lunes, 4 de noviembre de 2013

CARTONES DE LA JORNADA





Critican en Catolicadas gastos excesivos de la Iglesia

México DFoctubre 31 de 2013.
El padre Beto se encuentra preocupado, pues su parroquia fue la que el cardenal eligió para su visita mensual. Con el afán de “quedar bien” y cumplir con las exigencias de su superior, el sacerdote ha pedido a los feligreses por tres semanas consecutivas que aporten a la causa. 
Cuando el religioso solicita nuevamente la contribución de los parroquianos, éstos se revelan por alegar que con el dinero recaudado podrían mejorar la iglesia y mantener por tres meses a los niños huérfanos del albergue. 
Este capítulo quinto de la cuarta temporada de Catolicadas se titula “La lista del cardenal” en alusión a la serie de peticiones que el jerarca solicita para su visita, entre las que se encuentran alimentos costosos y un donativo. 
“El dinero tiene que ser para beneficencia, no para los caprichos de alguien que se cree embajador de Dios”, reclama Sor Juana.
La monja pidió a las comunidades exigir sacerdotes “dispuestos a servir y sensibles al sufrimiento de los desposeídos ¡Es tiempo de renovación!”. 
Cabe recordar que el papa Francisco, actual jefe máximo del Vaticano se ha pronunciado en contra de los gastos excesivos de los integrantes de la Iglesia católica. 
De hecho, hace poco más de una semana Francisco destituyó temporalmente de su cargo al obispo alemán monseñor Franz-Peter Tebartz-van Elst de la ciudad de Limburgo, por gastar 31 millones de euros en la construcción de una nueva residencia episcopal. La Iglesia investiga el caso. 
El capítulo “La lista del cardenal” está disponible en:
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Busca el Inecc impulsar redes para medir contaminantes por región

Busca el Inecc impulsar redes para medir contaminantes por región
Si bien el monitoreo atmosférico es responsabilidad de cada entidad, el instituto debe dar los lineamientos
Necesario, asociar información del sistema de salud con lo que está en el ambiente
Foto
Hay unas 20 ciudades bien monitoreadas; en otras hay equipo, pero las mediciones no son constantes ni tienen el mantenimiento adecuado, dijo Amparo Martínez Arroyo en entrevista con La JornadaFoto José Antonio López
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 41
La medición de la calidad del aire en las ciudades del país es una asignatura pendiente, afirma Amparo Martinez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc). Sostiene que se debe impulsar el establecimiento de redes de monitoreo, que sean homogéneas y midan los contaminantes por región para contar con información que permita tomar decisiones.
Al frente del Inecc desde hace dos meses, luego de que fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2009 a agosto de 2013, llega a este organismo que está en proceso de restructuración luego de que la Ley de Cambio Climático ordenó su creación.
En entrevista con La Jornada, señala que de unos años para acá, con los problemas ambientales que existen ha sido más claro que no se pueden tomar decisiones políticas sin conocimiento,menos cuando se trata de intervenciones en el ambiente, de medidas de mediano, corto o largo plazos, que impliquen impactos en la biodiversidad, en lo que respiramos.
Sostiene que entre los objetivos que se ha fijado al frente del Inecc, estáconsolidar, ampliar y reforzar el monitoreo atmosférico en el territorio nacional. Conocemos con bastante precisión la calidad del aire en la ciudad de México, pero conocemos menos el funcionamiento de las cuencas atmosféricas del país y la forma en que se informa.
Agrega que durante mucho tiempo se pensó en los estados que la contaminación era un problema de los chilangos, cuando en realidad no se medía en el resto de las entidades. Cuando empezamos a medirlas vimos que el problema es generalizado, en unos lugares es mayor o menor, y con distintas características.
Explica que el monitoreo atmosférico nacional es una responsabilidad de cada entidad, pero el Inecc tiene que dar lineamientos, ver que se realice bien, que sean comparativos y que las metodologías sean las adecuadas.
Hay unas 20 ciudades bien monitoreadas, en otras hay equipos, pero las mediciones no son constantes ni tienen el mantenimiento adecuado. El Clean Air Institute dice que en México sólo cinco redes funcionan bien, lo cual es poco, agrega.
Siempre hemos sabido de los problemas que la contaminación ocasiona para la salud, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo reconoció, refiere Martínez Arroyo. En América Latina hay alrededor de 100 millones de personas que están expuestas todo el tiempo a concentraciones de contaminantes que están por arriba de lo que recomienda ese organismo internacional, apunta.
Respecto de la demanda de actualización de las normas de calidad del aire por parte de organizaciones no gubernamentales, considera que a veces las normas, si no implican cambios tecnológicos, pueden quedar en letra muerta. La obligación es hacer estudios serios de cuánto estamos sobrepasando la norma y dónde. Sabemos muy poco. Si no hacemos análisis de la cuenca y lo que pasa, no sabremos si la contaminación es importada o exportada, pues el aire no tiene fronteras.
Lo que ya no puede esperar es la producción de gasolinas con ultra bajo azufre, existe la tecnologías para hacerlo. Las normas son una parte, pero al mismo tiempo tenemos que ir con lo tecnológico y social, mejorar el transporte público en todos lados, que la gente use menos el auto. Si no vamos cambiando estas cosas, ya podemos poner las normas más exigentes y no pasará nada.
Considera que si no ligamos más la información de los sistemas de salud con lo que está en el aire, vamos a poder contribuir poco. En el Inecc tenemos obligación de integrar y dar ese conocimiento. Para que las decisiones se tomen con base en cuestiones reales. Incluso en algunos momentos puede haber políticas ambientales que pueden ser cosméticas o de respuesta a cierta presión, pero no resuelven las cosas, porque no se basan en el conocimiento para arreglar la situación, sino en prejuicios u otras cosas.
Agrega que los institutos de investigación del Estado deben ser creíbles y comprometerse a pugnar porque las decisiones que se tomen sean a partir del conocimiento disponible

