viernes, 27 de noviembre de 2009

Noticiero SDP tarde 27-Noviembre-09

Tarde 27-Nov-09. Hoy hablamos acerca del documento para amparar a los clientes de la compañía LyFC contra abusos en el cobro por parte de la CFE, comentamos sobre lo que dijo ESPARZA, donde plantea algo que ya habíamos mencionado en el noticiero de la mañana referente a que la ciudadanía del centro del país firmó contrato con una compañía y ahora de facto la extingue el gobierno, también cometamos sobre las declaraciones de "JUANITO" quien dice que regresará a gobernar en Iztapalapa y demás temas.

Audio en MP3 dando clíck AQUÍ.

Audio: Carmen Aristegui 27 de noviembre de 2009




(Audio sin comerciales)



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Parte 2


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Audio Cortesia AMLOTV

www.amlotv.com.mx
Soberania Popular

Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV

Proponen acabar con la vida privada


Imagen de articulo




Por Félix Arredondo
27 Nov 2009


¡Cuidado! Que no se le ocurra dejar su casa sola y sin vigilancia. Su ausencia podría ser aprovechada, no solo por los delincuentes, sino también por la policía, que podrá entrar legalmente a su domicilio, sin que usted se entere, para instalar micrófonos ocultos.

Por insólito que parezca, en Los Pinos existe un Proyecto de Ley Antisecuestro que el presidente de la República podría enviar próximamente al Congreso.

La iniciativa con proyecto de decreto para la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, nada más está esperando la firma del presidente Felipe Calderón para ser sometida al análisis del Poder Legislativo.



Según la exposición de motivos, el proyecto pretende que "las leyes e instrumentos con los que cuenta el Estado para combatir la delincuencia sean acordes con la realidad".

De ahí que, entre otras novedosas facultades, el artículo 29 señala que "el Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".

¿En qué condiciones se podrán aplicar estas medidas? Basta el simple hecho de que usted o su familia sean sospechosos, a juicio de las autoridades, de estar involucrados en un caso de secuestro.



La nueva ley está plagada de preceptos que serían envidiados por la Gestapo, la Stasi y la KGB.

El proyecto de ley define en su artículo 6 lo que estaríamos obligados a entender por "inteligencia policial".

Señala que es "el conocimiento obtenido a partir de la recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la información para prevenir el fenómeno delictivo relativo a las conductas sancionadas en esta Ley".

Con esta amplísima definición, se pretende legalizar todos los procedimientos a los que hoy recurren las corporaciones policiacas para obtener información.

Dicho en otras palabras, la inteligencia policial aglutinaría todas las actividades de espionaje e interrogatorios que hoy realiza la policía al margen de la ley.

Si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por el Congreso de la Unión, serían legales las intervenciones telefónicas y a distancia, así como el allanamiento de domicilios para ocultar micrófonos.

Además, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier Ministerio Público del país sin mandamiento judicial.

Por si esto fuera poco, "la inteligencia policial" incluye la autorización para que los elementos policiacos se infiltren en las bandas de secuestradores y delincan impunemente.

Según la propuesta de ley, las instituciones policiales "producen la inteligencia", y para hacerlo, podrán hacer uso de cualquier método, pero sin "afectar en ningún caso las garantías individuales, ni los derechos humanos".

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El secuestrador y la privacidad

No deja de sorprender la pretensión de considerar secuestrador al asesor profesional contratado por los familiares de una víctima de secuestro, en caso de que dicho consultor no proporcione información a la policía.

¿Que acaso no está claro que las familias de los secuestrados recurren a asesores privados precisamente porque no se puede confiar en la policía?

Además, aunque ya lo hace la policía, este proyecto de ley pretende legalizar la violación del derecho a la privacidad.

Para nadie es un secreto que las policías mexicanas recurren a la intervención telefónica, no solo para investigar delitos, sino también para allegarse información política y de todo tipo.

Aunque las leyes mexicanas ya prevén la intervención de las telecomunicaciones como parte de la investigación de determinados delitos, y en circunstancias especiales, la iniciativa del presidente pretende "legalizar" todo tipo de intromisión en la vida privada de los ciudadanos.

Ahora la policía no tendrá que limitarse a escuchar conversaciones, sino que también podrá grabarlas. Y ni siquiera será necesario probar que la persona espiada es delincuente. Basta partir de ciertos indicios, como la información revelada a través de una llamada "anónima" y que supuestamente fue corroborada por la policía.

Pero la violación del derecho a la privacidad no para ahí. También se faculta a la autoridad para pedir toda clase de información a las empresas de servicios de telecomunicaciones.

Estas compañías estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier funcionario autorizado por el Ministerio Público federal o local. Esto se podrá hacer sin que exista una autorización judicial.

Cualquier agente del Ministerio Público podría tener acceso a todos los números telefónicos vinculados a una persona, tanto llamadas hechas como recibidas. Y toda la información estaría a su disposición: nombres, domicilios, horarios, etc.

Con estos datos se podría construir fácilmente el conjunto de relaciones de una persona.

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Big Brother

Si usted está hablando por teléfono en su oficina, en su auto o hasta en su casa, cuídese de decir algo que un "inteligente" policía pudiera interpretar como un asunto vinculado a una conducta delictiva, que no necesariamente tendría que ser un secuestro.

Y es que de acuerdo con la propuesta de la nueva Ley Antisecuestro, las grabaciones obtenidas "producto de la inteligencia policial", deberán formar parte de otras averiguaciones previas en caso de que el Ministerio Público considere que se han cometido otras conductas delictivas.

Una plática con su asesor fiscal, por ejemplo, pudiera ser interpretada como una tentativa de defraudación fiscal.

En caso de ser aprobada la ley, ni siquiera los secretos de confesión estarán seguros, ya que los sacerdotes estarán obligados a revelar las confidencias de los fieles cuando la autoridad considere que dicha información puede poner en peligro la vida de alguien.

En esos casos, los sacerdotes ya no podrán acogerse a la excepción que establecen los artículos 243 y 243 bis del Código de Procedimientos Penales.

Lo mismo va para los abogados, periodistas y todos aquellos que, debido a su trabajo, pudieran tener, a juicio de la autoridad, información relevante para resolver ciertos casos.

Además, los elementos policiacos también podrían actuar como delincuentes si la propuesta de ley es aprobada.

En caso de que los "agentes infiltrados" sean detenidos en la comisión de algún delito, no podrán ser sancionados porque estarían cumpliendo con su deber, según la ley.

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La 'nómina' del 'soplón'

El "soplón" a sueldo deja de ser un personaje de las películas hollywoodenses, para convertirse en un personaje real de la investigación criminalística mexicana.

Conforme a la iniciativa, el soplón tendrá derecho a recibir una recompensa, pero nadie sabrá su identidad, solo el Ministerio Público.

La ley también propone la cadena perpetua para los secuestradores y el uso de un brazalete electrónico para los delincuentes que hayan compurgado una sentencia por este delito.

Dado que el Ejecutivo propone esta ley como reglamentaria de la Constitución General de la República, sería de observancia general en todo el país en caso de ser aprobada.

Por lo tanto, todas las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, estarían obligadas a su observancia, con independencia de lo que dispongan las leyes locales.

¿Habrá alguien que de verdad piense que estas disposiciones ayudarán a abatir el secuestro?

