sábado, 28 de junio de 2008

NOTICIERO SDP 27-JUNIO-2008

27-JUNIO-2008

SOLO FALTAS TU




UNIVERSALIDAD DE LA REVOLUCIÓN CUBANA por José Steinsleger‏

¡HACIA EL 26 DE JULIO EN SOLIDARIDAD CON CUBA!antes, durante o después del acto en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo...VEN A VISITAR EL NUEVO LOCAL DEL MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA-DFMadero 71, 1 piso, int. 4 (a media cuadra del Zocalo)Puedes adquirir la propaganda (carteles y volantes) para la marcha del 26 de julio en solidaridad con CubaTambién, estarán a la venta una selección de DVDs sobre temas cubanos como los libros de la casa editorial Ocean Sur.También café y pastelitos.Reunión de la Comisión Organizadora de la Marcha del 26 de Julio: lunes, 30 de junio, 7pm, Madero 71, 1 piso, int 4REUNION PARA ORGANIZAR LOS PREPARATIVOS PARA LA MARCA EN EL ESTADO DE MEXICO: MARTES, 1 DE JULIO, 6PM, Madero 71, 1 piso, int. 4 ------------------------------------------------------------------------------UNIVERSALIDAD DE LA REVOLUCIÓN CUBANA por José Steinsleger Cuba, 1959. La revolución social trastorna la vida política del pueblo, enaltece el concepto de patria, plantea la defensa del país, libera las energías de la nación, cuestiona la naturaleza del Estado y su Constitución. Revisemos los siete términos empleados en la definición: sociedad, pueblo, patria, país, nación, Estado, Constitución.Toda "sociedad" (sociabilidad) responde a la necesidad de interacción del género humano y está formada por uno o varios "pueblos", voz que remite a "reunión" o "asamblea". La "patria", en cambio, conlleva fuertes y arbitrarias connotaciones emocionales. Elegimos "pueblo", pero no podemos elegir "patria", pues no es cosa de arbitrio escoger el lugar donde nacemos.Con menor carga emocional, la idea de "nación" alude a los nativos del "país", territorio más amplio y acotado en el que circulan los bienes, las mercaderías y los conocimientos que los pueblos intercambian entre sí. Un país es un mercado interno.El "Estado", por último, es la forma ideal concebida para regular la vida de un país. El cuerpo de leyes que lo armoniza se llama "Constitución", carta magna que expresa su carácter soberano.Pero en 1959 la sociedad cubana estaba partida en explotadores y explotados, sus pueblos padecían miseria y pobreza, la patria era el pretexto de los demagogos, el país se vendía al mejor postor, la nación carecía de orgullo y dignidad, el Estado ofendía el interés público y la soberanía era letra muerta de la Constitución.La Revolución Cubana fue auténtica porque fue romántica. Todas las revoluciones sociales lo han sido: la inglesa, la francesa, la mexicana, la rusa, la china; empezaron con acciones heroicas y desesperadas contra el despotismo y luego, conforme evolucionaban, la naturaleza de las cosas fue mostrando su lado no romántico, su lado clásico.¿Qué otorga autenticidad a una revolución? ¿El vigor de la revuelta? ¿La sapiencia de sus líderes? ¿El estado insostenible de las cosas? ¿La fe, la ideología, el anhelo de justicia, la esperanza? Ninguna revolución social es partenogenética. Sólo el pasado, la mirada crítica de sus actores sobre el pasado, garantiza la autenticidad de una revolución.Como el futuro puede ser imaginado por indiscernible, sólo se progresa regresando una y otra vez al pasado. Al desmenuzamiento consciente del pasado, y de lo pasado, actitud que permite afrontar los sufrimientos, contradicciones y desafíos de una revolución, conjurando las embestidas de sus enemigos y fortaleciendo los nexos de la sociabilidad.De las cinco revoluciones referidas, la cubana aportó algo más que la noción de democracia (Inglaterra), el ejercicio de los derechos políticos (Francia), el laicismo y la soberanía (México), el papel del proletariado (Rusia), el antifeudalismo (China). La revolución cubana observó que nada es posible sin solidaridad. Y durante medio siglo se tomó en serio aquello de que "patria es humanidad" (Martí).Hagamos a un lado el ditirambo. Según la periodista Marta Barés Gómez, en 45 años de revolución los médicos cubanos han salvado un millón 614 mil 383 vidas; atendido a 85 millones 99 mil 737 pacientes y realizado 2 millones 221 mil 712 intervenciones quirúrgicas. Actualmente, cerca de 31 mil profesionales de la salud trabajan en más de 70 naciones.El programa Operación Milagro le ha devuelto la vista a unos 2 millones de personas en Cuba y otros 20 países, sobre todo latinoamericanos. La ayuda médica ha estado presente en la atención a víctimas del terremoto de Pakistán (2005), las del tsunami del mismo año en Sri Lanka e Indonesia, inundaciones en Bolivia y el paso del huracán Mitch por Honduras y Guatemala.La efectividad del método audiovisual Yo sí puedo ha sido reconocida por la UNESCO, y aplicado en 24 naciones (incluida la región de Andalucía, España). En Venezuela, un millón 550 mil personas aprendieron a leer y escribir.Mediante el programa de becas del gobierno de Cuba, se han graduado en la isla un total de 50 mil 171 jóvenes procedentes de 129 países y cuatro territorios de ultramar en más de 33 especialidades universitarias y técnicas. De ellos, 26 mil 558 a nivel superior. Inclusive en los momentos más difíciles de la revolución, la isla mantuvo compromisos de colaboración con los jóvenes y su gobierno.La asistencia deportiva llega a una cifra superior a 100 naciones. Más de 15 mil especialistas del deporte cubano han brindado su colaboración en 102 estados. En la actualidad trabajan en el exterior más de 41 colaboradores cubanos en 97 países y seis territorios de ultramar, en esferas como salud, educación, vivienda, alimentación, agricultura, energía, medio ambiente y ciencia y tecnología, entre otras.Nada de lo apuntado ha sido perfecto o arbitrario. En el artículo 12 de la Constitución de la República de Cuba, dedicado a las relaciones exteriores, se afirma que dicha estrategia está basada en "el antiimperialismo y el internacionalismo". Gracias a ella, la Revolución Cubana tiene pasado. Sin ella, no tendrá futuro.