Afecta estrés a 75% de los trabajadores; 25% de los infartos ligados a este mal

Afecta estrés a 75% de los trabajadores; 25% de los infartos ligados a este mal
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 41
El estrés se ha convertido en un problema de salud a escala mundial, pues genera una reacción emocional que puede ocasionar enfermedades, como infartos, diabetes, hipertensión arterial, ansiedad, depresión o daños cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunológico, pérdida de apetito y del interés por la sexualidad, cansancio, entre otras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020, será la segunda causa de padecimientos en todo el orbe.
México es una de las naciones más afectadas por este mal. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social asientan que 75 por ciento de los trabajadores mexicanos sufre algún nivel o tipo de estrés, además que 12 por ciento de las consultas siquiátricas en el país están relacionadas con esta problemática. Otros reportes señalan que sólo tres de cada 10 mexicanos está libre de estrés y 25 por ciento de los infartos se originan por un padecimiento ligado a éste.
El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas y sicológicas que preparan al organismo para actuar ante un estado de desequilibrio. Se trata de una respuesta natural y de vital importancia para la supervivencia de los individuos.
Sin embargo, el ritmo de vida actual potencia que el estrés se manifieste de manera excesiva. Para Mariana Gutiérrez Mariscal, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las maneras de regularlo es conocer cómo se origina y cuáles son sus consecuencias.
Durante una situación estresante se ven involucrados todos los órganos, principalmente el cerebro, el sistema nervioso y la función muscular, explicó. A nivel cerebral –detalló la académica– se suceden reacciones bioquímicas.
El cerebro envía señales que activan la secreción de hormonas como la adrenalina, ocasionando que el ritmo cardiaco se acelere y la presión sanguínea suba, la sangre se desvía del intestino a los músculos para huir del peligro y crecen los niveles de insulina para permitir que el cuerpo produzca más energía.
Estas reacciones son benéficas en condiciones de alarman; sin embargo, cuando el estrés es excesivo resultan perjudiciales

Fallan al GDF 278 proveedores; los inhabilita hasta por 5 años

Fallan al GDF 278 proveedores; los inhabilita hasta por 5 años
En este sexenio se ha sancionado a 15 personas físicas o morales que ofrecen servicios a la administración local
De 2007 a la fecha han impugnado 21 empresas
Resolución en 5 casos
Raúl Llanos
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 38
La Contraloría General del Distrito Federal sancionó, de 2000 a la fecha, a 278 empresas o particulares que siendo proveedores de la administración pública local, incurrieron en violaciones a las leyes locales de Adquisiciones o de Obras.
De acuerdo con información obtenida vía la Ley de Transparencia del Distrito Federal, y lo publicado en el portal de la Contraloría, se precisa que las sanciones impuestas a esas personas físicas y morales han sido: la prohibición de tomar parte en los procesos de licitación, adjudicación o invitación restringidas de cualquier dependencia capitalina, en periodos que van de un año tres meses hasta cinco años, dependiendo de la gravedad de la falta.
Ese órgano de control detalló que los motivos de la sanción fueron por haberse rescindido un contrato al proveedor, haber proporcionado información falsa o se haya actuado con dolo o mala fe en alguna parte del proceso de adjudicación de un contrato.
Según los datos contenidos en el portal de la Contraloría, durante el periodo en mención, 2005 fue el año en que mayor número de empresas o particulares fueron amonestados, con 35 en total, seguido de 2004, con 34.
Aunado a ello y en respuesta a una solicitud de información, esa misma dependencia detalló que de 2007 a la fecha un total de 21 empresas impugnaron la sanción que se les impuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), de los cuales sólo en cinco casos se tiene una resolución en firme.
En los datos entregados se observa que en lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera (del 5 de diciembre de 2012 a la fecha) se han impuesto 15 sanciones a proveedores del gobierno de la ciudad, lo que implica que ninguna de las entidades de la administración pública local debe tomarlas en cuenta en los contratos que liciten, adjudiquen o realicen con el esquema de invitación restringida.
Entre esas firmas están Ferre Asociados, Grupo Constructor Hernández, Equipamiento y Consultoría Integral, Dusty Limpieza Integral, Sigytsa Servicio, Proyectos Inmobiliarios y Construcción Japa, Óscar Pedraza Martínez y Martínez Barranco SA de CV.
También se enlistan Industrial Ferretera Gala, Zempoalteca Construcciones, Héctor Othón Martínez Romero, Quadrum Limpieza y Construcciones, Diseños y Caminos Mexicanos, Licom y Edificaciones y Mantenimiento MG.
A todas se les aplicó una sanción de uno a dos años de prohibición para ser contratadas por cualquier instancia del gobierno de la ciudad

Impulsan mayores sanciones a inmobiliarias

Impulsan mayores sanciones a inmobiliarias
Laura Gómez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 38
La Consejería Jurídica impulsa dos iniciativas para endurecer las sanciones penales contra desarrolladores inmobiliarios y alertar a los nuevos adquirentes de vivienda sobre problemas que pudiera tener alguna construcción y evitar la pérdida de su dinero o verse envuelto en un juicio engorroso, informó el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino.
Tras las irregularidades detectadas en la aplicación de la Norma 26, se puso a revisión para “dejar bien clara la responsabilidad de todos los que participan desde la construcción hasta la adquisición de una vivienda y establecer mecanismos en el Registro Público de la Propiedad para evitar la venta de un inmueble, cuando existan actos ilícitos detrás “.
Confió en que, la Asamblea Legislativa apruebe dichas propuestas para reforzar el marco jurídico y la ciudadanía no se vea afectada hacia delante y atender lo que detectamos como ilegal, imponiendo las sanciones y anulando los certificados, pues no podemos dejar actos impunes, cuando hay una compra de buena fe.
Hasta el momento, indicó, están en revisión 66 casos y determinar la aplicación de sanciones de entre 5 y 10 por ciento del valor total de la obra a los desarrolladores o el revés a las licencias otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), donde los mayores problemas se encuentran en la falta o alteración de las corridas financieras.
Ante ello, se iniciaron acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Seduvi impulsa tres juicios de lesividad donde podría llegarse a la demolición del inmueble” y se contrató a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en cuyo diagnóstico se analizan las características de la población y los hogares demandantes de vivienda.
Además de sus capacidades de acceso a un bien inmueble, créditos disponibles, estructura de costos de vivienda, diferencias entre la oferta de suelo y vivienda, y los instrumentos jurídicos, precisó el investigador universitario Roberto Eibenschutz.
Por su parte, el titular de la Seduvi, Simón Neumann, aseguró que para garantizar la correcta modificación y aplicación de la Norma 26, preferirán un precepto de calidad, con prórrogas de tiempo de estudio, que cubrir fechas límite, pues la suspensión concluye el próximo 13 de diciembre.
(Con información de Tania Sánchez)

