miércoles, 10 de agosto de 2011

De cada 100 indígenas 2 llegan a la educación superior: expertos

De cada 100 indígenas 2 llegan a la educación superior: expertos

Los datos reflejan el fracaso del gobierno en los programas destinados a una de las poblaciones más vulnerables, en razón de que 76 de cada 100 subsisten en condiciones de pobreza, señalan

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En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se dijo que México es una de las naciones con mayor diversidad étnica y lingüística. La imagen muestra a mujeres yaquis de la comunidad de Vicam, SonoraFoto Víctor Camacho
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 42

Aunque México es una de las naciones del mundo con mayor diversidad étnica y lingüística –casi 16 millones de personas se autodefinen indígenas–, el sistema educativo es expresión de la profunda desigualdad y exclusión, ya que sólo dos de cada 100 integrantes de los pueblos indios llegan a la educación superior.

El rezago y la falta de una oportunidad para acceder a la escuela viene de atrás: apenas 10 de cada 100 indígenas estudió primaria, siete de cada 100 tiene secundaria, y cinco de cada 100, bachillerato, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior.

Para especialistas del ramo, lo anterior refleja el fracaso del gobierno en los programas destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país, en razón de que 76 de cada 100 indígenas subsisten en condiciones de pobreza.

Al celebrarse ayer el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Etelvina Sandoval, destaca que a la situación de marginación y precariedad se suma que el sistema educativo siempre ha dado a esta población una educación de segunda, con una enseñanza de menor calidad y más empobrecida, cuando la lógica tendría que ser al revés: dar una muy buena enseñanza a quienes más lo necesitan.

La menor presencia de integrantes de estas comunidades se registra en el nivel superior. La subsecretaria del ramo estima que hoy día existen alrededor de 60 mil estudiantes de los pueblos originarios en dicho nivel educativo, lo que representa 2 por ciento de la matrícula total, que asciende a más de 3 millones de estudiantes. Es decir, agrega, el peso de las comunidades indias en la población total es de casi 15 por ciento, pero la matrícula de educación superior apenas llega a 2 por ciento.

La realidad, dice por su parte la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Claudia Santizo, es que el sistema no les ha proporcionado una opción educativa adecuada.

La situación dramática de falta de acceso a la educación se remonta al inicio de la enseñanza básica, donde ya hay muchas dificultades para darles clases y que los niños aprendan en su lengua materna, expresa.

En el país hay 15.7 millones de integrantes de los pueblos indios, de los cuales 9.1 millones no hablan lengua indígena y 6.6 millones mantienen vivas 68 lenguas con más de 364 variantes.

El problema, continúa Santizo, es que no para todos hay herramientas en su lengua. ¿Entonces, con qué material didáctico les das educación, primero, en su lengua materna, para luego transitar al español? Si integras a un niño que solamente habla su lengua materna a un grupo de primaria normal se desincentiva, porque no entiende. La otra cuestión es que se requieren maestros de las mismas comunidades, porque de acuerdo con experiencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) los educadores comunitarios primero empiezan con entusiasmo, pero luego ven a la comunidad como un lugar temporal.

A lo anterior se añade la problemática de estos mentores, subraya, por su parte, Etelvina Sandoval, quien recuerda que se trata de maestros que provienen de un reclutamiento de jóvenes que recientemente terminaron secundaria o bachillerato y que al ingresar a la docencia tienen que tomar cursos en la UPN para obtener una plaza o permanecer como educadores. Es decir, son maestros que se forman en la práctica, sin apoyos, sin un salario digno y sin ninguna seguridad laboral, lo cual nos remonta a la época posrevolucionaria, cuando había maestros de primera, de segunda y tercera.

Por su parte, la SEP admite que la calidad educativa que reciben los integrantes de los pueblos originarios en el nivel básico y medio superior tiene escasa pertinencia cultural y lingüística, lo cual los pone en situación de desventaja para garantizar su ingreso y permanencia en instituciones de educación superior.

Además, los costos de oportunidad y de traslado, de sostenimiento o de estancia que implican el ingreso y permanencia de los jóvenes indígenas en el nivel profesional difícilmente pueden ser cubiertos por la familia, dada su vulnerabilidad económica.

Reflejo de lo anterior es que 98 de cada 100 localidades con importante presencia indígena enfrentan contextos de alta o muy alta marginación, donde la tasa de mortalidad infantil es 60 por ciento mayor a la del resto de la población mexicana.

Con una tasa de analfabetismo de los indígenas tres veces más alta que la media nacional, Claudia Santizo explica que al no existir opciones educativas en sus pueblos, pues puede haber una primaria bilingüe, pero no secundaria, provoca que los alumnos emigren en busca de una oportunidad, pero al ingresar a la fuerza de trabajo, hasta ahí llegó su educación.

En los hechos, sintetiza Etelvina Sandoval, ocurre una exclusión por inclusión, porque están excluidos de tener en las posibilidades de la educación una verdadera alternativa

Llama la CNDH a respetar a los 62 pueblos originarios

Llama la CNDH a respetar a los 62 pueblos originarios
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 42

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a promover las garantías de los más de 62 pueblos indígenas para avanzar en la erradicación de los problemas que enfrentan.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se conmemoró ayer martes, 9 de agosto, el organismo advirtió que los indios de México todavía son el sector que enfrenta las peores condiciones de pobreza y marginación.

De acuerdo con estadísticas oficiales citadas por la CNDH en un comunicado, 79.6 por ciento de la población hablante de un idioma indígena –5.4 millones de personas– viven en situación de pobreza, y de ellos, 3 millones subsisten en la pobreza extrema, en condiciones muy precarias de salud, vivienda, educación, empleo y seguridad.

Por ello, el órgano dirigido por Raúl Plascencia Villanueva informó que ha reforzado su Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante el cual ha visitado 90 poblaciones en el primer semestre de este año.

En dicho recorrido, según la comisión, se llevaron a cabo 249 actividades de impulso a las garantías individuales, como pláticas, talleres y conferencias, que han servido para instruir a más de 18 mil personas en estos temas, con la ayuda de 50 mil materiales informativos. Además, se elaboraron dos cartillas temáticas que difunden los derechos de los adultos mayores que viven en zonas indígenas, y explican los servicios que se les debe proporcionar en los centros de salud.