La Corte, obligada a defender el Estado laico en la controversia contra el aborto

La CDHDF defendió la constitucionalidad de la reforma; “se cumplieron tratados internacionales”
Jesús Aranda
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están obligados a defender el Estado laico y a dejar de lado sus creencias religiosas en el análisis sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación, coincidieron en señalar participantes de la última audiencia pública sobre el tema que organizó el máximo tribunal.
Por su parte, el diputado local Enrique Vargas Anaya cuestionó que debido a la participación de representantes de la Iglesia católica, organizaciones como Pro Vida y Opus Dei, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, quienes “ventilaron sus creencias religiosas personales”, el debate sobre el tema en lugar “de centrarse en el problema de salud pública que implicaba la interrupción del embarazo en condiciones de clandestinidad, y en la vigencia de un derecho reclamado históricamente por las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se convirtió en un debate por la hegemonía del pensamiento católico frente a la laicidad de nuestra sociedad”.
Un total de 15 representantes de diversas organizaciones sociales, de mujeres, legisladores y académicos señalaron que intentar obligar legalmente a las mujeres a tener un hijo en contra de su voluntad “es un acto ruin y alevoso” que violenta sus más elementales derechos y que declarar inconstitucional la reforma en el Distrito Federal en materia de aborto repercutirá negativamente en las condiciones de vida de miles de mujeres, principalmente de clases populares, “quienes tendrán que volver a la clandestinidad, asumiendo los costos que ello implica por el hecho de que ustedes (los ministros presentes ayer en la audiencia pública) hayan determinado que la Constitución de nuestro país les impone como único destino la maternidad o la persecución del poder punitivo del Estado”.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, argumentó la constitucionalidad de la reforma, al sostener que el gobierno capitalino simplemente dio cumplimiento a tratados internacionales firmados por México, en los que se recomendó a nuestro país “incluir el acceso efectivo a servicios de aborto seguro”.
Consulta al consejo
A diferencia de José Luis Soberanes, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin haber consultado al consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayer Álvarez Icaza destacó que “habiendo consultado con el consejo” fue que decidió comparecer para apoyar la reforma legislativa, e incluso acudió a la sede alterna de la Corte acompañado por varios de los integrantes de ese órgano.
Señaló también que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar en la materia y que “lo importante es que a nadie se le impone el deber de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sólo se hace posible una decisión individual, acorde con el sistema de libertades que establece el artículo cuarto constitucional”.
Pilar Muriedas Juárez, del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, respondió por su parte a quienes en audiencias anteriores defendieron la vida independiente del embrión.
“Aquí les decimos que dejen de preocuparse, que las mujeres sabemos perfectamente que no es lo mismo un embrión que un hijo o hija nacida. Que en ninguna parte del mundo un aborto de 12 semanas se entierra, ni se levanta acta de nacimiento ni de defunción. No se bautiza ni se le da extramaunción. Ni las mujeres, ni la sociedad, ni el Estado, ni las iglesias le dan el mismo trato a un embrión que a un niño o niña ya nacida.”
Al concluir la audiencia, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia destacó que en total participaron 80 expositores en las seis sesiones públicas, la mitad en favor y la mitad en contra de la despenalización del aborto. Comentó que, en su momento, el pleno determinará qué hacer con las solicitudes que no fueron incluidas (la totalidad para hablar en contra de la reforma), y que espera que una vez hecho este ejercicio de transparencia, la Corte esté en condiciones de resolver la acción de inconstitucionalidad en el segundo semestre de este año.

SERVICIO INFORMATIVO 460









Ciudad de México, 28 de junio de 2008

Servicio informativo núm. 460





PREPARA ROSARIO IBARRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GESTAPODeclaración de la senadora en conferencia de prensa, respecto a la Reforma Judicial
El 28 de mayo pasado, se hizo en el Senado la declaratoria de que la mayoría de los Congresos locales habrían aprobado ya la reforma en justicia penal, la llamada reforma judicial o más popularmente conocida como Ley Gestapo, y que por tanto ésta podría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, la semana pasada se publicó, completándose el proceso iniciado en diciembre pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó en primera instancia la mencionada reforma constitucional.
La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en el curso de vulnerar y limitar derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias. Como parte de ese proceso de vulneración de derechos humanos, la reforma de justicia penal viene, como ya hemos dicho antes, a legalizar lo que antes era ilegal. Traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ocurre en la práctica.
La aprobación de esta reforma introduce un nuevo elemento a la crisis de representación política de las instituciones, incluido ahora el Poder Legislativo y ya no sólo el Ejecutivo con un presidente espurio. Nuevamente muestra la contradicción entre una mayoría legislativa autoritaria y el interés y la opinión de una mayoría popular expresada en la movilización en las calles que no es representada por los “representantes populares”. Se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE y ahora en el intento de imponer la reforma energética.
En el caso de la reforma judicial se ha aprobado contra la opinión expresada también por muchos defensores de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso por las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que seguramente aumentó el enojo gubernamental contra esta oficina de la que finalmente lograron a sacar a su representante en México.
Desde diciembre pasado una minoría legislativa, minoría pero con gran peso y sobre todo reflejando a una mayoría popular movilizada, votamos en contra de esta reforma. A principios de año la creciente opinión pública opuesta a la reforma obligó a que la mayoría legislativa tuviera que retirar uno de los aspectos más ominosos de la misma relativa a los allanamientos, pero sin lograr impedir que el resto de la reforma continuara el proceso de aprobación.
Especialmente desde el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) ubicamos a la lucha contra la reforma judicial, junto con la iniciativa de una ley de amnistía para presos y desaparecidos políticos, como los dos ejes principales de movilización para este año.
A pesar de todo lo anterior, la semana pasada se ha publicado y promulgado esta nefasta reforma que pretende elevar a nivel constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu mismo de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en cuanto a lo que hasta ahora se han conocido como garantías individuales.
En este terreno destacan especialmente tres aspectos que dan la medida de la gravedad de lo aprobado:
1. Se constitucionaliza el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, al fortalecerse la práctica del arraigo se impone el criterio de que una persona es culpable o sospechosa y puede ser arraigada hasta que se demuestre su inocencia.
2. Se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y de la lucha social, así como de la solidaridad entre los que luchan en defensa de sus derechos.
3. Con esa definición de delincuencia organizada se crea un régimen especial, de excepción, tanto penitenciario como procesal, que permite prácticas de la época porfirista, como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya vimos durante la represión en Oaxaca en los últimos dos años. Con la diferencia de que con esta reforma estas violaciones a derechos humanos y otras durante los procesos penales ya no podrán ser impugnadas como anticonstitucionales.
4. La constitucionalización de la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un juez.
Los autoritarios y violadores de derechos humanos en el poder, que están el poder incluso violando la ley y la voluntad popular, seguramente celebran la promulgación y publicación de la reforma en justicia penal como un triunfo definitivo.
Nosotros decimos que la lucha no ha terminado. Seguiremos oponiéndonos y peleando contra estas reformas y el régimen que las ha impuesto. Nuevamente nos encontramos frente a la contradicción entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática.
Pero decimos que incluso todavía en el terreno legal hay una pelea que se puede dar. Escuchando los balances y preocupaciones expresadas por mis compañeros defensores de derechos humanos, por mis compañeros y compañeras del Comité Eureka! y la determinación de lucha del Frente Nacional Contra la Represión, así como la posición burlada de los legisladores que nos hemos opuestos a la reforma y al mismo tiempo estudiando y consultando la opinión jurídica de especialistas y asesores, me convenzo que todavía hay otro paso que dar en esta lucha.
Aunque se haya promulgado y publicado la reforma, es posible emprender una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Con todo y el desprestigio y desconfianza que ha generado la Corte y sus resoluciones ante otros reclamos de justicia, es un derecho que tenemos y debemos ejercer para no dejar un espacio de pelea.
Para interponer esta acción de inconstitucionalidad, que tendría la peculiaridad de denunciar no la contradicción de una ley secundaria con respecto a la Constitución, sino de una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y el núcleo central del contenido de la Constitución aprobada en 1917 en cuanto a derechos de la ciudadanía que hoy conocemos como derechos humanos, se requiere el apoyo de por lo menos un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados.
Para ejercer este derecho y evidenciar hasta sus últimas consecuencias la gravedad de la reforma aprobada es que hemos discutido y elaborado el texto para emprender la acción de inconstitucionalidad que ponemos a consideración de los legisladores a los que llamamos a suscribirlo y presentarlo ante la Suprema Corte, independientemente de las discusiones y posiciones que en el debate previo hubiéramos defendido, pero que hoy coincidamos en la necesidad de que se revise la inconstitucionalidad de la reforma en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos.
Llamamos a las y los diputados federales de cualquier grupo parlamentario a escuchar los reclamos y protestas de defensores y organismos de derechos humanos, de la acción y movilización del Frente Nacional Contra la Represión, pero sobre todo al compromiso con esa necesaria protección y vigencia de los derechos humanos que estaba implícita en el compromiso de defender la Constitución que hoy se está adulterando con la reforma, pero que ustedes habían jurado respetar, a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad. Con todo respeto pero con firmeza les pido que la suscriban. Muchos años defendiendo los derechos humanos en que nos hemos apoyado en postulados de la Constitución, están a punto de ser negados con esta reforma y les ha tocado, nos ha tocado, la responsabilidad histórica de hacer todo lo posible por impedirlo. Seguramente que sus electores, que los votantes que les eligieron y los que no votaron por ustedes pero que quieren ver su consecuencia democrática, están observando su conducta y exigiendo ser escuchados en éste y en otros temas cruciales estos días. Pero más allá de su responsabilidad ante los electores está también su responsabilidad consigo mismos y con una necesaria consecuencia democrática que incluye el respeto a los derechos humanos.
México, D. F. a 26 de junio de 2008.
ROSARIO IBARRA
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Fallo de la Corte no amaina jornadas de lucha contra la Ley del ISSSTE