Comisión de la Asamblea dará a conocer mañana el nombre del nuevo ombudsman

Comisión de la Asamblea dará a conocer mañana el nombre del nuevo ombudsman
Diputados revisan los perfiles de los 29 apirantes
Candidato dice que la pugna es entre dos
Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 40
Tras intensificar las negociaciones políticas el fin de semana, los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se dieron de plazo hasta mañana martes para tener el dictamen sobre quién será el próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, Dinorah Pizano Osorio, el sábado pasado los representantes de las bancadas se fijaron un plazo de cuatro días para definir el nombre del nuevo ombudsmancapitalino.
Pizano Osorio afirmó que en cuanto lleguen a un acuerdo, luego de la revisión de los perfiles de los 29 candidatos, los legisladores darán a conocer el nombre.
Explicó que los diputados habían acordado excluir a los aspirantes que hayan trabajado con partidos políticos, pero la panista Laura Bastelleros intervino para defender a su candidato, el ex dirigente del PAN local Salvador Abascal Carranza, hermano del fallecido Carlos Abascal, quien fuera secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox.
Entrevistado por separado, el aspirante Alfredo Rojas Díaz Durán señaló que si bien fue candidato externo por Convergencia, no ha sido legislador ni ha ocupado cargo alguno en ese partido, por lo que no tiene impedimento para aspirar a la presidencia de la CDHDF. La postura de la diputada Laura Ballesteros está apegada a la convocatoria de la ALDF, que únicamente restringe a quienes han ocupado cargos, sea de estructura u honorarios, no a legisladores o funcionarios de partido como tales. Su servidor no pertenece a corriente o partido ni ocupa cargo alguno. Fui candidato externo e independiente por Convergencia, pero no me afilié ni acepté cargo (en ese partido), aclaró.
Afirmó que la pugna por la presidencia de la CDHDF es entre él y Perla Gómez, y desestimó la candidatura impulsada por la fracción panista delultraderechista Salvador Abascal Carranza

Abandonan alcaldes un centro universitario de Guanajuato

Abandonan alcaldes un centro universitario de Guanajuato
La institución atiende a algunos de los municipios más marginados del estado; opera en aula y centro de cómputo de una escuela secundaria
Ignoran creación de patronato: alumna
Foto
Al menos 68 estudiantes de ocho municipios de Guanajuato asisten al Centro Interdisciplinario de la Universidad estatal, ubicado en Tierra Blanca. Los alumnos toman clases en una de dos aulas prestadas por la secundaria técnica 23Foto Carlos García
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 35
Tierra Blanca, Gto., 3 de noviembre.
El Centro Interdisciplinario de la Universidad de Guanajuato (UG) opera en esta localidad sin apoyo para sus 68 estudiantes, oriundos de ocho municipios del noreste del estado, quienes, entre otras carencias, padecen falta de transporte y ayuda para el comedor.
El Centro Interdisciplinario, que atiende a estudiantes de Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, comenzó a funcionar el 5 de agosto. Los alcaldes de Atarjea, José Noé García Zúñiga; de Victoria, Víctor Velázquez Chavero; de Xichú, Perfecto González; de Doctor Mora, César Emilio Zarazúa; de San José Iturbide, Filiberto López Plaza, y el de San Luis de la Paz, Timoteo Villa Ramírez, no han brindado ayuda para transporte ni para el comedor.
El presidente de Tierra Blanca (donde está el plantel de la UG), Estevan Duarte Ramírez, paga la renta del comedor, y el de Santa Catarina, Filigonio Jiménez Morales, presta camionetas oficiales para el transporte de los estudiantes de su municipio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ocho demarcaciones de donde proceden los estudiantes del Centro Interdisciplinario, ubicados en la Sierra Gorda, están entre las más marginadas de Guanajuato.
El gobernador Miguel Márquez Márquez; el rector de la UG, José Cabrera Sixto, así como los alcaldes de los ocho municipios beneficiados con la extensión de la máxima casa de estudios del estado, acudieron al inicio de cursos y se comprometieron ante los beneficiarios a darles transporte e insumos para el comedor, pero seis de los ocho ediles no cumplieron.
El centro opera provisionalmente en una aula y un centro de cómputo de la secundaría técnica 23. Por ahora ofrece tronco común de ingenierías ambiental, de energías renovables, de agronomía, mecánica-agrícola y de alimentos.
El principal problema es que no tenemos trasporte; iniciamos la universidad en el entendido de que habría apoyo de los presidentes municipales; incluso hicieron un patronato, del cual no sabemos nada, informó la secretaria de la mesa directiva de alumnos, Liliana Sánchez Reyna.
El alcalde de San José Iturbide, Filiberto López, dijo que no ha dado transporte a los 11 estudiantes de su municipio porque no se lo han pedido, pero sólo se ayudará a quienes realmente lo necesiten, dijo. Sobre el abasto de alimentos para el comedor universitario, el alcalde se deslindó:Nunca se habló de despensas.
El rector de la UG, José Manuel Cabrera Sixto, aseguró que no haycompromisos específicos de los alcaldes del noreste de Guanajuato para los estudiantes. En cuanto al transporte, el gobierno del estado asignó a la universidad unos dos millones de pesos para la compra de un autobús; los alcaldes están viendo la posibilidad de comprar otro, afirmó.
El ayuntamiento de Tierra Blanca donó un terreno de 14 hectáreas para la construcción del Centro Interdisciplinario y se gestiona con el gobierno estatal un presupuesto anual de 80 millones de pesos, dijo Cabrera Sixto.
Necesitamos apoyo federal y estatal para arrancar la construcción, porque el siguiente semestre vamos recibir más estudiantes y se abrirá un tronco común del área de enfermería, comentó

Tixtla: 50 días en medio de aguas fétidas

Tixtla: 50 días en medio de aguas fétidas
Héctor Briseño y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 37
Ayer se cumplieron 50 días del desbordamiento de la Laguna Negra, que mantiene inundadas las viviendas de al menos 11 mil de los 30 mil habitantes del municipio de Tixtla, Guerrero.
Jorge García, uno de los damnificados, informó que el gobernador Ángel Aguirre recibirá a los perjudicados el 13 de noviembre. El fin de semana siguió lloviendo en Tixtla.
La acumulación de basura en las calles es un nuevo problema para el municipio, al igual que el agua estancada, que despide olores fétidos.
Según autoridades de Guerrero, la inundación bajó un metro y siete centímetros, pero la mayoría de las viviendas sigue anegada.
En tanto, la maquinaria pesada apenas se abre paso en la carretera que une la comunidad El Paraíso con las colonias Los Planes, Nueva Delhi y Puerta del Gallo. Llevamos varias semanas trabajando, dice un operador a bordo de un trascabo, mientras dos hombres vigilan el paso de camionetas y vehículos compactos por el paraje que quedó cubierto de rocas y lodo.
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, exigió que la reconstrucción de Guerrero y el reordenamiento de los asentamientos se realicen en forma ordenada, incluyente y con seguridad.
Garfias visitó el sábado La Pintada, lo cual le dejó una experiencia muy fuerte. Me impresionó la necesidad que la gente tiene de fortaleza espiritual

Ssa: se castigará negligencia en clínicas

Ssa: se castigará negligencia en clínicas
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 37
La Secretaría de Salud informó que ante los incidentes de desatención médica en Oaxaca, Puebla y Sonora, que atribuyó a problemas de actitud del personal, se aplicarán multas a los directores de los hospitales, se presentarán denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y se dará vista a los contralores de las respectivas secretarías del ramo. Estas medidas, explicó, se acordaron en la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Salud, el jueves pasado