¿O nos encontramos ante el riesgo de que las bandas de la delincuencia organizada, muchas de ellas instaladas en las corporaciones de seguridad, sean dotadas de más instrumentos e información para seguir actuando impunemente?

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Víctimas de la ley



Esta historia no es real, pero podría serlo.

Sus personajes son acechados por una ley que no alcanzan a entender.


Son víctimas de un sistema que invade su vida personal. Los sigue, los espía y los condena sin haber sido declarados culpables.

Esta ley no es una fantasía. Es parte de un proyecto que está a punto de ser enviado al Poder Legislativo para su aprobación.

Si el Congreso da el visto bueno a dicha iniciativa, esta historia podría sucederle a cualquiera, no sólo a los Cuéllar.

Es difícil creer que en el México del siglo 21 alguien se atreva a proponer una ley como esta.

Ojalá que este artículo sirva para hacer reflexionar a quienes tienen la obligación de impedir que se convierta en realidad la pesadilla de los Cuéllar. Ojalá que hagan lo necesario para poner fin a la pesadilla que ya sufrimos todos por vivir en un México secuestrado.





La madrugada del 26 de diciembre, la familia Cuéllar viajaba en su suburban rumbo a San Antonio, Texas. Tenían planeado pasar el fin de año en el "otro lado".

Los Cuéllar nunca se imaginaron que tan pronto ellos salieron de su casa, un grupo armado se introdujo sigilosamente a su domicilio.

Cuando apenas habían avanzado unas cuantas cuadras, Roberto se dio cuenta de que había olvidado su pasaporte. Se dio vuelta en "u" para regresar a casa.

Cuando faltaban pocos metros para llegar, notó que algo raro ocurría en su domicilio.

Había alcanzado a percibir un fugaz destello la luz, como de una linterna, en una de las recámaras del segundo piso.

Por fortuna, en ese momento pasaba una patrulla de la Policía Municipal, así que Roberto pidió ayuda.

Pronto la casa fue rodeada por varias patrullas, y los intrusos fueron sorprendidos in fraganti dentro del domicilio.

Sin embargo, para sorpresa de los policías municipales y del propio Roberto, los que actuaban como delincuentes en realidad no lo eran.

Los hombres vestidos de negro y con capuchas resultaron ser policías federales. Mostraron una orden expedida por un juez federal que los autorizaba a entrar a la casa.

Roberto no salía de su asombro. Los policías municipales tampoco.

¿Por qué un juez federal había permitido allanar su domicilio en su ausencia?

Ya dentro de su casa, Roberto encontró otra desagradable sorpresa. Los policías federales habían empezado a instalar micrófonos.

La orden judicial también los autorizaba a colocar estos dispositivos para grabar las conversaciones de Roberto y su familia.

Roberto exigía una explicación, pero los elementos federales guardaban silencio.

"La ley nos impide comentar cualquier cosa al respecto", decían. Y no mentían. El artículo 17 de la nueva Ley Antisecuestro se los prohibía.

Esa ley permitía a la policía solicitar una orden de cateo para "investigar". Y lo podía hacer basada solo en "indicios", como una llamada anónima. Claro, "corroborada" por la policía según la ley.

De acuerdo con el artículo 26 de la nueva ley, "el Ministerio Público recibirá las denuncias y reportes anónimos que le sean presentadas respecto de las cuales realizará las diligencias respectivas en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Y no es que Roberto fuera culpable. No. Solamente era sospechoso. Y en razón de ello se autorizó una orden de cateo que incluía la autorización para entrar subrepticiamente e instalar micrófonos.

A los Cuéllar, como a miles de familias de México, la aprobación de esa ley les había pasado de noche.

Sabían que se había aprobado una ley para castigar a los secuestradores con cadena perpetua. Sin embargo, nunca se imaginaron que aquella legislación contenía disposiciones tan aberrantes como la del artículo 29:

"El Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".

Roberto no era un secuestrador. Ni la policía, ni el Ministerio Público tenían evidencia de que lo fuera. Simplemente era un sospechoso.

¿Qué hubiera pasado -se preguntaba- si hubiera entrado a su casa sin advertir la presencia de aquellos tipos?

¿Su familia y él mismo podrían haber sido heridos? ¿Alguien podría haber muerto, o él podría haber matado a alguien en su propia casa?

Pero eso no era todo. Roberto nunca imaginó que todas sus conversaciones telefónicas habían sido grabadas.

Un juez federal había autorizado a la Policía Federal a invadir la privacidad de Roberto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la nueva ley:

"El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades federales facultadas en Ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas".

¿En qué país vivo?, se preguntaba Roberto. ¿Acaso esta policía es como la Gestapo, la Stasi o la KGB?

Pero aquello no era más que el principio de una pesadilla que habría de ocurrir seis meses después.

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LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY

Un buen día, Roberto recibió una llamada de alguien que sabía todo sobre él. Incluso estaba al tanto de la relación de amistad que había tenido con Margarita.

El personaje misterioso puso la grabación de la emotiva conversación de despedida que habían tenido Roberto y Margarita en el Café del Bosque. Se habían dado un beso y se habían dicho cosas muy personales.

Roberto recordaba perfectamente aquella plática. Había ocurrido justamente una semana antes del "legal" allanamiento de su casa.

"También tenemos videos y fotografías", decía la voz distorsionada que le pedía dinero a cambio de no utilizar esas evidencias en su contra.

Y no es que Margarita y Roberto hubieran dicho o hecho algo ilegal, pero esos videos y fotos podrían causarle severos problemas personales.

La grabación había sido obtenida mediante un procedimiento legal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la nueva Ley Antisecuestro:

"Se podrá obtener información en lugares públicos mediante instrumentos y técnicas que permitan amplificar y, en su caso, grabar conversaciones a distancia, cuando existan indicios de que aquéllas estén relacionadas con las conductas previstas en el presente ordenamiento".

Si los policías que espiaron a Roberto hubieran sido sorprendidos in fraganti grabando sus conversaciones con Margarita, nada hubiera pasado.

Hubiera sucedido lo mismo que con el allanamiento de la casa. Los policías descubiertos simplemente hubieran mostrado la orden que los autorizaba a grabar en espacios públicos y a distancia.

Cuéllar tampoco sabía que Telmex y Telcel habían entregado a la policía una relación pormenorizada de todas las llamadas que había hecho durante el último mes. Como todas las compañías de teléfonos, estaban obligadas a proporcionar esos datos.

El artículo 30 de la nueva ley señala que "Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos, están obligados a:

"I. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;

"II. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución".

Quienes tenían los videos y fotos siguieron llamando. Y Roberto tuvo que acceder a pagar lo que le pedían.

Tenían tanta información sobre él y lanzaban tantas amenazas contra su familia, que no había forma de tratar de eludirlos. Sin duda, eran o habían sido policías. Sabían quién era y también dónde vivían sus familiares y amigos.

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SECRETO DE CONFESIÓN

Si aquel 26 de diciembre Roberto estaba furioso. Después de seis meses, sentía miedo. No sabía a quién acudir, ni qué hacer.

Temía por su vida y la de los suyos. Temía ser objeto de un escándalo. Sabía que tenía que pagar.

No podía acudir con nadie, ni confiar en nadie. ¿Quién le podría garantizar que no sería grabado nuevamente? Decidió acudir con el padre Chuy, su amigo y confidente. Pero el párroco también había sido víctima de la nueva Ley Antisecuestro.

