viernes, 21 de diciembre de 2007

INFORMATIVO 298



Ciudad de México, 21 de diciembre de 2007Servicio informativo núm. 298
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EL INCREMENTO A LOS SALARIOS MÍNIMOS, NI PARA UN BOLETO DEL METRO ALCANZARÁ, DECLARA EL DIPUTADO ELECTRICISTA JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN


La declaración del Secretario de Trabajo del gobierno espurio calderonista, en el sentido de que el “aumento a los minisalarios no superará (los) 1.92 pesos” diarios, coloca en su justo nivel a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNCM): entelequia que apesta y que, sin embargo, le cuesta al erario público más de 30 millones de pesos anuales.



Así lo calificó José Antonio Almazán, diputado federal y secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Poder Legislativo, quien agregó que “sin decoro alguno, el secretario patronal del Trabajo, el Sr. Javier Lozano Alarcón, se adelanto a la CNSM, anunciando que el dizque incremento a los salarios mínimos será acorde a la inflación esperada para el 2008, que la alquimia de los datos oficiales sitúan en 3.8 %”.

Almazán, también dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, indicó que los 2 pesos en promedio que Lozano anunció que incrementarán a los salarios mínimos, a partir del 1 de enero de 2008, “no alcanzarán ni siquiera para comprar medio Gansito o la mitad de una latita de 200 gramos de chiles jalapeños. A lo sumo servirá para adquirir un boleto de metro, lo que demuestra la terrible situación de hambre y miseria en la que han sido colocados millones de trabajadores en nuestro país”.



José Antonio Almazán aportó una serie de datos oficiales que evidencian el grado de afectación que la política económica de la derecha ha provocado a los trabajadores mexicanos. En México, según cifras del INEGI, 5 millones 273 mil trabajadores perciben hasta un salario mínimo y 8 millones 660 mil trabajadores perciben de 1 hasta 2 salarios mínimos. Es decir, 13 millones 933 mil trabajadores perciben hasta 2 salarios mínimos, lo que representa 32.5% del total de la población ocupada en México, que asciende a 42 millones 916 mil trabajadores.


Conforme a datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el costo de una Canasta Alimenticia Recomendable es de $100.69 pesos a precios de septiembre de este año. “Esto significa que los miserables incrementos a los salarios mínimos, impuestos por el gobierno espurio de Calderón, apenas alcanzarán para adquirir la mitad de esta Canasta Alimenticia Recomendable”, aseguró el diputado Almazán.



El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Poder Legislativo agregó que “con este miserable incremento salarial, que ni para un vasito de leche pasteurizada alcanza, el gobierno de Calderón le da continuidad a la política de topes salariales impuesta por Fox, pues durante su gestión los aumentos a los salarios mínimos en México fueron a la baja, de 10% en 2000; 6.5% en 2001; 4.5 º% en 2002; 3.6% en 2003, 3.6% en 2004; 3.4% en 2005; 3.9% en 2006 y 3.9% en 2007”.


“En contrapartida a estos miserables incrementos, que ni para 10 galletas Marías alcanza, México se ha convertido en el paraíso fiscal de las grandes corporaciones trasnacionales y de la oligarquía mexicana, que prácticamente no pagan impuestos y si disponen de millones de trabajadores con salarios de hambre para garantizar su insaciable sed de ganancias”, subrayó José Antonio Almazán.



El diputado electricista recordó también que falta todavía lo peor, “pues a partir de enero de 2008 el efecto del gasolinazo y de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para la libre importación de granos, incrementará la espiral inflacionaria de manera brutal, encareciendo aún más el costo de la vida, que en el año que lleva el gobierno pelele se incremento en más de 35%, conforme a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor”.


Almazán finalizó sus declaraciones volviendo a citar a Javier Lozano, quien al anunciar la previsión salarial para el 2008 señaló: “Y me imagino que el acuerdo al que se llegue en este Consejo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, seguramente observarán la principal variable que se toma en cuenta que es la inflación esperada, y lo que no queremos es darle al sector empresarial ningún pretexto para que aumenten precios el próximo año”.



“Habría que preguntarle al Sr. Javier Lozano si el incremento de 2 pesos, que sin decoro alguno anunció, servirá para algo más que para medio Gansito, un vasito de leche, un boleto de metro, unos chiles jalapeños y 10 galletas Marías. Habrá que preguntarle a millones de trabajadores mexicanos si están dispuestos a soportar los criminales topes salariales que cancelan cualquier posibilidad de vida digna para el pueblo de México”, concluyó señalando José Antonio Almazán.


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Exhibirán en Internet a abogados que tienen a hampones de clientes


