sábado, 17 de julio de 2010

Equipara Iglesia católica el ordenar a mujeres con los curas pederastas

Las nuevas normas consideran delitos graves ambas situaciones

Equipara Iglesia católica el ordenar a mujeres con los curas pederastas
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 35

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de México afirmaron que las normas sobre delitos graves emitidas el jueves por el Vaticano muestran que la Iglesia católica está determinada a no tolerar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en contra de niños, al aplicar medidas que están más avanzadas que la ley civil, pues la prescripción se amplía a 20 años después de que la víctima cumple 18 años.

Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM, señaló que las nuevas normas son más rigurosas, coherentes y eficaces, y Hugo Valdemar Romero, vocero de la arquidiócesis, apuntó que incluso especifican nuevos delitos como la distribución y posesión de pornografía infantil y remarcó que la Iglesia reconoce que estas acciones no sólo son pecados, sino actos criminales que deben ser juzgados.

La CEM destacó que estas disposiciones representan un texto jurídico oficial actualizado, válido desde el momento de su presentación y difusión, y apuntó que las hacemos nuestras y haremos respetar las normas que se han entregado por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Estaremos pendientes de su orientación para formular y aplicar con coherencia y eficacia las indicaciones y directrices necesarias para afrontar el problema de los abusos sexuales de menores por parte de miembros del clero o en el ámbito de actividades o instituciones relacionadas con la Iglesia.

Valdemar Romero especificó que estas normas tienen carácter legislativo para toda la Iglesia; es algo obligatorio y se deben cumplir a cabalidad.

En torno a la críticas hechas porque no establecen la obligatoriedad de denunciar a clérigos pederastas ante leyes civiles, indicó que es un absurdo que la Santa Sede obligue a entregar a los sacerdotes, cuando no en todos los países existe esa posibilidad; ella hace normas generales y deja a criterio de los obispos algunas decisiones; además los obispos no son un brazo del Ministerio Público, para eso hay policías y leyes civiles y perfecta separación Iglesia-Estado.

También recordó que hay un gravísimo problema de comprensión, porque no entienden que el sacerdote no es un empleado del obispo; entre ellos hay una relación de paternidad espiritual y agregó que la Arquidiócesis de México ha instado a hacer las denuncias civiles. Acotó que con la tipificación de la pederastia, por ley hay que denunciarlo.

En relación con que la ordenación sacerdotal de una mujer sea considerado delito grave por las normas vaticanas, las cuales no sólo se reducen a la pederastia, sino a cuidar la santidad de los sacramentos, Valdemar descartó que lo que aliente esta situación sea una aversión o desprecio hacia las mujeres.

No podemos hacer algo distinto a lo que dice el Señor; la Iglesia no es misógina sólo obedece a la determinación que sólo fueran ordenados varones; no es desprecio hacia las mujeres, ellas son importantísimas dentro de la Iglesia, en la curia romana y en diversas diócesis (incluso de México), han ocupado altos rangos, por ejemplo como cancilleres

En AL las mujeres trabajan más, ganan menos y son blanco principal de violencia

Sus salarios, 80% menores que los de los varones; sufren amenazas de cónyuges

En AL las mujeres trabajan más, ganan menos y son blanco principal de violencia
Afp
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 34

Brasilia, 16 de julio. La conferencia sobre la mujer convocada por la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) terminó el viernes con un reclamo de medidas públicas urgentes y un diagnóstico claro: el sector femenino de la población de la región trabaja más, gana menos y es la principal víctima de la violencia y la pobreza.

En las dos décadas anteriores, dice el documento, hubo cambios visibles: cinco mujeres llegaron a la presidencia por voto popular, los parlamentos se feminizaron, más mujeres entraron en el mercado de trabajo y la mayoría de países aprobaron leyes para garantizar sus derechos.

Sin embargo, bajo esta imagen de mejoras subyace una realidad de desigualdades que muestra que ocho de cada diez parlamentarios latinoamericanos son hombres; que las mujeres son las principales víctimas de la pobreza y que sus salarios no llegan a 80 por ciento de los que perciben sus compañeros.

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y (donde) se agudizan las brechas de género, etnia y raza, resume el documento aprobado al final de la reunión realizada en Brasilia.

