domingo, 19 de diciembre de 2010

Noticias con El Bote 17-Diciembre-10

Tweet Hoy hablamos respecto a como los ahorros de los trabajadores no alcanzarán para el bienestar de su futuro retiro, pero bien que alcanzan para el financiamiento a empresas y proyectos privados, también hablamos de como el que fuera presentado ante los medios como líder de un cartel, ahora resulta que prácticamente quedará libre y solo le resta un proceso por falsificación de una credencial del IFE, también comentamos sobre la cantidad de muertos que ha dejado la lucha contra el crimen organizado y que inclusive, según la PGR, es muestra de "un mayor éxito" ;y demás temas. Tuvimos la síntesis informativa NOTIMEX y presentamos un registro de la UNAM que prueba los estudios de licenciatura de AMLO.
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Fijan el nuevo minisalario en $59.80 para el área "A"; se incrementa 4.1%

Fijan el nuevo minisalario en $59.80 para el área A; se incrementa 4.1%

Entra en vigor el primero de enero; busca preservar la planta productiva, los empleos y parar la inflación

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 37

Representantes obreros, patronales y del gobierno acordaron, por unanimidad, aumentar 4.1 por ciento el salario mínimo, que regirá a partir del primero de enero próximo.

La medida representa, en promedio, un incremento de 2 pesos con 30 centavos para los trabajadores que ganan este sueldo.

Los empleados que viven en entidades clasificadas en el área A pasarán de 57.56 a 59.80 pesos al día; en la B el cambio será de 55.84 a 58.10 pesos, y en la C pasará de 54.47 a 56.75 pesos al día.

La resolución del consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) se tomó con base en tres premisas: preservar la planta productiva, los empleos y evitar presiones inflacionarias adicionales. Con lo anterior –afirman los enviados de los organismos sindicales y patronales que tienen desde hace varias décadas un asiento en el consejo de la CNSM– se alienta además la inversión.

En promedio, el salario mínimo para 2011 será de 58 pesos con 22 centavos al día.

De acuerdo con cifras oficiales, perciben este pago alrededor de 410 mil trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social; el salario mínimo se ha convertido en un indicador con el que se fijan multas y pagos. En casi la mitad de las 261 leyes federales, este sueldo es un factor de indexación.

Sin embargo, especialistas en la materia calculan que muchos más (algunos estudios señalan que son más de un millón) perciben el minisalario.

No alcanza para un boleto del Metro o dos bolillos

Para estos trabajadores, que se ocupan en el sector formal o informal de la economía, el aumento de 4.1 por ciento (equivalente a 2 pesos con 30 centavos, promedio) no es suficiente para comprar, por ejemplo, un boleto del Metro (cuyo costo es de tres pesos) o para dos bolillos (el costo unitario de este producto de la canasta básica es de un peso con 50 centavos).

Tampoco alcanzaría para un viaje en autobús del transporte público de la ciudad de México (cinco pesos) y mucho menos para un litro de leche, producto que está por encima de los 10 pesos. El avance a este indicador está lejos de ser suficiente para comprar productos de la canasta básica como el huevo, que vale 20 pesos el kilo.

El diputado federal Mario di Costanzo advirtió que el salario mínimo requería un aumento de 5.6 por ciento para recuperar lo que perdió en 2010; para restablecer el poder de compra perdido en el sexenio, el avance tendría que ser de 45 por ciento.

El legislador explicó que 42 productos de la canasta básica tuvieron aumento de 5.59 por ciento en 2010 y, de 2006 a la fecha, el aumento fue de 72 por ciento al pasar de 812 a mil 400 pesos.

Al inicio de este sexenio, el salario mínimo, zona A, era de 48.67 pesos y en 2010 se ubica en 57.46 pesos al día, es decir, durante la presente administración ha avanzado poco menos de 10 pesos.

En días pasados, la Organización Internacional del Trabajo alertó acerca de la constante pérdida del poder adquisitivo del salario en México”, con incrementos menores a países como Nicaragua y Bolivia.

El artículo 123 constitucional señala que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

La resolución del consejo asegura que los ajustes no serán ni piso ni techo para las revisiones contractuales y que la generación de empleos debe ser objetivo prioritario para los gobiernos, al igual que la baja en la inflación, las políticas fiscales ordenadas y demás objetivos macroeconómicos.

