jueves, 31 de enero de 2013

Libre acceso a Internet y a información de red, garantes de derechos humanos


Libre acceso a Internet y a información de red, garantes de derechos humanos
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 44
El libre acceso a Internet y a la información que circula en la red es un instrumento para la democratización de la sociedad y garante de derechos humanos, señalaron especialistas reunidos en la Universidad Iberoamericana, quienes discutieron sobre la iniciativa de Internet libre promovida por 70 organizaciones de la sociedad civil.
El activista y empresario Óscar Mondragón señaló que la democratización del país ha estado detenida en gran medida por el control que muy poca gente tiene sobre los medios de comunicación. Hay un malestar como sociedad y como democracia respecto de la incapacidad que tenemos para informarnos.
Agregó que las versiones de los noticiarios de los grandes consorcios televisivos difieren por completo de lo que se lee en redes sociales.
En nuestro siglo, aseguró, el derecho de asamblea está garantizado por Internet. Twitter es nuestra nueva plaza pública, mientras el derecho de expresión también lo habilita Internet, a través de blogs y otros medios.
De abrirse el acceso a Internet, dijo,el bono demográfico puede convertirse en un bono democrático. Cuando las personas que ahora tienen 10 o 12 años de edad y cumplan 18 y hayan sido usuarios de Internet durante seis u ocho años gracias a que esta generación consiguió que el Estado proveyera este servicio, habremos dado un gigantesco paso hacia adelante.
Entre 1994 y 1998 250 pequeñas y medianas empresas trajimos Internet al país y lo hicimos funcionar, mientras las empresas que han acaparado el sector no ofrecen variedad de precios ni buenos servicios.
Entre los participantes se encontraban los impulsores de dicha iniciativa, quienes recordaron que la idea es utilizar los 23 mil kilómetros de la red pública de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, para llegar a los 110 mil kilómetros que se requieren para garantizar el servicio en el territorio nacional.
León Felipe Sánchez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sugirió que los recursos para echar a andar el proyecto podrían salir del impuesto especial a productos y servicios en el sector de telecomunicaciones, de 3 por ciento, pues si nos lo están cobrando, a pesar de que nos opusimos en su momento pueden etiquetar los recursos que se generan con la recaudación de ese impuesto para invertirlos en esta infraestructura en beneficio de la población, pues Internet potencia el ejercicio de derechos fundamentales y el comercio mismo”.
Salomón Padilla, abogado especializado en tecnologías de la información, dijo que la iniciativa debe contener un capítulo de educación y otro de equipamiento, pues no basta con el libre acceso a internet si la población carece de equipos de acceso o de la instrucción necesaria.

Organizaciones feministas se manifiestan por no bajar el perfil del Inmujeres


Organizaciones feministas se manifiestan por no bajar el perfil del Inmujeres
Exigen que el gobierno dé cumplimiento a recomendaciones internacionales en equidad de género
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 46
Organizaciones feministas especializadas en temas de equidad de género y derechos humanos sexuales y reproductivos, entre otros, manifestaron que no están dispuestas a permitir que disminuya el perfil del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y se pronunciaron porque se impulse una agenda conjunta entre ese instituto y la sociedad civil organizada.
Así lo planteó Daphne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien señaló que en reciente reunión celebrada entre unas 50 organizaciones, definieron cuatro ejes prioritarios para trabajar conjuntamente con el Inmujeres.
“Se trata del cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las recomendaciones internacionales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y de la Convención Belem do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el género; el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el fortalecimiento y ampliación de la política de igualdad de género, entre otros.
El cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero está pendiente desde noviembre de 2009. En ese año, la CIDH señaló al Estado mexicano como responsable de las violaciones de los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos (cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001), y por no prevenir la muerte y agresiones físicas y sicológicas.
Cuevas afirmó que el Inmujeres debe fortalecer su rectoría en materia de género y convertirse en un puente con los institutos respectivos de los estados de la República.
“Dichos institutos –subrayó– no son oficinas de gobierno, sino órganos rectores que deben realizar un trabajo coordinado con las dependencias y entidades gubernamentales vinculadas con la atención de las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y en materia de salud, educación, bienestar y otros”.
La coordinadora de Consorcio para el Diálogo indicó que tras solicitar un encuentro con la titular del Inmujeres, Lorena Cruz, están a la espera de que las reciba para tratar dichos temas y los relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales son de los más vulnerados.
En el encuentro de las organizaciones, detalló, acordamos que no vamos a permitir que se retroceda ni un centímetro en los avances logrados a la fecha por las mujeres; de hecho, ratificamos la viabilidad de la agenda feminista y la irrenunciable labor del Inmujeres de impulsar políticas de igualdad de género y respeto a las garantías individuales.
Entre las organizaciones que fijaron una agenda común sobresalen el Grupo de Información en Reproducción Elegida; Colectivo Ciudad y Género; IPAS, México; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Mujeres, y otras que designaron como vocera a la coordinadora de Consorcio para el Diálogo

