viernes, 1 de febrero de 2013

La política contra la obesidad debe ir al Plan Nacional de Desarrollo


La política contra la obesidad debe ir al Plan Nacional de Desarrollo
Ofrecen 80 recomendaciones en un libro, entre ellas la regulación efectiva de la publicidad, un etiquetado claro y veraz, así como modificar el Acuerdo Nacional para la Salud de 2010
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 47
La política para combatir el sobrepeso y la obesidad debe incluir la aplicación de un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, subsidios a alimentos saludables, así como un sistema de etiquetado claro y veraz en los productos industrializados. También una regulación efectiva de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños y adolescentes. Son algunas de las 80 acciones que investigadores y académicos proponen para una política de Estado.
Los planteamientos están contenidos en el libro Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Debido al crecimiento que ha reportado el exceso de peso en las recientes tres décadas, el cual afecta a 73 por ciento de la población adulta y 30 por ciento de los menores, los especialistas proponen modificaciones al Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) con la finalidad de que sus metas sean claras, medibles y exigibles.
En el ANSA, documento de buena voluntad presentado por el gobierno federal en 2010 y suscrito por la industria alimentaria, se han identificado deficiencias en la implantación de las acciones acordadas y en su seguimiento y rendición de cuentas.
El libro dado a conocer el miércoles en sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina señala que una nueva estrategia debe formar parte del Plan Nacional de Desarrollo.
De manera puntual recomienda políticas fiscales para la prevención de obesidad, que ya han sido exitosas en otros países, tales como un impuesto a refrescos y bebidas azucaradas para reducir su consumo.
Sugiere realizar los estudios necesarios sobre el efecto que tendría en el consumo el aumento en los precios de estas bebidas en poblaciones con diferentes niveles de ingreso.
También plantea aplicar impuestos al uso de ingredientes o componentes como grasas saturadas o azúcar en alimentos y bebidas. Asimismo, que existan subsidios a frutas y verduras o alimentos propios de la cultura alimentaria tradicional.
En lo que toca a servicios de salud, los expertos recomiendan mejorar su calidad y garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la obesidad y de las enfermedades asociadas.
En el ámbito privado deben existir políticas de rembolso de las aseguradoras para favorecer la detección y tratamiento oportuno de padecimientos, así como que los tratamientos médicos para bajar de peso se incluyan de manera obligatoria en la cobertura de las pólizas de seguros médicos.
Para la industria de alimentos, el documento propone desarrollar innovaciones en productos y empaques a fin de reducir el aporte de energía, aumentar nutrimentos y la cantidad de fibra. También incorporar mayores porciones de cereales de grano entero y que los tamaños de las mismas sean equivalentes entre productos de la misma categoría.
Otra propuesta habla de etiquetado, el cual debe colocarse en la parte frontal del producto y responder a criterios definidos por comités de expertos con base en la evidencia científica, además de ser claro y veraz.
La Alianza por la Salud Alimentaria respaldó las recomendaciones al tiempo que demandó un liderazgo gubernamental claro que no ceda a las presiones de la industria

30% de la carga de enfermedad en el país se asocia con ingesta de refrescos


30% de la carga de enfermedad en el país se asocia con ingesta de refrescos
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 47
México no tiene por qué ser el principal consumidor de refrescos en el mundo, y menos cuando 30 por ciento de la carga de enfermedad en el país está asociada a su ingesta, advirtió Mauricio Hernández Ávila, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Al comentar el libro Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina, el investigador recordó que sobrepeso y obesidad afectan a 73 por ciento de los mexicanos y se relaciona con la mayoría de las enfermedades crónicas.
El texto en el que expertos proponen 80 medidas, para abatir el fenómeno, se presentó durante una sesión especial de la ANM a la que asistió el rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, quien advirtió que el país vive una situación paradójica, ya que hay desnutrición infantil, pero también una problemática compleja de sobrepeso y la obesidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, 1.7 millones de niños menores de cinco años padecen carencia nutrimental, lo que limita su desarrollo.
El rector de la UNAM advirtió que por esta causa perdieron la vida 83 mil menores en la década pasada. Es una obligación ética dar una solución efectiva, advirtió, y comentó que la finalidad de las propuestas contenidas en el libro es que se conviertan en el instrumento para una política de Estado que frene la obesidad. Este es un problema grave, indicó, pues una de cada siete muertes se debe a la diabetes. Este mal, a su vez, tiene una vinculación estrecha con el exceso de peso corporal, indicó.
La Ensanut 2012 reveló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 73 por ciento, en una tendencia de aparente estabilización, pero luego de 30 años de crecimiento, sobre todo en la población femenina e infantil. El exceso de peso está presente en una tercera parte de los niños.
Hernández Ávila advirtió sobre la necesidad de que el combate del sobrepeso y la obesidad forme parte del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal para que en las acciones participen, además de la Secretaría de Salud, otras dependencias federales como las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Desarrollo Social

Piden padres salida de Gordillo


Piden padres salida de Gordillo
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 48
Un grupo de padres de familia, quienes afirmaron ser apartidistas y sin ninguna filiación política, exigieron la salida del sistema formativo del país de Elba Esther Gordillo, quien lidera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sin establecer con claridad los mecanismo para alcanzar este objetivo ni dar a conocer sus formas de financiamiento, los integrantes de la llamada Fusión de padres de familia, convocaron a una conferencia de prensa para invitar a la sociedad a firmar unpliego petitorio para exigir la salida Gordillo Morales del gremio magisterial.
En la lectura de un comunicado, señalaron: “nos movilizamos a partir de la declaración de guerra contra los padres de familia que hizo Elba Esther Gordillo al oponerse a la reforma educativa.
“Nuestro objetivo es que se vaya junto con su camarilla y rinda cuentas. Una mejor enseñanza como derecho de nuestros hijos es nuestra bandera.
No estamos en contra de los maestros ni del sindicato, solamente de su dirigente y su camarilla, concluyen

