miércoles, 26 de diciembre de 2012

IMSS e Issste deberán pagar por errores médicos: Suprema Corte


IMSS e Issste deberán pagar por errores médicos: Suprema Corte
Es responsabilidad patrimonial del Estado cualquier actividad administrativa irregular, dicen
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Hospital General Xoco, en la ciudad de MéxicoFoto Archivo/ La Jornada
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 30
La actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social del Estado –como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– que cause daño a los bienes o derechos de los pacientes, sea por acción o por omisión, constituye unaactividad administrativa irregular que obliga al Estado a reparar el daño ocasionado, estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el máximo tribunal consideró que el derecho a la salud es una garantía fundamental e indispensable, por lo que una persona afectada en su salud a raíz de un accidente o deficiente atención médica, tiene derecho a una indemnización que le compense el daño sufrido; y para que ésta sea justa, su determinación depende del daño ocasionado.
En sendas tesis sobre la responsabilidad del Estado y/o instituciones médicas privadas en casos de negligencia o mala atención, la Suprema Corte fijó criterios para la reparación integral del daño.
En una tesis aislada, la Corte señaló que no se debe limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo, porque ello implica “marginar las circunstancias concretas del caso y el valor real de la reparación o de la salud deteriorada.
La primera sala de la SCJN subrayó que “una indemnización es injusta cuando se limita con topes o tarifas, en lugar de ser el juez el que cuantifique con base en criterios de razonabilidad en cada caso,porque sólo él conoce las particularidades del caso y puede cuantificarla con justicia y equidad, no así el legislador quien, arbitrariamente, fijaría montos indemnizatorios al margen de cada caso y de su realidad.
El máximo tribunal determinó que para que una indemnización sea justa, el juez debe fijarla con base en el principio de reparación integral del daño y en forma individualizada, según las particularidades de cada caso, incluyendo la naturaleza y extensión de los daños causados, la posibilidad de rehabilitación del accidentado, los gastos médicos y tratamientos para su curación o rehabilitación, el posible grado de incapacidad, el grado de responsabilidad de las partes, su situación económica, a fin de que el monto del pago sea suficiente para atender las necesidades en cada caso particular.
Los ministros subrayaron que la indemnización justa no está encaminada a restaurar el equilibrio patrimonial perdido, pues la reparación se refiere a los bienes de la personalidad, esto es, persigue una reparación integral, suficiente y justa, para que el afectado pueda llevar una vida digna.
Acción defectuosa
Por otra parte, en una tesis de jurisprudencia sobre la actividad administrativa irregular del Estado, prevista en el artículo 113 constitucional, la Suprema Corte concluyó que se configura cuando los servidores públicos llevan a cabo una acción defectuosa; es decir, que no atiendan las condiciones normativas o los parámetros establecidos en la ley o en los reglamentos administrativos.
Al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, los ministros de la primera sala de la SCJN estipularon que cuando en la prestación de un servicio público se causa daño a los bienes y derechos de los particulares por haber actuado en forma irregular, el Estado queda obligado a reparar el daño y generar el derecho a los afectados a que éste les sea reparado.
La tesis de jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país precisa que cuando el personal médico que labora en IMSS o Issste causa daño a los pacientes, por acción u omisión, implica la responsabilidad patrimonial del Estado

Letra muerta, las leyes contra comida chatarra en escuelas, aceptan profesores


Letra muerta, las leyes contra comida chatarra en escuelas, aceptan profesores
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 31
La prohibición de vender productos chatarra en las escuelas es letra muerta, afirmaron profesores y directores que laboran en centros educativos ubicados en la zona metropolitana del valle de México, quienes aseguraron que sin una política integral de combate al consumo de alimentos no saludables, poco o nada se puede hacer, a lo que se suma una extensa red de corrupción y complicidades que alienta este dañino fenómeno.
Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, con más de dos décadas de servicio docente, destacó que la falta de recursos o laambición de algunos directores facilita el ingreso de vendedores de determinados productos. Denunció que a cambio de dar algunos ingresos a la escuela obtienen concesiones para la venta de sus productos.
Luego de que en la reforma educativa aprobada recientemente por el Congreso se incluyó un artículo transitorio paraprohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, docentes señalaron quepoco o nada podemos hacer en las aulas, cuando al salir de la escuela los padres ya esperan con su bolsa de frituras con chile y los dejan por horas frente a la televisión, donde los bombardean con miles de anuncios, afirmó Rosaura Díaz, profesora de quinto de primaria.
Al respecto, Ramírez Vázquez enfatizó que son miles de anuncios comerciales a los que se exponen niños y adolescentes, y alertó que el verdadero negocio está en las secundarias. Donde la población puede ser de hasta mil alumnos que pasan siete horas dentro del plantel, y donde los directores concesionan la venta de refrescos y tortas, frituras a quienes ofrecen mejores ganancias.
Francisco Bravo, secretario general del magisterio disidente de la sección 9 y director de una primaria en el Distrito Federal, afirmó que la aplicación de lineamientos para regular el consumo de calorías de los menores en los descansos escolares fue una política a medias, pues nunca se logró sacar la comida chatarra de las escuelas.
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Los estudiantes necesitan una educación integral que los alerte sobre la comida chatarra dentro y fuera de las escuelas, alertan maestros y organizaciones civilesFoto María Meléndrez Parada
Agregó que ante la falta de recursos para el mantenimiento de los planteles son muchos los directores que aceptan la venta de productos, como refrescos o frituras, a cambio de que te pinten la barda perimetral, o te den algún recurso para el pago de luz o Internet. Son muy pocas las escuelas que hemos logrado sacar la comida poco saludable, y esto sólo se logra con el apoyo de los profesores y de los padres de familia. No es una lucha que se pueda ganar por decreto.
Sin una política integral, afirmó, lo que ocurre dentro del aula es muy poco eficaz como para generar un cambio en los hábitos de consumo que vienen desde el hogar. Nuestros alumnos, en el caso de primaria, pasan cuatro horas y media con nosotros, y el resto del día con sus familias, que simplemente los ponen frente a un televisor que los bombardea de anuncios para consumir comida chatarra. Frente a esto podemos hacer muy poco.
Desayunos escolares, en el olvido
En cuanto a los apoyos para acceder a una alimentación más sana y balanceada, Teresa Rincón, maestra de primaria en el Distrito Federal, enfatizó que “han quedado en el olvido los desayunos escolares. Actualmente mandamos un padrón al inicio del año, y el que no se apuntó no recibe nada. Cuesta 50 centavos, pero ha dejado de ser una política para combatir la desnutrición y la obesidad.
Destacó que hay una tarea de convencimiento de los docentes para que los niños los consuman, porque en casa los padres de familia tampoco alientan una alimentación más sana. Es ir contracorriente y con acciones de muy corto plazo que no generan cambios de fondo. Si no hay una participación de todos, la venta de comida chatarra continuará en la mayoría de los planteles

