jueves, 31 de enero de 2008

MAS CARICATURAS




Ordenan entregar información de e-mails enviados por Mouriño desde Los Pinos


En sesión plenaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó Los Pinos entregar los correos electrónicos enviados, recibidos y eliminados por Juan Camilo Mouriño de enero a junio de 2007, periodo en el cual aún se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Hay que destacar que los comisionados advirtieron sobre la imposibilidad de que la Presidencia incurra en una omisión en la entrega de la información con el argumento de la inexistencia de la misma, porque ratificó la existencia de los correos.
Aunado a ello, por primera ocasión el IFAI instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la entrega de documentos que forman parte de una averiguación previa en reserva (que en cualquier momento puede ser reabierta), vinculada con la muerte de la indígena Ernestina Ascensión, en 2007.
Se trata del parte militar 3170, que contiene información sobre la base de operaciones del 63 batallón de infantería en la 26 Zona Militar de la sierra Zongolica, donde la anciana Ascensión presuntamente fue violada en forma tumultuaria por militares.
En la resolución 4429/07, a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero, se ordena, no obstante, la clasificación de todas las actividades de seguridad nacional que realizan las fuerzas armadas en ese lugar, con fundamento en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia.
En consecuencia, la Sedena deberá presentar una versión pública que permita la difusión de fragmentos no vinculados con actividades de seguridad nacional.
Hay que destacar que el recurso fue votado por unanimidad por los cinco comisionados y sienta precedente, en tanto que hasta ayer no se había aprobado la difusión de una indagatoria en reserva, sino sólo cuando ha sido concluida en definitiva.
También el pleno del IFAI ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la entrega de información sobre los bienes muebles e inmuebles, terrenos, joyas, pinturas, cuadros, dinero, vehículos terrestres, aéreos y marítimos asegurados de 2000 a 2007 por el gobierno federal a personas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales, así como los derivados de delitos de cuello blanco, entre otros.
Según lo aprobado, el SAE sólo debe entregar la lista de lo ya vendido y/o rematado por el gobierno federal, incluyendo la ubicación de los inmuebles. En caso de que aún continúen las averiguaciones respectivas, la información se mantendrá en reserva.
También por mayoría se ordenó clasificar el nombre de las personas que adquirieron alguno de los bienes descritos y el precio de los productos rematados, para evitar alguna afectación a las “capacidades” del SAE en los procesos de venta.
Guerrero emitió un voto particular, tras considerar que debe difundirse el nombre de quienes adquirieron las propiedades aseguradas; en cambio, sí se hará público el nombre de las personas a las que les incautaron esos bienes.
Durante el debate del recurso 3153/07, sobre el caso del ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, los comisionados precisaron que serán confidenciales los correos electrónicos institucionales que contengan información sobre datos personales (domicilio, teléfono, cuentas bancarias, etcétera) o temas de índole personal.
Sin embargo, luego de un prolongado análisis, se acordó hacer público el nombre de los funcionarios que hubieran enviado o recibido los referidos correos, con el propósito de hacer posible su identificación.
Debido a la complejidad de este caso, pues no existe normatividad que regule la información contenida en correos electrónicos de los funcionarios públicos, los comisionados acordaron definir lineamientos que, en su momento, se aplicarán a las más de 240 dependencias del gobierno federal que pudieran ser consultadas.

“Fiebre amarilla invade organizaciones”


La seis organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) que han apoyado la dirección de Alberto Cárdenas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunciaron que no se involucrarán en la movilización de este día ni en las demandas de las organizaciones participantes, debido a que, consideraron, “la mayoría de éstas es presa de la fiebre amarilla que hoy cubre a un sector que ha sido muy grandilocuente, pero que vamos a ver su verdadero potencial de movilización este miércoles”.
En conferencia de prensa aclararon que no defienden a Cárdenas Jiménez, aunque lo han acompañado en algunas de sus recientes actos públicos. Explicaron que si el funcionario trabaja por el bien de los campesinos, lo apoyarán, y si no, señalarán sus errores.
Los dirigentes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Margarito Montes Parra; del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos, Guadalupe Martínez; la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez, y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, José Luis González, se pronunciaron por que el movimiento campesino se depure, para que no haya líderes “mercenarios” que busquen saciar sus intereses personales.
En tanto, el presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata, Alberto Begné, y dirigentes campesinos adheridos a ese instituto político, marcaron distancia de las organizaciones que impulsan dichas manifestaciones. Consideró que quienes promueven las marchas son agrupaciones corporativas que sólo buscan presionar y chantajear para obtener más recursos para ellas mismas.
Begné reivindicó la interlocución con las autoridades para resolver los problemas del agro, pero en caso de que no cumplan con los compromisos, los funcionarios estarían mandando el mensaje de que son más eficientes las antiguas prácticas.
Por su lado, la dirigente Guadalupe González señaló que el gobierno federal se ha olvidado de los pequeños agricultores y ha llegado la hora de que voltee a verlos. Su posición fue respaldada por integrantes de 15 organizaciones rurales de Alternativa.