Por perjuicios a la UACM, el proceso contra Esther Orozco


Por perjuicios a la UACM, el proceso contra Esther Orozco
Comisión de organización dio entrada a la solicitud del movimiento crítico para revocarle el cargo
En la segunda quincena de febrero deberá pronunciarse el pleno
Piden más cabezas
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La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco, se presentó en la Fiscalía de Benito Juárez de la PGJDF, para responder a la acusación de usurpación de profesiones. Orozco, quien llegó minutos antes de las 11 horas rodeada de abogados, se reservó su derecho a declarar y salió una hora después por la puerta trasera de la agencia para eludir a la prensa. Al ser cuestionada sobre su situación jurídica, la funcionaria dijo, sin dejar de caminar a toda prisa, que no contestaría nada por recomendación de su abogado, quien trataba de impedir que los reporteros se acercaran a su cliente. Orozco tampoco contestó sobre el hecho de permitir a una empresa extranjera hacer perfiles de los alumnos de la UACM; por el contrario, se tapó el rostro con su bolso de mano, hasta que apresuradamente subió al auto que la esperaba en doble fila y con el motor en marcha. Podrá presentar su declaración por escrito, posteriormenteFoto Roberto García Ortiz, texto Mirna Servín
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 38
En menos de 30 días el tercer Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), legalmente constituido el pasado 29 de noviembre, debe resolver sobre la revocación de mandato a la rectora Esther Orozco.
El procedimiento comenzó de manera formal ayer, luego de que la comisión de organización del CU admitió la solicitud presentada por el llamado Movimiento en defensa de la legalidad en la UACM. Se prevé que el 19 de febrero el pleno de consejeros se pronuncie al respecto.
Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, profesora del plantel San Lorenzo Tezonco, señaló que Orozco ha incurrido en faltas graves en perjuicio de la universidad, como desacatar las disposiciones del CU, ejercer el presupuesto 2012 sin la autorización del máximo órgano de la universidad, violaciones a los derechos humanos y nepotismo.
Asimismo, agregó, es responsable dedesvío de recursos para el pago de prebendas, como el otorgamiento de becas a estudiantes afines a su gestión, por encima de los méritos académicos. Además ha incumplido los acuerdos, que ella misma firmó, del proceso de resolución del conflicto por la integración e instalación del tercer CU.
Las quejas quedaron asentadas en un expediente de 20 páginas, así como 32 anexos documentales con pruebas contra Esther Orozco. También se inició una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud, que la tarde ayer sumaban 300, dijo De la Vega.
La rectora será notificada del procedimiento en su contra por medio de la página web del CU, en autos que se publicarán en todos los planteles y en medios de comunicación, ante la posibilidad de que la funcionaria rechace ser informada de manera directa, señaló el secretario técnico de la comisión de organización, Carlos Eduardo González.
Señaló que Orozco tiene plazo de tres días hábiles para presentar pruebas en su favor, tiempo en el que una comisión de sustentación deberá revisar el expediente para determinar si laimputada es responsable de los irregularidades que se le imputan.
Una vez concluido ese análisis, una comisión resolutiva tendrá plazo para dictaminar si procede la revocación de mandato u otra sanción. De ser así, se pondrá a consideración del pleno del CU para su aprobación.
De confirmarse la sanción, explicó González, la rectora tendrá cinco días hábiles para presentar un recurso de revisión, que deberá resolver el pleno.
Dicho movimiento anunció que también pedirá la revocación, destitución y, de ser el caso, inhabilitación de funcionarios de la universidad como José de Jesús Ubaldo Izquierdo, abogado general; Verónica Cuenca Linares, contralora general, y Karina Chaparro Alvidrez, tesorera, entre otros

La verificación de antros no será cacería de brujas, señala Miguel Ángel Mancera


La verificación de antros no será cacería de brujas, señala Miguel Ángel Mancera
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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó el convenio para combatir la trata de personas. Rosi Orozco, de Comisión Unidos Contra la Trata, le entregó un reconocimiento por la atención que pone al tema. Los acompaña Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de JusticiaFoto Jesús Villaseca
Gabriela Romero y Josefina Quintero
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 40
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aclaró que la jornada de verificación voluntaria a establecimientos mercantiles no busca ser una cacería de brujas, por el contrario, queremos que la actividad comercial se realice conforme a la ley”.
Al encabezar la firma del acuerdo para esta jornada entre las delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, aseguró: que se sepa que esto no es una cacería de brujas; no estamos emprendiendo una cruzada contra los negocios; al contrario, lo que queremos es el fomento de la actividad comercial en la ciudad, que todo esté conforme lo marca la norma.
Mancera señaló que su administración va por más fomento económico, por más impulso a los comercios; vamos a procurar que la gente sienta confianza de establecer sus actividades mercantiles, que tenga cercanía con las cámaras y que éstas vean en la autoridad un lazo de apoyo, de comunicación.
El presidente del Invea, Meyer Klip, detalló que los establecimientos tendrán hasta 90 días para inscribirse a esta jornada en la áreas jurídicas y de gobierno de sus delegaciones, las cuales posteriormente enviarán a personal especializado en funciones de verificación a los negocios para certificar si se cumplen todos los requisitos.
En caso de encontrar irregularidades, el dueño o representante del establecimiento contará con 30 días para subsanar las irregularidades e informar de ello a la delegación. Sin realizar deligencia alguna se archivará el expediente como asunto concluido.
Contra la trata de personas
Antes, el jefe de Gobierno participó en la firma del convenio por el cual se crea el “call center vs trata de personas”, entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y la Comisión Unidos Contra la Trata (CUCT).
El titular del consejo, Luis Wertman, señaló que todo delito hiere, ofende, pero la esclavitud es la que más agrede a la sociedad, porque son tres comportamientos: secuestro, maltrato y violencia.
Rosi Orozco, de la CUCT, reconoció el trabajo que se ha hecho en la ciudad de México, pues se han dictado 29 sentencias en las que 70 personas fueron condenadas y rescatado 324 víctimas de violencia extrema.
Mancera Espinosa puntualizó que la trata, la explotación, el sometimiento y la degradación de las personas se deben combatir de manera frontal.
En la ciudad de México creemos que puede darse esa lucha; una lucha que vale la pena con cada rescate de niñas o mujeres víctimas. El compromiso de todos y cada uno de los integrantes de este gobierno es que vamos a defender a las mujeres en todos los ámbitos y apoyar de manera decidida esta tarea valiente, expresó

Determinan que tres perros detenidos sí atacaron a personas


Determinan que tres perros detenidos sí atacaron a personas
Josefina Quintero
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 41
Análisis periciales que se hicieron a tres perros de los capturados en el área protegida del Cerro de la Estrella de la delegación Iztapalapa permitieron determinar en primera instancia que los animales participaron en el ataque a cinco personas que perdieron la vida a consecuencia de las mordeduras de los cánidos, según fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). De acuerdo con los estudios se encontraron coincidencias entre las quijadas de los animales y las huellas de las mordeduras en los cuerpos de las víctimas; sin embargo, aún no han identificado la raza a la cual pertenecen. Además el testimonio de Nancy Pacheco, sobreviviente del ataque de la jauría, ayudará a las investigaciones, pues la joven identificó a los perros capturados como los animales que se le echaron encima y le arrancaron pedazos de piel el pasado 24 agosto, por lo cual fue sometida a varias intervenciones