Algunos números más trágicos hacen referencia a la violencia. Centenares de mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas el año pasado y, según la Cepal, 45 por ciento de las mujeres en la región han sufrido amenazas de algún tipo por compañeros o ex compañeros.

Escolaridad, logro insuficiente

Un logro indudable ha sido que superen a los hombres en número de inscritos a las universidades y que accedan por igual a la educación primaria y secundaria, aunque esto aún no se traduce en salarios iguales o mayor acceso al mundo laboral.

De hecho, en América Latina, apenas la mitad de las mujeres en edad económicamente activa está en el mercado de trabajo; peor aún: esta cifra había aumentado 10 puntos (de 42 a 52 por ciento) en la década de los 90, pero no ha cambiado en el decenio reciente, y se teme que haya empeorado con la crisis económica iniciada en 2009.

En una región con gran déficit de infraestructura social, como guarderías o atención para ancianos, para las mujeres resulta mucho más difícil el acceso al trabajo, pues cuidan a sus hijos o parientes, y cuando consiguen alguno, las jornadas son extremas.

La preocupación por la situación económica de la mujer llevó a que las conclusiones de la conferencia de Brasilia hicieran gran énfasis en la autonomía económica en el ámbito laboral, destacó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

En la conferencia recomendó hacer mayor énfasis en políticas públicas: más estructura social para las mujeres, forzar la participación del hombre en las tareas de la familia (por ejemplo, a través de la promoción de licencias por paternidad), y fiscalización para que los salarios de hombres y mujeres sean iguales en las mismos niveles, además de un llamado a enfrentar todas las formas de violencia contra ellas.

Un ejemplo tan simple como contundente que dio inmediatos resultados durante el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, se dijo, fue la creación de 3 mil 500 guarderías para facilitar el empleo de las madres de sectores vulnerables.

En ese panorama general, la peor situación es para las indígenas y afrodescendientes, que suman los más altos índices de pobreza y más bajo acceso al mundo laboral y político.

Muchos países ni siquiera reconocen que hay racismo, ¿cómo esperan adoptar medidas que incorporen a la mujer afrodescendiente o indígena a sus derechos?, cuestionó la dominicana Marianela Carvajal Díaz, de la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas

Detienen en Chiapas a líderes sindicales acusados de delitos "contra la dignidad de las personas"

Movilización en mayo logró recuperar caja de ahorro, pero generó represalias, dicen

Detienen en Chiapas a líderes sindicales acusados de delitos contra la dignidad de las personas
Foto
Maestros de la CNTE realizaron una manifestación frente al palacio de gobierno para demandar la liberación del profesor Alberto Mirón VázquezFoto Ángeles Mariscal
Ángeles Mariscal
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 33

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de julio. Dos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y uno de la sección 50 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA), fueron detenidos hoy por autoridades estatales acusados por delitos relacionados con las movilizaciones sindicales que exigen el cumplimiento de demandas gremiales. Suman cinco los líderes sindicales detenidos en semanas recientes.

La madrugada de este viernes fue detenido Pedro Gómez Bahamaca, integrante de la dirección política de la CNTE, bloque disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Horas después policías estatales aprehendieron a Misael Palma López, también de la dirección política magisterial, y en una tercera acción los uniformados apresaron a Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, miembro del comité directivo de la sección 50 del SNTSA.

El 7 de julio pasado, en un operativo policiaco, fue detenido el líder magisterial Alberto Mirón Vázquez, quien permanece arraigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); el 30 abril pasado se detuvo a el maestro Javier Saavedra Carrasco, el que pagó fianza para alcanzar su libertad.

Los maestros detenidos y otros 19 de agremiados de la CNTE han sido acusados por los delitos de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, atentado contra la paz, y uno de reciente creación denominado delito contra la dignidad de las personas, todos relacionados con la movilización que realizaron en mayo pasado, para exigir a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.