Según la policía, cuando Roberto se fue a confesar con el sacerdote, le habría contado de sus ilícitos relacionados con secuestros.

Por eso, pasada la fiesta de Navidad, la noche del 25 de diciembre, elementos de la Policía Federal habían ido por el padre Chuy.

Tenía que declarar ante el Ministerio Público lo que había escuchado de Roberto.

Le advirtieron que la nueva ley no le permitía acogerse a los artículos 243 y 243 Bis, que le eximían de la obligación de declarar y revelar un secreto de confesión.

Las cosas habían cambiado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31, estaba obligado a quebrantar el secreto de confesión.

Y es que ese artículo establecía lo siguiente:

"Toda persona que sea testigo de las conductas previstas en el presente ordenamiento está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados.

"No serán aplicables las excepciones a que se refieren los artículos 243 y 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales en los casos en que esté en peligro la vida de la víctima.

"El Ministerio Público, bajo su estricta responsabilidad, podrá emplear las medidas de apremio que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales".

El párroco fue llevado a declarar por la fuerza. Lo haría como "presentado".

Pero el padre se negó a hablar. Entonces, el Ministerio Público abrió una averiguación penal en su contra.

La nueva ley no sólo obligaba a los curas a revelar sus secretos profesionales. Lo mismo pasaba con los abogados, médicos y periodistas, quienes ya no podrían ampararse en el artículo 243 del Código de Procedimientos Penales.

Finalmente, Roberto fue con el cura. Le platicó lo que le pasaba y el chantaje del que era objeto, pero ambos sabían que nada se podía hacer. Menos aún con la nueva Ley Antisecuestro y con la policía "modelo".

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LA POLICÍA MODELO

Curiosamente, desde que se promulgó la ley, no se volvió a saber de policías procesados por estar involucrados en delitos de secuestro.

Aunque sí era frecuente que muchos de ellos fueran confundidos con secuestradores. En realidad, según el gobierno, no eran delincuentes, sino policías encubiertos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Décimo de la Nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se habían legalizado las operaciones encubiertas y los infiltrados.

En medio de sus miedos, y después de seis meses de que la policía había allanado legalmente su casa, Roberto todavía se preguntaba si aquello era realidad o una pesadilla.

Si era realidad, no se perdonaba el no haber hecho algo para impedir la aprobación de esta ley.

¿Por qué los periodistas no alzaron su voz contra esta legislación staliniana, hitleriana?

¿Por qué los obispos y cardenales se quedaron callados cuando se les coartó su derecho a mantener el secreto de confesión?

¿Qué hizo el nuevo ombudsman para frenar la ley?

¿Por qué los diputados y senadores adelantaron el reloj legislativo para aprobar al vapor aquella ley e irse cuanto antes de vacaciones?

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Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV

Retrógradas, reformas para penalizar el aborto, afirma directora de Inmujeres

Ya hay mujeres encarceladas en el país por esto: García Gaytán

Retrógradas, reformas para penalizar el aborto, afirma directora de Inmujeres
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 37

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, dijo ayer en el Senado que son retrógradas las reformas que se han hecho en 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo eliminando causales, y denunció que ya hay mujeres encarceladas en el país –dos de ellas en Jalisco – por interrumpir el embarazo.

Entrevistada al concluir su participación en el foro Los desafíos de la agenda de género en la 61 Legislatura, la presidenta de Inmujeres acusó que los gobiernos federal y estatales no han frenado la violencia contra la mujer, lo que tiene un costo de 2 por ciento del PIB, además de que desde hace una década no se hacen campañas de planificación familiar.

García Gaytán manifestó su indignación por las reformas legales que se han aprobado en 17 estados: nos quieren tratar como ciudadanas de segunda, al obligar a la mujer que recurra al aborto a tratamiento y rehabilitación. Es a los hombres golpeadores y los que ejercen violencia contra la mujer a los que se debe obligar a recibir tratamiento contra la violencia.

La titular de Inmujeres advirtió muchas de esas reformas que se han aprobado en los estados para criminalizar a las mujeres están cojas, se pueden caer porque México firmó tratados internacionales, que fueron ratificados por el Senado y son Ley Suprema en el país, están por debajo de la Constitución de la República, pero por encima de las constituciones locales y las leyes estatales.

Aseveró la funcionaria: el aborto está penalizado en todo el país, incluso en el Distrito Federal. Lo que ocurre es que en el Distrito Federal se legisló para que se permita la interrupción del embarazo hasta la semana 12 sin ninguna causal, y las mujeres que decidan practicarse un aborto pueden hacerlo en clínicas sin riesgo para su salud.

García Gaytán subrayó que no se debe castigar con cárcel a las mujeres que abortan. Mejor hay que decirles qué protección les vamos a dar, qué oportunidades, hay que hacer campañas de prevención.

Abundó que a la mujer se le obliga a abortar, son presionadas por sus parejas, y ellos las acompañan a que se practiquen el legrado. Los hombres son los que deben obligadamente recibir tratamiento contra la violencia.

En el pleno del Senado PRI, PAN, PRD y PVEM se pronunciaron contra la violencia contra las mujeres y demandaron justicia para las víctimas del feminicidio en el país

Exigen al titular de Gobernación no anteponer sus creencias morales

Le recuerdan que también está penalizada la fecundación in vitro

Exigen al titular de Gobernación no anteponer sus creencias morales
Ángeles Cruz, Carolina Gómez, Mariana Norandi y Laura Poy
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 36

Representantes de organizaciones sociales, sindicalistas, feministas y académicas criticaron ayer las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en torno al aborto, y señalaron que el funcionario incurrió en responsabilidad al anteponer sus criterios personales y morales a su función pública.

El miércoles, Gómez Mont manifestó su oposición a la interrupción del embarazo y sustentó su postura personal con el relato de que su hija fue producto de una fecundación in vitro, durante la cual pudo constatar que la vida comienza desde la concepción. Agregó que no se puede penalizar el aborto en determinadas circunstancias

Al respecto, las sindicalistas, dirigentes sociales y académicas le recomendaron estudiar más a fondo las reformas que se han hecho en 17 estados de la República, ya que éstas no solo penalizan la interrupción del embarazo, sino también la reproducción asistida, como la fecundación in vitro.

Exhortaron al funcionario a respetar el Estado laico y a no anteponer sus creencias morales a las institucionales. Nadie que represente a una institución puede dar una opinión personal, y si lo hace debe ser en el marco del respeto a los derechos de las mujeres, afirmó Sofía Román Montes, de la Red Sexuales y Reproductivos en México.

Aimé García, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, calificó de peligroso que un alto funcionario violente el Estado laico con esas declaraciones. Agregó que la fecundación in vitro, proceso por el cual el secretario fue padre, está penalizada en las reformas locales, por lo que debería analizar más las leyes y adentrarse en mayores conocimientos científicos.

Blanca Rico, vocera de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, dijo que aunque fueron confusas las declaraciones de Gómez Montt, el secretario incurrió en responsabilidad al anteponer sus criterios personales a su papel en la política pública.

Alexis Sorel, coordinador de redes estatales de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), planteó que el funcionario puso en evidencia la incapacidad de la administración calderonista para separar su ideología conservadora de la política pública que están obligados a aplicar para todos los sectores de la sociedad. Al expresar su opinión personal, el secretario de Gobernación transgredió el espacio público, a la vez que confirmó la determinación de la derecha de mantener las acciones que violentan las garantías fundamentales de las mujeres.