Se quedó muy corta la legislación sobre los alimentos saludables: ONG


Se quedó muy corta la legislación sobre los alimentos saludables: ONG
Blanca Juárez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 31
Aunque la reciente reforma educativa prohíba los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, esto no garantiza que se impida su venta en las escuelas, ya que se trata de una definición vaga. Lo mejor hubiera sido sólo mencionar alimentos saludables y recomendables, porque ahí no pueden entrar los productos chatarra.
Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor, dijo que es importante esta restricción. Sin embargo, no nos garantiza nada, se necesita una definición más estricta de lo que tenemos actualmente, para que no se expendanmercancías chatarra ni altos en azúcares, grasas o sales.
En enero de 2011 entraron en vigor los lineamientos sobre la venta de comida chatarra en las escuelas de prescolar, primaria y secundaria. Calvillo recordó que en la primera versión había una lista de productos que no se podían vender.
Pero en agosto de ese año Alonso Lujambio, entonces secretario de Educación Pública, ratificó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el permiso de venta con ciertos límites de grasas, azúcares, carbohidratos y sal.
Para Calvillo, estos lineamientos dejan al sexenio de Felipe Calderón como un gobierno fallido en la materia, debido a que quien vigila su aplicación son los consejos escolares, que en muchas escuelas no funcionan y donde sí, no tienen información clara.
En el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria –también presentado en la administración calderonista– se propuso educar sobre una buena alimentación desde las escuelas. Pero es ahí donde se encuentran productos altamente procesados con colorantes y saborizantes artificiales, ¿cómo les vamos enseñar a alimentarse bien?, cuestionó.
Por su parte, José Luis Castillo Hernández, director de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, campus Jalapa, subrayó que en este acuerdo se indican raciones de consumo,pero los niños, en lugar de comer una, consumen dos y no será posible controlar esto en las tiendas escolares, dado que es utilizado como un negocio que reditúa a quienes los expenden.
Aseguró que ingerir este tipo de alimentos se relaciona directamente con el sobrepeso y la obesidad, por las altas concentraciones de grasa. Por ello se necesitan programas contundentes, porque estos padecimientos están rebasando todas las estrategias para tratar de contrarrestarlos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, una tercera parte de los niños de entre cinco y 11 años padecen sobrepeso u obesidad. Además, en menores de cinco años se registra un ascenso: en 1988, 7.8 por ciento presentaban alguno de estos problemas, mientras que en 2012 lo padecen 9.7 por ciento.
Castillo Hernández advirtió que si no se frena el problema de obesidad y sobrepeso, no habrá presupuesto que alcance, pues está asociado con gran número de enfermedades crónicas no transmisibles

Consenso en ALDF para modificar el artículo 362 penal


Consenso en ALDF para modificar el artículo 362 penal
Hoy será presentado al pleno
Permitirá liberar a 14 detenidos por disturbios del día 1º
Raúl Llanos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 27
Los grupos representados en la Asamblea Legislativa (ALDF) acordaron presentar este miércoles al pleno de los diputados el dictamen sobre la modificación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, relativo al delito de ataques a la paz pública.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Antonio Padierna, se cambió la estrategia en torno a ese asunto, ya que de una postura inicial de derogarlo, se consensuó que fuera únicamente una reforma a dicho artículo, que dé certeza jurídica al Ministerio Público para su aplicación y sepa cuándo se trata de un acto vandálico y cuándo de una acción tendiente a generar inestabilidad a las instituciones.
Destacó que el lunes pasado se reunieron los representantes de los distintos grupos parlamentarios y aprobaron el dictamen sobre la reforma a dicho precepto, que buscan evitar que en lo futuro se cometan arbitrariedades en cuanto a la interpretación de las conductas ilícitas relacionadas con el artículo 362 del Código Penal.
–¿Cuál es la redacción final?
–Estamos terminando de definir el esquema del texto final, de tal manera que no se queden sin instrumento jurídico las autoridades para hacer frente a situaciones como la del pasado primero de diciembre, pues la redacción vigente es muy laxa, con elementos muy subjetivos que llevaban a una interpretación muy ambigua, y por ello lo mismo se podía aplicar a actos de vandalismo que a actos que se asemejan al terrorismo.
Añadió que con esa salida se logró lasimpatía de las bancadas de oposición, sobre todo la del PAN, que había manifestado su rechazo a derogar dicho artículo 362. Incluso, la tarde de ayer la fracción panista emitió un comunicado en el que manifiesta su beneplático con la postura de reformar y no eliminar ese artículo.
Mencionó que también se tuvieron acercamientos con el Gobierno del Distrito Federal para que, una vez aprobada por el pleno, se publique en laGaceta Oficial y tenga plena vigencia, con lo que los 14 jóvenes detenidos por los disturbios del pasado primero de diciembre puedan salir libres bajo fianza

Mancera: el GDF no tiene lógica represiva


Mancera: el GDF no tiene lógica represiva
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 27
El Gobierno del Distrito Federal de ninguna manera tiene una lógica de represión, aseveró su titular, Miguel Ángel Mancera.
Cuestionado sobre la reforma al artículo 362, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones de la Asamblea Legislativa el lunes anterior, respondió que esperará a conocer la determinación legislativa. Simplemente quiero dejar el mensaje muy claro de que el GDF de ninguna manera tiene una lógica de represión, una lógica que no atienda más que la seguridad de los ciudadanos.
En otro tema, se manifestó en favor de que se cobre el alumbrado público a los ciudadanos, pero aclaró que habrá que ser muy cuidadosos de que los recursos “se destinen para el alumbrado público; es una parte de lo que hemos revisado, prácticamente está en la gran mayoría de los estados, de los municipios, pues el Distrito Federal ahora,va a pasar a formar parte de esa política fiscal, donde habremos de ser insistentes

