lunes, 20 de agosto de 2012

La sexta parte de la matrícula de educación básica no va a la escuela


La sexta parte de la matrícula de educación básica no va a la escuela
La universalización ha provocado que los grupos excluidos, los indígenas, queden fuera” de las políticas públicas porque el Estado los ha invisibilizado: Ririki Intervención Social
Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 39
Este lunes, cuando millones de niños regresen a la escuela, habrá otros, más de 4 millones 300 mil, que no llegarán al prescolar, las primarias y las secundarias del país. Por razones de pobreza y de exclusión social, casi la sexta parte del total de la matrícula de educación básica, que asciende a 27.5 millones de alumnos, no asiste a los centros escolares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otomí, vendedora de dulces y cigarros, con 14 años, Evelin es uno de esos casos: Fui un mes a la secundaria y mejor ya no regresé. Todos los de mi salón me dijeron que yo para qué iba ahí, si soy una india.
En este sexenio se declaró lacobertura universal de primaria –lo cual significa que cada niño tiene asegurado un lugar en el sistema público–, pero en opinión de defensores de derechos de la infancia, esto es un mito, pues basta asomarse a cientos de comunidades rurales donde los niños no tienen un sitio, porque no hay escuela: ni en su pueblo ni en muchos kilómetros a la redonda.
Con este argumento de la universalización, advierte la directora de Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, se ha provocado que los grupos excluidos se queden fuera de las políticas públicas, porque el Estado los hainvisibilizado.
Representantes de derechos humanos que atienden a esta población explican que las causas de que estos niños estén fuera del sistema educativo son, entre otras, la miseria, la crisis de la escuela como motor de movilidad social, el déficit de planteles en comunidades de difícil acceso, las barreras burocráticas, la desprotección familiar, pero sobre todo, coinciden, el Estado es el responsable de esta situación, porqueniega y viola el ejercicio de los derechos elementales de estos niños. Todo lo anterior provoca que ellos sean los excluidos sociales de por vida, alerta Ramírez.
El Inegi establece, con base en su censo más reciente, que 4 millones 358 mil 453 niños en edad de ir a prescolar, primaria y secundaria no asisten a la escuela. De ellos, 2 millones 942 mil pertenecen a prescolar, nivel en el que 79.7 por ciento de los niños de tres años, esto es, de primer grado, aún no han sido incorporados al sistema educativo.
En el caso de la primaria, medio millón de niños en edad de cursar el nivel básico no lo hace, lo que representa 3.2 por ciento de ese total. Para la secundaria –considerado por las propias autoridades como uno de los puntos de quiebre de la expulsión, porque 530 mil adolescentes desertan cada año: es significativo el número de menores que no acuden, al ascender a 916 mil 179, esto es, 13.9 por ciento del total que debería estar en ese nivel.
Evelin Hernández Anastasio fue inscrita en la secundaria técnica Soledad Anaya Solórzano en el pasado ciclo escolar. “Mejor me salí. Todos los niños me insultaban, me decían groserías, me amenazaban con que me iban a agarrar. Se burlaban de mí porque decían que no me visto bien…
Cuando todos los demás salían al recreo y yo no, me decían que tal vez era una mensa, una india. Nadie le hablaba, excepto otra compañerita otomí, quien por las mismas razones también abandonó la escuela.
Además, narra, como nosotros salimos a vender y casi no nos compran, no completaba para mis cuadernos, mis libros, y los maestros se enojaban porque yo casi no llevaba nada.
Entre tres y cuatro de la tarde, Evelin sale sola a ofrecer dulces y cigarros en las calles de la capital hasta las tres de la madrugada, hora en que regresa a su hogar: un departamento de 30 por 30 metros, situado en la calle Guanajuato. En ese edificio habitan 51 familias indígenas. Cuando nací, y luego aprendí un poco, ya empecé a vender, dice. Sus padres elaboran muñequitas de trapo.
Evelin es consumidora de inhalables. Comenta que no ha pensando en regresar a la escuela, pues asegura que ningún profesor intervino para ayudarla.No me tomaban en cuenta a mí, explica, y añade que no sabe leer bien.
Elena Ramos, coordinadora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, afirma que muchas veces la escuela transfiere su responsabilidad. Se acaba el turno, cierra sus puertas y aunque conoce las condiciones de sus alumnos, no las quiere ver.
Como si la tarea de la escuela fuera abrir las aulas, “dar una educación como sea, y pasar a chavos que están en cuarto año y no saben leer y escribir. ¿A qué los condenas? A que lleguen a la secundaria y digan: ‘no puedo’”.
Para el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, no se puede soslayar el hecho de que en el país alrededor de 39 millones son niños y adolescentes, de los cuales, cerca de 20 millones están en pobreza y otros 5 millones en precariedad extrema.
Existe un entramado institucionalque ha fallado: por cada niño que no está en la escuela, hay una responsabilidad del Estado que está violando los derechos de los menores, afirma.
Sin embargo, la autoridad considera que el único responsable de que el niño no regrese o no acuda a la escuela es la familia, y piensa que no tiene obligación de buscarlos. En la Secretaría de Educación Pública, ¿quién da seguimiento a aquellos niños que ya no regresaron a la escuela? Nadie.
Trepado en un árbol, situado entre las calles de Hamburgo y Génova, el pequeño Isaías se da unos minutos de diversión. Bajo la sombra, con una pequeña canasta de dulces están: Isela, la hermana de 17 años, con dos bebés en su regazo; otra hermanita, su tía y muchos niños, que son sus primos, alineados del más grande al más pequeño, en escalerita.
Con frecuencia, Isaías se cansa. Corretea a los autos hasta bien entrada la madrugada para vender chicles y cigarros por unidad. El Jorge, su padre, lo obliga a entregarle 100 pesos diarios; La Victoria, su madre, solapa al hombre.
Las tundas serán feroces si no entrega su cuota. Los golpes los reparte el padre, lo mismo a él que a sus hermanos: La Lorena, de ocho de edad; La Lupe, de 15; Nicolás, de 12; Juan, de seis; Ceci, de cuatro, y Mary, de dos.
Isaías Guillermo Quirino es otomí, al igual que muchos niños que viven en los predios de la colonia Roma y avenida Chapultepec. En su mayoría, son hijos de madres analfabetas, habitantes de recovecos de la ciudad, donde viven en el hacimiento, sin más opción que la mendicidad o la venta de cajitas de gomas de mascar.
Con apenas 10 años, Isaías recientemente desertó de la escuela Capitán Emilio Carranza, dos meses antes de terminar cuarto grado de primaria. Me dormía en el salón, y luego, cuando me levantaba, mi maestro me regañaba. No quiere hablar de más razones por las que dejó la escuela y lo que realmente le preocupa es que su familia a veces no tenga para comer:Cuando eso pasa, ya llegamos a la casa y nos dormimos. Come poco, así le dejo comida a mis hermanitos, dice con candidez y la mirada contaminada de tristeza.
Karen Juárez ya es mamá de dos niños. Tiene 20 años. Abandonó la secundaria en segundo grado. Vive en un cuarto con su marido, sus hijos, sus suegros y cinco cuñados. La delgadez de una sábana que divide una cama de otra es su único remanso de intimidad.
El cuarto está en la cima de algo que fue una casona hace más de 100 años. De los hoyos en los muros enlamados salen niños como si hubiera un mundo de ellos. En los cuartos viven 14 familias, 80 personas y Karen es una. No asistía a clases, se iba de pinta y me portaba mal. Recuerda que cuando era chiquita le gustaba pensar en ser doctora, pero ahora sólo piensa en tener mi propio cuarto.
Juan Martín Pérez García enfatiza que cuando no se garantiza el derecho a la educación se trastoca la construcción de un proyecto de vida: se perpetua la exclusión y los marginados heredarán a los que siguen estas condiciones de precariedad