En una nueva jornada de lucha, miles de manifestantes, maestros, politécnicos, electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas, mineros y trabajadores de los gobiernos federal y locales, así como del Poder Judicial, advirtieron a la administración de Felipe Calderón que continuarán las movilizaciones y la lucha legal hasta lograr la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además que no pasará la iniciativa para privatizar el sector energético.
Sobre Elba Esther Gordillo adelantaron su “expulsión definitiva” de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Congreso Nacional de Bases, que este 11 y 12 de julio efectuará el magisterio en un encuentro donde se tiene “el apoyo de más de un millón 300 mil mentores de un total de un millón 600 mil que integran el SNTE”, según los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Declararon, además, el inicio de la lucha contra la Alianza para la Calidad de la Educación, suscrita por el gobierno y el SNTE, la cual “implica un golpe a la educación pública y a los derechos laborales de los mentores, desde el nivel básico al superior”.
Artemio Ortiz, de la dirigencia de la CNTE; Agustín Rodríguez, del STUNAM; Hermelinda Hurtado, del SITUAM, y José Luis Vega, del Frente Sindical Mexicano (que agrupa al SME, UNT y varias agrupaciones), entre otros, aseguraron que para defender los derechos sociales ya adquiridos (jubilación y pensiones, los más sentidos) llegarán a la huelga nacional, este 1° de septiembre. “Vamos a reclamar lo que por ley nos corresponde como trabajadores”.
La movilización se realizó ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que calificó de constitucional, en lo general, la Ley del ISSSTE.
Pasadas las 10 de la mañana el contingente partió del plantón que se ubica frente a las oficinas centrales del ISSSTE, encabezado por la CNTE; según cifras de la policía capitalina se manifestaron mil 500 personas, mientras los organizadores calculan unas 5 mil.
De forma simultánea, inconformes con esa ley expresaron su repudio en 23 entidades del país; en Baja California Sur se bloqueó el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos.
Maestros de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y de otras entidades llegaron a la ciudad de México para manifestar su repudió a la resolución de la SCJN. Entre consignas de “Va a caer, va a caer, la reforma de Elba Esther” y “Los ministros de la Corte son una bola de torpes”, los manifestantes arribaron al Zócalo capitalino pasadas las 11:30 horas, para después realizar un mitin frente a la sede de la SCJN, que finalizó a las 13 horas.
En sus discursos, los dirigentes advirtieron que pese al dictamen de la Corte, “la batalla sigue” y emplazaron al gobierno federal, a los juristas y a la propia Corte a que respeten la Constitución y las instituciones. “Esta lucha va a llegar hasta la huelga nacional”, advirtieron.

Fracasó el programa del gobierno para privatizar Pemex: Monsiváis

Jesús Lastra Ríos (Corresponsal)
Coatzacoalcos, Ver., 27 de junio. El escritor Carlos Monsiváis sostuvo que fracasó el proyecto del gobierno federal para reformar el sector petrolero con fines privatizadores, y advirtió que debido a los errores del “PAN hecho gobierno” el PRI podría ganar las elecciones del año próximo, cuando se renovará la Cámara de Diputados federal.
Al dictar la conferencia magistral La sociedad en el México contemporáneo, en el teatro de la ciudad, el autor de A ustedes les consta precisó que el sueño de rapidez y entrega del grupo gobernante por “restaurar lo privado” ha fracasado de manera rotunda.
La reforma energética, estimó, debe darse pero con sentido nacionalista para iniciar la lucha contra la corrupción y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps, “tan apreciado” por el presidente Felipe Calderón.
Monsiváis –quien alabó el debate petrolero que echó abajo “el sueño pueril del grupo gobernante de restaurar lo privado”– expresó que la renta petrolera, es decir, los ingresos que obtiene el gobierno por la venta de crudo, “es un botín”. Por ello calificó de positivo el debate en torno a la reforma de Pemex.
El escritor, nombrado huésped distinguido por el gobierno de la ciudad, que le hizo un reconocimiento por sus 70 años de vida, convivió de manera breve con un par de grafiteros que le hicieron dos retratos.
Aseguró que nunca ha votado, simpatizado, pertenecido o creído en el PRI para reservarse “derecho de admisión”, y sentenció que por las pifias cometidas por el blanquiazul en el gobierno federal el Revolucionario Institucional podría resultar triunfador en las elecciones federales de 2009.