En el DF, la mayoría de agresiones a activistas en 2012


En el DF, la mayoría de agresiones a activistas en 2012
Alejandro Cruz Flores
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 28
La ciudad de México es la entidad del país en la que se registró el mayor número de las 260 agresiones contabilizadas contra activistas durante 2012, las cuales se cuadriplicaron en comparación con el año pasado, señalan estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El organismo manifestó que en 2011 se documentaron sólo 63 ataques contra defensores de los derechos humanos; en 2010, fueron 47 casos, por lo que, dijo, es preocupante el incremento en este año.
Según datos de la comisión, en el Distrito Federal se reportaron 58 casos de agresiones, seguida de Oaxaca con 56, Chiapas con 36, Michoacán con 23 y estado de México con 17.
Las agresiones más frecuentes en todo el país, agregó, fueron las detenciones arbitrarias (72 casos), hostigamiento (61), agresiones físicas (49), amenazas, entre estas de muerte (62), entre otras, además, durante este año se reportaron 21 homicidios y 10 desapariciones forzadas contra defensores de derechos humanos.
De las 260 agresiones reportadas por la CDHDF, 170 fueron contra hombres y 90 contra mujeres, la mayoría fueron perpetradas por corporaciones policiacas como la Policía Federal, en 29 casos; policías estatales, en 21, Ejército, en siete; así como gobernadores, en 13; y el crimen organizado, en 9; entre otros.
Otros estados en los que también se reportaron agresiones a los defensores de los derechos humanos, según el reporte de la CDHDF, son Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Durango, Puebla, Coahuila y Nuevo León.
Ecologistas, los más apaleados
La comisión especificó que los activistas que más agresiones sufrieron este 2012, fueron los dedicados a la defensa del medio ambiente, los pueblos indígenas, migrantes; mujeres y la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, trasgénero, travesti e intersexual, así como de derechos laborales y políticos.
Para la CDHDF un defensor de los derechos humanos puede ser cualquier persona o grupo que se esfuerza por promover o defender las garantías individuales y se caracterizan por realizar acciones que persiguen la igualdad. Su labor abarca la búsqueda de la verdad y de la justicia, así como la documentación y divulgación de información y la movilización pública, con la finalidad de defender los derechos humanos

Reconocen en ONU eficiencia del Metrobús


Reconocen en ONU eficiencia del Metrobús
Laura Gómez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 29
La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) registró las cuatro líneas del Metrobús como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), informó el Gobierno del Distrito Federal.
Además, reconoció la reducción de los tiempos de traslado, la sustitución de unidades obsoletas por autobuses modernos de alta capacidad y bajas emisiones, y el cambio tecnológico y modal, que le permitieron fuera considerado en dicho esquema.
Se trata, precisó, de uno de los acuerdos suscritos en el protocolo de Kioto, mediante el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en países en desarrollo.
Los participantes reciben a cambio certificados de reducción de emisiones que pueden ser comercializados en el mercado de bonos de carbono, para lo cual se logró un acuerdo de compraventa con el Fondo Español de Carbono, por medio del Banco Mundial.
Metrobús es el primer sistema de transporte en el mundo en participar en el mercado de bonos de carbono

Deben 26 alcaldías de Morelos $1,474 millones


Deben 26 alcaldías de Morelos $1,474 millones
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 26
Cuernavaca, Mor., 25 de diciembre.Veintiséis de los 33 ayuntamientos de Morelos heredarán a las administraciones municipales que asumirán funciones el próximo primero de enero una deuda total con instituciones bancarias de mil 474 millones 846 mil 465 pesos, señala un reporte de la Secretaría de Planeación y Finanzas (hoy de Hacienda) del gobierno del estado.
Cuernavaca, la capital del estado, destaca con tres créditos: uno con Banco del Bajío por 600 millones de pesos, otro con Bancomer por 300 millones y uno con HSBC por 70 millones.
El de 600 millones lo adquirió el ex alcalde y ahora diputado local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Manuel Martínez Garrigós, con autorización de la pasada legislatura. Esos recursos, según Martínez Garrigós, se utilizaron en obras públicas, entre ellas la rehabilitación y mejoramiento de la avenida Morelos Sur y el distribuidor vial Emiliano Zapata. Hasta el corte (30 de junio de 2012) se debían 596 millones 207 mil 14 pesos. Se planea terminar de pagar este préstamo el 21 de mayo de 2025.
El crédito por 300 millones, que solicitó Martínez Garrigós a Bancomer con la anuencia de los entonces regidores, fue para refinanciamiento; hasta el corte se debían 155 millones 367 mil 104 pesos.
El ayuntamiento, que asumió en interinato el priísta Rogelio Sánchez Gatica, arrastra una deuda con HSBC por 70 millones de pesos, presuntamente utilizados para obras del sistema de agua potable y alcantarillado. De ese préstamo se debían nueve millones 722 mil 236 pesos y vence el 7 de abril de 2013.
El lunes pasado, Sánchez Gatica declaró que no tenía recursos para pagar la segunda parte del aguinaldo a los 3 mil trabajadores, pues no había conseguido 100 millones de pesos de un empréstito que una semana antes aprobó el Congreso local para refinanciar la deuda pública. No obstante, aseguró que cerraba bien su administración.
El municipio de Cuautla, que preside el priísta Felipe Güemes Ríos, tiene también tres prestamos: uno con Banco Interacciones por 140 millones de pesos; el segundo, con Banorte, por 125 millones; y el tercero, con Banobras, por 122 mil 469 pesos, a favor del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuautla.
Hasta el corte, del primero se debían 135 millones de pesos y del segundo 123 millones; uno vence en diciembre de 2024 y el segundo en noviembre de 2025.
El municipio de Jiutepec, que encabeza el perredista Miguel Ángel Rabadán, adeuda a Bancomer 189 millones 190 mil 703 pesos; su sistema de agua potable y alcantarillado debe a Banobras un préstamo de 304 mil pesos y otro de dos millones.
Puente de Ixtla debe a Banco Interaciones 45 millones de pesos, que debe pagar antes del 31 de enero de 2013, y a Banobras adeuda un millón 800 mil pesos.
Temixco debe al Banco del Bajío 45 millones, y a Banobras, dos millones 400 mil pesos.
Amacuzac tiene que pagar a Banobras un préstamo de 11 millones 500 mil pesos y otro de 700 mil pesos.
Jantetelco debe a Banobras alrededor de 7 millones de pesos; Zacatepec, 30 millones de pesos a Interacciones; Tlaquiltenango, 15.9 millones a Banobras por la construcción de su palacio de gobierno
Otros municipios endeudados son Xochitepec (15 millones de pesos), Tepalcingo (10), Tetecala (casi 10), Ayala (ocho), Axochiapan (casi ocho millones), Ocuituco (siete), Tepoztlán (seis), Jonacatepec (cinco), Yecapixtla (cuatro), Atlatlahuacán (cuatro), Zacualpan (dos) y Tetela del Volcán (1.5 millones)