La CNDH reiteró que es necesario redoblar esfuerzos para que la identidad, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios del país sean respetadas y preservadas en los territorios que habitan

Los millones de jóvenes sin bachillerato no "están marginados de la vida"

Los millones de jóvenes sin bachillerato no están marginados de la vida

La década de gobiernos panistas ha dejado un déficit en materia educativa: Hugo Casanova

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Algunos jóvenes se ganan unos pesos bailando en el Centro HistóricoFoto Jesús Villaseca
Karina Avilés y laura Poy
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 43

El subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, opinó que no hay que tener una mirada pesimista sobre el porvenir de los 19 millones 275 mil jóvenes entre 15 y 29 años que no están en el bachillerato, porque entre sus opciones están el ambulantaje, los oficios, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y hasta un empleo formal. Es decir, no están marginados de la economía ni de la vida.

Y para 11 millones 956 mil jóvenes en esas edades que cuentan con secundaria y no pudieron seguir a la preparatoria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido como respuesta el acceso de 400 mil estudiantes a la educación media, en la modalidad del sistema abierto, indicó.

En tanto, especialistas advirtieron que con casi 20 millones de jóvenes fuera de la educación media superior y está en riesgo la falta de una visión de futuro para las nuevas generaciones, por lo que no hay forma de que el Estado evada su responsabilidad de ofrecer educación, pues no es una dádiva, sino un derecho.

Por separado, el funcionario entró en una disputa con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) al diferir en las cifras de deserción y cobertura difundidas el lunes por ese organismo.

Dijo que la deserción no es de 16.3 por ciento, sino de 14.5 por ciento, y que la tasa de cobertura es de 64 por ciento, no 48.9 por ciento, según estima su unidad de planeación y el Censo de Población y Vivienda.

Insistió en que los datos del informe del INEE corresponden al ciclo escolar 2008-2009, pero al cuestionarle si la cifra de los más de 19 millones de jóvenes sin preparatoria se ha modificado, admitió que no hay un cambio brutal, porque los indicadores se mueven muy lento en el tiempo.

Manifestó que esos jóvenes ven disminuidas sus expectativas de egreso, pero realizan actividades de muy diversa índole, ya que hay una gran cantidad que tiene empleos regulares, otros están dedicados al comercio informal, algunos más combinan sus actividades laborales con la regularización de sus estudios. Y también se refirió a los centros de capacitación para el trabajo, donde se les enseña un oficio a la población.

Para ellos, agregó, está construido el edificio del INEA, la preparatoria abierta, entre otras modalidades no escolarizadas de atención al bachillerato, y la universidad abierta y a distancia.

Afirmó que la opción de las actividades ilegales es posible respecto de todas las personas, independientemente de su escolaridad: hay profesores que están en la delincuencia, hay un caso muy famoso que ustedes conocen, pero hay personas que no tienen escolaridad y están en la delincuencia.

Por su parte, Hugo Casanova, catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que luego de una década de gobiernos panistas hay un claro déficit en materia educativa. No se cumplieron las promesas de incrementar el acceso de acuerdo con la demanda del bono demográfico, lo cual se refleja claramente en los graves problemas sociales que enfrentamos.

Agregó que es muy difícil intentar entrar al terreno de la justificación frente a este problema, porque tratando de achicarlo no se resolverá ni argumentando que las cifras son cuestión de interpretación. Es un hecho que no hubo una respuesta educativa para un sector importante de la población.

En otra entrevista, Gustavo Rojas, experto de la Universidad Autónoma Metropolitana en políticas educativas, destacó que si bien la crisis de la oferta de espacios académicos es un fenómeno mundial, la cobertura se ha convertido en un problema dramático, pues tampoco hay trabajo para ellos. Es parte de una crisis sistémica que afecta a las instituciones educativas de forma muy grave.

La baja matrícula en bachillerato no sólo es muestra de que no supimos aprovechar el bono demográfico, concluyó, sino de que para los jóvenes no tenemos una idea de futuro compartido que ofrecerles

Sigue en el Zócalo la marcha de los estudiantes rechazados

Sigue en el Zócalo la marcha de los estudiantes rechazados
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La protesta partió del Monumento a la Revolucion al Zócalo. Al cierre de la edición seguía la negociación en la sede de la SEPFoto César Arellano
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 44

Cerca de 300 estudiantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) iniciaron una manifestación de 24 horas por lo que se mantendrán caminando en el Zócalo capitalino hasta este jueves, para exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad de ofrecer educación a todos los jóvenes, sin marginar a una inmensa mayoría que se queda fuera de la educación media y superior.

La marcha partió al medio día del Monumento a la Revolución y así arrancó la protesta de decenas de jóvenes que con pancartas y mantas, además corearon consignas en defensa de la educación pública y por el incremento de espacios educativos.

Por la noche se congregaron frente al Palacio de Bellas Artes, de donde marcharon con antorchas a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para exigir que se atiendan los ocho puntos de su pliego petitorio, que incluyen un incremento sustancial de los recursos públicos destinados a educación superior,

Integrantes del MAES informaron que pese a que poco después de las 14 horas se confirmó un caso de varicela en el campamento que mantienen frente a la sede de la SEP, donde se intalaron casas de campaña desde el jueves, Citlalli Hernández dijo que la movilización en la Plaza de la Constitución no se suspenderá ni la mesa de negociación. Sólo 30 compañeros, de los más de 200 que han estado en el campamento no han tenido varicela. Por precaución decidimos que regresaran a sus casas. Agregó que tras confirmarse el caso de contagio, informamos a la SEP y a la UNAM para solicitar una brigada de salud y que se nos apoye con una revisión médica para confirmar si hay más contagios, aunque reiteraron que el plantón permanecerá.

Los jóvenes –organizados en oleadas (grupos de cien personas)– impulsarán actividades culturales durante su manifestación continua en la plancha del Zócalo capitalino, que incluye una pamplonada en apoyo a los grupos de indignados de España y de los colectivos estudiantiles de Chile y Puerto Rico en defensa de la educación. También protestarán en contra de los feminicidios, la guerra de Calderón y pedirán libertad de los presos políticos.

En cuanto a la mesa de la negociación, Citlali Hernández destacó que prevalece la cerrazón de los representantes de las universidades. Hoy se analizará el acuerdo alcanzado en 2010 para establecer las condiciones mínimas para una propuesta este año

El gobierno federal prepara desalojo de electricistas del Zócalo: SME

El gobierno federal prepara desalojo de electricistas del Zócalo: SME
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 45

El desalojo violento del campamento que mantienen los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Zócalo capitalino es la siguiente embestida que prepara el gobierno federal contra los trabajadores en resistencia, advirtió ayer el secretario del exterior del gremio, Humberto Montes de Oca, quien sostuvo que de ninguna forma van a retirarse hasta que les devuelvan su empleo.