Iglesias deben impregnar dignidad en la personas


Iglesias deben impregnar dignidad en la personas
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 49
El vicerrector de la Basílica de Guadalupe, Carlos Ruiz, aseguró: En un mundo nihilista y relativista en el que prevalece avasallante el individualismo, la ley del egoísmo, la masificación y la ley de la manada, las iglesias cristianas necesitan impregnar en sus feligreses laverdadera dignidad de la persona.
Lo anterior lo manifestó con la finalidad de que seamos más solidarios, se creen programas sustentables en relación con la naturaleza y se “administre la creación con sentido humano y cristiano, lo que abonaría a una cultura económica más humana, más razonable y más justa.
Estas palabras son parte del mensaje que pronunció el vicerrector de la Basílica en el encuentro ecuménico de oración realizado anoche en la Basílica de Guadalupe en el que participaron el cardenal Norberto Rivera Carrera, de la Iglesia católica romana, y representantes de la Iglesia ortodoxa antioqueña y de la metodista, así como Athenagoras Anesti, de la Iglesia ortodoxa griega; Antonio Alejo, de la Iglesia ortodoxa en América; Carlos Touché, de la Iglesia anglicana; los pastores Álvaro López, de la Iglesia luterana, y Javier Ulloa, de la Iglesia bautista.
Durante su discurso, Ruiz destacó que vivimos en un mundo de cambios vertiginosos, de logros, olvidos de angustias y búsquedas, especialmente en el desafio de las megalópolis, sitios donde sobran conflictos por actitudes y costumbres no siempre humanizantes.
Destacó, asimismo, que debido a las migraciones, tanto internas como entre países, las personas pagan un alto precio, pues enfrentan la pérdida de la familia, de la cultura y la confrontación de valores y costumbres en el emjambre de las ciudades y de esta gran aldea global.
Señaló que estas situaciones desafian a la evangelización de las iglesias cristianas, exigiendo una sabia y oportuna inculturación del mensaje evangélico y también una prudente y pronta evangelización con profundo respeto y diálogo de las culturas de las ciudades.
Destaca Ruiz urgencia de atender a las familias y a los jóvenes
Carlos Ruiz subrayó que en medio de un juego de luces y sombras se reconoce la incapacidad de transmitir a las nuevas generaciones los contenidos de nuestra fe en Jesucristo y dijo que es urgente atender a las familias y a los jóvenes.
La reunión se realizó en el contexto del Año de la Fe, decretado por el papa Benedicto XVI.
En el acto los representantes de la Iglesias que integran el Movimiento Ecuménico dieron gracias a Dios por el don de la fe cristiana en México, expresaron su testimonio de fe común y oraron para que el ideal de la unidad sea una realidad.
El Movimiento Ecuménico aglutina a la Iglesia católica romana, a las iglesias ortodoxas y a las iglesias cristianas nacidas de la Reforma Protestante del siglo XVI, las cuales mantienen el diálogo teológico y cada año se reúnen del 18 al 25 de enero

En 2012, mil 146 quejas por violación al debido proceso


En 2012, mil 146 quejas por violación al debido proceso
Las instancias con mayor número de señalamientos son la procuraduría, la policía, la consejería y el TSJ, indica
Detecta detenciones arbitrarias y filtración de datos personales
Foto
Un informe elaborado por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, instancia creada por el ombudsman Luis González Placencia, indica que 699 quejas corresponden al derecho al debido proceso y garantías judiciales, y 447 al derecho a la libertad y seguridad personalesFoto La Jornada
Josefina Quintero
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 43
De enero a noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) calificó mil 146 quejas de presuntamente violatorias de los derechos al debido proceso y a la libertad y seguridad personales. Los expedientes detallan agravios que van desde la violación a la presunción de inocencia, detenciones arbitrarias, dilación en la presentación del inculpado ante la autoridad correspondiente, hasta la divulgación a los medios de comunicación de datos personales y confidenciales del acusado.
En un informe elaborado por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH), instancia creada por el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se indica que de las mil 146 quejas, 699 corresponden al derecho al debido proceso y garantías judiciales, y el resto, 447, al derecho a la libertad y seguridad personales.
La instancia del gobierno de la ciudad con mayor número de señalamientos es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con 833 menciones, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 310, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con 187.
En cuarto lugar se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con 118 menciones.
El informe refiere mil 484 menciones por tipo de violación. En una queja se pueden señalar a una o más autoridades como probables responsables.
Respecto del derecho al debido proceso se encuentran, entre otros, 41 casos de violación a la presunción de inocencia, 22 coacciones para que el detenido se inculpara y 117 ocasiones en las que se negó, restringió u obstaculizó el derecho del presunto responsable a ser asistido por un defensor de oficio. En 13 casos las autoridades no informaron al detenido de los cargos en su contra y en 10 ocasiones no se respetó la garantía con que cuentan todos los integrantes de comunidades indígenas a ser asistidos por un intérprete.
Sobre el derecho a la libertad y seguridad personales se enlistan 335 detenciones arbitrarias y 85 ilegales. En 41 casos se dilató la presentación del presunto responsable ante la autoridad correspondiente (MP o juzgado), y en 19 se incomunicó al detenido

Diputados ven contradicciones en Sinhambre


Diputados ven contradicciones en Sinhambre
Ángel Bolaños
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 45
El PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) solicitará al gobierno federal los criterios que utilizó para incluir las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tlalpan entre los 400 municipios del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre).
Los diputados Eduardo Santillán Pérez y Dinorah Pizano Osorio advirtieron contradicciones en el hecho de que la administración federal niegue al Distrito Federal recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a partir de los criterios que utiliza para evaluar los índices de pobreza en la ciudad y ahora decida incluir en dicho programa a las cuatro delegaciones que concentran 48 por ciento del padrón electoral. Eso evidentemente que genera suspicacia, señalaron.
“No queremos que el Monexgate se vuelva política pública”, apuntó Santillán. Agregó que estarán muy pendientes de la publicación de las reglas de operación, ya que en el decreto del Ejecutivo federal que crea el programa no se desprende una estrategia que garantice el cumplimiento de los objetivos que se propone, ni se estipula ninguna coordinación con los gobiernos central y delegacionales.
Estrategia político electoral
Pizano anticipó que, conjuntamente con diputados y senadores del PRD, solicitarán además una reunión con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, para plantear estas inquietudes en tanto se requiere, por medio de una solicitud de información, los criterios que utilizó para seleccionar los municipios a los que se bajarán los recursos de Sinhambre.
Resaltaron también los casos de los estados de Morelos y Nuevo León, donde los municipios incluidos en el programa son solamente Cuernavaca y Monterrey, respectivamente. Santillán advirtió que su partido se opondrá al uso de esquemas ya rebasados que ha utilizado el PRI como estrategia electoral.
En particular se refirió a la creación de comités comunitarios integrados por beneficiarios de los programas sociales, previsto como mecanismo de participación ciudadana en el artículo 5 del decreto. No hay que ser experto en estrategias político electorales para ver que no es un esquema de participación ciudadana y apostar a que van a terminar siendo coordinados por operadores políticos del PRI.
Observó que el decreto no precisa el número de personas que recibirán los apoyos, pero en conjunto las cuatro demarcaciones incluidas concentran unos 4 millones de habitante

Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica


Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica
Acuerdan no revelar identidad de víctimas ni de testigos
Se respetarán garantías, aseguran
Foto
Foto
Cincuenta y cuatro personas acusadas de diversos delitos fueron presentadas ayer ante una asamblea comunitaria en el ejido El Mezón, municipio de Ayutla, GuerreroFoto Víctor Camacho y Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 39
Ayutla de los Libres, Gro., 31 de enero.Representantes de 69 comunidades de seis municipios de la Costa Chica crearon hoy el tribunal popular que juzgará a las 54 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que fueron detenidas en retenes que los pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa instalaron el 6 de enero.
En una asamblea efectuada en la comunidad El Mezón, habitantes y autoridades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec acordaron que el 22 de febrero se inicie el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos, en el poblado de Buenavista.
Luego de presentar a cada uno de los detenidos y mencionar los delitos que se les imputan, una mujer leyó ante pobladores, comisarios municipales y ejidales, comandantes y policías ciudadanos, que los acusados serán juzgados en juicio público que se inicia el día de hoy. Su actuación se regirá por los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos.
Descartan penas corporales
El tribunal, dijo, “recibirá las pruebas, testimonios, documentos y demás pruebas de cargo que presentarán las víctimas, y por razones de seguridad, la identidad de las víctimas y testigos se mantendrá en reserva. Los detenidos rendirán su declaración y presentarán las pruebas que demuestren su inocencia, y sus familiares podrán fungir como defensores, aportando los elementos de prueba y haciendo los alegatos.
“Al término de las exposiciones orales de las partes y de la aportación de sus pruebas, el tribunal sesionará el tiempo necesario y presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos. El tribunal popular será el único facultado para la imposición de las penas, quedando estrictamente prohibido imponer sanción corporal alguna.
Los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conformen nuestro movimiento por el tiempo que determine nuestro tribunal, previo juicio popular, concluyó.
Aguirre anuncia comisión oficial
En Chilpancingo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que este viernes se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla, particularmente en El Mezón, donde de acuerdo con sus usos y costumbres habrán de presentar a estas personas que, dicen ellos, cometieron diversos delitos, y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas.
Hoy por la mañana tuve una plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien acordé constituir esta comisión. El gobierno federal va a designar a Jaime Martínez Veloz como enlace con los pueblos indígenas, adelantó.
Aseguró que esta comisión, que se instalará en Casa Guerrero, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta última con influencia en la Costa Chica. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.
Sin embargo, solicitó a los representantes de esas comunidades que designen una comisión que dé seguimiento al proceso al que serán sometidos los detenidos, para que éstos tengan garantía plena, y a los que no se demuestre algún delito tendrán que liberarlos de inmediato.
Aguirre aseguró también que ya está lista la redacción del decreto que enviará al Congreso del estado, mediante el cual se dará legalidad a las policías comunitarias como coadyuvantes en labores de seguridad

Defiende Icomos el edificio Mier y Pesado


Defiende Icomos el edificio Mier y Pesado
Eirinet Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 40
Jalapa, Ver., 31 de enero. El Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos Mexicano) inició una revisión del edificio Mier y Pesado en Orizaba, Veracruz, donde Walmart pretende construir una plaza comercial, para justificar la conservación del inmueble.
Enrique X. de Anda, coordinador del comité científico de arquitectura del siglo XX del Icomos Mexicano, consideró que Juan Segura, quien construyó el edificio Mier y Pesado, es uno de los arquitectos más importantes de México en la primera mitad del siglo XX.
Abrió una nueva línea de trabajo en el diseño arquitectónico, mostrando gran capacidad, habilidad y talento para integrar distintos elementos de diferente procedencia en la década de 1920, cuando en México estaban confluyendo varias corrientes arquitectónicas, las nacionalistas y las de la modernidad europea, así como las que tenían que ver con temas vernáculos y de modernidad, como el déco, comentó.
Agregó que el Mier y Pesado es uno de los trabajos de Segura que mejor expresa las características de su autor; por ello debe mantenerse y respetarse. Evidentemente no tiene nada qué hacer el uso comercial en ese edificio.
Sobre la labor del comité científico que encabeza, indicó que es asesor de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en asuntos relacionados con inmuebles que tienen valor como patrimonio cultural. Lo que hacemos es coadyuvar a que se mantengan incólumes edificios que están vinculados a la memoria cultural de la sociedad, y que además tienen méritos arquitectónicos, como es el caso del edificio Mier y Pesado. Vamos a abogar por que no desaparezca ni se modifique.
Añadió que ya enteró del asunto a los casi 250 integrantes del Icomos Mexicano y se puso en contacto con defensores del inmueble para emprender su defensa. Consideró que el Mier y Pesado y su conjunto no pueden ser cambiados de uso tan fácilmente, como pretende su propietaria, la Fundación Mier y Pesado.
Cuestiona a la fundación
Sobre los argumentos de la fundación acerca de que el edificio es obsoleto para ser una casa hogar de adultos mayores, por falta de calefacción y otros inconvenientes, De Anda dijo: Todo eso es solucionable.
Adelantó que el Comité Científico de Arquitectura del Siglo XX basará la defensa del inmueble no sólo en su valor arquitectónico, sino en los valores del conjunto. Ésa es nuestra lucha: demostrar la importancia que tiene el conjunto desde el punto de vista arquitectónico, pero más que nada, desde el punto de vista social, demostraremos que el conjunto está arraigado a la cultura de Orizaba