Edificio histórico de Orizaba ya no sirve de asilo, alega fundación


Edificio histórico de Orizaba ya no sirve de asilo, alega fundación
Según la directora general, el inmueble es muy frío por el tipo de construcción y porque carece de calefactores
Apoderada legal rehúsa hablar sobre la transacción con la trasnacional
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Patios de la casa hogar Mier y Pesado, donde se pretende edificar una plaza comercial con una tienda Walmart y una de Sam’sFoto Sergio Hernández Vega
Eirinet Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 34
Jalapa, Ver., 30 de enero. La Fundación Mier y Pesado, que maneja desde hace 68 años una casa hogar para ancianos en su edificio, ubicado en la avenida Oriente 6 número 1653, en Orizaba, Veracruz, consideró que el inmueble no es idóneo para esa función, pese a que en la página del organismo se dice que la finca se erigió ex profeso para brindar tal servicio.
Durante la presentación del proyecto Patio Orizaba, en diciembre de 2012, la directora general de la Fundación Mier y Pesado, Mónica Balmori García, sostuvo que el edificio que alberga el asilo desde 1944 no es funcional para dar una excelente calidad de vida a los adultos mayores.
Consideró que si bien el edificio es emblemático, para los propósitos de la fundación se ha vuelto obsoleto en términos de la calidad del servicio que tenemos la obligación de dar.
Agregó que, entre otros inconvenientes, el inmueble es muy frío, sobre todo en invierno, debido a que no hay calefacción y los muros son gruesos y los techos muy altos. Además, los sanitarios son compartidos y no hay calefacción.
En esa ocasión, Balmori dijo a periodistas que el edificio es propiedad de la Fundación Mier y Pesado; sin embargo, para que la fundación pueda mejorar y crecer tendrá que venderlo, aunque no puedo hablar de negociaciones.
La Jornada buscó a la apoderada legal del organismo para hablar sobre el interés de la trasnacional Walmart en construir un centro comercial en el edificio, catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes patrimonio artístico del país. A última hora canceló la entrevista.
Por medio de su asistente, Ernestina Salazar, mandó decir: “La fundación tiene conocimiento del artículo publicado enLa Jornada (este miércoles, sobre los planes de Walmart) y no tiene interés en realizar ningún comentario al respecto”.
La casa hogar fue una donación de Isabel Pesado de la Llave, duquesa de Mier, hermana mayor del general José Ignacio Cesáreo de la Luz de la Llave y Segura, por quien el estado tiene el nombre oficial de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En su lecho de muerte, Isabel Pesado nombró albacea a su hermana Trinidad Pesado de Rubín, y dispuso que se dieraasistencia social a niños y adultos mayores, indica la página electrónica de la fundación.
El sitio cita un acta de cabildo fechada en Orizaba, Veracruz, el 5 de marzo de 1940, la cual especifica que el proyecto de la casa hogar Mier y Pesado de Orizaba se inició en 1936 y se inauguró en junio de 1944.
La fundación detalla que la construcción cuenta con 100 habitaciones individuales, amplios jardines, capilla y comedor hechos de cantera, piedra labrada y teja lomuda (teja árabe).
La casa hogar se rige por un patronato, con apego a sus estatutos y a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (donde se registró el domicilio legal de la fundación), en forma directa y a través de la administración general y direcciones subalternas.
Jorge Isaac Sarquís Ramírez, investigador de la Universidad Veracruzana y representante de la organización Los Orizabeños Unidos Pro Conservación del Edificio Mier y Pesado, dijo que con el proyecto Patio Orizaba se comete una arbitrariedad.
La fundación debe apegarse al artículo 39 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que estipula que al vender un inmueble que se dedica a la asistencia social se debe hacer una oferta a la institución o instituciones que designe el consejo directivo, de preferencia entre las que tengan un objeto análogo, dijo.
La organización pidió que el municipio compre el edificio y le dé uso apropiado. Tenemos entendido que el ayuntamiento hizo una oferta, pero no sabemos por qué la rechazó la fundación. Quizás hay más dinero con Walmart

Opositores al Dragon Mart hackean página del gobierno de QR


Opositores al Dragon Mart hackean página del gobierno de QR
Julio César Solís
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 34
Cancún, QR, 30 de enero. Anonymous Latinoamérica dejó este miércoles fuera de servicio por algunos minutos la página electrónica del gobierno de Quintana Roo, lo que llamó “el primer paso de laOperación Dragón”, en repudio al megaproyecto Dragon Mart Cancún.
Los hacktivistas anunciaron en la cuenta de Twitter @AnonOpsLatino que el 4 de febrero emprenderán más acciones en rechazo al centro comercial chino-mexicano Dragon Mart.
El gobierno chino atenta contra el medio ambiente y afectará el comercio nacional, sobre todo local de #quintanaroo #OpDragon DragonMart, dice otro tuit de la organización.
Anonymous aseguró ser “representante del pueblo a través de Twitter: #OpDragon desde Twitter representamos al pueblo hemos escuchado sus voces y ahora actuaremos en contra del estúpido gobierno@ActualidadRT”, expuso.
Empresarios, ambientalistas y otros grupos se oponen al Dragon Mart, el más grande centro de negocios de China en América Latina, en el predio de 557 hectáreas El Tucán, ubicado en el kilómetro 333 de la carretera Cancún-Puerto Morelos.
Con una inversión de 180 millones de dólares, el proyecto del Dragon Mart Cancún incluye un centro de exhibiciones de 3 mil 40 locales comerciales en 127 mil metros cuadrados; dos almacenes en 40 mil metros cuadrados y una plaza cultural que abarcaría 65 mil metros cuadrados. También se planea edificar 722 viviendas que albergarían a cerca de 2 mil extranjeros, principalmente chinos.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que la manifestación de impacto ambiental (MIA) promovida por la empresa Real Estate Dragon Mart, y aprobada (sin consulta pública) por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo no considera el riesgo ambiental acumulativo e irreversible ni los impactos sinérgicos o residuales, es decir, aquellas afectaciones por impactos previos al proyecto, sobre todo los daños causados al acuífero, pues la MIA no presenta resultados de dicho estudio.
El ayuntamiento de Benito Juárez (con cabecera en Cancún) no ha otorgado la carta de factibilidad ni las licencias de construcción y funcionamiento, por lo cual los desarrolladores no pueden iniciar los trabajos de cimentación