Inclusive, la directiva del SME se reunió ayer con miembros de diversas organizaciones sindicales y sociales para acordar acciones y movilizaciones que frenen la nueva campaña de criminalización contra la dirigencia del gremio.

Montes de Oca planteó que, en el Zócalo capitalino, los electricistas ya se pusieron en alerta, ante la posibilidad de que sean retirados por la fuerza pública. Inclusive, preventivamente ya se quitaron los puestos que tenían los trabajadores para sostener su lucha y reorganizaron las carpas donde se mantiene el plantón.

Indicó que nuevamente arreció la campaña mediática contra trabajadores, dirigentes y, por supuesto, el campamento del SME, porque el gobierno federal no creyó que a estas alturas los electricistas en resistencia iban a mantener su lucha por la recuperación de su empleo y ahora no sabe cómo acabar con el movimiento. Actualmente el sindicato está convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales que han acompañado la lucha del gremio a defender su derecho de manifestación, y habrá una respuesta conjunta contra las acciones gubernamentales.

Frente a la criminalización del movimiento, las amenazas de desalojo y la fabricación de delitos contra integrantes de su dirigencia, entre ellos Martín Esparza, secretario general; Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo, y la apoderada legal, Amalia Vargas Ríos, habrá respuesta, además de legal, del sindicato y organizaciones hermanas, indicó el secretario del exterior.

Según él, el gobierno federal ya tiene a 13 sindicalistas encarcelados. De ellos, Miguel Márquez Ríos lleva 10 meses en un penal de Puebla y los demás están en el Reclusorio Oriente desde el 11 de abril pasado. En todos los casos son procesos irregulares y viciados de origen, y ahora quiere tener más rehenes de este movimiento en una acción netamente represiva del gobierno federal ante su incapacidad para resolver el conflicto,

Expuso que el SME exige la devolución inmediata de sus cuotas sindicales. Anunció que no va a levantar el plantón hasta que les restituyan su empleo, demandó la entrega inmediata de la toma de nota para las 26 carteras que conforman el comité central y convocó a todos las organizaciones sindicales a reforzar el campamento

Indaga Contraloría a servidores por falsificación de documentos oficiales

Indaga Contraloría a servidores por falsificación de documentos oficiales

Autorizaron construcciones en las colonias Jardines del Pedregal y San Jerónimo Lídice, acusa

Pertenecen a Seduvi y a las delegaciones Á. Obregón y M. Contreras

Alteraron usos de suelo

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La Contraloría General del Distrito Federal detectó documentos oficiales falsos o alterados de autorización de construcciones en las colonias Jardines del Pedregal y San Jerónimo Lídice (imagen), por lo cual investiga a servidores de la Seduvi y las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena ContrerasFoto Cristina Rodríguez
Rocío González
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 38

El órgano de fiscalización del Gobierno del Distrito Federal investiga a servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, por su presunta participación en la falsificación o alteración de documentos públicos para la autorización de construcciones en las colonias Jardines del Pedregal y San Jerónimo Lídice.

En un informe de la Contraloría General del Gobierno del Distrito (GDF) Federal entregado a la Asamblea Legislativa se detalla que, incluso, la Seduvi ya presentó denuncias ante el Ministerio Público por esos ilícitos en ocho predios de ambas colonias, donde las casas fueron convertidas en conjuntos habitacionales, centros comerciales o escuelas.

Mediante el oficio 362/2001, el contralor general del GDF, Ricardo García Sainz, precisa a los asambleístas que las denuncias interpuestas se originan por la probable falsificación de certificados y constancias de uso de suelo para los predios ubicados en las calles Agua 365, Fuego 235, Cascada 200, avenida de Las Fuentes 571 y bulevar de La Luz 270.

A éstos se suman otros casos documentados por la delegación Álvaro Obregón en Fuego 972, Cráter 195, avenida de Las Fuentes 220, Paseo del Pedregal 645 y 1013, Pedregal y Lava 232, donde se ha acreditado la autorización de construcciones con documentos presuntamente apócrifos.

Vecinos de la zona aseguraron que esta situación irregular no es de ahora, pues comenzó en la anterior administración de Álvaro Obregón, encabezada por Leonel Luna, quien a pesar de las reiteradas denuncias nunca actuó.

Una de las tácticas de los servidores públicos, agregaron los residentes de Jardines del Pedregal, es emitir licencias de demolición para un mayor número de inmuebles de los que realmente existen en el lugar, a fin de que pudieran hacer una construcción mayor, con el argumento de que tenían derechos adquiridos, a pesar de que el programa de desarrollo no lo permitía.

A manera de ejemplo, señalaron que en el caso del predio en Fuego 235 la delegación otorgó una licencia de demolición para seis casas cuando sólo había una, porque en ese momento la ley establecía que se podía construir la misma superficie que se demoliera. Con base en esas artimañas construyeron seis casas, cuando sólo había un inmueble resguardado por el IFE, porque ahí íbamos a tramitar nuestra credencial, refirieron.

En los predios ubicados en el 711 y 721 de bulevar de La Luz, que albergaban dos edificios de tres pisos, una escuela para 600 alumnos se quedó a medio construir, porque los vecinos lograron detener su edificación, al comprobar que no tenían derechos adquiridos, como argumentaban.

Sobre la misma vialidad, en el número 270, una casa habitación fue convertida en plaza de cinco locales comerciales, que están clausurados porque la Seduvi retiró la licencia de operación.

Respecto de Magdalena Contreras, se tiene identificado el predio en avenida San Jerónimo 819, colonia San Jerónimo Lídice

Seguridad pública

Consignan a empleado de juzgado por cohecho

Un empleado administrativo del juzgado familiar 12 del TSJDF fue consignado al Reclusorio Norte acusado de cohecho. Fue sorprendido por la titular de dicha instancia, Lidia Robledo Gamboa, cuando exigía 50 pesos a una abogada para que la juez diera vista a su expediente sobre un juicio testamentario. El implicado es Israel García García, quien fue denunciado por la propia juzgadora ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJDF. Los hechos ocurrieron el pasado lunes y, según la acusación de la juez, al momento de pedir el dinero el implicado advirtió a la litigante que ningún trámite es gratis en el tribunal. Por este motivo, García García fue remitido al MP de la citada fiscalía y ayer fue internado en el Reclusorio Norte. De ser hallado culpable podría alcanzar una pena de entre uno y cuatro años de prisión, con derecho a fianza.

