a la Secretaría de Economía determine si existe violación a la ley general en la materia.

    La comisión ya tuvo una participación previa de este tipo al sancionar a seis laboratorios farmacéuticos por haberse puesto de acuerdo en las ofertas económicas que harían al IMSS en licitaciones públicas.

    La resolución se dio a conocer en febrero pasado y en junio la Cofeco la ratificó luego de desechar los recursos de inconformidad interpuestos por Eli Lilly y Compañía México; Laboratorios Cryopharma; Probiomed, Laboratorios Pisa, Fresenius y Baxter. En esa ocasión la multa fue de 21.5 millones de pesos para cada empresa.

    Por separado, personas que han tenido contacto con Efraín Arizmendi Uribe, médico con especialidad en cardiología, aseguraron que para nadie es un secreto el poder que ejerce en varias de las delegaciones del IMSS. Para ello contó con la colaboración de César Mora Eguiarte, primero en la delegación norte del DF y luego como coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del instituto.

    De acuerdo con el currículum vitae de Arizmendi, que todavía se encuentra en el portal de Internet de la Cámara de Diputados, es miembro del PAN desde 1980, comenzó a laborar en el Seguro Social en 1988 cuando ingresó como médico de base y, a partir de 1992, como cardiólogo. En 2002 pasó al área administrativa como delegado del IMSS en la zona oriente del estado de México y luego fue diputado federal en la Legislatura 60 que concluyó en 2009.

    Quienes aceptaron comentar con La Jornada sobre la trayectoria de Arizmendi, mencionaron que él propuso a Mora Eguiarte para que ocupara la coordinación de la que fue separado el martes pasado, luego de que su nombre fue mencionado en las conversaciones telefónicas que sostuvieron ejecutivos de la industria farmacéutica sobre una licitación del IMSS.

    Los entrevistados, quienes solicitaron no revelar sus nombres por temor a represalias, aseguraron que para obtener y conservar los contratos para la compra de equipo e instrumental médico, servicios de mantenimiento, construcción e, incluso, guarderías, Mora Eguiarte recibía comisiones por el equivalente a 10 por ciento del valor de cada contrato.

    También explicaron que si bien existe una normatividad general para convocar las licitaciones, cada delegación las puede adecuar según sus necesidades o intereses.

    Por eso los delegados y responsables de las compras –como Arizmendi y Mora Eguiarte en la delegación norte del Distrito Federa– pueden hacer caso omiso de las recomendaciones que les envían desde las oficinas centrales del IMSS.

    Ese ha sido el caso de las licitaciones para la compra de víveres en la zona metropolitana del valle de México.

    Este es un asunto que, en lo inmediato, deberán resolver las autoridades porque a la fecha no ha iniciado el proceso para la contratación de este servicio para guarderías y hospitales, indicaron.

    Narro, seguro de un aumento de gasto en educación, pero aún será insuficiente

    Narro, seguro de un aumento de gasto en educación, pero aún será insuficiente
    Foto
    El gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y el rector de la UNAM, José Narro, en la ceremonia en la que quedó inscrita con letras de oro el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Muro de Honor de la sede del Congreso estatalFoto Notimex
    Carlos Camacho, Armando Cruz y Emir Olivares
    Corresponsales y reportero
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 12

    Pachuca, Hgo., 12 de noviembre. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, se mostró seguro de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que analiza el Congreso habrá un incremento a la educación superior, aunque no será lo que se necesita, pues estaremos todavía muy lejos de lo que hemos planteado para crecer realmente en la cobertura en ese nivel.

    Si en México hemos rescatado bancos y banqueros, ingenios azucareros, carreteras, ¿por qué no llega el momento de que rescatemos socialmente a quienes más lo necesitan', cuestionó.

    Narro Robles dijo que los niveles de desigualdad existentes en el país son una vergüenza colectiva y urgió a un cambio profundo, con visión de largo plazo, que dé sentido humano al desarrollo, con inversión en salud, empleos estables y políticas públicas claras y sustentables.