Los integrantes del consejo, se agrega en el boletín oficial difundido por la Secretaría del Trabajo, consideraron prudente resolver con objetividad y responsabilidad la presente fijación salarial.

El presidente de la CNSM, Basilio González, dijo que el incremento compensa parcialmente la pérdida del poder adquisitivo. El argumento del funcionario es que el aumento para el salario mínimo que rigió en 2010 fue de 4.85 por ciento y, al cierre del mismo, la inflación concluirá en el rango de 4.4 por ciento.

Entonces, señaló, “la ganancia ha sido pequeña (…) Nuevamente estamos fijando este incremento con la perspectiva de que la inflación concluya por debajo del nivel esperado para 2011 (3.1 por ciento)”, señaló en conferencia de prensa.

En tanto, José Luis Carazo, representante del sector obrero en la CNSM, avaló que lo importante es no provocar –con un incremento mayor– un efecto negativo en la inflación, que terminarían pagando los trabajadores, aunque insistió en que el reto es fortalecer el mercado interno.

A su vez, Tomás Natividad, representante del sector patronal en esta comisión, subrayó que otorgar un incremento no sustentado en las previsiones y resultados de la productividad tiene elevados impactos negativos en la inflación.

La zona geográfica A, cuyo salario mínimo será en el año 2011 de 59.80 pesos diarios, incluye el Distrito Federal y su área metropolitana, así como los estados Baja California y Baja California Sur y las ciudades de Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Matamoros, Tamaulipas, y Coatzacoalcos, Veracruz, entre otras.

El área geográfica B (58.10 pesos diarios) incluye a Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Poza Rica, Veracruz, por mencionar algunos.

En el área C (56.75 pesos diarios) se incluye, por ejemplo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios específicos de ocho entidades

Jóvenes mexicanos, incapaces para encarar la realidad: INEE

Jóvenes mexicanos, incapaces para encarar la realidad: INEE
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 38

De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2009, México enfrenta aún mucho por hacer para asegurar que los jóvenes sean capaces de analizar, razonar y comunicarse de manera satisfactoria al plantear, resolver e interpretar problemas en diversas situaciones del mundo real, subraya un análisis del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Al evaluar los resultados de la prueba, que se aplica cada tres años con énfasis en un área diferente –que incluye lectura, matemáticas y ciencia–, asegura que prevalece un porcentaje alto de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño lector, y pequeño en los niveles más altos.

En el primer caso, señala, es inadmisible, pues los adolescentes que se ubiquen en los últimos niveles de desempeño tendrán enormes dificultades para continuar aprendiendo a lo largo de su vida y para constituirse en participantes eficaces y productivos en la sociedad actual.

Advierte que al contar con pocos jóvenes en niveles de desempeño elevados con habilidades para tareas de alta complejidad cognitiva o científica, significa que en el futuro próximo no habrá suficientes especialistas de alto nivel, capaces de dirigir la vida científica, cultural y económica del país.

De acuerdo con los resultados de PISA 2009, México alcanzó un promedio de 425 puntos en lectura, 419 en matemáticas y 416 en ciencias, con un global de 422 puntos. Las entidades con mejores resultados fueron el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes.

Sin embargo, el INEE destaca que, pese a los resultados, no es sencillo obtener cambios importantes, ni siquiera en una década, pues no basta aumentar la cantidad de recursos financieros dedicados a la educación, deben modificarse prácticas escolares arraigadas y, lo que es quizá más difícil, patrones culturales que prevalecen en las sociedades.

En competencia lectora PISA revela que México tiene en los niveles insuficientes a 36.6 por ciento de los jóvenes evaluados, quienes no pueden acceder a estudios superiores ni desarrollar actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento, mientras 33 por ciento está en el nivel mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea, y sólo 5.7 por ciento pueden realizar actividades de alta complejidad cognitiva.

En matemáticas, sólo 5 por ciento de los estudiantes alcanzan niveles altos; le sigue 44 por ciento en niveles intermedios, y en 51 por ciento en los más bajos

Piden ONG vetar la Ley de Gestación Subrogada

Integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a quien solicitaron no publicar la Ley de Gestación Subrogada, que regula el préstamo de úteros a parejas o mujeres con problemas de infertilidad, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), porque no se consideró a las parejas del mismo sexo.

