domingo, 23 de junio de 2013

INVITACION


CARTÓN DE LA JORNADA


Denunciarán residentes maltratos ante la CIDH

Denunciarán residentes maltratos ante la CIDH
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 34
Ante la falta de alternativas en la justicia local para atender y resolver los casos de maltrato contra los residentes médicos, un grupo de ellos ha comenzado a organizarse para denunciar esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó Christian Meléndez Sagaón, alumno expulsado de la residencia en cirugía general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Como se informó en estas páginas (La Jornada, 28 de abril de 2013), Meléndez fue separado de su puesto luego de soportar malos tratos, castigos y exclusiones de actividades importantes en su formación como especialista.
Aunque presentó diversos exámenes, no le fueron informados los resultados. Finalmente, le notificaron que fue reprobado y dado de baja del hospital.
De acuerdo con Meléndez, la humillación y las guardias de castigo en contra de los estudiantes de diversas especialidades médicas son una práctica generalizada en el país y no es investigada por ninguna institución nacional, lo que perjudica la atención a los pacientes.
No es posible que no tengamos respaldo por parte de la universidad o de algún organismo de derechos humanos. Estamos en el limbo, no estamos protegidos con nada, por lo que la única alternativa es acudir a la justicia interamericana, consideró el estudiante

Exigen detener acción penal contra maestro en el Edomex

Exigen detener acción penal contra maestro en el Edomex
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 35
Organizaciones sociales reforzarán una campaña para exigir al gobierno del estado de México que se desista de la acción penal contra el profesor Óscar Hernández Neri, quien ha sido acusado por un supuesto homicidio, en un proceso judicial que, de acuerdo con él, está lleno de irregularidades y sólo busca castigarlo por su activismo político.
En entrevista, explicó que las autoridades mexiquenses han recurrido a la tortura y la amenaza para tratar de implicarlo en un presunto asesinato sin tener pruebas, en un contexto de persecución contra grupos de la sociedad civil organizada.
Hernández Neri fue acusado por el fallecimiento de una compañera de la Universidad Autónoma Chapingo, ocurrido en 2007, quien había anunciado varias veces sus intenciones de suicidarse.
Hay grupos ajenos al esclarecimiento de esa muerte que son muy poderososque buscan incriminarme por mi participación en la lucha social, aseguró.
Aunque el 3 de junio pudo retomar su plaza como director de una preparatoria en Chicoloapan, aún teme ser aprehendido, por lo que varias organizaciones reforzarán actividades de solidaridad

Detiene la SSP-DF a 19 personas en el operativoZona Rosa Segura

Detiene la SSP-DF a 19 personas en el operativoZona Rosa Segura
Uniformados inspeccionaron 39 vehículos para detectar armas ilícitas, distribución de sustancias prohibidas y autos con reportes de robo
La vigilancia será permanente: autoridades
Josefina Quintero
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 29
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) detuvieron, entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, a 19 personas durante el dispositivo Zona Rosa Segura, que realiza el Gobierno del Distrito Federal (GDF) desde hace tres semanas, luego de la desaparición de 12 jóvenes en el bar Heaven.
A través de la Unidad de Protección Ciudadana Ángel-Zona Rosa y la Policía Metropolitana efectúa la vigilancia y revisión para detectar armas de fuego o blancas, vehículos con reporte de robo, venta o distribución de sustancias prohibidas, así como otros artículos que representen riesgo para turistas y ciudadanos que visitan esa área.
El operativo inició a las 21 horas del pasado viernes y concluyó a las 5 de la madrugada del sábado. Se inspeccionaron 39 vehículos entre autos, camionetas y motocicletas en distintas calles que conforman el polígono turístico.
Sobre los detenidos se informó que fueron presentados ante el juez cívico de la delegación Cuauhtémoc por violaciones a la Ley de cultura cívica del Distrito Federal. De los 19, a siete se les acusó de ofrecer en vía pública tarjetas y servicio de antros, cuatro franeleros y ocho por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.
La medida que se aplicó, luego dellevantón de los 12 jóvenes del barrio de Tepito, se mantendrá todo el tiempo, informaron las autoridades, ya que la Zona Rosa, según los comerciantes establecidos, padece un fuerte deterioro, luego de haber sido uno de los sitios de mayor atracción turística.
En el lugar no sólo se registró la desaparición de los 12 jóvenes, a principios de año, a unos cuantos metros de la sede de la policía capitalina, se perpetró la ejecución de un empresario a plena luz del día. Dos sujetos, abordo de una moto, asesinaron a Fernando López Salinas.
Ante los acontecimientos, la SSP-DF informó que la vigilancia se mantendrá permanentemente para inhibir la posible comisión de delitos en esta conocida zona de atracción de la ciudad.
Asimismo puso a disposición de la ciudadanía un número de teléfono para denunciar ilícitos o irregularidades en el Centro de Atención del Secretario (CAS) al 5208-9898 y a la cuenta de Twitter @caspoliciadf

