miércoles, 28 de marzo de 2012

Resumen de Noticias en el #tiraderodelbote 28-Marzo-12 (Vespertino)

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Pnud: persiste la brecha salarial entre hombre y mujer en México

Pnud: persiste la brecha salarial entre hombre y mujer en México

Casi 2.5 millones de niños trabajan; se incorporan a laborar entre los 12 y 15 años, señala

Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 47

El mercado laboral en México reproduce condiciones de desigualdad que afectan de manera especial a las mujeres, éstas suelen darse principalmente por las diferencias salariales, advierte el Informe sobre competitividad social (ICS) 2010, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado ayer. Advierte sobre la necesidad de que las políticas públicas propicien mayores niveles de bienestar social y condiciones laborales más equitativas.

El análisis destaca que entre 2005 y 2010 hubo un incremento en la competitividad social tanto a escala nacional como en las zonas metropolitanas. Los estados con mayores índices de trabajo, educación y salud son Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur y Sonora, así como el Distrito Federal.

Sin embargo, datos del estudio de opinión pública Latinobarómetro, incluidos en el estudio, alertan sobre indicios de la preocupación experimentada por los mexicanos ante la pérdida de empleo en el periodo 2005-2009. En promedio, 44.1 por ciento de los entrevistados estuvo muy preocupado ante la posibilidad de quedar sin trabajo durante los siguientes 12 meses; 30.3 por ciento estuvo preocupado; 16.5 por ciento estuvo poco preocupado, y sólo 9.1 por ciento no mostró preocupación.

Destaca que en 2008, cuando se registraron los primeros indicios de la desaceleración económica que daría paso a la crisis económica y financiera de 2009 y 2010, cerca de 60 por ciento de los entrevistados temió quedar desempleado el año siguiente.Asimismo, a partir de estos datos, es importante notar que los mexicanos que no experimentan incertidumbre laboral no han superado 13 por ciento durante el periodo.

Presentado entre otros por María del Carmen Sacasa, representante del PNUD en México, el informe destaca que hay casi 2.5 millones de niños que trabajan, y que es entre los 12 y 15 años cuando ingresan al mercado laboral, a pesar de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) considera el trabajo infantil como una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente la garantía de estar protegidos contra la explotación, y de los derechos al sano crecimiento, a la educación, al juego, a la cultura y al deporte. Sin embargo, el trabajo infantil persiste en México, sostiene.

A partir de cálculos recientes del Módulo sobre Trabajo Infantil en 2009, la población entre cinco y 17 años ascendió a 28.2 millones, cifra que representa 26.2 por ciento de la población total del país. Entre los trabajadores infantiles, 3 millones realizaron alguna actividad económica durante la semana de referencia de la encuesta.

“Destaca que 28.4 por ciento de los trabajadores infantiles tenía entre cinco y 13 años y, por tanto no contaba con la edad mínima fijada por la Ley Federal del Trabajo. Algunos de los principales problemas asociados con el trabajo infantil son la deserción escolar y la explotación. De acuerdo con los datos de 2009, del total de menores ocupados 1.2 millones no asistieron a la escuela. Además de que los ingresos percibidos por el trabajo fueron como máximo hasta dos salarios mínimos, frente a 47.3 por ciento que no percibió ninguna remuneración.

Incluso, 5.7 por ciento de los niños ocupados laboraron en lugares no apropiados o prohibidos, como minas, alturas, calles y cantinas.

Finalmente, precisa que al profundizar en las comparaciones del ICS, se observa que en 2005 el estado donde existe una mayor desigualdad en detrimento de las mujeres en términos de competitividad social es Tabasco

Denuncia AI la intensificación de la violencia contra migrantes en EU

Denuncia AI la intensificación de la violencia contra migrantes en EU
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 47

Al aplicar las leyes contra la migración indocumentada, fuerzas de seguridad de Estados Unidos, en particular las de la región suroeste, recurren a violencia extrema, sin respetar las garantías de los detenidos, lo que ha causado un fenómeno preocupante de violaciones a los derechos humanos de miles de personas.

Tal fue una de las principales conclusiones del informe En terreno hostil: las violaciones a los derechos humanos en la aplicación de las leyes de inmigración en el suroeste de Estados Unidos, realizado por Amnistía Internacional (AI) en 2010 y 2011, principalmente en Texas y Arizona.