Mantienen bloqueo a ingenios en Nayarit


Mantienen bloqueo a ingenios en Nayarit
Myriam Navarro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 40
Tepic, Nay. Cañeros de los ingenios Menchaca y Puga mantienen cerradas desde el 21 de enero las bodegas de azúcar, y reiteraron que mantendrán su protesta hasta que el precio se incremente. La tonelada de azúcar se pagó a 772.76 pesos en 2012 y hasta el 20 de enero, horas antes de que empezara el bloqueo, se pagaba a 470 pesos, cantidad que, según el cañero Indalecio Corona, no nos alcanza ni para los insumos, mucho menos para pagar a los cortadores y mantener a la familia

Despidos injustificados en el TSJE de Chiapas


Despidos injustificados en el TSJE de Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 41
San Cristóbal de las Casas, Chis. Empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado denunciaron que alrededor de 400 de sus compañeros han sido despedidos injustificadamente en días recientes, y a un grupo no le permitieron checar tarjeta de ingreso este jueves. Los inconformes, algunos de los cuales tienen hasta 16 años de antigüedad, protestaron frente a las oficinas centrales de ese órgano, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir su reinstalación. Uno de los afectados, Omar Moreno Alfaro, quien trabajaba de analista, explicó en entrevista colectiva que hace dos días sus jefes les pidieron la renuncia voluntaria a varios, pero no aceptaron, y cuando quisieron ingresar a laborar no se lo permitieron. Han solicitado hablar con el presidente del Poder Judicial, Óscar Rolando Ramos Rovelo, para pedirle que los reinstalen o los liquiden conforme a la ley, pero no han recibido respuesta. Consideró que los despidos son consecuencia del plan de austeridad estatal y afectan el área de medidas cautelares, el centro de justicia alternativa, el departamento de gestión de la contraloría, los archivos jurídicos, el fondo auxiliar, la tesorería, y los departamentos de recursos humanos y materiales. Aseguró que 70 por ciento de los afectados son madres solteras que ganan entre 5 mil y 13 mil pesos

Fallece mujer golpeada por hombres en Juárez


Fallece mujer golpeada por hombres en Juárez
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 42
Ciudad Juárez, Chih. La mañana de este jueves falleció Leticia Mora Meléndez, de 29 años de edad, quien convalecía desde el 20 de enero en la clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social luego que varios hombres le propinaron una golpiza en un bar del centro de esta localidad fronteriza al que había ido a bailar y le provocaron severas lesiones en el abdomen. Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada en en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género se hizo cargo de la indagatoria por considerar que se trata de un feminicidio

25 muertos


25 muertos
El estallido en edificio de Pemex deja al menos 101 heridos
Ningún reporte sobre desaparecidos
Mirna Servín e Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 2
Un estallido seguido de una onda expansiva –que se sintió como un temblor– causó pánico entre miles de trabajadores de los edificios de Petróleos Mexicanos (Pemex). La versión oficial de lo sucedido fue la de un corto circuito, y por la noche la conclusión anunciada fue que se requerirá la intervención deexpertos nacionales e internacionales.
Antes de las 16 horas de ayer, y aún sin saber la magnitud de lo ocurrido, cientos de trabajadores empezaron a desalojar las torres ubicadas sobre Marina Nacional, en la colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo.
En el edificio B2, que tiene 13 pisos, ocurrió el derrumbe de varios pisos, entre ellos la planta baja, el sótano y el vestíbulo, lo que dejó decenas de personas atrapadas y heridas.
El conteo preliminar de la noche de ayer era de 25 muertos y 101 heridos, aunque la suma no había concluido, y más de un centenar de personas reportadas como lesionadas, las cuales fueron enviadas a los hospitales de la paraestatal. No se habló del número de personas desaparecidas o no localizadas.
El caos y la incertidumbre generados por la falta de información se extendieron desde las autoridades de Pemex, que a través de su cuenta de Twitter a las 15:58 horas daban a conocer que el desalojo se debía a una falla eléctrica, cuando a esa misma hora los familiares de los trabajadores llegaban al lugar preguntando por lesionados de la explosión y del derrumbe reportado por las últimas llamadas telefónicas que habían recibido desde el interior del edificio. El humo blanco que salía del lugar se podía observar desde el Circuito Interior.
Vecinos de la sede de la paraestatal que se acercaban al lugar, que inmediatamente se empezó a congestionar de unidades de rescate, ambulancias, bomberos y policías, dieron cuenta de las llamas que momentáneamente habían salido del edificio.
Alrededor de las 16 horas, elementos de la policía capitalina y agentes federales empezaban a acordonar el lugar, en el cual no se percibía olor a gas, al menos en el exterior de la torre B, donde los vidrios de las ventanas de al menos tres pisos estaban rotos.
Los trabajadores que salían de los edificios hablaban de una onda expansiva que se sintió en inmuebles aledaños y en la calle, donde comerciantes ambulantes empezaron a retirar sus puestos.
Los primeros heridos, que salían en camillas o caminando, tenían raspones, cortaduras de vidrio y golpes. Uno de ellos explicó que eran los de la parte alta del edificio porque toda la zona de recursos humanos, ubicada en la planta baja, estaba en medio del colapso.
El chofer de un alto funcionario de Pemex, de quien se reserva su identidad, relató que al sentir la onda expansiva fue proyectado hacia una columna y, después de unos segundos, se recuperó de la conmoción inicial y entró para ayudar al menos a ocho trabajadores. El testigo aseguró que nunca vio fuego ni percibió ningún olor. Sólo oí una explosión. No vi llamas; lo que sí vi fue el pasillo del edificio B2, que recientemente había sido techado con un cobertizo, y toda la estructura metálica estaba retorcida.
Un trabajador reveló que en el área del siniestro no hay calderas, como se había especulado. En el sótano está el archivo muerto, las máquinas pulidoras y de limpieza. Las calderas se encuentran en un edificio diferente. El edificio B2 está contiguo a la torre principal de Pemex, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de México por sus 214 metros de altura y por ser la sede de la principal compañía de América Latina.
Foto
Foto Alfredo Domínguez
Minutos antes de las 17 horas el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llegó al lugar y poco después lo hizo el jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida. El cerco a los complejos de Pemex se empezó a extender varias manzanas con la ayuda de granaderos capitalinos. Los vidrios habían caído a gran distancia.
Poco a poco se distinguían varios círculos de vigilancia. El más cercano al lugar del incidente estaba llenos de militares y escuadrones de rescate. Le seguían las fuerzas federales, acordonando el resto de las calles, y los policías capitalinos.
Al lugar llegaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos, quienes no informaron nada, pero las más de 100 ambulancias de distintas corporaciones que habían salido y entrado del lugar hablaban por sí mismas. Los helicópteros de la SSPDF no dejaban de sobrevolar la zona, que junto a otros de medios de comunicación eran alrededor de cinco.
Cerca de las 18 horas se negaba toda información sobre personas fallecidas, pero en contraste llegaban ambulancias de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que habitualmente sólo son requeridos para el levantamiento de cadáveres.
Personal especializado de la UNAM entró acompañado de perros entrenados para la localización de personas; a esto siguieron personal de rescate de la SSPDF, con palas y polines, y cinco binomios de perro y entrenador de la Secretaría de Marina. La zona del derrumbe había quedado completamente oscura, por lo que también acudió personal con dos plantas de luz.
La zona se empezó a llenar de elementos de la Policía Federal, del Ejército que iban con armas de alto poder. Casi a las 20 horas aparecieron elementos de la Marina. Era el agrupamiento antibombas. Había tensión.
En total, se estima que en la circunferencia y en el edificio colapsado había más de 800 elementos especializados, entre policías y trabajadores de rescate. Paradójicamente, horas antes de la toma policiaca de la paraestatal, a la 13:59, la cuenta de Twitter de la paraestal anunciaba: es un logro de Pemex mantener los indicadores de seguridad por debajo del estándar internacional.
A la zona, poco a poco empezaron a llegar más familiares de trabajadores que ya habían recorrido diversos hospitales sin éxito. Ni los gritos ni el llanto de mujeres y hombres derivaron en una respuesta oficial.
En cambio, a la llegada de camionetas blindadas llenas de personal de seguridad abrían inmediatamente el cordón de seguridad instalado para delimitar la zona.
Tras la primera explosión de la tarde, hubo una nueva alerta por la noche que produjo el desalojo de gran parte de los elementos policiacos, reporteros y gente reunida en el lugar.
Eran las 10:10 horas y una sirena de emergencia se escuchó. Todos los que estaban ahí corrieron indistintamente por la puerta 15 ubicada en la calle de Bahía de Banderas. Al parecer el peligro aún era inminente