Hay mil 214 presos del fuero federal en cárceles del DF

Hay mil 214 presos del fuero federal en cárceles del DF
Ángel Bolaños Sánchez
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 30
Los 116 presos del fuero federal trasladados la semana pasada de los reclusorios Norte y Sur al Centro Federal de Readaptación Social de Oaxaca, representan apenas 0.95 por ciento del total de personas recluidas en las cárceles de la ciudad por delitos federales.
Un informe que envió el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –elaborado un mes antes de dicho traslado– refiere una población por delitos federales de mil 214 presos.
En la cuenta pública de 2012 que entregó el gobierno de la ciudad el pasado martes a la misma ALDF, entre las explicaciones de la Secretaría de Gobierno para justificar un incremento de más de 20 por ciento en sus gastos ese año señala que se erogaron mayores recursos por concepto de gastos de alimentación de los internos en los centros penitenciarios, así como para la adquisición de material diverso, herramientas, medicamentos, vales de gasolina, pintura, vestuario y uniformes para el personal de seguridad e internos”.
El documento, elaborado por la titular de la subsecretaría de Sistema Penitenciario, María Mayela Almonte Solís, se desprende que de estos mil 214 presos del fuero federal 185 son mujeres recluidas en el Centro Femenil de Readaptación Social, en tanto que el resto son hombres distribuidos en los distintos penales: 70 en la penitenciaria de Santa Martha Acatitla; dos en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial; 378 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; 257 en el Oriente y 322 en el Sur.
Contiene los nombres de cada uno de los internos, el número de proceso y el juzgado, la pena que se les impuso o en su caso el o los procesos penales a que está sujeto, la fecha a partir de la cual fueron recluidos y el delito cometido.
El documento resalta que prácticamente la totalidad, salvo unas cuantas excepciones, fueron detenidos e ingresados durante el decenio anterior y lo que va del actual, es decir entre 2000 y 2013. Resalta el caso de Pedro Vicente Velarde Navarro, en el penal de Oriente, quien purga una sentencia de 40 años por acopio de armas desde 1986, los otros casos anteriores al 2000 son cuatro de 1998 y 1999.
Las penas van desde 10 meses hasta más de 80 años. Entre las más altas está una mujer, Karla de los Ángeles Balderas, sentenciada a 74 años por secuestro, y el de Mario Loza Hernández, recluido en Santa Martha, quien purga dos penas de 42 años cada una por secuestro y violación a la Ley federal contra la delincuencia organizada.
La mayoría de los presos federales fue detenido por delitos contra la salud en sus diversas modalidades, como narcomenudeo, posesión, introducción, transporte y comercio. Le siguen los detenidos por portación ilegal de armas de fuego y por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro

Empresa española presiona a vecinos de los Altos para que vendan tierras

Empresa española presiona a vecinos de los Altos para que vendan tierras
No hay agua suficiente en la región; el gobierno de Jalisco debe revisar convenio de trasvase, dice
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 26
Guadalajara, Jal., 22 de junio.
La empresa española Abengoa construirá el acueducto de 139 kilómetros desde la presa El Zapotillo (que se construye en Cañadas de Obregón, Jalisco) y León, Guanajuato, y presiona y hostiga a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la región de los Altos de Jalisco para que vendan sus terrenos, denunció Pedro Arrojo Agudo, académico de la Universidad de Zaragoza, dedicado al estudio sobre la economía del agua.
Abengoa obtuvo en septiem-bre de 2011 un contrato de prestación de servicios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 25 años y por 4 mil 569 millones de pesos, el cual incluye de la elaboración del proyecto de ingeniería a la construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de infraestructura. Debido a la falta de derecho de paso en los Altos de Jalisco no ha podido iniciar la construcción.
Sin embargo, la empresa está llegando a presionar a la gente que no le vende sus predios: quiere éstos para introducir la tubería. El gobernador (Jorge Aristóteles Sandoval Díaz) deberá estar muy atento de lo que va a ocurrir en los Altos, porque la preocupación es sobre los intereses de todos los jaliscienses. No hay agua suficiente en el río Verde, advirtió.
Durante el panel de gestión integral del agua realizado en Guadalajara, el especialista español, Premio Goldman 2003, advirtió que esta presión de Abengoa está por provocar una reacción en cadena, ante la conciencia que han tomado los habitantes de esa zona del peligro económico que significa la presa El Zapotillo, el acueducto y el proyecto privatizador de líquido.
La presa El Zapotillo es la caja de caudales de un proyecto que se llama Trasvase a León, Guanajuato. La caja, en pesos o en dólares, de un gran negocio privatizador mediante la empresa española Abengoa, resumió.
Dijo que los datos más recientes de la Conagua confirman que la región de los Altos está catalogada sin disponibilidad de aguas sobrantes, contra las proyecciones que se hicieron para justificar la construcción de la presa y el acueducto basadas en estadísticas sobre el flujo del río Verde durante más de 50 años, cuando hoy las condiciones por el cambio climático son muy diferentes y cualquier planificación hidrológica debe basarse en una serie de caudales de, cuando mucho, los 25 años recientes.
Aquí en México se debe asumir esa planificación por una postura de simple rigor técnico y de modernidad, el cambio climático ha influido y con el cambio climático las condiciones han variado de 20 años a la fecha, refirió.
Por ello, indicó que más allá de los derechos humanos violentados contra los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades que serían inundadas por la presa El Zapotillo, el gobernador Sandoval tendría que revisar el convenio de trasvase por “pura racionalidad económica. No debe hacerse el trasvase, hay que anteponer los derechos de ese tejido rural productivo, con un componente de valor social impresionante.
Los habitantes de los Altos de Jalisco no sólo son grandes productores de huevo, hay miles de productores, pequeños y medianos que articulan socialmente ese territorio. Si dinamitamos ese territorio se va a destruir el tejido rural en México, se avocará más las periferias de miseria en las grandes ciudades, agregó.
Como la mayoría de panelistas –académicos, técnicos y políticos–, el especialista coincidió en que existen alternativas viables a la presa El Zapotillo y el acueducto, en particular luego que las mismas autoridades reconocen que una tercera parte del agua que llega a León, Guanajuato, o Guadalajara, Jalisco, se pierde por fugas

Convocan a defender el oro y el petróleo comobienes nacionales, para frenar saqueo de mineras extranjeras

