Las violaciones a derechos humanos son múltiples, y deben pagar los responsables, dice
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 20 de diciembre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una ampliación del término legal de 30 días para presentar pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal en contra de sus militantes.
Florentino López Martínez, uno de los voceros del movimiento magisterial y popular, dijo que la comisión especial de la SCJN para el caso indagará las transgresiones a las garantías fundamentales perpetradas en la entidad del primero de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007, periodo en el cual ocurrieron el desalojo del plantón de la APPO en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, detenciones ilegales, tortura y asesinatos, así como agresiones de las policías estatales y Federal Preventiva.
Informó que la SCJN también indagará sobre los arrestos ilegales y las torturas cometidos el 16 de julio pasado, durante la celebración de la Guelaguetza.
Precisó que dicha comisión programó reuniones y audiencias para escuchar de manera directa a las víctimas de la represión, entre excarcelados, torturados y familiares de los asesinados, así como de todos quienes han resultado agraviados. “De lo general se pasará a lo particular, caso por caso, y de ésos existen cientos”.
Recordó que el máximo tribunal del país dispuso, a partir del 29 de noviembre pasado, un plazo de 30 días para recibir pruebas, pero destacó que la APPO necesita más tiempo para presentar documentos, fotografías y videos, así como testimonios de las víctimas. “Son pruebas contundentes que demuestran las violaciones a derechos humanos, pero como son tantas las víctimas, necesitamos tiempo”, asentó.
Asimismo, descartó que la resolución de la SCJN sobre el caso de Lydia Cacho “sea una mala señal para Oaxaca, porque aquí las violaciones a los derechos humanos son innumerables. Tenemos confianza en la Corte”, apuntó.
De lo contrario, dijo que la APPO recurrirá a instancias internacionales, porque “no pueden quedar sin castigo los autores intelectuales, entre ellos el ex mandatario Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Ulises Ruiz, así como ex funcionarios y funcionarios, ni los autores materiales de la represión”.
A su vez, el Espacio de Organizaciones Civiles instaló un anuncio espectacular en la avenida Universidad, una de las principales de la ciudad, para demandar la libertad de los “presos políticos y de conciencia”.
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 20 de diciembre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una ampliación del término legal de 30 días para presentar pruebas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal en contra de sus militantes.
Florentino López Martínez, uno de los voceros del movimiento magisterial y popular, dijo que la comisión especial de la SCJN para el caso indagará las transgresiones a las garantías fundamentales perpetradas en la entidad del primero de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007, periodo en el cual ocurrieron el desalojo del plantón de la APPO en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, detenciones ilegales, tortura y asesinatos, así como agresiones de las policías estatales y Federal Preventiva.
Informó que la SCJN también indagará sobre los arrestos ilegales y las torturas cometidos el 16 de julio pasado, durante la celebración de la Guelaguetza.
Precisó que dicha comisión programó reuniones y audiencias para escuchar de manera directa a las víctimas de la represión, entre excarcelados, torturados y familiares de los asesinados, así como de todos quienes han resultado agraviados. “De lo general se pasará a lo particular, caso por caso, y de ésos existen cientos”.
Recordó que el máximo tribunal del país dispuso, a partir del 29 de noviembre pasado, un plazo de 30 días para recibir pruebas, pero destacó que la APPO necesita más tiempo para presentar documentos, fotografías y videos, así como testimonios de las víctimas. “Son pruebas contundentes que demuestran las violaciones a derechos humanos, pero como son tantas las víctimas, necesitamos tiempo”, asentó.
Asimismo, descartó que la resolución de la SCJN sobre el caso de Lydia Cacho “sea una mala señal para Oaxaca, porque aquí las violaciones a los derechos humanos son innumerables. Tenemos confianza en la Corte”, apuntó.
De lo contrario, dijo que la APPO recurrirá a instancias internacionales, porque “no pueden quedar sin castigo los autores intelectuales, entre ellos el ex mandatario Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Ulises Ruiz, así como ex funcionarios y funcionarios, ni los autores materiales de la represión”.
A su vez, el Espacio de Organizaciones Civiles instaló un anuncio espectacular en la avenida Universidad, una de las principales de la ciudad, para demandar la libertad de los “presos políticos y de conciencia”.