Se ha incrementado el número de militares con problemas sicológicos

Se ha incrementado el número de militares con problemas sicológicos
Los casos alcanzaron su máxima incidencia durante la ‘‘guerra’’ contra el narcotráfico
Muchos soldados presentaban estrés postraumático
Este año han disminuido los reportes
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 3
En los años recientes se incrementó sustancialmente la problemática de militares que sufren trastornos sicológicos. De 2006 a la fecha, 20 mil 469 elementos de las fuerzas armadas recibieron atención especializada, y de éstos, 159 pasaron a retiro por estos padecimientos, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De ser un problema prácticamente inexistente en 2006, y de alcanzar su máxima incidencia en plena ‘‘guerra’’ contra el narcotráfico, el número de soldados atendidos por este problema ha disminuido en los ocho primeros meses del presente año.
Hasta la fecha, la Sedena no ha aceptado oficialmente que el incremento en las cargas de trabajo, el aumento en el número de días que los militares eran enviados a destruir cultivos ilícitos y la creciente participación en enfrentamientos armados con miembros de la delincuencia organizada haya influido en que se presentaran casos del llamado ‘‘estrés postraumático’’.
El 13 de mayo pasado, La Jornadapublicó que la Sedena reconocía que no contaba con ‘‘médicos militares especialistas en siquiatría castrense o de guerra’’ para atender los casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT), que es un padecimiento al que están expuestos los soldados que participan en combates, sufren lesiones o accidentes o que simplemente tienen traumas por haber matado (a delincuentes) o visto morir a un compañero en acción.
En 2006 fueron atendidos en hospitales y clínicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam) mil 476 elementos, de los cuales siete eran jefes (con grados de mayor, teniente y coronel), 123 oficiales (subteniente, teniente, capitanes segundo y primero) y mil 346 elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos).
Un año después, en 2007, los soldados que recibieron atención por trastornos mentales fueron mil 846: 19 jefes, 146 oficiales y mil 681 elementos de tropa.
Para el año 2008, la cifra de elementos con trastornos sicológicos se incrementó a 2 mil 292: 12 jefes, 187 oficiales y 2 mil 93 de tropa. En 2009 sumaron 2 mil 424: 13 jefes, 273 oficiales y 2 mil 138 de tropa. En 2010 aumentaron a 2 mil 748 casos: 23 jefes, 657 oficiales y 2 mil 68 integrantes de tropa.
En 2011, los casos se incrementaron a 3 mil 276, con 37 jefes, 478 oficiales y 2 mil 761 elementos de tropa. El año pasado (2012) aumentaron a 4 mil 356: 42 jefes, 543 oficiales y 3 mil 771 integrantes de tropa.
Finalmente, en los primeros ocho meses de 2013, la cifra de casos marcó una tendencia a la baja, con 2 mil 51 casos, distribuidos entre 194 oficiales y mil 857 elementos de tropa, sin que se registraran esta vez casos de jefes.
La dependencia no registra ningún caso de generales atendidos por problemas mentales.
La mayor incidencia de trastornos siquiátricos tratados por los médicos militares de 2006 a la fecha, son: ‘‘Problemas en relación entre esposos o pareja (4 mil 595); trastornos de adaptación (3 mil 982); problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, incluso circunstancias familiares (3 mil 315); trastornos de humor afectivos (2 mil 266), y problemas relacionados con el estilo de vida (2 mil 123)’’.
Los soldados colocados en situación de retiro por trastornos siquiátricos de 2006 a la fecha sumaron 159. En 2006 no hubo ningún caso; 2007, dos; 2008, 40; 2009, 31; 2010, 16; 2011, 24; 2012, 28, y en lo que va de 2013 no se tiene ningún caso registrado oficialmente

PGR deberá divulgar información sobre amparos por delitos fiscales

PGR deberá divulgar información sobre amparos por delitos fiscales
Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 3
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá revelar los números de los expedientes y de los juzgados en los que se encuentran radicados los amparos por delitos fiscales en el periodo que va de 2011 a mayo de 2013, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
Esto, luego de que la PGR declaró la inexistencia de la información, al argumentar que únicamente tiene funciones estadísticas que operan con sistemas específicos, y éstos no poseen rubros que puedan cuantificar o identificar lo requerido.
En sus alegatos, la dependencia agregó que entregar la información relativa al número de expediente tendría como consecuencia vulnerar el sigilo y la secrecía de la averiguación previa, cuya difusión pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.
Lo anterior, apuntó la PGR, causaría un ‘‘serio perjuicio’’ a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias en procesos judiciales o administrativos, mientras las resoluciones ‘‘no causen estado’’. Además, enfatizó que se pondría sobre aviso a los probables responsables de una investigación y, ante el conocimiento de ésta, podrían evadirse de la acción de la justicia o, en su caso, alterar o destruir la evidencia que permitiría el perfeccionamiento de las investigaciones.
Sin embargo, el Ifai consideró que la PGR no precisó alguna causal de reserva en específico, contenida en la ley en la materia. Y tampoco se advierte de qué manera hacer del conocimiento el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado un juicio de amparo podría ocasionar los daños invocados por la citada dependencia. Lo anterior, porque no entregarían datos de carácter confidencial o documentación reservada, como lo serían las actuaciones contenidas en dichos expedientes o nombres de los involucrados, sino únicamente información numérica.
Por otro lado, los datos que ahora son motivo de impugnación ya fueron entregados por la PGR para el periodo que va del año 2011 a junio de 2012. Por ello, el pleno del órgano colegiado determinó instruir a la dependencia federal a realizar una nueva búsqueda de los datos solicitados y entregarlos al peticionario

Controversia acerca de tratados sobre derechos humanos y la Constitución

Controversia acerca de tratados sobre derechos humanos y la Constitución
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 5
El criterio aprobado recientemente por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que los tratados internacionales relacionados con derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución, provocó que durante octubre pasado se presentaran al menos 4 mil 800 demandas de diversas materias, principalmente penal y laboral, en las que se destacan supuestas violaciones a convenciones y normas de carácter internacional, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
Sin embargo, 90 por ciento de esas demandas no han prosperado de inicio, ya que los jueces están negando las suspensiones provisionales (amparos precautorios) solicitadas por los quejosos con base en lo que establece el principio de convencionalidad (facultad de los tratados internacionales para tutelar violación a derechos humanos), añadieron las fuentes consultadas.
El caso emblemático que ejemplifica esos datos es lo que está sucediendo con los amparos tramitados por maestros contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, pues si bien los mentores están planteando que existen violaciones a sus derechos humanos (como la estabilidad en el empleo), tutelados por derechos internacionales, los jueces están dando mayor peso a lo que marca la Constitución en su artículo tercero.
Otro ámbito jurídico donde hasta ahora no están prosperando la preeminencia de los tratados internacionales es en el penal, ya que, por ejemplo, se están negando los amparos a cientos de delincuentes ya sentenciados que han alegado que sus condenas estuvieron basadas en declaraciones ministeriales rendidas sin abogado presente.
Según el abogado Manuel Millán, las instituciones de procuración e impartición de justicia penal sólo serán eficientes cuando respeten todas las garantías constitucionales, los tratados internacionales en materia de procesados, así como los derechos humanos. Añadió que los jueces federales ‘‘no están entendiendo que el respeto a los derechos humanos es ya para ellos una obligación’