Convocan a defender el oro y el petróleo comobienes nacionales, para frenar saqueo de mineras extranjeras
Foto
Participantes en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizada en Tlaltenango, Morelos. demandaron que los metales preciosos sean considerados bienes nacionales, y asimismo que se termine con la contaminación provocada por la industria minera. Los delegados llegaron de Puebla, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y estado de MéxicoFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 26
Cuernavaca, Mor., 22 de junio.
En la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP) se planteó que los metales preciosos como el oro, sean considerados un bien nacional, al igual que el petróleo, para evitar que mineras extranjeras sigan saqueando los recursos.
Lo anterior, a fin de aminorar la crisis económica que padece el país y para tener más reservas de oro ante la desvalorización masiva de los capitales a nivel mundial, se dijo durante la reunión que se realizó en el parque Tlaltenango de esta ciudad con el título Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura.
El profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los organizadores, Andrés Barreda Marín, llamó a defender los metales preciosos y minerales como un bien nacional.
Precisó que antes de la transformación al artículo 27 constitucional y de las leyes mineras, se consideraban los metales como estratégicos para la nación, por lo que, dijo, es necesario recuperar la soberanía, como con el petróleo.
Agregó que igual a como se discute la privatización del petróleo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza del movimiento de resistencia para impedir su explotación, así debemos defender el oro.
Barreda Marín aseguró que los daños ocasionados por la minería en los pueblos, sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio, son irreversibles, pero hasta hoy no existe autoridad en los tres niveles de gobierno que proteja a las comunidades de las empresas extranjeras, las principales extractoras de minerales.
En la preaudiencia, integrantes de las comitivas que asistieron informaron del saqueo que son víctimas por la explotación minera en sus regiones y ofrecieron evidencias del envenenamiento de los manantiales y ríos de sus comunidades.
Alberto Majloc Arellano, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) expuso que siguen luchando para que no se realice en Veracruz el proyecto minero Caballo Blanco, donde sólo la exploración ya provocó un daño ambiental a su ecosistema.
Los participantes de la preaudicencia del TPP llegaron de los estados de Puebla, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y de México

Policía ciudadana de Guerrero denuncia acoso y agresiones de agentes mexiquenses

Policía ciudadana de Guerrero denuncia acoso y agresiones de agentes mexiquenses
René Ramón y Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 27
Nezahualcóyotl, Mex., 22 de junio.
Policías comunitarios provenientes de Olinalá y Cualac, en la Montaña Alta de Guerrero, se congregaron frente al palacio municipal de Nezahualcóyotl para compartir experiencias con integrantes de organizaciones sociales de este municipio, después de un viaje de una semana en el que fueron acosados por agentes de los tres niveles de gobierno, según denunciaron.
Los 25 integrantes de la brigada Totlajtol Nejnemi (la palabra que camina, en náhuatl), de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, como se hace llamar este grupo guerrerense, efectuaron la mañana de hoy un acto en la zona arqueológica de Los Pochotes, municipio de Chimalhuacán.
En un boletín explicaron: Desde nuestra salida, el Ejército sitió nuestras comunidades e instaló retenes en los cruceros. además de hostigarnos en nuestro recorrido por los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, hasta en el Distrito Federal, valiéndose de policías estatales, federales y policías vestidos de civil.
Citlali Pérez Vázquez, de la brigada comunitaria, informó que el acoso fue particularmente fuerte en el estado de México, donde agentes los retuvieron en tres ocasiones para revisar sus pertenencias y vehículos, primero en Nicolás Romero, hoy en Los Reyes La Paz y anoche en Ecatepec, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, a bordo de más de 30 patrullas, nos despojaron de cuatro machetes.
Solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues además fueron discriminados.Agredieron a nuestros hermanos indígenas con consignas racistas y les advierten que aquí no tienen nada que hacer.
Les prohíben uso de explanada
Acusaron también al gobierno perredista de Nezahualcóyotl de haberles negado el uso de la explanada Unión de Fuerzas, por lo que el acto se realizó fuera de ese espacio. El ayuntamiento argumentó que los organizadores no hicieron la petición ni verbal ni por escrito, pero se dijo respetuoso de la libre expresión.
Anunciaron que en la capital del país entregarán al gobierno federal un pliego de demandas de las comunidades indígenas, donde exigimos detener el hostigamiento y la represión, la salida inmediata del Ejército de nuestras comunidades, respeto y reconocimiento de nuestro sistema de seguridad y justicia y autorización de proyectos de desarrollo para nuestros pueblos”.
Pérez Vázquez aseguró que la idea de venir al estado de México es compartir experiencias sobre cómo están organizados para protegerse de la delincuencia, tarea que, en teoría, compete al gobierno y sus cuerpos policiacos, pero que no llevan a cabo.
Pobladores de la localidad mexiquense recordaron que ante la inseguridad han tenido que colocar rejas, mantas y alarmas para advertir a la delincuencia que ya están organizados para evitar más atropellos

