domingo, 2 de marzo de 2008

Se excluye de subsidio federal a municipios perredistas del país, según organización

Israel Dávila y Rubén Villalpando (Corresponsales)
Los mecanismos de distribución del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (Subsemum) castigaron a los ayuntamientos perredistas del país, entre ellos los mexiquenses de Nezahualcóyolt y Ecatepec, los cuales tendrán menos recursos que otros con menos población y sin tantos problemas de inseguridad.
Un estudio de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (que integra a los ayuntamientos perredistas del país) revela que este subsidio federal beneficia a los municipios panistas, por sobre los priístas y los perredistas.
Roberto Campa Cifrián, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descartó el viernes que los recursos asignados a 150 municipios del país tengan sesgo político; su distribución, aseveró, responde a la problemática que viven en materia de seguridad pública y a los recursos que tienen para enfrentar la delincuencia.
Pero de acuerdo con el análisis de esta organización, entre los 10 municipios que recibirán 104 millones de pesos cada uno de esta partida, seis están gobernador por panistas: Mexicali, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Mérida.
Otros tres cuyas autoridades también son panistas, San Luis Potosí, León y Morelia, accederán a 100, 91 y 82 millones de pesos, respectivamente.
En cambio, Nezahualcóyotl y Ecatepec, con mayor población, apenas recibirán 61 y 44 millones de pesos, respectivamente, aun cuando su problemática delictiva es mayor, igual que su población.
De acuerdo con el estudio, los 43 municipios panistas del país que serán beneficiarios del Subsemum ejercerán mil 383 millones este año; es decir, 38 por ciento del total, cuando gobiernan sólo 34 por ciento de la población beneficiaria.
A los 70 municipios priístas que accederán a este subsidio les corresponden mil 593 millones de pesos; es decir, 43 por ciento del total del programa, cuando gobiernan 38 por ciento de la población beneficiaria.
Los 36 municipios del PRD beneficiados ejercerán sólo 632 millones de pesos; es decir, 17 por ciento del total, cuando gobiernan 26 por ciento de la población beneficiaria.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el regidor priísta Arturo Domínguez Esquivel denunció que se utilizan criterios electorales y partidistas para asignar esos recursos, pues a esa localidad fronteriza, gobernada por el PRI, le dieron 104 millones de pesos, lo mismo que a la capital del estado, encabezada por panistas, a pesar de que tiene la mitad de la población y sus problemas de inseguridad son menores.
Lo más grave, dijo, es que de esos 104 millones de pesos se autorizaron 26 millones para publicidad. Otorgar al municipio de Chihuahua ese porcentaje elevado para promoción nos hace pensar que es cuestión electoral, pues el próximo año habrá comicios en la entidad.
Por eso, anunció, pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los diputados federales de la Comisión de Seguridad Pública revisar los criterios de asignación del Subsemum, porque no es posible que ante una necesidad tan importante como la seguridad publica, se asignen recursos para promover la imagen de un gobierno, expresó.
Ciudad Juárez, dijo, mejor comprará armas y patrullas con ese porcentaje, y no los usará para promocionarse.