En el documento, de 88 páginas, se advierte que gran cantidad de inmigrantes indocumentados, pero también muchos estadunidenses de ascendencia latinoamericana, son objeto de revisiones de tránsito desproporcionadas, debido al perfilamiento discriminatorio basado en raza, etnicidad y estatus indígena.

Estas acciones no están sujetas a ningún monitoreo ni hay responsabilidad de los agentes policiacos en posibles abusos, lo que ha propiciado que dichas prácticas se conviertan en algo común y difícil de erradicar, y den pie a violaciones de derechos humanos, cometidas incluso por individuos privados o grupos ajenos a las fuerzas de seguridad.

AI señala que los migrantes encaran obstáculos cuando buscan acceso a la justicia y soluciones para ciertos crímenes, tales como la violencia doméstica y el tráfico humano. Además, la proliferación de leyes estatales instauradas recientemente obstaculiza la habilidad de los inmigrantes para obtener educación y acceso a servicios esenciales.

La organización con sede en Londres subraya que en años recientes se han incrementado de forma notable diversas expresiones sociales contra los trabajadores internacionales sin documentos, lo cual se ha reflejado en una gran cantidad de leyes antimigrantes en Alabama, Arizona y Georgia, y en lapolarización que han provocado varios medios informativos sobre el tema.

El reforzamiento de la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos, a partir de 1994, provocó que el número de muertes de migrantes aumentara notablemente, sobre todo en zonas desérticas, ya que en 1996 había menos de dos muertes por cada 10 mil detenidos, mientras que en 2009 ese índice se elevó a 7.6 muertos por cada 10 mil arrestos, asevera el documento. Uno de los grupos especialmente vulnerables que ha sido afectado por esta tendencia son los pueblos indígenas de ambos países, entre ellos los tohono o’odham y los yaquis, quienes se han visto privados de su derecho a mantener y desarrollar contactos y relaciones, como establecen varios tratados internacionales.

Por lo anterior, AI dirigió varias recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, entre las cuales figura suspender los operativos de control migratorio hasta determinar si están siendo aplicados de forma discriminatoria, y asegurarse de que las leyes en la materia respeten los derechos humanos de los migrantes, de acuerdo con las leyes y estándares internacionales

Detienen a activistas que protestaban contra proyecto Cabo Cortés en BCS

Detienen a activistas que protestaban contra proyecto Cabo Cortés en BCS
Foto
Un activista de Greenpeace es detenido por la policía capitalina, después de que en un edificio de la Plaza de la Constitución colocaron una manta contra proyecto en la reserva Cabo Pulmo, en BCSFoto Notimex
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 49

Después de que activistas de Greenpeace desplegaron frente a Palacio Nacional una manta de 200 metros cuadrados, con un mensaje para el presidente Felipe Calderón en el que le piden cancelar el proyecto Cabo Cortés, en Baja California Sur (BCS), que es un plan turístico autorizado al lado del parque nacional Cabo Pulmo, alrededor de 30 personas de esta organización fueron retiradas en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y liberadas 30 minutos después.

La manta que decía Calderón: ¡Cancela Cabo Cortés! fue colocada por los activistas que ingresaron de manera pacífica a un inmueble en el Zócalo para mostrar el mensaje que apoyan 81 mil personas, las cuales se han pronunciado por la defensa del arrecife de Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur.

El presidente Felipe Calderón no puede evadir su responsabilidad como primer mandatario en la destrucción de un área que es patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad, de acuerdo con la categoría otorgada por la Unesco a Cabo Pulmo, la reserva marina más saludable de México, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y costas de Greenpeace.

Dijo que si el mandatario federal no revoca el permiso otorgado al megacomplejo turístico de Cabo Cortés, pasará a la historia como el Presidente que impuso una política de turismo depredador que destruye los ecosistemas mexicanos.

Patricia Arendar, directora de la organización ambientalista, ante la detención de los activistas dijo que son ciudadanos que actúan en defensa de nuestros ecosistemas, en uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión, para exigir a las autoridades que hagan su trabajo. No son delincuentes y no pueden ser tratados como tales. Los delincuentes son quienes venden los recursos naturales de este país al mejor postor, sin considerar los impactos negativos, económicos, sociales y ambientales que traerán para nuestros ecosistemas.

