miércoles, 12 de marzo de 2008

El Dip. Agustín Guerrero, en el Centro de Información en Defensa del Petróleo

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11 de Marzo de 2008. Este día en el Centro de Información en Defensa del Petróleo, estuvo como ponente el Dip. Agustín Guerrero, quien fuera de hecho el que ideo la realización de este Centro de Información, como una forma de manifestar la oposición a la privatización de PEMEX.



En su exposición, el legislador hizo un recuento de la parte histórica sobre la industria petrolera en nuestro país, así como sobre los contratos que indebidamente el actual Srio. de Gobernación, Juan Camilo Mouriño firmó con empresas de su familia cuando era diputado federal e integrante de la Comisión de Energía.


Asimismo, estuvo presente la Compañera Jesusa Rodríguez, integrante del Comité de Defensa del Petróleo, quien nos vino a informar que tras una reunión con el Presidente Legítimo de México, se le instruyó para que los obradoristas realizaran volanteos masivos para difundir la próxima asamblea de la CND que se va a realizar el 18 de marzo del presente. Por lo tanto, se convocó para que el día 12 de Marzo de 2008, a las 15 horas partan brigadas desde el Centro de Información hacia paraderos de autobuses y estaciones del Metro.




Mas información en:

http://soberaniapopular.blogspot.com/
AMLO TV

Acusa Mexsida a la Ssa de frenar la adquisición de antirretrovirales

Nadie ha reportado nada”; estamos en el límite de tiempo para surtirlos, acepta la dependencia
■ El trámite puede tardar otros 20 días hábiles, y los enfermos no deben suspender terapias: ONG
Ángeles Cruz Martínez (Enviada)
Oaxaca, Oax., 11 de marzo. Por decisión del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila, en 2008 está detenida la compra de medicamentos antirretrovirales para el control del VIH/sida, aseguró Arturo Díaz Betancourt, coordinador del Comité Técnico de Vigilancia Ciudadana (Mexsida).
Señaló que al menos Chiapas, Nayarit y Guerrero ya se encuentran en situación crítica a causa del desabasto de fármacos para las personas que carecen de seguridad social, debido a que desde principios de marzo algunos empezaron a agotarse.
Ante la emergencia, varios de los gobiernos de las entidades han cubierto las carencias con los recursos que tenían destinados para sus programas de prevención y análisis clínicos de control de la enfermedad. Sin embargo, indicó Díaz, el desabasto se ha ido extendiendo, y ya afecta 17 estados, entre ellos Zacatecas, Baja California, Querétaro, Puebla, Tabasco y Oaxaca.
Al respecto, Hernández Ávila rechazó que exista desabasto de dichos medicamentos. Dijo que “nadie le ha reportado nada. Sé que estamos en el límite de tiempo, y tal vez a algunos estados les falte alguna clave, pero nada que no puedan resolver con recursos propios”.
Sin embargo, reconoció que hubo un “atraso, por múltiples razones”, la principal, que el registro de pacientes tenía inconsistencias, por lo que el comité del Fondo de Gastos Catastróficos solicitó que se corrigieran. En entrevista, el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) señaló que en 15 por ciento de los casos no se contaba con datos para identificar a los enfermos, y en otros, se mantenían en la lista nombres de personas ya fallecidas o que abandonaron las terapias.
El uso del dinero –apuntó– “se revisa con lupa”, y admitió que cada año crece la complejidad de su manejo por el aumento en el número de personas atendidas y los cambios de tratamientos, entre otros.
Aseguró que la licitación, iniciada en octubre de 2007, ahora se realiza de manera acelerada –ya con los recursos liberados–, por lo que a más tardar en 15 días los estados empezarán a recibir los medicamentos.
No obstante, el dirigente de Mexsida, quien participó hoy en el taller sobre VIH/sida que realiza en esta ciudad el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), con miras a la Conferencia Mundial de Sida, que tendrá lugar en México en agosto próximo, dijo que la Ssa no ha informado de manera oficial las causas por las que el trámite administrativo fue detenido.
“Sabemos que en la Subsecretaría de Innovación y Calidad hay dudas sobre si realmente se compra lo que se requiere, y que la dependencia tiene la intención de negociar con los laboratorios farmacéuticos la disminución de los precios de antirretrovirales”.
El problema es –subrayó Díaz Betancourt– que “este no es el momento para hacer negociaciones o investigar. Las personas que viven con VIH/sida no pueden suspender sus tratamientos, y ya hay carencias”.
Resaltó que desde que en México existe el acceso universal a los antirretrovirales no había habido problemas de desabasto. Incluso –apuntó–, el programa que coordina la Ssa fue tomado como ejemplo internacional.
De acuerdo con información oficial, en México se han presentado más de 115 mil 651 casos de sida de 1983 (cuando se supo de la enfermedad en el país) a la fecha, de los que alrededor de 50 mil están vivos.
De éstos, 22 mil carecen de acceso a las instituciones de seguridad social, por lo que están en el programa de acceso universal de antirretrovirales, que coordina la Ssa.
El proceso de compra de 2008 debió concluir a mediados de febrero, y apenas hoy, la subsecretaría decidió realizar las compras directas de antirretrovirales para cubrir las necesidades de dos meses.
“Ya es tarde. Ese trámite puede prolongarse por lo menos otros 20 días hábiles, y en varios entidades ya existen faltantes”, advirtió Díaz Betancourt.