La directora del Instituto de las Mujeres del DF, Martha Lucía Micher, detalló que agrupaciones como GIRE, SIPAM y Consorcio para el Diálogo, se reunieron en días pasados con el mandatario para manifestar sus inquietudes sobre el dictamen aprobado en el órgano legislativo.

Aseguró que no se trata de una oposición a la norma, sino de aclarar dudas en torno a términos que se utilizaron, algunas sobre cuestiones de redacción y otras que tienen que ver con la forma. Por ejemplo, agregó, una de las preocupaciones es que sólo se beneficie a parejas heterosexuales.

Esa es una inquietud que tienen las organizaciones y es importante aclararla, apuntó, tras señalar que se está elaborando una serie de observaciones junto con la Consejería Jurídica.

De hecho, señaló, dicha instancia ya tiene las propuestas de modificación que presentaron las organizaciones de la sociedad civil. Se nos atravesó el presupuesto y otros temas de la agenda legislativa y apenas estamos en el proceso de análisis de lo que ellas están solicitando, refirió

Desaparecidos, 190 centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, tras asalto a tren

Desaparecidos, 190 centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, tras asalto a tren
Octavio Vélez y Agustín Galo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 32

Oaxaca, Oax., 18 de diciembre. Aproximadamente 190 centroamericanos se encuentran desaparecidos en el Istmo de Tehuantepec después de ser asaltado el tren en el que se desplazaban entre Arriaga, Chiapas, y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, informó Alejandro Solalinde Guerra, coordinador diocesano de la Movilidad Humana Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Tehuantepec.

El sacerdote dijo que unos 300 migrantes subieron al ferrocarril la noche del jueves pasado en Arriaga, pero alrededor de las 24 horas policías federales, soldados del Ejército Mexicano y agentes del Instituto Nacional de Migración treparon para tratar de detenerlos.

Muchos extranjeros se tiraron desde el tren en movimiento pero 92 fueron detenidos, golpeados y llevados por los policías y agentes del INM, señaló. Los que no fueron detenidos subieron de nuevo al tren, entre ellos mujeres y niños, pero media hora después fueron asaltados por unos 10 hombres vestidos de negro.

Los sujetos, quienes llevaban armas de fuego, saltaron al tren, dispararon y empezaron a gritar que todos tenían que sacar su dinero; presuntamente secuestraron a muchos, asentó.

Precisó que sólo 15 centroamericanos pudieron llegar a la Capilla-Albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, donde denunciaron los hechos. Uno se fracturó una pierna, indicó.

Solalinde Guerra dijo que se desconoce el destino de los demás migrantes. Pueden estar en el monte, secuestrados, heridos o muertos por los asaltantes, señaló.

Dos ataques en una semana

Solalinde Guerra informó que en la última semana hubo otro secuestro masivo de guatemaltecos y hondureños. Entrevistado al término de la ceremonia por el Día Internacional del Migrante, explicó que un primer ataque ocurrió el martes, cuando los pasajeros de un camión con número 418, que cubría la ruta Tapachula-Juchitán, fueron agredidos luego de pasar por Santo Domingo Zanatepec.

Según las personas que lograron huir “hay señas de que fueron judiciales estatales. A los secuestrados se los llevaron en una pick up blanca, sin placas.

Además la forma de sujetar a los migrantes es típica: con la mano izquierda los levantan del cinturón para que pierdan el equilibrio y con la derecha los sujetan del cuello. Así los someten, esa es una técnica policiaca, afirmó

Gobierno, cómplice de feminicidios: ONG

El asesinato de la activista chi-huahuense Marisela Escobedo Ortiz es sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor de violencia contra las mujeres, que ha ido creciendo en todo el país por la falta de compromiso de los gobiernos para detenerlo, lo cual ha dado lugar a una grave impunidad, advirtieron miembros de organismos de derechos humanos.

Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que este caso deja claro el silencio cómplice del gobierno federal ante los feminicidios y la forma en que algunos casos de violencia reciben más atención que otros.