El proyecto Cabo Cortés fue aprobado en enero de 2008 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), colinda con Cabo Pulmo y se planea la construcción de 27 mil habitaciones, una marina y dos campos de golf, entre otras obras

Marchan trabajadores de la industria nuclear; rechazan oferta salarial de 3.5%

Marchan trabajadores de la industria nuclear; rechazan oferta salarial de 3.5%
Foto
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, durante la marcha del Parque Hundido a la Secretaria de Energía, en Insurgentes SurFoto Carlos Cisneros
Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 50

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) marcharon ayer por la tarde a la Secretaría de Energía en protesta porque las autoridades del organismo les ofrecen en su revisión salarial de este año un incremento por debajo del que dieron a otras instituciones del mismo ramo, e incluso les condicionan que no habría ningún ajuste adicional a sus prestaciones.

En compañía de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y de otros gremios, los integrantes del SUTIN marcharon por los tres carriles de avenida Insurgentes, a la altura de esta dependencia, en la que realizaron un mitin y denunciaron que únicamente les están ofreciendo 3.5 por ciento de incrmento a sus salarios.

El secretario general del gremio, Manuel García Barajas, planteó a las afueras de la Secretaría de Energía (Sener) que las autoridades del instituto establecieron que si aceptan este porcentaje tendrían que firmar el acuerdo este miércoles antes de las 12 horas, lo que significa- ría aceptar un ajuste por debajo de los otorgados a los demás sindicatos del sector educativo universitario.

Apuntó el dirigente que en la mesa de revisión el SUTIN ha propuesto modificaciones de cláusulas para apoyar proyectos de investigación científica y de servicios para mejorar la productividad, pero la administración se niega a un acuerdo en este sentido, que es el eje central de la revisión.

Para hoy se espera que continúen las negociaciones, sin embargo, los trabajadores advirtieron que de ninguna forma estarían conformes con que se les dé un trato distinto al de otras instituciones del ramo, y señalaron que una huelga sería científicamente muy costosa para este organismo y para el país.

Señalaron que están en juego proyectos de investigación y servicios que presta el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares a los sectores público y privado de la salu

Sigue ampliándose la pensión para los adultos mayores

Sigue ampliándose la pensión para los adultos mayores
Gabriela Romero Sánchez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 45

Ninguna política pública dirigida a los adultos mayores se puede implementar sin la voluntad y convicción del gobernante, afirmó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAM-DF).

Expuso que en el caso de la ciudad de México primero se tuvieron que buscar los recursos para comenzar los programas dirigidos a las personas mayores y después se plasmaron en leyes, concretando derechos sociales.Es decir, por muy positivas que sean las leyes, son obsoletas si no se llevan a la práctica; son letra muerta, agregó.

Al participar en la mesa Nivel de vida adecuado, servicios sociales y envejecimiento, del Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), Rodríguez Velázquez señaló que en la ciudad de México existe una política de protección social para los adultos mayores que tiene como punto de referencia que son titulares de derechos con base en los principios de universalidad, territorialidad, exigibilidad y transparencia, de acuerdo con lo que estipulan la Constitución, leyes locales y tratados internacionales en la materia.

Apoyada en estudios sobre niveles de vida adecuados, realizados por organismos nacionales e internacionales, la directora general del IAAM-DF subrayó que la situación de los adultos mayores en el país, en materia de salud, nutrición, vivienda y satisfactores básicos, es difícil. El esquema real es de pobreza, hambre, enfermedades y falta de ingresos económicos y oportunidades de vida, los cuales conducen a una baja esperanza de vida de ese grupo.

Expresó que hace 11 años ese panorama se presentaba en la ciudad de México. Lo crítico de la situación es que alrededor de 40 por ciento del total de adultos mayores del DF no contaba con el mínimo satisfactor y prevalecían los males derivados por la desnutrición. Los niveles de mortalidad eran altos, no sólo por la falta de alimentos, sino por nula atención médica.

Para abatir esa problemática el Gobierno del DF creó el programa de pensión alimentaria para adultos mayores de 70 años, el cual arrancó con 150 mil beneficiarios en 2001; dos años después se hizo ley, y en 2009 se amplió para gente de 68 y 69 años.

A marzo de 2012 esa pensión beneficia a 480 mil personas. Cada mes ingresan nuevas personas al padrón y así se ha cumplido con el punto 10 de la Declaración de Brasilia, de reconocer como derecho universal la pensión no contributiva.

Admitió que uno de los retos de la ciudad de México es acceder a la documentación jurídica de los adultos mayores, quienes por falta de recursos, por burocracia excesiva o por desconocimiento carecen de apoyo para elaborar documentos que den certeza a su derecho patrimonial o de identidad.