Persiste en Querétaro campaña de odio en contra de los emos


Querétaro, Qro., 11 de marzo. Hace aproximadamente seis meses, desconocidos iniciaron una campaña de odio contra integrantes de la subcultura emo (o emotivos), a los que tachan de homosexuales y acusan de dar una mala imagen a los turistas que visitan la zona centro de la capital queretana.
Ocultos en el anonimato que ofrece Internet, azuzaron a jóvenes que simpatizan con diferentes subculturas o tribus urbanas y estudiantes de escuelas públicas y privadas que se identifican como antiemo para golpear a estas personas.
Así, el 7 de marzo lograron que más de 800 personas (según cifras oficiales) y 2 mil, según versiones extraoficiales, se congregaran en la plaza de armas de la capital queretana para agredir a los emos y lesionaron a cuatro.
“Si ves uno en la calle, mátalo”
Algunos de los correos incluyen mensajes como los siguientes: “Por favor, si ves un emo en la calle, mátalo”; “un emo no pesa más de 40 kilos”; “un emo es por definición un tipo raro con gustos sexuales mucho más raros aún”.
También se pide a los jóvenes convocar a otros a esta campaña porque consideran que los emos “adoran a los gays y todo emo ha besado a algún amigo; siempre usan ropa rosada, morada y demás colores emosexuales”.
De igual forma, convocan a los seguidores de los movimientos “goth, punk, metalero, rocker, class, liberal, skate, ska o gente normal” a convertirse en antiemo. “Únete, y donde quiera que estés manifiéstalo en plazas, centros, parques, escuelas fresas... Ayuda a que esta moda termine”, dice uno de los volantes repartidos desde noviembre de 2007 en escuelas y fiestas.
Un joven de 18 años de edad que se identifica con la subcultura emo y que pidió el anonimato señaló que este movimiento ha ganado presencia en Querétaro desde hace dos años.
Sin embargo, hace aproximadamente seis meses empezaron a ser discriminados por integrantes de otras tribus urbanas y de personas que no están identificadas con alguna en particulares.
Vestido con pantalón entallado, perforaciones en los labios, cabello lacio y largo que cubre la mitad del rostro, señaló que en la calle les gritan gays. “Empiezan a aparecer más (emos) y la gente empieza a decir: ¿de dónde salieron?, ¿qué pedo con estos güeyes? Empiezan a criticar, a clasificarnos como homosexuales, depresivos, sensibles, y eso está mal. Yo le diría a toda esa gente que no sea ignorante, que no juzgue antes de conocer porque son como cualquier persona”.
Otro joven que aseguró ser parte del movimiento metalero y que pidió ser identificado como George consideró que los emos son rechazados por otros grupos por haber incorporado a su vestuario y a su música características del punk y de otros movimientos, lo que, dice, distorsiona “la esencia” del resto de las tribus “por falta de información. Revuelven todo con su vestimenta: se ponen calaveritas rosas que nada que ver”.
Otro joven antiemo que pidió el anonimato y que participó en los hechos del 7 de marzo señaló que en diciembre pasado un grupo de emos tuvo un conflicto con algunas personas, presuntamente seguidores del punk.
Sin embargo, en un medio de circulación local jóvenes pertenecientes a grupos metaleros y punk se deslindaron de los hechos del viernes pasado.
A los correos electrónicos y páginas de Internet antiemo se han sumado recientemente mensajes de teléfonos celulares, para atacar a los emos en la plaza.
“No puede ser que esos emos de mierda nos estén invadiendo. Esperamos contar con tu presencia. Puedes llevar fileros” (navajas), dice un mensaje de correo electrónico.
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Jorge Luís Alarcón Neve, indicó que los jóvenes que participaron en los hechos del 7 de marzo fueron “presas” de personas que no tienen nada que ver con los que acudieron el viernes por la noche y que lograron “poner un cerillo en la gasolina”.
Las autoridades municipales entregará a la Procuraduría General de Justicia los videos y fotografías que han recabado.
Los 28 detenidos, de los cuales seis eran mayores de edad, quedaron libres el sábado 8 de marzo, pero aún se les investiga.
Este martes el gobernador Francisco Garrido Patrón llamó a la sociedad queretana a “la tolerancia y la concordia”.
En la toma de protesta del Consejo Directivo de la Barra Queretana, indicó que las diferencias de pensar, actuar o vestir “por ningún motivo deben ser causa de ataques o vituperios de cualquier grupo social”.
Mientras, hoy circularon dos mensajes en Internet: uno llama a “linchar” emos el 21 de marzo. y otro invita a una marcha por la tolerancia el 15 de marzo.

Los soldados colombianos remataron a gente herida o que se había rendido: Lucía Morett