Simulaban un embargo y fueron detenidos

Seis sujetos que se hacían pasar por personal que ejecutaba una supuesta orden de embargo fueron detenidos por la policía capitalina cuando saqueaban una casa ubicada en la primera sección de la colonia San Juan de Aragón. Una llamada anónima alertó del ilícito al 066, teléfono de emergencias de la policía capitalina, tras lo cual los uniformados acudieron a la Calle 529, en dicha colonia. La propietaria, una mujer de 58 años de edad, ante los uniformados se mostró sorprendida por la presencia de varios extraños en su casa. Cuando los individuos salían, fueron cuestionados por los policías sobre qué hacían en el interior, a lo cual quien dijo llamarse César Ruiz Fuentes, de 43 años de edad, contestó que se trataba de un embargo y desalojo, y para respaldar su dicho mostró un papel signado por un supuesto notario público domiciliado en la colonia Álamos. Como no pesaba ninguna deuda sobre el inmueble, la policía detuvo a Felipe Ruiz Puente, de 45 años, Jorge Abundis García, de 35; José Luis Rodríguez García, de 44; Daniel Ricardo Barriga, de 48, y Verónica Adriana Viveros Sierra, de 37.

Da a luz en plena calle de La Merced

La madrugada del martes, una mujer dio a luz en la segunda cerrada de Carretones, en La Merced, tras entrar en trabajo de parto, sin que pudiera trasladarse al hospital. La mujer, de 30 años, pidió ayuda a sus vecinos debido a las fuertes contracciones que sentía y, aunque arribaron paramédicos, ella ya estaba dando a luz. Fue identificada como Aurora Aguilar Ayala, y tras el nacimiento de su bebé fue trasladada al Hospital Balbuena, para revisión.

Grupo antitecnología causó la explosión en el Tec

Grupo antitecnología causó la explosión en el Tec
Israel Dávila, Silvia Chávez y Laura Poy
Corresponsales y reportera
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 35

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que se identificó al grupo denominado Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), como presunto responsable del ataque a dos profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus estado de México, ocurrido el lunes pasado. El ITS se atribuyó el atentado en un blog.

Si bien hasta la fecha no hay detenidos por el ataque que lesionó a Alejandro Aceves López y Armando Herrera Corral, catedráticos del Tec ubicado en el municipio mexiquense de Atizapán, Alfredo Castillo dijo tener la certeza de que dicho grupo fraguó el atentado, y también fue responsable de dos agresiones similares ocurridas en abril y mayo pasados en instalaciones de la Universidad Politécnica del Valle de México, en Tultitlán.

Castillo Cervantes, en conferencia de prensa ayer en Toluca, aseguró que el ITS elaboró el paquete dirigido al profesor Armando Herrera, miembro del programa de mecatrónica del ITESM, que se especializa en el diseño de robots.

Según Alfredo Castillo, el propio ITS utilizó Internet para adjudicarse el ataque, como hizo el 19 de abril y 9 mayo pasados, cuando entregó paquetes similares en la universidad de Tultitlán, donde planeaba atentar contra integrantes de la división de ingenieros del area de nanotecnología. “Como esa vez no lograron la notoriedad deseada, volvieron a atacar al Tec”, dijo.

Añadió que cuando los paquetes explosivos se entregaron en la Universidad Politécnica, iban acompañados de mensajes firmados por el ITS. Expertos en grafología compararon estos mensajes con el que llevaba el sobre hallado el lunes, que debió ser reconstruido porque se dañó por la detonación, y se constató que se trataba del mismo grupo.

En coordinación con autoridades federales y por información que se obtuvo de la Interpol, se supo que el ITS es un movimiento cuyos ideales son contrarios al desarrollo de neo y nanotecnología a nivel global, y ha estado relacionado con otros atentados en Europa como son España y Francia, y que además tienen presencia en Chile, dijo Castillo Cervantes.

La Procuraduría General de la República informó por la noche que inició las averiguaciones correspondientes y alertó a los directivos de instituciones académicas, empresas y asociaciones de profesionales de nanotecnología a fortalecer sus protocolos de seguridad y recepción de correspondencia, así como notificar a las autoridades sobre cualquier acto sospechoso

Eoloeléctricas empobrecen el Istmo: Ucizoni

Eoloeléctricas empobrecen el Istmo: Ucizoni
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 36

Oaxaca, Oax., 9 de agosto. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que las violaciones a los derechos de los pueblos originarios han ido en aumento con la llegada de empresas trasnacionales que han instalado plantas eoloeléctricas en el Istmo de Tehuantepec.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el coordinador de programas de la organización, Carlos Beas Torres, sostuvo que el negocio de la energía eléctrica beneficia a empresas españolas como Endesa, Preneal, Iberdrola y Unión Fenosa, que con engaños y presiones de todo tipo han legalizado el despojo de más de 15 mil hectáreas.

A su vez, el gobernador Gabino Cué Monteagudo tomó protesta en Teotitlán del Valle al Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas del estado y se solidarizó con su lucha en defensa de sus territorios y recursos naturales.

El ex relator para los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, reconoció los esfuerzos del gobierno estatal, pero advirtió que aún falta mucho y confió en que el Consejo Consultivo sirva para lograr avances

Van 27 feminicidios en el gobierno de Fernando Toranzo, dice Raúl Vera

Van 27 feminicidios en el gobierno de Fernando Toranzo, dice Raúl Vera
Vicente Juárez Gutiérrez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 37

San Luis Potosí, SLP, 9 de agosto. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo que en México la justicia no se aplica y que en materia de derechos humanos hay muchas carencias. Asimismo señaló que se han perpetrado 27 feminicidios en la entidad durante la administración del gobernador priísta Fernando Toranzo. Es evidente que se está ocultando este problema social, indicó.

De visita en esta capital, Vera acudió al penal de La Pila para defender al sacerdote salesiano José Carlos Contreras, encarcelado desde hace casi dos años por el asesinato de la estudiante de 16 años Itzachel Shantal González López.

El procurador de Justicia del estado, Cándido Ochoa Rojas, dijo que el caso del sacerdote está en manos del Poder Judicial. Por otra parte, dijo, el gobierno estatal está preocupado por el creciente número de mujeres involucradas en la delincuencia organizada. En lo que va del año han sido detenidas 323, de las que 33 son menores de edad.