Maestros disidentes deciden encarar en bloque a Gordillo

Laura Poy Solano
Con un llamado a la unidad del magisterio democrático para enfrentar el cacicazgo vitalicio de Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), maestros disidentes aprobaron la creación de una junta nacional de gobierno sindical que aglutine a los opositores de la lideresa, e iniciar la batalla “decisiva” por la democratización del gremio.
Reunidos en el Tercer Encuentro Nacional de Dirigentes del SNTE, al que asistieron líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Distrito Federal, valle de México, Chihuahua y Morelos, entre otros, se acordó organizar un congreso nacional de bases que permita formar un órgano de gobierno que represente los intereses de la base magisterial.
Entre los acuerdos destaca la solicitud de una auditoría de los recursos económicos otorgados al sindicato magisterial mediante programas de apoyo y capacitación para los docentes, entregados por la Secretaría de Educación Pública a Gordillo, de los cuales, aseguraron, “nunca ha rendido cuentas”.
Artemio Ortiz Hurtado, líder de la sección 18 de Michoacán, aseguró que la presidenta del SNTE, “ha controlado el destino de por lo menos 150 millones de pesos mensuales, producto de las cuotas de un millón de maestros, recursos que ha manejado en beneficio propio y de los suyos. Creemos que ha llegado el momento de que rinda cuentas; estamos seguros de que no podrá dar la cara ni a las leyes ni a los mexicanos; muchos menos a los docentes”.
Sin los dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, el magisterio disidente aseguró que la clave para “derrotar a Gordillo y sus huestes es la unidad de nosotros, porque ante el debilitamiento del gobierno federal y la creciente corrupción del charrismo sindical, la salida de la mafia que encabeza Gordillo y su presidencia vitalicia es inminente”.
Destacó que en los más de 18 años en que la camarilla elbista ha dirigido el SNTE “recibió más de 38 mil millones de pesos en cuotas sindicales; adicionales a los 104 mil 300 millones de pesos de los destinados para el programa de vivienda para los trabajadores del SNTE, así como mil 480 millones para la compra de computadoras destinadas a los maestros, las cuales nunca fueron entregadas”.
A ello se suman, aseguraron, mil 125 millones para capacitación docente, y 41 mil millones de pesos que el gobierno federal comprometió para la rezonificación por vida cara del magisterio en todo el país.
Paro de 24 horas en puerta
Como parte del plan aprobado, la disidencia impulsará no sólo la creación de una junta nacional, también la elección de delegados al congreso de bases con la organización de congresos seccionales, a fin de garantizar la representación de todos los centros de trabajo y delegaciones sindicales.
Entre las tareas inmediatas, se acordó participar este 6 de marzo en un paro de labores de 24 horas reforzar las acciones contra la nueva Ley del ISSSTE hasta garantizar su abrogación.

Llega a Juárez caravana contra privatización

Rubén Villalpando (Corresponsal)
Ciudad Juárez, Chih., 1º de marzo. Miembros de diversas organizaciones llegaron a Ciudad Juárez procedentes de varios estados del país en la caravana Francisco Villa, para protestar contra la privatización del sector energético que impulsa el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La caravana, integrada por organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, maestros de la Universidad Autónoma Metropolitana, simpatizantes del “gobierno legítimo”, disidentes del sindicato oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras agrupaciones instaló un plantón en la plaza de armas de Juárez.
Los activistas Miguel Sánchez, Ciriaco Alvarez, Gerardo Abelar y Fernando Olivas Quiroz, entre otros, informaron que planean reunirse en los próximos días con representantes de sindicatos de Estados Unidos, así como con Barack Obama, candidato a la presidencia de ese país.
Con el también senador demócrata de Illinois buscarán que impulse una política migratoria que beneficie a los mexicanos que trabajan en ese país; renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pedirle que su gobierno no presione para privatizar empresas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Encuentran respuesta
La caravana, de poco más de 50 personas, se encontró con el apoyo, en esta ciudad fronteriza, de maestros del movimiento Resissste, militantes del PRD y del grupo afín al “gobierno legítimo” que cuenta con su propia estructura en esta frontera.
Afirmaron los miembros de la caravana “que la intención del grupo en el poder es privatizar la energía en el país, ya que ahora se concesionan pozos y 30 por ciento de la electricidad es generada por particulares”.
Antes de llegar a Chihuahua, la caravana estuvo en San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, entre otras entidades.
Los participantes informaron que uno de sus objetivos principales al recorrer el país es “defender la soberanía energética, lo que es petróleo, electricidad y gas, además del agua, la explotación de los bosques, entre otros ejes”.
Agregaron que hay un doble discurso del gobierno federal, “ya que primero dice que no se va a privatizar nada, pero el 27 de febrero Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos, declaró que van a invertir 141 mil millones de dólares en el sector energético así como en recursos naturales”.