La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos confía en que el gobierno mexicano actúe
Blanche Petrich
La estudiante mexicana Lucía Morett presentó ayer su primera declaración ministerial ante el fiscal general de Ecuador, William Pesantez, en el Hospital Militar de Quito, y dio testimonio de cómo los soldados colombianos que bombardearon el campamento de las FARC en la zona de Sucumbios –de donde se han rescatado, hasta ahora, los cadáveres de cinco mujeres y 17 hombres– remataron a heridos y a gente que se había rendido.
Las otras dos sobrevivientes de la masacre, Doris Bohórquez y Martha Pérez, dos colombianas retenidas a la fuerza en el campamento para hacer el trabajo doméstico, ratificaron con sus declaraciones esa afirmación. “Los soldados les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida, y una vez que se iban rindiendo, los iban matando”, sostuvo en entrevista el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra.
El jurista, que representa a las tres sobrevivientes en la demanda contra Colombia por acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario, expresó que la Aldhu y las organizaciones humanitarias ecuatorianas “aspiramos a tener el apoyo del gobierno mexicano”.
Informó que, además de esta vía, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. “Claro que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.”
–¿Qué expectativas tienen sobre el gobierno mexicano?
–Todo país soberano debe proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras. México lo ha hecho en el pasado con mucha energía, y esperamos que ahora no sea la excepción. Estos chicos eran estudiantes civiles que estaban legalmente aquí, sus actividades eran lícitas y así lo ha certificado la propia Fiscalía General. Por tanto, son víctimas de una masacre.
“Las autoridades mexicanas determinarán qué hacer, pero nosotros sí vamos a recurrir la próxima semana al Ministerio Público en México y a las autoridades respectivas, en demanda de protección de su gente y de sus derechos. Si no lo hacen, será el pueblo mexicano el que juzgue esta conducta. Nosotros como sociedad civil latinoamericana no vamos a descansar hasta que estos crímenes sean castigados y no queden en la impunidad”, indicó.
La Aldhu entregó a la fiscalía ecuatoriana toda la documentación que certifica que los jóvenes mexicanos entraron con visa de turismo por 40 días, en los que visitaron varias universidades y se entrevistaron con líderes sociales e indígenas. Además presentaron en el segundo Congreso Continental Bolivariano, en Quito, entre el 25 y 27 de febrero, una obra de teatro de la cual hay un video.
“Ahí alguien les propuso ir a conocer un campamento de las FARC”, relató Parra, al referir el contenido de la diligencia de ayer en el Hospital Militar. “Les entusiasmó la idea, primero por curiosidad y luego porque algunos estaban trabajando su tesis sobre movimientos de América Latina.
“El 28 de febrero fueron por tierra en autobús a Lago Agrio, que es la ciudad más cercana a la frontera. Llegaron el 29 por la mañana, dieron unas vueltas por la ciudad y ahí los contactó un hombre, un adulto de pocas palabras, vestido de civil, que los condujo en un vehículo unas dos horas, poco más. Luego los subieron a una lancha, fueron por un río y caminaron mucho tiempo hasta llegar al campamento clandestino de las FARC alrededor de las seis de la tarde del día 29.
“Ahí los habría recibido una mujer que les señaló el lugar donde les dieron de comer y les asignaron los sitios para dormir. Al día siguiente iban a iniciar las entrevistas y las actividades, pero esa misma noche fue el bombardeo.”
Lucía Morett relató que el bombardeo fue en dos etapas. Ella quedó herida porque se protegió con una mochila. Explicó que después de unos minutos arribaron los soldados. Cinco de ellos la rodearon, la iluminaron, ella les decía que era mexicana, estudiante. Relató algún acoso sexual al que fue sometida. Más tarde llegó otra ola de efectivos colombianos, pero con otro uniforme, que se identificaron como policías. No la mataron, pero ella refiere que escuchaba ráfagas de disparos contra grupos de gente que estaba rendida o herida. Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron.
La joven tiene una herida de 10 centímetros de profundidad en un glúteo, infectada y de difícil cicatrización. Ha estado varias veces en el quirófano.
Parra indicó que durante toda la diligencia de ayer ante el fiscal fue acompañada por el embajador y el cónsul de México. “Eso la reconfortó, porque hasta anoche estaba muy dolida, sentía que su embajada la había poco menos que abandonado.”
Ayer llegó a Quito la familia de Fernando Franco, y su cadáver fue identificado, así como el de Juan González del Castillo. Se espera para hoy el arribo de la familia de Verónica Natalia Velázquez Ramírez. La embajada mexicana también logró contactar a la familia de Soren Ulises Avilés, egresado del Instituto Politécnico Nacional.

Padres de víctimas mexicanas demandarán a Colombia ante instancias internacionales

Emir Olivares y agencias
Los padres de los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC atacado en Ecuador anunciaron que demandarán internacionalmente a Colombia, pues consideraron estos hechos como una irrupción “genocida” y un “crimen de Estado”.
En tanto, se confirmó la muerte de Fernando Franco Delgado –estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, otro de los mexicanos que se hallaban en el lugar.
Álvaro González, padre de Juan González del Castillo –quien murió tras el ataque–, aseguró en una entrevista para la red de televisión ecuatoriana Ecuavisa que considera entablar una demanda en contra del país gobernado por Álvaro Uribe, porque se trató de “un ataque genocida en el que hubo civiles; es un asesinato de Estado”.
Señaló que las acciones militares del ejército colombiano fueron “realmente terroristas”, por lo que no permitirá que la muerte de su hijo se mantenga en la impunidad.
A través de la cadena televisiva ecuatoriana solicitó el apoyo de las autoridades mexicanas en defensa de los civiles mexicanos que perecieron en el bombardeo, porque “creemos que se trata de un atentado de lesa humanidad”.
Por su parte, Jorge Morett, padre de Lucía, quien resultó lesionada en el ataque, coincidió en que los hechos fueron un crimen de “lesa humanidad que debe ser sancionado conforme a derecho internacional”.
Mediante un documento, los padres de Lucía Andrea, estudiante de la UNAM, solicitaron a diferentes organizaciones de derechos humanos, sobre todo ecuatorianas, “su intervención para que representen la defensa humanitaria y legal” de la joven, para que se le garantice un “respeto total a sus derechos, seguridad y tranquilidad”.
Jorge Morett y María de Jesús Álvarez reiteraron que Lucía “no es guerrillera, como irresponsablemente se ha mencionado en muchos medios de comunicación; jamás ha tenido contacto con armas o con cualquier cuestión de tipo miliar. Sus armas siempre han sido la palabra, las ideas y la reflexión, que siempre la han llevado a pensar que un cambio es posible”.
Resaltaron que la joven ingresó legalmente a Ecuador, donde participó en el Congreso Bolivariano celebrado a finales de febrero, además de que aprovecharía “para recabar información sobre los procesos y movimientos latinoamericanos, temas que ella investiga”.