Vera señaló que abogados y personal especializado en derechos humanos revisa el expediente de Contreras González, pues conoce lo terrible de la vida en prisión. Criticó que el actual procurador fuera defensor del detenido antes de ocupar el cargo y llamó preso político al cura

Jalisco: desechan candado contra matrimonio gay

Guadalajara, Jal., 9 de agosto. La comisión de puntos constitucionales del Congreso de Jalisco desechó este martes, con la ausencia de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la iniciativa popular promovida por organismos católicos con la cual se buscaba blindar en el Código Civil estatal el modelo tradicional de familia y cerrar la posibilidad de uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

Establecer como modelo de familia un hombre casado con una mujer, con uno o más hijos, limita a las familias porque estaríamos diciendo que cuando una madre queda viuda deja de ser familia, al igual que una mujer divorciada con hijos o madres solteras, afirmó el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Casillas.

La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó en contra por considerar que la propuesta de reforma, que recibió el apoyo del gobernador panista Emilio González Márquez y de parte de su gabinete, es discriminatoria e impositiva.

Esta iniciativa es inoperante por ser inconstitucional. Hay que recordar que recientemente fueron aprobadas en México modificaciones constitucionales que protegen los derechos humanos. Ahí se incorporaron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por ello, la propuesta de reformas contraviene nuestra Carta Magna, dijo Raúl Vargas, coordinador de la bancada del sol azteca.

En general, la comisión consideró que no se puede aceptar que se desconozca el derecho de minorías en aras de ideas dogmáticas que se contraponen al espíritu incluyente y plural de una democracia.

Movilizaciones masivas se extienden en Chile

Movilizaciones masivas se extienden en Chile

Siguen protestas contra el lucro en la educación; 273 detenidos en todo el país por la violencia desatada

Acusan a policías de infiltrar la marcha; en Valparaíso, comandante de carabineros lo admite

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Movilización estudiantil en SantiagoFoto Reuters
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Encapuchados que desataron la violencia poco antes de que terminara un mitin pacífico en el centro de la capital chilenaFoto Reuters
Enrique Gutiérrez
Corresponsal y agencias
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 2

Santiago, 9 de agosto. Una movilización de 150 mil estudiantes de nivel medio y superior, profesores, padres de familia, mineros, empleados públicos y de otros rubros, fue interrumpida cuando casi llegaba a su término, por decenas de encapuchados que provocaron disturbios en el centro de la capital chilena, al continuar las protestas iniciadas hace dos meses para exigir al gobierno del presidente Sebastián Piñera reformas de fondo en la educación.

La movilización se extendió a otras regiones como Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Talca, Iquique, donde también se reportaron incidentes violentos.

El viceministro del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que el balance de la jornada fue de 273 detenidos, 72 de ellos en Santiago, además de 23 policías lesionados.

Los disturbios en esta capital ocurrieron en las inmediaciones de la plaza Almagro, a unas cuadras del presidencial palacio de La Moneda, en momentos en que culminaba un multitudinario mitin con discursos de dirigentes estudiantiles y actos cívico-culturales.

A unos metros del lugar de concentración, decenas de jóvenes encapuchados montaron barricadas para obstruir el tránsito vehicular e incluso un grupo atacó con piedras y palos un edificio residencial de esa céntrica zona.

Los estudiantes indicaron que los encapuchados eran policías, informó Telesur.

Los manifestantes denunciaron la infiltración de cuerpos policiales que provocaron a los estudiantes y generaron disturbios para después, obviamente, poder dispersar a la multitud, reportó la televisora en su sitio de Internet.

Más aún, el comandante de la guardia de carabineros del Congreso Nacional, Hernán Silva, admitió la infiltración de un agente vestido de civil en la manifestación que hoy se realizó en Valparaíso.

El comandante agregó que la presencia del efectivo infiltrado fue denunciada por dos diputados comunistas, luego que los estudiantes lo descubrieron en la marcha de Valparaíso, y hubo que proteger al agente en el Parlamento.

Se le tuvo que brindar apoyo para no exponerlo a una agresión, lo que implicó su salida del Congreso en un vehículo policial, y sin que se diera a conocer su identidad, relató el jefe de carabineros.

La multitudinaria protesta inició la mañana de este martes en las afueras de la Universidad de Santiago y avanzó a lo largo de la avenida Alameda, principal arteria del centro de la capital, hasta desviarse hacia el sur antes de pasar frente al palacio de La Moneda.

El tono pacífico cambió casi al final de la manifestación, cuando decenas de encapuchados se enfrentaron con piedras y palos a agentes policiales sobre el céntrico Paseo Bulnes, a unas cuantas cuadras de La Moneda. Otros más, que montaron barricadas para obstruir el tránsito, arremetieron contra semáforos o señales de tránsito y en medio de la revuelta ocurrió el incendio de dos automóviles.

La policía militarizada intervino con carros lanza-agua y bombas lacrimógenas para dispersar a los responsables de los ataques, lo que derivó en enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, aclaró que los participantes en la marcha son pacíficos, y rechazó todos los actos de violencia que se suscitaron después de la caminata pacífica y exitosa.

Afirmó que los actos vandálicos perpetrados después de la movilización fueron responsabilidad de encapuchados totalmente ajenos a los alumnos. Los disturbios no lograron opacar la magnitud de la manifestación que, de acuerdo con Vallejo, reunió a más 150 mil personas, en el contexto de una huelga nacional de escolares y profesores.

Por la noche se informó que miles de personas realizaron un cacerolazo en el centro y la peeriferia de Santiago, en apoyo a los manifestantes.

Los estudiantes calificaron la marcha de éxito y emplazaron al gobierno a dar una respuesta clara a sus demandas. Con esta demostración de apoyo y solidaridad, es necesario que el gobierno dé una respuesta clara a nuestras demandas, dijo la líder estudiantil, que planteó convocar a un plebiscito para resolver el futuro de la educación chilena, medida que no existe en la actual legislación.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó una vez más a los dirigentes de los movimientos de estudiantes y de profesores a terminar con las marchas y a sentarse a trabajar en los proyectos de ley sobre educación. Ha llegado el momento de que reflexionen hasta qué punto están convocando a marchas que no controlan los líderes y eso también supone responsabilidad, dijo.

Añadió que los resultados deben llamar a la reflexión al país entero, especialmente a los dirigentes y al Colegio de Profesores, para ver hasta qué punto las marchas han resultado dañinas para la convivencia social.

Las convocatorias estudiantiles han sido las más tumultuosas desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, luego de los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación y promovió su privatización.