Aumenta el número de familias expulsadas por la violencia en Guerrero


Aumenta el número de familias expulsadas por la violencia en Guerrero
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Desplazados de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, habitan en el poblado Puerto de las Ollas desde el 5 de diciembreFoto Cortesía de Arturo de Dios Palma
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 25
Chilpancingo, Gro., 25 de diciembre. El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que luego de recorrer varias regiones de la entidad se corroboró que el problema de los desplazados por la violencia no es privativo del municipio de Coyuca de Catalán, sino que también afecta a decenas de familias en Ayutla de los Libres, Tlapa, Zihuatanejo, Acapulco y Ciudad Altamirano.
Aseguró que el número de familias que decidió dejar atrás sus lugares de origen se incrementó a raíz del asesinato de Juventina Villa Mojica, dirigente de los campesinos ecologistas de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, perpetrado en noviembre.
Manifestó que la Red Guerrerense y otros organismos de derechos han encontrado decenas de familias desplazadas. Destacó que en la sierra ni el gobierno del estado ni el federal han podido controlar el crecimiento de la delincuencia organizada, lo que ha generalizado la violencia.
Olivares Hernández reconoció que no se conoce con exactitud el número de familias obligadas a abandonar sus hogares, por lo difícil del acceso a las comunidades y porque la gente no denuncia las agresiones ni las amenazas.
Aseguró que la llegada de 500 soldados a Acapulco, la semana pasada, aunada a los patrullajes de corporaciones policiacas para la temporada vacacional, “no beneficia a la población en general ni a las familias desplazadas de sus comunidades por la narcoviolencia, sólo a empresarios del turismo”.
Los soldados se concentran en 1os lugares turísticos, pero la población común en Guerrero no es protegida por los militares. Militarización es sinónimo de mayor violencia. Prueba de ello son los miles de muertos en el sexenio de Felipe Calderón.
Exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que atienda el problema de los desplazados antes de que crezca más, porque los campesinos no solo dejan atrás su tierra, su único medio de subsistencia, sino también su pasado y su cultura. Queremos que el gobierno estatal deje de dividir a las comunidades desplazadas, a las que no fueron capaces de garantizarles su integridad, y que al menos aplique un plan emergente que incluya alimentación, techo, salud, educación, y un lugar digno para que inicien una nueva vida, recalcó

Ex escolta de AMLO, al gobierno de Tabasco


Ex escolta de AMLO, al gobierno de Tabasco
René A. López
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 26
Villahermosa, Tab. El gobernador electo Arturo Núñez Jiménez designó al general de división en retiro Audomaro Martínez Zapata secretario de Seguridad Pública de Tabasco. En un comunicado, refirió que con esta designación se garantizará la continuadad de los operativos de vigilancia. Martínez Zapata fue dos veces jefe de seguridad del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Se desempeñó durante 47 años en el Ejército Mexicano, donde ocupó, entre otros cargos, las comandancias de las zonas militares 35, 38 y 44, y la comandancia de la guarnición militar de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su último cargo en activo fue el de director general de transportes militares

El presidente Santos tiene optimismo moderadoen el diálogo con las FARC


El presidente Santos tiene optimismo moderadoen el diálogo con las FARC
Libera el ELN a dos ingenieros de una empresa subcontratista de la petrolera estadunidense Oxy
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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, saludó el 24 de diciembre a beneficiarios del programa Colombia Mayor, en Soacha, municipio de CundinamarcaFoto Xinhua
Dpa, Afp, Pl y Notimex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 17
Bogotá, 25 de diciembre. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que mantiene un moderado optimismofrente al proceso de paz que su gobierno inició en octubre con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que se busca poner fin al conflicto armado que dura ya cinco décadas.
En declaraciones a la cadena de radio RCN, el mandatario aseveró: “yo entré a este proceso con un optimismo moderado y sigo así. Hay que ser muy cautelosos. Hay que tener una suficiente dosis de escepticismo también por todo lo que ha sucedido en el pasado, por cada uno de los intentos fallidos.
Pero sigo creyendo que no vamos a encontrar mejores condiciones que las que tenemos en este momento para lograr poner fin al conflicto. Y ahí estamos avanzando. Ojalá pudiéramos ir más rápido, añadió.
El gobierno de Santos inició acercamientos secretos con las FARC en febrero pasado, en Cuba, al término de los cuales ambas partes acordaron entablar negociaciones formales. Así, el proceso de paz se instaló el 18 de octubre en Oslo y regresó a La Habana, donde los equipos negociadores ya han celebrado tres rondas de discusiones sobre el desarrollo agrario, primer punto de la agenda de diálogo.
Santos recordó que las partes negocian bajo la modalidad de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, por lo que hay que esperar hasta el final porque cuando acordemos todos los puntos es que firmaremos y ahí quedará finiquitado el conflicto, después de 50 años, que es lo que espero.
Ambas delegaciones terminaron el viernes pasado la tercera ronda de conversaciones y se volverán a encontrar en la capital cubana el 14 de enero.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el cardenal Rubén Salazar, expresó a su vez su optimismo por los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, y destacó que la Iglesia católica no se siente excluida del proceso pacificador, ya que no tienen que ser negociadores ni mediadores en esta mesa, que calificó como un momento histórico que se debe aprovechar.
En tanto, la policía informó que el Ejército de Liberación Nacional liberó esta madrugada a dos ingenieros de una empresa nacional subcontratista de la petrolera estadunidense Oxy. Las personas liberadas son Luis Carlos Santander y Juan Alberto Rojas, que habían sido secuestrados el 12 de diciembre en Saravena, departamento de Arauca. Se investiga si la empresa pagó algún rescate