Responsabilidad del Estado en “masacre” de Acteal: CCIODH

Víctor Ballinas
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que ayer empezó su sexta visita al país para corroborar la situación de México en la materia, destacó que viene a supervisar las acciones adoptadas en el caso de la matanza de Acteal. “Ahora que se ha abierto el debate y que se hace una revisión de lo ocurrido, nosotros sostenemos que hubo una masacre, y hay responsabilidad gubernamental en esos crímenes”.
En conferencia de prensa, los miembros de la CCIODH anunciaron que mañana viajarán a Chiapas y visitarán Acteal. A diferencia de otras ocasiones, ya tienen programada una entrevista con el gobernador Juan Sabines, con el fiscal y con organizaciones civiles. También visitarán los gobiernos autónomos e insistirán en que “en Acteal no se ha hecho justicia luego de 10 años de los crímenes”.
En conferencia de prensa, Joan Baucells, profesor en derecho penal e integrante de la CCIODH, subrayó: “tenemos evidencia de que los servidores públicos participaron en la matanza; hay responsabilidad en esos homicidios, ya que la policía estaba a 200 metros de distancia y no hizo nada para evitar la masacre. Hay pruebas de la responsabilidad homicida del secretario de Seguridad Pública de aquella época.
“No se trató de un problema comunitario, incluso existen testimonios de militares y paramilitares disidentes que han dicho que recibieron apoyo del gobierno (económico, en uniformes y en capacitación militar), lo que se inscribe en la estrategia estatal de lucha contrainsurgente que se desarrolló en 1994”, sostuvo Baucells.
“Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad.”
La CCIODH recordó que su integración se debió precisamente “a la indignación y al clamor de justicia que existía en varias partes del mundo porque se hiciera justicia en la masacre de Acteal. Hace 10 años hicimos nuestra primera visita, y hoy venimos en la sexta; queremos que se haga justicia en este caso, así como en Oaxaca y Atenco”.
En la conferencia de prensa de la CCIODH, el padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advirtió: “pamplinas con ese asunto de revisionismo en el caso de Acteal con el que quieren desvirtuar la responsabilidad del Estado. Hubo un crimen de Estado, por lo que es infundado e inaceptable ese revisionismo”.
La matanza de Acteal, insistió el padre Concha, fue perpetrada por grupos paramilitares que todavía no han sido disueltos, como demandó la ONU.

“Frenó” Medina Mora consignación de 5 policías involucrados en caso Lydia Cacho

Ese es uno de los motivos de la renuncia de Pérez Duarte, se asegura en la PGR
Alfredo Méndez
En el último mes de 2007, Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), concluyó el pliego de consignación que pretendía enviar en esos días a un juez federal, para que se libraran las órdenes de aprehensión contra cinco policías judiciales del estado de Puebla que participaron en la detención de Lydia Cacho Ribeiro, a quienes se imputaría el delito de tortura en perjuicio de la periodista.
Ayer llegó a la redacción de La Jornada, en un sobre cerrado y sin remitente, una copia del documento de consignación de la averiguación previa FEVIM/02/03-2006, el cual incluye los elementos probatorios con que se pedirían las órdenes de captura contra los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha.
Fuentes gubernamentales confirmaron a este diario la existencia del documento jurídico, en el que trabajaron durante 22 meses tanto Pérez Durante como María Teresa Silva Arias, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra Mujeres (Fevim).
En ese tiempo, el despacho jurídico de los abogados penalistas Olea & Olea, que han coadyuvado con la PGR, ha aportado diversas pruebas para demostrar que Cacho fue víctima de tortura sicológica entre el 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a un penal de Puebla.
Las fuentes consultadas revelaron que el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, impidió a Pérez Duarte que el pliego de 268 cuartillas llegara a manos de un juez federal, aludiendo que no era el momento político adecuado.
De hecho, el procurador ordenó que el pliego consignatorio y la averiguación previa FEVIM/02/03-2006 fueran remitidos a la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Periodistas, donde supuestamente se continuaría la indagatoria.
El pliego quedó archivado en el escritorio del titular de la PGR, y Pérez Duarte optó por renunciar al cargo el 14 de diciembre pasado, ya que no estuvo de acuerdo con la decisión. Desde entonces permanece acéfalo el puesto que dejó vacante Pérez Duarte, quien el día de su renuncia explicó que su decisión obedecía a la “indignación y vergüenza” que le ocasionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Lydia Cacho.
En noviembre pasado, la Corte consideró como “no graves” las presuntas violaciones a las garantías individuales de Cacho Ribeiro, autora de Los demonios del Edén, libro en el que documentó la existencia de una red de pederastas que operaba desde Cancún.