Prevalece la impunidad militar en abusos a derechos humanos: HRW


Prevalece la impunidad militar en abusos a derechos humanos: HRW
Se reportan amenazas contra activistas, ‘‘práctica generalizada’’ de la tortura, ausencia de protección a mujeres, migrantes y periodistas; menciona también ejecuciones extrajudiciales
Foto
Retén del Ejército Mexicano cerca de Navolato, SinaloaFoto Víctor Camacho
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 7
Nueva York, 31 de enero. La impunidad de las fuerzas de seguridad ante violaciones de garantías individuales cometidas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, las amenazas contra defensores de derechos humanos, la persistencia de la tortura como ‘‘práctica generalizada’’, la ausencia de protección para los derechos de las mujeres, los trabajadores, los migrantes y los periodistas, definen a México en torno a los derechos humanos, según Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.
El capítulo dedicado a México delInforme Mundial 2013 señala que las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública incluyen ejecuciones, desapariciones y torturas, y advierte que ‘‘casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país’’. De enero de 2007 a mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) emitió informes sobre 109 casos en donde integrantes del Ejército habían cometido graves violaciones, mientras que en ese periodo recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.
Justicia militar cuestionada
‘‘Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia’’, señala Human Rights Watch. Esos casos se investigan dentro del sistema de justicia castrense, donde la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos entre enero de 2007 y abril de 2012, pero durante ese periodo los jueces condenaron sólo a 38 integrantes de las fuerzas armadas.
El informe de HRW afirma que ‘‘la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México’’ por parte de las autoridades para obtener información y confesiones, y suele aplicarse durante el periodo en que las víctimas son detenidas arbitrariamente antes de ser presentadas a agentes del Ministerio Público. Las tácticas más comunes son golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.
El organismo señala que una razón para la persistencia de estos abusos es la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas por tortura, a pesar de que esto viola la Constitución, y por otro lado, la impunidad. ‘‘Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la CNDH recibió más de 100 denuncias de esta práctica y más de 4 mil 700 de maltrato entre 2007 y 2011’’, afirma. En los centros de detención ‘‘prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene’’, y la mayoría de los reos no cuenta con seguridad básica. Citando a la CNDH, se señala que cerca de 60 por ciento de las prisiones ‘‘están controladas por la delincuencia organizada’’.
Sobre migrantes, el informe subraya que muchos de los cientos de miles que cruzan por México sufren graves abusos, tanto del crimen organizado como de autoridades u oficiales mexicanos. Informa que, según la CNDH, cerca de 22 mil migrantes son secuestrados cada año.
Libertades y derechos suprimidos
En el rubro de libertad de expresión, HRW resalta los ataques y presiones contra periodistas, sobre todo aquellos que se han dedicado a denunciar narcotráfico o que ‘‘han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades’’. Denuncia que las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente delitos contra miembros de la prensa, ni protegido a periodistas vulnerables, ‘‘lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura’’. Informa que entre 2006 y mediados de 2012, se registraron más de 630 denuncias por agresiones contra la prensa, y la fiscalía especial dedicada a este ámbito sólo ha logrado obtener una condena penal desde que fue creada en 2006.
HRW reporta que las leyes y autoridades en México ‘‘no ofrecen protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual’’. En torno a los derechos reproductivos, informa que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal legalizando el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, desde entonces 16 de los 32 estados han adoptado reformas reconociendo ‘‘el derecho a la vida’’ desde la concepción, limitando así el derecho de las mujeres a la salud.
En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.
El capítulo del informe se puede revisar en: http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202