La medida, en respuesta a peticiones de ciudadanos al Infodf, señala el jefe de Gobierno
Presenta el titular de la SSP, Joel Ortega, plan de 10 metas en materia de seguridad pública
Ángel Bolaños, Mirna Servín y Agustín Salgado
Ampliar la imagen El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, encabezó ayer diferentes actos en varios puntos de la ciudad. En esta imagen, en un acto en el que entregó apoyos a discapacitados, en el Altar a la Patria Foto: Luis H. González
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que el año que entra publicará en Internet la lista de los despachos de abogados que de manera recurrente defienden a delincuentes asociados a delitos como tráfico de drogas al menudeo y robo a transeúnte, y no descartó que algunos estén directamente vinculados al crimen organizado.
“Todo esto dentro de la ley, que nadie se asuste, que no se pretexte que la ley no lo permite porque no es cierto, tenemos los instrumentos legales para ir sobre ellos”, señaló al asistir a la celebración del Día del Policía.
Más tarde, en entrevista, aseguró que no se trata de perseguir ni de intimidar a los litigantes; dijo que es respetuoso de quienes practican esta profesión, pero consideró importante dar a conocer a quienes defienden a los peores criminales y se amparan en el anonimato para hacer un daño muy serio a la sociedad.
Precisó que esta información la han solicitado los ciudadanos por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), particularmente quienes han sido víctimas de delitos.
“Tenemos que estar muy atentos y hacer las investigaciones contundentes para comprobar, en su caso, si algunos de estos despachos tienen sociedad con la actividad delincuencial, porque también no lo descarto”, señaló.
Por otra parte, al anunciar que el 4 de enero próximo entregará las primeras 200 viviendas para policías, el mandatario dijo que la meta en 2008 es entregarles un total de 2 mil viviendas, pero para que la asignación de los departamentos sea justa, dependerá de la evaluación ciudadana que comenzará a aplicarse el año próximo.
En este mismo acto, el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas, dio a conocer 10 metas en materia de seguridad para 2008, además de que, advirtió, se continuará con el programa de expropiaciones en la ciudad.
Entre esos objetivos se considera: establecer un programa de seguridad pública y procuración de justicia de la mano con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, poner en marcha el tablero de control que permita dar seguimiento diario y en tiempo real a cada uno de los presuntos delincuentes, desde su detención por los policías, consignación por el Ministerio Público, a qué juez fue turnado y por qué delitos, en qué reclusorio se encuentra, así como conocer la conducta delictiva precedente y si éstos tienen vínculos con alguna banda delictiva.
Agregó que se construirán 500 nuevos módulos de vigilancia, además de los 350 que ya existen, se evaluará a la policía comenzando por las Unidades de Protección Ciudadana, se iniciará la instalación de las 8 mil cámaras de videovigilancia del proyecto centenario, se construirá el centro de control C4i en Balbuena y se instalarán 10 nuevas UPC.
En ese contexto, empresarios de la ciudad de México reconocieron por separado que la profesionalización de la policía capitalina ha mejorado las condiciones de seguridad y convivencia en la entidad y ha recuperado nuevamente la confianza de los ciudadanos y de los visitantes nacionales y extranjeros, en tanto que señalaron como la acción “mas valiente y audaz” del Gobierno del Distrito Federal el haber liberado el Centro Histórico del comercio ambulante.
El presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), Gonzalo Brockman García, a nombre de los representantes de la iniciativa privada en el desayuno que cada año ofrecen a los policías capitalinos en su día, aseguró que la estrategia para reforzar la seguridad en las principales zonas turísticas del Distrito Federal, permitieron el desarrollo de la actividad turística y comercial, que significa más de 70 por ciento del producto interno bruto en la entidad.
En otro tema, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal informó que durante la madrugada del jueves se trasladó a 10 reos de alta peligrosidad, procedentes de diversos penales de la ciudad de México, al Centro Federal de Máxima Seguridad El Altiplano.
Entre los reos trasladados se encuentran Marco Antonio Columbres Romero, Paulo Sergio Contreras, Jesser Aguilera Ortiz, sobre quien pesa una sentencia de más de 112 años de prisión, Luciano Fuentes Márquez y Héctor Daniel Zúñiga Vilchis.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Grupo Especial Táctico Tiburón de la administración local.

Bloquean normalistas el Congreso de Guerrero


Chilpancingo, Gro., 20 de diciembre. Padres de alumnos y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa obstruyeron cinco horas los accesos al Congreso del estado para demandar 75 plazas de maestro y el desistimiento de 18 acciones penales en su contra de los activistas.
La protesta retrasó el inicio de la sesión, en la cual se iba a dar segunda lectura a la reforma electoral.
El coordinador del Congreso, el perredista Carlos Reyes Torres, pidió la presencia de unos 200 policías antimotines para desalojar a los manifestantes, pero antes de que los uniformados actuaran el presidente de la mesa directiva del Congreso, el también perredista Wulfrano Salgado, dialogó con una comisión de los egresados.
Después de una hora, el legislador aceptó enviar un oficio a Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, en el que solicita que se retiren los cargos contra los 18 detenidos durante el desalojo del 30 de noviembre en la caseta de La Venta, en el puerto de Acapulco, y también hacer gestiones para cubrir los gastos de hospitalización de Óscar Cotino Molina, quien ese día resultó herido en ambas piernas al ser arrastrado por el vehículo donde viajaban los alumnos.
Después de las tres de la tarde los manifestantes se retiraron del Congreso cuando recibieron una copia del oficio, aunque anunciaron que continuarán sus protestas.
Horas antes, alumnos y egresados y sus familiares encararon al secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, cuando desayunaba con el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y los dirigentes del PRI, Marco Leyva Mena, y del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, en un restaurante ubicado frente al Congreso.
Una madre de familia se le acercó y a empujones le exigió respuesta a las demandas de los alumnos. “¿Qué, no eres hombre?”, le dijo. “No me esté empujando. Señora, no me esté agrediendo”, respondió el funcionario.
Uno de los egresados le recordó a Chavarría Barrera que cuando fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria “secuestró” camiones y bloqueó carreteras “y no le hicieron nada; acuérdese que también quiere ser gobernador”, le insistió.
“Yo los he estado atendiendo todos los días”, respondió Chavarría Barrera, y de inmediato le reprocharon: “Sí, pero sin una solución”.
“No está en mis manos. Es un sector federal”, respondió el funcionario antes de retirarse, molesto.

Deja diputado al PRD en QR

Javier Chávez, corresponsal
Chetumal, QR. Tras ser derrotado por Gregorio Sánchez Martínez en la selección de candidato a la alcaldía de Cancún –que se renovará junto con el resto de los ayuntamientos y el Congreso local en febrero próximo–, el diputado estatal perredista Marcos Basilio Vázquez renunció al sol azteca y fue aceptado por el PAN. Marcos Basilio siguió a la diputada Maribel Villegas Canché, quien recientemente ingresó a Acción Nacional luego de ser derrotada en la misma selección de candidatos perredistas en Cancún. Marcos Basilio fue presentado por el dirigente estatal del blanquiazul, José Hadad Estéfano, y por Juan Manuel Chang Medina, coordinador de la bancada panista en el Congreso de Quintana Roo. La fracción perredista se quedó con sólo cuatro de sus siete diputados originales. En cambio, el PAN ahora cuenta con seis legisladores, dos de ellos procedentes del PRD.

El edil panista de Tonalá, desaforado y desaparecido


Autorizaron al funcionario tomar sus vacaciones a partir de ayer
El regidor Isaías Basalto Lemus se perfila como sustituto del acusado
Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)
Ampliar la imagen El alcalde de Tonalá, Jalisco, Jorge Vizcarra Mayorga, en imagen de archivo. El funcionario fue desaforado la madrugada de ayer y será procesado por homicidio, delincuencia organizada y abuso de autoridad Foto: Arturo Campos
Guadalajara, Jal., 20 de diciembre. Luego de una sesión legislativa de siete horas, el alcalde panista de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, fue desaforado esta madrugada al aprobarse el juicio de procedencia en su contra, por 23 votos en favor y una abstención.
Vizcarra Mayorga no se presentó a la sesión, a la que envió en su representación a su esposa, Ana Delia García, y aún no se conoce su paradero.
La pérdida de fuero deja al edil sujeto a la acción penal de la Procuraduría de Justicia estatal, que pidió el juicio de procedencia tras integrar una averiguación que involucra al munícipe en el asesinato de su director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar –perpetrado en abril–, en delincuencia organizada y en abuso de autoridad. El procurador Tomás Coronado Olmos confirmó que ya se turnó al juzgado séptimo de lo penal la solicitud para que se libre la orden de aprehensión.
En el ayuntamiento de Tonalá se informó que este viernes se realizará una sesión extraordinaria de cabildo para nombrar al regidor Isaías Basalto Lemus como sustituto de Vizcarra Mayorga, quien el sábado pasado recibió autorización para irse de vacaciones a partir del jueves 20.
Los ediles tienen 72 horas para tomar protesta al suplente. Una vez completo el cuadro de 17 regidores (incluido el síndico) se deberá nombrar al presidente municipal interino o sustituto.
Un desafuero anunciado
“Aquí estoy yo de pie, y voy a seguir estando de pie”, dijo Ana Delia García, madre de “cuatro de sus hijos” (de Jorge Vizcarra), quien discutió con policías que le impedían entrar al Congreso del Estado por creer que encabezaba una manifestación de al menos cien personas en favor del presidente municipal de Tonalá.
Entró con la supuesta “representación personal” de Jorge Vizcarra. Se sentó en el centro de la zona de público, y al iniciarse la sesión extraordinaria para el desafuero, a las 18:40 horas del miércoles, se colocó junto al abogado Filiberto Ruiz Gómez (otra sorpresa, pues se esperaba gente del despacho de Antonio Lozano Gracia), luego de entregar la carta en la que afirmaba ser representante de su marido. Se le indicó que su presencia iba en contra de los reglamentos legislativos y volvió a la zona pública.
Comenzó la lectura de más de 300 hojas de relatoría de hechos: un recuento de lo publicado en medios durante meses. Después de dos horas algunos diputados preguntaron si podía obviarse la lectura. La respuesta fue negativa.
Los alegatos comenzaron a la medianoche. El subprocurador A, Jorge Delgadillo, hizo un largo recuento que tardó 42 minutos y no aportó información nueva.
Casi a la una de la madrugada, el abogado Ruiz Gómez presentó una declaración de Omar Fajardo (uno de los presuntos autores materiales del crimen), quien dijo el 26 de septiembre: “Entre Ricardo Sigala y yo planeamos matar a Romo”, y luego leyó otra, de un día antes, en la que Fajardo señaló que el 12 de abril hubo una reunión en un restaurante donde se planeó el “‘supuesto homicidio” (sic).
Los alegatos concluyeron a la 1:06. La única oradora registrada era María Verónica Martínez, quien se manifestó en favor del desafuero. Nadie se inscribió en contra.
A la 1:14 se declaró un receso previo a la votación. Los diputados volvieron a sus lugares a la 1:20 y a la 1:24 el resultado de la votación fue de 23 votos en favor y una abstención, la del diputado por Nueva Alianza Guadalupe Madera Godoy.