Los recursos fueron entregados; sin embargo, también se libraron las órdenes de aprehensión contra Adelfo Alejandro Gómez Sellado, Julio César Lugo Martínez, José Manuel Nájera, Juan Manuel Jovel Osorio, Alejandro Ovando, Ireneo Zunun Roblero, Manuel Reyes Vázquez Vázquez, José Luis Pérez Bautista, Omar Ortiz Rodríguez, Fernando Pérez López, Ignacio Méndez Sántiz, Herminia Hernández Morales, Gerardo de Jesús Cancino, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, Gabriel Jiménez Sánchez, Leonel Esteban Aguilar, Samuel Sántiz y los actualmente detenidos.

Ante estas acciones, los maestros, apoyados por los sindicalistas del sector salud y grupos campesinos, realizaron diversas protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los mentores marcharon y efectuaron un plantón que se había programado para ser indefinido, pero tuvo que ser suspendido horas más tarde ante la detención de Misael Palma y Víctor Hugo Zavaleta.

Los profesores se congregaron en una asamblea para determinar las acciones a seguir a fin de exigir al gobierno la liberación de los cuatro detenidos, y la cancelación de las órdenes de aprensión en su contra

La Carta de la ciudad no puede ser base de constitución local: diputado

Declaraciones del jefe de Gobierno entorpecen avances, señala

La Carta de la ciudad no puede ser base de constitución local: diputado
Rocío González Alvarado
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 30

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa, Fernando Rodríguez Doval, manifestó que las recientes declaraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en torno a que la Carta de la ciudad de México será la base para elaborar la constitución para una ciudad de izquierda, dificultan y ponen escollos a los avances que han tenido sobre el tema.

El legislador del PAN afirmó que es preocupante esa expresión, pues en principio no debe haber una constitución ni de izquierda ni de derecha, porque se trata de un texto jurídico en el que se plasman los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que debe ser ajeno a cualquier ideología política.

Ante ello, adelantó que durante un encuentro privado que sostendrá con el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, pedirá que se haga una rectificación al respecto, pues hasta ahora han tenido un diálogo permanente, en aras de lograr una propuesta conjunta con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Además, indicó que el planteamiento es de que sea el órgano legislativo local el responsable de elaborar la constitución y no a partir de la Carta de la ciudad de México. Podemos contar con la asesoría y el apoyo de los expertos, pero debe ser en la Asamblea, apuntó.

Detalló que ya hay una primera propuesta para modificar el artículo 122 constitucional, en el que se proyecta reconocer al Distrito Federal como asiento de los poderes federales y con un estatus jurídico propio, en el que el presidente de la República tendría el mando de la seguridad pública, pero serían las autoridades locales las responsables de la dirección.

También –agregó– se reconoce la capitalidad del Distrito Federal y la necesidad de fortalecer a la Asamblea Legislativa e incluirla como parte del Congreso Constituyente.

Respecto de las delegaciones, explicó que se acordó nombrarlas demarcaciones, para que sea ya en la constitución donde se fije el nombre, su población y delimitación geográfica. Tendrían, además, un consejo de gobierno, que sería el responsable de evaluar la administración pública

Rechaza Cué entrega-recepción del gobierno en noviembre; presentará contrapropuesta

Ulises Ruiz busca ganar tiempo, pues sabe que la casa está sucia y necesita limpiarla, afirma

Rechaza Cué entrega-recepción del gobierno en noviembre; presentará contrapropuesta
De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 29

El priísta Ulises Ruiz Ortiz obstaculiza el proceso de entrega-recepción del gobierno de Oaxaca para ganar tiempo, e hizo reformar la ley orgánica del Congreso estatal porque la casa está sucia y necesita limpiarla, dijo el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo.

Ruiz maneja un doble discurso e intenta desconocer la decisión de más de 700 mil oaxaqueños, pues obligó al candidato priísta Eviel Pérez a reconocer su derrota pero mandó a impugnar la elección, y no sólo dispuso iniciar la entrega-recepción en noviembre, también planeó la reforma para mantener el control de la legislatura, expuso el mandatario electo.

Cué advirtió en un comunicado que no aceptará que la entrega-recepción sea en noviembre y presentará una contrapropuesta para que el procedimiento sea ordenado y transparente, pues no se trata de un simple acto administrativo, sino de una transición democrática, dado el triunfo de la oposición tras 80 años de gobiernos priístas.