Aspirantes a la dirección del PRD prevén difíciles comicios


Los candidatos a la dirigencia nacional del PRD y los gobernadores surgidos de este partido acordaron ayer cuidar la elección interna del próximo domingo, pues no descartaron que a lo largo de la jornada se presenten incidentes como robo y quema de urnas.
Se prevé instalar una mesa política para contener estos problemas y elaborar una lista de los municipios que se consideren “focos rojos”, tanto por el crecimiento atípico del padrón como por la presencia de “operadores” electorales.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente del partido, Leonel Cota Montaño, y acudieron los candidatos Alejandro Encinas, Jesús Ortega, Camilo Valenzuela, Dina Navarro y, en representación de Alfonso Ramírez Cuéllar, su compañera de fórmula, Rosalbina Garavito.
También estuvieron Leonel Godoy, gobernador de Michoacán; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Zeferino Torreblanca, titular del Ejecutivo en Guerrero; la mandataria Amalia García, de Zacatecas, y Jorge Antonio Morales Messner, secretario de Gobierno de Chiapas, en representación de Jaime Sabines.
Al acto asistió el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, entre otros. El ausente: Narciso Agundes, gobernador de Baja California Sur.
Al término de la reunión, Cota Montaño confió en que el proceso se realice en condiciones de equidad, porque “se aleja el fantasma de la confrontación y se acerca el fantasma de los acuerdos, que no deja de ser fantasma”.
Indicó que los gobernadores acordaron cerrar filas en torno a quien gane la presidencia nacional del partido. “Hay plena coincidencia en que el domingo 16 el perredismo se dará cita en las urnas, aproximadamente 5 mil casillas que se instalarán en todo el país, para fortalecer los procesos democráticos que el partido ha impulsado siempre”, expresó.
En esta reunión, insistió, se ratifica que la militancia del PRD vale y decide, y que en ella recaerá la responsabilidad de elegir a los próximos dirigentes, consejeros y congresistas nacionales y estatales.
Asimismo, confirmó que el día de los comicios se realizarán dos conteos rápidos, e informó que hoy sostendrán encuentros con representantes de las dos empresas encargadas de los mismos, Consulta Mitofsky e Imo. “Si las condiciones lo permiten, el domingo daríamos tendencias, y con ello un mensaje de unidad”, adelantó.
Manifestó que ésta es la oportunidad de fortalecer al PRD por encima de cualquier circunstancia y diferencia. “Queremos que los comicios se realicen con transparencia”, insistió, aunque ello no obstó para que algunos de los asistentes expresaran sus preocupaciones.
Uno fue Jesús Ortega, quien habló de la existencia de “focos rojos” que agravan la situación por la posible quema y robo de urnas. Pidió expulsar del partido a quienes incurran en ello.
Rosalbina Garavito dijo que salió “escéptica” de la reunión, “porque el daño fundamental ya está hecho y hubo bastante menosprecio para hacer efectiva la legalidad interna”. Sin embargo, afirmó en entrevista que da el beneficio de la duda para que la jornada no sea ilegal.
En conferencia de prensa, Cota Montaño reconoció que el padrón perredista presenta irregularidades, y anticipó que hoy habrá una reunión entre los integrantes del Comité Técnico Electoral y los representantes de los candidatos para valorar las condiciones que existen en los lugares donde hubo crecimiento atípico del padrón. Hubo por ejemplo, citó, “municipios donde teníamos dos militantes y hoy hay 150”.
Dijo que, a petición expresa de los aspirantes, se ejercerá mayor vigilancia en las casillas, regiones y estados como Oaxaca, “donde hemos tenido algunos problemas”, entre ellos “provocación externa”.
Advirtió que se castigará a cualquier militante que cometa irregularidades y con ello “se deslindará al partido de cualquier acto personal que lo ponga en riesgo y signifique la crítica pública”.
Cota Montaño obvió mencionar que en el encuentro se acordó, a propuesta de Ricardo Ruiz, presidente del PRD capitalino, que independientemente de los resultados del domingo los aspirantes y dirigentes del partido acudirán a la concentración del 18 de marzo en el Zócalo capitalino.
Antes de la reunión, Jesús Ortega, candidato de Nueva Izquierda, acusó a Izquierda Unida y al bloque de corrientes que apoyan a Encinas, su principal oponente, de “ponerse el huarache antes de espinarse”, por la denuncia que hicieron de que su grupo pone en riesgo la elección.
Encinas, por su parte, consideró –también antes de la cita– que el encuentro fue “lamentablemente tardío”, y convocó a sus simpatizantes a vigilar el proceso.