SERVICIO INFORMATIVO 459







Ciudad de México, 28 de junio de 2008

Servicio informativo núm. 459





Sumario:
I. Invita López Obrador a participar en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, mañana domingo a las 10 am en el Zócalo.
II. La disfrazada privatización de PEMEX ¡No pasará! (declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)
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INVITA LÓPEZ OBRADOR A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, MAÑANA DOMINGO A LAS 10 AM EN EL ZÓCALO
Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
A partir de las 10 de la mañana, se dará a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó ayer el presidente legítimo de México a través de los micrófonos del matutino “La Red” de Radio Red.
López Obrador adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas. La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista. La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos.
Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, “el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público. Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide, subrayó.
Asimismo, el dirigente de la izquierda mexicana añadió que “en su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad”.
En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista. “La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele”, puntualizó.
Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú. A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró.
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LA DISFRAZADA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX ¡NO PASARÁ!(declaración del Movimiento por la Unidad de los Socialistas)
Tan desprestigiada está en México y el mundo la palabra “privatización” (ya sabemos del fracaso y la corrupción resultantes de la privatización de los bancos, de Telmex o de las carreteras) que el gobierno espurio de Felipe Calderón no tuvo el valor de llamar a las cosas por su nombre y ahora dice que su reforma en materia petrolera no busca la privatización de Pemex. Nada más falso. Si le quitamos a Pemex la facultad exclusiva, como señala la Constitución, de explotar toda la cadena productiva y le entregamos a particulares la exploración, extracción y refinación del crudo, la petroquímica, el transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados, ¿estamos o no privatizando? ¡Claro que sí! Ahora resulta que los neoliberales privatizadores también nos quieren ver la cara de tontos.
La consecuencia inmediata de la posible aprobación de la llamada “reforma energética” sería desastrosa para la nación y para la mayoría de los sectores sociales que la integran. En primer lugar, significaría una grave pérdida de soberanía, ya que al entregar la parte estratégica de la cadena productiva de Pemex a manos extranjeras, éstas quedarían en capacidad de subordinar nuestra riqueza petrolera a sus necesidades, particularmente de Estados Unidos y su política belicista y despilfarradora. Pero no sólo en ese aspecto habría pérdida de soberanía: la entrada de esas compañías vendría asociada a la llegada de sus “ejércitos privados”, también subordinados a la CIA y al Pentágono, tal como viene pasando en Iraq o Colombia y como se esboza en el llamado “Plan México”.
En segundo lugar, significaría un auténtico “golpe de Estado constitucional”, ya que por medio de una reforma a una ley secundaria, se estaría trastocando todo el contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia petrolera y de toda la historia que les dio origen.
En tercer lugar, implicaría un grave deterioro en el nivel de vida de millones de mexicanos, ya que al ceder Pemex parte de la renta petrolera a particulares, el Estado dejaría de percibir 40 por ciento de sus ingresos y lo obligaría a reducir el gasto social o a aumentar los impuestos de los trabajadores.
En cuarto lugar, las propuestas del gobierno espurio están diseñadas para hacer más discrecional el manejo de Pemex, legalizar concesiones ilícitas a empresas nacionales y extranjeras y profundizar la corrupción sindical.
Finalmente, constituiría un golpe mortal al desarrollo científico y tecnológico de México en materia petrolera, ya que personal y tecnología de empresas extranjeras vendría a sustituir a científicos y técnicos mexicanos, significaría el cierre del Instituto Mexicano del Petróleo y la contracción de disciplinas universitarias como las de ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, etc.
Es por estas razones que amplios sectores de la sociedad están en proceso de convergencia para evitar lo que constituiría el verdadero “robo del siglo” y el regreso a las peores épocas del coloniaje imperialista sobre México. Sindicatos, organizaciones campesinas y sociales, estudiantes, intelectuales, sectores de la clase política y militar, pero sobre todo el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se están movilizando para tratar de impedir la consumación de este crimen. La toma de tribunas parlamentarias impidió la aprobación apresurada de estas reformas y obligó a la celebración del actual debate legislativo. Ahora este debate abarca todos los espacios de la vida nacional y la convocatoria a una Consulta Nacional para el próximo 27 de julio constituye un poderoso indicador de que el gobierno no la tiene fácil y de que existen amplias posibilidades de derrotar la propuesta gubernamental.
La realización de la Consulta Nacional del 27 de julio posee importancia histórica. Como bien señala la compañera Rosario Ibarra, existen decisiones políticas fundamentales que hacen a cada Constitución y que reflejan un pacto social histórico, que no pueden modificarse por votaciones de mayorías coyunturales o circunstanciales; es necesario el voto mayoritario del pueblo para modificarlas.
El precedente y significado de la opinión expresada por el pueblo el próximo 27 de julio serán, sin duda alguna, definitivos en la determinación del curso de nuestra nación en el próximo periodo. Una respuesta débil o contraria reforzará la ofensiva derechista en contra de los intereses nacionales, de las conquistas de la clase trabajadora, de las libertades democráticas y de nuestro nivel de vida. Por el contrario, una respuesta masiva a la Consulta que rechace la iniciativa privatizadora de Pemex evidenciará la ilegitimidad del grupo gobernante y servirá de poderoso acicate para los sectores que participan en la resistencia a la ofensiva neoliberal.
Si a pesar del rechazo popular, el grupo gobernante insiste en utilizar su mayoría para aprobar la reforma, estaremos ante una confrontación que pondrá a la orden del día la necesidad de realizar un Paro Nacional que no podría tener otro objetivo que el de impedir, a toda costa, la implementación de tal reforma.
Ante este escenario, los socialistas no tenemos ninguna duda en aportar nuestros modestos esfuerzos, sin sectarismo ni pretensiones mesiánicas, a la lucha por la defensa del principal patrimonio de la nación: el petróleo. Ello tampoco significa una integración subordinada y acrítica a dicho movimiento; proponemos la creación de un movimiento más amplio e incluyente, en donde las organizaciones sociales (sindicatos, Diálogo Nacional, agrupamientos democráticos, estudiantes, etc.) sean tomados en cuenta al igual que las organizaciones políticas. Proponemos la creación de un “movimiento de movimientos” que tenga la capacidad de imponer una nueva hegemonía a la barbarie neoliberal.
Además, sostenemos que el debate sobre el destino y uso del principal energético utilizado en México y el mundo debe abordar otros aspectos fundamentales que, hasta ahora, no han encontrado el debido interés.
1. El fin del petróleo barato y el sostenido crecimiento de los precios empuja al mundo hacia una nueva crisis global. Los patrones de producción, distribución y consumo basados en la irracional quema de combustibles fósiles están conduciendo al mundo hacia una catástrofe ecológica (“calentamiento global”). Ambas crisis y la intención de sustituir el petróleo por agrocombustibles contribuyen a encarecer los precios de los principales productos agrícolas y amenazan con hambrunas de proporciones bíblicas, algunas de las cuales ya son visibles en países de África y el Caribe. Los socialistas, totalmente comprometidos con una visión ecologista consecuente, proponemos iniciar acciones para la sustitución de los combustibles fósiles por energías alternativas, la eliminación de toda práctica productiva depredadora y la expropiación de las trasnacionales de la energía y de la alimentación, cuya actividad especulativa es, en gran medida, responsable de las mencionadas crisis.
2. Ahora que los principales países productores de petróleo —Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Noruega— se lanzan a recuperar este bien estratégico para utilizarlo como poderosa palanca del desarrollo nacional y de negociación, el gobierno espurio se encamina a una estúpida política entreguista. Ante este absurdo, los socialistas mexicanos hacemos un llamado para que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo vea más allá de “nuestras fronteras nacionales”. Es posible, incluso necesario, utilizar el arma del petróleo como elemento para alcanzar mejores relaciones comerciales entre los países productores, generalmente atrasados, y las metrópolis imperialistas. Ello requiere de la incorporación de México a la OPEP —de la cual hemos sido esquiroles en beneficio del imperio yanqui— y de la búsqueda de la integración energética con nuestros hermanos del resto de América Latina y el Caribe.
3. Proponemos una revolución fiscal que ponga fin al no pago de impuestos por parte de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Es fundamental exigir un fuerte impuesto progresivo, que grave hasta 40 por ciento de las ganancias del capital, para liberar a Pemex de la severa carga fiscal que le impide realizar las inversiones necesarias para dejar de exportar petróleo crudo en lugar de sus derivados. Ello redundaría en un sustancial incremento en el ingreso de divisas que compensaría una gradual reducción de la explotación petrolera a fin de garantizar el consumo de las generaciones futuras, forzar el desarrollo de tecnologías alternativas y reducir los peligros del calentamiento global.
4. Consideramos que debe fincarse responsabilidades penales en contra de todos aquellos que han participado en el otorgamiento de ilegales contratos de Pemex a particulares, en los actos de corrupción cometidos en su contra, así como realizar una auditoria a la deuda llamada Pidiregas antes de ser asumida por el Estado.
5. Los socialistas nos sumamos a diversas iniciativas provenientes de trabajadores petroleros democráticos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de investigadores y de sectores nacionalistas que pugnan por la integración de Pemex en una sola entidad vertical, por el aprovechamiento de los excedentes petroleros para su fortalecimiento inmediato, por concebir la electricidad y el petróleo como asuntos de seguridad nacional y por lograr la plena complementación con el sector eléctrico.
6. Nos declaramos incondicionalmente del lado de los trabajadores petroleros en la defensa de su empleo y de su Contrato, pero también por impulsar la plena democratización e independencia de su sindicato y la expulsión de la mafia que lo mantiene secuestrado y al servicio del gobierno.
México D.F. a 28 de junio de 2008
¡Todos y todas a la Consulta Nacional del 27 de julio!¡Unamos todas las resistencias en contra del neoliberalismo!
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CORREO ILUSTRADO