Ecotecnologías pueden reducir en 50% el consumo de energía


Ecotecnologías pueden reducir en 50% el consumo de energía
Encuentro en Morelia discutirá una mayor integración del sector rural
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Bicilavadora desarrollada en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la UNAM, en MoreliaFoto Iván Sánchez
Emir Olivares Alonso
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 41
Morelia, Michoacán., 19 de agosto.Instrumentos como una lavadora accionada por una bicicleta, bombas de agua que funcionan sin necesidad de energía eléctrica, celdas solares a base de envases de cerveza y la obtención de biodisel a partir del reciclado de aceite de cocina usado, son algunos de los proyectos que se trabajan en la unidad de ecotecnologías del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con sede en esta ciudad.
Investigadores de este centro académico, señalaron en entrevista que los instrumentos son amigables con el medio ambiente y la idea es que comiencen a ser usados para favorecer su cuidado.
Enfatizaron que de darse un uso mayoritario de las herramientas y estrategias de la ecotecnología se podría reducir entre 40 y 50 por ciento el consumo actual de energéticos.
Omar Masera Cerutti y Alfredo Fuentes, coordinadores académico y técnico, respectivamente, de la unidad de ecotecnologías, aseguraron que se busca apoyar o tener impacto en los rubros social y económico. Nos ayudan a cambiar la manera de satisfacer necesidades como alimentación, vivienda, ocio e higiene personal, entre otras.
Entre este tipo de instrumentos destacan los calentadores solares de agua fotovoltáicos, plantas de tratamiento, captación de agua de lluvia, huertas familiares, viviendas sustentables, arquitectura bioclimática y el aprovechamiento de los desechos orgánicos para obtener abono.
Otras formas de impulsar la protección ambiental, dijeron, es un mayor uso del transporte público y de la bicicleta, la construcción de ciclovías o reciclado y reuso de basura.
Sin embargo, los académicos universitarios aceptaron que aún se carece de una cultura mundial para el uso de las ecotecnologías.
Falta sistematizarlas e impulsarlas a un nivel que las lleve a ser parte dominante del desarrollo. La idea es que apoyen el desarrollo de la sociedad, pues requieren de mucha menos energía para su producción al basarse en el uso de recursos renovables.
Masera y Fuentes refirieron que es en los pueblos originarios, mayoritariamente pobladores del sector rural, donde se tiene un mayor contacto con la naturaleza y hacen un uso integral de sus recursos, de ahí que sea necesario intercambiar experiencias para que la ecotecnologíapueda aprender de ellos y mejorar.
Otro elemento clave es la relación con industrias y, sobre todo, con organizaciones de la sociedad civil para impulsar y desarrollar este tipo de instrumentos y acciones.
Por ello, la UNAM, por conducto del Centro de Investigación en Ecosistemas, y otros organismos como la agrupación civil GIRA, realizarán del 5 al 7 de septiembre el primer Encuentro Nacional de Ecotecnias, tecnologías para el desarrollo rural, en la unidad Morelia de la UNAM y en la sede de la ONG.
La intención es conjuntar a los diversos actores involucrados con el desarrollo, validación, difusión y monitoreo de ecotecnias en las áreas rurales de México, para discutir el estado de estas tecnologías mediante el intercambio de experiencias y estrategias enfocadas en el desarrollo rural y la mitigación y adaptación al cambio climático

Personal sanitario desconoce plan de salud sexual para adolescentes


Personal sanitario desconoce plan de salud sexual para adolescentes
Ips/Cimac
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 41
El Programa Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes llega a 2012 en México sin lograr objetivos tan apremiantes como el incremento en el uso del condón.
Sin recursos y desconocido para el personal sanitario, el programa creado en 2007 a escala federal para abatir los elevados índices de embarazos precoces y la falta de acceso a anticonceptivos entre los adolescentes, llega al final del sexenio del conservador presidente Felipe Calderón, con todas sus metas incumplidas.
El programa ni siquiera es conocido por el personal de salud; tenemos prestadores de servicios sin capacitación y sensibilización, dijo Gabriela García, coordinadora del área de Jóvenes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
En algunas unidades de salud no saben quién lleva el programa y donde sí hay responsables éstos no están capacitados, criticó.
Además, durante el sexenio del presidente saliente el programa no tuvo el presupuesto necesario para operar adecuadamente.
De acuerdo con el gasto de operación e inversión del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2008, 2009 y 2010 el programa no contó con un solo peso.
Hasta 2011, como parte de sus fondos de operación e inversión, el centro destinó en total apenas 3.8 millones de dólares al programa, un monto insuficiente, según Daniela Díaz, investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
La activista afirma que el déficit presupuestario fue resultado del poco interés de las autoridades para impulsar el programa.
Díaz añade que en los estados la inversión también fue raquítica. En 2011 Oaxaca sólo destinó 83 mil 700 dólares para su aplicación, y Jalisco únicamente 106 mil 500 dólares, según el informeAcuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en los estados. García asegura que la falta de voluntad política derivó en que Calderón se despida este año con el incumplimiento de las metas del programa en favor de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, una de las poblaciones más vulnerables en mortalidad materna, embarazos tempranos e infecciones de transmisión sexual.
Así, las deudas del programa son graves. La meta de reducir este año la fecundidad en adolescentes a 58 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años queda incumplida