Martha Juárez, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, resaltó la falta de sensibilidad de los políticos panistas respecto a la pluralidad de la sociedad a la que sirven. Se olvidan de que gobiernan para todos y no sólo para quienes votaron por el PAN, dijo

Descalificación general a postura de Gómez Mont sobre el aborto

Senadores de PRI, PRD y hasta del PAN le exigen respetar el estado de derecho

Descalificación general a postura de Gómez Mont sobre el aborto

Su expresión tiene trasfondo religioso: Pablo Gómez; Jiménez Macías pide amplio debate

Lo dicho por el funcionario encierra un argumento lógico-jurídico, expresa César Nava

Foto
Manifestantes durante una marcha en favor del aborto, en el Hemiciclo a JuárezFoto Notimex
Con información de Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 36

Mientras el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, se negó ayer a opinar sobre el aborto, porque su bancada aún no debate el tema con amplitud, el dirigente del PAN, César Nava, dijo que su partido continuará con una agenda local en esta materia.

Agregó que el blanquiazul ha apoyado decididamente las reformas estatales que penalizan la interrupción del embarazo, con base en su forma de concebir a la persona y la actividad política, así como en el Distrito Federal se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuando se le preguntó si prevé una iniciativa de este tipo a nivel federal, señaló que la protección que tiene la vida en las constituciones locales garantiza suficientemente nuestra aspiración; por ahora seguiremos con esta agenda local.

Añadió que la agenda de reformas constitucionales a nivel estatal seguirá el curso que cada entidad determine.

Defendió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien la víspera se manifestó contra el aborto con argumentos referidos a que la vida comienza desde el momento de la concepción.

Nava Vázquez consideró que las expresiones del secretario encierran un argumento lógico-jurídico. No es un argumento de fe o religioso; es estrictamente fundado en la lógica y en su recta razón, amparado en la libertad de expresión, puntualizó.

En el Senado, no sólo los legisladores del PRI y PRD reprobaron los señalamientos del secretario y le demandaron que respete la Constitución y el estado de derecho, sino hasta integrantes del blanquiazul manifestaron su inconformidad.

La senadora panista Beatriz Zavala manifestó que no corresponde a ningún funcionario público emitir opiniones personales o ideológicas y, en el caso del aborto, los pronunciamientos deben ser estrictamente acordes a lo que señala la ley.

Que no se le olvide que el mexicano es un Estado laico, al que se debe respetar en lugar de seguir abriendo la puerta a una intromisión cada vez mayor de la jerarquía religiosa, advirtió el priísta Carlos Jiménez Macías.

Enfatizó que es grave que Gómez Mont haya expresado una postura en la controversia, ya que eso lo puede hacer su partido, el PAN, pero él, como responsable de la política interior del Estado, tiene que ajustarse a lo que marca la Constitución.

Jiménez Macías consideró también que en el PRI se debe abrir un gran debate sobre el tema, ya que no todos los priístas están a favor de que se penalice la interrupción del embarazo.

A su vez, el perredista Pablo Gómez resaltó que lo expresado por Gómez Mont tiene trasfondo religioso, sin abordarlo como un problema social que tiene que ser resuelto. Añadió que al funcionario se le debe pedir que respete la Constitución, pero también que se sujete al derecho canónico, “porque a propósito de fieles, las fecundaciones in vitro están condenadas por la Iglesia”.

En San Lázaro, el panista Julián Velázquez, quien preside la Comisión de Salud, manifestó: yo estoy a favor de la vida y de que siempre respetemos la individualidad y confidencialidad de las personas para hacer lo que ellas consideren con su cuerpo.

El perredista Vidal Lleneras, rechazó las afirmaciones de Gómez Mont y le exigió que respete la ley. Él está obligado, más que nadie, a respetar el carácter laico del Estado. El riesgo que corremos, de no ser corregidas estas actitudes y esta ofensiva conservadora, es vernos nuevamente inmersos en polarizaciones y confrontaciones.

Retoma PRD iniciativa que permite la gestación en madres sustitutas

Quitar lucro a la renta de úteros, objetivo: Maricela Contreras

Retoma PRD iniciativa que permite la gestación en madres sustitutas

Se evitaría que parejas con problemas de esterilidad o infertilidad, en su desesperación, incurran en robo o tráfico de infantes, dice la diputada

Rocío González Alvarado
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 32

Como una alternativa para las parejas que, imposibilitadas para procrear hijos, caen en actos constitutivos de delitos como tráfico o robo de menores, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una iniciativa de ley de maternidad subrogada, mediante la cual una mujer podrá gestar o llevar en su vientre el producto de la concepción de otra.

La presidenta de la Comisión de Salud del órgano legislativo, Maricela Contreras, explicó que se pretende que esta actividad se realice sin fines de lucro y por medio del sistema de salud pública. Señaló que si bien no se conocen cifras en la ciudad de México, en el ámbito nacional existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, por lo que constituye un problema de salud pública.

La diputada perredista retomó una propuesta similar de la anterior legislatura y refirió que contar con un marco jurídico no sólo evitaría casos tan lamentables como el ocurrido recientemente en una clínica privada de la ciudad de México, en la que personal médico sustraía niños recién nacidos para después venderlos, sino que también se acabaría con el gran negocio en que se ha convertido la renta de úteros.

De hecho, declaró que esto último es parte de un mercado negro, del cual no se tiene información certera, porque no está regulado, pero es común encontrar sitios en Internet en los que se ofrece esta posibilidad.

Detalló que la maternidad subrogada posibilita el embarazo sin que exista cópula, ya que puede desarrollarse mediante inseminación y la recepción del embrión por la madre sustituta, lo que se denomina fecundación in vitro con transferencia de embriones. Agregó que quien preste su vientre no recibiría ninguna remuneración económica, porque de lo que se trata de ser solidarios con las parejas que lo requieran, como sucede con los trasplantes.

La iniciativa de ley de maternidad subrogada está integrada por cuatro títulos y siete capítulos. El primer título se refiere al objeto de la ley y su ámbito de aplicación, las autoridades que se encargarían de velar por el cumplimiento y fijar las normas aplicables que regirán una posible controversia o supletoriedad en caso de que se presente.

El segundo señala las disposiciones que deben cumplir los médicos tratantes atendiendo a principios como el secreto profesional, así como el asesoramiento a todas las partes que intervienen en la práctica médica, explicándoles los riesgos y los alcances.

En el título tercero se enuncian los requisitos y formalidades que debe contener el documento denominado instrumento de la maternidad subrogada. Y en el último se plantea la prohibición a los médicos tratantes para que realicen este procedimiento sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen

Maestro exhibía pornografía a menores de edad

Maestro exhibía pornografía a menores de edad
Saúl Maldonado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 30

Durango, Dgo., 26 de noviembre. Padres de familia cerraron la escuela primaria 10 de Mayo, ubicada en el poblado Tapias, en las afueras de la ciudad de Durango, en demanda de que el director Miguel Domínguez despida a un maestro acusado de proyectar películas pornográficas a los niños de sexto año.

El maestro declara viernes de hueva, lo que significa que no hay trabajo escolar pero sí otras actividades, entre ellas la proyección de películas de ésas donde los hombres se acuestan con mujeres y se les ve todo, dijo uno de los estudiantes.