Sólo existen 10 defensores en lenguas indígenas


Sólo existen 10 defensores en lenguas indígenas
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 9
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó criterios tendientes a garantizar a los indígenas del país su derecho al pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta sus usos y costumbres, condición social y económica, y en general su estado de vulnerabilidad. Sin embargo, los buenos deseos del máximo tribunal chocaron con una cruda realidad: el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cuenta únicamente con sólo 10 defensores ‘‘certificados’’ en lenguas indígenas.
Esta realidad quedó plasmada en los cinco amparos que resolvieron los ministros en los que aprobaron los criterios en materia de justicia para indígenas, luego de pedir al IFDP un informe sobre la cantidad de defensores que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para que la defensa de los indígenas esté garantizada.
En un informe que envió el IFDP a la Suprema Corte, sobre la situación que hay con los defensores públicos federales que apoyan a los indígenas sujetos a proceso penal, se señala que los 10 defensores están certificados en las lenguas chinanteca, maya, purépecha, rarámuri, tzetzal, tzotzil, triqui, yaqui y zapoteco.
Compleja tarea
El propio instituto reconoce en su texto que hasta la fecha ha sido incapaz de ‘‘encontrar personas hablantes de todas las lenguas que hay en cada estado’’.
Agrega que es ‘‘un poco compleja la tarea de fomar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lenguas y cultura indígenas’’, porque lo ideal es que el defensor público hable la lengua natal y conozca las costumbres de sus defendidos.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su catálogo oficial, señala que hay en el país 68 agrupaciones lingüísticas y 365 variantes (aunque en el documento aclara que cada una debe ser tratada como una lengua distinta).
El pasado miércoles, los ministros de la primera sala resolvieron cinco amparos presentados por indígenas de Guerrero y de Chiapas (sentenciados por delitos contra la salud, homicidio e intento de violación), en los que concedieron amparo para efecto de que se les dicte nueva sentencia, en razón de que fue violado su derecho al debido proceso, entre otras cosas porque no se cumplió con el artículo segundo constitucional, el cual establece que los indígenas deberán contar con un intérprete para su adecuada defensa

Miente Peña Nieto; le urge dar el petróleo a extranjeros: AMLO


Miente Peña Nieto; le urge dar el petróleo a extranjeros: AMLO
El día 5 los consejeros de Morena definirán en el DF el plan de acción
Foto
Andrés Manuel López Obrador durante un acto en Minatitlán, Veracruz, donde se eligió el nuevo comité municipal de MorenaFoto La Jornada
René Alberto López y Jesús Lastra
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 13
Coatzacoalcos, Ver., 31 de enero. Desde esta región petrolera del sureste, Andrés Manuel López Obrador convocó a una campaña nacional de concientización para impedir la privatización del petróleo, que –aseguró– pretende realizar el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la renta simulada del hidrocarburo, para entregar 60 por ciento de las ganancias a compañías extranjeras.
Peña Nieto no había hablado del tema; ayer lo hizo porque les urge entregar la renta petrolera, pero miente cuando dice que no van a privatizar, aunque ayuda que hable en ese sentido, porque la gente lo entiende al revés: si afirman que no, es porque lo van a hacer, y la población lo que entiende es que ahí viene el garrotazo.
El líder opositor explicó que,efectivamente, no están privatizando Pemex: quieren privatizar el petróleo, pero lo vamos a impedir con la movilización pacífica y la participación del pueblo.
Aseguró que el próximo 5 de febrero se reunirán en la ciudad de México los consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para organizarse y definir el plan de defensa del petróleo.
López Obrador arribó después de las 13 horas al palenque de la Expo Feria de Coatzacoalcos para encabezar la asamblea municipal de Morena, y por la tarde comenzó prácticamente la defensa del petróleo, pues fue recibido por decenas de hombres y mujeres que portaban pancartas con las leyendas:No a la venta del petróleoPemex no se vendePemex, patrimonio de los mexicanos.
Ante sus seguidores, advirtió que si se privatiza el hidrocarburo las cosas se pondrán peor en el país, y les preguntó:¿podemos contar con ustedes para defender el petróleo? El  fue unísono.
El tabasqueño reiteró que es mentira que con la reforma energética habrá crecimiento y más empleo en el país;eso es puro cuento, dijo. Asimismo, afirmó que los gobiernos federales tienen 30 años privatizando y la situación del país sigue igual.
Aunque acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recibir órdenes del secretario de Goberna- ción, Miguel Ángel Osorio Chong, en los temas relacionados con la liberación de la francesa Florence Cassez y la monstruosidad cometida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ex candidato presidencial enfocó su intervención al tema petrolero.
Subrayó que su movimiento tiene dos prioridades: organizar a Morena y la defensa del petróleo. Insistió en que sila mafia en el poder logra la renta de la extracción de crudo, se dejará sin presupuesto al país y estaríamos peor que ahora, porque se dejaría de apoyar programas educativos, de salud y el desarrollo en general, lo mismo que afectaría a comerciantes y productores con los permanentes aumentos en la gasolina.
Explicó a sus partidarios que deben difundir Regeneración –el periódico que edita Morena–, pues aseguró que ahí se informa de lo que algunos medios no mencionan; refirió, por ejemplo, el caso del avión que compró Peña Nieto en 6 mil 300 millones de pesos: el doble del presupuesto destinado a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El ex candidato presidencial encabezó más tarde la asamblea de Morena en el municipio de Minatitlán, donde insistió en la defensa del crud