En respuesta a las protestas, el gobierno ha hecho dos propuestas: primero, un gran acuerdo nacional de educación, y luego un programa de 21 puntos, pero ambas han sido consideradas insuficientes por los estudiantes, que exigen educación universitaria gratuita para quienes no puedan pagarla, que el Estado se responsabilice de la calidad de la educación y que las universidades privadas no tengan ganancias

Por medio de dibujos, niños reclaman seguridad, honestidad y más escuelas

Por medio de dibujos, niños reclaman seguridad, honestidad y más escuelas
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 12

En el concurso de dibujo infantil Adiós a las trampas, organizado por las secretarías de la Función Pública y de Educación Pública, los menores de entre seis y 15 años plasman actos de corrupción, inseguridad pública, violencia, narcotráfico, tala de árboles, robo de combustible, robo de votos y desigualdad social, presentes en la sociedad mexicana.

Los narcotraficantes dan dinero a las autoridades para que los dejen pasar la droga sin ningún problema y las autoridades estoy seguro que aceptan, escribió el niño Carlos Iván Peña Cabrera, de 10 años de edad, originario de Durango, al calce de su dibujo que resultó ganador.

En otro ejemplo, al describir su bosquejo, la menor hidalguense Arely Beltrán Villeda, de 14 años, escribe: el gobierno se roba los gastos públicos (dinero) y la sociedad lo investiga, y el gobierno se hace el inocente y dice que al dinero le salieron alas y voló solito.

En una lista de 95 dibujos premiados en tres categorías, los niños piden a través de sus trazos en papel que en el país existan honestidad, seguridad, progreso, pero también más escuelas y más trabajo.

Al dar a conocer a los ganadores de dicho concurso, ambas dependencias informaron que se registraron, en su edición 2011, casi dos millones de menores, de donde se eligieron 95 ganadores en tres categorías: de seis a ocho años; de nueve a 11, y de 12 a 15 años. En 2002, año de su creación, apenas participaron 15 mil.

Los dibujos premiados se pueden apreciar en la página web www.funcionpublica.gob.mx/index.php/adios-a-las-trampas/ganadores.html. En ellos se refleja el sentido y la percepción que tiene los niños mexicanos respecto de varios de los problemas que enfrenta el país.

Titulado Triste realidad, el dibujo de Luis Enrique Mendoza Aguirre, de 14 años, muestra, sobre un mapa del territorio nacional, la balanza de la justicia inclinada hacia uno de los extremos, que tiene un arma, mientras en el otro aparece la Constitución Mexicana; arriba a la derecha se observa el mazo de un juez, roto.

El revólver representa la violencia,y la Constitución la cultura de la legalidad. Como el revólver lo puse más abajo como con más peso, significa que hoy en día hay mucha violencia a causa de la poca cultura de la legalidad. El martillo quebrado significa justicia quebrada, explica el menor, oriundo de Chihuahua.

Respecto del tema de la democracia y la compraventa de votos hay varios, como el de Nelvi Adalith López Morales, originaria de Chiapas. En su dibujo se observa una casilla electoral y un señor de avanzada edad formado listo para votar. En las elecciones siempre existen trampas, ya que las personas venden sus votos sólo por unas cosas sin gran valor.

Otros se refieren abiertamente a la corrupción, como el dibujo de Susette Bustamante Ruiz, del Distrito Federal, titulado En garras del monstruo de la corrupción, donde se observa a la justicia acosada por hombres con bolsas de dinero y presidiarios

Envían bomba a hermano de víctima del Tec

Envían bomba a hermano de víctima del Tec
Alejandro Cruz y Laura Poy
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 14

El Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal retiró la noche de ayer un presunto artefacto explosivo colocado frente a la puerta dos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

En el artefacto se encontró un mensaje dirigido a Gerardo Herrera Corral, uno de los más destacados físicos del país, y hermano del profesor Alfonso Herrera, quien resultó herido por un paquete que explotó el pasado lunes en el Tecnológico de Monterrey, campus estado de México.

De acuerdo con fuentes de la procuraduría capitalina, alrededor de las ocho de la noche recibieron un reporte sobre una caja blanca que estaba en la puerta dos del Cinvestav, ubicado en avenida Politécnico Nacional, esquina Ticomán, colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero.

La caja, de unos 40 centímetros, de largo, fue revisada con un escáner, confirmando las sospechas, por lo cual fue llevada a las instalaciones del GERI para verificar si de verdad es explosivo y, en su caso, determinar de qué tipo se trata.

Los informantes señalaron que la diferencia entre el caso del artefacto que explotó en el Tecnológico de Monterrey –en donde el grupo Individuos Tendientes a lo Salvaje se atribuyó la autoría– y el hallado ayer, es que el primero no contenía ningún mensaje, sólo estaba dirigido al profesor Alfonso Herrera.

Añadieron que la caja fue descubierta por empleados y estudiantes, a quienes les llamó la atención que estuviera frente a la puerta del Cinvestav y dirigida al profesor Alfonso Herrera, por lo que llamaron a la fiscalía de la procuraduría capitalina en Gustavo A. Madero.

Gerardo Herrera es profesor del Cinvestav y coordinador del equipo de científicos mexicanos que colabora en el proyecto del gran colisionador de hadrones (LHC), principal esfuerzo de la comunidad científica internacional para conocer el origen de la materia en el universo.

Ganador del premio de investigación 2001 de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido uno de los más importantes promotores del LHC y de la participación de físicos mexicanos. Es especialista en física experimental de altas energías –en México sólo hay 50 científicos de este nivel–, razón por la cual participa en el experimento para reproducir a escala microscópica el Big Bang o la gran explosión que dio origen al universo

Mineras extranjeras aprovechan las leyes entreguistas aprobadas en México

Mineras extranjeras aprovechan las leyes entreguistas aprobadas en México

Expertos consideran que los ejidatarios pueden impugnar, pero es indispensable la organización

Foto
Preparativos en planta de la minera canadiense Cuzcatlán en San José del Progreso, Oaxaca. En ese lugar se triturará el material extraído del yacimientoFoto María Meléndrez Parada
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 16

La legislación mexicana se adecuó para permitir la entrada de capital extranjero a la explotación minera. Desde 2005 se otorgan concesiones por 50 años, con posibilidad de renovación, y esta actividad es catalogada como prioritaria, por encima de cualquier otra.

Los cambios al artículo 27 constitucional de 1992 fueron el punto de arranque para que las tierras ejidales y comunales, que abarcaban 52 por ciento del territorio nacional, fueran ocupadas no sólo para la minería, sino para el turismo, obras de infraestructura y monocultivos, sostiene en entrevista Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dio paso a las empresas canadienses, que son las que en México predominan en la minería.

La ley minera, después de 1992, se modificó en varias ocasiones. Primero otorgaba concesiones para explorar y para explotar, y la Ley de Inversión Extranjera señalaba que el capital extranjero podía participar con 49 por ciento en cada proyecto.

En 2005 se hicieron más reformas y entonces ya se impuso una sola concesión, para explorar y explotar, y esta actividad se abrió totalmente a la inversión extranjera, detalla.

López Bárcenas señala que la minería está catalogada por la ley en la materia de utilidad pública y que está por encima de cualquier otra, ya sea turística o de agricultura. Otorga concesiones por 50 años, prorrogables, es decir, un total de 100 años. ¿Para qué quieren un siglo? Lo que sucede es que las concesiones también son para especular. La minera puede tener una concesión y no explotarla, y así regulan el mercado, agrega.

El problema de estas concesiones es que despojan a la nación. Esto no ocurre cuando se otorgan para bosques o agua, donde sí se cancela una concesión, quedan los recursos: aquí se llevan todo, agrega. En cuanto a los pagos de derechos por la concesión, indica que se hacen por la superficie no por la cantidad de riquezas que extraen.

Las empresas deben negociar con las comunidades, en cuyo territorio tienen concesionado el subsuelo, el acceso y explotar las minas. Esto lo favorece el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), que se tramita a través de la Procuraduría Agraria, y con el que se otorga un certificado de derechos parcelarios a cada uno de los dueños colectivos de la tierra sobre una superficie de la tierra ejidal claramente delimitada. Así los propietarios pueden arrendar la parcela o venderla.

El Procede da certeza jurídica sobre todo a las empresas que buscan hacerse de las tierras ejidales, y con esto provocan el divisionismo en la comunidad. La Procuraduría Agraria juega a favor de las mineras. Para ella se trata de que los contratos se hagan bien, pero nunca le dicen a la gente que se pueden oponer, subraya.

López Bárcenas refiere que las empresas llegan a las comunidades con la oferta de arrendar las tierras y generalmente lo hacen por 30 años, pero de acuerdo con el Código Civil para cuestiones industriales, las rentas que se permiten son por 20 años. En esto, considera, hay una trampa, porque no hacen contratos de arrendamiento de tierra, sino de ocupación, lo cual finalmente es lo mismo. Pueden ser contratos de uso, usufructo o aprovechamiento total, que sería casi una compraventa.

Los conflictos sociales se dan porque cuando las tierras se rentan, para el campesino es como si en ellas no hubiera nada, así hace el cálculo de que no la usa, de que saca poco en los cultivos o la ocupa para pastorear ganado y cree que le va a redituar más la renta.

“Cuando ve entrar las maquinas, se da cuenta de que los impactos no son sólo en las tierras, sino también en los caminos y hay contaminación. Cuando se da cuenta de que empiezan a destruir la tierra es cuando se vienen los problemas “.

Los ejidatarios pueden impugnar las concesiones e impulsar procesos legales, porque todo el ambiente que genera la minería incide sobre la vida social ¿En qué profundidad? Depende de la cohesión de los pueblos, experiencia de lucha y que tanto serán capaces de coordinar estrategias legales con políticas

Denuncian anomalías en el proceso de un hondureño sentenciado a 44 años de cárcel

Denuncian anomalías en el proceso de un hondureño sentenciado a 44 años de cárcel
Lilia Ovalle
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 17

Saltillo, Coah. 9 de agosto. El hondureño indocumentado Reyes Gustavo Ardón Alfaro fue condenado a 44 años de cárcel por el homicidio de la señora Perla Judith Quintero, en un proceso viciado y carente de sustento jurídico por violar procedimientos e ignorar tanto reformas legales vigentes como diversos tratados internacionales adoptados por México, afirmaron abogados y operarios de la Casa del Migrante Belén, de la capital coahuilense.

En un comunicado y en conferencia de prensa ofrecida este martes, los activistas dijeron que la sentencia dictada el pasado lunes por el juez Adrián González Hernández contra Ardón Alfaro, no sólo pasó por alto las inconsistencias y contradicciones de la única testigo acusadora y de los policías que lo detuvieron, sino que deja impunes a los verdaderos responsables del crimen y da continuidad a la fabricación de culpables, que es una práctica oficial conocida.

También impugnaron el fallo ante las irregularidades cometidas por el juez, que desestimó la segunda declaración del acusado, lo privó de tener asesoría por avisar a destiempo al consulado de Honduras (función que corresponde al Ministerio Público), y se ausentó de las primeras audiencias, contra lo dispuesto por los artículos 20 fracción dos de la Constitución mexicana, 36 de la Convención de Viena y otros aplicables de los códigos Penal y de Procedimientos Penales de Coahuila.

Tales irregularidades constituyen una violación a las normas del debido proceso y se añade que González Hernández ignoró los dictámenes emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Internacional Contra la Tortura, que advirtieron que el acusado fue sometido a tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, indicaron los impugnadores encabezados por el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.

Consideraron lamentable la muerte de la víctima y se solidarizaron con su madre, la señora Perla Judith Quintero Caballero, pero señalaron que durante el juicio el Ministerio Público no acreditó el robo como móvil del homicidio, y la única testigo presencial nunca dijo haber visto a Ardón Alfaro cometerlos; pero el juez lo declaró culpable aún sin asistir a la mayor parte del juicio.

Aunado a todo ello –advirtieron– el médico forense fue citado en seis ocasiones pero no se presentó al juicio, y su dictamen se validó como prueba plena; mientras los agentes ministeriales acusados de torturar a Ardón Alfaro no fueron investigados ni sancionados y uno de ellos falseó sus declaraciones, pese a la denuncia presentada por la Casa del Migrante saltillense en diciembre de 2010.

Tras enunciar las anomalías procesales documentadas, los defensores y activistas comentaron que al dialogar con el juez incluso constataron sus lagunas y desconocimiento del caso, por lo que su sentencia no impartió justicia ni correspondió a la verdad, y se apelará en espera de que la revisión sí se apegue a derecho y lleve a dictar la libertad inmediata del migrante hondureño condenado injustamente.

Con información de Fernando Camacho Servín

Tocadas de muerte, leyes de ISSSTE e IMSS, advierten en foro de Casa Lamm

Tocadas de muerte, leyes de ISSSTE e IMSS, advierten en foro de Casa Lamm

Los trabajadores del Estado, sujetos a servicios de pésima calidad, señala el investigador Gustavo Leal

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 20

Las leyes de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS) están tocadas de muerte y deberán ser reformadas en la próxima legislatura, advirtieron la ex diputada Rosario Ortiz Magallón y Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, en el foro A cuatro años de la reforma Calderón al ISSSTE, organizado por Casa Lamm y La Jornada.

Expusieron que los 2 millones de amparos interpuestos –y ganados– contra dichas modificaciones marcaron su inconstitucionalidad; lo preocupante es que aún no se han protegido los derechos de los trabajadores de nuevo ingreso a una seguridad pensionaria ni una mejora en los servicios de salud. Es paradójico que los jóvenes médicos y enfermeras, además de jueces, trabajadores municipales y todos los que están dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, estarán sujetos a servicios de pésima calidad. A la fecha, en el sector salud hay 70 mil trabajadores que no están contratados formalmente, apuntó Leal.

Refirió que la discusión en torno al fracaso de la reforma a la Ley del ISSSTE ha sido eclipsada por el enfrentamiento entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por medio del actual director del instituto, Jesús Villalobos López. Los señalamientos son en torno a la mala administración de Miguel Ángel Yunes (ex amigo de Gordillo) y de Villalobos López, pero no se cuestiona el fracaso de la citada ley.

Pleito entre bandas que han monopolizado los recursos

Es un pleito entre bandas que han monopolizado los recursos de esa institución, pues, ¿cómo se explica que Felipe Calderón ordenara que con el presupuesto del Turissste se pagaran las fiestas del bicentenario? ¿Por qué si los recursos del instituto han aumentado tres veces no ofrece buen servicio? ¿Por qué no hay medicamentos si Yunes firmó un contrato de compra de fármacos especializados por más de 3 mil millones de pesos? ¿Cómo se aplicaron los 8 mil millones de pesos asignados al sector tras aprobarse la reforma a la ley del instituto? La Secretaría de Hacienda y la Contraloría Superior de la Federación tienen que aclarar la situación, señaló.

Asimismo, asentó que con los 2 millones de amparos, los trabajadores reventamos la pretensión de Calderón de privatizar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Garantizamos las pensiones por más de 10 salarios mínimos, pero los servicios de salud están cada vez peor.

En tanto, Rosario Ortiz Magallón propuso que, luego de cuatro años de la reforma a la Ley del ISSSTE, hay que rescatar la organización que se logró para interponer –en lo individual– los amparos. Comentó que desde 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó al gobierno mexicano llevar a cabo un análisis financiero para comprobar si la Ley del ISSSTE cumple con lo señalado en el artículo 102 del organismo internacional –relativo a la seguridad social– y una evaluación total al instituto junto con el IMSS.

Sostuvo que las cifras que debe proporcionar el gobierno tienen que estar actualizados, considerando el nivel del salario y la inflación: no se trata de presentar datos de 2007, cuando fue aprobada la reforma a la Ley del ISSSTE.

Apuntó que en una primera respuesta al requerimiento de la OIT, el gobierno afirmó que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado son cuatro veces más altas de lo que establece el organismo internacional, pero éste respondió que no encontró ningún documento que sustente tal dato. México está quedando como un país incapaz de garantizar la seguridad social para los trabajadores.

Ortiz Magallón y Leal mencionaron que la Ley del ISSSTE establece que debe revisarse cada cuatro años, periodo que se cumple en 2011

Premia HRW a activista de Nuevo León por su valor en defensa de los derechos humanos

Premia HRW a activista de Nuevo León por su valor en defensa de los derechos humanos

Es una bocanada de aire fresco en momentos en que el ambiente está enrarecido: Consuelo Morales

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 21

La directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, se hizo acreedora al Premio Alison des Forges por su activismo extraordinario, el galardón más importante que otorga Human Rights Watch, en reconocimiento a la labor que desde hace 18 años realiza dicho colectivo en defensa de las garantías individuales.

Dicho premio es entregado anualmente a activistas que han puesto en riesgo su seguridad y su vida en pro de los derechos humanos; en esta ocasión fue otorgado también a Hossam Bahgat, de Egipto; Sihem Bensedrine, de Túnez; Anis Hidayah, de Indonesia; Farai Maguwu, de Zimbaue; Elena Milashina, de Rusia, y Sussan Tahmasebi, de Irán.

Cadhac, fundada el 23 de abril de 1993, tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, y fue creada por comunidades eclesiales de base que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, con respeto a la pluralidad de credos, ideologías y preferencias sexuales.

En entrevista telefónica con La Jornada, Morales se congratuló por el reconocimiento, el cual atribuyó a la buena labor que han realizado los integrantes del colectivo en defensa de la democracia y la fraternidad.

Estamos muy contentos; (el premio) representa una bocanada de aire fresco en momentos en que el ambiente está muy enrarecido. Nos permitirá destacar el drama nacional y local de las desapariciones forzadas, y el de la impunidad y la corrupción, que se ha vuelto complejo por la delincuencia organizada, afirmó la religiosa.

Uno de los principales riesgos que implica esta situación –advirtió– es que, en vez de diseñar estrategias de seguridad que apuesten por la reconstrucción del tejido social, el gobierno opta cada vez más por aplicar políticas de mano dura que ya han demostrado su ineficacia.

Hacen más pesadas las condenas y empiezan a meter gente a la cárcel por delitos supuestamente graves, que en realidad no lo son. Hace 15 días publicaron en Nuevo León una reforma para castigar con 50 años de prisión el robo de auto con violencia. No protegen a los niños y a las mujeres, pero sí los vehículos, y lo que hay que hacer es poner en el centro a las personas, afirmó.

Con el pretexto de la inseguridad –continuó– se ha divulgado la idea de que los presuntos delincuentes pueden ser eliminados físicamente. El incremento de la violencia es tal, que cada vez se habla más de la tentación de aplicar la pena de muerte y reducir la edad penal, pero el camino es que nos reconozcamos como hermanos y pongamos a la gente en el centro de nuestra atención.

Por ello, Morales se pronunció en favor de las iniciativas de seguridad dadas a conocer el pasado lunes por un grupo de especialistas e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que es urgente buscar alternativas para cambiar la actual estrategia del gobierno federal.

Ya está comprobado que el endurecimiento de las penas no inhibe la delincuencia. Si les quitamos la oportunidad de educarse y de jugar, ¿qué jóvenes queremos? Se los lleva el Ejército, la Marina o la delincuencia organizada, y en vez de evitarlo, la autoridad está permitiendo más impunidad y corrupción, lamentó la activista

CARTONES DE LA JORNADA