I. Inútil e ineficiente aplicar un programa de descuentos a productos de consumo básico, asegura Mario di Costanzo
II. Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex, por Martí Batres Guadarrama.
“Más aún —agregó Di Costanzo—, la medida implementada por Sojo causará distorsiones en la economía, ya que desde hace muchos años se estableció la liberalización de los precios, por lo que cualquier intento de control de precios implicará importantes desajustes en las cadenas productivas, al mandar señales equivocadas en los precios del mercado, tal y como sucedió en el caso de la tortilla, cuando se formalizó su incremento a principios de 2007 en vez de haber recurrido a políticas de subsidio y de fomento a la producción y comercialización del maíz”.
Sin embargo, estos programas se acompañaban de otro tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit público, y de fuertes restricciones monetarias que limitaban fuertemente el crecimiento económico, el poder adquisitivo de la gente y el empleo.
Di Costanzo aseveró que a lo anterior hay que añadir que dicho acuerdo o pacto se llevará a cabo durante la segunda quincena de enero de 2008, mientras que los comerciantes y productores, así como las tiendas de autoservicio habrán incrementado los precios desde la primera quincena de ese mes.
Para corroborar lo anterior, el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo aportó los siguientes datos. En julio de este año, cuando se lanzó la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de una muestra de 42 productos básicos se ubicó en 1 045.15 pesos y para la primera quincena de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta ya ascendía a 1 102.28 pesos.
“Esto muestra claramente que entre julio y la primera quincena de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46%, cifra que es prácticamente similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados del PRI”, subrayó Mario di Costanzo.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.