Christian Rea Tizcareño La organización católica Courage Latino asevera que la homosexualidad se puede "curar" México DF, noviembre 12 de 2010. Courage Latino celebrará el próximo fin de semana en Guadajara, Jalisco, su primer lustro de predicar en México los dogmas del Catecismo de la Iglesia católica referentes a la homosexualidad: acoger a quienes sienten atracción hacia su mismo género; pero combatir, mediante el valor supremo de la abstinencia, los pecaminosos comportamientos no heterosexuales. El festejo de esta organización católica se llevará a cabo en el evento “Camino a la castidad”, auspiciado por la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, lo cual es “deleznable”, criticó en entrevista el diputado Raúl Vargas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local. Entre quienes convocan a “Camino a la castidad” está la asociación “Valora, conciencia en los medios”, a quien la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) estatal ha otorgado en los últimos dos años cerca de 1 millón 300 mil pesos para promover los valores familiares en la entidad, refirió el legislador, que solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la justificación, el propósito y mecanismos por los cuales la organización recibió el dinero gubernamental. El 21 de octubre pasado, el perredista subió al pleno local un acuerdo legislativo para exhortar a la administración encabezada por Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), a abstenerse de patrocinar actividades violatorias de la laicidad del Estado, así como a respetar y no discriminar a las personas homosexuales. Destacó que la homofobia ha sido una “práctica recurrente” en la administración del panista, quien recientemente confesó su “asquito” por gays y lesbianas en la Segunda Cumbre Iberoamericana de la Familia organizada por la Universidad del Valle de Atemajac. El acuerdo legislativo, aprobado en el Congreso de Jalisco por el PRD, con el apoyo de las bancadas del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México -que en conjunto forman “mayoría simple”-, también implicó un proceso penal contra el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, por el delito de “peculado”, pues según Vargas, el funcionario utilizó recursos públicos del estado “para fines particulares”. Guzmán Pérez Peláez negó haber promocionado el congreso de Courage Latino. “Dijo que había sido un funcionario menor, pero está obligado a denunciar quién usó la identidad de la dependencia a su cargo (para apoyar el evento). Lo obliga el artículo 170 del Código Penal”, argumentó el líder del PRD. El ponente magistral de “Camino a la castidad”, Richard Cohen, ha sido expulsado de diferentes organismos terapéuticos de Estados Unidos por pretender curar la homosexualidad. Reprimir esta orientación sexual puede desembocar en suicidios, alertó el diputado. Denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor En tanto, Rodrigo Rincón Jiménez, presidente de la organización jalisciense Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), demandó a Courage Latino México ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por considerar que la publicidad de “Camino a la castidad, encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas”, es “engañosa, confusa, inexacta, parcial, discriminatoria, abusiva y tendenciosa”. Precisó que el fundamento de su demanda son los artículos 1 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el 58, que establece: “el proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”. El activista no descarta denunciar penalmente a Courage Latino, después de concluido el evento, cuyo costo de entrada por participante es de 850 pesos mexicanos. “Si una persona que te ofrece un servicio o que te vende un bien, no cumple con lo que te está prometiendo o no reúne las características que te ofrecieron, se considera un fraude”. Courage firmó en 2008 un convenio contra la discriminación, pero ha incumplido, señala activista El guía espiritual de Courage Latino México, el sacerdote Donald Gene Wainwright, celebró el 20 de agosto de 2008, un convenio conciliatorio en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde el religioso de la orden de Trapa se comprometió a erradicar de la página electrónica http://www.courage-latino.org/, los contenidos que calificaban a la homosexualidad como una enfermedad. El presbítero radicado en el estado de Morelos, cuyo nombre religioso es “Padre Buenaventura Wainwright”, signó el convenio, luego de que la activista Mariaurora Mota, de la asociación regiomontana Género, Ética y Salud Sexual (GESS), interpusiera el 27 de septiembre de 2007 una queja contra Courage Latino México ante el Consejo, registrada con el número de expediente CONAPRED/DGAQR/593/07/DQ/II/JAL/Q268. Considerar a la homosexualidad como una enfermedad puede “ofender, ridiculizar o promover la violencia, el odio, rechazo, burla, injuria, persecución o exclusión”, argumentó Mota, quien recurrió al Conapred después de percatarse de que en la edición 2007 de “Camino a la castidad”, en Guadalajara, Jalisco, Courage Latino ofrecía “sanar” la atracción al mismo sexo. Según el convenio firmado en el Departamento de Investigación y Conciliación del Conapred, Donald Gene Wainwright, asumió tres obligaciones: informar en la página electrónica de este apostolado católico que la homosexualidad no es una patología; lograr que los dirigentes del grupo recibieran un “curso de sensibilización” impartido por personal del Consejo, y distribuir de forma impresa los artículos 1 de la Constitución, así como 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus conferencias, pláticas, talleres o seminarios. A más de dos años de efectuado el convenio conciliatorio, Mariaurora Mota considera que Courage Latino no lo ha cumplido. “En su página ya no se dice que la homosexualidad es una enfermedad; sin embargo, en sus discursos sí se maneja como una desviación o perversión, lo cual, no fue el acuerdo al que llegamos”. Es “desafortunado” que el gobierno de Jalisco apoye un evento que se contrapone al párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución que prohíbe la discriminación, opinó la activista. “La castidad es un tema que le compete a las religiones, no a los