Más que el indulto, debe reconocerse la inocencia de Patishtán, dice Vera López

Más que el indulto, debe reconocerse la inocencia de Patishtán, dice Vera López
ONG llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informa el religioso
Leopoldo Ramos y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 6
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, opinó que es bueno que Alberto Patishtán esté libre, pero consideró: ‘‘No merece la libertad a través del indulto, sino por el reconocimiento del Estado mexicano de su inocencia’’. Mientras tanto, en Chiapas, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, expresó su ‘‘alegría’’ por la liberación del profesor tzotzil, pues “tenemos nosotros una conciencia de que es inocente’’ de los delitos que lo acusaron.
Raúl Vera aseguró que organizaciones no gubernamentales litigarán el caso fuera del país para demostrar que el profesor no es responsable del homicidio de un grupo de policías, delito por el cual estuvo preso 13 años.
‘‘La liberación de Patishtán es un paso muy importante, nadie puede no alegrarse de que esté libre, pero el indulto no es la figura (legal) que él se merece’’, dijo Vera López, quien añadió: ‘‘Debe salir libre por inocencia y en eso vamos a seguir trabajando. Los centros de defensa de los derechos humanos, como el Fray Bartolomé de las Casas y el Juan de Larios estamos de acuerdo en hacer este trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’’.
Para el gobierno, los jueces y la sociedad en general, dijo el obispo de la diócesis de Saltillo, no debe haber dudas de que Alberto Patishtán estuvo preso injustamente.
Mientras tanto, Arizmendi Esquivel señaló en entrevista colectiva que la estancia de Patishtán Gómez en la cárcel ‘‘le ayudó mucho a madurar como persona’’, al tiempo que pidió a Dios ‘‘que le conceda una recuperación de la salud porque lo que tiene (un tumor en la cabeza) no es tan sencillo’’.
Reiteró que la liberación mediante el indulto presidencial, el pasado 31 de octubre, ‘‘nos ha causado mucha alegría y la esperábamos con ansia, porque muchos nos hemos unido; yo cuando he estado en El Bosque (de donde es originario) he preguntado a la gente de allá y es unánime la opinión de que él no participó en el asesinato de los siete policías en junio de 2000’’.
Dijo que ‘‘algunos lo culpaban de que pudiera ser autor intelectual, pero no se llegó a comprobar tampoco y las pruebas no fueron suficientes, por una parte, para acabar de probar su inocencia y de probar su culpabilidad en el sentido jurídico, pero en el sentido moral sí tenemos nosotros una conciencia de que es inocente’’.
El maestro ‘‘ha madurado’’
Destacó que su estancia en la prisión ‘‘lo ha hecho cambiar mucho, lo he visto más sereno, maduro, preocupado por los demás, muy centrado en Dios; en el penal de San Cristóbal de las Casas, donde estaba preso, colaboraba como catequista con los demás internos’’. Arizmendi Esquivel insistió: ‘‘Qué bueno que se están poniendo los medios para que Pastishtán Gómez pueda estar ahora no sólo libre sino con buena salud’’.
Cita papal
En otro tema, informó que él y su auxiliar, Enrique Díaz Díaz, se entrevistarán con el papa Francisco el 12 de diciembre próximo en el Vaticano para hablar de la posibilidad de ordenar diáconos permanentes, proceso suspendido en 2002.
Adelantó: ‘‘Le expondremos al Papa algunos puntos de la realidad diocesana, como la pobreza y la marginación que generan mucha migración, el bajo porcentaje de católicos, así como el aumento de sacerdotes, de religiosas, de catequistas y de seminaristas, resaltando la situación de los indígenas de la diócesis y del continente’’.
Señaló que el pasado 21 de octubre, por medio de la Nunciatura Apostólica, solicitó una audiencia privada con el pontífice, ‘‘y de inmediato, el 30, se me respondió que me recibirá el jueves 12 de diciembre’’, junto con Díaz Díaz

Insuficente, el gasto a derechos humanos; tareas de la CNDH aumentaron: diputados

Insuficente, el gasto a derechos humanos; tareas de la CNDH aumentaron: diputados
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 12
El gasto para derechos humanos en 2014 será de 2 mil 788 millones de pesos, apenas superior en 453 millones respecto del ejercicio fiscal de este año, a pesar de que prevalecen los altos índices de violencia, así como recomendaciones no cumplidas de organismos nacionales e internacionales, y la recurrencia de delitos en contra de migrantes y la cada vez mayor presencia militar y policiaca federal y del ombudsman en los estados, definió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En una revisión del presupuesto solicitado por el Ejecutivo para el sector de derechos humanos, la comisión legislativa explicó que si bien el incremento que plantea la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados es de 19.41 por ciento, éste se concentra en nuevos programas, como el de igualdad en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, los aumentos son marginales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los rubros de protección a periodistas, contra la trata de personas y la prevención de la discriminación que administra la Secretaría de Gobernación, o el recorte a atención a familiares de desaparecidos, a cargo de la Secretaría de Hacienda.
Para la CNDH el incremento que se propone es de 41 millones 253 mil 826 pesos, 3 por ciento mayor que este año, pero se trata del mismo porcentaje que la inflación que es estimada para 2014, a pesar de que por su naturaleza se le destina 51 por ciento del gasto destinado al sector.
La comisión resaltó que la CNDH ha incrementado sus tareas debido a la violencia que vive el país, y ejemplificó con la necesidad de abrir –en octubre pasado– una oficina foránea en Morelia, Michoacán, para atender las quejas porel aumento de hechos violentos en el estado, que propició se incrementara la presencia de policías y militares en la entidad.
Respecto de los programas sectorizados a Gobernación, refirió que se busca destinar 613 millones de pesos, 146 millones más que este año.
Aun así, los ajustes son reducidos. Para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres el aumento es de sólo 2 millones 790 mil pesos; a la divulgación de acciones en materia de derechos humanos se contarán con 10 millones más; contra la trata de personas sólo se proponen 430 mil pesos adicionales; a la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, 4 millones 900 mil pesos, y a la promoción de protección de derechos humanos y prevención de discriminación, 14 millones 120 mil pesos extras.
El principal ajuste es para un nuevo programa, Conducción de la política en materia de derechos humanos, para el que se proponen 116 millones 790 mil pesos. En contraste, se pide un recorte de 2 millones 500 mil pesos al cumplimiento de sentencias y soluciones amistosas emitidas por la CNDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el que sólo se cuenta con 51 millones.
No obstante, la propia comisión solicitó a la de Presupuesto un recorte al programa para crear la Gendarmería, por 20 millones de pesos, y que éstos se reasignen a la cobertura de dichas sentencias.
Mientras, para el programa de Atención integral a víctimas y ofendidos de alto impacto, que tiene a cargo la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo planteó un aumento de 31.63 millones, pero también un recorte de 163 millones a la atención a familiares de desaparecidos, que sólo dispondría de 70 millones.
Para la Sedena se requirió el mismo monto de 44 millones 100 mil pesos para su programa de derechos humanos, y 90.2 millones a un nuevo programa de igualdad.
A partir de 2014 la Procuraduría General de la República administrará un programa de Promoción de respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito, por 153.5 millones