Es por ello que el IAAM-DF mantiene un programa con el Colegio de Notarios y el Registro Civil.

Comentó: Acabamos de entregar el acta de nacimiento de la señora Amalia López Celis, de Coyoacán, cuando cumplió 112 años de edad, pero ya tiene 113. Hay que recalcar que la gratuidad sólo es para adultos mayores que por vez primera registran su identidad

PGJDF: 10% de ese sector de la población padece discriminación, abandono y maltrato

PGJDF: 10% de ese sector de la población padece discriminación, abandono y maltrato
Foto
Jesús Rodríguez, procurador de Justicia del Distrito FederalFoto Guillermo Sologuren
Gabriela Romero Sánchez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 45

Alrededor de 10 por ciento de adultos mayores que viven en la ciudad de México enfrentan problemas de discriminación, abandono, maltrato o violencia física, emocional o patrimonial, señaló el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida.

Al participar en la mesa Acceso a la justicia y atención prioritaria para las personas mayores, en el Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Gobierno del Distrito Federal, explicó que para garantizar a ese sector de la población su derecho a una vida libre de violencia se creó en 2010 una agencia especializada, que depende de la Procuraduría General de Justicia del DF. Es la primera y única en su tipo en todo el país dedicada a la atención de personas de 60 años o más, destacó.

Detalló que esa institución, en lo que lleva de operar, ha atendido a 5 mil 639 adultos mayores que vieron vulneradas sus garantías o requirieron asesoría legal. Sólo en mil 765 casos se presentaron denuncias por violencia familiar.

El procurador comentó el caso de una mujer de 89 años que fue abandonada en la vía pública. Llevaba un letrero que decía: Aquí vive mi hijo.Se canalizó a la señora a un albergue y se detuvo a los responsables por omisión de cuidado.

Añadió que en 528 casos se alcanzó un acuerdo o convenio con los familiares, lo que evitó el desgaste social y económico.

En su oportunidad, Guadalupe Chaves Cervantes, del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, planteó a los asistentes al foro crear un banco de datos sobre las buenas prácticas que se llevan a cabo en materia judicial para los adultos mayores.

Luiz Roberto Salles, agente del Ministerio Público en Sao Paulo, Brasil, dijo que las instalaciones adonde las personas mayores acuden para presentar denuncias deben estar adaptadas a sus condiciones físicas. Mientras, el asesor legal del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor de Costa Rica, Gustavo Fallas, declaró que en 1999 se promulgó en su país la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la cual plantea políticas públicas dirigidas a ese sector, como trato preferencial y diferencias en trámites y expedientes. Además, hay protocolos de atención a víctimas en los juzgados

Ombudsman pide a la PGJDF dejar de exhibir a detenidos

Ombudsman pide a la PGJDF dejar de exhibir a detenidos
Tania Sánchez Hernández
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 46

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 3/2012 en la que solicita a la PGJDF cesar su práctica de exhibir públicamente ante los medios a las personas acusadas de algún delito sin tener acreditada su situación jurídica.

Asimismo, le dio 90 días para generar una política pública de comunicación que no vulnere los derechos humanos tanto de víctimas, como de probables responsables, y aliente la participación ciudadana en la denuncia de delitos.

El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que en el documento también se ofrece un periodo de 30 días para que la PGJDF emita una disculpa pública a las 50 personas agraviadas por la práctica de exhibición, así como a sus familiares.

En otro tema, informó que la CDHDF investiga obras de construcción públicas y privadas, en las que se han detectado irregularidades, sobre todo en materia de protección civil, pues no se están tomando las medidas necesarias para los trabajos, al referirse a los accidentes ocurridos el fin de semana en dos obras viales

Legal, competencia por vender carbón a CFE, responde Sonora a Coahuila

Legal, competencia por vender carbón a CFE, responde Sonora a Coahuila

Productores se acercaron a Proderem porque sus comisiones son 12% más bajas: secretario

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A finales de este mes vence el contrato de proveeduría de carbón entre la CFE y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, que enfrenta la competencia de una intermediaria sonorense. En la imagen, una niña corre sobre montones de carbón en la mina de Binsa en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 14 trabajadores perecieron en mayo de 2011Foto Alberto Puente
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 39

Hermosillo, Son., 27 de marzo. La gestión de proveeduría de carbón que realiza el fideicomiso Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería (Proderem) de Sonora es legítima y legal, dijo el secretario de Economía del estado, Moisés Gómez Reyna.