Dan prioridad a algunas personas, hay un trato diferenciado, y eso me preocupa mucho, porque se demuestra que no todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos son importantes para el gobierno, por lo cual son ignoradas y maltratadas por el Poder Judicial, como ocurrió en el caso de Escobedo Ortiz.

Gutiérrez calificó lo ocurrido de crimen de Estado, ya que la actuación negligente y débil de las autoridades, agregó, dio pie a la comisión de un nuevo asesinato.

Ésta es la punta del iceberg de una situación gravísima. Nosotros debemos seguir trabajando para lograr que el gobierno asuma un compromiso claro en derechos humanos, afirmó.

Gloria Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el asesinato de Marisela Escobedo provoca un sentimiento de impotencia e indignación por vivir en un país de ingobernabilidad, donde siguen cometiendo agravios contra las mujeres y nadie da la cara por ello.

Entrevistada durante la manifestación del pasado viernes frente a la Secretaría de Gobernación, Ramírez expresó su coraje porque la respuesta de las autoridades ante las demandas de justicia de la población es enviar granaderos.

Estamos llegando a una situación de Estado fallido, que no es capaz de garantizar los derechos de las mujeres, ni las bases fundamentales de la legalidad, la justicia y la seguridad pública. Esto es un crimen de Estado, a los tres niveles de gobierno, y no tenemos otra puerta que la justicia internacional, aseveró.

El dirigente del PAN, Gustavo Madero, exigió a las autoridades de Chihuahua que proporcionen seguridad a los familiares de Marisela Escobedo, tras conocer las agresiones que han sufrido los deudos de ésta.

En un comunicado, pidió a los gobiernos estatal y municipal de Chihuahua efectividad en las investigaciones del caso y consideró inapropiada la declaración que hizo el fiscal de que no se puede asegurar que las agresiones a los familiares de Escobedo estén relacionados con su muerte

Por violencia, sube demanda de atención sicológica a niños

En el último año, las solicitudes de atención sicológica a menores que han sufrido actos de violencia de manera directa o indirecta se incrementó hasta 20 por ciento, informó el coordinador de la carrera de Sicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Enrique Anchondo.

En entrevista, el especialista dijo que en algunos casos el impacto en los menores puede ocasionar que a futuro presenten problemas de aprendizaje y conducta, por lo que es recomendable que reciban atención lo más pronto posible.

Si no reciben ayuda especializada, los menores que han sido testigos de actos violentos podrían repetir esos patrones de conducta, es decir, tener un comportamiento delictivo en el futuro.

Dijo que aunque algunos no necesariamente han estado expuestos de manera directa a la violencia, el simple hecho de escuchar balaceras cerca de su hogar o escuela también les afecta.

Explicó que las principales manifestaciones que se dan en los menores son trastornos de conducta y aprendizaje, así como aislamiento, insomnio, temor y falta de apetito.

Huérfanos y abandonados

Por su parte, Teresa Almada, directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, AC (Casa), que se dedica a la promoción y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes en comunidades marginales de Ciudad Juárez, señaló que ante la guerra del gobierno contra el crimen organizado, los principales afectados han sido los menores, pues según las cifras, desde hace tres años más de 10 mil infantes de dicha localidad están en situación de abandono, orfandad y pobreza, debido a que uno o ambos padres fueron asesinados.

Los menores han vivido la violencia de diferentes formas: algunos han sido testigos de balaceras, asesinatos e incluso han presenciado la muerte de algunos de sus familiares. Los casos más dramáticos son los de las víctimas colaterales, cuando los menores han sufrido heridas o han sido asesinados al momento de que sus padres fueron rafagueados por integrantes del crimen organizado, incluso hay situaciones donde bebés recibieron disparos.