El docente fue separado de la escuela y reportado a la Secretaría de Educación del estado y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que envíe un remplazo.

Domínguez comentó que unos alumnos ya le habían comentado que su profesor les ponía películas pornográficas, pero creí que bromeaban, nunca creía al maestro capaz de hacer eso, comentó.

El profesor alegó que usaba las películas para impartir educación sexual, pero pedía a los niños no hablar de ello.

Miguel Ángel Villanueva Ruano, representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, demandó a las autoridades educativas impartir clases de sexualidad desde primaria, pero también que los paterfamilias asuman la responsabilidad que les corresponde en este proceso.

Aseguró que la asociación ha recibido reportes de escuelas secundarias donde las menores se venden a cambio de recargas de saldo para teléfono celular o dinero. Recurren a exhibiciones u otro tipo de comportamientos tanto con compañeros como con adultos, agregó

Denuncian alumnas homofobia en una preparatoria de Morelos

Señalan agresiones y discriminación por parte de directivos, personal y estudiantes

Denuncian alumnas homofobia en una preparatoria de Morelos

Les impiden ingresar al plantel, tomar clases y presentar exámenes

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se lava las manos y alega que no hay materia para abrir un expediente

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La menor K. G. B. (al micrófono), y Lucía Ballesteros Ocampo, de 18 años (izquierda), alumnas de la preparatoria federal Valentín Gómez Farías, acompañadas de Manuel Carmona Zúñiga, del Comité Estatal por la Diversidad Sexual de Morelos, acusaron ayer a personal y estudiantes de su escuela de agredirlas por ser lesbianasFoto Rubicela Morelos Cruz
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 29

Cuernavaca, Mor., 26 de noviembre. Desde el miércoles pasado, a la menor de edad K. G. B., de 17 años, y Lucía Ballesteros Ocampo, de 18, alumnas de la preparatoria federal por cooperación Valentín Gómez Farías, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, se les impide entrar a la escuela por ser homosexuales. Según denunciaron, maestros y alumnos las agreden física y verbalmente.

Acompañadas de familiares y representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos y diversidad sexual, señalaron que las agresiones provienen del director del plantel, Jorge Figueroa Amaro; de los profesores Marco Antonio Jaimes López y Eduardo Isaac Colín Rodríguez, y de los prefectos Felipe Genaro Hernández y Lina Gabriel Ocampo Morales.

Kimberly narró que las agresiones en su contra comenzaron hace un año, cuando se hizo novia de Lucy. “Al mes de que comenzamos nuestra relación nos comenzaron a gritar que éramos una pareja gay, que no somos normales, que estamos mal educadas. Nos avientan piedras, papeles, vasos... nos pegan.

(El 3 de septiembre) Lucy y yo estábamos haciendo una fuente y uno de mis compañeros me aventó una carretilla llena de piedras en las piernas, lo que me provocó heridas y moretones. Al ir a quejarme con los maestros me dijeron que eso me pasaba por ser lesbiana, que yo lo provocaba por ser diferente, expresó Kimbely.

Afirmó que su mamá, María Lilia Balderas García, y su padre fueron a reclamarle al director y a los maestros para que evitaran que su hija siguiera siendo atacada por sus preferencias sexuales.

Balderas García denunció que el director Figueroa Amaro y los docentes mencionados le recomendaron que mejor sacara a su hija de la escuela porque no respondían de las agresiones, y les dijeron que ellos como padres son culpables de que su hija sea homosexual.

La madre de Kimberly presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pero este organismo decidió a finales de octubre que la queja carece de materia porque no se trata de actos de discriminación ni violación de los derechos humanos, lo que demuestra que la CEDH tiene una actitud homofóbica y en lugar de defender los derechos humanos avala los abusos, dijo la mujer.

Luego de la queja ante la CEDH, el director acordó que él, el personal y los alumnos iban a respetar las orientación sexual de las dos jóvenes; no obstante, las agresiones fueron aumentando, al grado de no dejarlas entrar a clases y talleres, y negarles apuntes, según Kimberly.

El miércoles pasado, dijo, varios alumnos, entre los que destacó a César Noé Panohaya Salcedo, Francisco Aponte Mancilla y Antony de Jesús Nájera Pérez, azuzados por los maestros, se colocaron en la entrada principal para impedirles el paso.

Los últimos días de septiembre, cuando (a las autoridades) les notificaron la queja que interpuso mi mamá (en la CEDH), nos comenzaron a negar calificaciones y entrada a clases. Nos vigilan hasta en el baño, cuando vamos a casa, y el pasado miércoles de plano ya no nos dejaron entrar y nos gritaron que si regresamos nos van a matar por ser lesbianas, dijo Kimberly.

Denunció que la quitaron de la escolta pese que ella tenía promedio de 9.5. Los maestros la sientan en medio de los alumnos que más las agreden y éstos la acorralan diciéndole que es niño.

En nombre de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y la Academia Morelense de Derechos Humanos, entre otras organizaciones no gubernamentales, Manuel Carmona Zúñiga exigió a las autoridades federales y estatales que salgan del colegio los maestros señalados y se detenga la discriminación institucional.

Asimismo, demandó que se haga una revisión de calificaciones, se apliquen exámenes parciales aq las afectadas y se destituya a los prefectos, profesores y director de la preparatoria por sus actitudes homofóbicas que han lesionado a las jóvenes, impidiéndoles su sano desarrollo y la continuación de sus estudios

"Desprotegidos y a la deriva", más de mil niños beneficiarios de pensiones

Viola derechos el cierre de LFC, acusan mujeres afectadas

Desprotegidos y a la deriva, más de mil niños beneficiarios de pensiones
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 10

En la extinción de Luz y Fuerza del Centro no se tomó en cuenta a más de 500 mujeres que recibían pensiones alimentarias para cubrir la manutención de cerca de mil menores, denunciaron afectadas, y expusieron que la falta de esos pagos viola un mandato emitido por un juez.

En conferencia de prensa, Jacqueline Gutiérrez indicó que el gobierno federal las dejó desprotegidas y a la deriva.

Agregó que han acudido a instancias como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, pero no han tenido respuesta positiva.

Añadió que los funcionarios sólo les responden que mientras sus ex maridos no cobren su liquidación no se puede hacer nada.

No tenemos ni para comer y ni para pasajes hay. Incluso hay compañeras que han dejado de mandar a sus hijos a la escuela, afirmó. Tampoco pueden pagar los servicios, abundó.

Somos como 500 mujeres y más de mil niños; recibíamos entre mil 700 pesos y 3 mil 400. Dejaron desprotegidos a nuestros hijos. En el decreto no se lee ni siquiera que en lo que toman una decisión los ex maridos se nos sigan pagando normalmente las catorcenas; con esto se violan los derechos de los niños y una orden judicial, expresó Gutiérrez.

Acompañada por otras pensionadas, como María Orozco, Anabel Sagrero y Mireya González, indicó que su situación económica es tan precaria, que muchas han tenido que regresar a la casa de sus padres y literalmente vivimos de prestado.

Pidieron al gobierno que se nos pague el porcentaje de la liquidación que nos corresponde de los ex maridos que la hayan cobrado, continuar con los pagos catorcenales de las pensiones, mantener el servicio médico y que nos otorguen franquicias.