Gobierno de Chiapas analiza reubicar y dar empleo a 300 desplazados de la OCEZ CP

Gobierno de Chiapas analiza reubicar y dar empleo a 300 desplazados de la OCEZ CP
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 28
San Cristóbal de Las casas, Chis., 22 de junio.
El secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, afirmó que es muy difícil que los más de 300 comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ CP), expulsados el 5 de mayo puedan regresar al municipio de Venustiano Carranza, por lo que se analiza la posibilidad de reubicarlos, darles viviendas y fuentes de empleo.
Ellos saben que es muy difícil su retorno a Venustiano Carranza por todos los enconos que hay, pues se han generado diferencias inclusive entre familias, no sólo entre pobladores, sino entre padres, hijos y hermanos que pertenecen a distintos bandos, lo que genera tensión para el retorno, dijo en entrevista.
Refirió que los desplazados –disidentes de la OCEZ CP–, quienes hoy cumplieron nueve días en plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez para exigir garantías a fin de que regresen a sus casas, no están reacios a la reubicación y aunque no la están pidiendo, tampoco rechazan la ayuda para vivir en otro lugar.
Los afectados salieron de Venustiano Carranza el 5 de mayo, luego de una serie de actos violentos que dejaron dos muertos, 27 casas y 16 vehículos dañados; además están presos nueve integrantes de la OCEZ CP.
Castañón León comentó que aún no existen acuerdos, pero el gobierno estatal estudia otorgarles viviendas, y despuésveremos el tema de las tierras de trabajo que es complejo porque no quieren abandonarlas, pero la asamblea de comuneros nos ayudará a resolverlo.
Afirmó que en la reunión programada para el próximo martes los comuneros de la OCEZ CP presentarán propuestas de solución al conflicto y el gobierno del estado hará lo propio para avanzar.
El funcionario estatal dijo que esperan arreglar este conflicto y no como sucedió en los seis desplazamientos anteriores, en que quedaron las cosas al aire y provocaron nuevas confrontaciones

Detienen en SLP a dos ex funcionarios

Detienen en SLP a dos ex funcionarios
Vicente Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 28
San Luis Potosí, SLP. Esteban Gámez López, tesorero, y José Manuel Torres Torres, síndico del ayuntamiento de Villa de Hidalgo, ambos en el trienio 2009-2012, fueron detenidos por policías ministeriales del estado, acusados de ejercicio indebido de las funciones públicas por no presentar a tiempo la cuenta pública del ejercicio 2012. Los detenidos quedaron a disposición del juez quinto del ramo penal, autoridad que giró la orden de aprehensión luego que el jueves pasado los diputados locales dieron aviso de esa irregularidad en ese municipio gobernado por el PRI