Sin embargo –comentó–, no son los únicos casos. “Por ejemplo, hace algunos meses encontramos a un par de pequeños de dos y tres años que deambulaban por la calle, ya que su mamá había sido ejecutada. Hay situaciones similares donde los niños son abandonados en los colegios porque sus padres no regresaron, pues fueron asesinados”

Hoy, treinta años de buscar a la poeta y feminista Alaíde Foppa

Hoy, treinta años de buscar a la poeta y feminista Alaíde Foppa

La lucha de organizaciones sociales creó condiciones para procesar reclamos de deudos

Infatigables, los hijos de la escritora, Julio, Laura y Silvia Solórzano, saben que el camino para que se esclarezca el caso aún es largo y enfrentarán un aparato de justicia débil y permeable a la corrupción

Foto
Alaíde FoppaFoto Imagen tomada del libro de Gilda Salinas editado por Grijalbo
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 12

A 30 años de la desaparición de la poeta y feminista guatemalteca Alaíde Foppa, sus hijos todavía la buscan y no cejan en exigir justicia y esclarecimiento. Lo hacen sin el menor rastro de desaliento, a juzgar por las palabras de su hijo Julio Solórzano, quien asegura tener todas las esperanzas puestas en el habeas corpus que interpusieron él y sus hermanas Laura y Silvia ante la Suprema Corte de Justicia en ciudad de Guatemala el pasado 24 de noviembre.

En este país centroamericano, que padeció el periodo de guerra sucia más prolongado y cruento del siglo XX en América Latina, con 200 mil asesinatos políticos y 45 mil desapariciones forzadas en 36 años (entre 1960 y 1996, firma de los acuerdos de paz), hay al menos tres casos resueltos, con los perpetradores detenidos y sentenciados. (A diferencia de lo que ocurre en México, con 2 mil desaparecidos en el periodo de la guerra sucia, pero ni un caso resuelto).

Se trata de los casos del sindicalista Fernando García (quien fue esposo de la fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo Nineth García) y las masacres de Ejuta y Chimaltenango. Son tres situaciones que crean jurisprudencia y a nosotros nos abren una vía para poder juzgar a los responsables de la desaparición de mi madre, no sólo de los autores materiales, sino hasta arriba en la cadena de mando.

En las tres décadas transcurridas desde aquel mediodía del 19 de diciembre de 1980, cuando el vehículo en que viajaba Alaíde Foppa fue interceptado camino al mercado de La Quemada, en el centro de Guatemala, y secuestrados la escritora y su chofer, Leocadio Actún Chiroy, la lucha por la justicia pasó por muchas etapas.

Primero fueron las campañas de denuncia internacionales. En esos años, durante la dictadura, nadie buscaba a nadie en Guatemala. Ir a los cementerios a buscar restos de desaparecidos era la actividad más peligrosa, recuerda Solórzano. En México se hizo un gran trabajo de solidaridad. Incluso el canciller Jorge Castañeda de la Rosa organizó un comité de notables (con Jorge Carpizo, Juan José Bremer y Leopoldo Zea, entre otros) que debían viajar a Guatemala en el avión presidencial para buscarla. Pero una amenaza del gobierno y la falta de indicios de que Alaíde Foppa estuviera viva hicieron suspender la operación.

Alaíde Foppa, hija de un diplomático, educada en Europa, era crítica de arte, dirigía espacios de estudios de la mujer en la UNAM, fundó la emblemática revista Fem y era poeta leída y reconocida. Fue esposa de Alfonso Solórzano, comunista refugiado en México y madre de cinco brillantes hijos, tres de los cuales se remontaron a las montañas guatemaltecas en las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Pero era además una mujer con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos de su país, aclara Solórzano.

Ese fue un año fatídico para la familia. En junio de 1980 Alaíde recibe un mensaje del EGP informándole que Juan Pablo, su hijo menor, de 27 años, había caído en combate en El Quiché. Al mes su esposo es atropellado en la avenida Insurgentes. En diciembre ella viaja a su país y es desaparecida. En junio del año siguiente cae un segundo hijo, Mario. Sobrevivió en la guerrilla Silvia, quien era médica y actualmente reside en Ecuador. Y los otros dos, Laura, bailarina, y Julio (el mayor, quien es hijo del ex presidente Juan José Arévalo y fue adoptado por Solórzano), promotor cultural, viven en Guatemala.

Los tres formaron un clan que nunca dejó de buscar justicia. Esfuerzos hicimos muchos, pero nunca ante la ley guatemalteca. Esta es la primera vez que se nos presenta una oportunidad concreta, explica Julio en entrevista.