“Se transparentará todo; se contratarán despachos contables para la revisión de cuentas, y una comisión ciudadana vigilará los movimientos de Ruiz Ortiz, pues cuando llegó al gobierno había una deuda de 600 millones de pesos y ahora es de 6 mil millones.

Por separado, el líder estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, dijo que la reforma legislativa nació muerta, y los diputados de partidos que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso la echarán abajo, pese a la mayoría priísta, que con sus 16 integrantes recibirá las presidencias de las juntas de gobierno y Coordinación Política al inicio de la legislatura.

“El albazo de ayer” impone que una de las políticas fundamentales en agenda sea la revisión de cuentas, dijo Moreno Alcántara; mientras Aleida Alavés, delegada del PRD, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a Ruiz Ortiz como responsable de la violencia de 2006, pero el Congreso del estado lo exoneró.

En tanto, en Jalapa, las bancadas de PAN y Convergencia en el Congreso estatal demandaron la comparecencia de Carolina Viveros y Héctor Roa, presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), para que informen por qué proclamaron al priísta Javier Duarte de Ochoa como ganador en la elección de gobernador, sin que les correspondiera tal pronunciamiento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado –indicaron el convergente Alfredo Tress y el panista Rafael Sánchez– es la instancia autorizada para calificar la elección y extender la constancia de mayoría, pero en dos ocasiones el IEV ha convocado a sesiones para señalar a Duarte como primer lugar, en una maniobra que atropella la legislación vigente.

Simpatizantes de la alianza PRD-Convergencia-PT también bloquearon la autopista Jalapa-Ciudad Cardel por la constancia de mayoría entregada al priísta Ernesto Hernández en la elección de alcalde en Emiliano Zapata, y acusaron al IEV de falsificar actas, alterar boletas y embarazar urnas para favorecerlo.

En Quintana Roo, el PRI impugnó la elección de alcalde en Felipe Carrillo Puerto, que ganó por 176 votos el candidato de la alianza opositora, Sebastián Uc Yam; y también la de Benito Juárez (Cancún), donde su candidata, Guadalupe Novelo, perdió ante Julián Ricalde Magaña por más de 8 mil votos.

La alianza PAN-PRD-PT-Convergencia impugnó la de Tulum, donde su candidato Alonso Ventre perdió por 180 votos contra la priísta Edith Mendoza; y las diputaciones correspondientes a los distritos 6, 11 y 12 también se decidirán en instancias jurídicas.

Agustín Galo, Octavio Vélez, Andrés Morales y Hugo Martoccia, Corresponsales

La titular del Imug debe aclarar expresiones sobre tatuajes: Oliva

Yo tengo hijas que los tienen; es deber del instituto proteger a mujeres, dice el gobernador

La titular del Imug debe aclarar expresiones sobre tatuajes: Oliva

En emails, guanajuatenses recaban firmas para ratificar la queja de la PDHG contra Ramírez Villalpando

Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 27

Guanajuato, Gto., 16 de julio. La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, deberá responder ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) por sus declaraciones contra las mujeres tatuadas, advirtió el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien refirió: yo también tengo hijas que tienen tatuajes.

El Imug es una institución que está para defender los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato, y Ramírez Villalpando tiene que aclarar sus expresiones sobre los tatuajes, afirmó el mandatario en entrevista con La Jornada.

“Espero que los derechos de las mujeres se sigan respetando en el estado y el asunto de los tatuajes no tiene que ver con el tema de los valores (…) cuando sea solicitada su presencia en esas instancias de derechos humanos, que ella aclare... precise”, sostuvo el panista.

Agregó que el encargo que le hizo a Ramírez Villalpando desde que asumió la titularidad del Imug es el respeto de los derechos de las mujeres en Guanajuato.

Al preguntarle si la destituirá del Imug, Oliva Ramírez respondió: Esperaré a que las instancias de derechos humanos fijen la posición en su oportunidad.

Acerca de si coincidía con las declaraciones de la funcionaria en el sentido de que las mujeres con tatuajes son un ejemplo de pérdida de valores, el mandatario estatal respondió: Yo también tengo hijas que se ponen su tatuaje, por eso es importante que ella aclare bien qué dijo y cómo lo dijo.