La Corte da visto bueno al IFE para la destrucción de boletas


Con el voto definitorio del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde al Instituto Federal Electoral (IFE) para que destruya las boletas de los comicios presidenciales del 2 de julio de 2006.
Con el argumento de que el asunto es eminentemente electoral y que el juicio de amparo no procede en estos asuntos, seis ministros votaron ayer en favor del dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propuso desechar, por “notoriamente improcedente”, la demanda de amparo interpuesta por la revista Proceso en contra del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y de la negativa de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IFE de entregar las boletas utilizadas en los citados comicios.
Los ministros de la minoría, que alcanzaron cinco votos (José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls), se pronunciaron por la admisión del amparo, con el argumento de que el asunto tiene que ver con la defensa de garantías fundamentales, como el derecho a la información.
De acuerdo con fuentes judiciales, aun cuando está pendiente de resolverse un amparo en el que también se pide acceso a las boletas de los comicios, interpuesto por Joaquín Antonio Muñoz Mendoza, en representación de la Escuela Superior de Ciencias Históricas y Antropológicas, con la decisión de ayer es cuestión de tiempo que ese recurso sea también desechado por improcedente y, entonces sí, el IFE esté en condiciones de destruir la papelería electoral.
Al inicio de la sesión, Aguirre Aguiano confirmó lo publicado ayer por este diario de que se procedía a rechazar, por “notoriamente improcedente”, la demanda de amparo presentada por el semanario Proceso para tener acceso al sobre con las boletas sobrantes inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas en la jornada del 2 de julio de 2006 en todo el país para la elección presidencial.
José de Jesús Gudiño Pelayo argumentó en favor del proyecto. Empero, reconoció que éste “deja el tema un tanto desdibujado, inacabado, poco argumentado”.
Por la minoría, Góngora Pimentel argumentó que el pleno lo que tenía que resolver era “si la destrucción de las boletas puede generar conductas arbitrarias, al valorar si esta eliminación coarta el derecho a la información”.
Añadió que la promoción del amparo no era para determinar quién debe ocupar el cargo de presidente de la República: “La elección ya fue hecha y declarada válida por el tribunal electoral; por ello, este amparo no tiene fines electorales, sino periodísticos o académicos, pero sin motivos electorales”.
Juan N. Silva Meza añadió que el acto reclamado en contra del IFE tenía que ver con el ámbito administrativo, con la transparencia y el acceso a la información, por lo que sí podía existir una violación a los derechos fundamentales, reparable por medio del juicio de amparo.
Olga Sánchez Cordero subrayó la importancia de que fuera admitida la demanda, porque –entonces sí– la Corte estaría en condiciones de determinar si las boletas electorales constituyen o no información pública.
A su vez, José Ramón Cossío planteó que el asunto debía analizarse a la luz del derecho a la información, previsto en el artículo sexto constitucional. “Estamos –manifestó– ante un derecho fundamental de acceso (a la información) que puede ser lastimado por la autoridad electoral”.
Valls añadió que la demanda fue presentada contra un acto emitido por una autoridad administrativa electoral que era recurrible por medio de un amparo.
En ese momento no se conocía el sentido del voto del ministro presidente y la decisión estaba aún en el aire, por lo que Aguirre Anguiano tomó de nuevo la palabra para advertir: “Cuidado, Suprema Corte Mexicana, no nos montemos en el péndulo de la exageración de que la transparencia y el derecho a la información tienen la virtud de borrar los principios de otras materias, así sean constitucionales…( ) No hay garantías absolutas, pero en todo caso las mismas se deben ejercer con las limitaciones que la propia Constitución les señala”, y dichas limitaciones en materia electoral son “certeza, legalidad y definitividad”. Definitividad que implicaba la destrucción de la paquetería, criterio apoyado por la mayoría.

Acusan a Mouriño de alentar la compra de tierras ejidales

La Golden Gate Real State and Broker sólo le sirve de parapeto, dice
■ Delegados agrarios se prestan a los intereses del secretario, sostiene
Lorenzo Chim (Corresponsal)
Campeche, Cam., 11 de marzo. El Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de alentar, mediante empresas fantasmas, la compra de más de 120 mil hectáreas de ampliaciones forestales.
Luis Antonio Che Cu, dirigente de dicho frente, dijo que la empresa Golden Gate Real State and Broker sirve de parapeto a Mouriño, quien impulsa, por conducto de familiares y funcionarios federales, la compra de tierras para desarrollar proyectos de largo plazo, mientras los delegados del registro y de la Procuraduría Agraria en Campeche se prestan a sus intereses.
Che Cu mostró copias del acta constitutiva de Golden Gate Real State and Broker, número de escritura 20042300182, en la que sólo aparecen como accionistas el campesino Avelino Peralta Alayera y la ama de casa María del Carmen Ramos López, ambos con domicilio en Región 523, manzana 5, lote 5, del fraccionamiento Quetzales, en Cancún, Quintana Roo.
La empresa fue registrada el 5 de octubre de 2004 ante la licenciada Alma Lilia Luna Olivas, que actuó como suplente de la notaría pública número 13, con capital de 100 mil pesos y cien acciones de mil pesos cada una; 80 por ciento aportado por el campesino y 20 por ciento por la señora.
Che Cu recordó que la empresa ya compró más de 800 mil hectáreas en los ejidos Pomuch, Champotón, Bolonchén, Silvituc, Haro, Constitución y Pixoyal y, de acuerdo con los contratos de arrendamiento, ofrece mil 500 pesos por hectárea, por lo que ya invirtió casi mil millones.
“Es incongruente que un campesino y una ama de casa constituyan una empresa que se dedica al arrendamiento y explotación comercial, y no a la actividad agropecuaria, por lo que esos terrenos no serán para fomentar la agricultura sino para crear otros proyectos”, dijo.
Detrás de la empresa están el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su familia y gente cercana al poder, lo que abre dudas sobre los propósitos de acaparar miles de hectáreas, añadió.
El delegado estatal de la Procuraduría Agraria es el ex diputado local y técnico en informática Juan Manuel González Navarrete, y en el Registro Agrario Nacional está la secretaria y ex diputada local Socorro del Carmen Gamboa Vela, quienes se encargan de poner trabas al juicio iniciado por los ejidatarios que se niegan a vender sus tierras.
Che Cu entregó copia del oficio RAN 04/SR-290/2008, Juicio Agrario: 497/2007-CAM, con fecha 26 de febrero de 2008, en el que Gamboa Vela notifica al magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario de Distrito 34, Arturo Lemus Contreras, que la empresa Golden Gate, representada por Georgina Guadalupe Peralta Candila, hija del campesino Avelino Peralta Alayera, no ha subsanado las observaciones de plano topográfico ni el proyecto productivo relativo al contrato para comprar 60 mil hectáreas al ejido Pomuch.
Con este oficio se demuestra que la empresa no tiene capacidad económica para cubrir los adeudos con los ejidatarios de Pomuch, ni con los que han firmado contratos de renta.
Una prueba que confirma la relación con Mouriño, según Che Cu, es que las oficinas de Golden Gate se ubican en Torres de Cristal, en la zona de la capital de Campeche donde el Grupo Energético del Sureste tiene un penthouse y operan las oficinas administrativas de los 80 negocios de la familia Mouriño Terrazo.
El denunciante dijo que el magistrado Lemus Contreras tiene elementos para declarar nulo el contrato con los ejidatarios de Pomuch, pero “la mano de Mouriño está detrás. Si los ejidatarios no quieren sus tierras, que la Federación las expropie para darlas a gente que sí tiene ganas de producir”, señaló.