Antes recurrieron, junto con la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, a la Audiencia Nacional de España. En 1996 el arresto y pedido de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres me abrió los ojos sobre las posibilidades de las vías legales extraterritoriales. El proceso internacional del tribunal español contra los genocidas guatemaltecos (que se encontraron ahí con lo que quizá sea la más nítida caracterización de lo que es un genocidio en toda forma) avanzó hasta que en 1999 se expidieron órdenes de arresto contra siete militares guatemaltecos involucrados en estas violaciones masivas. Dos de ellos, del alto mando del dictador Romeo Lucas García (general Aníbal Guevara y coronel Germán Chupina), tuvieron arresto domiciliario, hasta que en 2007 un decreto constitucional de la Corte guatemalteca desconoció los juicios de tribunales extranjeros y los militares fueron liberados.

Hubo otro esfuerzo más que abortó de último momento. Contratando detectives y siguiendo pistas casi novelescas, los Solórzano lograron localizar, en Tlalnepantla, a quien fue ministro de Gobierno del régimen de Lucas, Donaldo Álvarez, plenamente identificado como responsable de la desaparición de Alaíde Foppa, la quema de la embajada de España con medio centenar de personas incineradas vivas y la masacre de Panzós, entre otros crímenes de lesa humanidad. Con la mayor confidencialidad, la Audiencia Nacional envió a México la orden de aprehensión y en medio del trámite el entonces septuagenario represor logró fugarse. Sabemos que las estructuras policiales y militares de México y Guatemala, que fueron cómplices durante la guerra, siguen manteniendo intactas sus relaciones, aunque ahora en todas las variables posibles del crimen organizado, sostiene Solórzano. Donaldo vivió en Tlalnepantla, en una dirección conocida por el gobierno mexicano, durante más de 20 años.

Hoy en Guatemala, asegura Solórzano, hay nuevos elementos que dan otro horizonte a los cientos de miles de reclamos de justicia pendientes. Uno de ellos fue la apertura del Archivo Histórico de la Policía Nacional, hace algunos años, con más de 80 millones de documentos que registran una radiografía del modus operandi represivo del régimen durante décadas. El acceso a esos archivos ha permitido reconstruir varios delitos. El otro elemento es el Instituto de Antropología Forense más grande de América Latina.

Esto abre condiciones sin precedente para investigar el pasado, no por obra y gracia del presidente Álvaro Colom, sino como fruto de la lucha de décadas de las organizaciones sociales.

Con esas herramientas a la mano empezaron a fines del año pasado las excavaciones de fosas comunes, ya no sólo en las comunidades rurales, donde la ubicación de masacrados es más fácil, sino en la misma capital. “Ahí estuvimos los familiares de cientos de desaparecidos cuando se abrió la fosa del cementerio de La Verbena. Era un cilindro de 15 metros de diámetro y 10 de profundidad. Cuando se destapó, con esa revoltura indescriptible de huesos, cráneos, ropa, zapatos, lentes… de seres humanos, ascendió un aullido de llanto y dolor que nunca voy a olvidar.”

El trayecto será largo. Lo saben los hijos. Y enfrentamos además un aparato de procuración de justicia débil, escaso y muy permeable a la corrupción. Pero con todo, nunca antes hubo un momento tan propicio como éste, concluye el hijo de Alaíde Foppa

Diputados desaparecieron casi $200 millones para programa de salud

Diputados desaparecieron casi $200 millones para programa de salud
Mariana Norandi
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 14

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denunció que en el decreto de Presupuesto 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 7 de diciembre, existe una disminución de más de 195 millones de pesos respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados la noche del 15 de noviembre para el anexo 10, erogaciones para igualdad.

Al analizar la diferencia, la asociación constató que el monto íntegro que desapareció fue del Programa de Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, el cual busca, entre otros propósitos, combatir el cáncer cérvico-uterino, de mama y la mortalidad materna.

En entrevista, Daptnhe Cuevas, directora ejecutiva del consorcio, explicó que dicho programa fue votado y aprobado por los diputados con un monto de mil 549 millones 614 mil 252 pesos, mientras en el decreto publicado la suma es de mil 353 millones 910 mil 967 pesos, lo cual presenta una diferencia de 195 millones 703 mil 285 pesos.