Proyecto de presupuesto, regresivo para atención a migrantes: ONG

Proyecto de presupuesto, regresivo para atención a migrantes: ONG
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 13
La propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 esregresiva en términos de derechos humanos, pues desaparece y reduce recursos a varios programas de atención a migrantes, destacan el Instituto de las Mujeres en Migración (Imumi), Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Coalición por la Salud de las Mujeres, entre otras organizaciones no gubernamentales (ONG).
En una evaluación de la propuesta del PEF se destaca que se eliminó el programa de Educación básica para niñas y niños de familias de jornaleros agrícolas migrantes, que contaba con un presupuesto de 221 millones de pesos, lo cual afectará a alrededor de 100 mil menores de edad.
“Por primera ocasión –se observa– el presupuesto destinado a migrantes en el sector educatico es de cero, cuando llegó a estar en 9 por ciento en 2009”.
También desaparece el proyecto de Atención a indígenas desplazados, al que en 2013 se le asignaron 19 millones de pesos, así como el programa 3x1 para migrantes y el Fondo de apoyo a los migrantes.
Las agrupaciones referidas advierten que los 500 mil millones de pesos que se proponen como incremento para ese rubro –y que representan 9 por ciento más que en 2013– se dirigen a la Secretaría de Gobernación, que destina 7 por ciento más al Instituto Nacional de Migración, para el cual se proponen 135 millones de pesos adicionales, y 381 por ciento más a la Unidad de Política Migratoria, para la que se sugiere un incremento de 48 millones.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores se propone un aumento de 22 por ciento (43 millones de pesos), para la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior.
“La propuesta del PEF 2014 se traduce en una distribución del gasto donde seis de cada 10 pesos se destinarán a Gobernación, 1.2 por ciento a Relaciones Exteriores y 2.3 a Desarrollo Social.
Esto significa que la mayor proporción del gasto se va a Gobernación, que es la más alta en los siete años recientes, se destaca en el estudio denominado ¿Quién financia a las familias y comunidades migrantes?
Por otro lado, se observan aumentosexponenciales en rubros como el de seguridad, en donde el presupuesto para la futura Gendarmería crecerá 189 por ciento con respecto a lo asignado en 2013, al pasar de 1.5 mil millones de pesos a 4.5 mil millones.
Las ONG referidas plantean que “lo que se está priorizando en el PEF 2014 es la gestión y el control de los flujos migratorios, por encima de la garantía de los derechos fundamentales (incluyendo los económicos y sociales) de la población en tránsito por territorio mexicano.
Esto se puede ver reflejado en el hecho de que el gasto proporcional de Gobernación es el más alto, mientras que los programas para atender a la población migrante jornalera desaparecen, siendo que esta población está integrada en su mayoría por indígenas de las zonas más pobres del país.
Aunado a ello, no se identifica cuántos recursos se destinan a 87 programas operativos de 35 dependencias del gobierno federal, pues el PEF 2014 sólo permite identificar cuánto dinero se canaliza a tres de los referidos programas

Con deuda, el gobierno tapará el hoyo fiscal por privatizar Pemex

Con deuda, el gobierno tapará el hoyo fiscal por privatizar Pemex
Las fuerzas progresistas deben oponerse a la reforma energética, dice
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 14
La Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal aprobadas para 2014 por el PRI, sus aliados del Verde y un grupo de perredistas incluyó un endeudamiento cercano a 800 mil millones de pesos, con el que el gobierno de Enrique Peña Nieto busca tapar el enorme hoyo fiscal que quedará con la desnacionalización de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió el senador Manuel Bartlett Díaz.
Expuso que de acuerdo con proyecciones elaboradas por especialistas en materia energética, por cada 30 mil millones de dólares de inversión extranjera en petróleo habrá un hoyo fiscal de 17 mil millones de dólares, que al tipo de cambio actual equivaldrían a 221 mil millones de pesos.
¿De dónde va a sacar la Secretaria de Hacienda para tapar ese boquete en las finanzas públicas?, se pregunta Bartlett, y el mismo responde: con endeudamiento, mutilación del gasto público y una avalancha de impuestos futuros.
El coordinador de los senadores del PT recordó que en la discusión de la Ley de Ingresos, el pasado jueves en el Senado, desde la tribuna advirtió que el incremento aprobado para la deuda del próximo año garantiza al gobierno federal los recursos públicos necesarios para asegurar las ganancias de las trasnacionales petroleras que se asentarán en el país, de aprobarse la reforma energética.
En entrevista, señaló que la actual administración abandonó el paradigma neoliberal del déficit cero y optó por un mayor endeudamiento, pero no para impulsar el crecimiento económico o para poner en marcha programas contra la pobreza, sino para financiar el costo de la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras y para compensar también la baja recaudación de impuestos.
Bartlett Díaz aseveró que a Peña Nieto le urge modificar el marco legal para abrir Pemex y la Comisión Federal de Electricidad al capital privado, y aunque aún no se discute su reforma energética, se intentan dar pasos en ese sentido en leyes secundarias, como se hizo en la discusión de la miscelánea fiscal, la semana pasada.
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Manuel Bartlett Díaz, coordinador en el Senado del grupo parlamentario del PTFoto Luis Humberto González
En la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios se aprobaron supuestos gravámenes ecológicos a la enajenación e importación de combustibles fósiles, pero en realidad ello legaliza la entrada de corporaciones extranjeras para la importación de gasolina, turbosina y diesel en primera instancia.
El paso siguiente, dijo, es que las trasnacionales tengan sus propias gasolineras y se establezcan en el país.Este impuesto acepta que un ente distinto a Pemex importe gasolinas, lo que se complementará con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se legalizan los contratos de utilidad compartida, por los que se privatizan la exploración y explotación de petróleo.
Bartlett explicó que ese cambio trató de introducirse subrepticiamentedurante la discusión de la reforma hacendaria, la discusión se difirió, pero se revivirá ahora dentro de la reforma energética, a la que, dice, deberán oponerse todas las fuerzas progresistas.
Es fundamental, concluyó, que todos los senadores del PRD asuman el compromiso que adquirieron con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de oponerse a la privatización de Pemex, y que no se repita la lamentable situación que acabamos de ver en que 11 legisladores perredistas ayudaron con su voto al PRI, para aprobar un paquete fiscal, antisocial y antinacional, que sumirá al país en la desigualdad y la quiebra.
El compromiso de los perredistas con Cárdenas, resaltó, es rechazar la modificación constitucional, con la que se pretende desnacionalizar a Pemex