Por los derechos de los homosexuales
A 30 años de la primera marcha por los derechos de los homosexuales, hoy los integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros (LGBT) seguimos saliendo a las calles por el orgullo de vivir con nuestra orientación sexual e identidad de género como condición humana, y para exigir el reconocimiento y otorgamiento de nuestros derechos plenos de libertad, igualdad y seguridad jurídica, de acuerdo con los principios fundamentales que establece la Constitución para todos las y los mexicanos.
Exigimos que se aprueben todas las iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que reviertan el estigma, la discriminación y la homofobia, y las violaciones a nuestros derechos humanos que continuamos viviendo todos los días, desde nuestra casa, en la escuela, el trabajo, por parte de los órganos del Estado y por la sociedad en general.
Exigimos acceso a los programas de prevención del VIH/sida para todos y el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales. Exigimos que el Gobierno del Distrito Federal cumpla con la puesta en marcha de un programa de atención integral con políticas públicas transversales para la comunidad LGBT. Exigimos que los partidos políticos de izquierda asuman los principios de lucha por las libertades que les dieron origen y promuevan que los gobiernos que de ellos emanan cumplan con esos objetivos por el progreso social de México para terminar con todas las formas de discriminación.
Jaime López Vela, Froylán Yescas, Agenda LGBT, Flor y Canto, David González, Marco Medina, Miguel Soria, René Corona, Daniel Ramos, Ema Villanueva, Janice Alba, Gala Villanueva, Roshell Terranova, Tania Díaz, Alejandro Sandoval, María Correa, Marcela Figueroa, Agustín Estrada, Margarito Miranda, Alfonso Mendoza, Rebeca Véjar, Reyna Hernandez, Sandra Hernández, Juan Tubert Juan Carlos Escandón, Jorge Garcia Soto y Juan Mejía
Repudio a privatización
La fundación La Patria es Primero, AC, de ideología liberal, progresista, humanista y nacionalista, emite el siguiente pronunciamiento:
El proyecto de iniciativas tiene el claro propósito de ceder a particulares (inversión extranjera) el dominio de los recursos naturales estratégicos de la nación, como el petróleo y sus derivados, cuya explotación está reservada al Estado por disposición constitucional. Las iniciativas son contrarias al interés nacional e inconstitucionales, pues contienen una serie de subterfugios con los que se enmascara la clarísima pretensión gubernamental de privatizar los hidrocarburos y sus derivados, particularmente con las modificaciones planteadas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Rechazamos el intento privatizador del petróleo en todas sus fases de exploración, explotación, transformación en petroquímicos, refinación, transporte y almacenamiento. Si le reducen a Pemex la absurda carga fiscal impuesta, no hay razón para asociarse con inversión privada.
Apoyamos la consulta popular.Responsable: José Raúl Mejía Jiménez
Deslinde de integrantes del STUNAM
En relación con el desplegado que el Consejo General de Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el 19 de junio en la página 21 de La Jornada, titulado “Pemex debe ser patrimonio de la nación”, en el que se exhibe la indefinición que logró imponer el secretario general del STUNAM, que dejó sin acuerdo a nuestra organización sindical para participar en la consulta sobre el tema de interés general de la reforma energética, los que suscribimos, integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes, convocamos a los trabajadores académicos, administrativos, estudiantes, y en general a la comunidad universitaria, para que participen en dicha consulta ciudadana, que se efectuará el domingo 27 de julio.
Adrián Pedrozo Castillo, José Castillo Labra, Arsenio Castillo Jasso, Benito Cristóbal Ortiz, Leticia Arteaga Morita, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Alfredo Muñoz Gamboa, Teodora Sánchez Padilla, Samia Vázquez Santana, Irma Ruelas Negrete, Mario Enrique de la Rosa Cruz y otras 46 firmas
Noche mexicana en el Zócalo
Invitamos a hombres y mujeres libres a la noche mexicana para amanecer en el Zócalo y celebrar la asamblea nacional en defensa del petróleo con el presdiente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Los esperamos hoy sábado 28 desde las 18 horas en los Portales del edificio de la ALDF en el Zócalo. Vamos a compartir cena con los amigos que llegan del interior de la República y disfrutaremos la música de Alberto Arista. Informes:
www.florycanto.org.mx; 3184-9236.Cristina Sánchez, Antonio Dorantes, Giovanni Aguirre y Rafael Maldonado.