El funcionario sostuvo que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exagera al afirmar que se perderán miles de empleos y se dañará la cadena productiva de carbón en esa entidad.

Gómez Reyna explicó que los productores de carbón de Coahuila se acercaron a la Proderem para pedir que dicho fideicomiso comercializara parte de la producción del estado, con el argumento de que el gobierno coahuilense les cobraba comisiones altas.

La intermediación de Sonora, aseguró, ha generado 4 mil empleos en Sabinas, Coahuila.

Entendemos la mortificación del gobernador de Coahuila al tener limitadas sus fuentes de financiamiento y una abultada deuda (35 mil millones de pesos), pero la oportunidad que nos ofrecen los productores coahuilenses de abaratar el costo del carbón y tener un beneficio para Sonora es totalmente legítima, puntualizó.

Subrayó que las actividades de la Proderem de Sonora han beneficiado a los productores de carbón de ambas entidades, y se basan en el libre mercado.

La Proderem participa en el mercado del carbón en Coahuila a partir de una oferta que hizo la Unión Nacional de Auténticos Mineros de Sabinas, Coahuila, para comercializar su carbón, enfatizó Gómez Reyna.

Recordó que la Proderem se creó en 2011 y es una paraestatal que tiene entre sus objetivos incrementar los beneficios por la comercialización de productos mineros de la región.

Ganan los productores de Coahuila, gana la CFE (Comisión Federal de Electricidad) al tener carbón más barato, y ganamos los sonorenses porque tenemos un fondo para la inversión en nuestra comunidad carbonera, consideró.

El secretario dijo desconocer si existe un trasfondo político en la competencia por la proveeduría de carbón a la CFE, pero destacó que la promotora de Coahuila cobra una comisión 12 por ciento mayor a la de Sonora y por eso cada más productores de esa entidad prefieren a la Proderem. Además,estamos aplicando un descuento que representa cerca de 200 millones de pesos pare el erario federal.

Se analiza instalar generadores eólicos y una granja de energía solar, asegura Rubén Moreira

Leopoldo Ramos Corresponsal

Saltillo, Coah., 27 de marzo. El gobierno de Coahuila y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyectan la construcción de una tercera planta carboeléctrica en el estado, el aprovechamiento de un yacimiento de gas de esquisto (shale gas, en inglés), descubierto en la zona norte, y la instalación de una estación eólica y granjas solares.

El gobernador Rubén Moreira Valdez informó que su gobierno se comprometió con grupos ecologistas a invertir en programas de generación sustentable de electricidad, pero debemos aprovechar la riqueza que tenemos en el carbón, cuyas vetas están en la franja centro-norte de la entidad.

Otras sociedades, sobre todo Estados Unidos, China y Japón, fincaron su desarrollo en la producción del carbón y nosotros no vamos a hacernos a un lado del desarrollo cuando necesitamos que nuestra gente coma, estudie y tenga salud, subrayó.

La nueva carboeléctrica se sumaría a las dos que CFE opera en el municipio de Nava, en el norte de la entidad, donde se producen 2 mil 660 megavatios, equivalentes a 14 por ciento de la energía que se consume en el país.

El tema del carbón no solamente es la generación de energía eléctrica, sino también el desarrollo de la región, dijo el mandatario priísta.

Según cálculos de Luis Enrique Rodríguez, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, 8 mil trabajadores dependen directamente de la extracción del mineral y 24 mil del resto de la cadena productiva.

Rubén Moreira dio a conocer que el año pasado se encontró en la cuenca de Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo, en Coahuila, un yacimiento no cuantificada de gas de esquisto (un tipo de gas natural), cuya explotación podría iniciarse este año. También mencionó humedales de carbón que podrían aprovecharse como combustible similar al petróleo.

Sin ofrecer detalles, se refirió a una empresa importante que planea invertir en un parque eólico en el ejido Derramadero, al sur de Saltillo, o en un área muy cercana a Torreón.

La energía generada, agregó se enviaría a CFE, que la usaría en otras partes del país.

También hay posibilidad de desarrollar granjas solares. Nos han explicado que requieren sol, pero no tan altas temperaturas. Creemos que el desierto del sur de Coahuila puede servir, concluyó

Recorta Tec horario por temor a criminales

Recorta Tec horario por temor a criminales
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 41

Toluca, Méx., 27 de marzo. Debido a la inseguridad de que han sido víctimas los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Toluca (en dos meses se han cometido cinco secuestros y numerosos robos), la dirección de la institución determinó cancelar sus actividades después de las 18:30 horas para cerrar el plantel a las 19 horas.