Aparte, Cecilia Figueroa Rodríguez, quien trabajó durante 19 años en la LFC, aseguró que al extinguir la compañía el gobierno ejerció violencia laboral en contra de 43 mil 600 trabajadores, de los cuales 3 mil 800 somos mujeres, muchas de las cuales son jefas de familia.

Entrevistada en el Foro Nacional Mujeres Libres de Violencia, Figueroa refirió que es incongruente que el gobierno panista asegure que está en contra de la violencia, en particular hacia las mujeres, y al mismo tiempo lo contradiga con hechos como la desaparición de LFC. Eso es violencia en contra de los trabajadores.

Resaltó: no hay antecedente de que algún gobierno en el mundo haya llevado a cabo un despido masivo; no hay nada parecido

Cientos de policías rodean campamento de mujeres en ayuno

Calderón ordenó hostigamiento: afectadas

Cientos de policías rodean campamento de mujeres en ayuno

Este es un gobierno de torpezas, dice SME

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Vecinos de la colonia Juárez calificaron de pésima la labor que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizaron en la esquina de Lucerna y MilánFoto Francisco Olvera
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 9

Al campamento de mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre –instalado en Paseo de la Reforma e Insurgentes– llegaron ayer por la mañana cerca de 400 policías federales, la mayoría de los cuales portaban armas largas y toletes, y se apostaron en los alrededores de las carpas en que se encuentran las 11 trabajadoras, quienes denunciaron que el despliegue de agentes es un acto más de intimidación y hostigamiento ordenado por el gobierno de Felipe Calderón.

La llegada de las fuerzas policiacas propició la movilización inmediata de cientos de electricistas hacia las inmediaciones del plantón, que llenaron pronto las laterales de Reforma y la glorieta de Cuitláhuac.

El dirigente del gremio, Martín Esparza, suspendió la conferencia que acostumbra dar por las mañanas y marchó al campamento, donde improvisó un mitin.

Ahí demandó la instalación urgente de una mesa de negociaciones en la que estén presentes la secretaria de Energía, Georgina Kessel –a la que el gremio demanda solucionar el conflicto que generó el gobierno al echar a la calle a más de 44 mil trabajadores–; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub –con el fin de que explique la corrupción que hay en este empresa–, y el ex director de Luz y Fuerza del Centro Jorge Gutiérrez Vera.

Al mismo tiempo que se realizaba el mitin, más policías federales se apostaron frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, en avenida Reforma.

Los agentes también resguardaron todo el frente del hotel Meliá, adonde el titular de la dependencia, Javier Lozano, asistió a la presentación del informe anual del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Afuera del hotel los electricistas realizaron un mitin, en el que repudiaron de varias formas la política laboral de Lozano, quien fue sacado materialmente por la puerta de atrás del inmueble.

Al funcionario le llovió. Lo llamaron Lozano, secretario de la privación social: nos privó de nuestro trabajo, de las jubilaciones y hasta de comer. Lo cuestionaron: ¿qué se siente sentarse en mesas elegantes, mientras 44 mil trabajadores no tienen para comer?

Mujeres cargaron cartulinas en las que se leía. “Lozasno: el Teletón hace milagros. Lástima, tú no tienes solución”.

Los trabajadores llegaron marchando desde el campamento de las mujeres, coreando en todo momento: ¡no pagues la luz! ¡no pagues la luz!

Unos vendían dulces o comida y portaban cartelones de Desempleados Corporation.

Durante casi dos horas gritaron consignas contra el secretario y lanzaron botellas de agua y patadas a vehículos que salían del hotel, en los que creían iba Lozano. Pero a él lo sacaron por otro lado.

No ceder a chantajes

En respuesta, Lozano señaló que las autoridades laborales no deben ceder a chantajes o a intimidaciones de grupos que están fuera del estado de derecho.

Es lamentable que existan grupos que busquen las vías de hecho para expresar sus ideas y no los cauces de las instituciones que rigen la vida del país en una verdadera cultura de la legalidad, aseveró.

Antes en el mitin, Esparza denunció el hostigamiento y la perversidad del gobierno federal frente a las acciones de resistencia civil pacífica del gremio.

Este es un gobierno de torpezas, de falta de pericia, señaló. Mencionó la posibilidad de que en las próximas semanas ocurra un colapso total de electricidad en la zona centro del país, de lo cual responsabilizó a los funcionarios del gabinete de Calderón.

Repudió el hostigamiento publicitario para que los trabajadores acudan por su finiquito.

Ahora, abundó, salen a relucir las verdaderas razones por las que se privatizó LFC, que son los más de 700 permisos de generación otorgados a trasnacionales y (empresas) privadas; las corruptelas de Iberdrola, Techint y ABB, permitidos por la CFE; los más de 10 mil millones de pesos que adeudan secretarías, organismos, municipios y empresas a Luz y Fuerza, y los negocios autorizados a los amigos del panismo, como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

Por su parte, Mónica Jiménez, una de las mujeres en huelga de hambre, aseguró que continuarán hasta que se les regrese su trabajo. Advirtió: no nos van a poder retirar, pues ya pusimos la vida en manos de este movimiento.

En tanto, afuera del Museo Tecnológico de la CFE no se pudo instalar el tercer campamento de huelga de hambre debido a que hubo un despliegue policiaco. Al final los uniformados tuvieron que retirarse

Condenan a PGR y 5 ex afis a indemnizar a los familiares de un joven asesinado

Guillermo Vélez fue detenido en 2002 y acusado de pertenecer a la banda Los Ántrax

Condenan a PGR y 5 ex afis a indemnizar a los familiares de un joven asesinado

Ordena tribunal unitario pagar 2 millones 393 mil 700 pesos al padre y cuatro hermanos

Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 7

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, quien fue detenido en forma ilegal y después asesinado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2002, cuando pretendían aprehenderlo supuestamente por pertenecer a una banda de secuestradores conocida como Los Ántrax.

Tras siete años de litigio en los que la familia Vélez Mendoza buscó resarcir el buen nombre de su hijo, finalmente el primer tribunal unitario en materia civil, con sede en la ciudad de México, sentenció a la PGR y a cinco elementos de la desaparecida AFI a pagar 2 millones 393 mil 700 pesos por concepto de indemnización al padre y cuatro hermanos de Guillermo Vélez Mendoza.

Esto, porque la institución ministerial no demostró que el ahora occiso fuera integrante de una banda de plagiarios, como señaló el Ministerio Público Federal.

Norma Griselda Mendoza, madre de Guillermo Vélez y quien fue una de las demandantes, falleció en mayo de este año esperando que se hiciera justicia para su hijo muerto y toda la familia, pues ella y sus hijos perdieron su empleo y en todos lados los veían como secuestradores, debido a las acusaciones infundadas de la PGR, dijo el abogado José Antonio Ortega Sánchez, parte de la defensa desde el inicio del caso.

En conferencia de prensa, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, afirmó que esa dependencia manifiesta su compromiso, como garante de la legalidad y promotor del estado de derecho, de cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales, legales y las resoluciones judiciales para hacer viable el estado de derecho que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos; siempre cumplirá las determinaciones del Poder Judicial cabalmente

El 29 de marzo de 2002, Guillermo Vélez Mendoza murió torturado por agentes de la AFI (dirigida entonces por el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna). Al respecto, Ortega Sánchez sostuvo que con esta decisión judicial se pudo demostrar que mediante la aplicación de la ley es posible vencer a los depredadores de la justicia, como lo es Genaro García Luna.