“El día que los legisladores votaron el presupuesto lo hicieron con base en un dictamen que tenía contenidos, rubros y montos. Por ello, luego de que los diputados votaron el dictamen y su fe de erratas, fue publicado en la Gaceta de la Cámara. Pero cuando vemos lo impreso en el DOF nos percatamos que de los 15 mil 112 millones 175 mil 990 pesos para las acciones de igualdad, el monto que aparecía era de 14 mil 916 millones 472 mil 705 pesos”.

Agregó que al conocer esa modificación alertó inmediatamente a las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad de Género y sus equipos técnicos, con el fin de proveerlas de análisis que les ayudaran a documentar la ilegal disminución de los recursos y a argumentar la restitución de los casi 200 millones de pesos.

Ante la presión de las diputadas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública explicó que esa diferencia se debió a un error técnico que derivó en la suma duplicada de un monto y por tal motivo se hizo el ajuste.

A excepción de la diputada perredista Leticia Quezada, quien hizo declaraciones públicas sobre el tema, varias legisladoras ya han aceptado la respuesta de la Comisión de Presupuesto. Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Martha Elena García Gómez, solicitó licencia para separarse del cargo para contender por la candidatura PAN-PRD a la gubernatura de Nayarit el año próximo.

Sin embargo, nuestra tarea, del Consorcio y de la Coalición por la Salud de las Mujeres, continuará hasta esclarecer la disminución del presupuesto para un plan tan importante como el de salud reproductiva y exigir la restitución de la cantidad aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.

Por ello este lunes las organizaciones enviarán una carta que será entregada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad de Género y Salud, con el objetivo de esclarecer la modificación publicada sobre el monto destinado a dicho programa.

En esa misiva se solicita a los diputados realizar las acciones necesarias para que se aclare la disminución de los 195 millones aprobados por el pleno y sean restituidos a dicho programa

Pide la CNDH proteger a los migrantes en su paso por el país

Pide la CNDH proteger a los migrantes en su paso por el país
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Las garantías de centroamericanos son violadas todos los días al cruzar México, afirma la CNDHFoto Ap
De la Redacción
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 16

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró ayer sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a instrumentar acciones para proteger de la delincuencia y los abusos a este sector, cuyas garantías son violadas de forma cotidiana durante su tránsito por el país.

Mediante un comunicado, el organismo informó que durante 2010 capacitó a más de 2 mil servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, que tienen contacto frecuente con migrantes, para sensibilizarlos sobre derechos humanos.

El documento también subrayó que, a propuesta de la CNDH, en octubre pasado la Federación Iberoamericana del Ombudsman aceptó crear el Observatorio Iberoamericano en Materia de Migración y Trata de Personas, instancia que estará conformada por defensores del pueblo, procuradores y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de 18 países.

Según datos oficiales, hasta octubre de este año fueron repatriados de Estados Unidos a México más de 10 mil 400 migrantes mexicanos, por lo que se solicitó a las autoridades de todos los niveles de gobierno que les brinden asesoría y protección para impedir que sean afectados por la delincuencia o los intentos de extorsión de servidores públicos.

Finalmente, la CNDH afirmó que durante 2010 ha realizado mil 559 visitas a estaciones migratorias, para verificar que en dichos lugares se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas

Designará SME despacho para auditar sus cuentas bancarias

Designará SME despacho para auditar sus cuentas bancarias

Pese a la toma de nota, no dispondremos de los recursos, dice Esparza

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La dirigencia del SME afirmó que continuarán con su movimiento hasta crear una nueva empresa que ofrezca el servicio de energía eléctrica en el centro del país. Imagen de la marcha del 12 de noviembreFoto Roberto García Ortiz
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 15

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contratará un despacho de auditores para verificar el estado de sus cuentas bancarias. En la dirigencia, encabezada por Martín Esparza, existe la sospecha de que Alejandro Muñoz, ex tesorero de esta organización gremial, hizo retiros irregulares.

Aunque en el escritorio ya tiene la toma de nota (reconocimiento oficial expedido por el gobierno federal), Esparza afirma que aún no tienen acceso a recursos económicos porque han decidido esperar los resultados de la auditoría y, con base en ello, pedirán también informes precisos a los bancos, porque desde hace 14 meses no reciben estados de cuenta.