A partir del lunes, sin aviso, se invitó a profesores y alumnos a salir minutos antes de las 19 horas. Los directivos del plantel informaron de viva voz a la comunidad universitaria que ya no habrá actividad alguna después de esa hora en el campus ubicado en San Antonio Buenavista, en el sur de esta capital.

Apenas el jueves pasado, luego de la celebración del Día de la Reina del campus, una alumna de la Facultad de Derecho fue secuestrada junto con su hermana, al salir del ITESM.

La comunidad estudiantil se quejó de la inseguridad en la zona y denunció en redes sociales que en dos meses se han cometido al menos cinco secuestros.

Los alumnos crearon el hashtag#Borregosunidoscontraladelincuencia en la red social Twitter. También habían programado una marcha para este miércoles, la cual fue cancelada por órdenes de la dirección del plantel.

El viernes por la noche, el procurador de Justicia del estado, Alfredo Castillo Cervantes, informó que las jóvenes secuestradas ya se encontraban en sus hogares, pero tanto las autoridades de la dependencia como del ITESM han mantenido hermetismo.

El recorte del horario obligará a reprogramar los entrenamientos de los equipos deportivos del campus. También afecta las clases que se impartían de 19 a 21 horas, además de los servicios de asesoría y biblioteca

Chihuahua: repudian descalificación a ONG

Chihuahua: repudian descalificación a ONG
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 41

Más de 100 organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras enviaron una carta de repudio a las declaraciones que hizo el 24 de marzo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien afirmó que algunos colectivos lucran al denunciar atropellos a las garantías individuales en esa entidad, en particular los feminicidios.Estas afirmaciones, según los colectivos, demuestran un profundo desconocimiento de la evolución del sistema internacional de derechos humanos, y responsabilizaron a Duarte de cualquier daño a la integridad de los defensores de derechos humanos en Chihuahua

La CNDH acusará a 184 por la represión a estudiantes normalistas

La CNDH acusará a 184 por la represión a estudiantes normalistas

La comisión emitió 30 recomendaciones a varias autoridades

Exige juicio político a funcionarios para poder procesarlos

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El 12 de diciembre pasado, fuerzas policiacas dispararon contra estudiantes normalistas que realizaban una protesta pacífica y ocasionaron la muerte a dos alumnosFoto Lenin Ocampo
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 2

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 30 recomendaciones relacionadas con los hechos de represión cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: 13 de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobernador de Guerrero, cuatro exclusivas a la SSP federal, 11 al gobernador del estado y 2 al presidente de la mesa directiva de la Legislatura del Congreso del estado.

Además, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, anunció que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 184 servidores públicos, agentes ministeriales, estatales, elementos de la Policía Federal, el ex subprocurador general de Justicia y el ex secretario de Seguridad Pública, ambos del estado de Guerrero; y contra el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, en este caso, por omisión, ya que informó que no se enteró del operativo sino hasta una hora después de efectuado.

Entre las recomendaciones de la CNDH están indemnizar a las personas afectadas y que en un acto público en el estado de Guerrero, ante víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo que implica el reconocimiento de las violaciones a sus derechos humanos.

Al presentar ayer la recomendación general relativa a la protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Plascencia Villanueva sostuvo que aunque dos policías ministeriales del estado de Guerrero se encuentran consignados por el asesinato de los dos estudiantes de esa escuela, “no fueron los únicos que dispararon. Deben ser investigados los 91 elementos que estuvieron armados en el operativodel 12 de diciembre de 2011”.

El ombudsman nacional destacó que también se presentarán demandas penales en la PGR contra mandos superiores en los ámbitos federal, estatal y municipal, por omisiones y porque dieron su anuencia y toleraron la represión contra la manifestación estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa, efectuada en la Autopista del Sol en diciembre pasado.

Plascencia Villanueva hizo notar que en ese operativo policiaco participaron 168 servidores públicos: 61 pertenecientes a la Policía Federal, 73 elementos de la ministerial y 34 de la policía estatal. De ellos, 91 portaban armas de fuego y no hubo evidencias de que los estudiantes portaran armas de fuego. La CNDH constató graves violaciones a los derechos humanos: dos estudiantes asesinados y la muerte de un empleado de una gasolinera. Hubo detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, golpes, además de patadas contra los estudiantes”.