Quebradas, 97 de 122 alcaldías de Chiapas


Quebradas, 97 de 122 alcaldías de Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 37
San Cristóbal de las Casas, Chis., 30 de enero. El alcalde de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, informó que 97 de los 122 ayuntamientos de Chiapas se han declarado en quiebra por los adeudos que les dejaron los cabildos que concluyeron funciones el 30 de septiembre pasado.
Una veintena de presidentes municipales se reunieron la noche del martes con integrantes de la comisión de hacienda del Congreso local en Tuxtla Gutiérrez, y les pidieron interceder ante los gobiernos federal y estatal para obtener recursos extraordinarios.
Emilio Salazar Farías, presidente de la comisión de hacienda, propuso que un grupo de legisladores y alcaldes haga gestiones a fin de que los gobiernos federal y estatal y el Congreso de la Unión acuerden un mecanismo especial de apoyo.
Manifestó que las deudas de la mayoría de las alcaldías equivalen a todo su presupuesto anual y son impagables, a menos que reciban recursos extraordinarios”.
Salazar Farías dijo que es urgente buscar alternativas de cooperación y, si es necesario, financiamiento a largo plazo para sanear las deudas más apremiantes, a fin de garantizar la paz y el orden social, y sobre todo reactivar la economía municipal.
El alcalde de Tapachula aseguró que su antecesor, Emanuel Nivón González, ex candidato panista a la gubernatura, dejó una deuda de más de 500 millones de pesos.
Entre otras irregularidades, dijo, encontró obras inconclusas, pagos excesivos a contratistas, una deuda de 600 mil pesos por servicio de telefonía. Ya les suspendieron el servicio de Internet, por lo que ha dejado de recibir un millón 200 mil pesos al día por impuesto predial, pues no podemos realizar los cobros.
El alcalde de Villaflores, Jorge Torres Grajales, dijo que la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio por una deuda de 14 millones de pesos, pues no recibió pago durante un año

AMLO prevé que se mantendrá la multa; se les pasó la mano, deplora


AMLO prevé que se mantendrá la multa; se les pasó la mano, deplora
En el IFE no han tenido la capacidad de resistir la presión del poder, sostiene Gil Zuarth
Foto
El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez (quien muestra un documento), y el diputado Silvano Aureoles (centro), encabezaron una comisión de ese partido que censuró las triquiñuelas del organismo electoral. A la derecha, Amalia García, ex gobernadora de ZacatecasFoto Notimex
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Alonso Urrutia, Georgina Saldierna y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 4
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que criticaron la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de exonerar al PRI de las denuncias de financiamiento paralelo en la campaña presidencial, festejaron la decisión del organismo de posponer la discusión sobre los gastos de campaña de la pasada contienda y de la posible sanción a la coalición Movimiento Progresista, pero también abrieron la discusión para analizar la posibilidad de remover a los integrantes del Consejo General.
A su vez, Andrés Manuel López Obrador, ex abanderado presidencial de la coalición, expresó que no tiene muchas esperanzas de que cambie el dictamen según el cual habría rebasado los topes de campaña, y consideró que es increíble lo que afirma el órgano electoral al respecto. Como dicen los jóvenes: no manchen, se les pasó la mano, señaló.
Agregó que los consejeros son empleados de los que mandan y ya les dieron la encomienda de afectar a los partidos de la coalición que lo postularon, con la multa, y a él buscando su desprestigio.
En tanto, los coordinadores del PAN y el PRD en el Senado, Ernesto Cordero y Luis Miguel Barbosa, demandaron que los consejeros del IFE analicen de forma seria y profesional el proyecto de su unidad de fiscalización, que propone sancionar a la coalición Movimiento Progresista por el supuesto rebase de topes de campaña.
Los tiempos son distintos y ya no podemos permitir que se nos quiera simular y engañar, que se quieran emitir reportes que no pasan la prueba de la risa. Esperamos que la unidad de fiscalización haga su trabajo de manera correcta y profesional, recalcó Cordero.
El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, sostuvo que en el contexto de la próxima renovación de cuatro consejeros electorales (en octubre), se revisará la permanencia o no de los actuales.
Agregó que serán muy rigurosos en la elección de los nuevos consejeros electorales, porque hay algunos que tienen un sesgo partidista.
En entrevista por separado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que el IFE tiene en su reglamentación todos los procedimientos a los que se debe sujetar una investigación, como la realizada en torno a los gastos de campaña de los partidos que contendieron por la Presidencia en los pasados comicios.
El IFE tiene su propia normatividad y no se tiene por qué llevar a cabo un proceso supletorio de las deficiencias de los partidos políticos, que entregaron informes que son los que están siendo sancionados y que no fueron tan cuidadosos como para que en las alianzas que hayan construido, hayan llevado una contabilidad ordenada.
El senador panista Roberto Gil Zuarth dijo que el IFE actúa de forma indebida y su decisión de exonerar al PRI y a Enrique Peña Nieto por el caso Monex da cuenta de que no está teniendo la capacidad para resistir la presión del poder.
El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, calificó de importante y significativo que el Consejo General del IFE haya decidido postergar una semana la discusión sobre el dictamen de gastos de campaña, pues de esa manera se dará más tiempo para revisar los expedientes y contrastar los diferentes informes y los planteamientos que ha hecho su partido sobre el presunto rebase de los gastos permitidos para las giras de proselitismo en busca de la Presidencia.
Por lo demás, informó que ayer por la mañana se reunió con el dirigente del PAN, Gustavo Madero, y coincidieron en la necesidad de invitar a los consejeros a la Cámara de Diputados para que expliquen por qué rechazaron sancionar al PRI por la triangulación de recursos realizada a través de diversas empresas y la institución bancaria Monex