Demandan activistas de Ocupa a la ciudad de LA


Demandan activistas de Ocupa a la ciudad de LA
Afp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 18
Los Ángeles, 25 de diciembre. Activistas del movimiento Ocupa Los Ángelespresentaron una demanda contra la ciudad alegando haber sido maltratados por la policía cuando fueron desalojados de los terrenos del ayuntamiento hace más de un año, según los documentos presentados ante la corte.
Unos mil 400 agentes desalojaron el 30 de noviembre de 2011 a unos 300 militantes de los terrenos del ayuntamiento, donde acampaban desde hacía ocho semanas en apoyo al movimiento Ocupa Wall Street contra la desigualdad económica.
En una querella federal presentada ante la corte de distrito central de California el 20 de diciembre, cinco personas interpusieron una demanda colectiva que representa a 292 detenidos durante ese operativo.
La demanda menciona a la ciudad y al condado de Los Ángeles, al alcalde Antonio Villaraigosa y al jefe de la policía angelina, Charlie Beck.
Los activistas alegan que mientras estuvieron detenidos se les negó durante horas comida y agua. Otros alegan que se les negó el acceso a los baños y se les dijo que orinaran y defecaran sobre ellos mismos.
Dos de los cinco demandantes mencionados son periodistas: un videasta y un reportero de radio, indican los documento

Sugiere consejero hacer nueva ley para atajar descrédito de partidos


Sugiere consejero hacer nueva ley para atajar descrédito de partidos
Diagnostica en documento vaciamiento ideológico y programáticoen los institutos políticos
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Los consejeros electorales, encabezados por su presidente, Leonardo Valdés Zurita, durante la sesión extraordinaria del IFE, el pasado 21 de noviembreFoto Cristina Rodríguez
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 3
Ante el descrédito creciente de los partidos políticos frente a la ciudadanía y para terminar con la crisis en que se encuentran inmersos, sería necesario que el Congreso aprobara una nueva ley de partidos, que regule su actividad, garantice mayores niveles de democracia interna, defina obligaciones de transparencia en el uso de los recursos públicos que reciben y favorezca la creación de nuevos institutos, así como de la pérdida de registros.
En el documento Hacia una nueva ley de partidos políticos, el consejero del Instituto Federal Electoral Lorenzo Córdova reivindica la importancia de los partidos para la democracia mexicana, pero advierte debilidades en su desempeño. Actualmente estos institutos no gozan de buena fama pública, como constatan reiteradamente diversos estudios de cultura política, acentuándose el démerito en la última década, con escasos niveles de confianza.
Pragmatismo electorero
Esto ha obedecido, en buena medida, a un difundido pragmatismo electorero, un vaciamiento ideológico y programático y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza, lo cual ha favorecido un descrédito social, expone Córdova. Ese preocupante desencanto ha venido a alimentar una serie de propuestas que plantean la reducción y la depuración del sistema de partidos, mediante el encarecimiento de requisitos para su constitución y mantenimiento.
Si bien en la actualidad el desempeño de los partidos está contenido en 86 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), esta normatividad debe mejorarse, según una creciente tendencia entre analistas a regular con mayor precisión a los partidos mediante una ley específica que incida más ampliamente en democracia interna; derechos de la militancia; consolidación de la legalidad interna; fortalecemiento ideológico y funcional; mayor rendición de cuentas y transparencia en los recursos que utilizan.
De entrada, sugiere el consejero, hay que modificar los términos del registro nacional y local, porque existe la posibilidad de que un partido –como ya ocurrió– no tenga el porcentaje nacional requerido, pero sí lo obtenga a escala local.
Creación de partidos
A su juicio, resultan preocupantes las posturas que postulan a dificultar la creación de partidos, elevando el umbral de votación requerida o prolongando los plazos para conformar nuevos institutos, al pasar de tres a seis años. Consideró necesario regresar al plazo anterior, a efecto de que en cada elección puedan surgir opciones políticas e, incluso, analizar si existe la posibilidad de que un partido que no obtenga 2 por ciento de votación mínima, pero cuente con la militancia mínima exigida, pudiera mantener el registro o devenga en partido local, donde tenga fuerza.
Elemento esencial de una ley de partidos políticos es favorecer de una mayor democracia interna, lo cual supone definir criterios claros de integración de la asamblea nacional u órgano equivalente; definir derechos mínimos de la militancia; instaurar obligatoriamente mecanismos decontrol de poder, como la posibilidad de revocar el mandato de los dirigentes y fijar los plazos máximos de duración de su mandato; determinar criterios mínimos de actuación de los órganos de justicia interpartidaria.
De igual forma, sugiere “establecer criterios mínimos que deben tener los procedimientos democráticos de selección de candidatos y dirigentes; mayor precisión en lo relacionado con las precampañas y sus plazos para evitar el fenómeno del ‘transfugismo’”.
Córdova destaca la necesidad de exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en la medida en que los partidos son instancias de interés público que reciben recursos del erario, por lo que debe eliminarse el concepto “información no pública que recoge el Cofipe para impedir que se acceda a datos relacionados con los procesos deliberativos de los partidos, estrategias y campañas

Aumenta el rechazo de facilitadores de inmuebles para instalar casillas


Aumenta el rechazo de facilitadores de inmuebles para instalar casillas
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 3
El Instituto Federal Electoral (IFE) encuestó a propietarios o administradores de inmuebles donde se instalaron casillas durante el pasado proceso electoral, y resultó que el porcentaje de quienes anunciaron que no volverían a prestar el inmueble creció de 3.6 por ciento a 4.6 por ciento respecto de 2009. Entre las razones que expusieron destacan el deterioro del mobiliario y que los funcionarios de casilla no limpiaron el lugar o dejaron materiales electorales.
De acuerdo con el sondeo, en 2 mil 518 inmuebles, casi 20 por ciento de los sitios utilizados para instalar casillas no tenían antecedente de haber sido facilitados para su uso en comicios federales. Asimismo, se reportó que 51.6 por ciento de los encuestados indicaron haber recibido algún tipo de apoyo para el acondicionamiento del lugar para la jornada electoral, si bien fue un porcentaje menor al de 2003 (57.3).
El estudio indica que 3.9 por ciento de los inmuebles prestados al IFE para instalar casillas registraron algún tipo de deterioro, porcentaje mayor al 3.5 reportado en 2009. Otro de los incidentes que creció de forma digna de mencionar es el relacionado con el número de inmuebles donde los funcionarios de casilla dejaron materiales, que pasaron de 17.3 a 24.3 por ciento, si bien en cuanto a mamparas, éste se redujo de 33.3 a 26.8 por ciento.
En contraste, el sondeo arroja que los materiales dejados fueron posteriormente recogidos por el personal del IFE, recuperándose en mayor proporción, pues en 2009 fue de 52.4 por ciento y en 2012 de 61.4 por ciento.
Pese a estos señalamientos –agrega el documento–, se confirmó que la enorme mayoría de los propietarios o administradores de inmuebles ratificaron su disposición a volver a prestar el inmueble, pues la encuesta arrojó que 92.6 por ciento lo haría, pues en general se tuvieron valoraciones positivas de la experiencia.
El documento sugiere que se debeprever una estrategia adecuada para resarcir posibles daños a los inmuebles o lugares donde se instalen casillas, pues, si bien el porcentaje de entrevistados que expresó deterioro en su inmueble, lugar o mobiliario es menor a 4 por ciento, la tendencia a lo largo de los procesos electorales ha ido en aumento. Se informa que 62.6 por ciento de los inmuebles son escuelas; 17.2 por ciento casas particulares; 15.5 lugares públicos, y 4.7 por ciento oficinas públicas