Mouriño reitera su inocencia; festeja en Los Pinos


Apenas terminó su mensaje en el que aseguró que no renunciará a su cargo, el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encontró cobijo en la residencia oficial de Los Pinos, donde lució sonriente y compartió lugar en la mesa de honor con el presidente Felipe Calderón.
Al llegar a la hondonada donde se realizó la comida que se ofreció al presidente de Islandia, Mouriño fue recibido con efusivos abrazos por los integrantes del staff Pinos, como se conoce al círculo íntimo presidencial: Gerardo Ruiz, jefe de la Oficina de la Presidencia; Alejandra Sota, coordinadora de Estrategia y Mensaje Presidencial, y Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social.
Los horarios cuadraron a la perfección: mientras Calderón conversaba con su homólogo islandés, Mouriño compareció ante la prensa para rechazar las acusaciones de tráfico de influencias que pesan en su contra.
Y tuvo tiempo suficiente para trasladarse a Los Pinos en el lapso en que su jefe y el presidente de Islandia, Olafur Ragnar Grímsson, ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación y –a diferencia de otras visitas de Estado– no se permitieron preguntas de la prensa.
Terminado el protocolo, Calderón fue durante varios minutos a la residencia Miguel Alemán. A esa hora Mouriño platicaba animoso en los jardines de la casa presidencial con Ruiz, Sota y Cordero, mientras su esposa, María de la Luz Ángeles Escalante, repartía besos a las cónyuges de otros integrantes del gabinete.
Durante la espera del arribo de los mandatarios, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia recibió otro apapacho de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
El lugar de Hildebrando
Otro invitado al banquete fue Diego Hildebrando Zavala, bautizado como el “cuñado incómodo” de Calderón por los supuestos contratos que obtuvo en la administración anterior.
Zavala ocupó un lugar de privilegio, al lado del actor y empresario Magnus Scheving, una especie de embajador islandés, famoso porque interpreta a Sportacus, el héroe de la serie televisiva infantil Lazy Town.
Entre los comensales estaban los secretarios de la Función Pública, Salvador Vega; de Turismo, Rodolfo Elizondo; de Economía, Eduardo Sojo; de Comunicaciones y Transportes, Luis Tellez; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynes, y de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar.
También fueron convidados priístas, como el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el ex secretario de Educación Fernando Solana, así como el panista Carlos Medina Plascencia.
Cautelosos, Calderón y Mouriño se dieron un tibio saludo. Y después de los discursos la fiesta continuó en privado.