De acuerdo con la resolución judicial (después de siete años de la muerte del joven, quien laboraba como instructor en un gimnasio y vivía en la colonia Estrella de la delegación Gustavo A. Madero), “son infundadas las excepciones planteadas en el juicio ordinario civil por la PGR, y por (los agentes federales) Hugo Armando Muro Arellano, Sergio Martínez López, Norberto Amezcua Barreda y Alfredo Cruz Pérez, en relación con la acción principal, particularmente en virtud de la privación de la vida de Guillermo Vélez Mendoza no se probó ni robustecieron los indicios por los cuales se le relacionó con la banda delictiva Los Ántrax, y menos el carácter de secuestrador”.

El fallo de tres magistrados agrega: “se condena a la PGR y a los codemandados en este juicio, a cada uno en lo individual, a pagar a cada uno de los demandantes una indemnización por daño moral causado por la cantidad de 398 mil 950 pesos.

En términos de lo dispuesto en el artículo 1927 del Código Civil Federal, se condena a la PGR a responder subsidiariamente de las condenas en dinero impuestas a los policías demandados; sin que se haga especial condena en costas judiciales.

El órgano jurisdiccional determinó que la PGR debía publicar en distintos medios de comunicación la sentencia emitida, con el propósito de resarcir el buen nombre de Guillermo Vélez Mendoza.

El mismo tribunal absolvió al ex subprocurador de la PGR Gilberto Higuera Bernal y al ex fiscal Carlos Javier Vega Memije de cualquier responsabilidad personal en el tema de la indemnización a los integrantes de la familia Vélez Mendoza.

Estos ex funcionarios, que trabajaron en la PGR durante el sexenio del presidente Vicente Fox, fueron quienes anunciaron, en su momento, a los medios de comunicación que la muerte de Guillermo Vélez supuestamente obedeció a un homicidio imprudencial.

Tanto Higuera Bernal como Vega Memije sostuvieron que el hombre se opuso a ser detenido por los policías federales que tenían orden de arrestarlo, porque presuntamente Vélez estaría relacionado con el secuestro de la dueña del gimnasio en que laboraba

Cuatro empresas impugnarán fallo que otorga el contrato a trasnacional

Smartmatic no operará los equipos, afirma Gobernación

Cuatro empresas impugnarán fallo que otorga el contrato a trasnacional
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Ricardo León, Fernando González y Víctor Alderete, representantes de las empresas Soltic, Image Technology y Cosmocolor, respectivamente, en conferencia de prensaFoto Guillermo Sologuren
Fabiola Martínez y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 5

Cuatro empresas impugnarán el fallo de la Secretaría de Gobernación que otorgó a la multinacional Smartmatic un contrato para la toma de datos biométricos que sustentarán la cédula de identidad ciudadana para más de cien millones de personas.

Representantes de Soltic, Mainbit, Cosmocolor e Image Technology afirmaron que la actuación de Gobernación fue parcial y opaca, porque entregó el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara (299.7 millones de pesos) y no cumplió con los requisitos de la convocatoria para la licitación de más de 2 mil equipos para recopilar imágenes de iris, huellas dactilares, rostro y firma autógrafa de mexicanos y extranjeros residentes en el país.

En conferencia de prensa, los ejecutivos de las cuatro empresas advirtieron que el gobierno federal incurre en un riesgo al entregar información de seguridad nacional (datos biométricos) a una empresa extranjera.

La Secretaría de Gobernación aclaró anoche que los equipos de registro de datos biométricos no serán operados por la empresa Smartmatic en ningún momento posterior a la entrega de los mismos ni durante el registro de las personas.

Resaltó que en el proceso de licitación participó Transparencia Mexicana, designada por la Secretaría de la Función Pública, y el órgano interno de control de la propia Secretaría de Gobernación, y manifestó que respeta la decisión de cualquier empresa licitante de recurrir a las instancias legales que consideren pertinentes.

En la conferencia de prensa, los representantes de las cuatro empresas señalaron: Creemos que, como ocurrió con el contrato otorgado al Renave, al poner el registro de automóviles en manos de traficantes de vehículos, esa autorización (para la cédula de identidad) pondrá en riesgo la base de datos biométricos.

Acudieron a la conferencia de prensa, el director general de Soltic, Ricardo León; Víctor Alderete, vicepresidente comercial de Cosmocolor; Fernando González, director de planeación de Image Technology, y un ejecutivo de Mainbit.

Smartmatic, afirmaron, es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero, y está acusada de complicidad en las elecciones, supuestamente fraudulentas, de Hugo Chávez en Venezuela. Además, ha sido eliminada por razones técnicas en concursos de Bolivia y Filipinas.

Los representantes legales de las empresas, de capital mexicano, presentaron de aspectos técnicos, elaborados con cálculos propios, e hicieron referencia a investigaciones periodísticas sobre las presuntas irregularidades de Smartmatic. Presentarán su inconformidad, por separado, a más tardar el lunes (el plazo es de seis días naturales después del fallo).

Además de las irregularidades técnicas del equipo sometido a concurso por Smartmatic, señalaron que existen anomalías administrativas y no descartaron que el fallo tenga aspectos vinculados a la corrupción.

Sería especular, porque no tenemos pruebas; pero de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos podría ser esa (la corrupción) una veta de información, porque es claro que la evaluación técnica no se hizo conforme a las bases de la licitación, manifestaron.

En el registro de la Cámara de Comercio de Amsterdam, Holanda, Smartmatic aparece como empresa dedicada a la compra, desarrollo y administración de propiedades inmobiliarias.

Señalaron que una de sus filiales, que tiene otra razón social y sede en Florida, Estados Unidos, es la que vende dispositivos biométricos; pero los documentos de esta segunda empresa no fueron los que entregó para participar en la licitación.

Aseguraron que Smartmatic no garantiza una toma adecuada del iris: el aparato para medir la distancia entre la persona a registrar y el operador toca al sujeto, por lo que existe riesgo de contagio, y las fotografías incumplen el requisito de tener 18 por ciento de fondo gris, entre otras.

Por otra parte, el presidente del PAN, César Nava, sostuvo que cualquier elemento de presunta irregularidad debe ser puesto en conocimiento de la autoridad competente. La Secretaría de la Función Pública es la encargada de investigar y juzgar sobre estos señalamientos.

Agregó que lo importante es que la solución que se adopte acerca de la cédula cumpla con dos criterios: seguridad y confiabilidad, para estar absolutamente ciertos y tranquilos de que será un instrumento universal de identificación con todas las salvaguardas necesarias

Saludos‏

CIRCULENLO, CIRCULENLO!
Recuerden que en diciembre otra vez más nos verán la cara con este robo a la Nación.



No supe si reirme o enojarme, siempre sospeche que era demasiado bueno para ser real, pero no sabía exactamente cómo funcionaba. Es más que lógico!

Desde hace algunos años, (doce para ser exactos) el monstruo de la desinformación: Televisa, (aunque también participa TV Azteca) a través de su Fundación, se ha encargado de realizar distintas acciones de supuesta "asistencia social", como el programa de donación de computadoras, de trasplantes de córneas y su proyecto más fuerte y redituable económicamente y que ha encabezado su "altruismo" empresarial, nos referimos al TELETÓN.