Exigirá el PRD en el Senado un informe sobre empresas de la familia Mouriño


Dentro de las acciones para frenar el intento privatizador del petróleo, la frracción del PRD en el Senado llevará a tribuna la exigencia de que se informe sobre las empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que han sido beneficiadas –al igual que consorcios eléctricos y gaseros españoles– con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía, señaló que Mouriño representa a “la mafia que pretende quedarse con Pemex” y por ello insistirán para que el órgano legislativo exija al gobierno federal la información sobre empresas contratistas y sus nexos con servidores públicos, así como comisiones millonarias a asesores financieros y legales, además de revisar y auditar la contratación de seguros en materia de riesgos, ya que hay evidencias de componendas y corruptelas.
Precisó que en el punto de acuerdo que subirá a tribuna este martes pedirá información específica sobre la empresa de la familia de Mouriño, a la que le consiguió contratos para transportar petróleo y otros servicios cuando presidió la Comisión de Energía.
“Vamos a exigirle a Pemex que nos informe sobre los contratos a la familia Mouriño y a empresas españolas. De manera específica, que proporcione los nombres de las personas morales y físicas y sus nexos con servidores públicos, que participaron en la “operación simulada de venta de los títulos representativos de Repsol que se encontraban en poder de la paraestatal”.
Esta operación, recalcó, es señalada como una fórmula más de las que emplea el área financiera de Pemex, en la participan instancias del exterior, entre ellas “agencias españolas que han brindado apoyos inusitados en tiempos electorales” al gobierno de Felipe Calderón.
El perredista resaltó que se debe transparentar la operación de Master Trust, un organismo fiduciario empleado por la administración de Pemex para mantener, al margen de la fiscalización tradicional, enormes beneficios y prebendas otorgadas a empresas financieras del exterior, “que sangran con tasas notoriamente excesivas a las finanzas públicas”.
Es imprescindible, dijo, una investigación “sobre la perversa manipulación de los activos petroleros para satisfacer los intereses de los acreedores extranjeros que gozan del privilegio y la cercanía de los operadores financieros de la paraestatal”.
La bancada perredista insistirá, agregó, en la urgencia de que el Senado solicite la revisión y auditoría de la contratación de seguros en materia de riesgo, ya que las pólizas de comisiones son por miles de millones de pesos y hay sospechas fundadas de que existen “componendas, abusos y negocios que hermanan a los asesores financieros con empresas extranjeras”.
Asimismo, es necesario que el Senado conozca, “de manera objetiva y sin artificios, cómo se distribuyen los excedentes petroleros”, ya que hay evidencias de que se han dilapidado esos recursos en el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de la administración de Calderón.

Saldrá el FAP a las calles para impulsar remoción de Mouriño

■ Temen legisladores que la PGR actúe en el caso como “tapadera”
■ Recurrirán a instancias internacionales si los delitos quedan impunes
Fabiola Martínez
El Frente Amplio Progresista (FAP) llevará el caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (señalado por este bloque partidista como responsable de tráfico de influencias), a las instancias de procuración de justicia, pero también iniciará “acciones políticas” para exigir la remoción del funcionario.
El FAP, integrado por PRD, PT y Convergencia, pretende encabezar manifestaciones y pronunciamientos en diversos sitios públicos para difundir las pruebas y argumentos que presentarán, en el transcurso de la próxima semana, ante la Procuraduría General de la República.
Como se ha difundido, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas documentos (del 29 de diciembre de 2003) en los cuales Mouriño, como representante de una de las empresas de su familia, firma un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fecha en que era, a su vez, coordinador de asesores del secretario de Energía (Felipe Calderón).
Desde el viernes en la noche, legisladores y dirigentes del FAP analizan el plan de acción ante estos hechos y no descartan realizar una clausura simbólica de la Secretaría de Gobernación.
El artículo 221 del Código Penal Federal establece diversas sanciones para el delito de tráfico de influencias, desde multas hasta la destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo o comisión públicos.
Sin embargo, los legisladores consultados –quienes sostuvieron la noche del viernes una reunión para analizar este tema– manifestaron que la PGR “sólo servirá de tapadera” del responsable de la política interna, de ahí que desde ahora planean llevar la denuncia a organismos internacionales.
El diputado Alejandro Sánchez, coordinador de asuntos económicos de la bancada perredista, dijo que han interpuesto otras denuncias penales –en contra del ex presidente Vicente Fox o el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes– y la PGR no ha actuado de manera imparcial.
No obstante, puntualizó, es necesario agotar las instancias nacionales para que, en tal caso, se amplíe la denuncia correspondiente a instancias regionales. En principio, insistió, estamos exigiendo la renuncia de Mouriño.
“Sería imprudente que, ante la agenda de conflictos que es necesario atender en el país, el secretario de Gobernación esté dedicando tiempo para defenderse; lo único que manifiesta con ello son síntomas de culpabilidad”, expresó el diputado perredista.
En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, candidato a la presidencia nacional del PRD, advirtió que Mouriño es “la síntesis de la política sucia” que se practica en el gobierno panista.
Dijo que las denuncias formuladas por López Obrador sobre los negocios de Mouriño al amparo de las administraciones panistas son inobjetables.
“Es patético que el encargado de la política interior del país mezcle la obtención de beneficios personales con la responsabilidad pública”, manifestó.
Durante su gira proselitista por Zacatecas, Ramírez Cuéllar se sumó a la demanda de legisladores del PRD de que renuncie Mouriño, para que pueda rendir cuentas sobre los millonarios contratos con Pemex que obtuvo cuando era servidor público en el sexenio foxista.

AMLO: la familia Mouriño posee ya 80 empresas, al amparo del poder público


Rosamorada, Nay., 1º de marzo. Los estragos que ha provocado el abandono gubernamental del campo y de las actividades productivas en la entidad, reflejados en la creciente pobreza, propiciaron una severa crítica de Andrés Manuel López Obrador hacia el régimen panista:
“¡Todo está podrido! Hay una gran corrupción en el gobierno, sobre todo a partir de que el PAN asumió el poder; entraron muchos empresarios a la administración y no saben distinguir la frontera entre el negocio privado y el público: lo están mezclando y utilizan el poder para favorecer inconfesables intereses personales”.
A pleno sol, mujeres y hombres provenientes de las comunidades de siete municipios que visitó López Obrador escucharon el reclamo contra el gobierno panista. Éste se endureció cuando fue abordado el tema del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“La familia de Mouriño tiene, al amparo del poder público, 80 empresas. Los panistas son unos verdaderos hampones, unos verdaderos delincuentes”.
Al responder a la pregunta en torno a la autodefensa del secretario de Gobernación, quien sostuvo que los señalamientos en su contra son ruines, el “presidente legítimo” replicó:
“Lo que estoy haciendo es acusarlo de tráfico de influencias y de otros delitos. Él debe desmentir con pruebas, debe aclarar con pruebas por qué firmó contratos con Pemex siendo funcionario público. Fueron contratos para beneficiar a su empresa familiar. Eso es lo que tiene que aclarar. Nada más”.
–¿Qué diferencia hay entre los gobernantes priístas y los panistas? –se le preguntó.
–Los panistas resultaron muy ambiciosos, muy rateros. No sólo es Mouriño, es Felipe Calderón, son los familiares de Mouriño y de Calderón.
“Son contratistas y, al mismo tiempo, son legisladores. Son corruptos, hay mucho tráfico de influencias. Es deleznable lo que está pasando, es urgente revisar lo que están haciendo los diputados, senadores y funcionarios del gobierno, porque todos están metidos en negocios” sucios.
Con ironía, respondió a los señalamientos de Juan Camilo Mouriño: “Anda diciendo que son acusaciones falsas y no sé cuántas otras cosas, pero no, nosotros cuando hablamos es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Él está obligado a aclarar por qué incurrió en tráfico de influencias, y si no lo hace, que se vaya, que es lo mínimo que podría hacer”.
López Obrador visitó siete municipios del norte de Nayarit, entre ellos Huajicori, uno de los más pobres de la entidad, en los límites con Durango y Sinaloa.
La humildad de quienes asistieron a esta cabecera municipal mereció una aclaración de López Obrador: “Vengo de abajo, de trabajar con la gente humilde. Siempre he pensado en la gente humilde. Ése es mi principal apoyo.”
En Tecuala, las familias de los campesinos que han emigrado a Estados Unidos le mostraron cartulinas de respaldo al movimiento que encabeza en defensa de Pemex.
En su gira, el político tabasqueño pidió a los habitantes de la entidad que no se rindan: “No podemos claudicar. Eso quisieran nuestros adversarios, que nos hiciéramos a un lado, pero nosotros tenemos la tarea de transformar a México.
“No vamos a aceptar que sigan desmantelando al país. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Si entregan el petróleo sería el acabose. Tenemos que defender lo que es propiedad de la nación. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos”, añadió.
Con enojo, insistió en acusar al gobierno de Felipe Calderón de “mentiroso”, porque argumenta que hace falta dinero para modernizar la industria energética: “Lo que hace falta es que se utilice en el bienestar del pueblo. El presupuesto es del pueblo, no es del gobierno ni de los funcionarios, pero ellos lo ocupan para subsidiar a las grandes empresas privadas”.
Al anochecer se dirigió al municipio de Tuxpan, donde trabajadores de la alcaldía mantienen una huelga a causa de los malos tratos y actitudes despóticas de Eduardo Valenzuela, quien fue desaforado el lunes pasado.
En ese sitio, López Obrador denunció que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, “por orden” de Mouriño, vigila sus actividades con cámaras de video.

CARTON DE LA JORNADA


VIDEOS: Pablo Moctezuma en el Buzón Ciudadano





Cortesía de AMLO TV

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