Sólo la renuncia de Uribe garantizaría la liberación de todos los rehenes: FARC


El gobernante declara que ignorará los insultos de Hugo Chávez por quitarlo de la mediación
Piedad Córdoba dice que sólo al Ejecutivo le dirá el nombre del funcionario que planea matarla
Versión de que la guerrilla podría entregar a tres cautivos antes del día 24 en Venezuela o Brasil
Afp, Dpa y Reuters
Ampliar la imagen Grupo de secuestrados por las FARC que fueron filmados por los rebeldes para presentar sus videos como prueba de vida. Las cintas fueron confiscadas en Bogotá a tres sospechosos de pertenecer a la guerrilla y al divulgarlas el gobierno colombiano asegura que algunas imágenes son de octubre pasado Foto: Reuters
Bogotá, 20 de diciembre. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusó al presidente Álvaro Uribe de ser el principal obstáculo para un acuerdo humanitario, y planteó que sólo con su renuncia inmediata y la de su gabinete se garantizaría la liberación con vida de todos los rehenes.
En una declaración divulgada por medio de la agencia de noticias Anncol, cercana a los rebeldes, el número dos de la mayor insurgencia del país, comandante Raúl Reyes, afirmó que “la obstinada obstrucción” del mandatario colombiano impide la suscripción de un intercambio humanitario.
“La renuncia inmediata de Uribe junto a todo su gobierno garantizaría la liberación con vida de los prisioneros mediante la firma del acuerdo humanitario”, señaló el líder insurgente en el texto firmado “desde las montañas de Colombia”, en el que además lanzó fuertes críticas contra el mandatario.
Aseveró que con la dimisión del mandatario colombiano “los gobiernos y pueblos amigos del acuerdo humanitario y de la paz de Colombia volverían a ser respetados y reconocidos por sus buenos oficios”. Criticó que Uribe pretenda imponer su “libreto de infamias” contra la oposición colombiana y los demás gobiernos.
Reyes, uno de los siete integrantes del secretariado de las FARC, calificó a Uribe de “mafioso, bufón, criminal, mentiroso” y surgido de “las mafias del narcotráfico con los paramilitares, grandes ganaderos, militaristas y de la derecha cavernaria”, e incluso cuestionó la legitimidad de su gobierno.
En un añadido, Anncol destacó que el asunto del intercambio humanitario de unos 50 rehenes por medio millar de insurgentes presos se ha convertido en un asunto mundial, y que ahora se sabe no sólo que el calificativo de “terroristas” es “una gran mentira, sino que aquello de narcotraficantes no es más que el ladrón gritando agarren al ladrón”.
La nueva posición de la guerrilla se suma al rechazo emitido la víspera a la propuesta de una “zona de encuentro” formulada a comienzos de diciembre por Uribe para negociar directamente el canje, y a su decisión de liberar a tres rehenes en principio en “desagravio” a la decisión de Bogotá de marginar al presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, que mediaron entre finales de agosto y el 21 de noviembre.
Entre unos 45 rehenes que las FARC proponen canjear por unos 500 rebeldes presos se encuentra la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadunidenses y decenas de políticos, militares y policías colombianos. Incluso, entre los rehenes más antiguos del mundo destacan los suboficiales Pablo Moncayo y Libio Martínez, que este viernes cumplen 10 años en cautiverio.
Los rebeldes anunciaron el martes que ordenaron la liberación de tres de los cautivos: Clara Rojas –fórmula vicepresidencial de Betancourt– y su hijo Emmanuel nacido en cautiverio, así como la ex congresista Consuelo González.
Se especula que esos tres rehenes podrían ser liberados antes del 24 de diciembre en Venezuela o Brasil, a decir de la senadora Córdoba. Versiones de prensa y analistas señalan que ya estarían en camino a Venezuela, y que incluso podría ocurrir en el estado de Barinas, gobernado por el padre del presidente Chávez.
En ese contexto Gustavo Moncayo, el padre del soldado secuestrado Pablo Moncayo, se aprestaba este día cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela. Moncayo, que ha mantenido una larga caminata en reclamo de la liberación de los rehenes, se hallaba en la ciudad colombiana de Cúcuta, listo para pasar a la venezolana Antonio de Táchira y luego seguir a Caracas.
Uribe, quien dijo que hará caso omiso de los insultos que le ha propinado su par Hugo Chávez, afirmó que las condiciones para la liberación de esos secuestrados están dadas. Igualmente, indicó que entregó a Francia los informes de organismos de inteligencia que tiene su gobierno sobre los rehenes.
“Desde hace varias semanas lo hemos dicho, si quieren entregar los secuestrados al presidente (francés Nicolas) Sarkozy o al presidente Chávez, por quien tienen tanta consideración, pues que se los entreguen, bienvenidos”, apuntó.
Sarkozy, que ha comprometido su empeño particularmente con la liberación de Betancourt, trató –entre otros temas– el “drama de los secuestrados” con el papa Benedicto XVI, con quien se reunió este jueves durante 25 minutos en el Vaticano, según se informó.
Ernesto Samper viajará a Caracas a impulsar el canje humanitario
El ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) anunció que viajará a Caracas a entrevistarse con el presidente Chávez para impulsar un canje de rehenes por rebeldes presos de las FARC, al considerar que “en todos los años que llevo impulsando el acuerdo humanitario nunca había visto tanto progreso como en los últimos tres meses”.
En tanto, la senadora Piedad Córdoba reiteró este jueves que un funcionario del gobierno colombiano ordenó asesinarla en Venezuela, y se mostró extrañada de que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, diga que lo está acusando a él, cuando este día calificó de “irresponsable” su denuncia y se sintió aludido.
“No se trata de amenazas, se trata de la orden impartida por un alto funcionario del gobierno para asesinarme en Caracas”, aseguró a su llegada a Bogotá procedente de Estados Unidos. No obstante, agregó que sólo le suministraría la identidad del funcionario implicado al presidente Álvaro Uribe, y reiteró que su familia tiene instrucciones de darlo a conocer en caso de que le pase algo.