CORREO






Por los derechos de los homosexuales

A 30 años de la primera marcha por los derechos de los homosexuales, hoy los integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros (LGBT) seguimos saliendo a las calles por el orgullo de vivir con nuestra orientación sexual e identidad de género como condición humana, y para exigir el reconocimiento y otorgamiento de nuestros derechos plenos de libertad, igualdad y seguridad jurídica, de acuerdo con los principios fundamentales que establece la Constitución para todos las y los mexicanos.

Exigimos que se aprueben todas las iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que reviertan el estigma, la discriminación y la homofobia, y las violaciones a nuestros derechos humanos que continuamos viviendo todos los días, desde nuestra casa, en la escuela, el trabajo, por parte de los órganos del Estado y por la sociedad en general.

Exigimos acceso a los programas de prevención del VIH/sida para todos y el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales. Exigimos que el Gobierno del Distrito Federal cumpla con la puesta en marcha de un programa de atención integral con políticas públicas transversales para la comunidad LGBT. Exigimos que los partidos políticos de izquierda asuman los principios de lucha por las libertades que les dieron origen y promuevan que los gobiernos que de ellos emanan cumplan con esos objetivos por el progreso social de México para terminar con todas las formas de discriminación.

Jaime López Vela, Froylán Yescas, Agenda LGBT, Flor y Canto, David González, Marco Medina, Miguel Soria, René Corona, Daniel Ramos, Ema Villanueva, Janice Alba, Juan Carlos Escandón Guillén, Jorge García Soto Gala Villanueva, Roshell Terranova, Tania Díaz, Alejandro Sandoval, María Correa, Marcela Figueroa, Agustín Estrada, Margarito Miranda, Alfonso Mendoza, Rebeca Véjar, Reyna Hernandez, Sandra Hernández, Juan Tubert y Juan Mejía



Repudio a privatización


La fundación La Patria es Primero, AC, de ideología liberal, progresista, humanista y nacionalista, emite el siguiente pronunciamiento:

El proyecto de iniciativas tiene el claro propósito de ceder a particulares (inversión extranjera) el dominio de los recursos naturales estratégicos de la nación, como el petróleo y sus derivados, cuya explotación está reservada al Estado por disposición constitucional. Las iniciativas son contrarias al interés nacional e inconstitucionales, pues contienen una serie de subterfugios con los que se enmascara la clarísima pretensión gubernamental de privatizar los hidrocarburos y sus derivados, particularmente con las modificaciones planteadas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.

Rechazamos el intento privatizador del petróleo en todas sus fases de exploración, explotación, transformación en petroquímicos, refinación, transporte y almacenamiento. Si le reducen a Pemex la absurda carga fiscal impuesta, no hay razón para asociarse con inversión privada.


Apoyamos la consulta popular.
Responsable: José Raúl Mejía Jiménez

Deslinde de integrantes del STUNAM


En relación con el desplegado que el Consejo General de Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el 19 de junio en la página 21 de La Jornada, titulado “Pemex debe ser patrimonio de la nación”, en el que se exhibe la indefinición que logró imponer el secretario general del STUNAM, que dejó sin acuerdo a nuestra organización sindical para participar en la consulta sobre el tema de interés general de la reforma energética, los que suscribimos, integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes, convocamos a los trabajadores académicos, administrativos, estudiantes, y en general a la comunidad universitaria, para que participen en dicha consulta ciudadana, que se efectuará el domingo 27 de julio.



Adrián Pedrozo Castillo, José Castillo Labra, Arsenio Castillo Jasso, Benito Cristóbal Ortiz, Leticia Arteaga Morita, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Alfredo Muñoz Gamboa, Teodora Sánchez Padilla, Samia Vázquez Santana, Irma Ruelas Negrete, Mario Enrique de la Rosa Cruz y otras 46 firmas



Noche mexicana en el Zócalo


Invitamos a hombres y mujeres libres a la noche mexicana para amanecer en el Zócalo y celebrar la asamblea nacional en defensa del petróleo con el presdiente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Los esperamos hoy sábado 28 desde las 18 horas en los Portales del edificio de la ALDF en el Zócalo. Vamos a compartir cena con los amigos que llegan del interior de la República y disfrutaremos la música de Alberto Arista. Informes:
www.florycanto.org.mx; 3184-9236.
Cristina Sánchez, Antonio Dorantes, Giovanni Aguirre y Rafael Maldonado.

CARTONES DE LA JORNADA



En dos etapas se desarrollará la consulta pública sobre el futuro del sector energético, informa López Obrador

Convoca a los ciudadanos a participar en la asamblea informativa del próximo domingo, menciona

Es un tema de interés nacional y Calderón tiene el deber de consultar al pueblo, destaca
Asegura que Repsol es la empresa favorita del presidente pelele; le autoriza contratos millonarios

Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la Nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.

A partir de las 10 de la mañana, se darán a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó a los micrófonos del matutino
“La Red” de Radio Red.

El presidente legítimo de México adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas.
La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista, explicó.

La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto
Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos.

Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público.

“Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide”, subrayó.
En su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad, afirmó.

En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista.

La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele, puntualizó.
Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú.

A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró.

GDF: se instalarán 10 mil urnas para la consulta energética

El secretario de Gobierno, José Ángel Avila Pérez, informó que para la consulta en materia energética, que se llevará a cabo el próximo 27 de julio, se instalarán 10 mil urnas en tres mil 200 centros receptores de opinión en la capital del país.
Explicó en entrevista que para evitar que una persona vote dos veces, se solicitó ya al Instituto Politécnico Nacional (IPN) la fabricación de la tinta indeleble, toda vez que no se utilizará la Lista Nominal de Electores.

La consulta se efectuará de 8:00 a 18:00 horas y los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) conformarán un grupo de expertos con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el IPN para realizar las dos preguntas que se pondrán a consideración de la ciudadanía en torno a este tema.

Los rectores de esas instituciones de educación superior designarán a sus representantes, toda vez que los cuestionamientos deberán responder a los objetivos que persigue la consulta impulsada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Avila Pérez precisó que el próximo miércoles se conocerán las dos preguntas y destacó que los centros receptores de opinión se colocarán en aquellos lugares en los que tradicionalmente se concentra los domingos la población capitalina.

En la sede de un hotel capitalino dijo que al momento se han presentado cinco recursos que impugnan el convenio entre el IEDF y el gobierno capitalino para apoyar la consulta; sin embargo, dijo que a éste se sumará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

PAN y PRI pretenden a toda costa impedir la consulta en el Distrito Federal y en todo el país.
Sin embargo, ésta representa un paso relevante para la vida política del país, frente a una iniciativa que pretende hacer de lado la participación ciudadana, dijo.

No podemos posponer la extracción de crudo para hacer más refinerías: Kessel

La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez, descartó que puedan postergarse las actividades de extracción de petróleo crudo y, en su lugar, hacer refinerías.
“No podemos posponer la restitución de las reservas probadas y en su lugar construir ductos y terminales de almacenamiento”, dijo.