    Son muchos los mexicanos que están inconformes con el estado que guardan los asuntos públicos; con la pobreza y sus compañeras de viaje: la ignorancia y la enfermedad. Advirtió que la falta de oportunidades para jóvenes y grupos indígenas compromete el futuro de la nación, mientras los niveles de violencia e inseguridad nos hacen prisioneros del temor y limitan nuestras potencialidades.

    En su alocución, Narro Robles expuso que la realidad nacional se enmarca en un contexto caracterizado por el debilitamiento de los valores laicos y de la ética tradicional, así como por la pobreza, la desigualdad de siempre, la inseguridad y la violencia. Frente a este panorama, ratificó que la UNAM ha sido y seguirá siendo orgullosamente pública, nacional, laica y comprometida con las mejores causas del país.

    Añadió que la apuesta en favor de la construcción de un desarrollo más justo pasa por la educación, la ciencia y la cultura; por la inversión en salud, la generación de empleos estables y la construcción de políticas públicas claras, sustentables y de largo plazo.

    El rector habló con los reporteros al concluir la ceremonia en la que se inscribió con letras de oro el nombre de la UNAM en el recinto del Poder Legislativo, tras aprobarse el decreto 412, derivado de una iniciativa enviada al Congreso local por el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, con el propósito de reconocer el aporte que la máxima casa es estudios ha hecho a la sociedad mexicana en cien años.

    El gobernador resumió: Si la educación es una buena inversión, invertir en la alta calidad de la educación será todavía una mejor inversión. Recordó que la UNAM ha cumplido con su historia y destacó el hecho de que premios Nobel, como el químico Mario Molina y el escritor Octavio Paz, hayan pasado por sus aulas.

    Alianza con la Coparmex

    La UNAM y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se comprometieron a generar una alianza estratégica histórica para impulsar la vinculación de academia con el sector productivo. Además, se pretende crear centros de investigación auspiciados por ambas instancias.

    El jueves por la noche, Narro Robles asistió al consejo de integrantes de la Coparmex (es la primera vez que un rector se reúne con esta confederación), a quienes expresó la relevancia de construir proyectos conjuntos para impulsar el desarrollo del país.

    Subrayó que de no concretarse la vinculación academia-empresa México se estará equivocando. Entrevistado al final de la reunión, el rector manifestó que se necesita encontrar mecanismos que nos permitan trabajar juntos, identificar proyectos que sean de interés común y plantearnos opciones de solución que le pueda convenir a la sociedad mexicana.

    Avelino Cortizo, presidente de la Comisión de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la confederación, dijo que se firmará un acuerdo para impulsar centros tecnológicos Coparmex-UNAM en varios estados del país. El primero estará en Puebla

    Entrega el SME a diputados propuesta para crear empresa que sustituya a LFC

    Entrega el SME a diputados propuesta para crear empresa que sustituya a LFC

    Se integró un proyecto para que el suministro de energía en el centro del país no cueste al erario

    Fabiola Martínez
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 16

    El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregó ayer a los legisladores una propuesta financiera para fondear el arranque de una empresa que sustituya a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

    Sin embargo, el dirigente del gremio, Martín Esparza, aclaró que no están solicitando una partida presupuestal adicional porque integraron un proyecto –en términos operativos y financieros– para que el suministro de electricidad en la zona central del país no cueste al erario.

    El objetivo –dijo– es frenar el gasto de recursos públicos en el pago discrecional que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a contratistas para atender lo que fue la zona de influencia de LFC, organismo extinto por decreto presidencial del 11 de octubre de 2009. Esto ya es un tema de voluntad política, ya no es asunto de dinero, expresó Esparza.

    Tras una marcha del Hemiciclo a Juárez a la Cámara de Diputados, precisamente para entregar la propuesta, el dirigente informó también que a pesar de que levantaron el plantón instalado el pasado jueves frente a la construcción de la nueva sede del Senado, con el compromiso de un encuentro con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, hasta el momento no han recibido ninguna comunicación de Bucareli.