Inédito, que 33 organizaciones busquen ser partido político: IFE


Inédito, que 33 organizaciones busquen ser partido político: IFE
No aumentará el costo de financiamiento; la bolsa se reparte entre todos
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 15
El Instituto Federal Electoral (IFE) había recibido hasta ayer 33 notificaciones de organizaciones que pretenden convertirse en partido político, si bien aún no era la cifra definitiva, porque el plazo para el registro vencía a la medianoche. El consejero electoral Lorenzo Córdova dijo que en las últimas horas se recibieron seis solicitudes.
Para el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a partir de hoy empieza la segunda etapa del largo proceso para constituirse en partido político. Reconoció que la cifra es inédita en la historia del IFE, toda vez que en 2007 acudieron 15 organizaciones a realizar los trámites, y en ningún caso se otorgó el registro, por incumplir los requisitos señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Aunque se congratuló de que haya interés por formar nuevos partidos, porque esto es expresión de la pluralidad del país, reconoció que el gran número de organizaciones hará más complejo el proceso para el IFE. Sin embargo, señaló que el despliegue territorial que tiene el organismo a escalas distrital y estatal le permite canalizar los trámites.
La notificación al instituto y la entrega de documentos preliminares es el primer paso de un largo proceso que concluirá en agosto de 2014, cuando el Consejo General apruebe o rechace el registro.
Córdova mencionó que la realización de las 20 asambleas estatales o 200 distritales para acreditar una militancia equivalente a 0.26 por ciento del padrón electoral (220 mil militantes) es el verdadero desafío que tienen las organizaciones para constituirse en partidos políticos, y enero de 2014 es la fecha clave para completar los requisitos, porque es cuando deben efectuar la asamblea nacional de aprobación de documentos.
Afirmó que el IFE está preparándose para el procedimiento, para lo que empezó el proceso de capacitación a sus funcionarios estatales y distritales. El personal del instituto debe supervisar la realización de las asambleas para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos: asistencia de 300 o 3 mil militantes, según se trate de asambleas distritales o estatales, respectivamente, y que quienes asistan sean ciudadanos residentes de dichas demarcaciones.
A pregunta expresa, Córdova subrayó que todas las organizaciones tienen obligación de presentar informes mensuales de los gastos relacionados con la construcción del partido político. El eventual incumplimiento de esta disposición será valorado en su momento por el Consejo General, como parte del proceso de aprobación del registro.
Cuestionado sobre la cantidad de organizaciones solicitantes, el consejero considera positiva esta situación, porque habla de la pluralidad. Precisó que, a diferencia del pasado, el número de partidos con registro no impacta en incrementar el costo de la democracia. La bolsa de dinero entregada y los espacios en radio y televisión no se modifican en función de la cantidad de partidos, sino que es una sola y se distribuye entre los existentes .
Esto obedece a un cambio en el cálculo del financiamiento de partidos, toda vez que hasta antes de 2007, el total de institutos era un factor en el cálculo global de las prerrogativas para todos

PRD no descarta fallas al contar gastos de campaña de Movimiento Progresista


PRD no descarta fallas al contar gastos de campaña de Movimiento Progresista
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 16
La dirigencia nacional del PRD no descartó fallas en la contabilidad de gastos de la campaña presidencial de Movimiento Progresista.
Eso no lo descarto; presentamos una parte que se suponía era la información consolidada de toda la coalición, y luego los otros partidos (PT y Movimiento Ciudadano) presentaron informes adicionales, pero que tienen que ver con los gastos de campaña, señaló en entrevista el presidente nacional perredista, Jesús Zambrano.
Retó a que se señalen las fallas técnicas que pudieron haber tenido los tres partidos de izquierda, y se admitirán sin duda alguna. Lo que de ninguna manera acepto es que el PRD y la coalición y su candidato a la presidencia de la República hayan rebasado el tope de gastos de campaña.
En la sede nacional del partido, Zambrano insistió en que el IFE sumó informes de las tres elecciones que hubo en 2012 –para presidente de la República, senadores y diputados– en su informe y criticó el trato desigual que ha dado el órgano electoral a las fuerzas políticas.
Pedimos un trato igual. No estamos solicitamos otra cosa, porque fue evidente el derroche de recursos, el dispendio en la campaña presidencial del PRI. Afirmó que es evidente la actitud de saña con la que se maneja la Unidad de Fiscalización (del IFE contra el Movimiento Progresista) en su juicio final.
Pero, dijo, una cosa es que pueda haber fallas técnicas, problemas de presentación de documentación (y) otra cosa es el fondo del asunto, que tiene que ver con que se invirtieron los papeles: los violadores de la ley son los únicos que cumplieron con la misma, y los que sí cumplimos con ella somos los únicos que habríamos violado el tope de gastos de campaña, reiteró.
Dijo que ya instruyó a la secretaría de finanzas del PRD para que realice un análisis minucioso de los gastos de campaña reportados, además de que ya escudriñan el informe de la Unidad de Fiscalización, que apuesta por que se les sancione.
No obstante, en breves declaraciones, el secretario de Finanzas del partido, Xavier Garza, rechazó que incurrieran en irregularidades al presentar los gastos de campaña de su ex candidato presidencial.
Dijo que presentará informes en conferencia de prensa posterior

El diálogo de Gobernación con el SME, sólo en el marco del fallo de la Corte: Navarrete