Repudian a la FIFA

Repudian a la FIFA
Aunque menos intensas, las protestas se centraron en el organismo multinacional
¿Mundial para quién...?, rezaba un cartel exhibido en el cotejo México-Japón
Encuesta: 75% de los brasileños apoyan las multitudinarias manifestaciones
Afp, Reuters y Dpa
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 2
Belo Horizonte, 22 de junio.
Las manifestaciones callejeras en Brasil perdieron hoy intensidad respecto a las movilizaciones registradas el jueves y el viernes –con cientos de miles en las calles–, pero centraron su blanco de críticas en un tema: ¿Mundial para quién...?
El ataque a un autobús de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) había sido en casi dos semanas de protestas la más evidente acción contra el organismo, cuando fue apedreado el jueves en Salvador de Bahía, cerca del estadio Fonte Nova, antes del partido Uruguay-Nigeria.
Pero este sábado, los carteles de manifestantes congregados en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, durante el partido entre México y Japón, llevaban lemas como ¡Fuera FIFA!,¿Mundial para quién...?
Los escenarios
Unas 70 mil personas marcharon en las inmediaciones del estadio de esta que es la tercera ciudad de Brasil, después de Sao Paulo y Río de Janeiro.
Los manifestantes intentaron llegar hasta el coso, pero la policía impidió el acceso y se suscitaron algunos choques con los uniformados, que una vez más lanzaron gas lacrimógeno contra los críticos de los gastos del gobierno en la organización de la Copa Confederaciones –en curso– y del Mundial de 2014.
También en Salvador de Bahía, en el noreste y donde radica parte de la población más pobre de esta nación sudamericana, unas 12 mil personas caminaron por algunas de las principales calles de la localidad, y lograron aproximarse al estadio Fonte Nova, donde se celebraba en esos momentos el cotejo Brasil-Italia.
Esta movilización terminó igualmente cuando se desató un enfrentamiento entre uniformados y unos 500 jóvenes, que fueron repelidos con gas pimienta.
La policía reportó la detención de dos jóvenes que portaban bombas molotov durante la marcha. Dentro del estadio, agentes de seguridad decomisaron algunos carteles. No es contra la selección, es contra la corrupción, rezaba uno. Otro apuntaba: Estamos en la calle para cambiar Brasil.
En sus pancartas, los jóvenes han mostrado dibujos en los que se caricaturiza a los dirigentes de las organizaciones deportivas y a empresarios sentados en grandes bolsas de dinero.
Estamos contra el Mundial porque oculta los problemas del país, dijo uno de los manifestantes en Belo Horizonte.
En Río de Janeiro, el movimiento Río da Paz plantó el sábado decenas de balones de futbol en la turística playa de Copacabana, marcados con cruces.
Su demanda única fue que los brasileños dispongan de educación y salud pública al nivel de los patrones de la FIFA.
La FIFA se pronunció este sábado sobre las declaraciones hechas el viernes por la presidenta Dilma Rousseff, quien garantizó seguridad durante los días que restan del torneo y en el Mundial del año próximo.
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Un manifestante abraza a un mando policial en un gesto de paz, durante la protesta efectuada este sábado en Salvador, capital del estado de BahíaFoto Reuters
Hemos recibido bien el discurso de la presidenta Rousseff a la nación y reafirmamos nuestra colaboración con el gobierno para lograr una Copa Confederaciones y un mundial en condiciones seguras y exitosas para que todos los aficionados del futbol puedan disfrutar, afirmó el vocero de la FIFA, Pekka Odriozola.
Para ahuyentar cualquier temor de la FIFA sobre la capacidad de Brasil para organizar torneos en paz, Rousseff dijo que ni el gobierno ni la sociedad aceptarán actos violentos de una minoría violenta y autoritaria.
No podemos convivir con una violencia que avergüenza a Brasil; con equilibrio y serenidad, pero también con firmeza, garantizaremos los derechos y la libertad, dijo la mandataria al romper el silencio sobre las movilizaciones que sorpresivamente emergieron en Sao Paulo, contra el aumento a tarifas de autobuses, y que luego se convirtieron en demandas sociales más amplias, relativas a la educación, la salud y la corrupción.
Las protestas coinciden con dos años de bajo crecimiento económico y un constante aumento de la inflación que, aunque merma la capacidad de compra de los brasileños, aún está lejos de los niveles registrados en la década de 1980, con incrementos incontenibles en los precios.
Según una encuesta publicada hoy por la revista Época, 75 por ciento de los brasileños apoyan las multitudinarias manifestaciones contra los gastos del Mundial de 2014.
Apenas 6 por ciento de los encuestados dijo haber participado en las marchas, pero 35 por ciento se declaró dispuesto a expresarse en la vía pública.
Aunque las protestas en Belo Horizonte y Salvador de Bahía reforzaron hoy sus críticas a la FIFA y la celebración del mundial, en detrimento del gasto público orientado a las políticas sociales, en Río de Janeiro y en Sao Paulo hubo manifestaciones vinculadas a otros temas, algunos de mayor énfasis local.
Unas 35 mil personas se reunieron en las cercanías del Ministerio Público (fiscalía) de Sao Paulo para protestar contra un proyecto de ley con el que se limitaría el poder de investigación de la fiscalía, lo que repercutiría negativamente en los casos de corrupción y facilitaría la impunidad.
En Río de Janeiro, cerca de una cárcel conocida como Bangú, unas 500 personas se manifestaron, pero la protesta concluyó con vandalismo y saqueo de tiendas. En esa ciudad, pero en la zona donde viven los más ricos, Leblon, unas 40 personas establecieron un campamento frente a la residencia oficial del gobernador del estado, Sergio Cabral, para protestar durante tres días contra la corrupción local