Seguro Popular en Chiapas, primero en lograr certificación ISO 9001:2008


Seguro Popular en Chiapas, primero en lograr certificación ISO 9001:2008
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A la fecha ya son tres las instancias dependientes de la Secretaría de Salud de Chiapas que cuentan con la certificación: Laboratorio Estatal de Salud Pública, Seguro Popular y Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 42
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., 19 de agosto. Debido a la calidad en sus procesos y sus niveles de servicio, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) han alcanzado la certificación conforme a la norma ISO 9001:2008, lo que garantiza que operan bajo los más altos estándares de eficacia.
El secretario de Salud en el estado, James Gómez Montes, destacó que el Seguro Popular de Chiapas es el primero en el país en lograr la certificación de su sistema de gestión de calidad, a través del organismo SAI Global; esto significa que todos y cada uno de sus procesos son controlados y operados a través de procedimientos establecidos, por personas capacitadas y con una cultura de mejora continua

Cargar mochilas daña la columna de niños: Ahued


Cargar mochilas daña la columna de niños: Ahued
Regresan hoy a clases un millón 700 mil estudiantes
Vigilarán 11 mil policías planteles y vialidades
En GAM despliegan operativo
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Armando Ahued Ortega, secretario de Salud del Distrito Federal, alertó a padres de familia y maestros sobre los problemas de columna vertebral que pueden sufrir los menores por cargar mochilas demasiado pesadasFoto Alfredo Domínguez
Bertha Teresa Ramírez y Josefina Quintero
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 35
El titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega, alertó sobre los problemas de columna vertebral que pueden sufrir los estudiantes por cargar mochilas demasiado pesadas. Aconsejótratar de equilibrar lo que deben llevar.
El funcionario comentó lo anterior ante el regreso a clases este lunes de cerca de un millón 700 mil alumnos, para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) desplegará más de 11 mil policías que se encargarán de vigilar que el ingreso a las cerca de 8 mil escuelas de la ciudad de México sea de manera ordenada.
Respecto de las mochilas, expuso quecargar cosas pesadas por tiempo prolongado puede traer como consecuencia problemas en el desarrollo y crecimiento de los huesos largos, como deformidades, sobre todo en niños.
Además, pidió no dejar de lado la alimentación de los pequeños en edad escolar para obtener un excelente rendimiento académico.
La comida más importante del día es el desayuno, por lo que sugirió darles un refrigerio saludable, mandarles agua, no refrescos, no alimentos chatarra, cuidar su alimentación y promover la actividad física indicó.
Asimismo, la Secretaría de Salud local puso a disposición la línea telefónica de Medicina a Distancia (5132 0909), “en la cual personal especializado en atención al bullying informa cuál es el lugar más cercano para que puedan recibir ayuda”.
En tanto, el gobierno capitalino informó que a partir de las 6 horas, 100 grúas de la SSP recorrerán la ciudad para evitar que los conductores ocupen el espacio de desplazamiento de los automóviles y no disminuyan la capacidad de movilidad, especialmente en los planteles con mayor afluencia.
En tanto, en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) se puso en marcha el programa Hagamos seguro el regreso a clases, en escuelas primarias y secundarias públicas, para garantizar la integridad de los miles de alumnos que empiezan hoy el ciclo escolar 2012-2013.
El programa incluye vigilancia de policías auxiliares y acciones como el clareo de árboles en cruces peatonales y el perímetro de alcance de las cámaras de vigilancia, balizamiento, bacheo y desazolve, así como el remozamiento de fachadas de los planteles.
En los inmuebles habrá una célula de vigilancia integrada por cuatro personas, dos policías auxiliares y dos trabajadores de la GAM, quienes acompañarán el ingreso de los alumnos. El resguardo exterior estará a cargo de policías auxiliares, desde el primer día de clases

Insta Pizano a autoridades a declarar Coyoacán zona de desarrollo turístico


Insta Pizano a autoridades a declarar Coyoacán zona de desarrollo turístico
Raúl Llanos
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 36
El presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carlo Fabián Pizano, exhortó a las autoridades capitalinas a iniciar el procedimiento de declaratoria de Coyoacán como zona de desarrollo turístico local.
De acuerdo con el legislador capitalino, a pesar de que ese lugar cuenta con características históricas y culturales atractivas para ser difundido como barrio mágico por la Secretaría de Turismo capitalina, Coyoacán carece de esa declaratoria formal, que tendría que publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Después de un recorrido por el centro de esa demarcación, Pizano detalló que la oferta turística de Coyoacán es muy variada, cuenta con lugares de interés, como los Viveros, restaurantes, calles tradicionales, como la de Francisco Sosa, donde se pueden apreciar edificios coloniales, plazuelas y espacios emblemáticos, como la Casa del Sol, en la que se redactó parte de la Constitución Política de 1917.
Añadió que ahí también se tienen jardines, como el Hidalgo, el Frida Kahlo y el Centenario, además de la parroquia y el ex convento de San Juan Bautista, uno de los templos católicos más antiguos del valle de México”.
El diputado panista expresó que dentro de sus límites geográficos, Coyoacán cuenta con varios museos, como el Nacional de Culturas Populares, el Frida Kahlo o la Casa de León Trotsky, que al mismo tiempo forman parte del acervo histórico y arquitectónico de la zona.
Otro inmueble importante, expuso, es el Bazar Artesanal Mexicano, reconocido por ser uno de los más representativos de la ciudad.
Asimismo, dijo, cubre el requisito de contar con vías de acceso y transporte, pues además de microbuses, turibús y trolebús se encuentra cerca de vialidades principales, como Insurgentes, Universidad y avenida México, y de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de las líneas 2, 3 y 7, y de la línea 1 del Metrobús