El SME anuncia acciones de lucha luego de la decisión legaloide de la Corte


El SME anuncia acciones de lucha luego de la decisión legaloide de la Corte
Retomará las calles e interpondrá sendas quejas ante el Consejo de Judicatura Federal y la CIDH
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Sesión de la segunda sala del máximo tribunal, donde se desechó otorgar el amparo a los electricistasFoto Marco Peláez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 7
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que escalará sus acciones de lucha y retomará las calles, además de interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y otra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negarles el amparo de sus derechos laborales fundamentales y la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtiera en el patrón sustituto de los trabajadores despedidos.
La dirigencia del gremio, encabezada por Martín Esparza, así como los abogados del sindicato, señalaron que independientemente de la resoluciónlegaloide que dieron a este caso los ministros de la Corte, el conflicto social y laboral con los electricistas continúa y ahora heredado al gobierno del PRI. Este jueves asistirán a una mesa de negociaciones, convocados por la Secretaría de Gobernación, y a la par adelantaron que redoblarán sus acciones políticas.
En un mitin multitudinario que los electricistas realizaron a las afueras de la SCJN, Esparza y varios miembros del SME tuvieron que llamar repetidamente a los trabajadores a la calma, ya queestaban muy encabronados y algunos esesperados pedían tomar otras acciones. El dirigente los convocó a resolver esto por la vía política y legal; no obstante, auguró que el gobierno está orillando a diversos sectores de trabajadores y campesinos a unconflicto social, ante la falta de solución a sus problemas.
El dirigente del SME señaló que ante los ministros corruptos de la Corte, que al parecer van a doblegarse ante los intereses del presidente en turno, no queda más que redoblar la lucha. A su vez, el secretario del Exterior del gremio, Humberto Montes de Oca, señaló que esta no es una derrota para los trabajadores, sino sólo se alargará más el conflicto. Además, previó que este revés legal será utilizado por el gobierno federal para, en la mesa de negociaciones, hacer ofrecimientos muy bajos para la solución del conflicto.
Frente a la sede del máximo tribunal, los ex trabajadores lanzaron consignas, mentadas y gritos de repudio a la decisión de los ministros Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán. Por su parte, los asesores legales del sindicato, Roberto Terrazas y Jorge Carvajal Smith, plantearon que ahora el asunto será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
Por la noche, la dirigencia del SME emitió un pronunciamiento en el que señala que la segunda sala de la SCJN pasó por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores, ya que tal parece que en nuestro país la justicia existe sólo para los extranjeros, los ricos y los políticos corruptos.
Los ministros actuaron por consigna
Indicó que en una sesión por demás grotesca, la Corte actuó por consigna, como en una dictadura, por lo que en respuesta el SME desde ahora impulsará una campaña internacional de denuncia en contra de la SCJN, que en dos semanas se convirtió en vergüenza nacional, pues dejó libre a una secuestradora extranjera y ahora atenta contra los derechos de los trabajadores mexicanos.
Finalmente, informó que en pocas horas recibió la solidaridad de importantes federaciones sindicales internacionales, como la Industrial Global Unión, y que ya preparan una jornada de acción en solidaridad con el sindicalismo mexicano, la cual se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero, y realizarán actos frente a las embajadas de México en el mundo en demanda de solución a los conflictos de los trabajadoers mineros, de la aerolínea Mexicana de Aviación y del Sindicato Mexicano de Electricistas

Legisladores perredistas consideran indignanteel fallo contra el SME


Legisladores perredistas consideran indignanteel fallo contra el SME
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Georgina Saldierna, Bertha Teresa Ramírez y Ángel Bolaños
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 9
Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y consideraron que en la decisión de los ministros prevalecieron los intereses económicos y políticos que han alargado absurda e ilegalmente el conflicto.
El secretario general del sol azteca, Alejandro Sánchez Camacho, también calificó el fallo como indignante, pues vuelve a poner en entredicho la actuación del la Corte, cuyos integrantes se han convertido en cómplices del gobierno en turno, al ratificar el decreto de Felipe Calderón que extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por su parte, la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), condenó la resolución y opinó que constituye un tremendo y doloroso golpe a la legalidad en México. El diputado Víctor Hugo Lobo Román agregó: Tenemos que alzar la voz y pronunciarnos firmemente para evitar que estas condiciones se sigan gestando.
En tanto, el coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa, resaltó que la Corte atrajo el caso ante la evidente decisión de un tribunal colegiado que concedió la razón al SME, sobre la calidad de Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ser patrón sustituto, pero los ministros lo echaron abajo.
Con ello, añadió, la SCJN impide la resolución de un problema que seguirá latente mientras persista la violación de los derechos laborales de los trabajadores electricistas.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas consideró que los ministros tuvieron todos los elementos para confirmar la resolución del tribunal colegiado que declaró a la CFE patrón sustituto, pero no lo hicieron y convalidaron la decisión del gobierno de Felipe Calderón de extinguir a Luz y Fuerza y dejar en el desempleo a más de 40 mil trabajadores.
La Corte, insistió, no quiso poner final brutal ataque a los derechos laborales y humanos de miles de electricistas, perpetrado por el gobierno calderonista. Basta ver, dijo, los 200 millones de pesos que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) pagó por honorarios al abogado que lleva el asunto de Luz y Fuerza.
Primer golpe de Peña
En entrevista por separado, Sánchez Camacho agregó que la Corte tenía la oportunidad de corregir la plana a Calderón, pero los ministros perdieron esa posibilidad con lo que ratifican su vocación en contra de los intereses de los trabajadores. Este es el primer golpe que asesta el gobierno de Enrique Peña Nieto al movimiento obrero; es una muestra de lo que le espera a los trabajadores en este sexenio, planteó

Legisladores perredistas consideran indignanteel fallo contra el SME


Legisladores perredistas consideran indignanteel fallo contra el SME
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Georgina Saldierna, Bertha Teresa Ramírez y Ángel Bolaños
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 9
Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y consideraron que en la decisión de los ministros prevalecieron los intereses económicos y políticos que han alargado absurda e ilegalmente el conflicto.
El secretario general del sol azteca, Alejandro Sánchez Camacho, también calificó el fallo como indignante, pues vuelve a poner en entredicho la actuación del la Corte, cuyos integrantes se han convertido en cómplices del gobierno en turno, al ratificar el decreto de Felipe Calderón que extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por su parte, la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), condenó la resolución y opinó que constituye un tremendo y doloroso golpe a la legalidad en México. El diputado Víctor Hugo Lobo Román agregó: Tenemos que alzar la voz y pronunciarnos firmemente para evitar que estas condiciones se sigan gestando.
En tanto, el coordinador perredista en el Senado, Miguel Barbosa, resaltó que la Corte atrajo el caso ante la evidente decisión de un tribunal colegiado que concedió la razón al SME, sobre la calidad de Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ser patrón sustituto, pero los ministros lo echaron abajo.
Con ello, añadió, la SCJN impide la resolución de un problema que seguirá latente mientras persista la violación de los derechos laborales de los trabajadores electricistas.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas consideró que los ministros tuvieron todos los elementos para confirmar la resolución del tribunal colegiado que declaró a la CFE patrón sustituto, pero no lo hicieron y convalidaron la decisión del gobierno de Felipe Calderón de extinguir a Luz y Fuerza y dejar en el desempleo a más de 40 mil trabajadores.
La Corte, insistió, no quiso poner final brutal ataque a los derechos laborales y humanos de miles de electricistas, perpetrado por el gobierno calderonista. Basta ver, dijo, los 200 millones de pesos que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) pagó por honorarios al abogado que lleva el asunto de Luz y Fuerza.
Primer golpe de Peña
En entrevista por separado, Sánchez Camacho agregó que la Corte tenía la oportunidad de corregir la plana a Calderón, pero los ministros perdieron esa posibilidad con lo que ratifican su vocación en contra de los intereses de los trabajadores. Este es el primer golpe que asesta el gobierno de Enrique Peña Nieto al movimiento obrero; es una muestra de lo que le espera a los trabajadores en este sexenio, planteó