No me referí a Ruth Zavaleta, aclara AMLO

Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador aclaró ayer que en ningún momento dijo que la diputada perredista Ruth Zavaleta se dejara agarrar la pierna –políticamente hablando– por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“Eso sí lo quiero aclarar. Yo no me referí a Ruth Zavaleta –en la conferencia de prensa que dio el lunes pasado– y a ustedes (los reporteros) les consta… Está la versión y la imagen, el video. Yo me referí a Mouriño y a Calderón, a esa parejita” que, afirmó, “sí se agarran la pierna”.
–Pero Zavaleta ya lo “buscapleitos de taberna” –se le insistió.
–Yo respeto lo que ella sostenga, pero sí quería aclararlo. Me refería a Mouriño y a Calderón –insistió el tabasqueño después de sostener un encuentro con integrantes del Frente Amplio Progresista e integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
“Exactamente dije –reiteró– que el secretario de Gobernación “ahora que está muy afanosito, agarrándole la pierna a todo el que se deja, políticamente hablando, no dije a la que se deja”.

López Obrador exige al FAP firmeza en la defensa de la industria petrolera

PRI y PAN se alinean porque “hay mucho dinero de por medio”, sostiene
Reitera llamado a iniciar una huelga legislativa cuando se presente la iniciativa privatizadora
Alma E. Muñoz
En la defensa de la industria petrolera, “se es mexicano o se es traidor”, advirtió ayer Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a las cúpulas de PRI y PAN –promotores de la privatización del sector– de actuar de manera irresponsable. Todos se alinean, dijo, porque “hay mucho dinero de por medio”, pues este tipo de negocios “son jugosísimos”, subrayó.
Afirmó que Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño –secretario de Gobernación—se comportan desde el poder como empresarios, pues así como otorgaron concesiones –a su paso por la Secretaría de Energía– a empresas extranjeras, principalmente españolas, para que éstas continúen vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad más de 30 por ciento de la energía que se consume en el país, por encima de la Constitución, pretenden entregar el petróleo a manos extranjeras. “Son unos viles ladrones”, sostuvo.
Al reunirse con legisladores e integrantes de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) –PRD, PT y Convergencia–, así como con miembros del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el político tabasqueño reiteró que en la lucha contra esas pretensiones no debe haber “medias tintas, no hay para donde hacerse”, y reiteró a diputados y senadores que inicien una huelga legislativa en el Congreso de la Unión cuando se presente la iniciativa para privatizar el petróleo.
El ex candidato presidencial ha manifestado que la intención de entregar la industria petrolera a empresas privadas, sobre todo extranjeras, la respaldan, además de Calderón y Mouriño, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y los legisladores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel Miranda, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida Ochoa.
López Obrador dejó en claro, en la reunión celebrada en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que dicha acción debe ir de la mano de movilizaciones en la calle. Aclaró que en la huelga legislativa “no se obliga a nadie a participar”, y propuso que dicha acción vaya más allá de la toma de tribunas o de votar en contra, porque eso, apuntó, “no sirve”.
El dirigente perredista insistió que es necesario formar por lo menos cien comités de defensa del petróleo a escala nacional e instalar comisiones entre los seis coordinadores parlamentarios de los tres partidos, más los siete integrantes de la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo –Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Layda Sansores, Jesusa Rodríguez, Berta Maldonado, Alfredo Jalife y Rosalinda López–, además de Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del FAP.
Dijo que en la defensa de la soberanía nacional no se puede actuar con sigilo y pidió a los presentes que estén preparados y en constante comunicación para iniciar las acciones correspondientes en el momento en que se presente la iniciativa. Durante su discurso, López Obrador aludió a la idea de paralizar el país.
Al encuentro acudieron, entre otros, Claudia Sheinbaum, los legisladores Layda Sansores, Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya –dirigente del PT–, Alejandro Chanona –de Convergencia–, Arturo Núñez y Muñoz Ledo.
El acuerdo, clarísimo: González Garza
González Garza, coordinador de los diputados perredistas, aclaró que hay acuerdo entre estos últimos y los senadores de su partido para participar en la huelga legislativa. “Está clarísimo, (es) una decisión absolutamente unánime de enfrentar una situación de la entrega del petróleo”, pero rechazó anticipar las acciones a emprender.
Muñoz Ledo, en tanto, definió que se trata del “conjunto de acciones legislativas y sociales tendientes a impedir la aprobación de cualquier ley o modificación a la regulación existente que permita la privatización del petróleo”. No obstante, se negó a hablar sobre las medidas que esto incluye.
El coordinador del FAP dejó en claro que estas acciones se realizarán en el contexto de la no violencia, y destacó que López Obrador solicitó que la “toma de decisiones respecto de lo que vamos a hacer sea pronto, porque estas gentes son muy irresponsables”.