El PRD renegociará acuerdo en enero para superar sus disputas del Pacto por México


El PRD renegociará acuerdo en enero para superar sus disputas del Pacto por México
Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 4
En busca de solucionar los enfrentamientos que provocó en el PRD la firma del Pacto por México, las corrientes retomarán en enero próximo la negociación de un acuerdo interno que termine con las hostilidades y genere un mejor ambiente de trabajo con miras a las elecciones de 2013.
Hasta el comienzo del actual periodo de asueto al menos cuatro borradores de acuerdo fueron presentados por los grupos en conflicto. Uno fue elaborado por Nueva Izquierda (NI), que lideran los chuchos; otro por un grupo de perredistas encabezados por Manuel Oropeza, de Izquierda Democrática Nacional (IDN); uno más por Martha Dalia Gastélum, de Izquierda Renovadora en Movimiento (IRM), y Manuel Camacho Solís presentó también su propuesta.
En todos los proyectos los temas centrales de discusión versan en torno a si el dirigente Jesús Zambrano tenía representatividad para firmar el Pacto por México; la posición que adoptará el PRD ante la eventual modificación del artículo 27 constitucional, que se refiere a la industria petrolera; el aumento y generalización del IVA, y si se realizarán alianzas electorales con fuerzas políticas que no sean de izquierda.
Así, por ejemplo, el documento de NI establece que el presidente del instituto político tiene la representación del PRD y con base en ella está en condiciones de dialogar con otras fuerzas políticas y de adoptar las medidas que sean necesarias y convenientes para fortalecer a la organización y para impulsar el programa y las propuestas que le son propias. Contra esta posición, el proyecto de IDN insiste en que son los órganos de gobierno interno los que deben avalar cualquier pacto con el gobierno federal y otras fuerzas políticas.
En este contexto, Jesús Zambrano resaltó en un mensaje navideño que el pacto fue firmado (por las principales fuerzas políticas del país) a iniciativa y propuesta del PRD. Insistió en que el documento retoma gran cantidad de banderas que el instituto enarboló en la campaña electoral pasada.
La población quiere acuerdos y que dejemos de lado confrontaciones estériles, aseveró. Destacó que el perredismo va a trabajar para hacer realidad lo que ha prometido. Pidió cerrar filas y laborar para beneficio del país.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD e integrantes de IDN, corriente lidereada por René Bejarano, dijo por su lado que todas las iniciativas presentadas tienen el propósito de construir un acuerdo que permita una salida ante la etapa complicada que vive su partido, derivada de que Zambrano firmó el Pacto por México sin contar con el aval de importantes corrientes.
Durante el actual periodo vacacional, informó, las agrupaciones explorarán puntos de coincidencia y a partir de los documentos presentados se integrará un resolutivo de consenso en enero próximo.
Confió en alcanzar una resolución interna, pues todas las corrientes tienen ese objetivo

