viernes, 5 de diciembre de 2008

Despiden en Morelos a 60 docentes

Morelos y Ernesto Martínez (Corresponsales)
Unos 60 profesores, en su mayoría dirigentes del Movimiento Magisterial de Bases, fueron despedidos de sus centros de trabajo en Morelos, con los argumentos de que se negaron a iniciar el ciclo escolar 2008-2009, y que realizaron manifestaciones contra la Alianza por la Calidad de Educación (ACE).
En tanto, mentores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron casetas de peaje en autopistas de Michoacán, e irrumpieron en el pleno del Congreso local, donde se celebraba una sesión ordinaria, que debió suspenderse dos horas, luego de que un maestro agredió al coordinador de la bancada perredista, Raúl Morón. Asimismo, normalistas de Cherán y Tiripetío bloquearon el entronque de la carretera federal Morelia-Uruapan-Zamora, a la altura del municipio de Chilchota.
Integrantes del comité ejecutivo alterno de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentaron, en conferencia de prensa en Cuernavaca, notificaciones de “rescisión de la relación de trabajo” que envió la Secretaría de Educación Estatal y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a unos 60 docentes, a quienes se les iniciaron procesos desde hace dos semanas.

Pemex impide la organización gremial, denuncian técnicos y profesionistas

Pemex de manera sistemática “boicotea” cualquier intento de organización que realicen sus técnicos, señaló Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTPP), quienes tramitan su registro como organización gremial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En entrevista, el ingeniero narró que “no es la primera vez que esto ocurre en cada ocasión que los técnicos y profesionistas hemos formado un sindicato, la dirección de Pemex despide al comité ejecutivo y a los principales activistas. Sucedió en 1975 cuando formamos la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTPP); en 2004, con la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), y cuando la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) había ganado ya su registro en la Suprema Corte”.
Asimismo, indicó que la dirección de la paraestatal continúa obligando a los miembros de la unión a firmar un documento en el que se retractan de su afiliación para enviarlo a la STPS, se constate que carece de miembros suficientes y se le niegue el registro.
Marquina Cárdenas, quien era encargado del departamento de informática del complejo petroquímico Cangrejera, hasta que fue “desalojado” de su lugar de trabajo por elementos de seguridad de la empresa, encabezó ayer una manifestación a las afueras de la oficinas de la paraestatal, en donde expuso que la unión espera que pronto se solucione el problema de los más de 40 “ceses injustificados” de integrantes de la UNTPP, así como la intención de la empresa de impedir que se obtenga el registro sindical.
“Eso fue un acto de represión y no sabemos en qué estado estamos, porque no nos han entregado un solo papel que diga si estamos despedidos o no”, comentó al reiterar que fue el 14 de noviembre cuando “con lujo de violencia, dirigentes y afiliados de la UNTPP fuimos desalojados de nuestros centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y reparto, complejos petroquímicos, oficinas centrales, e instalaciones de Pemex Exploración y Producción), por integrantes de un grupo de ‘especiales’, el cual está dirigido por militares en retiro”.
Apuntó que de acuerdo con Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de recursos humanos, los integrantes de la UNTPP son “desleales” a Pemex por su interés de formar un sindicato y “buscamos dañar a nuestra empresa, lo cual no es verdad sólo queremos ejercer nuestro derecho de asociación lo cual está consagrado en la Constitución, así como en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad gremial y la protección del derecho de sindicación, que fue firmado por nuestro país y, por lo tanto, es de observancia obligatoria para el gobierno mexicano”.

En México, los estereotipos de género fomentan la violencia contra mujeres

Ángeles Cruz Martínez
Los estereotipos de género que persisten en México contribuyen a la discriminación y violencia contra las mujeres, principalmente en Chihuahua, donde hasta el año 2005 se habían contabilizado 379 casos de feminicidios, aseguró el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El Código Civil del estado establece, por ejemplo, que los esposos deben mantener económicamente a las familias y administrar la propiedad conyugal, con lo que se da por hecho que las mujeres no son capaces de llevar esa responsabilidad.
Con motivo del periodo extraordinario de sesiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza en México, Cejil le entregó ayer un informe de derecho sobre la denuncia presentada a este organismo internacional, en contra del Estado mexicano por los homicidios, no esclarecidos, de las adolescentes Esmeralda Herrera Monreal de 15 años; Laura Berenice Ramos Monárraz, de 16, y Claudia Ivette González, de 19, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2001.
El documento resalta que la causa y raíz de la violencia en contra de las mujeres se encuentra en la estereotipación de género, fundamentada en conceptos de inferioridad y subordinación de la población femenina, jóvenes, pobres y principalmente migrantes, frente a los hombres.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, explicó, en conferencia de prensa, que el informe tiene el objetivo de proveer de información a la Corte sobre cómo los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a vivir libre de violencia han sido vulnerados por el Estado mexicano en los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.
Señalaron que con base en los tiempos que tiene la Corte para realizar sus sesiones y audiencias sobre los asuntos sometidos a su consideración, es probable que en el transcurso de los próximos ocho meses emita la sentencia sobre el conocido como campo algodonero.
Esta resolución será la primera en contra del Estado mexicano y podría convertirse en el punto de partida para terminar con la violencia hacia las mujeres, y particularmente con los homicidios y la impunidad, señaló la activista.
Vanesa Coria, abogada de Cejil, señaló que las iniciativas para combatir la violencia y discriminación han sido insuficientes, porque persisten los estereotipos de género fundamentados en el machismo, y que incluso se encuentran en leyes, políticas y prácticas del estado de Chihuahua. De esa manera, apuntó, las autoridades han rechazado reconocer la naturaleza de género de los crímenes y sus investigaciones han sido inadecuadas y negligentes.
La falta de investigación y castigo para los responsables ha propiciado el clima de impunidad y la continuación de los asesinatos.
El informe entregado ayer a la Corte busca que en su sentencia, el organismo internacional exhorte al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para eliminar y modificar los patrones y prácticas en el sistema de justicia penal de Chihuahua, indicó la activista.

Discute el gobernador de Colima con padres

Colima, Col., 4 de diciembre. Molesto, el gobernador Silverio Cavazos Ceballos discutió con una decena de padres de familia y maestros de una telesecundaria de educación especial en una colonia marginada de esta capital, porque, con pancartas, le pidieron una escuela primaria para sus hijos en vez de agradecerle la edificación de la primera obra, que entregó este jueves.
El mandatario priísta regañó a una maestra por “andar llamando” a los inconformes y dejó de tarea a los alumnos de la telesecundaria que investiguen el significado de “la cultura del aprecio y el valor de la gratitud y se lo enseñen a sus padres, porque solamente así van a ser hijos buenos”.
Cavazos Ceballos visitó la colonia Francisco Villa 1 para entregar la telesecundaria de educación especial (la única del país de este tipo, según dijo), pero un grupo de padres de familia le pidió una primaria, ya que, por falta de recursos, sus hijos tienen que atravesar las vías del tren para ir a estudiar a otras comunidades, lo que pone en riesgo su seguridad.
El gobernante se molestó porque los padres y algunos niños portaban pancartas en las que se leía “queremos una escuela primaria” y “apoyo para mejorar el jardín de niños” ubicado a un costado de la nueva telesecundaria. Además le reclamaron porque ésta carece de techo en la entrada y en el patio.
En su discurso, Silverio Cavazos dijo: “Yo hubiera querido que en vez de echarle porras al techo le hubieran echado porras al conjunto de computadoras que van a tener aquí; al pórtico, tan bonito que quedó, y al color, a las aulas, porque ése es el verdadero valor de la cultura del aprecio y la gratitud.
“Hagan de cuenta que tenían un vocho modelo 1990 y ahora tienen un Áltima. Al vocho tenían que ponerle aire a las llantas porque ya estaban ponchadas y llevarlo al mecánico cada tercer día porque se descomponía. Ahora van en un carro nuevo, automático, con aire acondicionado, más amplio y que puede llevar a más personas. Es mucha la diferencia”, continuó.
Por último, Cavazos Ceballos dijo a los padres de familia y a los maestros que se inconformaron que si quieren tener un techo bueno, que costaría 300 mil pesos, deberán aportar 25 por ciento de los recursos y el gobierno estatal el 75 por ciento restante.
A una maestra que le pidió que no olvidara la mejora del jardín de niños, cuya fachada ha sido dañada por vándalos, le pidió que fuera “más responsable” y que no llamara a los padres de familia para que se manifestaran.

Chiapas: desmantelan 15 estaciones de radio

Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de las Casas, Chis. El gobierno federal desmanteló la semana pasada 15 estaciones de radio en distintos municipios de Chiapas por transmitir sin haber obtenido los permisos correspondientes. Nueve de las radioemisoras eran evangélicas y seis comerciales, informó el dirigente de la organización Alas de Águila, Esdras Alonso González, quien anunció que líderes de distintas denominaciones religiosas tienen previsto reunirse este viernes con funcionarios del gobierno estatal para tratar el asunto.

Presos, 56 periodistas que laboran en Internet

Rebasan en número a los detenidos de la prensa escrita, revela comité para su protección
De la redacción
Nueva York, 4 de diciembre. Como reflejo de la creciente influencia de reportajes y comentarios en Internet, ahora existen más periodistas de la red encarcelados que de cualquier otro medio. En un análisis anual publicado hoy, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) halló que 45 por ciento de trabajadores de medios encarcelados en el mundo son blogueros, reporteros que laboran para la red o editores de Internet. Esta categoría profesional resultó por primera vez la más amenazada en el censo del CPJ.
Según el reporte, hasta el primero de diciembre estaban recluidos 125 profesionales, dos menos que en la lista de 2007. China es el país con el mayor número de periodistas encarcelados, sitio que ha mantenido durante 10 años consecutivos. Le siguen Cuba, Myanmar (antigua Birmania), Eritrea y Uzbekistán, de una lista de 29 naciones. Según el comité, al menos 56 periodistas de Internet están encarcelados en el mundo, cifra que supera por primera vez el número de profesionales de prensa escrita.
Estos últimos, junto con editores y fotógrafos, constituyen la siguiente categoría profesional con más periodistas encarcelados, con 53 casos en 2008. Profesionales de radio y televisión y documentalistas integran el resto.
“El periodismo de Internet cambió el panorama de los medios y la forma en la que nos comunicamos”, declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “Sin embargo, el poder y la influencia de esta nueva generación de periodistas de Internet ha captado la atención de gobiernos represivos y se aceleró el contrataque”.
En octubre, el CPJ se unió a compañías de Internet, inversionistas y grupos de derechos humanos para combatir la represión gubernamental en la red. Después de dos años de negociaciones, este grupo anunció la creación de la Global Network Initiative, la cual establece pautas para permitir que la libertad de expresión y la privacidad en la web sean protegidas por la Internet y las compañías de telecomunicaciones. Yahoo, Google y Microsoft se han unido a esta iniciativa.
“La imagen de blogueros que trabajan desde su casa en pijama puede ser atractiva, pero cuando alguien toca a la puerta ellos están solos y vulnerables”, señaló Simon. “Todos debemos luchar por sus derechos. El futuro del periodismo es la Internet, y nos hallamos en una batalla con los enemigos de la libertad de prensa que usan la cárcel para definir los límites del discurso público”.
El comité encontró que las acusaciones por supuestos delitos contra el gobierno, tales como subversión, divulgación de secretos de Estado y actuar en contra de los intereses nacionales, son las imputaciones más comunes para encarcelar a los periodistas alrededor del mundo.

Prevé López Obrador “crecimiento cero” para el país en los años 2009 y 2010

Exige que haya precios de garantía en productos del campo y rebajas en artículos de consumo generalizado
Fabiola Martínez (Enviada)
Chinicuila, Mich., 4 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación económica del país se agravará a corto plazo y previó que el crecimiento será “cero” durante los años 2009 y 2010. “No hay para cuándo termine esta pesadilla”, expresó.
Al inicio de una nueva gira semanal –esta vez por municipios de Michoacán, Jalisco y Colima–, el “presidente legítimo de México” destacó que los próximos meses serán muy delicados. De ahí que el movimiento que encabeza se dedicará fundamentalmente a pugnar por el establecimiento de precios de garantía para productos del campo y también exigir una reducción de precios en productos de consumo generalizado.
El ex candidato presidencial reiteró que el país vive bajo una “dictadura encubierta”, integrada por un pequeño grupo de 30 personas que manejan México bajo tres bases: “el pelele, la dupla partidista PRI-PAN y la televisión”.
Esos 30, agregó, tienen amplia influencia en la ruta de la política económica que tiene sumido al país en un estancamiento con severas consecuencias en el nivel de vida de la población; además, sustentan sus acciones en un “títere mayordomo”, en la persona de Felipe Calderón. “El gobierno usurpador está secuestrado y al servicio de los potentados. Son dos partidos, un pelele y la tele. Así es como dominan”, expresó.
López Obrador inició un recorrido por los municipios del país en enero de 2007. Hasta este momento ha visitado cerca de mil 800 ayuntamientos de los 2 mil 37 gobernados por el régimen de partidos políticos. Le restan alrededor de 230 y los regidos por usos y costumbres; espera concluir esta larga gira en los últimos días de febrero.
Nueva etapa
Tras la lucha por impedir la reforma petrolera, enviada al Congreso por Felipe Calderón en abril pasado y aprobada hace un mes, el político tabasqueño ha iniciado una nueva etapa de movilización ciudadana en defensa de la economía popular, especialmente ahora que Estados Unidos se encuentra en recesión y México no logra salir del proceso de descomposición política, económica y social.
Ante simpatizantes, primero en Nuevo Urecho y más tarde en Coalcomán de Vázquez Pallares, Villa Victoria (Chinicuila) y Aquila, López Obrador explicó que la situación actual no se desprende de un designio divino, sino de la corrupción de gobernantes que han aplicado una política económica errada durante los últimos 25 años.
Por ello advierte que la situación “se pondrá peor” y los efectos negativos en materia económica se prologarán hasta 2010, en un contexto de decadencia y degradación en todos los ámbitos, especialmente en los valores.
Al transitar cientos de kilómetros por la montaña y zona de costa de Michoacán, López Obrador augura un “panorama negro, un huracán”, del que, sin embargo, no se ha alertado a la población.
El ex candidato presidencial pidió a sus seguidores no desanimarse y “buscar la manera de seguir en este movimiento”. En diversas ocasiones se refirió al panorama adverso, derivado de la recesión estadunidense y de la ausencia de medidas que se hayan tomado ante elementos importantes para el país como la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo, la reducción en los envíos de dinero (remesas) y una baja en la actividad turística.
“Lo que viene es algo delicado, grave; definitivamente se acerca una etapa que no es la mejor. Por ello, nuestro movimiento se va a dedicar a defender la economía popular”, dijo.
López Obrador puntualizó las acciones para exigir que se fijen precios de garantía para productos del campo; particularmente, plantear (a través de los legisladores del Frente Amplio Progresista) subsidios que permitan fijar los precios de los fertilizantes, así como de gasolina, luz, gas y diesel.
Bajo ese eje discursivo el político tabasqueño optó por no pronunciarse acerca de otros temas coyunturales como el debate acerca de la pena de muerte o la situación de su partido, el PRD.
Para él es necesario discutir y analizar los temas relativos a la situación económica venidera y la forma en que puedan atajarse las “fechorías de la mafia que se ha apoderado del país.
“Hasta el gobierno usurpador ha tenido que aceptar que viene lo peor y que nos va a pegar fuerte”, dijo.
Con el recorrido de este jueves, el ex jefe de Gobierno capitalino concluirá prácticamente su gira por los municipios de Michoacán (le restaría sólo uno), con el fin de avanzar en otras entidades, como Jalisco, y mantener su plan de acción con diversas estrategias en la ciudad de México.
La gira sigue.

Hostil, el primer interrogatorio de ecuatorianos

Ocurría muy seguido, de noche, durante semanas y meses. Lucía Morett se despertaba bruscamente. “¿Pasó o no pasó? ¿Fue cierto lo del bombardeo, la muerte de mis amigos? Tardaba un buen rato en ubicarme. El dolor me confirmaba que sí, que todo eso había pasado en la realidad, que estaba en una cama de un hospital militar en Quito. Y después me siguió pasando en Managua. Muchas noches fueron así”.
En el cuerpo ya sólo le quedan cicatrices que a veces molestan: una en el hombro, algunas en el costado y el vientre y las más grandes en un glúteo. Ahí se le incrustó un pedazo de metralla de 13 centímetros de largo y tres de ancho. No le dañó ningún órgano interno, excepto una afectación del nervio ciático. En la pierna todavía tiene esquirlas incrustadas que los médicos consideran mejor no extraer. La cicatriz del talón es la más delicada, pues se corre el riesgo, todavía, de que afecte el tendón del pie derecho. Acróbata aficionada, Lucía ya no podrá ejercitar las artes circenses. Pero no le importa. Todo en su vida cambió. Sabe que tuvo mucha suerte y ahora tiene otras prioridades. Es una sobreviviente. Y una testigo, quizá la única, que puede dar fe de lo ocurrido ese primero de marzo en Sucumbíos, Ecuador.
Curaciones, interrogatorios, tortura
Fue, de hecho, la primera sobreviviente en ser evacuada de la zona amazónica bombardeada por el ejército colombiano. “El camino hacia el claro donde estaban los helicópteros fue largo, muy accidentado; teníamos que vadear algunos ríos. A los que me llevaban en camilla a veces el agua les llegaba al pecho. Cuando llegamos sólo había helicópteros pequeños. Me subieron a uno y tuve que sentarme de lado, con grandes dolores. Pero las otras dos muchachas (Doris Bojórquez y Marta Pérez) estaban en peores condiciones, no las podían sentar y las camillas no cabían. Entonces me sacaron a mí primero. Después supe que habían estado en el lugar los ministros de Defensa, Wellington Sandoval, y de Seguridad Interna, Gustavo Larrea. Ellos les dijeron a las chicas colombianas que estaban bajo protección del Estado de Ecuador. Pero yo no supe nada de eso sino mucho después.”
Lo que sí supo es que el helicóptero aterrizó en la ciudad de Lago Agrio. Ahí ya había algunos periodistas. De ese momento son las primeras imágenes que circularon y que daban cuenta de que en el ataque donde murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes, también estaban civiles mexicanos. En ambulancia la llevaron al Policlínico Militar. Pero su primer contacto con las autoridades ecuatorianas fue amenazante y hostil.
“En un cuarto con las persianas bajadas me rodearon varios militares, entre paramédicos y oficiales de inteligencia. Me empezaron a interrogar bajo amenaza de que si no decía la verdad me entregarían al ejército de Colombia, donde –decían– me iban a hacer pagar todas las barbaridades que había hecho. Al mismo tiempo comenzaron a hacerme las curaciones. Primero empezaron a sacar esquirlas de mi pie y mi pierna, sin anestesia. Varios tenían cámaras y estaban grabando. Después me tuvieron que quitar la ropa y me dejaron sólo con el brasier. Pedí que apagaran las cámaras, pero no me hicieron caso. Me dolía horrible porque tenía un tobillo en carne viva. Estaba tan confundida que no sabía ni qué día era ni entendía qué querían saber los dos que me interrogaban, uno con uniforme y otro de civil. Todo lo ponían en duda, hasta mi nacionalidad. No fue hasta después que me di cuenta de que las preguntas de estos militares ecuatorianos eran idénticas a las de los soldados colombianos que me amarraron las manos en la selva. Por ejemplo, me decían que estaba recibiendo entrenamiento militar. Como les dije que no, respondían: ‘Ah, si no estás recibiendo, entonces estás dando entrenamiento’. Igualito decían los colombianos. O me decían: ‘Tus compañeras ya confesaron, dicen que tú eres la comandante. Confiesa’.”
Un fragmento de esta grabación fue proporcionado por el gobierno colombiano a Guillermo Arzak y a José Antonio Ortega, dirigentes de dos organizaciones relacionadas con la ultraderecha (Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal), las cuales lo anexaron a la lista de “pruebas” que presentaron en contra de Morett, los cuatro universitarios muertos y una docena de personas más, entre ellas la senadora Rosario Ibarra de Piedra, a quienes demandaron ante la Procuraduría General de la República por “terrorismo internacional”.
“Pero, claro, ese video está editado. No muestra cómo me agreden ni que, aunque me desvisten, ellos continúan grabando e interrogándome. Eso fue bien duro; tardó horas y horas.”
En Quito, en efecto, existe un proceso judicial abierto en contra de los dos militares que ejecutaron el interrogatorio a Lucía Morett en Lago Agrio, por haber procedido contra el derecho humanitario, según confirmó a La Jornada la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), la organización que además representa a la mexicana en una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Álvaro Uribe. Aldhu considera que ese interrogatorio, en esas condiciones, configura el delito de tortura.
Las piezas del rompecabezas
Horas después, ya las tres heridas juntas, las vistieron con camisones y las subieron a un avión. “Nos moríamos de frío y de sueño, pero nos decían que no nos durmiéramos. Hasta que nos internaron en el hospital en Quito nos pusieron suero y recibimos atención médica en forma.”
Lucía ya no recuerda nada de la primera operación que le hicieron. Pero sí recuerda el despertar de la anestesia. “Juan (González) y yo habíamos sido novios. Fue una relación bien bonita. En ese momento me di cuenta de que no iba a volverlo a ver nunca más. Fuera de esa certeza no sabía nada, ni tenía idea de la dimensión de lo que había pasado. Creía que estaba detenida. Hasta que llegó a verme la gente de la Aldhu. Entonces sentí confianza por primera vez.”
Después recibió la primera visita de personal de la embajada mexicana en Ecuador. El funcionario le prestó un teléfono para hablarle a su familia: “Ma, tuve un pequeño accidente. Estoy en Quito pero estoy bien”, fue su mensaje.
Sus padres llegaron a Quito el 6 de marzo y pudieron verla cuando salió por segunda vez del quirófano. En total pasó por cuatro intervenciones. Y desde su cama de hospital, lentamente, fue juntando las piezas del rompecabezas.
“Los policías que nos custodiaban tenían una pequeña televisión, que yo alcanzaba a ver desde mi cama, del otro lado de la puerta. Un día vi a los papás de Juan llegando a Quito, diciendo que estaban 99 por ciento seguros de que esos restos eran de su hijo. Y su cara en toda la pantalla. Luego vi a la mamá de Verónica. ¿Por qué estaba en Ecuador? Le pregunté a mi mamá. Me confirmó que ella también estaba muerta. Y luego vi al papá de Chac (Fernando Franco) y a los papás de Soren Avilés. Así, un dolor tras otro.”
El avión donde Lucía Morett regresa a México después de nueve meses ha iniciado su descenso.
Testigo contra Uribe Vélez
–¿Y ahora qué procede, Lucía?
–Yo tengo un compromiso con mis cuatro amigos muertos. Quedé viva para algo; voy a ser su voz. Hay varias demandas contra Uribe y yo puedo ser testigo de la masacre. Hay una de la Aldhu en Quito. Cuando la fiscalía general de Ecuador termine el proceso, y lo más probable es que se declare incompetente, la denuncia se va a la Corte de La Haya. Hay otra del propio gobierno de Rafael Correa. Y una de los papás de los mexicanos que murieron. Y yo voy a hacer hasta lo imposible por demandarlo también. Que se sepa la verdad que han querido enmascarar hasta ahora. Uribe Vélez es el responsable de la muerte de cuatro mexicanos.
–Por último, con todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu valoración acerca de las FARC?
Por primera vez a lo largo de la entrevista Lucía permanece callada. Los pasajeros ya están descendiendo del avión. Ella se escabulle: “Eso no te lo puedo contestar por ahora. Todavía no”.

Mantendrá el FAP alianza en estados para los comicios del próximo año

Elizabeth Velasco C.
El Frente Amplio Progresista (FAP) confirmó su decisión de continuar en alianza para 2009 en los estados de la República, anunció el coordinador del organismo, Porfirio Muñoz Ledo.
En conferencia realizada en la sede de Convergencia, refirió que con miras a las elecciones del próximo año, las dirigencias locales de PRD, PT y Convergencia acordaron, además de seguir unidos, crear frentes en Jalisco, Puebla y Oaxaca, luego de la realización este viernes del Consejo Nacional de Convergencia.
Muñoz Ledo explicó que la decisión de mantenerse unidos es una respuesta a las derrotas que sufrió el PRD en Nayarit y principalmente en Guerrero, donde “sectores minoritarios” del sol azteca “impidieron confirmar el acuerdo con PT y Convergencia”.
Sostuvo que “con las experiencias negativas se reacciona” y ahora no quieren pérdidas, además de que a las dirigencias locales “no les gustó que metan mano las nacionales”.
Por ello –dijo– “se curan en salud y ahora quieren tener bien establecidos los acuerdos para evitar que por razones de coyuntura haya resultados negativos”.
Refirió que los acuerdos suscritos entre el FAP y las dirigencias de PRD, PT y Convergencia en los estados fueron previstos desde que Jesús Ortega, líder nacional del PRD, fue coordinador del frente.
Incluso, recordó que por estatus y acuerdos emanados del congreso nacional de ese frente, los miembros de los tres partidos siguen perteneciendo al FAP.
Dijo que ha tenido contacto con integrantes del PRD en todos los estados, y “a escala nacional esperamos que (éstos) sean de buenas maneras”. Si bien hasta el momento no han tenido nueva comunicación con la dirigencia nacional del PRD, “cuando quieran venir, estarán abiertas las puertas”.
Por otro lado, indicó que mientras el PRD no notifique a la coordinación nacional del FAP que quiere el inmueble de Monterrey 50, ahí continuarán las oficinas del frente. Pero “si necesitan el edificio, no hay problema, que nos lo digan, porque tenemos que hacer la notificación respectiva al Instituto Federal Electoral”.
Muñoz Ledo insistió en que el PRD que dirige Jesús Ortega es el de “una izquierda moderna que emplea métodos modernos; ayer tuvieron un discurso contra la violencia”, y si quieren que el edificio de Monterrey ya no sea la sede del FAP, “pues que se haga oficial”. Precisó que las oficinas que él ocupa “no son las de Porfirio Muñoz Ledo”.
De los trabajos realizados por el FAP, tanto para la integración de nuevos frentes como para la realización de actividades en defensa de la economía popular, dijo que “van bien y por bueno camino”.

Aprueba comisión de San Lázaro creación de plebiscito y referendo

Por consenso y de manera sorpresiva, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Constitución y que por primera vez se incorporen en el país las figuras de plebiscito y consulta popular. De acuerdo con el proceso parlamentario, el texto será avalado el próximo jueves por la mayoría de los legisladores federales.
A pesar de no contemplarse entre las prioridades de la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones, las modificaciones constitucionales tienen su origen una década atrás, cuando por iniciativa del PRD se presentaron propuestas para impulsar el plebiscito y la consulta popular.
Incluso, ayer se recordó en San Lázaro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, el PRI y el PAN rechazaron sistemáticamente los ejercicios en tal sentido emprendidos por la administración perredista.
Desde hace dos años se constituyó un grupo de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezado por la perredista Mónica Fernández, para emprender la tarea de redacción y conjunción de las iniciativas existentes en el archivo parlamentario relativas a ambos temas.
De tal forma, tras 26 reuniones del grupo especial de trabajo y cinco negativas en el pleno camaral de aceptar el dictamen sobre ambas asignaturas, ayer, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió votar en favor de la propuesta de proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 35, 36, 40, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución.
Entre las adiciones más relevantes se encuentran la del artículo 26, que establece la obligación del Ejecutivo federal de someter a plebiscito las decisiones de especial trascendencia, que previo acuerdo del Congreso de la Unión así se decidan. Eso implica que el Ejecutivo deberá sujetar las políticas públicas en cuestión al resultado del plebiscito, y no que vaya a convocarlo, lo cual será facultad del Congreso, como se establece en el artículo 73.
Las reformas planteadas al 35 y 36 se refieren a garantizar al ciudadano la facultad de participar en dichos procesos, dotándolo con ello de una herramienta fundamental para la democracia en la toma de decisiones.
Respecto al 40, se atiende a reconocer la participación ciudadana como eje central del Estado, es decir, se establece la voluntad del pueblo para constituirse como una república participativa en el Estado democrático.
Los cambios propuestos al artículo 73 consideran la necesidad de establecer la obligación del Congreso de legislar en materia de plebiscito y referendo, y por consiguiente la de convocar a los procesos que deriven del acuerdo de las Cámaras para que se realicen dichos procesos. Estos deberán sujetarse a los procedimientos y a las condiciones que la ley determine para cada uno en la Constitución.
Se plasmará con claridad que la institución encargada de realizar los procesos de consulta ciudadana será el Congreso de la Unión, así como la potestad para convocar a la misma. Además, los mecanismos para su ejecución y los procedimientos para sustanciarlos deberán estar contenidos en las leyes de la materia.
Sobre el artículo 116, se obligaría a los congresos locales a legislar lo conducente para garantizar en el ámbito de su competencia la sustanciación de los procesos de plebiscito y referendo.
En el dictamen se considera que “el referendo constitucional es de especial trascendencia para la vida democrática de México, porque pretende que las reformas o adiciones a la Carta Magna que traten sobre garantías sociales, la forma de Estado o el régimen de gobierno estén sujetas a referendo ratificatorio, con la finalidad de que la ciudadanía exprese el poder soberano que le otorga la Constitución y ratifique lo propuesto por los órganos legislativos que integran el proceso de reforma constitucional.
“Esa es una fórmula democrática que tiene como principio fundamental dotar de herramientas soberanas, y con ello obligar a los partidos políticos y a los gobernantes, a proponer reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto y generen el desarrollo social.

Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los luchadores sociales

Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró solventar las diferencias generadas en el debate del proyecto de dictamen de reforma al artículo 73 constitucional, que aprobó por mayoría la normatividad para combatir el delito de secuestro. En el texto, presentado ayer mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados en primera lectura, se despenaliza la acción de los luchadores sociales, con objeto de que no sean acusados de privación ilegal de la libertad durante la toma de oficinas o la retención de funcionarios, como en la actualidad se contempla.
El texto podrá beneficiar a quienes en la actualidad se encuentren en prisión acusados de secuestro a raíz de su participación en acciones de protesta civil, porque, si bien las leyes no son retroactivas, sí operan en cuanto beneficien a un sentenciado.
Tras una semana de negociaciones y debates en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque los diputados panistas y priístas pretendían mantener las penas contra los luchadores sociales e intentaban restar responsabilidad al gobierno federal en el combate al secuestro, para transmitirla a los estados, éstos cedieron a la presión de perredistas, quienes consideraban que tales medidas, de mantenerse, incidirían en la constitución de un Estado represor.
De tal forma, ante la amenaza de la denuncia pública, los legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional accedieron a la demanda del partido del sol azteca, al aceptar una adición referente a la conveniencia de hacer partícipes del combate al secuestro a los tres órdenes de gobierno.
La responsabilidad del combate a los plagios recaerá en los gobiernos federal y estatales.
“En ese sentido, es importante destacar que la reforma que hoy se propone no rompe con el pacto federal, toda vez que la mayoría de las legislaturas de los estados, en todo caso, deberán aprobarla para que se convierta en texto vigente. En una segunda decisión se advierte que el propósito del dictamen es dotar al Congreso de la Unión de las condiciones suficientes para establecer un marco normativo que permita atacar de manera coordinada y eficiente en toda la República el flagelo que representa la delincuencia organizada y el delito de secuestro, sin vulnerar la libertad de expresión de personas y grupos en el legítimo reclamo de sus derechos, en los términos del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, no se pretende criminalizar la lucha social ni confundir algunos excesos en el ejercicio de la misma, sin que ello implique la probable responsabilidad sobre actos imputables como delitos”, se señala en el texto.
En cuanto a delincuencia organizada, los diputados retomaron un argumento expresado en los considerandos del dictamen relativo a la reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2007.
Tal precepto considera: “Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen un régimen determinado”.
De esa forma, la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a la elaboración y aprobación del proyecto de dictamen, porque “el crimen organizado había encontrado en el recurso de amparo una vía hacia la impunidad, por un marco jurídico inexacto”, adujo el presidente de la propia comisión, Raymundo Cárdenas Hernández.
El representante perredista expuso que el dictamen pretende perfeccionar la norma actual, pero aclaró que no debe ser utilizado como instrumento persecutorio de los opositores políticos; por ello, se debe agotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá que se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal.

Usuarios de telefonía celular deberán plasmar huella digital en contratos

Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a las empresas de telefonía celular a llevar un registro fehaciente de datos personales –nombre, domicilio y huella dactilar, así como razón social, en el caso de las empresas– de todos los usuarios, con objeto de evitar extorsiones por esa vía.
Con esta reforma se obligará a las empresas a tener registro de datos que serán confidenciales y sólo podrán entregarse a los procuradores general de la República y de los estados cuando investiguen delitos, en especial aquellos vinculados con secuestros reales o virtuales.
Asimismo, las compañías deberán mantener hasta 12 meses la relación de llamadas telefónicas, con el número desde los que se hacen, a los cuales se llama o se envían mensajes de texto; mientras los usuarios que ya cuentan con una línea tendrán un año para presentarse a comprobar nombre, domicilio y facilitar su huella; en caso de no hacerlo, su número será desactivado.
El dictamen, aprobado por unanimidad, con 321 votos en favor, señala que el desarrollo de la telefonía móvil ha permitido el uso de un chip inteligente o tarjeta SIM, que permite la portabilidad del número telefónico, y pueden ser extraídos de un aparato para transferirlo a otro. Debido a la facilidad con que los chips se adquieren en el mercado, sin que exista registro fehaciente de datos personales de los compradores, así como su bajo costo, “lo convierten en un medio de seguridad a quienes lo utilizan para cometer delitos como la extorsión, el secuestro y el robo de teléfonos celulares”.
Indica que, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, sólo en tres meses, del 4 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008, se reportaron 31 mil llamadas de extorsión en la ciudad de México, y que se han decomisado 5 mil 917 aparatos cuya propiedad no fue acreditada por vendedores en vía pública.
Al incluir la obligación de que quienes compren celulares o tarjetas presenten credencial de elector y Cédula Única del Registro de Población para comprobar su identidad, así como constancia oficial de domicilio, como recibo actualizado de agua, energía eléctrica o teléfono fijo, se “inhibirá el uso indiscriminado de la telefonía móvil en la comisión de delitos”. Además, las empresas deberán tomar “una impresión de huella dactilar, directamente en tinta y/o electrónicamente”.
Además, se prohibirá a las compañías otorgar números privados que no puedan ser identificados al recibir una llamada de usuarios de otra empresa de telefonía celular o fija, y será obligatoria su identificación numérica.
La reforma incluye un mandato a las empresas telefónicas para realizar una campaña, sin costo adicional, para informar a sus clientes de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o el chip, así como la documentación correspondiente.
Además, deberán ofrecer información “de las consecuencias en caso de no hacerlo en el plazo señalado (un año a partir de la entrada en vigor de la ley), consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna”.
Debido a que la Cámara incluyó la obligación de que la huella dactilar se tome en tinta o en forma electrónica, y que el plazo para el registro de usuarios sea de un año, la minuta fue devuelta al Senado.
Por otra parte, durante la sesión ordinaria el pleno aprobó por unanimidad, con 308 votos en favor, la minuta del Senado que reforma los artículos 1347-A del Código de Comercio y 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles para garantizar que, en materia de laudos arbitrales privados de carácter no comercial, los tribunales extranjeros no tengan competencia, específicamente si existe una cláusula de sometimiento a la jurisdicción de tribunales mexicanos.

Aprueban diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública

Son medidas desesperadas; surgen del miedo de la sociedad, sostiene legisladora de Alternativa
Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, con los votos del PRD una vez que la mayoría de PAN y PRI aceptó incluir la obligación del Centro Nacional de Información de resguardar los datos sobre criminalidad y la información de las policías, y se evitó “castigar políticamente” a los estados del país que no ejerzan el gasto en seguridad.
El dictamen presentado por la Comisión de Seguridad fue aprobado con 335 votos en favor, 39 en contra –entre éstos los de Convergencia– y 13 abstenciones de Alternativa. Al argumentar el voto en abstención de su bancada, la diputada Marina Arvizu Rivas señaló en tribuna que la legislación tiene origen en una respuesta al “horror que ha llevado a la sociedad a la impotencia y el miedo” derivados del asesinato de más de 4 mil personas.
“Es de esa situación de intenso miedo social que surge la proliferación de medidas desesperadas, dictadas literalmente por el miedo de la sociedad y de la impotencia y la demagogia en el caso de los políticos”, aseguró.
Se requiere además, expuso, de una reforma integral que pase por el combate a la corrupción de gobernantes y policías. Cuestionó la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, donde además de funcionarios federales participarán gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad estatales.
Afirmó: “esta ley es débil y de resultados inciertos, mientras no tengamos una reforma integral y sepamos en qué dirección vamos. Coordinar, en un sistema asambleístico nacional, lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay iniciativas conjuntas para separar las manzanas podridas de las sanas”.
Por su parte, el presidente de la comisión y diputado por el PRI, Francisco Rivera Bedoya, resaltó el control al que serán sometidos los organismos de seguridad pública de todo el país, que permitirá, definió, no sólo depurarlas sino paulatinamente retirarle al Ejército la responsabilidad de “ejercer el trabajo policiaco que por la ineficiencia e incapacidad de nuestros cuerpos policiacos han obligado a ejercer” a las fuerzas armadas.
Es evidente, manifestó, y para nadie es secreto, que la mayor parte de las policías del país están infiltradas por la delincuencia y que en los municipios “es una verdadera calamidad, por el control que ejercen las bandas delictivas; pero lo hemos visto también a escalas estatal y federal, y el pueblo ya no puede seguir viviendo con ese tipo de corporaciones”.
Refirió que si bien se vigilará la inversión de los recursos federales transferidos para seguridad a los estados, “se cuidaron los dientes de la ley para no perseguirlos políticamente, sino que se dé derecho de audiencia a cualquier entidad que observe un retraso o incumpla algún compromiso”, antes de que la Secretaría de Hacienda les retenga las transferencias para este rubro.
Rivera Bedoya defendió que la legislación “cambia el modelo del sistema policial mexicano y ojalá sirva para remediar el problema que lacera a México, y sacar de las corporaciones a los delincuentes que están ahí incrustados. Vamos a acabar con ese lastre”.
Falta de coordinación
Andrés Lozano, del PRD, sostuvo que la crisis del sistema de seguridad se explica “porque no existe coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, y no hay confianza para que las entidades integren una sola base de datos criminalísticos, policiacos ni de armamento”.
Consideró relevante el equilibrio impuesto en el uso de la fuerza policiaca para evitar abusos contra la población civil. “Ésta se debe limitar a una aplicación legítima, debe ser el último recurso: toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes, los secuestrados y quienes han desequilibrado al país y nos hacen vivir con temor. Pero también, respeto a las garantías y a los derechos humanos”, señaló.
En tanto, el diputado panista Armando Olvera aseguró que la ley permitirá a la ciudadanía estar “plenamente informada de los límites del uso de la fuerza pública”, así como contar con “un solo escudo contra la delincuencia organizada”. Dijo que si bien la legislación –que fue turnada a la Cámara de Senadores– no es la solución definitiva a la inseguridad, “es una sola herramienta y da armas a los gobiernos estatales y municipales para poner en orden sus cuerpos de seguridad y que presten un servicio eficaz”.

CARTONES DE LA JORNADA
















NOTICIERO SDP 4-DIC-08

Amigos, hoy en el noticiero, BOT-ROKER nos habla de su aventura MAFUFA en el EJÉRCITO, ésto a colación de una nota que habla de la desersión que ha habido en los últimos años, en el COMENTARIO DEL BOTE, hablaremos de la propuésta de HUMBERTO MOREIRA sobre la PENA DE MUERTE, comentamos además, los TITULARES DEL PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE y como invitados, EL BOTE y YURIRIA RODRIGUEZ.

Esperando sea de su agrado.

Su amigo en resistencia EL BOTE.