La firma OHL usa terreno de reserva como tiradero: comuneros


La firma OHL usa terreno de reserva como tiradero: comuneros
Un camión contratado por la constructora de la supervía fue retenido por los ejidatarios
Acusan a varias familias que han invadido los predios de explotarlos ilegalmente
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Los ejidatarios recorren el tiradero de escombros que aseguran ha sido creado por la empresa encargada de construir la supervía ponienteFoto La Jornada
Josefina Quintero M.
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 37
La empresa Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-COPRI), concesionaria de la supervía poniente, usa 11 hectáreas de suelo de reserva ecológica comunitaria en San Nicolás Totolapan, delegación Madgalena Contreras, como tiradero de tierra y escombros, denunciaron ejidatarios del poblado.
Entre los kilómetros 10 y 14 de la carretera Picacho Ajusco se pueden encontrar entre la zona boscosa enormes montículos de escombros, que aumentan su volumen a diario, pues camiones de la empresa Construcciones Noerma, presuntamente contratada por la concesionaria de la supervía, acuden en gran número para tirar los desechos.
La devastación ecológica está a la vista y es causada por los miles de metros cúbicos de tierra y cascajo depositados ilegalmente, con la complicidad de las autoridades, lo cual ha causado la impermeabilidad del pedregal y que varios árboles queden sepultados, además de la muerte total del sotobosque, detallaron en sus quejas los ejidatarios de San Nicolás Totolapan.
Los ejidatarios acusan a las autoridades de omisas pues las denuncias que han interpuesto en la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial no han prosperado.
Los pobladores hacen un enérgico llamado para se ponga un alto al tiradero de escombros y cascajo, creado en los límites de las delegaciones Tlalpan y Magdalena Contreras.
El presidente del comisariado ejidal, Trinidad Eslava Guevara, señaló que a partir de mayo se intensificó el tiradero de escombros en el terreno conocido como La Calavera, que forma parte del paraje conocido como los Resumideros de San Nicolás, donde aún se filtra el agua de lluvia.
El transitar de camiones por la carretera Picacho-Ajusco, donde han contabilizado entre 40 y 60 unidades diarias, llevó a la comunidad, recordó Gerardo Camacho –uno de los afectados–, a que el 30 de junio un grupo de ejidatarios retuviera la unidad con placas de circulación MZ-45-954 del estado de Michoacán, logotipos de la empresa Vía Rápida Poetas y del Sindicato Libertad 1058.
El conductor del vehículo de carga reveló que las unidades fueron contratadas por OHL y Copri para el tirado de escombros, datos confirmados por los ejidatarios con el recibo folio 161235 de la empresa Construcciones Noerma.
En el documento se especifica que el 30 de junio de 2012 la empresa Vía Rápida Poetas contrató la unidad para el acarreo de 16 metros cúbicos de escombros de la obra, los cuales se tiraron en el terreno denominado La Calavera. Al reverso del recibo se añade con letra el pago de 150 pesos por el servicio.
El paraje de los Resumideros ha sido ocupado de manera ilegal por ejidatarios, que han aprovechado las malas administraciones para lucrar con la tierra, permitir la invasión, el tirado de cascajo y su fraccionamiento.
Las familias responsables son conocidas como Sánchez Ruiz, Gallegos Vértiz y Camacho. Ésta última es conocida por el negocio que hizo para el tirado de escombros en el área de reserva ecológica comunitaria de La Calavera, pues explota de manera ilegal el terreno

Lamenta la CDHDF que Setravi rechace recomendación sobre microbuseros


Lamenta la CDHDF que Setravi rechace recomendación sobre microbuseros
Mirna Servín
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 38
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó la decisión de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) de no aceptar la recomendación 08/2012, relacionada con la afectación de diversos derechos de personas que prestaban el servicio público de pasajeros en las rutas 2 y 98 sobre Periférico (Toreo de Cuatro Caminos a Canal de Chalco), con motivo de la entrada en operación del Corredor Periférico SA de CV.
El 22 de junio pasado, el organismo dirigió el referido instrumento recomendatorio a la Setravi por considerar que se habían violado los derechos humanos a la legalidad, a la libre asociación y al trabajo de personas que prestaban el servicio público de pasajeros en el Periférico.
De acuerdo con un comunicado de la comisión, la Setravi no aceptó la recomendación 08/2012 y negó la existencia de violaciones a derechos humanos, por lo que el organismo autónomo le solicitó reconsiderar tal determinación; en respuesta, la secretaría reiteró su negativa.
La CDHDF informó que emitió la recomendación citada por la falta de disposiciones de control, de mecanismos adecuados y permanentes de vigilancia y de una correcta aplicación de la normatividad en el rubro de transporte, ineficiencias que dañan la seguridad, salud y bienestar de las y los usuarios del servicio y de la población en general.
Por ello el organismo de Derechos Humanos llamó a la Secretaría de Transportes y Vialidad de la ciudad a tomar en cuenta el respeto irrestricto de los derechos humanos como eje rector fundamental, al diseñar cualquier plan de transporte o movilidad