Pero inmediatamente apuntó: “tampoco se trata de seguir produciendo hidrocarburos y enviarlos al extranjero, como hoy ocurre, para que sean otros, no los mexicanos, no los ingenieros petroleros del país, quienes se beneficien por la transformación del petróleo y el gas”.

Al acudir con la representación presidencial a la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, la funcionaria consideró “absurdo” que actualmente México importe productos derivados del petróleo, y admitió que “no cualquier reforma resolverá seriamente y de la misma manera los problemas que estamos viviendo”.

Descartó que pueda hablarse de seguridad energética del país si cuatro de cada 10 litros de gasolina y uno de cada siete de diesel provienen del extranjero, si se importa uno de cada tres kilos de gas LP y uno de cada ocho metros cúbicos de gas natural, y “si solamente tenemos un día de inventario de petrolíferos en los periodos de alta demanda, particularmente en el centro del país”.

“De a muertito”

Kessel Martínez confesó a los ingenieros petroleros que esta administración pudo haber nadado “de a muertito” porque, de acuerdo con los cálculos que hicieron en materia petrolera, “no tendríamos problemas mayores en materia de abasto e ingreso”.

Pero como en menos de una década el país podría enfrentar el riesgo de una crisis energética –dijo–, “nuestra convicción y nuestros ideales han sido más fuertes y decidimos asumir nuestra responsabilidad en el presente y hacia el futuro”.

La secretaria de Energía afirmó que en los foros que realiza el Senado sobre la reforma, “ha quedado claro que nuestra propuesta cumple, en todo momento, con lo establecido en la Carta Magna”.

Puntualizó: “se trata, en primer lugar, de que México pueda frenar y, de ser posible, revertir la tendencia que estamos observando desde hace varios años sobre la caída en nuestra producción, que ya acumula más de medio millón de barriles diarios.”

En segundo lugar –continuó–, “sabemos que debemos elevar significativamente nuestra tasa de restitución de reservas probadas. Desde hace varios años, no hemos podido reponer al ciento por ciento cada barril de petróleo crudo equivalente que sacamos.

El año pasado apenas se restituyó medio barril respecto a lo que se extrajo en 2007.”

Como tercer punto, reiteró la declinación en que se encuentran los principales yacimientos de producción de crudo, “así como el hecho de que ya no se van a encontrar campos supergigantes en tierra o en aguas someras”, por lo que insistió en que en un futuro cercano, se tendrán que explotar yacimientos de mayor complejidad técnica y de más costo. Como cuarto y último punto, Kessel Martínez sostuvo: “es absurdo que este país esté importando productos derivados del petróleo.

“La reforma que estamos proponiendo responde a una visión integral del sector de hidrocarburos, y tiene como ejes rectores la transparencia y la rendición de cuentas.
Proponemos garantizar la exclusividad de la renta petrolera y de la rectoría del Estado, así como multiplicar la capacidad operativa mediante nuevos esquemas de contratación”, señaló.

Carrancá: legal, consulta sobre Pemex

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.

Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.

Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.

Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.

Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir

“Absurdo y lamentable, decir que no se considerará la consulta popular”

La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, no es portavoz del Senado, y sus declaraciones recientes, en el sentido de que no se tomará en cuenta la consulta popular para dictaminar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que prueba es “la desesperación de Felipe Calderón y sus funcionarios, al no poder posicionar sus iniciativas privatizadoras”, advirtió el senador perredista Arturo Núñez.

En esto coincidió el también perredista Ricardo Monreal, y ambos pidieron a Kessel no confundirse, toda vez que el acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas en abril pasado, al concluir la toma de las tribunas de ambas cámaras, precisa que al finalizar los foros de discusión se iniciará el trabajo legislativo, no que se procederá a votar la reforma.

Por separado, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, comentó que después de la conclusión de los foros de consulta –el próximo 22 de julio–, los integrantes de las comisiones dictaminadoras comenzarán a reunirse. Dijo que no podría calcular cuánto tiempo les llevará la discusión jurídica y la búsqueda de acuerdos en torno a los cambios que realizarán.

Cuestionado sobre la consulta popular que efectuarán los perredistas en algunos estados, consideró que todo partido tiene derecho a aplicar ese tipo de mecanismos ciudadanos, pero los senadores están en la obligación de legislar y llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las iniciativas de Calderón.

Integrante de las comisiones dictaminadoras, el senador Núñez consideró “absurdas y lamentables” las afirmaciones de Kessel de que se dictaminará la reforma de Pemex sin tomar en cuenta la consulta popular que se llevará a cabo.

“Esa decisión corresponde a los senadores, no a una empleada del Ejecutivo”, advirtió.
“Es evidente que en el gobierno de Calderón están desesperados porque no han logrado el respaldo para su reforma. Removieron incluso al coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel; trataron de desacreditar los foros de debate y ahora quieren modificar las reglas, al traer directamente a funcionarios de Hacienda y otros servidores públicos, porque no han encontrado a nadie que abiertamente dé la cara por una propuesta que pretende entregar el petróleo a intereses extranjeros”, destacó.

Por separado, Monreal Ávila comentó que a Calderón le preocupa también mucho la fuerza que ha ido cobrando el movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y de ahí “los desatinos del gobierno de facto”.

Adelantó que no se opondrá a la decisión de la Junta de Coordinación Política de hacer descuentos en los salarios de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que faltaron a sesiones el pasado periodo ordinario, por mantener las tomas de tribunas.

“En mi caso, si quieren rebajarme todo abril o todo el año, no tengo ningún inconveniente, porque con ese movimiento logramos detener que se aprobara al vapor la reforma privatizadora de Pemex”.

Resaltó que ha sido esencial la realización del debate en el Senado, porque en voz de técnicos, académicos y expertos en el tema se ha puesto de manifiesto que la propuesta de Calderón viola la Constitución y pone en riesgo el futuro del país al proponer que la renta petrolera pase a manos de trasnacionales.

Otro modelo de nación, lo que hay atrás de la reforma a Pemex

Al concluir el debate universitario sobre la reforma energética, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmaron que tras la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Ejecutivo federal prevalece no sólo un proyecto privatizador ajeno a los intereses del país y de los mexicanos, sino la consolidación de un nuevo modelo de nación en el que imperan los intereses de una nueva clase gobernante que cuenta con el apoyo del “poder de las finanzas y el monopolio televisivo”.

Reunidos en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario, para analizar el contenido de la reforma y sus consecuencias políticas, jurídicas y sociales, aseveraron que ante un escenario en el que los recursos petroleros se han convertido en factor estratégico para las naciones, entregarlos al capital privado sería lanzar a México a una aventura política, geopolítica, jurídica y social “que nos llevaría a un desastre nacional que habrá que impedir por todos los medios”.

Adolfo Gilly, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, manifestó que la reforma propuesta ha sido demolida “punto por punto”, ante los argumentos presentados en los debates públicos, en los cuales ha quedado claro que se trata de una “tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana”.