Posible diálogo en Gobernación


Posible diálogo en Gobernación
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 9
La Secretaría de Gobernación (SG) no había emitido hasta anoche ninguna información de una posible cita con la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para analizar el conflicto que atraviesa este gremio desde octubre de 2009.
El secretario general del SME, Martín Esparza, dijo que dentro de su plan de acción (luego de la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los integrantes de este sindicato fueran contratados en la Comisión Federal de Electricidad) se encuentra la movilización en las calles, pero también pláticas con funcionarios federales.
Ante el anuncio de Esparza, relacionado con una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, personal de la Subsecretaría de Gobierno se alistaban para esta posibilidad, así como para dar seguimiento a la marcha convocada por los electricistas la tarde de este jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo.
En Bucareli se dijo que posiblemente la comunicación entre Esparza y el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, fue telefónica, pero hasta anoche no habían recibido indicaciones en torno a la posible conversación de integrantes del comité ejecutivo del SME con el secretario y su equipo.
Previsiones en Bucareli
Durante este miércoles, la sede de la secretaría de Gobernación permaneció resguardada hasta las tres de la tarde, debido a la manifestación de cientos de integrantes de organizaciones campesinas y urbanas, cuyos líderes se entrevistaron con el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, y luego de recibir algunos comentarios y la promesa de que se instalarán mesas para la atención donde se abordarán sus demandas se retiraron de inmediato, por lo que pudo ser reabierta la circulación vehicular en la periferia de la dependencia federal.
Sin embargo, durante el día se tomaron previsiones en las oficinas de Bucareli ante la posibilidad de una manifestación del SME luego del fallo de la Suprema Corte, pero ante el término de la manifestación de los electricistas los policías federales se retiraron a bordo de varias camionetas a sus puntos de adscripción

Morena inicia acciones para defender el petróleo e impedir el IVA a medicinas


Morena inicia acciones para defender el petróleo e impedir el IVA a medicinas
Foto
Andrés Manuel López Obrador encabezó la instalación del consejo consultivoFoto Carlos Ramos Mamahua
Georgina Saldierna y Blanch Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 12
Un plan de acción para la defensa de la soberanía de México sobre su petróleo y para impedir que con la reforma fiscal se imponga un aumento generalizado de impuestos a la población será la labor prioritaria que recaerá sobre el nuevo Consejo Consultivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se instaló oficialmente ayer en un acto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien los exhortó: Ahí se los dejo de tarea.
El ex candidato presidencial de las izquierdas denunció por otra parte las dos últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): negar el amparo para dejar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto de los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y resolver la libertad de Florence Cassez sin reponer su juicio viciado de origen; fueron resoluciones por recomendación de Enrique Peña Nieto. Aseguró: Él dio la orden. Y acto seguido, sin abundar más, ironizó:Ya del IFE mejor ni hablamos...
El nuevo consejo consultivo, responsable de sugerir estrategias y líneas políticas, asesorar sobre los temas sociales y atender planteamientos hechos al Comité Ejecutivo Nacional, contará ahora con más de 200 miembros, a diferencia de los 85 que fueron asignados en la primera etapa de esta organización.
Atestiguaron la formación del consejo consultivo los integrantes del CEN morenista, entre ellos su presidente, Martí Batres; la secretaria general, Berta Luján; su secretario de Trabajo, Jesús Martín del Campo, y Paco Ignacio Taibo II, de Cultura.
Retorno ridículo de la derecha
Expertos en distintas áreas –desarrollo rural, políticas energéticas, política exterior, salud, educación, comunicación, cultura, política, medio ambiente, economía y jurisprudencia–, los nuevos consejeros debemos alistarnos para dar una nueva batalla frente a la ofensiva que representa el regreso, tal vez cómico y ridículo, pero muy potente de la derecha, señaló Armando Bartra, a nombre de los consejeros que venimos trabajando desde atrás.
Estos rasgos fueron valorados ayer por la tarde durante la instalación del nuevo órgano. López Obrador destacó que en su pluralidad radica su valía. Berta Luján, secretaria general de Morena, señaló que esto es lo que define al nuevo organismo: un partido-movimiento caracterizado por su militancia, su movilización, su presencia. Una institución, añadió Bartra, en la que no hay militantes más importantes que otros.
Entre los consejeros, nuevos y anteriores, fueron mencionados Rosario Ibarra de Piedra, Elena Poniatowska y Arnoldo Martínez Verdugo, muy ovacionados aunque no asistieron. Otros que se incorporan a estas tareas son José María Pérez Gay y Enrique Semo, historiadores; los comunicadores Carlos Payán, Hugo Gutiérrez Vega, Jenaro Villamil y Humberto Musacchio; el antropólogo Héctor Díaz Polanco, la escritora Laura Esquivel, el ex rector de la UACM Manuel Pérez Rocha, líderes políticos como Enrique González Pedrero, Yeidckol Polevnsky, Socorro Díaz, Jaime Cárdenas y Alfonso Sánchez Anaya, la actriz Dolores Heredia, el cineasta Luis Mandoki; Víctor Flores Olea, Jorge Eduardo Navarrete y Héctor Vasconcelos, diplomáticos; Arturo Alcalde y Federico Anaya, abogados; Martín Terraza, beisbolista.
A todos ellos, López Obrador los invitó a incorporarse al segundo recorrido que ha emprendido por todos los municipios del país para la construcción del movimiento y al foro en defensa de la Constitución, que convocó para el próximo 5 de febrero, cuando se conmemora el día de la Carta Magna.
En su discurso, en un tono de intimidad frente a sus compañeros, el ex candidato a la Presidencia destacó que la mayor amenaza del régimen priísta se cierne sobre el artículo 27 constitucional, que determina la soberanía petrolera, y que desde hace años es vulnerado por las concesiones de explotación cedidas a corporaciones privadas. “Pero este sexenio –dijo– va a caracterizarse por la intención de apropiarse de la renta petrolera”.
Explicó que si el costo de producción de un barril de petróleo es de 10 dólares y su precio en el mercado es de 100 dólares, quedaría una utilidad de 90 dólares. De lo que se obtiene de la venta de petróleo, el gobierno se queda con 40 por ciento. Si con la privatización se apropian de 60 por ciento de la renta petrolera actual, quedaría un enorme hueco en las finanzas públicas. Es precisamente para tapar ese hueco que quieren la reforma fiscal, para cobrar más impuestos y suplir esa pérdida. Destacó que la prioridad de Morena en esta etapa de su formación debe ser hacer frente a esta ofensiva con un plan de acción para la soberanía energética, que no es otra cosa que defender la Constitución