Falla intento de Radio Plantón por obtener señal

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 20 de diciembre. Después de varios intentos por lanzar al aire una señal de frecuencia modulada (FM) en la ciudad de Oaxaca, y rescatar la frecuencia 92.1 megahertz que ubicaba en el cuadrante a Radio Plantón, propiedad de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ésta se volvió itinerante y acudirá a la cobertura de “actos necesarios” para entender la vida en América, México, Oaxaca y Chiapas, informó Omar Olivera Espinoza, uno de los conductores de la estación.
“Hemos hecho varios esfuerzos para estar al aire otra vez, pero en muchas ocasiones han sido inútiles, porque padecemos una frecuente interferencia que no es difícil de imaginar en qué consiste”, dijo.
Asimismo, explicó que el gobierno de Oaxaca montó un transmisor más potente en la misma frecuencia, y mete ruido blanco a Radio Plantón para sabotearla.
Indicó que buscando romper el cerco informativo sobre el movimiento social en México, en lo particular en Oaxaca, la emisora transmitirá el primer coloquio internacional dedicado a la memoria de “don Andrés Aubry, historiador comprometido con los pueblos originarios del país, y los actos con motivo de la matanza de Acteal, hace 10 años en Chiapas”.

Pide APPO a la Corte más tiempo para dar pruebas de agresiones en Oaxaca

Las violaciones a derechos humanos son múltiples, y deben pagar los responsables, dice
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 20 de diciembre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una ampliación del término legal de 30 días para presentar pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal en contra de sus militantes.
Florentino López Martínez, uno de los voceros del movimiento magisterial y popular, dijo que la comisión especial de la SCJN para el caso indagará las transgresiones a las garantías fundamentales perpetradas en la entidad del primero de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007, periodo en el cual ocurrieron el desalojo del plantón de la APPO en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, detenciones ilegales, tortura y asesinatos, así como agresiones de las policías estatales y Federal Preventiva.
Informó que la SCJN también indagará sobre los arrestos ilegales y las torturas cometidos el 16 de julio pasado, durante la celebración de la Guelaguetza.
Precisó que dicha comisión programó reuniones y audiencias para escuchar de manera directa a las víctimas de la represión, entre excarcelados, torturados y familiares de los asesinados, así como de todos quienes han resultado agraviados. “De lo general se pasará a lo particular, caso por caso, y de ésos existen cientos”.
Recordó que el máximo tribunal del país dispuso, a partir del 29 de noviembre pasado, un plazo de 30 días para recibir pruebas, pero destacó que la APPO necesita más tiempo para presentar documentos, fotografías y videos, así como testimonios de las víctimas. “Son pruebas contundentes que demuestran las violaciones a derechos humanos, pero como son tantas las víctimas, necesitamos tiempo”, asentó.
Asimismo, descartó que la resolución de la SCJN sobre el caso de Lydia Cacho “sea una mala señal para Oaxaca, porque aquí las violaciones a los derechos humanos son innumerables. Tenemos confianza en la Corte”, apuntó.
De lo contrario, dijo que la APPO recurrirá a instancias internacionales, porque “no pueden quedar sin castigo los autores intelectuales, entre ellos el ex mandatario Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Ulises Ruiz, así como ex funcionarios y funcionarios, ni los autores materiales de la represión”.
A su vez, el Espacio de Organizaciones Civiles instaló un anuncio espectacular en la avenida Universidad, una de las principales de la ciudad, para demandar la libertad de los “presos políticos y de conciencia”.

Antonia Jiménez nunca tuvo miedo

Blanche Petrich
Antonia Jiménez Jiménez fue la única que nunca tuvo temor a los soldados, “porque todas las demás sí teníamos muchísimo, pero muchísimo miedo”, dice Faustina Gómez Vázquez, su sobrina.
Antonia Jiménez es aquella mujer emblemática de la fotografía de Pedro Valtierra, tomada el 3 de enero de 1998, cuando elementos del Ejército entraron violentamente al campamento de desplazados de Xoyet para cortar el camino de los indígenas al único ojo de agua que les quedaba.