Mouriño, obligado a renunciar: diputados

La determinación de Juan Camilo Mouriño de seguir al frente de la Secretaría de Gobernación provocó agrias críticas de diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Señalaron que con el argumento de trabajar por México, el funcionario sólo muestra un desaforado interés por conservarse en el poder, y consideraron que su permanencia en el cargo terminará por afectar los intereses de su jefe, Felipe Calderón.
La dirigencia nacional del PRD señaló que Mouriño debe renunciar, porque ya no puede ser interlocutor con los partidos; mientras algunos gobernadores perredistas restaron importancia al asunto.
A petición de Mouriño, la Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que inició una averiguación previa para esclarecer si el funcionario, “en su carácter de servidor público, supuestamente ha beneficiado a empresas particulares”. En un comunicado, la dependencia reiteró “su firme convicción de que en éste, como en cualquier asunto, debe prevalecer el derecho”.
Calderón confía en Mouriño: AN
Al igual que en días recientes, ayer la dirigencia nacional del PAN arropó otra vez al secretario de Gobernación al señalar que no ha cometido ningún acto ilegal y que tiene toda la confianza del presidente Calderón.
El presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, Emilio Ulloa, afirmó: “ese hombre ¡ya está tocado! El señor Mouriño es un pillo de siete suelas, un sinvergüenza que pronto tendrá que abandonar la posición de privilegio que ocupa, porque sólo acarreará, con el tiempo, un enorme daño a su jefe”. Agregó que Calderón “sostendrá, a pesar del precio que tenga que pagar el país, a su secretario de Gobernación; nunca dará gusto a Andrés Manuel López Obrador, pues nunca le cortará la cabeza”.
El perredista Juan Guerra Ochoa manifestó que Mouriño se sostiene en el cargo gracias al respaldo que televisoras y empresas de radio le han otorgado; pero esos medios de comunicación no actúan movidos por solidaridad ni por buena fe. Seguramente ya entablaron una negociación inconfensable con el funcionario a cambio de mantenerlo en el poder.
El priísta Samuel Aguilar dijo que su partido no ha convenido “en respaldar al secretario de Gobernación, porque está obligado a responder a la sociedad; quizá los contratos que firmó fueron legales, pero no son éticos”.
El diputado Silvano Garay, del PT, reprochó al titular de Bucareli “no haber asumido una decisión valiente; optó por mantenerse en el poder sin prever que entre más tiempo pase más posibilidades habrá de encontrar nexos directos entre los intereses de la familia Mouriño y los de Calderón Hinojosa”.
El presidente del PRD, Leonel Cota, exigió la renuncia de Mouriño, porque ya no puede ser interlocutor con los partidos. Enfatizó que la presunta legalidad de los documentos es algo que debe aclarar la comisión legislativa que se integró ayer en la Cámara de Diputados y llegar al fondo del asunto.
Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, señaló que los secretarios de Estado siguen siendo interlocutores con las fuerzas políticas; su par de Guerrero, Zeferino Torreblanca, dijo que el tema para el PRD son las elecciones del próximo domingo y no la suerte de Mouriño, y la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, rechazó hablar sobre el tema.
El secretario general del PAN, Guillermo Anaya, pidió que la comisión creada ayer no sea utilizada para golpear políticamente, sino para llegar a la verdad jurídica. Agregó que en su partido ya sabían que Mouriño firmó siete contratos, y destacó que López Obrador los está dando a conocer uno por uno para usarlos políticamente.
Dijo que el PAN está convencido de que no hubo ningún acto ilegal en la firma de dichos documentos, por lo que Mouriño debe permanecer en el cargo.
Acerca de la documentación que Mouriño entregó a la Secretaría de la Función Pública, la dependencia indicó que no tiene plazo para concluir la investigación.
Los partidos del Trabajo y Convergencia señalaron que, independientemente del deslinde mediático que ofreció ayer, Mouriño está obligado a separarse del cargo si pretende demostrar su inocencia ante las acusaciones que pesan en su contra por presunto tráfico de influencias.
Se pronunciaron porque el jefe del Ejecutivo federal emita una posición pública sobre el tema, ya que se trata de acusaciones contra un funcionario que ha sido su subordinado directo.
El grupo civil Flor y Canto indicó que las acusaciones por probable tráfico de influencias que pesan contra Mouriño demuestran la “connivencia” del poder económico y político en la administración de Calderón.
R. Garduño, E. Méndez, C. Pérez, A. Muñoz, G. Saldierna, E. Velasco y G. León

Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses


Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.
Luego de presentar ante la Junta de Coordinación Política de esa cámara un amplio expediente que prueba el grave conflicto de intereses en que ha incurrido el responsable de la política interior, recalcó que los contratos dados a conocer hasta ahora “son apenas la punta del iceberg” del negocio multimillonario que el grupo en el poder pretende al abrir Pemex al capital trasnacional.
El expediente incluye contratos que dejan ver con claridad cómo las empresas de la familia Mouriño crecieron a partir del pasado sexenio y hasta la fecha, desde que éste ocupó diversos cargos en el sector energético; asimismo, su negativa a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales desde 2004, y la presencia de gente cercana en puestos importantes de la administración pública relacionados directa o indirectamente con Pemex.
Mencionó el caso de Karim Elías Bobadilla, amigo cercano de Mouriño, originario de Campeche, quien es el titular del órgano interno de control de la paraestatal, entre cuyas funciones se encuentra “la administración de bienes materiales, auditorías, investigación de delitos, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios”.
Elías Bobadilla no tiene experiencia en el sector público, pero colaboró con el padre de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste. Su hermana María Alejandra es subdirectora en la Procuraduría de Protección al Ambiente en Campeche, y su esposa, Karla del Carmen Pérez Marrufo, es coordinadora de Fomento de Asociaciones de Consumidores de Profeco. Los últimos cargos tienen que ver con garantizar la protección para operar 39 gasolineras.
Navarrete dijo que demandarán la comparecencia de Karim Elías Bobadilla, ya que es pieza central del operativo montado desde la Oficina de la Presidencia de la República para “colocar a las empresas del señor Mouriño en posición estratégica, para que sean la parte mexicana que se habrá de aliar con las trasnacionales que firmarán los grandes contratos de exploración y de perforación”, luego de la pretendida privatización de la industria petrolera.
Insistió: “La familia Mouriño colocó a Karim Elías Bobadilla en el lugar adecuado en Pemex para que valide las licitaciones, los contratos y asignaciones, una vez que el gobierno logre los cambios legales que permitan las llamadas alianzas estratégicas con corporaciones extranjeras.
El expediente incluye contratos otorgados por Pemex a Ivancar, Grupo Ges, Franquicias Ges, en los que se percibe con claridad cómo se fortalecieron las empresas de los Mouriño a partir de la incursión de éste como servidor público, ya que de contratos de entre 252 mil y 630 mil pesos, que firmaban antes de 2000, pasaron a otros de entre 23 y 39 millones de pesos en 2007.
Otro dato, Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, que perdía la mayoría de las licitaciones en que participó hasta 2004, “y las que ganaba eran por pocas cantidades”, en 2007 obtuvo contratos por 163 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con toda esa información, agregó Navarrete, existen elementos suficientes que justifican la creación de una comisión investigadora en el Senado, asunto que, informó, aún no debe descartarse.
Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reiteró que no es conveniente una réplica de la comisión que se instalará en la Cámara de Diputados y que lo mejor es que la denuncia contra Mouriño se presente en la Procuraduría General de la República.
Los documentos que “de manera sorpresiva” se pusieron en conocimiento del Senado, serán analizados, agregó Beltrones Rivera, por los grupos parlamentarios, a fin de hacer valer que no se garantice la impunidad de nadie, “pero también estar seguros de que no formamos parte de un linchamiento”.