Amparan a 5 indígenas por violación al debido proceso


Amparan a 5 indígenas por violación al debido proceso
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 14
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió amparo para efectos a cinco indígenas acusados de diversos delitos (homicidio, intento de violación y delitos contra la salud) para que un tribunal colegiado resuelva su situación jurídica, dejando de lado violaciones a sus derechos que fueron cometidas durante los procesos en su contra.
Por mayoría de tres votos (José Ramón Cossío, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) el máximo tribunal consideró ayer que las violaciones en agravio de los quejosos no eran suficientes para dejarlos en libertad inmediata. Mientras que Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar se pronunciaron por el amparo liso y llano.
Luego de haber aplazado dos veces la resolución de los asuntos, Manuel López Gómez, Celestino Garay Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Santiz y Joel Mancilla Vázquez, originarios de los estados de Guerrero y Chiapas, fueron beneficiados en razón de que en los juicios penales en su contra no contaron con las debidas garantías que indica la Constitución para tomar en cuenta su situación económica y de vulnerabilidad social.
A pesar de que no hubo acuerdo sobre los efectos de la sentencia, los ministros analizaron de manera integral el sistema con relación a los indígenas y aprobaron una serie de criterios que garanticen su pleno acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial.
Es decir, que el juez tome en cuenta la situación concreta del acusado, si habla español o no, su situación económica, así como analizar cada caso tomando en cuenta los usos y costumbres con respecto a los códigos penales en los que se basen las acusaciones en su contra

Persisten desapariciones forzadas, tortura y capturas ilegales, pero hay avances: CNDH


Persisten desapariciones forzadas, tortura y capturas ilegales, pero hay avances: CNDH
Debe vencerse la impunidad para evitar la autodefensa, como en Guerrero, señala ante la Permanente
Foto
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, entrega su informe anual de labores a la Comisión Permanente del Congreso de la UniónFoto Notimex
Alma Muñoz y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 15
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lamentó que a pesar del avance en el respeto a las garantías fundamentales, las desapariciones forzadas, tratos inhumanos y degradantes, la tortura, cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculadas con operativos de instituciones de seguridad pública, están más presentes que hace algunos años.
Al presentar su informe anual a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional sostuvo que en México han reaparecido violaciones que creíamos ya desterradas, lo que es urgente corregir.
Asimismo, consideró necesario vencer la impunidad para evitar que se reproduzcan acciones de autodefensa, como en Guerrero. La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad es con fuerzas de seguridad pública profesionales y regidas por estrictos controles de honestidad, rectitud y ética, dijo.
En el salón Verde de la Cámara de Diputados, Plascencia expresó su reconocimiento al Congreso por la reforma constitu- cional de 2011 en materia de derechos humanos, uno de los más grandes avances desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura.
Afirmó que la CNDH respaldará cualquier medida para reforzar el respeto a los derechos humanos, pero no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de garantías que ya pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos.
El pasado día 3, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), presentó una iniciativa que busca modificar el artículo primero de la Constitución para definir que, en una contradicción de principios con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, prevalezca el texto constitucional.
Plascencia Villanueva resaltó que en 2012 –el último año de gobierno de Felipe Calderón– el país sufrió, como en los años previos, el constante enfrentamiento entre cuerpos de seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos. Esa –agregó– fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida, lo que impactó de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos.
Al desglosar los casos analizados por la CNDH, explicó que en 2012 se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, un aumento significativo en la atención a la ciudadanía.
Explicó que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.
En su reporte, refirió que la población indígena continúa enfrentando actos de racismo y discriminación, así como violencia física y emocional, exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y posibilidades de desarrollo.
Además –indicó–, persisten las condiciones de gobernabilidad debilitada en los centros penitenciarios, pues en 60 por ciento de los penales visitados por la CNDH se constató que existe autogobierno

Tardíos, los señalamientos del ombudsmancomprueban sus compromisos políticos


Tardíos, los señalamientos del ombudsmancomprueban sus compromisos políticos
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 15
Los señalamientos del ombudsmannacional, Raúl Plascencia Villanueva, al rendir su informe anual de labores ante el Congreso de la Unión –en el cual resaltó el impacto negativo de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado–, llegan de forma tardía y comprueban que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no siempre ha actuado de forma diligente y oportuna, debido a compromisos políticos con la administración en turno.
Afirmaron lo anterior activistas de organizaciones sociales, quienes incluso llamaron a reformar la CNDH para que los resultados de sus indagatorias sean de cumplimiento obligatorio y no se queden en recomendaciones.
Daniel Joloy, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que las críticas de Plascencia a la política de seguridad de Calderón ratifican lo que diversos colectivos de la sociedad civil han dicho reiteradamente desde hace años, sobre todo en lo que se refiere al aumento de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
Sin embargo, lamentó que la CNDH haya esperado a que el michoacano saliera de Los Pinos para pronunciarse sobre diversos temas, entre ellos la enorme cantidad de quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos, sobre las cuales hay tan pocas recomendaciones.
Debe reformarse el organismo
Hay que cuestionar por qué la CNDH está actuando así; se debe cambiar su funcionamiento interno y saber por qué no se ha pronunciado sobre temas como el arraigo. La instamos a hacer una valoración real de lo que pasa en el país en vez de atenerse a criterios políticos, como el cambio en la Presidencia, enfatizó.
Manuel Olivares, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, encomió a que el informe de Plascencia ponga de relieve diversos aspectos importantes sobre la falta de respeto a las garantías básicas en el país, pero al mismo tiempo deploró que estos señalamientos se hagan a destiempo.
El hecho de que haga las denuncias cuando Calderón ya se fue deja mucho qué desear, porque demuestra que sigue existiendo sumisión de la CNDH hacia la línea de quienes le dan su financiamiento. Siempre están tratando de quedar bien con el Ejecutivo y no son capaces de reconocer el carácter represivo y criminalizador de los diferentes programas del gobierno, denunció.
Por todo ello, el activista propuso reformar la CNDH para que sus recomendaciones adquieran carácter de sentencias y, por lo tanto, sean de cumplimiento obligatorio, para que las entidades o funcionarios responsables de abusos se vean forzados a admitir su responsabilidad y reparen el daño causado