Mercurio de la sierra de Querétaro, en la mira de mineras canadienses


Mercurio de la sierra de Querétaro, en la mira de mineras canadienses
Regatean apoyo a ejidatarios para explotar yacimientos
Ya se integraron dos cooperativas que buscan obtener concesiones
Empresas sólo ofrecen comprarles piedras que contienen el metal
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Imagen de archivo de la mina de mercurio San Carlos Tres Picos, en la comunidad de Camargo, municipio de Peñamiller, Querétaro Demián Chávez
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 32
Querétaro, Qro., 20 de agosto. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) estatal, Gregorio Peláez Velázquez, confirmó que hay empresas de capital canadiense interesadas en el mercurio de la zona serrana. Esas firmas, cuyos nombres no reveló, ya se acercaron a las autoridades para instalar una planta denominada banco de beneficios, y ya realizan trámites ante la Secretaría de Economía.
El funcionario estatal indicó que las empresas ya buscan dónde instalar la planta, que reactivaría la economía en la sierra. Para no hacer a un lado a los lugareños, propietarios de las tierras donde se ubican los yacimientos pretenden que el banco sea receptor y comprador de las piedras que contienen el metal y que la compañía refine el producto.
Sin embargo, Anastasio Reséndiz, comisario del ejido Plazuelas, en el municipio de Peñamiller, considera que la explotación y venta de mercurio debe quedar en manos de los ejidatarios, quienes padecen múltiples carencias por falta de empleo y, a pesar de los riesgos, ingresan a las minas sin equipo de seguridad.
Le he dicho al gobernador (el priísta José Calzada Rovirosa): ¡tenemos hambre! ¡Queremos comer!, dijo Reséndiz, quien acudió al palacio de gobierno a solicitar apoyo económico para adquirir maquinaria y explotar legalmente la mina Cristo Vive. Con esa ayuda, dijo, los campesinos de Plazuelas reactivarían la economía en la localidad, donde más de mil personas subsisten en condiciones precarias y la calle principal es el lecho seco de un río.
Los habitantes de Plazuelas (a unos 190 kilómetros de esta capital) han encontrado una fuente de ingresos en la extracción y venta de mercurio en forma irregular. En este lugar, rodeado de cerros áridos, en el camino que conduce a la Sierra Gorda, la siembra y la cría de cabras y vacas dejaron de ser redituables.
En junio tres hombres perecieron en la mina El Mono –ubicada en esa localidad–, al caer a un pozo cuando buscaba mercurio, que pueden vender a un precio que va de 500 a mil pesos por kilogramo. Es el riesgo, dice Reséndiz. La comunidad sigue de luto.
A pesar de que el gobierno estatal ordenó vigilar las tres minas ubicadas en Plazuelas, los mineros siguen ingresando.
Para Anastasio Reséndiz, la alternativa es la extracción y venta legal del mercurio, para lo cual requieren dos millones de pesos y maquinaria. Aseguró que en enero pidió al gobernador Calzada Rovirosa un crédito para los lugareños que planean formar una cooperativa. Me dijo que sí.
Reséndiz aclara que sus compañeros no piden que les regalen dinero, sino un préstamo. El precio (del mercurio) está bueno, pero ¿cómo le hago? No quiero endrogarme con otra persona, ésos piden un porcentaje. Es su obligación (del gobierno) ver por nuestro ejido, expresó.
Mientras esperan recursos para la mina, los lugareños se dedican a juntarpiedritas. Algunos gambusinos van al río. Con pico y pala buscan piedras que tengan franjas rojas, provenientes de las minas o arrastradas por la lluvia. Las meten en una cubeta con agua y luego las funden en hornos artesanales, que generan altos niveles de contaminación.
El titular de Sedesu indicó que hasta 2011 se habían otorgado 386 concesiones para explotación y operación de minas, pero algunas están inactivas.
Vecinos de San Joaquín, Cadereyta de Montes y Pinal de Amoles integraron dos cooperativas y realizan trámites para obtener autorización de explotación de metales y uso de explosivos, y unas 60 personas conformaron la Asociación Estatal de Mineros

Edomex: más de 2 mil denuncias contra alcaldías


Edomex: más de 2 mil denuncias contra alcaldías
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 34
Chalco, Méx., 19 de agosto. En los 12 meses recientes, la Contraloría del Congreso local ha recibido más de 2 mil quejas y denuncias contra servidores públicos de los ayuntamientos mexiquenses, informó Victorino Barrios Dávalos, contralor de la 57 Legislatura.
Agregó que la mayoría de las acusaciones son por abuso de autoridad, tráfico de influencias, nepotismo y desvío de recursos. Entre las demarcaciones con mayor número de denuncias destacan Amatepec, Calimaya, Tejupilco, Toluca, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Tepetlaoxtoc, Ecatepec, Nezahualcóyotl y La Paz.
Estas denuncias fueron presentadas por ciudadanos que acudieron a solicitar servicios y enfrentaron diversas trabas, dijo Barrios Dávalos. Explicó que la mayoría de las denuncias están en proceso, y su procedencia la determinará el juez.
Muchas veces los ayuntamientos interponen amparos y la resolución se da cuando concluyen las audiencias, y luego la contraloría decide si ratifica la sanción, dijo.
El contralor afirmó que las sanciones que se aplican son principalmente económicas, y el funcionario señalado debe pagarlas. De ninguna manera se pueden pagar del erario, en caso de que los involucrados aún estén en funciones.
Destacó que la sanción más alta que se ha aplicado a un funcionario ha sido de un millón de pesos. El hecho de que un presidente municipal, un director u otro servidor público hayan concluido su periodo en el cargo no quiere decir que no enfrentarán el procedimiento. Se investiga dónde vive el acusado para notificarlo, señaló

Canjean 2 mil 27 armas por computadoras


Canjean 2 mil 27 armas por computadoras
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 34
San Cristóbal de las Casas, Chis. Dos mil 27 armas de fuego fueron canjeadas por computadoras en la segunda etapa de la campaña Por un Chiapas sin armas, que se inició hace poco más de tres semanas, informó la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, María Susana Palacios García. En un comunicado, agregó que se recibieron mil 169 armas cortas y 858 largas, así como mil 955 cartuchos, 185 cargadores, 21 granadas de fragmentación, nueve granadas de mortero, cinco granadas de gas y 12 estopines

Activistas se solidarizan con víctimas de casino


Activistas se solidarizan con víctimas de casino
María Alejandra Arroyo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 34
Monterrey, NL. Integrantes de la Asamblea Interuniversitaria de Nuevo León, #Soy132NL y #Soy 132OficialNL, entre otras asociaciones civiles y activistas, convocaron a un concurso de carteles que expresen los sentimientos de dolor ante la muerte, la impunidad y la inseguridad en el estado de cara al primer aniversario del atentado en el casino Royale, donde murieron 52 personas y dos nonatos. El 25 de agosto cuando familiares y organizaciones civiles realizarán una misa en la iglesia del Carmen. Posteriormente los familiares se instalarán fuera del edificio donde estaba el casino y harán una vigilia

La estrategia del Pemexgate y Amigos de Fox sigue vigente


La estrategia del Pemexgate y Amigos de Fox sigue vigente
En 2000 salieron a la luz los financiamientos ilícitos a Francisco Labastida y Vicente Fox
Foto
Protesta en una tienda Soriana en Iztapalapa, el pasado 10 de agostoFoto Guillermo Sologuren
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 2
Los casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12 años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin embargo, en los casos dePemexgate y Amigos de Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) nunca logró acreditar la existencia de delitos que se tipifican en el Código Penal Federal como delincuencia organizada, aunque en el ámbito electoral se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña, pero no se modificaron los resultados de la elección.
Recursos volátiles
En el caso conocido hoy comoMonexgate, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga si los recursos que debieron destinarse a promoción de Peña Nieto se desviaron para comprar votos.
A este respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que el PRI utilizó empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y que, a través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron canalizados para actividades relacionadas con la elección presidencial; ante la denuncia del Movimiento Progresista de que se trató de dinero ilícito, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.
La Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves. Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la calificación de la elección.
Para que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero provino de un delito anterior y, a sabiendas, los priístas ocultaron su origen.
¿El petróleo en la política?
En mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició la averiguación previa PGR/UEDO 182/2001 por lavado de dinero.
En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El 5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En 2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El 26 de agosto de 2011 concluyó elPemexgate. El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado electoral para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En mayo de 2000, La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente) por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña.
Las investigaciones de la Fepade y la Siedo fueron archivadas por considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de tiendas Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a favor de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del IFE, han detectado que el tricolor utilizó a los grupos Koleos y Tiguan, la comercializadora Atama y a las empresas Inizzio y Efra para depositar más de 70 millones de pesos en tarjetas prepagadas de Monex.
La dirigencia nacional priísta reconoció que usó los monederos electrónicos (Monex) para pagar a sus representantes de casilla, y que el dinero forma parte de la partida de gastos ordinarios del Comité Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones. También ha denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en las cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó la compra de votos.
En días pasados, la Fepade llevó a cabo diligencias en los estados de Guanajuato y Zacatecas, y en ellas se tomó declaración a representantestricolores.
En el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante

Antes de los comicios el gobierno gastó mil 108 millones de pesos en publicidad


Antes de los comicios el gobierno gastó mil 108 millones de pesos en publicidad
Las campañas se difundieron el primer trimestre de 2012
En total, durante los primeros seis meses de este año el gasto ascendió a mil 766 millones, informó la Secretaría de Gobernación
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 3
Antes de las elecciones del pasado primero de julio, el gobierno federal destinó mil 108 millones de pesos para campañas de publicidad. Esto es más del doble de lo que ejerció entre enero y abril del año pasado, cuando gastó 525 millones. Estas campañas se difundieron el primer trimestre del año, ya que a partir de abril comenzó la veda electoral, misma que concluyó en julio, una vez pasadas las elecciones.
En total, durante el primer semestre del año el gobierno federal destinó mil 766 millones de pesos para campañas de publicidad, de acuerdo con el informe de enero a junio sobre la ejecución de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal emitido por la Secretaría de Gobernación. Para 2012, el Congreso de la Unión aprobó mil 951 millones de pesos y a la mitad del año el gobierno federal ya había gastado más de 75 por ciento de este presupuesto.
Para el primer trimestre del año, periodo previo a la veda electoral, Gobernación reportó que la administración federal ejerció 668 millones 963 mil pesos, es decir, 27 por ciento –143 millones– más que en los mismos meses en 2011, y cuatro veces más que en 2010, cuando se ejercieron 276 millones.
A esta cifra se agregan los 439 millones de pesos que el gobierno federal pagó a Estudios Churubusco, organismo que hizo promocionales y plan de medios para dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (Conagua), así como Mexpost y Compuapoyo. Estos recursos no aparecen en el informe de la Secretaría de Gobernación correspondiente al primer trimestre del año y, sumados a los reportados por la dependencia, dan mil 108 millones de pesos ejercidos en esos tres meses.
El documento de Bucareli, que abarca de enero a junio, desglosa los pagos que 38 secretarías y organismos federales hicieron a medios impresos, radio, televisión, agencias y portales de Internet, con el nombre de cada uno. Las dependencias que mayores recursos destinaron a este rubro fueron Hacienda, con 526 millones de pesos; Turismo, 252 millones 614 mil; Educación Pública, 196 millones; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 103 millones 474 mil, y Procuraduría General de la República, 90 millones 851 mil pesos.
La Jornada hizo una solicitud de información por medio de Infomex a Estudios Churubusco, en la que se le pidió que especificara cada una de las campañas que se realizaron durante el primer semestre del año, con la información de costo, dependencia federal que la solicitó y a la que se le hizo la campaña de publicidad, así como el medio a través del cual se transmitió.
La respuesta de este organismo refiere que el costo total fue de 488.3 millones de pesos; sin embargo, aquí se incluyen campañas a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Educación Pública y de Salud (Ssa), que podrían estar contabilizadas en el informe que Gobernación envió al Congreso.
Las que no aparecen en ese informe, y que sí se reportan en el documento, son las campañas de difusión de los programas sociales de la Sedeso y sus nueve organismos desconcentrados, que consistió en 25 promocionales para radio e igual número para televisión, así como 51 planes de medios, que en total sumó 360 millones de pesos. De esta cantidad, 60 millones correspondieron a la secretaría y el resto a los organismos que de ella dependen.
En el listado de los Estudios Churubusco se incluye a la CFE, con un ejercicio de 5 millones de pesos, y a la Conagua, con 6.4 millones. También están las campañas para Mexpot, con un costo de 10.3 millones de pesos, y la de Compuapoyo, ambas de la SCT, que tuvo una erogación de 60 millones.
Durante los cinco primeros años de este sexenio, el Ejecutivo Federal ha ejercido 19 mil 645 millones de pesos en publicidad oficial, recursos con los que se podrían construir 61 hospitales –como el general de zona, en Tabasco, con capacidad para 112 camas, que costó 320 millones de pesos– o mil 965 escuelas públicas con capacidad para 100 niños, que cuestan 10 millones.
Estos montos millonarios no se justifican cuando además, el Ejecutivo Federal dispone de tiempo gratuito en televisión y radio para difundir sus mensajes, señaló Justine Dupuy, investigadora de Fundar-Centro de Análisis e Investigación.
Agregó que para 2012 los montos gastados son aún más difíciles de justificar, ya que siendo año electoral existe una prohibición de difundir publicidad oficial entre abril y junio, durante las campañas, salvo excepciones definidas en el artículo 41 de la Constitución.
Este dispendio de recursos públicos afecta la libertad de expresión y puede generar distorsiones en el derecho a la información, advirtió finalmente la investigadora

Hay una democracia con déficits que obligan a replantear la transición: consejero del IFE