El 12 de julio pasado, en las instalaciones del Partido Acción Nacional (PAN) en León, ante unas 250 personas, Ramírez Villalpando puso de ejemplo de pérdida de valores a las mujeres tatuadas.

Con una presentación en power point, la funcionaria colocó la fotografía de una mujer tatuada con dos preguntas: ¿qué sería del mundo ético y estético si afirmando la subjetividad del gusto, cada uno se atuviera a la propia manera de ver las cosas?, y ¿cómo podría evitarse el caos si no hay pautas de valoración, ni normas de conducta?

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El gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Raquel Barajas Monjarás, ayer, tras salir de la sede del Centro de Convenciones en GuanajuatoFoto Carlos García

No hay pautas de valoración o normas de conducta; esta joven (la de la foto), bueno, podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo me pregunto, sí no hay un valor que se llama salud y si algunas de estas cosas no le estarán perjudicando en este sentido, formuló la funcionaria.

También se escandalizó por las mujeres que se hacen perforaciones para colocarse objetos y más si van en los genitales ¡caramba! ¿para qué quieres ponerte o lastimarte de esa manera, y ¿a quién se lo vas a presumir?: me cuesta trabajo entender a quién se lo vas a presumir.

La PDHG abrió el expediente 215/10-A por actos de discriminación contra la directora del Imug; sin embargo, la queja deber ser ratificada por las personas que se sientan agredidas, de lo contrario será cerrada en un año.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició una reclamación de oficio dirigida al gobierno de Guanajuato por las declaraciones que hizo la funcionaria, al considerar que constituyen un presunto acto de discriminación hacia las mujeres que se tatúan o se hacen perforaciones para colocarse adornos y afirmar que son ejemplo de la pérdida de valores de la sociedad.

Mediante correos electrónicos, mujeres de Guanajuato recaban firmas para ratificar la queja que integró la PDHG contra la titular del Imug.

En el escrito, las mujeres afirman que Ramírez Villalpando atenta contra lo establecido en el artículo primero de la Constitución de México, en el segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras normas.

En los mensajes que circulan en Internet se pide que el formato se imprima y se recaben las firmas que serán entregadas al ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, antes del 21 de julio.

Anuncia el SME suspensión de marchas y bloqueos en la ciudad

El gobierno federal, responsable de lo que ocurra a Cayetano Cabrera

Anuncia el SME suspensión de marchas y bloqueos en la ciudad

Se deslinda el sindicato de actos delictivos contra varios vehículos

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Electricistas realizan un mitin en el Zócalo capitalinoFoto Carlos Cisneros
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En el campamento de los huelguistas de hambre, ex alumnos del IPN visitaron al ingeniero Cayetano Cabrera y a los otros ayunantesFoto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez y Gabriela Romero
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 15

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responsabilizó al gobierno federal de lo que pueda ocurrirle al ingeniero Cayetano Cabrera, quien este viernes cumplió 83 días en huelga de hambre. Ayer los trabajadores realizaron varias movilizaciones en demanda de solución al conflicto, pero en atención al llamado que realizó el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, el gremio acordó suspender marchas y bloqueos.

Por la tarde, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila Pérez, informó que hubo un acuerdo político entre Ebrard y el dirigente del SME, Martín Esparza, con la finalidad de que cesen las marchas y movilizaciones; los electricistas sólo realizarán volanteo mientras las condiciones de diálogo con la administración federal estén abiertas.

Asimismo, Esparza pidió al gobierno federal que retire a los seudoelectricistas que incurren en actos delictivos, pues las agresiones cometidas este viernes contra camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de una institución bancaria fueron adjudicadas a los manifestantes.

Ávila Pérez señaló que alrededor de las 16:30 horas, Esparza se comunicó con Ebrard, con quien hizo un acuerdo político, de manera verbal, para suspender las marchas, ante los exhortos que el GDF ha hecho a su homólogo federal y al SME para reanudar el diálogo.

En respuesta a esa excitativa se generaron las condiciones para el encuentro que se produjo en la Secretaría de Gobernación, aseguró Ávila Pérez.