Mensaje a Ruth Zavaleta

Con todo respeto, señora, he visto por el Canal del Congreso la forma en que usted cedió el cuerpo durante la toma de protesta del señor Calderón. ¿Para qué colocarse en una posición tan estratégica en la tribuna, si no la podía defender?
Posteriormente, he sido testigo de sus coqueteos con el Congreso, sus devaneos con el PRI, sus escarceos con el PAN y su manoseo con la derecha del país. Si ha sido usted una cortesana, ¿a qué viene ahora la pose de dama del siglo XVI? ¡Vaya usted y... asuma lo que la izquierda mexicana tiene que decirle! En lo que a mí respecta... ni por solidaridad de género puedo apoyarle. Sólo espero que los caballeros con brillante armadura del PRD que la defendieron antes, guarden hoy un prudente silencio.
Genoveva Suárez Garduño

Voz Pública denuncia agresiones

El pasado 12 de enero robaron en las oficinas de Voz Pública. Revisaron archiveros y cajones de los escritorios, principalmente del privado de don Paco Huerta, quien el 27 de enero cumplió tres años de muerto.
El extraño robo –sólo se llevaron unas llaves, un anillo y un manómetro– fue interpretado por los peritos y el agente judicial como algo muy dirigido hacia mi persona o trabajo periodístico.
Quienes entraron a la que fue la redacción del periódico Voz Pública no dejaron huellas, pues usaron guantes de látex, cuyos rastros sí quedaron en uno de los vidrios que cortaron para ingresar. Ese mismo día, y mientras yo revisaba lo sucedido, mi vehículo fue revisado por fuera por un hombre robusto que al verse descubierto abordó un automóvil sin placas, manteniéndose sin embargo frente a la oficina, y quien se retiró justamente cuando salí a levantar la denuncia ante el Ministerio Público. Esa misma noche, en mi domicilio mis dos líneas telefónicas fueron suspendidas por poco más de dos horas.
He revisado a fondo la redacción y, aunque puedo equivocarme, solo falta lo ya descrito. Respecto de mi trabajo periodístico, sólo puedo decir que el viernes 11 de enero, dentro de la emisión especial que Voz Pública transmite la para la Cadena Radio Bilingüe, abordé el tema del petróleo, en el que reproduje 12 minutos del discurso de Andrés Manuel López Obrador donde anuncia la conformación del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo; ahí también entrevisté en vivo a la senadora perredista Rosalinda López y conté con el análisis del doctor Alfredo Jalife Rahme, lo que suscitó una sentida reacción por parte la audiencia, calculada en 2 millones de personas.
Atentamente,
Martha Elena Ramírez Ortiz, conductora del programa radial Voz Pública

CORTONES DE LA JORNADA







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VIDEO: Doña Trini lee una carta de su hijo durante el FSM



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