Hay una democracia con déficits que obligan a replantear la transición: consejero del IFE
El instituto no puede resolver quejas sobre lavado de dinero en campañas; es de otra competencia
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 7
En las elecciones pasadas coexistieron la mejor organización y la mayor transparencia y, al mismo tiempo, se reflejaron importantes déficits en la democracia mexicana, cuyo combate va más allá del Instituto Federal Electoral (IFE), señala el consejero electoral Alfredo Figueroa.
Al instituto se le exige como si fuera todo el Estado mexicano, ¿y que se hace con fenómenos como el lavado dinero, la creciente opacidad en los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos o la compra del voto?
Sobre la elección, pareciera que todo es competencia del IFE, cuando la compra del voto, si bien es una falta administrativa, es esencialmente un delito electoral de otra competencia. Mientras al instituto se le cuestiona, no existe el mismo nivel de exigencia a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o al sistema financiero en su conjunto para redefinir los delitos electorales.
Se le están plantando muchos calificativos injustos al IFE, cuando hay muchas cosas que van más allá de la elección o cuando hay esferas de la vida pública con enormes debilidades democráticas, advierte.
Cita ejemplos: es claro que se habla de que el instituto debe resolver el lavado de dinero en las campañas. ¡Claro que no! El IFE no va a resolver las quejas de fiscalización advirtiendo que se cometió dicho delito, porque eso es competencia del Ministerio Público. En su caso, se advertiría si hubo un recurso ilícito electoralmente (aportación de una empresa) y se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen.
Figueroa subraya en torno a los reclamos por los pasados comicios: a la fecha, la Unidad de Fiscalización del IFE ha hecho ya más de mil diligencias relacionadas con cuatro de las principales quejas (Monex, Soriana, Honestidad Valiente...). Hay que enfatizar que 75 por ciento de las quejas relacionadas con las finanzas de las campañas se promovieron después de la elección.
Subraya que difícilmente se concluirán las investigaciones sobre las presuntas irregularidades antes de la calificación de la elección, pero en contraste destaca que la Unidad de Fiscalización del IFE ha remitido toda la información relacionada con las pesquisas –aun la reservada para los propios consejeros– al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que determine, en su caso, el grado de gravedad e incidencia en los comicios que podrían tener estos hechos denunciados.
En torno al modelo de fiscalización, para Figueroa se requiere de una revisión profunda con el propósito de asociarla definitivamente a la calificación presidencial, pero en la búsqueda de un esquema que no sacrifique la profundidad de las investigaciones. Tan preocupante puede ser que esa información no se tenga al momento de calificar la elección, como preocupante es que, teniéndose de modo anticipado, no se tengan elementos de calidad en las pesquisas.
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Es necesario revisar el esquema de fiscalización electoral, reconoce el consejero Alfredo FigueroaFoto Carlos Cisneros
Hay que revisar el esquema de fiscalización, porque involucra uno de los elementos básicos de la equidad, que es el dinero. Se debe revisar sin sacrificar la calidad de la elección, pero con mayor rapidez, pues actualmente, según la ley, solicitar un dato a la CNBV puede tardar 30 días, aunque desde luego no estamos tardando eso.
–Parece ser no muy creíble que se hable en el IFE de las elecciones más transparentes, mientras están los casos de Monex o Soriana.
–Rechazo absolutamente las ideas de democracia consolidada, pero también estamos bastante lejos de otras afirmaciones absolutamente fantásticas con respecto a lo que pasó en realidad. Hay una democracia germinal, con elementos que no terminan de florecer, con déficits muy importantes que obligan a replantear la transición.
Tenemos un conjunto de problemas en el Estado con poderes interviniendo de una manera desmedida, con instituciones que tienen que asumir su responsabilidad, con partidos que deben entenderse como tales porque no son empresas privadas.
Figueroa advierte que mientras se mantengan niveles de desigualdad social, asociados a una lógica clientelar de los gobiernos de todos los signos, con crecientes niveles de opacidad, difícilmente una reforma de orden estrictamente electoral podrá remediarlo, porque va más allá de la democracia electoral; tiene que ver con la formación de un Estado realmente democrático.
–Tras 2006 se habló de una profunda reforma, y ahora otra vez.
–Se hizo, pero hay que profundizar más, pues ninguna reforma va a resolver las ausencias democráticas en otras esferas, a menos que se pretenda que el IFE se convierta en el Estado completo. No se puede pretender que sólo una institución de la República pueda resolver problemas que los poderes unidos no han podido.
–¿Se requieren reformas complementarias? –se cuestionó al consejero.
–Reformas más allá de lo electoral. Una ley de medios clara, otra del sistema de Justicia, de la relación gobierno federal-estados, el control de los sindicatos, reducir los niveles de opacidad en los recursos públicos, es decir, cambios que trascienden lo electoral –concluyó

#YoSoy132 se declara en alerta ante el inminente fallo del TEPJF


#YoSoy132 se declara en alerta ante el inminente fallo del TEPJF
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 10
Frente a la inminente calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el movimiento #YoSoy132 se declaró en alerta ante la cada vez más clara insinuación de que se impondrá en la Presidencia de la República del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
Al concluir los trabajos de su octava asamblea general interuniversitaria (AGI), voceros y representantes de 81 asambleas que forman parte del colectivo acordaron dos fases de alerta: amarilla y roja.
La primera, que se inició ayer, consistirá en realizar brigadeos en las calles y en Internet sobre el sentido de la decisión del tribunal, y se pasará a la etapa roja una vez que se presente la calificación de la elección, donde habrá acciones contundentes que deben proponerse y discutirse en asambleas locales.
El pleno de la asamblea general universitaria estimó que en caso de que el fallo del TEPJF se presente en los siguientes tres días el movimiento entrará en una fase de emergencia, y de ser así se convoca a todos sus integrantes y simpatizantes a reunirse en plazas o puntos públicos para emprender acciones contra esa decisión. En el caso del Distrito Federal la cita sería en la Estela de Luz.
Ayer, en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyeron los trabajos de la octava asamblea. La sesión había arrancado el sábado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la discusión de la nueva estructura de organización del colectivo, en la que se darán votos ponderados a asambleas regionales.
Por siete horas estudiantes y académicos que participan en #YoSoy132 se enfrascaron en discusiones y debates, por momentos ríspidos, sobre el plan de acción. Las fases de la alerta y sus posibles acciones se definieron a puerta cerrada y se acordó no darlas a conocer, con la idea de que exista un factor sorpresa.
Previamente, representantes de diversas asambleas plantearon una serie de acciones que podrían realizarse durante la alerta roja, como realizarcacerolazos durante toda la noche el día del fallo, accionar las palancas de emergencia en todos los vagones del Metro que sea posible, estacionarse en doble fila, poner el Himno Nacional todos los días a las 12 del día y otras acciones para paralizar tanto el Distrito Federal como otras regiones del país. Sin embargo, estas propuestas no son resolutivas, pues cada asamblea local definirá las acciones a realizar.
Se convocó, además, a que cada asamblea local y regional realice reuniones urgentes para definir el mecanismo en que operarán la fase de alerta roja. Las asambleas de la zona metropolitana de la ciudad de México sesionarán el próximo viernes 24 de agosto en lugar por definir.
El 30 de agosto se hará público el contenido de las propuestas surgidas de la mesa de trabajo sobre la democratización de medios, uno de los ejes centrales en las consignas del movimiento. Y se ratificaron acuerdos tomados en la pasada asamblea, realizada los días 28 y 29 de julio en Morelia, Michoacán: el primero de septiembre se realizará una marcha del TEPJF a la Cámara de Diputados y se presentará el contrainforme al del titular del Ejecutivo federal; los días 4 y 5 de ese mes se realizarán foros para continuar con la difusión de ese documento. Y los días 15 y 16 de septiembre se convoca a toda la ciudadanía a acudir a plazas públicas a dar el grito: México sin PRI.
En conferencia, integrantes de la comisión de comunicación y prensa del colectivo informaron que en la sesión –que se inició 15 minutos antes de la una de la tarde, con casi tres horas de retraso debido a la falta de quórum– participaron 81 asambleas (33 de universidades públicas, 18 de privadas, 9 bachilleratos, 16 estados y cinco organizaciones) con un total de 84 voceros y 46 observadores.
Se acordó que la siguiente plenaria, que tras la reorganización del movimiento ahora se definirá como asamblea general, se realizará los días 8 y 9 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila.