En esas condiciones nos encontramos hoy y esperamos que pronto encuentren una salida al conflicto que afecta a tantos trabajadores del sindicato, manifestó el funcionario.

Ayer los electricistas que se oponen a ser liquidados realizaron varias protestas, que afectaron el tránsito en algunas arterias del centro de la capital y se registraron algunos incidentes. Sin embargo, el dirigente aseveró que dentro de sus filas hay personas infiltradas de Gobernación en calidad de provocadores.

–¿Van a radicalizar su movimiento?

–Continuaremos con nuestra lucha pacífica.

–¿Seguirán con los bloqueos y afectaciones en la ciudad?

–Nosotros nos acogemos al llamado del jefe de Gobierno del Distrito Federal para moderar y utilizar nuestras manifestaciones sin poner en riesgo la estabilidad de la ciudad –dijo Esparza.

Informó que entregó a Gobernación unas fotografías. “Tenemos unas fotos –agregó– y las vamos a poner a disposición del Gobierno del DF para que nos ayuden a investigar, con sus cámaras, quiénes son, porque sabemos que ningún compañero del SME participa en actos de violencia”, dijo en entrevista al término del encuentro en Bucareli, el cual se prolongó por casi dos horas.

Audiencia con Calderón

Por otra parte, Esparza se reunió ayer por la tarde con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Gil, y con el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, ante quienes solicitó un encuentro directo con el presidente Felipe Calderón para tratar de encontrar una solución al conflicto generado por el decreto de extinción de LFC.

Gil pidió a Esparza y a los dos integrantes del comité central de este sindicato que lo acompañaron que insten al ingeniero Cayetano Cabrera y al resto de los huelguistas que terminen el ayuno. El titular de la SG, Francisco Blake, no estuvo presente en el encuentro, pues se argumentaron motivos de agenda para justificar su ausencia.

Desde el decreto de extinción de LFC –el 11 de octubre de 2009– se comisionó a la SG para atender el caso. El 18 de marzo pasado, el SME entregó por escrito al entonces secretario Fernando Gómez Mont una propuesta para una recontratación colectiva de los electricistas, a fin de que sean empleados en un nuevo esquema de suministro de energía en la zona central del país.

Ahora, el sindicato pide audiencia con el Presidente de la República, porque considera que es la última instancia para resolver este conflicto.

A nueve meses del cierre de LFC, el gremio reitera su petición para que sus miembros sean recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la figura de patrón sustituto.

La cita original entre funcionarios y el SME era para ayer viernes a las 8:30 de la mañana, aunque por la noche, Esparza recibió una llamada telefónica, por parte del diputado encargado de la comisión especial para el caso LFC, Amador Monroy, en el sentido de que el encuentro se posponía, porque Blake requería más tiempo para analizar el caso con sus asesores.

Al final, de acuerdo con Esparza, todo se debió a un mal entendido y aceptaron reunirse a partir de las dos de la tarde.

La próxima cita será el lunes y, como ayer que se hicieron acompañar por el diputado del PRD Vidal Llerenas, en los eventuales encuentros pedirán la presencia de legisladores.

Por la tarde-noche, el SME realizó una asamblea con organizaciones sociales para definir el plan de acción de la próxima semana.

En tanto, según el parte policiaco, las agresiones en contra de tres vehículos presuntamente realizadas por sindicalistas ocurrieron en las colonias Doctores, Centro y Buenavista. Alrededor de las 10 de la mañana, en Arcos de Belén y Doctor Andrade un grupo de personas volteó un vehículo Chevy color blanco, placas 595 SFV, con logotipos de la comisión. El conductor logró salir de la unidad y sólo presentó algunos golpes.

Poco después, en la calle de Bolívar, otro grupo arrojó piedras y objetos a un Tsuru provocando daños en el medallón y cristales. Otra agresión ocurrió en avenida Insurgentes, casi esquina con San Cosme, contra una camioneta con placas EV23648. Ambos vehículos, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, eran propiedad de particulares

Exigen aclarar asesinatos de periodistas en Chihuahua

El gobernador asegura que no hay riesgos para su trabajo

Exigen aclarar asesinatos de periodistas en Chihuahua

La procuraduría estatal no ha resuelto ninguno de los crímenes

Miroslava Breach Velducea y Rubén Villalpando
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 13

Decenas de periodistas de Ciudad Juárez y Chihuahua se manifestaron ayer a mediodía frente a la sede del gobierno y la procuraduría estatal para exigir el esclarecimiento de los homicidios de trabajadores de los medios de comunicación, registrados en los pasados seis años.