Río de Janeiro: de la ciudad maravillosa a la ciudad-negocio

Río de Janeiro: de la ciudad maravillosa a la ciudad-negocio
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Policías ayudan a un herido durante los enfrentamientos entre los agentes del orden y manifestantes, ayer en las proximidades del estadio Mineirao, en Belo HorizonteFoto Reuters
Raúl Zibechi
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 4
Marcan tres letras, SMH, y un número, y ya se sabe que las van a derribar. A simple vista, una de cada tres o cuatro casas de Villa Autódromo están marcadas.
Inalva Britos es profesora jubilada de 66 años. Hija de emigrantes nordestinos, tres décadas atrás llegó a la villa que era un refugio, una isla de libertad bajo la dictadura militar. El barrio se pobló con militares expulsados del ejército, profesores y pescadores. Ahora integra el Comité Popular de la Copa y Olimpiadas, ya que los megaeventos amenazan desalojar a quienes llevan treinta años viviendo junto al autódromo.
La ciudad maravillosa se ha convertido en el lugar de mayor concentración de inversiones públicas y privadas del mundo, gracias a los grandes eventos de esta década: la conferencia Río+20 celebrada en 2012, el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, a lo que deben sumarse los Juegos Mundiales Militares de 2011 y la Copa Confederaciones de 2013. Se calcula que hasta 2020 la ciudad recibirá mil millones de dólares para obras de infraestructura, servicios e industria.
Los megaeventos van de la mano de megaemprendimientos, que están radicados en tres lugares y tienen como trasfondo el petróleo de la capa pre-sal, puertos, siderurgia y mineral de hierro: el complejo de Açu en el norte de la ciudad, para la exportación y procesamiento de mineral de hierro que proviene de Minas Gerais; el puerto maravilla, que supone la remodelación del centro para convertirlo en espacio turístico; y la bahía de Sepetiba, al oeste, donde se trasladará la operativa del puerto de Río.
Estas gigantescas inversiones tienen su cara oculta: el desalojo de miles de familias y la consolidación de un modelo de seguridad que militariza la pobreza, como asegura el último informe de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento del estado de Río. En 2011 fueron desaparecidas 5 mil 488 personas, hubo 4 mil 280 homicidios y 524 ejecuciones sumarias bajo la modalidad de autos de resistencia, figura legal nacida en la dictadura.
La policía de Río tiene el récord mundial de muertos en enfrentamientos armados, asegura el informe de la comisión. En Sao Paulo la policía provoca 0.97 muertos cada 100 mil habitantes, en África del Sur 0.96 y en Río 6.86. En Sao Paulo la policía detiene a 348 personas por cada muerto que provoca, mientras en Río son apenas 23 detenidos por muerto.
Polvo de plata
Marta se arrellana en el sillón, alisa el pañuelo que le cubre el pelo, tan oscuro como su piel y saca unos frascos pequeños de su bolso. Cada frasco está prolijamente tapado con un corcho y sobre sus laterales aparecen dos símbolos: una calavera negra y una mano con las letras TKCSA. Dentro, un polvo gris brillante que recoge cuando barre el patio de su casa, a 500 metros de la chimenea de la enorme siderúrgica.
Estamos en la casa de Telma, en la periferia de Santa Cruz a poca distancia de la mayor siderúrgica de América Latina, la Compañía Siderúrgica del Atlán­tico de la alemana Thyssen Krupp (TKCSA). La ciudad de más de 200 mil habitantes está a una hora de Río junto a la bahía de Sepetiba, refugio de aves endémicas y migratorias por sus bosques y manglares. Por ser un ambiente marino de transición, estuarios donde convergen aguas marinas y dulces de los ríos, es lugar privilegiado para la pesca.
Santa Cruz forma parte de la periferia oeste de Río, la más pobre y la que más creció en las últimas décadas. Llegamos luego de atravesar Barra de Tijuca, la zona residencial de las clases medias altas, en la misma franja costera de las célebres Copacabana, Ipanema y Leblon. La región sur de la ciudad, la que concentra los mejores servicios y la edificación lujosa, parece apenas un paréntesis entre las favelas del centro de Río y esta región oeste, dormitorio de trabajadores y subocupados.