Riesgo de parálisis operativa durante el interinato en el IFE

Riesgo de parálisis operativa durante el interinato en el IFE
El Consejo General determinará cómo cumple la encomienda legal
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Sesión ordinaria del Consejo General del IFE, el pasado 31 de octubreFoto Marco Peláez
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 15
En el comienzo de un segundo interinato en el Instituto Federal Electoral (IFE), debido a las indefiniciones de los partidos políticos, el riesgo de parálisis es el factor común. Si a finales de 2007 y principios de 2008 este factor dependía de la acentuada división de los consejeros, herencia de la gestión de Luis Carlos Ugalde, en esta ocasión el reducido número de integrantes podría detener el funcionamiento de las comisiones.
Con la incertidumbre de cuánto tiempo se prolongará este periodo, la interpretación jurídica que se ha dado amplía al máximo posible la ley sólo respetando dos disposiciones: las comisiones funcionarán con tres consejeros, y el presidente del instituto no podrá formar parte de ninguna de ellas.
La situación ha llevado a obviar otras disposiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y en el reglamento de comisiones del propio IFE que establece que los consejeros no podrán integrar más de dos comisiones y presidirán sólo una.
Restricciones reglamentarias
El proyecto de acuerdo aprobado por el IFE asumió la condición de incumplir la ley en sus términos:
Que resulta materialmente imposible la integración de las comisiones permanentes en los términos que refiere el artículo 116 del Cofipe, y que los actuales consejeros sólo participen hasta en dos de ellas. Por ello es necesario que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, el Consejo General realice un análisis funcional de dicho ordenamiento para determinar la forma en que puede cumplir con la función constitucional que tiene encomendada.
Por ello es que María Marván, Marco Antonio Baños y Lorenzo Córdova integran las ocho comisiones básicas (Organización Electoral, Capacitación, Servicio Profesional Electoral, Prerrogativas (y el Comité de Radio y Televisión), Registro Federal de Electores, Quejas y Denuncias, Órgano Garante de Transparencia y la especial para el Presupuesto 2014). Lo que implica participar entre dos y tres cada uno.
Se hicieron adecuaciones, aunque insuficientes, pues otras disposiciones creadas por el IFE para mantener en operación comisiones clave, como la de Quejas y Denuncias, donde en tiempos de bonanza, cuando había ocho consejeros, se determinó crear un orden de prelación para conformar el quórum, en caso de ausencia para decisiones urgentes, como adoptar medidas cautelares. Ya ocurrió el caso de la ausencia de un consejero, que motivó un empate y que debió resolverse en el Consejo General.
Ahora no podría aplicarse, pues el único consejero que no integraría estaría imposibilitado de participar en la comisión, por ser el consejero presidente. La situación se complica por un eventual empate en la comisión de Quejas, podría reproducirse en el Consejo General por ser sólo cuatro miembros.
El arreglo alcanzado no da margen: cualquier ausencia en comisiones prácticamente imposibilitaría su funcionamiento. Las complicaciones operativas en los próximos días tiene en su haber el consenso de los consejeros del IFE para mantenerlo en operación y el establecimiento de una presidencia rotativa como eje de funcionamiento.
A diferencia de este interinato, el ocurrido entre el 17 de diciembre de 2007 y el 8 de febrero de 2008, tras la intempestiva renuncia de Ugalde, cuando ya era un hecho que sería removido, a consecuencia de su gestión y la falta total de confianza de la izquierda a su presidencia.
En ese entonces, la división de consejeros fue lo que puso en riesgo la operación. Partidos exactamente por la mitad, entre cuatro opositores consistentes a Ugalde y cuatro incondicionales, debieron elegir a Andrés Albo. Sólo la declinación de Virgilio Andrade a disputar el cargo permitió la elección.
Desde que se designó a Albo, la entonces consejera Lourdes López advirtió sobre la profunda división que permeaba: Ugalde, antes de irse, mantuvo el trato preferencial con sus afines, les brindó información, manipuló los tiempos y la difusión de su renuncia. Y añadió que hemos sido responsables del daño hecho a la institución con nuestra forma de conducirnos en la integración colegiada

Inicia la CNTE jornada nacional contra reforma fiscal y privatización de Pemex

Inicia la CNTE jornada nacional contra reforma fiscal y privatización de Pemex
Prevé la coordinadora la llegada a la capital de caravanas de maestros de varias entidades
Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 18
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará a partir de hoy una jornada nacional contra las reformas estructurales, mientras continúan sus reuniones a nivel regional para realizar una convención para la democratización del sindicato magisterial.
De acuerdo con el plan de acción de los profesores disidentes que se oponen a la reforma educativa, en esta semana habrá una movilización central para rechazar los cambios fiscales y, sobre todo, la privatización de Pemex.
La coordinadora prevé que lleguen caravanas de diferentes entidades a la capital del país. Sin embargo, en este fin de semana fue notoria la reducción del número de docentes en el plantón del Monumento a la Revolución. Ayer, la acampada estaba semivacía.
Integrantes de la dirección política admitieron que en los próximos días no habrá acciones diarias de los maestros en la ciudad de México, como ha ocurrido en las últimas 10 semanas.
En cambio, los docentes se preparan para llamar a una Convención Nacional a finales de este mes –la cual podría realizarse en el Distrito Federal, incluso en el mismo campamento– con el fin de sentar las bases para lademocratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Con ese propósito, ayer se realizó la segunda reunión regional en Sonora, a la que acudieron representantes de los agrupamientos de Baja California Sur, Norte, Chihuahua y Sinaloa. El próximo 9 de noviembre será convocado otro encuentro en Gómez Palacio, Durango, con maestros de la región lagunera, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Para este martes se espera que los dirigentes de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y de Oaxaca, Rubén Núñez, entre otros, acudan a la Secretaría de Gobernación para obtener una respuesta a su planteamiento de que se respeten los derechos laborales del magisterio y se realice una revisión de la reforma educativa