Reporteros, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios de comunicación locales demandaron además a la procuraduría estatal y a la PGR claridad y celeridad en las investigaciones de los crímenes.

Apenas el fin de semana pasado fue acribillado Guillermo Alcaraz, trabajador de los medios de comunicación locales, quien desde hace unos meses se desempeñaba como camarógrafo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Chihuahua.

Los manifestantes, vestidos de negro, levantaron pancartas con leyendas y fotos de los periodistas asesinados presuntamente por el crimen organizado. Ninguno de los casos ha sido esclarecido por las autoridades.

La protesta de los periodistas rebate una reciente declaración del gobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien dijo que en Chihuahua no hay riesgo para los trabajadores de los medios de comunicación, no más allá de los riegos que tienen otros profesionistas. Demandaron medidas de seguridad para evitar otras muertes ligadas al desarrollo de su labor informativa.

En Juárez, con leyendas pintadas en cartulinas como impunidad es igual a complicidad de las autoridades, Justicia y respeto, alrededor de 50 comunicadores estuvieron al mediodía durante media hora en una protesta silenciosa frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia estatal.

Entre los homicidios de periodistas pendientes de resolver está el de Armando Rodríguez, conocido como El Choco, quien cubría la fuente policíaca para El Diario de Juárez y que fue acribillado cuando llevaba a su hija a la escuela hace dos años.

Otros casos son los homicidios de Saúl Noé Martínez Ortega, hermano del director de la casa editorial Interdiario de Agua Prieta, Sonora, que fue localizado en Chihuahua el 24 de abril de 2008; el de José Luis Ortega Mata en Casas Grandes, en 2005; Víctor Oropeza y Jessica Lizalde, en Juárez. Todos los casos están impunes ya que no se han enviado los expedientes ante un juez penal

Reiteran ONG exigencia de acabar con indebida extensión del fuero militar

No nos conformaremos con una manita de gato” como respuesta, dice Miguel Concha
Reiteran ONG exigencia de acabar con indebida extensión del fuero militar

Presentan informe sobre los casos de recomendaciones de la CIDH que no fueron atendidos

Foto
Luis Arriaga, Abel Vázquez y Miguel Concha, durante la presentación del informe La impunidad militar a juicioFoto José Antonio López
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 11

Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos “no nos vamos a conformar con una manita de gato” que el gobierno federal pretenda dar a a la actuación de las fuerzas armadas para responder a la exigencia de terminar con la indebida extensión del fuero militar, advirtió Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria.

Ante la reiterada negativa del Estado mexicano para aceptar las recomendaciones que en diferentes ocasiones le han hecho organismos internacionales respecto de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y someter a los integrantes de la milicia a procesos judiciales del fuero común por violaciones a los derechos humanos, Miguel Concha expresó que la creación de una procuraduría en la materia dentro la estructura de las fuerzas armadas o una unidad de atención al público para la presentación de denuncias, resultan totalmente insuficientes.

Para cumplir con la Constitución tampoco bastará impartir cursos a los militares, dijo. Ninguna de estas alternativas corresponde al modelo de sociedad que queremos, subrayó.

Miguel Concha participó ayer en la presentación del informe La impunidad militar a juicio, elaborado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan sobre los casos de las indígenas Valentina Rosenda Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, acerca de los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió recomendaciones que el gobierno mexicano incumplió.

Por lo anterior, los expedientes se turnaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, informó que la audiencia resolutiva del máximo tribunal americano se realizará durante la última semana de agosto y es probable, dijo, que el fallo, nuevamente, sea contra las autoridades federales.

En los tres casos ocurridos en Guerrero se vieron involucrados militares que actuaron al margen de la ley por violar y golpear a las mujeres, así como por realizar detenciones arbitrarias y torturar a campesinos que fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias mediante las cuales fueron acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército y de cosechar marihuana.