Plascencia Villanueva acusó al ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, defabricar culpables y sembrar pruebas, pues entregó dos videos editados, mintió al informar que los policías ministeriales llegaron al lugar de los hechos cuando los estudiantes ya habían fallecido, lo cual es falso, ya que se comprobó que llegaron minutos antes de que los estudiantes murieran.

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Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, presentó la recomendación general sobre los hechos ocurridos sobre la Autopista del SolFoto José Antonio López

En conferencia de prensa hizo un pronunciamiento especial respecto de la posición que guardaron en este caso, tanto el ex comisionado de la Policía Federal, como el gobernador constitucional de Guerrero, en cuyos informes al resspecto “se observó la falta de la debida diligencia que debieron emplear para la atención de esta problemática. Esto en atención a que no estuvieron informados de manera adecuada y oportuna del desarrollo que el operativo estaba generando, con el objetivo de mantener el control del mismo y estar en posibilidades de coordinarse institucionalmente para que la manifestación no se tornara violenta”.

Plascencia Villanueva dijo que es necesario que se promueva juicio político contra algunos ex funcionarios del estado de Guerrero, ya que son responsables por acciones y omisiones consistentes en “la tolerancia, anuencia y deber de cuidado para que 26 de los 73 elementos de esa corporación que participaron en eloperativo acudieran armados. Además a esos ex servidores públicos les corresponde la autoría del los hechos”.

Explicó que se requiere el juicio político porque no se les puede detener ni procesar porque tienen fuero todavía hasta un año después de separarse del cargo, de acuerdo con la Constitución vigente del estado.

El titular de la CNDH subrayó quepara este organismo nacional la negativa por parte del gobernador del estado de Guerrero demostró una conducta indolente en la atención a las demandas formuladas por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, amén de que las acciones emprendidas representan solamente un paliativo, pero de ninguna forma han contribuido a resolver en definitiva la problemática que padece la institución desde hace décadas.

El ombudsman nacional precisó que las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites y no debe ser usada como medio de represión ni como excusa para persecución penal; por ello, la protección y garantía del derecho a la protesta, incluyendo el derecho de reunión y manifestación pacífica, resulta fundamental cuando existen restricciones para acceder a los mecanismos de justicia y con ello hacer efectivos otros derechos

Hoy, las reacciones de estudiantes de la normal

Hoy, las reacciones de estudiantes de la normal
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 3

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa señalaron que ayer mismo comenzaron a analizar las conclusiones del estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la represión de las policías federal y estatal contra el bloqueo carretero del 12 de diciembre de 2011, que concluyó con el asesinato de dos de sus compañeros.

Sin embargo, afirmaron que no será sino hasta hoy cuando den a conocer en rueda de prensa cuál es su posicionamiento sobre el tema, ya que el documento es extenso y quieren terminar de estudiarlo a conciencia para luego definir si la indagatoria les satisface.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirmó que aunque este organismo también tuvo acceso a las conclusiones de la CNDH –en las que se señala la responsabilidad de un total de 184 servidores públicos federales y estatales– respetará la decisión de los jóvenes de analizar el texto con calma.

Respetamos su decisión de salir primero, y luego nosotros daremos a conocer nuestra postura, explicó

Crece el consumo de drogas entre alumnos de secundaria

Crece el consumo de drogas entre alumnos de secundaria
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 9

En cerca de 8 por ciento de las secundarias en México, los escolares han consumido drogas en sus planteles. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta Enlace. Cuestionario a directores, elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este porcentaje se eleva a cerca de 35 por ciento en Baja California y a casi 30 en la capital del país.

A su vez, el reporte advierte que se expenden bebidas alcohólicas en alrededor de 12 por ciento de las inmediaciones de las escuelas de enseñanza básica, aunque en Morelos y en Coahuila el porcentaje es superior a 20 por ciento.

Por otra parte, en el contexto del Encuentro Nacional Intersectorial para fortalecer la prevención de las adicciones desde la educación básica, el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, expresó que es necesario blindar a los niños y jóvenes ante los riesgos de la violencia y las adicciones.

Reiteró que no es ningún secreto que el consumo de drogas constituye un problema de salud pública. Lo más importante, dijo, es lograr la capacidad de decir, por parte de los niños y de los jóvenes ante la droga, no, muchas gracias, así como trabajar en materia de prevención para evitar que los menores de 18 años de edad empiecen a consumir tabaco o alcohol, lo cual es un inductor para posteriormente pasar a las drogas.