“El dolor sigue y aquí no ha llegado la justicia”, dice una de las sobrevivientes


Censura que en la “revisión” en boga se ignore totalmente el dicho de las víctimas
Blanche Petrich (Enviada)
Ampliar la imagen Luis Arriaga, Edgar Cortez y Guadalupe Morfín, defensores de los derechos humanos, durante su participación en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se desarrolla en la comunidad chiapaneca de Acteal, en vísperas del décimo aniversario de la matanza Foto: Víctor Camacho
Acteal, Chis., 20 de diciembre. Catarina Méndez, una de las sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997, con cicatrices de nueve balazos en el cuerpo, mujer de gran autoridad ante su comunidad y su organización, Las Abejas, es la primera en tomar la palabra en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se realiza nada menos que en el paraje Naranajatik, sobre la explanada que cubre la capilla mortuoria que guarda los restos de las 45 víctimas de esa fecha terrible:
“Lo digo para que me escuchen: el dolor sigue hasta hoy, para que me escuche el mal gobierno. Aquí no ha llegado la justicia”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), por su parte, dio a conocer ahí su informe, en el cual señala que “el Estado mexicano es responsable de la masacre, por una política encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN”.
Agrega que negar la existencia de grupos paramilitares y su participación en la masacre “contribuye a negar la responsabilidad gubernamental”.
No reconocer la existencia de la estrategia contrainsurgente es lo que impide “el curso de la justicia y el conocimiento de la verdad”, según este organismo defensor de los derechos humanos, fundado en los años ochenta por el hoy obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y que en vísperas de la masacre intentaba desesperadamente evitarla, documentando la escalada de violencia que anunciaba la tragedia por venir.
En el informe Acteal a 10 años, recordar para no olvidar, que leyó Itzel Silva, la organización destaca que “los testimonios de los sobrevivientes que constan en los expedientes de las diversas causas penales aún conservan la crudeza que indigna a pesar del tiempo, y aunque las investigaciones sobresalen por su falta de técnica científica, sus coincidencias en la mecánica de los hechos las vuelve pruebas sólidas de las responsabilidades y complicidades que aún están impunes”.
Poner el acento en la validez de los testimonios de los cerca de 200 sobrevivientes que contaron su historia ante el Ministerio Público y ante decenas de instancias más “es hoy en día más necesario que nunca”, señala Michael Chamberlin, investigador del CDHFBC, por décadas defensor de los derechos humanos.
“Porque la versión de los hechos que está recibiendo toda la atención mediática para ocultar el fondo de la masacre –el Estado como responsable principal– y presentarla como un conflicto intercomunitario en el que sólo participaron nueve individuos sin intervención de las autoridades y del Ejército, ignora totalmente el dicho de las víctimas, sin ninguna consideración”.
Así, por ejemplo, mientras se ignora el testimonio de sobrevivientes, que vieron con espanto cómo cerca de las once de la mañana se estacionaron al pie de la carretera varios camiones de los cuales descendieron centenares de hombres fuertemente armados, algunos con uniformes negro y azul de la Policía Ministerial de Chenalhó, la nueva versión asegura que sólo fueron nueve los asesinos. Esta especie sólo tiene un fundamento: el dicho de cinco de los autores materiales.
En la otra orilla, la que sí escucha a las víctimas, el informe del CDHFBC recupera de los expedientes de la PGR este testimonio: “En total entraron cuatro grupos (… ) Vinieron muchos priístas de Quextic, Acteal, Chimix, Esperanza, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Los Chorros, Tzajalucum, eran como 300 por todos (...) rodearon la ermita y dispararon contra la gente que se encontraba afuera y en el interior, persiguiendo a los que salieron huyendo, alcanzando a esconderse en las zanjas y entre los árboles; sin embargo, los agresores los encontraron y los ejecutaron”.
Quienes estuvieron ahí hace diez años y perdieron a sus familiares declararon lo anterior en ese momento y han sostenido su dicho una década. Su versión, hoy, es suplantada por una revisión hecha por un equipo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que toman la palabra de cinco de los asesinos confesos para asegurar que sólo eran nueve los homicidas y que los atacados eran “zapatistas” y no población civil reunida en ayuno y oración en la ermita.
Del mismo modo, mientras los propagandistas de esa revisión histórica niegan en programas de televisión que los asesinos se tomaran su tiempo para vejar los cadáveres y que se ensañaron con las mujeres abriéndoles el vientre a machetazos, un sobreviviente, que da nombre y apellido, ofrece una mirada opuesta en su declaración ministerial. Así lo recordó hoy el CDHFBC:
Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre, narra que “cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.
De la numeralia que ofrece el centro: cuatro de las mujeres muertas en Acteal estaban embarazadas, con gestaciones de entre diez y 37 semanas. De las 45 necropsias, 20 cuerpos tenían lesiones producidas por armas punzocortantes, 15 de los 20 correspondían a mujeres, doce de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente por herida cortocontundente penetrante.
Aunque no se expresa en el foro, la preocupación que ronda entre las más de 45 organizaciones de promotores de paz y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que se dieron cita hoy y mañana en Acteal para debatir el tema de la impunidad es si, a la larga, ante la inoperante procuración de justicia mexicana, prevalecerá la versión que avala la cargada de muchos medios de comunicación, especialmente televisivos, bosquejada hace años en un libro inédito, Acteal, la otra injusticia, escrito por Alejandro Posadas, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Hugo Eric Flores, de la Iglesia presbiteriana, encargada de la defensa de los 86 procesados.
En cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalía especial para el caso de Acteal, creada hace un año por el gobierno de Juan Sabines, el CDHFBC teme, sobre todo, que el brazo de la justicia no alcance a los servidores públicos de la época. Refiere que entregó a la nueva instancia elementos que demuestran la existencia de una política contrainsurgente de Estado “que enmarca la masacre de Acteal”, sin que, al año, haya “avances” sobre esa línea de investigación.
“Si la creación de dicha fiscalía obedeció en realidad a una intención de conocer la verdad y de hacer justicia, esperaríamos que cumpla con su obligación de realizar una investigación seria que arroje resultados prontos y contundentes en torno a las responsabilidades intelectuales de la masacre. De lo contrario, sólo se evidenciará, una vez más, la falta de voluntad de las autoridades en el esclarecimiento real de los hechos”, concluye.