Piden a CIDH admitir caso de El Charco


Piden a CIDH admitir caso de El Charco
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 15
Diversas organizaciones sociales enviaron el pasado 16 de enero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un amicus curiae –documento presentado por terceras personas ajenas a un litigio, para brindar al juez mayores elementos para tomar una decisión–, mediante el cual le solicitan la admisión del caso de la masacre de El Charco, por considerar que ya se han agotado todas las instancias jurídicas del país.
Con la firma de apoyo de diversos activistas religiosos, como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Carlos Morfín Otero, Jesús Espejo, Emilie T. Smith y Rebeca Montemayor López, además del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Universidad Iberoamericana, el documento plantea que el Estado mexicano ha encubierto a los responsables de la matanza, entre ellos los generales Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza Garnica.
Por ello, los promoventes del amicusexigieron que el caso sea admitido ya por la CIDH y que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.
Israel Sampedro, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la matanza de El Charco –ocurrida el 7 de junio de 1998, donde elementos del Ejército asesinaron a 10 personas– sigue impune, debido a que ninguno de los militares responsables fue debidamente investigado ni juzgado.
Erika Zamora Pardo, sobreviviente de la matanza junto con Efrén Cortés Chávez, subrayó la importancia del recurso presentado ante la CIDH, pues sólo de esta forma podrán ser juzgados López Portillo Leal y Oropeza Garnica, quienes también han sido acusados por cometer violaciones de derechos humanos en Chiapas y Oaxaca

Aún no define juzgado tercero si liberará a militares; sigue analizando pruebas


Aún no define juzgado tercero si liberará a militares; sigue analizando pruebas
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 16
El juzgado tercero de distrito, con sede en Toluca, estado de México, no ha notificado a la Procuraduría General de la República (PGR) el cierre de instrucción del proceso penal que se sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, así como a otros militares por sus presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Por lo anterior, Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, podría ser sentenciado en marzo próximo, indicaron funcionarios de la institución ministerial.
Revelaron que el Ministerio Público Federal (MPF) continúa el análisis del expediente de los militares, por lo que aún no se define si presentará conclusiones acusatorias o dejará en manos del Poder Judicial que se dicte sentencia o libertad, con las pruebas que obran ya en la causa penal, a pesar de que no fueron corroboradas las imputaciones de los testigos protegidos.
El abogado Ricardo Reyes Sánchez Retana confirmó que el juzgado tercero de distrito no ha terminado de notificar a los coacusados del general Ángeles Dauahare que éste solicitó que se dicte sentencia, lo cual implicaría que su proceso penal se separe de los otros, como si se tratara de un caso aislado.
Asimismo, resaltó que el Ministerio Público puede aportar más pruebas o testimonios acusatorios contra su cliente en tanto no decrete el cierre de instrucción, pero dijo que confía en obtener la libertad del militar.
Los generales Ángeles, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, fueron señalados por presuntos integrantes delcártel de los hermanos Beltrán Leyva como funcionarios que recibían diversas sumas de dinero para que protegieran sus operaciones.
Los militares fueron detenidos en mayo de 2012, y luego de permanecer bajo arraigo durante 40 días fueron consignados ante el juzgado tercero por delincuencia organizada y delitos contra la la salud, con base en testimonios de oídas, los cuales no fueron confirmados o corroborados

Prepara el gobierno modificaciones a la ley de víctimas, señala subprocuradora en el Senado


Prepara el gobierno modificaciones a la ley de víctimas, señala subprocuradora en el Senado
Nunca debió publicarse: Cordero
Ahora hasta Cassez podría reclamar indemnización: Gil Zuarth
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 17
El gobierno federal prepara un proyecto de cambios a la Ley General de Víctimas, el cual se está acordando con las organizaciones sociales y es posible que se presente en este mismo periodo de sesiones, reveló ayer la subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de las República, Mariana Benítez.
Durante el foro Derechos de las víctimas y la Nueva Ley General de Víctimas, organizado por el PAN en el Senado, la mayoría de los ponentes, entre ellos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, descalificaron la legislación que el ex presidente vetó e incluso presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su publicación, ordenada por el Senado.
Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto retiró la controversia y promulgó la Ley General de Víctimas, que entrará en vigor el próximo 9 de febrero. Sin embargo, al inaugurar el acto, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, resaltó que nunca debió publicarse ese ordenamiento, porque tiene muchas carencias y deficiencias; si queremos actuar con responsabilidad tenemos que encontrar y decidir cuáles son las modificaciones que se le deben hacer para que sea operativa y efectiva; se tiene que legislar sin demagogia para atender a las familias de las víctimas, aseveró.
Igualmente, Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular de Calderón y ahora senador panista, destacó: “Un primer tema de preocupación es el fondo. Por ejemplo, Florence Cassez, a quien la Corte ha dicho que se le violaron sus derechos humanos, puede recurrir a una indemnización porque se le han violado sus derechos. ¿Eso queremos como objeto de esta ley?
Además –abundó Gil Zuarth–, “el próximo 9 de febrero entrará en vigor y el problema financiero del fondo no está resuelto. Si se cometen 2 millones de delitos al año, y si por lo menos un millón de víctimas demanda reparación del daño, con un tope de 500 veces el salario mínimo actual –971 mil pesos–, sería casi un billón pesos”.
A su vez, Carlos Elizondo Mayer, ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, resaltó: No conozco ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario. Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables.
Isabel Miranda de Wallace, activista y víctima de la delincuencia organizada, declaró: Entiendo que la subprocuradora venga a defenderla (la ley); dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta.
Miguel Sarre, investigador del ITAM, sostuvo ante los panistas: No se requiere una reforma constitucional; la ley tiene asidero en la Carta Magna. El Congreso sí tiene mandato para legislar sobre Ley General de Víctimas y eso debe quedar muy claro. Si fuera anticonstitucional no podríamos salvarla.
Expuso que, en efecto, hay que hacerle modificaciones, pero partiendo de que es constitucional.
En tanto, la subprocudora Mariana Benítez también resaltó que la ley es constitucional: está dirigida a atender las reparaciones de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Se establece un sistema nacional de afectados. No es perfecta, pero es bondadosa.
Miguzel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Felipe Calderón, advirtió: esta ley es anticonstitucional; cualquier persona que se vea afectada por ella puede solicitar amparo, y cualquier estado o municipio que se sienta vulnerado puede presentar una controversia constitucional, y a las cinco resoluciones de la Corte esta ley puede desaparecer del orden jurídico