Prevención de adicciones

Añadió que en materia de prevención de adicciones, hay 313 mil maestros capacitados de secundaria y 296 mil de primaria, de un total de 550 mil, mientras que el comisionado nacional contra las Adicciones, Carlos Tena, puntualizó que son cerca de 50 mil los jóvenes atendidos en situación de riesgo por consumo de drogas en los Centros Nueva Vida.

En su turno, Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, dijo que los maestros tienen que saber que en casa hay poca información y mucho miedo a estos temas, pero el miedo no nos puede inmovilizar.

De acuerdo con la encuesta llevada a cabo por la SEP, a partir de la prueba Enlace, las entidades del país que enfrentan mayor problemática por el consumo de drogas de sus estudiantes al interior de las secundarias son –además de Baja California y el Distrito Federal– Sonora, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro y estado de México.

En 10 por ciento o más de las secundarias en dichas entidades los adolescentes han consumido sustancias ilícitas adentro de sus escuelas.

Finalmente, sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de las centros educativos, en Querétaro y Nuevo León el porcentaje llega casi a 20 por ciento, en tanto que en Guanajuato, Aguascalientes y estado de México la cifra es de alrededor de 15 por ciento de las escuelas.

En San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Chihuahua, Baja California, Colima, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco, los porcentajes son de más de 10 por ciento de los planteles

Propone la UNODC fortalecer las redes y protocolos de protección a periodistas

Propone la UNODC fortalecer las redes y protocolos de protección a periodistas

El organismo sugiere estudiar causas y consecuencias de elementos como la narcocultura

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 10

En el norte y el centro del país las agresiones del crimen organizado contra periodistas derivan en el repliegue, miedo y silencio de los comunicadores. En el sur, la intimidación proviene básicamente del Estado y de las precarias condiciones laborales del gremio, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En tanto, la Secretaría de Gobernación informó que en siete entidades (Coahuila, Sinaloa, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas y Durango) ya se brinda protección a periodistas que han sido amenazados y/o agredidos por el crimen.

El mecanismo será perfeccionado y se establecerá una metodología para la correcta medición del riesgo, con el propósito de determinar el nivel de protección según el grado de la amenaza, sostuvo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Max Alberto Diener Sala.

Se trata de un fenómeno muy amplio y lo previsible es que en la medida en que haya más intensidad en el mecanismo, se presenten muchos más casos en el país, dijo el funcionario.

El mecanismo de protección a periodistas, coordinado por Gobernación, fue anunciado en noviembre de 2010 y aún no se sabe quiénes representan a los medios de comunicación, uno de los puntos que truncó su avance en los primeros meses.

El representante de la UNODC para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, precisó ayer, durante la clausura del proyecto MEXX05, que un asunto central de esta problemática es la falta de denuncias de los periodistas. Los comunicadores prefieren buscar protección en sus propios medios o mediante denuncias ante la opinión pública, pero no ante las autoridades ministeriales, dijo.

Indicó que se requieren respuestas distintas ante problemas diversos: una cosa es la amenaza del crimen organizado y otra la generada por una cultura vieja de corrupción.

En la presentación de la Consulta estatal para el diseño de una Estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justica para medios de comunicación en México, se precisó que la autocensura puede ser provocada por miedo a agresiones, pero también es posible que ocurra por razones políticas, acciones del crimen organizado, del Estado o por trabas para el ejercicio de la libre expresión y el acceso a la información.

De igual forma, la corrupción se circunscribe a fallas del gobierno y los riesgos son entendidos como amenazas y agresiones físicas del crimen organizado y, en menor rango, del Estado.

Con el propósito de fortalecer el marco de protección para periodistas, la UNODC propone al gobierno y a los medios de comunicación tomar en cuenta y estudiar las causas y consecuencias de elementos dominantes como lanarcocultura; efectos sicológicos sobre el periodista que cubre casos del crimen organizado, así como los efectos de la nota roja.

Sugiere también fortalecer las redes y protocolos de protección a comunicadores, además de integrar una base de datos de agresiones y amenazas, que incluya no sólo estadísticas sino un monitoreo de casos y recomendaciones para generar informes periódicos públicos.

Además, plantea privilegiar la participación de instituciones y de la sociedad civil y alentar la profesionalización del gremio.

La creación de una fiscalía (de atención a periodistas) aumenta la salvaguarda, pero no reduce las amenazas, indicó Mazzitell