Todo el día se oyeron balazos en las cercanías, pero nadie actuó


Las nuevas versiones de lo que ocurrió dejan de lado la probada responsabilidad oficial
Testimonios de dos asesinos confesos, material para construir el argumento de la “batalla”
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Ampliar la imagen Integrantes de Las Abejas en la inauguración del Encuentro contra la Impunidad Foto: Víctor Camacho
San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de diciembre. Ante el relato del 22 de diciembre de 1997 contenido en el libro blanco sobre Acteal, publicado por la Procuraduría General de la República (PGR) un año después de la masacre, uno pensaría que el escenario descrito es vasto: el tramo Majomut-Acteal, donde se mueven los servidores públicos que anduvieron por ahí, es de unos tres kilómetros por carretera, y en línea recta menos de dos. A un lado de Majomut, un poco más lejos, está Polhó. Todo el día se escucharon los balazos en todos estos lugares, y hasta más lejos.
Las asépticas declaraciones de los jefes policiacos harían suponer, falsamente, que sólo estando en Acteal era posible saber que algo sucedía. No obstante que mantuvieron contacto radial con sus mandos y el gobierno en Tuxtla Gutiérrez, aun la tarde de ese lunes, cuando los hechos estaban consumados, el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, aseguraba que el “incidente” había pasado y todo estaba bajo control.
Se lee que el 22 de diciembre, el general retirado Julio César Santiago Díaz, director de Policía Auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública (SP) del estado, se encontraba en el lugar desde las once de la mañana, junto con el comandante Roberto García Rivas y el oficial de SP en Majomut, Roberto Martín Méndez Gómez.
Éstos “omitieron realizar las acciones que podrían haber impedido la matanza de los 45 indígenas tzotziles, a pesar de que tenían el deber jurídico de tomar medidas y dar instrucciones al personal de SP destacamentado”. El general y sus acompañantes andaban en realidad repartiendo 300 chamarras a los agentes, según sus propias versiones. Santiago Díaz admitió además que realizaba una “revisión física” del área. Su reporte y el de los jefes policiacos era “sin novedad” hasta las once de la mañana.
Entonces se supo de disparos. Sus testimonios los muestran yendo y viniendo por las afueras de Acteal. A veces se tenían que esconder para no recibir un balazo. A veces disparaban al aire. Hacia el mediodía había recibido “un mensaje de alerta del director de SP José Luis Rodríguez Orozco, en el que refería disturbios en la región”.
Cumpliendo órdenes se aproximaron y vieron a los primeros heridos, que huían. Ya antes un indígena que salió a denunciar los hechos fue aprehendido por la policía y liberado un día después, cuando lo mismo daba.
En el libro blanco la PGR admite haber documentado “la existencia de grupos de civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades con las bases de apoyo zapatistas”. Ofrece nombres, fechas, hechos. Un grupo de “autodefensa” con el cual la policía fue permisiva y hasta formativa, pero no más.
En una de sus recientes comparecencias televisivas, Héctor Aguilar Camín, en su papel de revisor del expediente Acteal, externó la posibilidad de que dada la magnitud de la situación en Chenalhó debió ser del conocimiento, cuando menos, de la zona militar.
En efecto, sería de elemental inteligencia militar. Lo extraño es que el autor no sospeche siquiera que eso implicaría responsabilidades de mayor nivel. Federal, digamos. La 39 Zona Militar de Chiapas y toda la Séptima Región eran, a la sazón, el mayor despliegue castrense en el país, un ejército en sí mismo y prioridad indiscutible del Ejército federal. De ahí ¿cuál era su distancia institucional con el presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas?
La masacre fue producto de un proceso de intervención social, militar e institucional que se documentó públicamente desde mayo de 1997. La víspera de la masacre se sabía del inminente ataque. Los menos sorprendidos debieron ser los miembros del comando supremo, que revisaban diariamente la situación en Chiapas. Chenalhó era un foco rojísimo.
Al atraer el caso, la PGR encontró que la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia Indígena había registrado 57 averiguaciones del 27 de mayo al 28 de diciembre de 1997, “de las cuales 34 fueron atraídas por el Ministerio Público de la Federación, por considerar que son antecedentes que explican la problemática delictiva anterior al 22 de diciembre de 1997 y, por tanto, las divisiones entre grupos de la misma etnia, derivadas –sobre todo– de elementos de tinte político y económico”.
Hasta el 30 de diciembre, dice la PGR, “en ningún caso se había ejercitado acción penal, a pesar de que varios de los probables responsables habían sido ya identificados por los denunciantes; tampoco se habían practicado las diligencias necesarias para integrar las indagatorias conforme a derecho, no obstante que el entonces procurador general de Justicia del Estado, Marco Antonio Bezares Escobar, había girado instrucciones”.
La PGR se ufanaba –en diciembre de 1998– de haber obtenido “un número importante de declaraciones, muchas de ellas rendidas por testigos presenciales de los hechos, entre ellos los propios lesionados, quienes dan datos específicos de los acontecimientos y nombres de los agresores”. Los militares (se supone que en retiro o con licencia) involucrados nunca pisaron la cárcel. Ni siquiera los sentenciados, como Santiago Díaz.
A la luz de la revisión practicada desde 2006 por los nuevos abogados de los paramilitares presos, se han presentado versiones “inéditas” de lo que habría ocurrido hace diez años. Esto desde que iniciaron la redacción de un anunciado libro sobre el tema el director de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Rosas, y el líder presbiteriano Hugo Eric Flores Cervantes, panista y ex miembro del nuevo gobierno federal como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente (además de presidir la agrupación política Encuentro Nacional).
Poco duró Flores en el cargo, pues fue despedido por inocultable corrupción, lo cual no le ha impedido continuar su cruzada en defensa de indígenas presos que se pretenden inocentes.
Con base en nuevos testimonios de dos asesinos confesos de Acteal se elaboró la versión de una “batalla”. Su alegato deja ver que los testigos, quienes tardaron cuatro años en confesar su crimen, necesitaron otro tanto para ajustar su versión a lo asentado en los expedientes y ahora aseguran que fueron sólo nueve atacantes (el mínimo indiscutible según las pruebas materiales de la PGR).
El resto es ya ficción, aprovechada por los “desenterradores” intelectuales del CIDE, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y anexas, en un sorprendente ejercicio de escatología literaria, sesgada necrofilia y racismo mal disimulado. Son juntacadáveres virtuales de una “escena” oportunamente destruida por los funcionarios estatales Jorge Enrique Hernández Aguilar y Uriel Jarquín. Éstos, inhabilitados para ocupar cargos, siguieron siendo asesores.
El primero, de los gobiernos de Chiapas. El segundo, desde hace tres años, de la fracción perredista en el Congreso de Michoacán (Cambio de Michoacán, 10 de diciembre de 2007).