Pero, para ponernos en ambiente, y si entre los lectores de estas líneas hay alguno que ignora el tema que se está tocando, intentaremos recrear las características más sobresalientes del Teletón:



Sin hacer mucho esfuerzo, imaginen un bombardeo de anuncios viscerales que explotan las discapacidades físicas de cientos de niños como si éstos fuesen objeto de exhibición (claro, esto sin la finalidad de crear conciencia alguna acerca de una cultura de inclusión, no discriminación, etc.), haciéndote sentir mal porque tú que eres "afortunado" al poder tener un trabajo donde te pagan un salario de mi..seria para medio comer, porque siendo afortunado teniendo seguro social y una casa (rentada, prestada, de cartón o de las que compras con un crédito que pagarás durante toda tu vida), o tienes el ¡privilegio! de ir a la escuela, o no teniendo nada de esto "no donas dinero a esos niños"?



No obstante eso, dos días enteros de transmisión ininterrumpida por donde circulan "comunicadores", actores y actrices, cantantes, políticos, empresarios, etc. que lloran a moco tendido "conmovidos" con los temas que al mero estilo de Mujer casos de la vida real (especialidad de la empresa), vuelven a mostrar y exhibir a manera lastimera a personas con alguna enfermedad o que en algún momento de su vida sufrieron un evento inesperado.



Todo eso para vender la idea de que con el dinero que se junte, se construirán hospitales y centros de rehabilitación donde se atenderá a toda esa gente (que de hecho deben ser construidos y atendidos por el Gobierno con el dinero que pagamos miles y miles de personas con impuestos).


Pero... si son taaaan buenos los señores televisos que idearon este mesiánico acto ¿por qué no hacen éstas obras (de las "benéficas", no de teatro), sin pedirle un peso a la gente? Obvio, pues porque ¡no sería negocio para ellos!
Sucede que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que "Asimismo, se considerarán deducibles los donativos que se otorguen a asociaciones, instituciones u organizaciones que destinen la totalidad de los donativos recibidos y, en su caso, sus rendimientos, para obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Estados, Distrito Federal o Municipios."



Esto significa que, cuando se hace una donación a una institución que otorgue, sin fines de lucro, un servicio que debe otorgar el Estado, la persona que realizó la donación puede decirle a Hacienda que no le cobre los impuestos equivalentes a la cantidad que dio, pues ya hizo una "buena obra".


El truco que utiliza Televisa es el siguiente:



Televisa, como cualquier empresa debe pagar impuestos, por ejemplo $1,000.00


Pero, como su negocio es obtener más ganancias y menos pérdidas, el pagar esos $1,000.00 no le conviene, así que crea una institución "aparte":


Fundación Teletón, la cual se dedica a hacer hospitales y dar atención médica (obligación del Estado).


Cada año y antes de ser la fecha en que se pague a Hacienda, esta Fundación, transmite (con patrocinio de su mamá Televisa) dos días enteros llamando a la gente para que done dinero a su "causa", y fija una cantidad como meta que se debe alcanzar, por ejemplo $1,500.00



La gente como tú, tus amigos, vecinos y familiares, por actuar de buena fe, caen en la trampa de Televisa, hacen coperacha y donan $10.00 y así mucha gente. No les dan recibo para que Hacienda les descuente esos $10.00 de lo que pagan de impuestos, o dándoselos, no lo hacen valer pues es un proceso laaargo y engorroso por ser sólo $10.00; o bien, donas un peso en los botes (en los que se depositan cantidades inciertas por las cuales no te dan un comprobante, o sea, de ahí nadie te asegura que todo el dinero recolectado se vaya a la "institución de asistencia" y no porque se quede con la gente que está en el metro boteando, sino que al sumar lo de todos los botes no se dice en la tele la cantidad real que se recolectó en ellos).


Al final del segundo día, resulta que el dinero que donaron cientos de personas como tú, tu familia, vecinos, etc. supera la meta de $1,500.00 que se había fijado al principio, y resulta que se juntan $1,900.00
Entonces es cuando lo que no se ve en Televisión se traduce en ganancias efectivas para Televisa:



Los $1,900.00 que se juntaron (con las aportaciones de mucha gente), Televisa las acumula y en lugar de entregar miles de donativos por cada persona a Fundación Teletón, hace UNA SÓLA APORTACIÓN A SU NOMBRE (TELEVISA), por ella la Fundación le expide un recibo deducible de impuestos (algo así como un cupón de descuento).


De ésta forma, Televisa al momento en que Hacienda le cobra, ella muestra el Recibo del Teletón, por lo que la SHyCP ya no le cobra (pues supuestamente lo pagó al hacer la donación); pero no sólo eso, como el recibo era por $1,900.00 y Televisa sólo debía $1000.00, Hacienda deberá ¡REGRESARLE! a Televisa $900.00 en efectivo, mismos que Televisa NO REGRESARA a las personas que realmente donaron ese dinero

¿Ven el negocio?, esa es la verdadera finalidad del Teletón, ser un medio para que Televisa evada impuestos, y los pague la gente a la que enajena diariamente con basura televisiva


En realidad, el verdadero problema radica en que miles de personas colaboran con 20, 50 ó 100 pesos, los cuales también son deducibles de impuestos, aunque a la gente que dona estas cantidades, o entrega en las alcancías de la calle, no se le da recibo para que los deduzca de sus impuestos personales. Pero no es sólo eso….

Por los montos que aportan las grandes empresas "a nombre de sus empleados", que colectan entre los mismos para una causa "altruista", ellas obtienen un recibo deducible de impuestos, pero a nombre de la empresa, no de cada empleado, con lo que ésta también puede deducir esa cantidad de los impuestos que debe pagar.


De esta forma, todo lo que se dona al Teletón, al redondeo, es dinero que el gobierno deja de recibir por concepto de impuestos, y que se debían destinar a obras y servicios al pueblo, enriqueciendo más a los ya de por sí millonarios dueños de Televisa y a los empresarios que le hacen coro y obtienen publicidad gratuita y reconocimientos por su "altruismo", que pagan sus empleados y clientes!.


Éste es un motivo por el que no alcanza el presupuesto para Educación o Salud, por mencionar algunos, la misma razón por la que hay unos pocos mexicanos que ganan más de un millón de pesos por día y mexicanos (más de los que crees) que apenas sobrevivimos con menos de un dólar al día o si bien nos va con un salario mínimo, que no alcanza para nada, Y claro además pagando impuestos (que nos descuentan en automático o indirectamente).

Qué podemos hacer? Pedirle al Congreso la modificación o anulación del Segundo Párrafo del Artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para dejar sin efecto la devolución de impuestos por donativos, que son en su gran mayoría fraudulentos y perjudiciales a la salud económica del país.





ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA FCA UNAM., de la UAM, y ESTUDIANTES DE CONTADOR PÚBLICO DE LA ESCA TEPEPAN IPN



NOTA: Sí no reenvias esto a tus contactos va a subir la gasolina y el micro, va a seguir devaluandose el peso (alguien tiene que pagar estas jaladitas del teleton, el redondeo y otras causas “altruistas”), vas a morir en espera de una consulta médica, pero igual ni te dan tus medicamentos porque no hay presupuesto para dotarlos, te va a secuestrar un policía o un (per)judicial, y todos los demás servicios públicos van a ser igual o más deficientes que ahora... a menos que los concesionen (también tan de moda) y lo peor es que….. no es broma