En ninguno de estos casos se ha hecho justicia, a pesar de que han transcurrido ocho años de las agresiones sufridas por las mujeres, y más de diez de la detención arbitraria e ilegal de los campesinos ecologistas.

Nada ha ocurrido, ni siquiera luego de que la CIDH emitió dos recomendaciones al Estado mexicano entre octubre de 2008 y marzo de 2009, a fin de que éste adoptara medidas para la reparación integral del daño causado a las víctimas.

El informe de las organizaciones civiles resalta la situación vivida por Valentina e Inés, quienes, dijeron, son evidencia de los impactos reales y concretos de la militarización sobre las mujeres indígenas. Muestra los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar la impunidad que protege a los militares, así como la recurrencia de situaciones como la falta de acceso a la justicia o los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas.

Respecto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el reporte indica que sus casos ilustran el riesgo que significa defender el medio ambiente, y exhibe los abusos cometidos contra quienes son detenidos en México.

A partir del relevo de titular en la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, Miguel Concha concedió al funcionario el beneficio de la duda; aunque no tenemos muchas esperanzas, albergamos la de un cambio de actitud y que se reconozcan las evidencias sobre la deficiente actuación del Ejército en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos.

Finalmente, Luis Arriaga resaltó la importancia de que se reconozca que la estrategia federal de seguridad ha fallado y la necesidad de replantearla, a fin de asegurar el pleno ejercicio de las garantías fundamentales

La violencia ha dejado más de 24 mil decesos en lo que va del sexenio: PGR

Lo ocurrido en Juárez, por la descomposición social: Chávez Chávez

La violencia ha dejado más de 24 mil decesos en lo que va del sexenio: PGR
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Una camioneta blindada quedó destruida, tras un enfrentamiento entre sujetos con armas de grueso calibre y granadas en el exterior de una tienda de conveniencia, la madrugada de ayer en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo LeónFoto Notimex
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 10

El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, afirmó que la violencia vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico ha dejado en el país 24 mil 826 muertos desde diciembre de 2006 a la fecha, y la detención de cerca de 78 mil personas por delitos contra la salud.

Cabe destacar que las cifras oficiales de homicidios repuntaron en más de 2 mil 100 con respecto al reporte entregado por el Ejecutivo a los legisladores en abril pasado, en el que se anunciaron 22 mil 700 muertos. En ese documento del gobierno federal se detalló que 2009 ha sido el año más violento, con 9 mil 635 asesinatos.

En conferencia de prensa, el procurador Arturo Chávez explicó ayer que en lo que va del sexenio se han decomisado 75 mil armas, en su mayoría provenientes del norte del país, y 400 funcionarios de la dependencia que encabeza han sido consignados por diversos ilícitos.

En el encuentro con medios, el funcionario refirió que tiene conocimiento que el abogado Diego Fernández de Cevallos se encuentra con vida, luego de cumplirse dos meses de su desaparición. Expresó que por decisión de la familia del panista está cerrada la comunicación, esto luego que les indicó que toda la información que conociera del caso tendría que integrarla en la averiguación previa. Por ello no ha habido comunicación.

Sobre los hechos de violencia que tienen lugar en Ciudad Juárez señaló que lo que está ocurriendo es que estamos viviendo consecuencias de una descomposición social que inició hace mucho tiempo en aquella ciudad, a causa de la proliferación de giros negros, migración y el asentamiento de cárteles de la droga, que originaron el surgimiento de pandillas que no tienen identidad nacional y mucho menos regional.

El crimen organizado, sostuvo, actúa de manera violenta como parte de una guerra intestina, con el objeto de amedrentar y generar temor entre la sociedad, desestabilizar a la autoridad y abrir espacios de impunidad para seguir con sus actividades ilícitas.

Por ello, agregó, las autoridades trabajan en el fortalecimiento de las instituciones y aplican toda la fuerza del Estado para garantizar la tranquilidad y dejar sentadas estrategias de seguridad, cuya realización puede superar los más de dos años que le quedan a la presente administración

CARTONES DE LA JORNADA


REPETICIÓN del Programa ESCUCHARTE con el Dr. Alberto Sladogna 13-Julio-10

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