VIERNES 21 CIRCULO DE ESTUDIO DEL CENTRO HISTORICO, ENTRADA GRATIS‏

Querid@ amig@ del Círculo de Estudios del Centro Histórico:
Recuerda que este viernes 21 de diciembre a las 18:45 horas tienes una cita en la Calle Tacuba 53, a media cuadra del Metro Allende.
Esta será la última sesión de este año, para lo cual hemos preparado una conferencia muy especial, "Dale, dale, dale, no pierdas el tino... Una visión mexicana de las fiestas decembrinas" con el Maestro LUIS MANUEL MONROY ESCOBAR.
El "Maestro Monroy" como lo llaman sus alumnos, es Maestro en Cartonería Mexicana, con varios años de investigación sobre la mirada prehispánica en la Cultural Nacional, además de ser Promotor Cultural, realiza Curaduría y Producción de exposiciones, Narrador Oral Escénico, Guía en recorridos culturales, en fin un personaje que te va a encantar con su buen pensar, con su buen decir.
Recobremos nuestras raíces, nuestra cultura, hablemos de nosotros de nuestras formas de festejar y de vivir.

...Y si todavía no has comprado algo con que brindar, te informamos que este viernes estarán las compañeras que venden sidra y rompope AMLO, todo lo que se vende es integro para nuestro Gobierno Legítimo, así que ya sabes si vas a comprar que sea marca AMLO.
Reanudaremos nuestras sesiones el VIERNES 4 DE ENERO DEL 2008,
TE DESEAMOS QUE INICIES EL PROXIMO AÑO CON MUCHA SALUD, Y LO MEJOR para Tí y tu familia con todo lo bueno que nos da la vida.
Escríbenos, manda tus comentarios, sugerencias, propuestas, al correo:
brujularte@yahoo.com.mx

si no puedes venir, venos o escuchanos por el internet a traves de
www.radioamlo.org


Y un fuerte abrazo
Laura Nava

Apoyo a Chiapas

El Colectivo Universitario por la Paz invita a los y las adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la sociedad civil en general y las organizaciones sociales, a seguir caminando con las comunidades indígenas en resistencia del estado de Chiapas. A la jornada de trabajo comunitario y al tercer encuentro de mujeres de todos los pueblos del mundo, que se llevará a cabo en la comunidad de La Garrucha, perteneciente al caracol zapatista Hacia un Nuevo Amanecer. Salida el 25 de diciembre al 4 de enero. Informes: 5781-2592, (044-55) 1371-3775, 5239-6581, y (044-55) 1967-7861. Costo del transporte: $1100. Registro en el Taller Libre de Tepito del Arte del Calzado, Vidal Alcocer 114, colonia Morelos.
Colectivo Universitario por la Paz. Noel Mundo López y Mario Calzada.
chenekk@hotmail.com.

Viaje a La Garrucha

A las personas que quieran viajar al tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo La Comandanta Ramona y las Zapatistas, al que nos han convocado nuestras hermanas de Chiapas, las invitamos a viajar con nosotras, pues hemos abierto el registro para un segundo autobús. Salida: jueves 27 de diciembre. Regreso: miércoles 2 de enero. Costo: $950, viaje redondo. Incluye transporte al caracol de La Garrucha. Informes: (044-55) 1577-8938 y (044-55) 5435-3824; mujeresyla6a@yahoo.com.mx o http://mujeresylasexta.org.
Mujeres y la Sexta DF-Edomex. Responsable: Claudia Torres.

CORTONES DE LA JORNADA