Al cierre de este año, de lo único que tienen certeza es que tienen cuentas por pagar por unos 40 millones de pesos. En esta lista de acreedores se encuentra el IMSS, debido a que el SME tiene su propio personal, al cual tampoco le han pagado salarios. Además, todos los gastos derivados de la difusión de este movimiento tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, así como los pagos administrativos pendientes de sus oficinas, entre otros.

Si bien la toma de nota a Esparza y parte del comité central de este sindicato (una fracción del comité está en litigio) les ha permitido recuperar la representación legal para seguir con la defensa de los trabajadores y la administración del patrimonio, los electricistas en resistencia siguen sin disponer de sus recursos.

Estamos iniciando un proceso para que los bancos nos informen de todo el manejo contable, porque con el pretexto de que no había toma de nota no nos informaron sobre los movimientos de ingresos y salidas de dinero. Señalamos que hay un fraude de los propios dineros y vamos a proceder a solicitar una auditoría, informó Esparza en entrevista.

De igual forma, esta revisión contable abarcará no sólo el destino de los recursos en el último bienio, sino de las sesiones anteriores (encabezadas por Rosendo Flores y Pedro Castillo) en lo que se refiere al fondo de los seguros de los sindicalizados. Las cuentas bancarias del SME fueron congeladas antes del decreto de extinción, es decir, en el origen de este conflicto cuando la autoridad laboral le negó, por primera vez la toma de nota a Esparza para su relección.

Pese a esta restricción, continúan con el movimiento de resistencia que incluye el seguimiento a las demandas por despido injustificado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, litigio que ya no habrían podido continuar sin la personalidad que les da la toma de nota.

En tanto, este sábado realizaron la primera reunión rumbo a la creación de la Agrupación Política Nacional del SME, proyecto anunciado el mes pasado y con base en el cual pretenden continuar en movimiento al tiempo que gestionan, en la Cámara de Diputados, la creación de una nueva empresa que dé servicio de energía eléctrica a la zona central del país

Podría quedar impune un feminicidio en comunidad chol, alertan activistas

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Jesús Salazar es responsable del crimen y violación de la maestra Bárbara Guzmán, afirman

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Integrantes de comités indígenas de derechos humanos alertan sobre la posibilidad de que el asesino de una meaestra de la comunidad quede en libertadFoto Víctor Camacho
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de diciembre. Comités indígenas comunitarios de derechos humanos en la región chol, del norte del estado, alertaron contra la posibilidad de que quede impune un feminicidio cometido el pasado 16 de septiembre en la colonia Fray Bartolomé, en Salto de Agua.

Los defensores indígenas piden que se ejecute la sentencia penal en contra de Jesús Salazar de la Cruz como culpable y responsable de la comisión del delito de asesinato y violación, en agravio de la maestra Bárbara Guzmán Arcos.

La mujer asesinada, maestra respetada en la región, era originaria del ejido Actiepa Yochib, de la cultura chol, de condición pobre, y que con mucho esfuerzo y sacrificio había logrado superarse y obtener una profesión.

Argumentan: es injusto que el asesino quede en libertad, además representa un peligro que personas sin escrúpulos perjudiquen la tranquilidad y paz de nuestro pueblo.

Justicia plena, exigen

Por todo ello, los comités comunitarios de derechos humanos exigen que el juicio penal contra Salazar de la Cruz se lleve conforme a la ley, y se haga justicia a la familia de la maestra. No sería la primera vez que los jueces liberen a violadores y asesinos plenamente identificados.

El 6 de noviembre del presente año, apuntan, los comités de derechos humanos de la zona chol estuvimos reunidos en el municipio de Palenque para atender este caso, del expediente 32/2010.

Desde entonces demandan una sentencia conforme a derecho por los delitos de asesinato y violación culposa. También, que las autoridades del Ministerio Público de Salto de Agua actúen honestamente, realicen su trabajo inmediato y (realicen) la presentación de pruebas fehacientes ante el juez mixto de primera instancia.

En resumen, lo que los defensores indígenas exigen es que las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia lo hagan conforme a derecho. Nada más.

Finalmente, los y las comités (como se presentan explícitamente) solicitan que se les mantenga informados sobre las acciones efectuadas en las instituciones que les corresponde atender estos hechos

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