Demuestran con videos y fotos anomalías en las detenciones del 1° de diciembre


Demuestran con videos y fotos anomalías en las detenciones del 1° de diciembre
Las imágenes exhiben que los arrestos ocurrieron en lugares distintos a los señalados
Foto
Activistas y familiares de los detenidos tras los disturbios del 1° de diciembre realizaron ayer actividades culturales frente al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en demanda de la liberación de los acusadosFoto Prometeo Lucero
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 5
Los abogados de la mayoría de los 14 detenidos tras los disturbios del pasado 1° de diciembre dieron a conocer una serie de videos y fotografías que exponen las contradicciones e irregularidades en que incurrió el ministerio público y que fueron validadas por la juez del caso para mantener en prisión a los acusados, por el delito de ataques a la paz pública, que se sanciona con una pena de entre cinco y 30 años de cárcel.
Los materiales incluyen videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal (en los que se basan las acusaciones y el fallo de la juez 47 de lo penal, María del Carmen Patricia Mora Brito). Muestran que los inculpados en ningún momento fueron detenidos en flagrancia, no se les observa agrediendo a alguien ni causando destrozos.
En conferencia, integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre presentaron algunos estratos del expediente donde se observan las contradicciones en las declaraciones de los policías que dicen haber detenido a los manifestantes, así como la validación que da la juzgadora a esas pruebas falsas.
Los litigantes David Peña, Michel Salas y Armando Barrera dijeron que al parecer hay consigna sobre la jueza para inculpar a estas 14 personas que siguen detenidas y que son inocentes, por lo que demandaron su inmediata liberación. Informaron que estas pruebas se han presentado ante autoridades del gobierno capitalino y aún no se recibe respuesta formal.
Los videos de la SSP capitalina muestran que el arresto de Rita Emilia Neri Moctezuma y Obed Palagot Echavarría se dio en la esquina de Eje Central y 5 de Mayo, a las 13:52 horas, mientras el parte policial –validado por la jueza– asienta que fueron aprehendidos en dos ocasiones previas: a las 12:45 en la esquina de Balderas y Juárez, y a las 13:30 en Eje 1 norte y Brasil (sitios lejanos al de la captura real).
En el expediente, la jueza señala: Se advierte que la misma (Rita) se encuentra en compañía del inculpado Obed, cuando éste se encontraba lanzando piedras a los oficiales de la policía. Comportamiento (el de ella) que denota la conformidad con los actos violentos llevados a cabo por el justiciable, refrendando con su presencia tal actitud, con lo que evidentemente se centra en el punto toral de los hechos como autora en conjunto con los demás indiciados en los actos de extrema violencia. Pero los materiales muestran que no aparecen juntos.
Los abogados indicaron que el delito de ataques a la paz pública no puede imputarse por omisión (como la juez afirma que lo hizo Rita), para incurrir en este ilícito se tiene que actuar, detallaron.
En ninguno de los videos –tanto de la SSP como de ciudadanos que estuvieron en el lugar– se observa a Palagot Echavarría lanzar objetos; al contrario, junto a otros manifestantes intenta rescatar a un chico que es golpeado por los policías, inclusive en una secuencia se ve que abraza a su novia para protegerla del ataque de los uniformados.
En el caso de Alejandro Lugo Morán el parte policiaco asienta que fue capturado a las 12:45 horas en Juárez y Balderas y a las 13:30 en Eje 1 y Brasil; cuando en realidad (como lo muestran los videos) su detención se dio en la calle Ignacio Ramírez, colonia Tabacalera, alrededor de las 13:20.
La juez afirma que Lugo participa en agresiones a los policías. Para sostenerlo se basa en un video de la policía capitalina donde a las 12:46 se observa a un joven de cabello largo y playera negra entre varios manifestantes que lanzan piedras. Sin embargo, el audiovisual de su detención –donde en segundo plano se observa la glorieta de Colón– y fotografías de ese día muestran que Alejandro usa el cabello largo, pero con rastas y ese día vestía una camisa azul.
El de Lugo Morán es uno de los casos donde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acreditó torturas durante su aprehensión.
Los abogados señalaron que el desempeño de las autoridades capitalinas no fue casual y que se dejó actuar a quienes participaron en los disturbios, mientras detenían a otras personas.
Presentaron dos videos captados por la SSP: en el primero se observa que entre 13:23 y las 13:37 los uniformados realizan varias revisiones arbitrarias y detenciones de jóvenes que sólo pasan por la calle Ignacio Ramírez; el otro muestra que a unos metros, en la glorieta de Colón, a las 13:22 un grupo bien organizado rompe las vidrieras de los negocios que se ubican en ese sitio, sin que se acerque ningún policía.
De acuerdo con la conclusión de la jueza, el fotógrafo independiente Alejandro Sandino Jaramillo Rojas, agrede a los policías lanzando diversos objetos, e inclusive advierte que el inculpado aparece en al menos dos ocasiones en los videos de la SSP. Sin embargo, en esos materiales (con número C2C-2495) Jaramillo se ve en todo momento haciendo fotografías y video de los hechos.
El expediente apunta que Sandino fue detenido a las 13 horas en Balderas y Juárez, cuando su aprehensión se ejecutó a las 13:51 en Eje Central y 5 de mayo.
Los policías José Camacho y Arturo Mendiola dicen haber detenido al profesor Enrique Rosales Rojas en momentos distintos. Ambos hacen la misma acusación en su contra: que les gritó, a cada un por separado, Pinches policías de mierda, mejor pónganse a estudiar, además que los golpeó con el puño derecho causándoles lesiones en el labio superior.
La PGJDF sostiene que Rosales fue detenido junto con Daniel García Vázquez y Jorge Dionisio Barrera Jiménez, cuando los videos muestran que el primero fue arrestado en un sitio diferente. La juez validó la versión de los policías que afirman haber capturado al profesor en la esquina de Independencia y Juárez (que son paralelas), en realidad su aprehensión se dio en Juárez y Eje Central. A Daniel García lo capturaron en Eje Central y Tacuba

Inician huelga de hambre 5 acusados de los disturbios; anuncian marchas


Inician huelga de hambre 5 acusados de los disturbios; anuncian marchas
Emir Olivares y Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 5
Cinco de los 13 hombres recluídos en el Reclusorio Norte por los hechos del 1° de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, iniciaron el mediodía del 24 de diciembre una huelga de hambre, la cual mantendrán hasta que sean excarcelados. Mientras que los ocho restantes optaron por un ayuno de 72 horas que terminará el mediodía del jueves.
A esta última acción se sumaron familiares, amigos y personas solidarias, en los plantones instalados afuera del centro de reclusión y de la sede del gobierno del Distrito Federal (GDF), quienes también no ingerirán alimentos por periodos que van de 48 a 72 horas.
El objetivo de ambas protestas es demandar la libertad inmediata e incondicional de las 14 personas que continúan recluidas (13 varones en el Reclusorio Norte y una mujer en el penal de Santa Martha Acatitla), así como la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, en el que se tipifica el delito de ataques a la paz pública.
Bryan Reyes Rodríguez, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría y Alejandro Sandino Jaramillo Rojas decidieron realizar la huelga de hambre.
Mientras que Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, Roberto Fabián Duarte García, Daniel García Vázquez, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Enrique Rosales, Alejandro Lugo Morán, César Llaguno Romero y Stylianos García Vaquimes optaron por el ayuno de 72 horas. Se informó que Rita Neri Moctezuma –única mujer que sigue presa por esos disturbios– no se suma a esta actividad debido a que se encuentra sola en Santa Martha Acatitla.
María de los Ángeles Rodríguez y Enrique Rosales Guerrero, esposa e hijo del profesor Enrique Rosales, uno de los recluidos, señalaron que el gobierno del Distrito Federal debe empezar a ser más congruente entre lo que dice y lo que hace, y aseguraron que entre los 12 familiares y amigos que realizan el ayunoya hay quienes están dispuestos a iniciar una huelga de hambre.
La Coordinadora Primero de Diciembre emitió un pronunciamiento e indicó que los 14 presos han quedado tras los muros como rehenes de la política de un Estado represor y anunció varias actividades para insistir en la liberación de los detenidos.
Para hoy se tiene prevista una marcha del monumento a la Revolución a la ALDF; el 30 se realizará otra movilización del Ángel de la Independencia al GDF; y el 10 de enero se convoca a una marcha del CCH Vallejo al Reclusorio Norte.
(Con información de César Arellano

Cada vez es más peligroso ser ambientalista en México; durante este año mataron a seis


Cada vez es más peligroso ser ambientalista en México; durante este año mataron a seis
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 8
La protección del medio ambiente que realizan ciudadanos frente a proyectos mineros y la defensa del agua y los bosques se han vuelto cada vez más riesgosas en el país. Tan sólo durante este año, seis defensores ambientales perdieron la vida en hechos violentos. Estos casos que se suman a por lo menos otros 11 que ocurrieron entre 2006 y 2010.
Bernardo Vázquez Sánchez fue emboscado el pasado 15 de marzo y atacado con armas de fuego, lo cual le ocasionó la muerte, mientras que sus acompañantes, su hermano Andrés Vásquez fue herido en un brazo y Rosalinda Dionisio lesiones en la pierna y el hombro. Todos eran miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, que durante varios años ha mantenido su oposición a las acciones de la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, en San José del Progreso, Oaxaca.
El 31 de mayo María Edy Fabiola Osorio, integrante de la Asociación Civil Guerreros Verdes, fue asesinada en su casa en Pie de la Cuesta, Acapulco. Antes de este hecho participó en la defensa de la laguna de Coyuca ante la construcción del Proyecto Muelle de Pie de la Cuesta, impulsado por el gobierno de Guerrero.
Muerte e impunidad
Unos meses más tarde, el 22 de octubre, Ismael Solorio, dirigente de El Barzón en Chihuahua, y su esposa Manuela Solís, fueron asesinados mientras circulaban en su camioneta en el kilómetro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón. Solorio se oponía a laoperación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. También llevaba varios meses con denuncias por los aprovechamientos y perforaciones ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen.
El 28 de noviembre Juventina Villa, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y su hijo Reynaldo Santana Villa, de 17 años, fueron ejecutados durante una emboscada en la comunidad la Laguna, en la parte alta de la sierra del municipio Coyuca de Catalán, Guerrero. Villa había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra y contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.
Desde diciembre del año pasado, Marcial Bautista y Eva Alarcón, presidente y coordinadora respectivamente de la misma organización de campesinos ecologistas a la que pertenecía Juventina Villa, fueron secuestrados cuando se dirigían en autobús de Tecpan a Chilpancingo. Aún se desconoce su paradero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, dio cuenta de al menos 11 asesinatos de personas ligadas con el medio ambiente en México entre 2006 y 2009.
Cita los casos de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien fue baleado el 27 de noviembre de 2009 frente a su domicilio en la comunidad de Chicomuselo, Chiapas. También está el caso de Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, quien fue asesinado el 14 de marzo de 2008 cuando viajaba por Nuevo Casas Grandes.
Ernesto Rábago Martínez, integrante de la organización Bowerasa (Haciendo Camino) el 2 de marzo de 2010 en Chihuahua fue asesinado; mientras que Aldo Zamora, campesino tlahuica, fue atacado el 17 de mayo de 2006 presuntamente por un grupo de talamontes ilegales.
El cuerpo de Fernando Mayen, abogado y miembro de la comunidad San Luis Ayucan, Jilotzingo, estado de México, fue hallado en su automóvil el 12 de marzo de 2008, en la carretera que une al Distrito Federal con Toluca.
Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y Valentín Reyes García, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, murieron mientras inspeccionaban la mina La Guitarra, en la comunidad Albarrán, Temascaltepec, estado de México.
También de la organización campesina ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, fueron asesinados en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero, el 26 de junio de 2009. En tanto, Francisco Quiñones, opositor a las actividades de la empresa Minera en Peña Colorada en Jalisco, fue asesinado el 11 de marzo de 2006, y Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán, quien trabajaba en defensa del agua y la tierra, habría sido ultimado el 31 de octubre de 2009

Lanza la CNDH campaña promigrantes


Lanza la CNDH campaña promigrantes
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 8
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó ayer al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los trabajadores migratorios y sus familiares sean tratados sin discriminación.
Para ello, propuso realizar campañas de sensibilización dirigidas a los funcionarios del área migratoria y al público en general, incluyendo los medios de comunicación. Como parte de los esfuerzos que lleva a cabo la propia CNDH en este tema, el organismo recordó la emisión de la cartilla Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y su Mecanismo de Vigilancia.
Destacó que el documento citado recuerda que la Convención aplica durante todo el proceso de migración de los trabajadores y sus familiares, el cual comprende la preparación para el viaje, la partida, el tránsito, el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o de residencia habitual

Bloquean el acceso a mina en municipio zacatecano; explosiones dañan viviendas


Bloquean el acceso a mina en municipio zacatecano; explosiones dañan viviendas
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de diciembre de 2012, p. 11
Zacatecas, Zac., 25 de diciembre.Habitantes de la cabecera municipal de Concepción del Oro –al norte de la entidad, en los límites con Coahuila–tomaron el acceso de la mina canadiense de cobre Aranzazu Holding SA de CV, debido a que las explosiones subterráneas que realiza dicha compañía han provocado fisuras en viviendas de las colonias Cabrestante, Bellavista y Las Lajas, de esa localidad.
El lunes pasado, los afectados denunciaron en medios locales que los representantes de la mina canadiense se comprometieron a no realizar más trabajos de barrenación con dinamita en la zona, pero no cumplieron ese acuerdo signado recientemente.
De acuerdo con versiones locales, Jorge Salvador Puente Gómez, representante del Frente Ciudadano en Defensa de Concepción del Oro, manifestó que ante autoridades del ayuntamiento del lugar, los empresarios se habían comprometido a no realizar más explosiones en la zona.
Personalmente, los representantes de Aranzazu Holding SA de CV, quienes se identificaron como “ingenieros Aldeco y De León, aceptaron no realizar más detonaciones para evitar daños a las casas ubicadas en las colonias Cabrestante, Bellavista y Las Lajas.
Pero el pasado fin de semana se realizaron más estallidos y con ello violentaron las negociaciones y los inmuebles aledaños a la mina presentaron cuarteaduras y hundimientos.
Puente Gómez acusó a la empresa de incumplir con el pago de pensión a las familias de esa zona, ya que la extracción de los metales las ha afectado a tal grado que los niños tienen pulmones como si fueran mineros.
Salvador Martínez Cuéllar, otro representante de la empresa canadiense, intentó sin éxito convencer a los vecinos inconformes para que levanten el bloqueo de acceso a la mina.
Apenas el pasado mes de noviembre el gobernador Miguel Alonso Reyes, conjuntamente con ejecutivos de la minera, anunciaron la expansión del proyecto con una inversión de 107 millones de dólares.
Jim Bannantine, gerente general de Aranzazu Holding, informó que con lo anterior se crearán 300 empleos directos que sumados a los 500 actuales sumarán 800 plazas en la mina, de las cuales 90 por ciento, se aseguró, son de la región.
La mina comenzó operaciones en 2008 con la producción de 800 toneladas diarias de concentrados minerales con contenido de cobre, oro y plata. Actualmente explota 2 mil 600 toneladas y con su nuevo proyecto llegarán a 4 mil 200 toneladas por día de concentrados, según información de la propia empresa