Esta nueva clase dirigente “de advenedizos”, agregó, representada en el gobierno de Felipe Calderón y del secretario de Hacienda Agustín Carstens, está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos “históricos, culturales, económicos y jurídicos” de México, con el fin de consolidar el orden social y político de la nueva riqueza financiera en “ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990”.

Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, insistió en que “aun reconociendo que los excedentes petroleros después del subsidio a los gasolinas sean de 4 mil millones de dólares como afirma la Secretaría de Energía, se tendrían recursos suficientes para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex)”, y enfatizó que en la propuesta del Ejecutivo no sólo se abre la puerta a la privatización de los hidrocarburos, sino a un mayor debilitamiento de la paraestatal.

Arnaldo Córdova, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), destacó que, de aprobarse las iniciativas presentadas por Calderón, “lo que tendremos será un aplazamiento de la reforma fiscal y el Estado seguirá financiándose de los magros recursos que obtiene de los causantes cautivos y de la riqueza petrolera en vías de extinción”.

Agregó que la modificación “no busca modernizar a Pemex, sino mantenerlo como hasta ahora, es decir, fuente de financiamiento fiscal, que llega a 40 por ciento del total de los ingresos del Estado”.

En tanto, Raúl Carrancá y Rivas declaró que ante una clara violación al artículo 27 constitucional, el presidente Felipe Calderón incurre en un acto “totalmente inconstitucional, que amerita juicio político, como un fuerte llamado de atención de la ciudadanía hacia una violación flagrante a la Carta Magna”.

Luis Javier Garrido, del IIS, aseguró que Calderón Hinojosa miente y engaña a los mexicanos con una “propuesta privatizadora y, con ello, comete un fraude a la Constitución quebrantando lo que Mariano Otero denominó el acuerdo fundamental de los mexicanos”.

Por ello, afirmó que ante el dominio inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos energéticos, el Ejecutivo federal “quiere burlarse de este principio constitucional”, por lo que, aseguró, con esta propuesta de reforma el mandatario queda como un “hombre mentiroso y profundamente descalificado”.

Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, pidió al Senado convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética, y llamó a la ciudadanía a participar en los esfuerzos de convocatoria popular que fortalezca la consolidación de la democracia en los grandes temas de la nación.
Al clausurar los trabajos de un encuentro que reunió a más de 90 especialistas de la máxima casa de estudios y a ponentes independientes, estudiantes y trabajadores universitarios, Sergio Alcocer, secretario general de la UNAM, calificó de “inédita” la realización del debate, al que acudieron, aseguró, 5 mil asistentes, cuyos trabajos serán entregados en las próximas semanas a los senadores para que los analicen.

Entre bandazos, se impuso en el IFE negativa de registro a dos partidos

El Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó ayer conceder el registro como nuevos partidos políticos a las agrupaciones Unión Nacional Sinarquista y Rumbo a la Democracia.

En el primer caso la votación fue unánime –por incumplimiento de requisitos–, y en el segundo, por seis contra tres.

En este último, la ruta titubeante del instituto para revisar el expediente aún dio vuelcos en la sesión, pues en la mañana, en reunión previa, de manera privada se tenía claro que cinco consejeros avalarían su registro, lo cual cambió de última hora.

Inclusive, el consejero Arturo Sánchez distribuyó un voto alterno en el que se concluía la procedencia del registro de Rumbo a la Democracia, lo cual tendría el aval de otros cuatro consejeros, con lo que se tenía mayoría sobre el dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, que lo negaba.

Los cabildeos de PAN y PRD motivaron que en horas se diluyera la intención de conferir el registro a la agrupación.

Contrario al voto alternativo que distribuyó entre los consejeros, finalmente Sánchez consideró “atendibles” los argumentos de Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade –quienes en comisiones avalaron el dictamen que cuestionaba la intervención sindical en la agrupación– y, junto con el cambio de opinión de Benito Nacif, configuraron la mayoría necesaria para rechazar el registro.

Con ello se consumaba la serie de bandazos que dio el IFE en torno a esta agrupación: un proyecto de dictamen original de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, en favor del registro, al que siguió el de la comisión, en sentido totalmente contrario; la circulación de un voto alternativo, que por la mañana contaba con la mayoría necesaria, y finalmente un viraje –en medio de las presiones partidistas– para rechazar el registro.

Argumentos de Valdés Zurita

Al justificar la decisión, el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita –quien siempre se opuso al registro– dijo, “no soslayemos que la calidad de nuestra democracia depende invariablemente de la seguridad jurídica que otorguemos a nuestro sistema de partidos.

“No es posible otorgar registro a Rumbo a la Democracia, ya que se contraviene en forma directa la voluntad del constituyente, expresada explícitamente en el proyecto de reformas a la Constitución, pues se actualiza el supuesto de intervención de una organización gremial con objeto distinto en la creación de un partido político”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Marco Antonio Gómez Alcántar, aseveró que “nunca más esta autoridad puede repetir la historia de validar entidades políticas sin plena representación y sin plena garantía del estricto cumplimiento de la ley”.

De nueva cuenta, como ha sucedido en algunas decisiones trascendentes que ha adoptado el IFE en esta etapa de transición de consejeros, aquellos que concluyen su encargo en agosto votaron en contra y cuestionaron el sustento legal de la negativa del registro.
Lourdes López aseveró:

“me preocupa profundamente, porque creo que se está vulnerando el principio de certeza y, en este caso, no estamos hablando de obligaciones de los partidos, sino de garantías individuales, del derecho de asociación”.

Andrés Albo y Teresa González Luna argumentaron en favor del registro; esta última consideró que en el dictamen no se probaban prácticas ilegales de Rumbo a la Democracia, pues de acuerdo con el mismo, “la pertenencia de tres personas a una dirigencia sindical constituye elemento suficiente para invalidar la posible decisión de miles de personas afiliadas”.

Subrayó que había inconsistencias y deficiencias en el dictamen.

“Posiblemente alguna o ambas organizaciones no sean de nuestro agrado; quizá hayan incurrido en prácticas indebidas, y hasta ilegales, pero mientras no se demuestre con absoluta certeza la violación a la norma, el IFE debe privilegiar una interpretación en favor de los derechos ciudadanos”.

Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade y Marco Antonio Baños argumentaron sobre la ilegalidad que representa la participación de dirigentes gremiales, que igualmente pretenden encabezar el nuevo partido.

Con el mismo argumento, Gómez Alcántar consideró suficiente “que se dé la intervención de un sindicato en algún requisito para configurar una actividad prohibida”.

Andrade destacó que la negativa a la participación gremial está en la legislación desde hace años, y sólo fue reforzada en la reforma anterior, para apuntalar la afiliación individual.

En Rumbo a la Democracia –insistió– “no se puede superar dicho elemento, que trastoca el principio constitucional”.

Benito Nacif dijo que la coincidencia de dirigencias entre sindicato y agrupación política genera dudas, por lo que, dada la trascendencia de la decisión y sus efectos irreversibles, “lo más conveniente es no otorgar el registro, con la expectativa de que finalmente llegará al tribunal electoral”.