    Si bien satisfizo al SME que se analice formalmente en el Congreso su propuesta para la creación de una nueva empresa, Esparza advirtió que no permitirá que las autoridades se burlen de los trabajadores.

    “Nosotros aquí traemos una ‘redacción’ (texto) para constituir un fondo que permita resolver el problema de capitalización de esta nueva empresa”, dijo.

    Este fondo –agregó– evitaría nuevas programaciones de recursos para el proyecto; podrían tomarse incluso los más de 3 mil 400 millones de pesos, monto para la liquidación de 16 mil 400 trabajadores que permanecen en resistencia, así como los ingresos naturales por venta de electricidad. Eso es lo que capitalizaría al organismo y lo haría muy viable sin erogar un centavo más.

    –La Sedena está rechazando una ampliación presupuestal. ¿Ustedes cuánto necesitan para echar a andar una empresa que remplace a LFC?

    –Los salarios representan un gasto de 2 mil 500 millones de pesos al año –del contrato colectivo de trabajo de los 16 mil 400 trabajadores– y en inversión se requieren 5 mil millones anualizados. Esto es muy importante, porque permite que avancemos. Y bien administrada, con los ingresos por venta de electricidad es más que suficiente.

    –¿Pediría que les diera este impulso financiero con base en el dinero que está rechazando la Sedena?

    –No es necesario. Eso podría destinarse a escuelas y otros rubros.

    Ya van más de 100 días desde que levantamos la huelga de hambre en el Zócalo y ahora resulta que no hay una instrucción (de Gobernación) para realizar el proceso electoral en el SME, y, eventualmente, obtener el reconocimiento oficial a Esparza y su comité

    Exigen mineros se reabra indagación sobre el homicidio industrial en Pasta de Conchos

    Exigen mineros se reabra indagación sobre el homicidio industrial en Pasta de Conchos
    Alfredo Valadez Rodríguez
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Sábado 13 de noviembre de 2010, p. 16

    Zacatecas, Zac., 12 de noviembre. Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, demandó al gobierno de Felipe Calderón que se reabra la investigación por el homicidio industrial de 65 mineros en Pasta de Conchos, cometido por la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

    Está demostrado –dijo– que fue una irresponsabilidad, un acto inmoral haber abandonado en sólo cinco días a los 63 trabajadores sepultados por un derrumbe; ahora sabemos que el rescate de los mineros de Pasta de Conchos era más fácil que el de los 33 de Chile.

    En videoconferencia transmitida durante el seminario internacional Trabajadores contra la privatización de los sectores estratégicos, Gómez Urrutia denunció que Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en contubernio con Grupo México y Grupo Peñoles, busca imponer un nuevo sindicato minero blanco en todo el país, intentado derrocar a nuestro gremio democrático y combativo.

    Desde Vancouver, Canadá, donde se encuentra autoexiliado, Gómez Urrutia cuestionó la avaricia, la miseria y la mezquindad de Grupo México, así como el respaldo total que el gobierno de Felipe Calderón ha dado a esta empresa, aun después de la tragedia de Pasta de Conchos.

    “Hace cuatro años, Germán Larrea ocupaba el número nueve entre los más ricos del país; hoy es el número dos, y después de la tragedia ha seguido haciendo negocios adicionales: El gobierno y el Estado le han entregado más de 400 concesiones mineras para seguir explotando los recursos naturales, las tierras y la mano de obra de México, señaló.

    Asimismo, advirtió que el sindicato minero insistirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo –entre otras organizaciones– para que se reabra el caso de los mineros coahuilenses.

    Exigimos al gobierno federal que se reabra la investigación y se castigue a los culpables, para que se indemnice con justicia y dignidad a los deudos de Pasta de Conchos

    CARTON DE LA JORNADA