Reportan 40 despariciones forzadas en los recientes tres años en Coahuila


Reportan 40 despariciones forzadas en los recientes tres años en Coahuila
El organismo defensor de los derechos humanos informa que hay mujeres y menores de edad
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 13
Saltillo, Coah., 19 de agosto. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHC) ha recibido durante los recientes tres años unas 40 quejas por desapariciones forzadas, casos en los cuales son señalados como responsables elementos del Ejército Mexicano, de la Marina-Armada de México y de la Policía Federal.
Tenemos 72 quejas por personas desaparecidas, de las cuales poco más de 40 están turnadas a la Comisión Nacional por incompetencia, porque se trata de autoridades nacionales; señalan al Ejército, a la Marina o a la Policía Federal, por eso es que se turnan, informó Armando Luna Canales, presidente de la CDHC.
Tenemos quejas que varían en el tiempo, en las regiones, en las ciudades, y lo que hemos ido haciendo conforme se van presentando y se trata de una autoridad federal, se turna al organismo de competencia, añadió. Dijo que entre los desaparecidos hay mujeres y menores de edad, pero la mayoría son varones adultos.
En tanto, la asociación civil Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila (Fuundec) informó que en los meses recientes se han documentado unas 48 desapariciones adicionales a los 230 casos registrados entre 2009 y marzo de 2012.
Al 30 de junio se registraron 258 casos, pero en la actualidad debe haber unos 15 o 20 más. Estamos en una situación muy grave, afirmó la directora de Fuundec, Blanca Ramírez Rivera. Además, se quejó de que el titular de la subprocuraduría estatal especializada para la búsqueda de desaparecidos, Alfonso Yáñez Arreola, no les da audiencia desde junio pasado, con el fin de enterarse del estado en que se encuentran las investigaciones sobre los casos que se han denunciado

Ex trabajadores obtienen pensiones hasta 50% menores por burocracia y corrupción


Ex trabajadores obtienen pensiones hasta 50% menores por burocracia y corrupción
Fallas en las bases de datos del IMSS y del Issste potencian abusos contra los ex empleados
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 15
Errores en las bases de datos de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como desinformación y burocracia, provocan que ex empleados no reciban las pensiones que les corresponden, sino 40 o 50 por ciento menores, señalan despachos que se dedican a llevar a cabo esos trámites.
Abogados que trabajan el tema de las pensiones y litigan decenas de juicios contra el IMSS o el Issste por inconformidades en el cálculo o la aplicación de los pagos de pensiones afirman que se ha generado una red detramitadores que operan dentro y fuera de las instituciones.
“Arreglan a los ex empleados sus pensiones y se dedican desde encontrar las semanas de cotización hasta ‘mejorar’ los montos a quienes recurren a sus servicios.”
Información proporcionada revela que en torno al trámite hay una amplia red de corrupción. Los mismos trabajadores de los institutos se prestan a ella, pues la mayoría de quienes comienzan el proceso están desinformados y las bases de datos tienen errores. Lo más común es que estén mal el nombre, la edad, la clave única de registro de población, la fecha de ingreso y el número de seguridad social de los empleados, pero el mal extendido es que está incorrecta la cifra de semanas cotizadas y el salario promedio, así como el número de empresas donde los trabajadores laboraron.
Hay que guardar hojas rosas o recibos de pago
Éstos tienen que empezar muchos trámites para demostrar que tienen derecho a la pensión. Para corregir la información, por ejemplo, se deben tener todas las hojas rosas de registro ante el IMSS o los recibos de pago para comprobar que sí se trabajó en cierta empresa e iniciar todo un largo proceso; es decir, tienen que hacer la prueba documental.
Los litigantes añaden que en México no existe la cultura de las pensiones. Los trabajadores llegan “ciegos a realizar sus trámites y no reciben lo que les corresponde, sino mucho menos. Se pensionan con lo que les dan y no con lo que les corresponde.
Hay personas que se acercan a los ex empleados en las oficinas de pensiones del IMSS o del Issste. Les ofrecen sus servicios y les tienden una trampa común: realizar todos los trámites y que sólo cobrarán el monto del primer pago. Las personas creen que se trata de la primera mensualidad, pero no es así, porque el primer cheque contiene retroactivos desde la fecha en que el empleado se da de baja hasta cuando termina sus trámites. Entonces la sorpresa para ellos es mayúscula, porque tienen que pagar cantidades estratosféricas, ya que algunas veces contienen hasta seis o 10 meses de retroactivo y pueden llegar a ser más de 100 mil pesos, por ejemplo, lo cual es un robo, advierten los litigantes.
En las instituciones, añaden, hay quien ofrece inyectar semanas de cotización a la sábana de datos de los trabajadores que no cumplen con el número mínimo. Para ello el truco es utilizar empresas que ya fueron dadas de baja, por lo cual es difícil comprobar si efectivamente laboraron ahí o no los solicitantes de pensión.
Sin embargo, para la mayoría de los empleados la desinformación, la burocracia y la corrupción los llevan a no tener las pensiones que les corresponden, sino 40 o 50 por ciento menores, y para ello tienen que enfrentar un viacrucis burocrático. Lo fundamental es que, una vez iniciado el trámite, algunas instituciones dan sólo 15 días hábiles para que los trabajadores impugnen la información base para aplicar el monto de la misma y esto prácticamente nadie lo sabe, como tampoco que se puede apelar a la conservación de derechos