Mouriño signó cinco contratos con Pemex cuando fue legislador

Ninguno viola las leyes aplicables, ha dicho el titular de Gobernación
Fabiola Martínez
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) –en calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar (TEISA)– cinco contratos cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y dos más en calidad de funcionario de la Secretaría de Energía (SE), cuando el titular de esta dependencia era Felipe Calderón.
En estos dos últimos casos se desempeñó (de octubre de 2003 a marzo de 2004) como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la SE, puesto formal, aunque en los hechos era asesor del subsecretario y, de marzo de 2004 a septiembre de ese año, como subsecretario de Electricidad, también en calidad de cercano colaborador de Calderón.
Sin embargo, Mouriño aseveró que su paso por la Cámara de Diputados y por Energía “tampoco significó beneficio alguno para la empresa (…) Ninguno de los siete contratos celebrados por TEISA, cuando yo era su representante, viola las leyes aplicables”. Ratificó que los convenios no son motivo de licitación, sino de adjudicación directa.
Los partidos que integran el Frente Amplio Progresista y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador han denunciado que Mouriño violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, y es presunto responsable de tráfico de influencias.
Este martes, el funcionario exhibió copias de los siete documentos en referencia, aunque en uno (firmado el 20 de diciembre de 2000) las fotostáticas aparecen con varios renglones y párrafos ocultos (con plumón negro), en los cuales se asienta el monto del contrato. Pese a los espacios en negro, se alcanza a leer que el convenio incluye servicios a la paraestatal por un rango de entre 2.7 a 6.8 millones de pesos.
El titular de la SG ratificó la legalidad de su firma en tales documentos y aseguró que la participación de Ivancar representa, en promedio, 0.5 por ciento anual de lo asignado a los transportistas de Pemex de 1988 a la fecha.
En Gobernación fueron fotocopiadas, para todos los reporteros, miles de hojas (pese a las reglas de austeridad en el uso de papel), correspondientes a los contratos firmados en las siguientes fechas: 20 de diciembre de 2000; 8 de agosto de 2001; 28 de agosto de ese mismo año; 20 de diciembre de 2001; 20 de diciembre de 2002; primero de diciembre de 2003, y 29 de diciembre de 2003.
Por instrucciones del titular de la dependencia fue distribuido también el expediente (28 páginas) de la constitución de la sociedad anónima de capital variable denominada Transportes Especializados Ivancar, integrada –en 1985– por Juan Carlos Merelles Díaz, María del Carmen Vázquez Aguirre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Angeles Terrazo Blanco (estos dos últimos padre y madre del secretario de Gobernación), Juan Carlos Lorenzo Relloso, Santiago Esposito Semarena, Esther Janeiro Barros de Merelles y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz.
Además, fotocopia del convenio entre Pemex Refinación y los transportistas afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos y Empresas Sustitutas AC; también, copias del convenio marco entre Pemex y la cámara nacional en referencia.
En conferencia de prensa, el funcionario –señalado como presunto responsable de tráfico de influencias– dijo que “no hay más contratos” con su firma, además de los siete mencionados; reiteró que TEISA ha prestado sus servicios de transporte de productos petrolíferos y petroquímicos a Pemex por más de 22 años.
Argumentó que, con base en el “contrato marco” aludido, firmado en 1993, se establecieron las condiciones generales para la distribución equitativa de los volúmenes de carga entre los afiliados de la Canacar.
Precisó que en 1998 (tiempo en que era diputado local en el Congreso de Campeche) Pemex-Refinación solicitó la celebración de contratos individuales con las empresas transportistas, entre ellas TEISA. Es decir, agregó, todos los contratos que Pemex Refinación ha celebrado con los transportistas han sido asignados directamente por acuerdo del comité de adquisiciones de la paraestatal y validados por la Secretaría de la Función Pública, exactamente en los mismos términos para todos los prestadores de tal servicio.
En la conferencia de prensa, Mouriño aseguró que también son iguales las tarifas, de ahí que “TEISA no podría haber obtenido privilegio alguno con motivo de la firma de estos contratos”.

Charla de John Saxe Fernandez y Mario Di Constanzo‏

Los invitamos a la 3a. Sesión del Comité Universitario en Defensa del Petróleo, nos acompañarán John Saxe-Fernández y Mario Di Constanzo. La cita es el jueves 13 de marzo a las 12:45 hrs en la sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Polìticas y Sociales.

CARTONES DE LA JORNADA