gobiernos. Habría que impulsar el establecimiento de un Observatorio de violaciones al Estado laico mexicano, para ponerle un reflector a todos esos actos que parecen inocentes o bienintencionados, pero que en realidad constituyen un atentado contra la separación entre las iglesias y la administración pública”. Católicos exigen respeto a la laicidad del Estado Para el teólogo fray Julián Cruzalta, las jerarquías de las iglesias están en su derecho de manifestar sus creencias, pero en un Estado laico como México es “gravísimo” y “muy riesgoso” que un gobierno pretenda imponer una determinada concepción de la vida a toda la población. Quien crea que su sexualidad se puede “cambiar” con la religión debe ser respetado; sin embargo, el Estado moderno democrático está obligado a garantizar la educación laica y científica. Por ende, sólo un gobierno “cavernícola del siglo XIX”, como el de Jalisco, puede atreverse hoy a financiar actividades de carácter religioso o convertirlas política pública, criticó. Ser gay “no te hace menos ante Dios”, expresó en entrevista telefónica Noé Ruiz Malacara, líder de la Comunidad San Elredo, integrada por homosexuales católicos de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, cuyo pastor es el obispo Raúl Vera López, reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos en México. El activista coahuilense reprobó que el gobierno de Jalisco pretenda inmiscuirse en la vida sexual de las personas, toda vez que México no es un régimen feudal, sino un Estado libre y soberano. Como católico, Ruiz enfatizó que “Dios es un Dios de perdón, amor y reconciliación, no de castigo y fanatismo. Cuando llegues al cielo no te va a juzgar por tu preferencia sexual. Te va a juzgar por tus acciones y los hechos de amor que hayas hecho en la tierra. Nosotros no promovemos sanar la homosexualidad, simplemente, el que la gente se acepte tal y como es, porque Dios te acepta tal y como eres”. |
Domingo 14 de noviembre de 2010, p. 9
Durante el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo –realizado en México en la semana que concluye–, representantes de 140 países se comprometieron a impulsar programas nacionales y regionales en favor de los grupos vulnerables y, en consecuencia, no usar las deportaciones como mecanismo inmediato en detrimento de los indocumentados.
El Banco Mundial (BM) y las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vinculadas con esta materia informaron que existen 215 millones de migrantes, 3 por ciento de la población del planeta.
De esas personas, se calcula que entre 24 y 36 millones (de 11 a 17 por ciento del total) son indocumentados; 16 millones refugiados y asilados (7.4 por ciento) y poco más de 30 millones son menores de 20 años (14 por ciento).
El principal factor de esta movilidad es el económico (falta de oportunidades en el lugar de origen), de ahí que al cierre de este año las remesas desde los países desarrollados se ubicarán en 325 mil millones de dólares, esto es, una recuperación de 6 por ciento respecto al año anterior.
Estados Unidos continúa como el principal país receptor de migrantes, seguido por Rusia, Alemania, Arabia Saudita y Canadá.
México aún es el principal expulsor, con 11.6 millones de personas, previsión del BM para el cierre de 2010. Le siguen India, con 11.4; Rusia, con 11.1; Chi-na, con 8.3; Ucrania, con 6.6, y Bangladesh, con 5.4 millones.
Contra la penalización de menores
La migración de niños y jóvenes alerta de manera especial a los diseñadores de políticas públicas.
En el foro mundial, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que los menores deben ser atendidos en un marco especial y no deben ser penalizados. Aunque los resultados del cónclave no son obligatorios para los estados, la migración irregular y las consecuencias del traslado de menores, especialmente los no acompañados, fueron temas prioritarios en el análisis y las conclusiones.
“En los flujos migratorios hay cada vez una presencia mayor de niños y adolescentes, asunto que en el pasado no ocurría (…) Los niños tienen derecho a protección especial, independientemente de su estatus migratorio. No deben ser penalizados”, señaló Susana Sottoli, representante de Unicef en México.
Si a escala mundial el rango de migración de menores de 20 años es de alrededor de 14 por ciento de la movilidad general, en América Latina el porcentaje es tres puntos mayor.
En México –se puntualizó en el encuentro internacional– el panorama es especialmente adverso para los grupos vulnerables, por las condiciones de inseguridad que enfrentan en su tránsito y por el crecimiento de bandas dedicadas al tráfico y a la trata de personas.
En 2008, Estados Unidos deportó a 526 mil mexicanos, de los cuales 30 mil eran menores de edad y, a su vez, 3 mil 351 tenían 11 años o menos.
Las cifras han disminuido en la última década (en 2001 repatriaron a 791 mil connacionales, de los que 63 mil eran menores). Sin embargo, el rango es aún alto.
En 2009 fueron deportados 601 mil mexicanos, de los que 26 mil fueron menores: 2 mil 498 de cero a 11 años de edad y el resto de entre 12 y 17.
Un estudio reciente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) precisa, por ejemplo, que de los menores de edad no acompañados por sus padres detenidos en el puerto de entrada de San Ysidro, California, en 2008, siete eran bebés de menos de un año, aunque el grueso de menores migrantes se concentra en la franja de 12 a 17 años.
Una investigación aplicada a 24 menores revela lo expuesto por la ONU: la mayoría manifestó que sus familiares o ellos migraron porque no tenían trabajo, no tenían para comer o por la falta de tierra
.
Sólo cinco de esos 24 menores vivían con su familia nuclear antes de dejar el país.
Además, existen casos muy difíciles
, como el de un niño (citado por el estudio de la Sedeso) cuyos progenitores se separaron –su padre se fue de casa y su mamá migró–, su abuela murió y al final quedó bajo la tutela de un tío lejano.
Los menores migrantes deben ser protegidos con mecanismos que los reconozcan, y, para los que se quedan (tras el desmembramiento familiar a causa de la migración), los gobiernos deben brindar ayuda a los familiares que se hacen cargo de los niños y jóvenes en desamparo
, agregó la representante de Unicef.