Policías municipales aterrorizan a pobladores de San Luis Río Colorado

Policías municipales aterrorizan a pobladores de San Luis Río Colorado
Uniformados y en patrulla, roban, extorsionan y golpean a la gente, acusa
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 20
La ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, se ha vuelto desde hace más de 10 años una tierra sin ley. En esa comunidad, no son los grupos del crimen organizado quienes aterrorizan a la población, sino los propios agentes de la policía municipal, quienes se dedican a robar, extorsionar y golpear a la gente a plena luz del día, con uniforme y a bordo de vehículos oficiales.
Así lo denunció Martha Solórzano, directora de la Asociación Esperanza, un colectivo surgido para denunciar los abusos y arbitrariedades de loscriminales con placa, como ella los nombra, y quien dice haber sufrido amenazas, descalificaciones y el encarcelamiento de uno de sus hijos como represalia por su activismo.
En San Luis llevamos 20 años con esta violencia, pero de unos 10 años para acá se ha intensificado hasta un punto en que ya es insostenible. Ya no podemos vivir así, pero la gente no dice nada porque no tiene miedo, sino pánico, pavor. Estoy luchando sola contra el mundo, porque los policías cometen sus abusos con ayuda de los ministerios públicos, lamentó Solórzano en entrevista con La Jornada.
Pese a que el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, e instituciones de gobierno ya han sido advertidos sobre la violencia que se vive en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, los policías municipales asaltan, extorsionan, agreden e intimidan a cualquier persona, haciendo gala de su uniforme y de sus patrullas, aseguró.
Aunque la activista ya lleva ocho años documentando las arbitrariedades cometidas por los agentes –quienes “ya formaron su propio cártel”, dice–, uno de los casos que se volvieron emblemáticos para ella fue el de la joven Zulma Janet Hernández Hernández, quien el 10 de agosto de 2010 fue detenida por los policías, con el pretexto de que se encontraba en estado de ebriedad, y más tarde golpeada hasta la muerte en las celdas.
“Desde que denuncié ese caso, soltaron una cacería contra mí, porque lo supo hasta el gobernador y por eso se enojaron más conmigo. La policía municipal hace su agosto allá porque hay muy pocos elementos de la estatal o de la federal. Es un pueblo sin ley”, definió Solórzano.
Los abusos de los policías, añadió, son convalidados por magistrados que pasan por alto sus acciones o dictan sentencia en contra de las personas señaladas por los uniformados, entre ellos la jueza Marcia Patricia Majalca Vázquez.
La oportunidad de los agentes paravengarse de sus denuncias, aseveró la mujer, fue la detención arbitraria de su hijo Jorge Luis Zavala Solórzano, quien fue arrestado, torturado y encarcelado por el policía Viviano Olivarría Villalobos el 9 de octubre de 2012, tras un incidente menor ocurrido en la calle tras haber ido a buscar a su ex novia al domicilio de ésta.
Sin escuchar las advertencias de sus conocidos, quienes le decían quédate callada, porque ya perdiste y te van a matar, Martha Solórzano ha arreciado sus denuncias para liberar a su hijo, quien desde hace más de un año se encuentra preso en el Cereso de San Luis Río Colorado, por tentativa de homicidio y privación de libertad.
Sí, tengo miedo de que me pase algo, pero es más mi coraje. Ya no podemos aguantar más esta situación, enfatizó

Fraude, venta de terrenos para edificar viviendas en el Edomex, resuelve juez

Fraude, venta de terrenos para edificar viviendas en el Edomex, resuelve juez
Se construyeron sin permisos de uso de suelo y se ofrecieron a un sobreprecio de hasta 40%
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de noviembre de 2013, p. 21
El juez federal Carlos Martínez Hernández resolvió el pasado viernes que la venta de varias hectáreas en las que fueron construidas unas mil 500 viviendas durante las administraciones de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, muchas de ellas de interés social, configuran un fraude y un delito especial de fraccionadores, ya que las casas se edificaron sin contar con los permisos de uso de suelo correspondientes, además de que se vendieron a un sobreprecio de hasta 40 por ciento y, por si fuera poco, las viviendas se entregaron a sus compradores aun y cuando constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integral de Viviendas, entre otras, no habían concluido la instalación de los servicios de alcantarillado, agua potable y alumbrado público.
La sentencia que concedió el amparo a Leobardo Márquez Balderrama, ex habitante del fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, ubicado en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli –quien a mediados del presente año fue desalojado del inmueble que ocupaba por orden de un juez civil, ante su falta de pago del crédito– refiere que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cuenta con un plazo de 10 días hábiles (que comenzarán a contar el próximo lunes) para que determine los nombres de los empresarios que fueron responsables de conceder diversos créditos para vivienda, otorgados por diversas sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles).
Se trata de conjuntos habitacionales que fueron vendidos a sobreprecios de hasta 40 por ciento de su valor real, ya que, por citar un ejemplo, casas que tenían un costo de 500 mil pesos fueron entregadas a crédito de 20 años por un valor comercial de un millón 600 mil pesos, según consta en constancias del expediente de amparo 255/2013-II.
En su sentencia de amparo, el juez deja la definición de los presuntos responsables a la fiscalía mexiquense:del estudio de los autos se advierte que ha transcurrido un plazo razonable para que el Ministerio Público mexiquense se pronuncie respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa TOL/DR/I/490/2010, dice el amparo 255/2013-II
En las constancias del mismo expediente, del que posee copia La Jornada, se desprenden documentales públicas en las que consta que quien autorizó la construcción de los fraccionamientos en terrenos ejidales que carecían de títulos de propiedad para su venta fue Marcela Velazco González, ex secretaria de Desarrollo Urbano durante el sexenio de Peña Nieto.
La ex funcionaria mexiquense contó con el apoyo de los notarios públicos Teresa Peña Gaspar, número 38, y Franklin Liben Kaui, número 68.
La primer notaria protocolizó los contratos de compraventa de varios conjuntos habitacionales que carecían de los correspondientes permisos de uso de suelo para casa habitación, mientras que el segundo, en un tema aún más grave, protocolizó un acuerdo de fusión inexistente para la venta de las parcelas ejidales que fueron adquiridas por varias constructoras hace una década a precios de ganga, y lo hizo con base en documentos públicos apócrifos.
También está implicado en este fraude a miles de familias que adquirieron viviendas en el estado de México el ex alcalde de Tecámac Aarón Urbina Bedolla, actual presidente del Congreso mexiquense, cuya firma avaló el otorgamiento a las constructoras de permisos de uso de suelo, a pesar de que estas empresas no cumplieron con los requisitos que establece la normativa en esa materia.
Asimismo, están inmiscuidos en esta investigación ministerial Francisco Covarrubias Gaytán, quien fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda con Arturo Montiel; Fernando Aguilar Filorio, ex director técnico para la autorización de Desarrollos Urbanos de la entidad; Eduardo Germán Sandoval, secretario del ayuntamiento de Tecámac, y Héctor Bautista Mejía, ex director general de Planeación Urbana del estado de México.
En las constancias de autos se menciona también como probables responsables a los directivos de constructoras como Grupo Urbi, que encabezan los hermanos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, así como Javier Gabito Mohar, ex director general de Sociedad Hipotecaria Federal, y Víctor Manuel Borrás Setién, ex titular del Infonavit; además de Manuel Pérez Cárdenas, ex vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Leobardo Márquez Balderrama está representado por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna