viernes, 2 de julio de 2010

Noticiero SDP edición matutina 2-Julio-10

Mañana 2-Julio-10. Hoy hablamos sobre la liberación del último preso político de Atenco que tuvo lugar la noche de ayer, además comentamos sobre lo que dijo Gomez mont respecto a que se sacó de contexto la frase que usó de "tontos útiles", también hablamos sobre el mensaje de Calderón respecto a la creación de empleos que tuvo lugar ayer cuando faltan unos días para la jornada electoral en diversos estados del país, comentamos la columna de Víctor Hernandez respecto al aumento en la inseguridad en el EDOMEX y demás temas, tuvimos también la síntesis informativa de Notimex.
Para descargar directamente el audio MP3 de este noticiero, dar clíck AQUÍ, para suscribirte al poscast Noticias SDP y/o escuchar el MP3 con mejor calidad dar clíck AQUÍ.

Ministros discutirán las bodas gays a su regreso de vacaciones

Rechazan el dictamen de su compañero Sergio Valls que desechaba recurso de la PGR

Ministros discutirán las bodas gays a su regreso de vacaciones

El magistrado ponente presenta un nuevo proyecto de resolución

Fue puesto en Internet para su conocimiento

Confirma la constitucionalidad de estas uniones y su derecho a adoptar

Foto
Sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, los ministros decidieron, en votación dividida de 6 a 5, iniciar la discusión de la constitucionalidad de los matrimonios de parejas del mismo sexo y su derecho a adoptar hasta el 3 de agosto, tras el receso vacacionalFoto Carlos Ramós Mamahua
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 31

En votación dividida (6 a 5), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer analizar la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y que éstos adopten menores en el Distrito Federal. La discusión del asunto empezará el próximo 3 de agosto, después del receso vacacional de los ministros. Por lo pronto, el documento fue subido a Internet para conocimiento general.

Una vez que el pleno rechazó el dictamen en el que desechaba la demanda presentada por la PGR en contra de la reforma al Código Civil capitalino, Sergio Valls sorprendió a sus compañeros y les entregó un nuevo proyecto de resolución en el que confirma la constitucionalidad de los matrimonios homoparentales y su derecho a adoptar, además del derecho que tienen los niños a tener una mejor opción de vida, al margen de la orientación sexual de la mujer o del hombre solteros, o de si se trata de un matrimonio heterosexual o de personas del mismo sexo.

La mayoría, conformada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío, Sergio Aguirre, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Arturo Zaldívar, consideró que si bien el artículo 146 del Código Civil, referente a los requisitos para adoptar menores, no fue modificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, los cambios al artículo 391 del citado ordenamiento –que permitieron los matrimonios entre personas del mismo sexo– modificaron la concepción y todo el sistema familiar del matrimonio.

La minoría, encabezada por Sergio Valls e integrada por José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Luis María Aguilar, argumentó que al no haber reformado la Asamblea capitalina la normatividad sobre adopción, no se había producido un nuevo acto legislativo, y por tanto la Corte no podía conocer una demanda en contra de un artículo que fue reformado por última vez hace cinco años, siendo que la ley fija 30 días para que una norma recién promulgada sea controvertida en la Corte.

En el nuevo documento de Valls se indica que la Constitución no prevé un tipo de familia ideal, además de que la dinámica social demuestra que hay gran variedad de formas en que puede integrarse una familia –nuclear, monoparental, extensa, homoparental–, que no siempre derivan en matrimonio. Familias todas que, innegablemente, tienen la misma protección constitucional.

En respuesta a los planteamientos de la PGR, que se opone a que los matrimonios de un mismo sexo puedan adoptar, Valls subrayó que establecer a priori que una pareja homosexual o lesbiana no deben adoptar, una vez satisfechos los requisitos legales, constituiría una discriminación por orientación sexual, proscrita por el artículo primero constitucional.

Además, dijo, lo que debe garantizar el legislador es que en el procedimiento para autorizar la adopción de un menor ésa sea la mejor opción de vida del menor, al margen de si se trata de un matrimonio heterosexual o de personas del mismo sexo.

Tampoco es válido el argumento de la PGR, indicó, de que la adopción colocará al menor en situación de desigualdad frente a menores que tengan familias heterosexuales y que serán objeto de discriminación social, porque existe una gran diversidad de familias, y sostener lo que dice el procurador sería tanto como decir que todos los niños y niñas que crecen en familias distintas están en desventaja frente a los otros.

Además, en un Estado democrático de derecho, el legislador debe buscar la eliminación de las diversas formas de discriminación e intolerancia que se presentan en la sociedad.”

En uno de los dictámenes que contiene el proyecto de Valls, se incluye la opinión técnica solicitada a la UNAM sobre ese punto. La máxima casa de estudios concluyó que la legalización del matrimonio homosexual puede tener un efecto positivo para la sociedad, porque puede ayudar a fortalecer la pluralidad social y la integración definitiva de las personas homosexuales en todos sus ámbitos.

Liberan a participante en marcha gay

Liberan a participante en marcha gay
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 34

La juez 69 penal determinó dictar auto de libertad en favor de Arianna Dávila Silva, una de las tres jóvenes detenidas durante la marcha del orgullo lésbico-gay acusadas de robar a dos elementos de la policía bancaria e industrial sus gafetes y un reloj. Sin embargo, dictó formal prisión contra las otras dos estudiantes por robo con el agravante de violencia moral.

Finalmente no se acreditaron los agravantes de violencia y en pandilla, que en principio se les había tipificado, pero aun así Beatriz Corona Hernández y Carmen Fabiola de Jesús González no alcanzaron el beneficio de la libertad bajo fianza por supuestas agresiones verbales contra los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal explicaron que a las dos jóvenes que continúan presas en el penal femenil de Santa Martha se les seguirá un juicio sumario para que a más tardar en tres meses se emita sentencia.

Señalaron que cambiar las agravantes de violencia y en pandilla por violencia moral abre la posibilidad de que, de ser encontradas culpables, se les dicte una pena menor de cinco años de cárcel, con lo cual podrían acceder a la libertad bajo fianza.

La juez Nelly Ivonne Cortés Silva ordenó la liberación de Arianna, pues no encontró elementos de prueba que acreditaran el supuesto robo a los policías Noé Mendoza de la Torre y Gabino Mejía Martínez; pero en el caso de Beatriz y Carmen Fabiola fue distinto, pues, según la denuncia de los policías, ellas tenían los gafetes y el reloj.

Mientras, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal comenzó una investigación con el propósito de determinar si hubo abuso de autoridad de los elementos policiale

Exigen frenar la ola de delitos sexuales que desató la "guerra contra el crimen"

Protestan en Querétaro por la clausura de siete espectaculares

Exigen frenar la ola de delitos sexuales que desató la guerra contra el crimen
Miroslava Breach, Mariana Chávez y Ángeles Mariscal
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 30

Decenas de mujeres, principalmente estudiantes y amas de casa de clases media y alta, marcharon por la ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones concretas y políticas públicas que frenen la ola de violencia de género, en particular los delitos sexuales, cometidos durante asaltos y robos de autos, en los que no pocas víctimas han sufrido violaciones tumultuarias, cuyos índices se incrementaron en meses recientes.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Diálogo y Acción Ciudadana encabezaron la marcha que denominaron Mujeres Libres y Seguras, la cual partió del monumento a Francisco Villa al palacio de gobierno, luego se dirigió al Congreso local y concluyó ante la presidencia municipal.

Las manifestantes exigieron seguridad inmediata, ya que son tratadas como botín de guerra, debido a la ola de violencia que se acrecentó contra las mujeres desde que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, lo que ha dejado un saldo de 280 mujeres asesinadas en el estado; en el primer semestre de este año, dijeron, han sido violadas 82 mujeres sólo en la capital.

Por más de dos horas, las mujeres caminaron bajo el fuerte sol de las 10 de la mañana, para ir de puerta en puerta en las oficinas gubernamentales, exigiendo que se escucharn sus demandas. No encontraron a nadie.

El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, envió a un funcionario de tercer nivel a recibir el manifiesto elaborado por las inconformes. De los 33 diputados del Congreso, sólo el perredista Víctor Quintana estuvo presente; mientras en el ayuntamiento local el alcalde Álvaro Madero envió un representante.

En Querétaro, 70 mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en la sede de la delegación del Centro Histórico, en protesta porque al gobierno municipal, encabezado por el panista Francisco Domínguez, clausuró siete de los nueve espectaculares que difunden la campaña La otra mirada católica sobre el aborto, con la frase: La Iglesia católica no condena el aborto en algunas condiciones.

Dicha campaña, promovida por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, dio inicio el 31 de mayo en entidades donde se aprobaron leyes que penalizan a las mujeres que abortan

Amenazan federales a periodistas en Juárez

Amenazan federales a periodistas en Juárez
R. Villalpando y M. Breach, corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 29

Ciudad Juárez, Chih. Unos 30 policías federales encapuchados irrumpieron ayer por la tarde en las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, supuestamente en busca de un grupo de secuestradores. Reporteros y editores fueron encañonados y amenazados por los agentes, quienes no se identificaron y advirtieron que dispararían si alguien oponía resistencia. Luego de 20 minutos, los uniformados se retiraron, pero 10 minutos después llegaron tres camiones con más federales, quienes intentaron llevarse al reportero gráfico Alejandro Bringas en represalia por haberles tomado fotografías, pero llegaron más periodistas y lo impidieron.

QR: llaman seguidores de AMLO a anular voto

QR: llaman seguidores de AMLO a anular voto
Hugo Martoccia, corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 28

Cancún, QR. Las redes ciudadanas del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo invitaron a los votantes a escribir en las boletas una letra R, en señal de reprobación a las campañas y el proceso electoral en el estado. Estos políticos desdeñaron a la sociedad, la aturdieron con su propaganda, sus fotos y sus nombres, la llenaron de frases huecas, sin contenido, que repitieron en volantes y folletos, pretendiendo engañarla otra vez, haciéndole creer que la sociedad les importa, dijo Max Vega Tato, de la red Ciudadanet.

En Puebla, disputa electoral Marín-Gordillo, reitera AMLO

Sobre candidatos, señala: unos son rateros y otros son ladrones

En Puebla, disputa electoral Marín-Gordillo, reitera AMLO
Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 10

Puebla, Pue., 1º de julio. En vísperas de los comicios en los que se renovarán la gubernatura, los ayuntamientos y el Congreso de Puebla, Andrés Manuel López Obrador reiteró que la contienda en la entidad se ha reducido a una lucha entre el poder del gobernador priísta Mario Marín Torres y el de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales.

Añadió que los candidatos de dichos actores políticos, el priísta Javier López Zavala y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, no son opciones reales para la democratización de la entidad.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal visitó este jueves la capital poblana con el fin de presentar su libro La mafia que se adueño de México... y el 2012, antes de lo cual ofreció una entrevista a medios locales.

Al preguntarle sobre la incorporación de su hermano Arturo a la campaña de López Zavala –abanderado de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México–, López Obrador respondió que no compartía esa adhesión, pero la respetaba.

Foto
Andrés Manuel López Obrador presentó en Puebla su nuevo libroFoto La Jornada

Aseguró que no hay diferencias sustanciales entre López Zavala y Moreno Valle: unos son rateros y otros son ladrones.

En el auditorio del Sindicato Nacional de Telefonistas, abarrotado por sus seguidores, el ex candidato presidencial insistió en que la organización de la sociedad civil es el instrumento fundamental para vencer a la oligarquía que al margen de la institucionalidad se ha impuesto en México.

Criticó a quienes pregonan que lo mejor que puede pasar es el regreso del PRI a la Presidencia, cuando ese partido es el causante de las calamidades que sufre el país, principalmente de la injusta repartición de la riqueza.

Consideró que el vergonzante enriquecimiento de un grupo de 30 personas –la mafia– beneficiadas por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari ha cerrado las expectativas de vida a millones de mexicanos, por lo cual es comprensible la descomposición social y la incorporación de miles a la espiral de la violencia que cunde en el país.

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional

Severos cuestionamientos de ONG a la obstinación oficial por desacatar fallo de la Corte

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional
De la redacción
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3

En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.

En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

Reparación de daños

Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.

Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.

Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.

Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.

Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.

En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.

Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.

Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.

El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.

La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo que la retención de los líderes es un acto de revanchismo de las autoridades. Señaló que Ignacio del Valle es una piedra en el zapato tanto para Felipe Calderón como para Enrique Peña Nieto.

Víctor Ballinas, Emir Olivares, Roberto Garduño y Ciro Pérez

Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Atenco
Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto

Estamos bien y más fuertes: Ignacio del Valle

Israel Dávila y Blanche Petrich
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2

Almoloya de Juárez, 1º de julio. Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel del gobierno federal.

Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle.

Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos.

Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. ¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!, era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado enemigo público número uno por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: Estoy aquí, estamos bien y más fuertes.

Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos.

Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar sobre la probable existencia de causas pendientes. Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario no tiene atribuciones legales para proceder de esta manera.

Foto
Festejo afuera del penal del Altiplano, luego del anuncio de la salida de los dirigentes del FPDTFoto Marco Peláez

Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación.

A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión.

En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente.

A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el escenario más probable sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas, dijo Rivero.

Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa.

No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte

Porque sí defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala‏

Porque sí y ahora defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala

Marcela Romero Juárez y Guadalupe Jiménez López

1. Una autonomía que resiste para todos

El Municipio Autónomo de San Juan Copala, ubicado en el estado de Oaxaca e integrado por comunidades indígenas triqui, representa una de las muchas y diversas formas en que los pueblos indígenas de México están construyendo su derecho colectivo a la autonomía.

Por los trágicos acontecimientos que lo vio protagonista en los últimos meses –las repetidas agresiones de grupos paramilitares contra iniciativas masivas que se solidarizaron con este proceso de autodeterminación indígena- el Municipio Autónomo “rompió el silencio” y su nombre sonó por algunos días en los medios masivos de comunicación.

En este texto, queremos ir más allá de la contingencia que apremia a la población de San Juan Copala –asediada por grupos paramilitares- y de las apariencias, que pintan como estructural e irremediable el conflicto que padece el pueblo triqui.

Nuestra reflexión parte del entendimiento que el proceso de organización y resistencia que ha llevado al pueblo triqui a declararse autónomo es parte de una lucha más amplia; y que las aportaciones de otras experiencias autonómicas han sido fundamentales en la elaboración del proyecto de Copala. Por lo tanto, defender la autonomía en San Juan Copala significa también defender el sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, la lucha para la reapropiación de la tierra de los pueblos nahuas de Ostula, Coire y Pómaro de Michoacán, el derecho a la palabra que practica Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua en la región amuzga de Guerrero, los Municipios Autónomos zapatistas de Chiapas…

En distintas partes del país donde se ejerce la resistencia, y en particular en estos lugares donde la autonomía crece, el gobierno emprende todo tipo de estrategias para desgastar e impedir que estos referentes sigan expandiéndose, como la creación de grupos paramilitares y la cooptación de líderes y organizaciones de izquierda.

2. Telón de fondo: conflicto y violencia

El color dominante en las calles de San Juan Copala es el rojo, rojo vivo, el de los huipiles que las mujeres triquis tejen para ellas. “Es por la migración, pero sobre todo porque a los hombres, a los jovencitos y hasta los niños los mataron. Somos puras viudas y huérfanas”. Así explicaron algunas mujeres su presencia mayoritaria en el pueblo, durante el primer aniversario del Municipio Autónomo, el 20 de enero de 2008. En ese entonces, el logro más importante de la organización autónoma era que, desde su institución, ya no se habían registrado asesinatos en las 17 comunidades que lo integraban; y el hecho, tratándose de la región triqui, era sin duda contundente. Lamentablemente, esta situación de “paz”-principal objetivo del Municipio Autónomo- no se pudo mantener, y en 2009 la violencia recrudeció hasta llegar, en estos días pre-electorales, a niveles insostenibles.

La situación de violencia que padece el pueblo triqui es un hecho innegable, pero se ha también transformado en un estigma (al igual que el “Guerrero bronco”) y en una justificación apriorística de la realidad, utilizada con gusto por las autoridades estatales como pretexto para desentenderse de sus responsabilidades en la región[1]. Sin embrago, es necesario tratar de entender –aunque someramente- las raíces y los impactos de la situación de violencia generalizada que desde hace décadas se vive en la entidad, ya que no podemos entender la insurgencia social sin insertarla en tal contexto arraigado de represión, impunidad, relaciones clientelares y discriminación étnica. El racismo es el elemento fundador del mito del triqui violento, y la dominación lo que ha llevado a la descomposición las relaciones sociales internas a este pueblo indígena.

El territorio triqui es enclavado en la más amplia región mixteca, que lo rodea por completo. Pero sobre todo, es sometido política y económicamente a tres ciudades mestizas, históricamente sedes del poder caciquil: Constancia del Rosario, Juxtlahuaca y Putla de Guerrero. Anteriormente, San Juan Copala mantenía por lo menos la independencia administrativa, que perdió en 1948, cuando le fue quitada la categoría de municipio y su territorio repartido entre las tres cabeceras mestizas.

Los grupos de poder regionales acompañaron el desprecio hacia la población indígena con un gran interés hacia sus recursos: las fértiles tierras y el potencial de una fuerza de trabajo muy barata. Así, los conflictos agrarios iniciaron cuando las élites de las ciudades mestizas usurparon tierras comunales triquis; para quebrar la resistencia indígena usaron por un lado el terror y el exterminio de los líderes naturales, y por otro la cooptación de otros líderes más accesibles, fomentando el surgimiento de facciones opuestas para su estrategia de dominación. En el mismo engranaje está la implantación de los cultivos de café y plátano, que rompieron con el autoconsumo introduciendo la acumulación y la diferenciación económica en la región. Este proceso, que se vivió en todas las regiones rurales del México posrevolucionario, en la región triqui se pervirtió: con frecuencia las cosechas no eran pagadas en dinero sino con alcohol, armas y municiones, facilitando que la envidia entre vecinos se resolviera, cuando posible, con el asesinato. Asimismo, se formaron bandas de pistoleros y se fomentó el cacicazgo interno al pueblo triqui.

Esta situación de “violencia”, antes como ahora, es particularmente funcional a los poderes económicos y políticos: sustentándose en ella en los años ‘40 se desmantelaron los dos municipios triquis[2] y en los ‘50 se impuso la militarización del territorio indígena, que fue bombardeado en el ‘56. Al mismo tiempo, el PRI se instalaba con fuerza en la región, imponiendo su autoridad sobre el sistema tradicional de gobierno indígena e impulsando en la región proyectos de “desarrollo”.[3]

En contra de las múltiples vertientes de la dominación, el pueblo triqui inició a organizarse de forma independiente: primeros fueron algunos maestros, luego El Club, que luchaba para el control de los recursos y de la producción, y la defensa de las tradiciones. Violentamente reprimidas, estas organizaciones heredaron sus ideales y proyectos al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), formado en 1981, organización que con valor por una década luchó contra la dominación y resistió a la violenta represión del estado y de los grupos de poder locales. El MULT logró imponerse políticamente en la región, por lo que en 1994 el PRI impulsó la formación de la Unión de Bienestar Social Triqui (UBISORT), organización que entró inmediatamente en conflicto con la otra. Los choques violentos marcaron la historia de las dos organizaciones, en particular la del MULT que reclama centenares de muertos. Cuando los líderes del MULT iniciaron a corromperse y su lucha se limitó a la gestión de recursos, en un rápido acercamiento a la estructura priista que siempre mantuvo el poder en el estado, un grupo de inconformes creó el MULT-Independiente, que se forjó durante las movilizaciones magisteriales de 2006 y participó en la creación de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Apenas dos meses después de la violenta represión que cimbró esta experiencia organizativa estatal, en San Juan Copala se anunciaba la institución de un Municipio Autónomo, “integrado por todas las comunidades y barrios que han roto o en el futuro rompan la subordinación a las organizaciones del gobierno o ligadas a él”.[4]

Cabe señalar que, mientras una parte del pueblo triqui inició a construir espacios de autodeterminación y de dialogo, otra parte, ligada a las dos organizaciones mencionadas, recrudeció el uso de la violencia como arma política, fortaleciendo grupos paramilitares que actualmente mantienen con las armas el control en la región.

3. Raíces y matices de la autonomía para los triquis de Copala

Este brevísimo recuento de la historia reciente de la región triqui baja[5] nos ayuda a entender el significado y la forma particulares que adquieren la reivindicación y la práctica de la autonomía en este contexto, ya que no se pueden abstraer los procesos autonómicos de las situaciones históricas, políticas, económicas y sociales en que se desarrollan, así como de las necesidades que los determinan.

Asimismo, la reflexión sobre otras experiencias autonómicas ilustra trayectorias similares, como el hecho de que la declaración de la autonomía representa una respuesta desde abajo a las diferentes situaciones de violencia que llegan a ser insostenibles para los pueblos.

Territorio e identidad

La primera vertiente de la violencia, como mencioné arriba, es representada por la discriminación y el desprecio. Así, las autonomías son también, y sobre todo, una necesidad para la defensa de la identidad de los indígenas. Repropiándose del poder que tienen, como colectividad, de decidir y construir su futuro, los pueblos afirman su derecho de ser, de existir en tanto pueblo. En este sentido, la lucha por la autonomía es una lucha para la sobrevivencia de la colectividad. Atrapados en una disputa sin límites de violencia entre las organizaciones políticas de la región, los triquis se veían en la perspectiva de perder sus propias formas de gobernarse, crear acuerdos, resolver los conflictos, y dejarse arrastrar en una guerra intestina que terminaría de quebrar el ya fragmentado tejido social.

Elemento fundamental para la reproducción de la cultura y de la identidad, así como para el sustento material, es el territorio. Suelo para la siembra, pacha mama que alimenta, la tierra, definida simbólicamente y culturalmente, se vuelve territorio, cuyo sentido es inextricable de la identidad del pueblo que allí tiene sus raíces, sus mitos, sus fiestas y su alimento. A través de la dominación colonial y de la ocupación de tierras por las élites mestizas, lentamente la tierra ha sido arrebatada al pueblo triqui. La imposición de cultivos comerciales impuso el control ajeno sobre sus recursos. Asignando a tres distintos municipios mestizos la autoridad administrativa sobre el espacio que, politica y culturalmente, para los triquis es de competencia del Chuman’a[6] de San Juan Copala, el estado trató de arrebatar al pueblo el control político sobre su territorio.

Si el territorio es la raíz de la identidad, su defensa implica la autonomía. Recuperar la unidad territorial apuntaba entonces a la reconstrucción integral del pueblo, para sacudirse de la secular opresión de las élites mestizas y de la corrupta clase política estatal.

Organización política vs. Asambleas comunitarias

Sin embargo, las divisiones políticas y partidistas han dividido y enfrentado radicalmente al pueblo triqui, lo que representa la otra vertiente de la violencia, la más desgarradora.

“Antes de formar el Municipio Autónomo, se convocaron a las comunidades triquis de varias organizaciones. El tema de las pláticas era cómo evitar el baño de sangre en la región y avanzar por el bien de la comunidad. En una asamblea muy amplia, en la que participaron concejales de la APPO y lideres naturales de las comunidades, discutimos cómo constituir una nueva organización, éramos puros triquis. Ya en la plática, varios ancianos que participaban dijeron que formar otra organización era seguir dividiéndonos; en un corto tiempo habría que comprometerse con un partido político. Al final de varias discusiones, decidimos no crear ninguna organización, sino mejor rescatar la cultura, los usos y costumbres de la región para construir nuestra propia autoridad, nombrar nuestro presidente. En ese momento no se mencionó la autonomía, solo se decidió trabajar a nuestro modo, e incluir a todas las organizaciones que están en San Juan Copala”, comentó en una entrevista Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo[7].

La autonomía en contextos de violencia implica la construcción de nuevas formas de poder, más horizontal y plural. En un contexto polarizado, en que las relaciones entre las personas se estaban corrompiendo, donde el miedo empezaba a dominar la vida cotidiana, una parte del pueblo triqui decidió romper con la dinámica de las organizaciones políticas, que al reproducirse cada vez generaban más divisiones y conflictos. Entendieron que debían crear una institución más poderosa que las distintas organizaciones existentes.

Para detener la violencia construyeron un nuevo poder, que se impusiera política y simbólicamente como una referencia para el territorio al ser construido sobre el consenso y no sobre la exclusión. El Municipio Autónomo representa una institución que, al menos en sus intenciones, gobierna para todos los que están en el territorio, sin importar su militancia política (en un principio, integraban el Municipio comunidades del MULT-I y algunas inconformes de UBISORT, y había un proceso de dialogo con las bases del MULT). Este poder “alternativo” que construyen las autonomías se basa en el consenso, porque quien lo ejerce son las asambleas –comunitarias o municipales -: espacios colectivos de discusión y tomas de decisiones, donde las diferencias son respetadas en los acuerdos que de ellas emergen.

Como comenta Jorge Albino, esta nueva forma organizativa se pensó en oposición a la que prevalece en la región: organizaciones políticas que, de una u otra forma, dependen de los partidos[8]. UBISORT es una organización de directa filiación priista; por su lado, después de una larga temporada de lucha social, también el MULT optó por la lógica partidista. Este punto merece un esclarecimiento, ya que es fundamental para posicionar el planteamiento autonómico triqui al interno del movimiento indígena mexicano. El debate sobre las formas que debería tener el estatuto de autonomía de los pueblos indígenas tiene ya varías décadas; en México, alcanzó su culmine durante los Diálogos de San Andrés. En ese espacio, se manifestaron dos posiciones: por un lado, los que entendían la autonomía como un cuarto piso de gobierno que había que establecerse al interno de la estructura administrativa del Estado, lo que implicaba la lucha por conseguir espacios de representación indígena en las instituciones políticas, legislativas y de gobierno. Por otro lado, los que concebían la autonomía como una práctica cotidiana, que tiene sus raíces en las comunidades, y afirmaban la imposibilidad de establecer un modelo único para su implementación. El EZLN, junto con varias representaciones indígenas (muchas de ellas oaxaqueñas), sostuvieron esta segunda posición, que a la postre resultó en la práctica de la “autonomía sin pedir permiso”, respuesta obligada a la ceguera del Estado mexicano frente a la demanda de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos.

Por su parte, otras organizaciones optaron por la vía institucional hacia la autonomía, logrando por ejemplo diputaciones indígenas a nivel estatal y federal. En esta coyuntura podemos insertar la decisión de los dirigentes del MULT -ya entrados en confianza con el gobierno priista del estado de Oaxaca que los apoyaba generosamente con “proyectos”- de “dar la lucha desde arriba”, y fundar el Partido de Unidad Popular (según ellos, “el primer partido indígena” del país). Instituido en 2003, apenas a tiempo para poder participar a las elecciones en 2004, el PUP tuvo como resultado más evidente la victoria de Ulises Ruiz para el gobierno del estado, restándole un pequeño pero significativo porcentaje de votos al candidato de la izquierda, según sostiene París Pombo.[9]

Autonomía y recursos

No obstante reivindique una autonomía que se inspira en las Juntas de Buen Gobierno zapatistas[10], el Municipio Autónomo de San Juan Copala no plantea, como aquellas, una ruptura completa con las instituciones del Estado.

Afirmó el primer presidente municipal autónomo, José Ramírez: “acordamos en una asamblea que no es necesario reconocer legalmente el municipio, es nuestro municipio, nuestra autoridad, y basta con que nosotros lo reconozcamos, no el gobierno del estado. Pero también dice el Consejo que tenemos que exigir los recursos del estado para las comunidades porque son nuestros”.[11] Una de las demandas principales del Municipio Autónomo es poder obtener los recursos públicos destinados a las comunidades (Ramo 28 y 33); denuncian que dichos recursos, que las cabeceras municipales deberían canalizar hacia las comunidades, nunca les han llegado. Así, reivindican la gestión de estos apoyos y la posibilidad de usarlos para desarrollar proyectos de corte autonómico: “anteriormente el gobierno es el que decide que va a hacer en cada comunidad. Ahora creemos que se deben hacer consultas en las comunidades y así decidir los proyectos que se realicen, según la iniciativa de la gente; la tarea de las autoridades es hacer cumplir estas decisiones”[12].

4. Logros y avances del Municipio Autónomo de Copala

Sin embrago, los logros más importantes que ha tenido el Municipio Autónomo en los primeros dos años de existencia, no se han realizado con los recursos públicos. [13]

Entre los elementos que concretamente representan la autonomía para Copala está la constitución de la policía comunitaria, inspirada en la conocida experiencia guerrerense. Para Copala, instaurar una forma de seguridad propia, controlada por la autoridad autónoma y la asamblea, representaba una necesaria respuesta a la situación de violencia provocada por las varias facciones armadas. La seguridad y la resolución de conflictos son la base de cualquier intento de organización autónoma. Garantizar la seguridad de los propios pueblos, marcar un alto a la violencia, significa restituir la libertad a los individuos y a la colectividad. Una vez que hayan reconstituido las relaciones de convivencia y la confianza, los pueblos pueden edificar su futuro. Pero todo esto no es posible mientras los pueblos estén amenazados en su cotidianidad por la violencia y el miedo que los inmovilizan.

Otro elemento clave de la autonomía triqui es el proceso de rescate de las formas indígenas de organización y gobierno. El presidente y su cabildo (suplente, secretario y alcalde) son nombrados por una asamblea general de todas las comunidades que participan en el proyecto, en la que participan figuras importantes de la estructura social triqui: los líderes naturales o principales, los mayordomos y los ancianos. Lo que destaca de esta tradición organizativa que se está recuperando es el carácter colectivo de la autoridad (Consejo), y la colegialidad en la toma de decisiones (asambleas). En los tres años de gobierno, el primer cabildo no ha gobernado solo: el Consejo de ancianos –dos por cada comunidad- lo acompañó diariamente en su trabajo, lo que confirió gran legitimidad y prestigio entre la población. En los primeros meses del 2010, otra asamblea general eligió el nuevo presidente, que hasta la fecha no ha podido desempeñar a cabalidad sus funciones por la situación de asedio en que vive actualmente el pueblo de Copala.

El tercer fundamental logro de la autonomía triqui ha sido recuperar la palabra y el derecho a la comunicación, instalando la Radio Comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”, en la que se involucraron los jóvenes de las comunidades con el objetivo de dar a conocer los derechos indígenas y fortalecer una cultura de paz y dialogo. Lamentablemente, quienes no aceptan la idea de la pacificación de la región no dudaron en usar, una vez más, la violencia para callar La Voz: a los pocos meses de su instalación (7 de abril de 2008) dos jóvenes locutoras –Teresa y Felicitas- fueron asesinadas en una carretera de la región.

5. Resistir

Las autonomías son una práctica de resistencia, pero esto no ha significado para los pueblos estar inmóviles parando los golpes del sistema, sino un lento caminar hacia un destino propio: preservar, reconstituir y crear formas de gobierno y de resolución de los conflictos, formas de transmitir el conocimiento en la comunicación y la educación, formas de curarse, de festejar y de imaginar el mundo. Asimismo, los procesos de autonomía indígena participan en las luchas nacionales de resistencia y liberación, enriqueciendo con una visión propia los movimientos de transformación social.

El desenlace del conflicto en Copala –conflicto que no involucra solamente las diferentes organizaciones triquis, sino el estado y los poderes fácticos que gobiernan en Oaxaca- puede ser un precedente determinante para otras experiencias que se encuentran igualmente en situaciones críticas. En este sentido, se pronuncia el mismo Municipio Autónomo:

“…quienes somos golpeados por el hecho de buscar un camino distinto, el deseo de vivir con tranquilidad y en armonía se nos condena a vivir falsamente un camino que no decidimos, se nos impone por grupos caciquiles y dirigentes traidores de su pueblo, paramilitares y malos gobiernos que comparten la visión de un estado autoritario, militar, terrorista y que hoy buscan de todas las maneras decir que estamos fuera de la legalidad, de la razón, para preparar el camino de la represión! ¡Una masacre!, que no solo es para el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, sino para el pueblo de Oaxaca y de México, porque hoy Copala es emblemático para tod@s los que vemos una guerra donde confluyen todos los escenarios que preparan contra quienes lucha ye buscan justicia, esta es una Guerra de estado, abierta y dirigida sin ninguna moral, sin titubeos para desaparecernos…”[14]

Los primeros años del gobierno autónomo en San Juan Copala demostraron que sí se puede cambiar la realidad a partir de la propia historia, que sí se puede crear otras formas de convivencia, que, junto con otras luchas, sí se puede…

Ahora, es el momento de defendernos a todos.

CARTONES DE LA JORNADA




Fotos de la marcha 1 julio 2010








Cobertura AMLOTV

www.amlotv.com.mx
www.soberaniapopular.blogspot.com

Noticiero SDP edición matutina 2-Julio-10

Mañana 2-Julio-10. Hoy hablamos sobre la liberación del último preso político de Atenco que tuvo lugar la noche de ayer, además comentamos sobre lo que dijo Gomez mont respecto a que se sacó de contexto la frase que usó de "tontos útiles", también hablamos sobre el mensaje de Calderón respecto a la creación de empleos que tuvo lugar ayer cuando faltan unos días para la jornada electoral en diversos estados del país, comentamos la columna de Víctor Hernandez respecto al aumento en la inseguridad en el EDOMEX y demás temas, tuvimos también la síntesis informativa de Notimex.
Para descargar o escuchar el audio MP3 de este noticiero, dar clíck AQUÍ, para suscribirte al poscast Noticias SDP y/o escuchar el MP3 con mejor calidad dar clíck AQUÍ.