El diálogo de Gobernación con el SME, sólo en el marco del fallo de la Corte: Navarrete
Los empleados de LFC son especializados, y siempre podrán ser recontratados en distintas áreas
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 17
El gobierno federal tiene una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han cobrado su liquidación, señaló ayer el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Cuestionado respecto a la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarles el amparo a los afiliados al SME para que fueran recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto, luego de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el funcionario reiteró que dicho fallo ya no es un tema a discusión; debe acatarse.
En este sentido –dijo–, la STPS tiene una función importante, que es garantizar que todos los trabajadores que son objeto de esta resolución reciban la liquidación correspondiente en los términos legales. Insistió en que hay un ofrecimiento de indemnización superior a lo que marca la ley.
Asimismo, planteó que la liquidaciónes un derecho para cada uno de los trabajadores que componían el Sindicato Mexicano de Electricistas. No obstante, reiteró la voluntad de diálogo del gobierno federal con el SME; dijo que en la reunión a que fueron convocados los dirigentes del gremio con el secretario de Gobernación, la discusión deberá estar enmarcada en las decisiones judiciales emitidas, ya que dentro de la civilidad democrática y del respeto a las instituciones se pueden encontrar salidas a cualquier problema social.
A pregunta expresa sobre si ofrecen otra vez bonos adicionales a los electricistas para que cobren su liquidación, dijo que lo que hay es una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado, y en este momento es lo que nosotros podemos respaldar. ¿Qué más se puede dialogar con el gobierno federal? Esto implica un ejercicio de dos partes.
Entrevistado en el contexto de la revisión del contrato de ley de la industria de la radio y la televisión, Navarrete Prida planteó que el personal de la extinta Luz y Fuerza del Centro es especializado. En el transcurso de su vida siempre tendrán posibilidades de recontratación en distintas áreas de la industria. Agregó que la dependencia, a través del Servicio Nacional de Empleo, está dispuesta a apoyar en todo lo que se pueda a los miembros del SME, no de dientes para afuera; la dependencia mantendrá las puertas abiertas para ellos.
En cuanto a las movilizaciones anunciadas por el gremio, expuso que este es un derecho constitucional de libre manifestación, siempre y cuando se haga en el marco de la ley, no se lesionen derechos de terceros y que detrás de la marcha haya voluntad de diálogo para llegar a acuerdos.
Sobre las revisiones salariales y contractuales que llevan a cabo diversos sindicatos, expuso que México tiene un saldo positivo, sin huelgas; precisó que ayer se firmó el acuerdo con el gremio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que obtuvo 3.9 por ciento de aumento; que la negociación con el Sindicato del Colegio de Bachilleres va caminando muy bien, igual que la de los trabajadores de Chapingo, e incluso la que se lleva a cabo con el sindicato de Notimex.
También se refirió al programa de 100 días de inspecciones en la zona carbonífera de Coahuila; dijo que van 100, como resultado de las cuales se han cerrado cerca de 20 de los llamadospocitos, y que se está buscando la transformación de las condiciones laborales en los mismos

Sindicalistas crearán frente para exigir juicio político contra la Suprema Corte


Sindicalistas crearán frente para exigir juicio político contra la Suprema Corte
Trabajadores organizan marcha del Ángel al Zócalo y manifiestan su apoyo al SME
Foto
Según los organizadores, 60 mil personas participaron en la marcha de trabajadoresFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 18
Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Mexicano, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y decenas más de gremios sociales determinaron anoche agrupar sus luchas en un gran frente de unidad, demandar al gobierno priísta un cambio de rumbo económico y político, cese de la represión y del golpeteo contra los sectores democráticos e iniciar juicio político contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una amplia movilización que llevaron a cabo ayer, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y culminaron con un mitin al frente de Palacio Nacional, los gremios agrupados en el Frente Amplio Social señalaron que el gobierno priísta continúa la política antiobrera del anterior sexenio, tiene cooptadas las instituciones de justicia y repudiaron las reformas laboral y educativa.
Los sectores calificaron en pancartas y consignas de nefasta la actuación de la SCJN, y dieron su apoyo unánime a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Mexicana de Aviación y del sindicato minero.
Descontento de clase
Marcharon tanto los pilotos de aviación con sus uniformes, que los electricistas con sus clásicas camisetas rojas –en las que ahora se leía la palabra Justicia–, amplios contingentes de campesinos tuvieron presencia, con un enorme listado de demandas. El mayor número de trabajadores lo aportaron los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el del SME, Telefonistas, a los que se sumaron agremiados de decenas de organizaciones. Asimismo, estuvieron presentes los del movimiento de Atenco con su dirigente, Ignacio del Valle, y los infaltables del Frente Popular Francisco Villa, así como líderes del magisterio democrático.
En el mitin, los gremios acordaron fomentar la unidad, hacer a un lado los protagonismos y defender en un frente los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad que están siendopisoteados por el régimen, según plantearon dirigentes como el del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez; del SME, Martín Esparza; de la Conorp, José Jacobo Femat, de Telefonistas y también de la UNT, Francisco Hernández Juárez, líderes de la Coordinadora Plan de Ayala, entre otros muchos oradores que tomaron la palabra.
También manifestaron rechazo unánime a la política económica y social del presidente Enrique Peña Nieto. Señalaron que su gobierno está llevando al país a una mayor situación de apremio económico. Además, ratificaron su compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir las reformas laboral y educativa, y prevenir la imposición de más proyectos neoliberales. También subieron a tribuna dirigentes como el de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Juan Carlos Díaz Chávez Morineau, para demandar una solución de parte del gobierno federal a su conflicto y que no se deje en la calle a 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación.
Esparza, a su vez, preguntó a los miles de trabajadores electricistas ahí reunidos si iban a acatar la resolución de la SCJN, a lo que el respondieron con unNo unánime. Les cuestionó acerca de si iban a aceptar las nuevas liquidaciones que les ofrecían y la respuesta multitudinaria fue la misma. Luego de calificar a la Corte como la más corrupta del mundo, señaló que se someterá a este tribunal a un juicio político-popular para que el pueblo juzgue su actuación.
La resolución de este tribunal contra el SME, abre la puerta para que en el futuro, por una decisión administrativa del Ejecutivo federal, también se extingan o privaticen la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la educación pública y se mande a la calle a todos los trabajadores.
Al arranque de la movilización, el dirigente del comité ejecutivo nacional democrático de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz, dio lectura al pronunciamiento que acordaron todos los gremios, en el que proponen que para salir de la postración del país, se tiene que transitar de un pacto político a uno social, que tenga un compromiso con la sociedad, así como crear un mecanismo de diálogo social incluyente en que estén consideradas todas las voces y que se reflejen en un Plan Nacional de Desarrollo.
En la movilización, que según sus organizadores aglutinó cerca de 60 mil trabajadores y fuentes de Seguridad Pública dijeron que eran 11 mil, marcharon gremios de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Campesina Cardenista, de los sindicatos Nacional de Mineros, Trabajadores de Nacional Financiera, la Alianza de Tranviarios, del Monte de Piedad, de Unorca (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas ), el Sindicato Independiente de Tornel, del Colegio de Bachilleres, del movimiento #YoSoy132, entre otros muchos.
Al final, quedaron en el Zócalo pancartas en las que se leía La SCJN libera a una secuestradora y condena a 16 mil 599 trabajadores