En los planes gubernamentales figura convertir la bahía de Sepetiba en un gran polo siderúrgico y portuario, junto al vecino puerto de Itaguaí donde la marina desarrolla su programa de submarinos nucleares. En la década de 1980 se desarrollaron dos polos industriales en Santa Cruz, cuyos efluentes dañaron manglares y pesca. En 1986 la región litoral de la bahía fue declarada área de protección ambiental.
El nuevo ciclo de desarrollo de Brasil llevó a la bahía a la petrolera Petrobras, a las siderúrgicas Gerdau y TKCSA, y varias empresas de menor tamaño. Entre ellas promueven la construcción de un enorme puerto, que se suma al puerto y astillero de la marina en Itaguaí, con capacidad para drenar 50 millones de toneladas de mineral de hierro. Sepetiba se convierte en el puerto alternativo al de Río de Janeiro.
Las grandes obras tienen impactos poderosos. Para tener idea del tamaño del proyecto, los miembros del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) aseguran que la obra para construir la siderúrgica TKCSA (que produce 10 millones de toneladas anuales de acero) ocupaba un espacio similar a la suma de los barrios cariocas de Leblon e Ipanema.
Hasta la llegada de la industria la población vivía de la pesca y la artesanía, estaba integrada por quilombolas, indios, pescadores artesanales y pobladores del litoral marítimo. La primera agresión que sufrieron fue el desalojo de 75 familias del MST que estaban acampadas en el predio que ocupa TKCSA, donde acampaban desde hacía cinco años viviendo de la agricultura.
La segunda agresión afecta a los pescadores. La TKCSA no pudo instalarse en el estado de Maranhão, en el nordeste, por la potente movilización de pescadores, ambientalistas, sindicatos, iglesias y autoridades. Ahora las aguas de la bahía están contaminadas con cadmio, plomo y zinc. Como consecuencia de la instalación de equipos y de la masiva circulación de barcos de gran calado amplias zonas de la bahía están excluidas para la pesca. Más de 8 mil pescadores se quedaron sin su fuente de vida.
El tercer impacto es sobre la población en su conjunto. La Secretaría de Medio Ambiente del estado calculó que la TKCSA eleva 76 por ciento las emisiones de CO2 en Río de Janeiro y emitirá 12 veces más gas contaminante que toda la industria del estado. El hierro en el aire aumentó mil por ciento, según estudios oficiales.
Los resultados son evidentes. Miguel, pescador desde hace cuatro décadas, asegura que sacaba hasta 80 kilos de corvina y parati y que ahora apenas recoge tres kilos cuando sale con su barca. Los 8 mil pescadores estamos desempleados y en trabajos informales, se queja con rabia e impotencia. Nueve asociaciones de pescadores artesanales están denunciando la contaminación y resistiendo la siderúrgica.
La lluvia de plata que recoge doña Marta en sus frascos es consecuencia de que la empresa almacena arrabio en pozos al aire libre que termina siendo arrastrado por el viento. Las autoridades ambientales desconocían la existencia de esos pozos y la TKCSA aún no tiene autorización legal para operar.
Como sucede en todos los casos de agresión ambiental y social por las grandes empresas, la población está dividida. Los pobladores organizados son apenas un puñado, aunque las organizaciones de pescadores y profesores rechazan la siderurgia. Hay miedo, dice Marta. Ellos son poderosos y fuertes y los vecinos se sienten pequeños, aunque todos saben que algo malo está pasando con su salud. Alude a la multiplicación de afecciones respiratorias, de la vista y la piel.
Agrega que como las empresas modificaron el curso del río, los barrios más pobres se inundan cada vez que llueve. La palabra milicias se pronuncia en voz baja. Nadie se atreve a preguntar y los pobladores nunca hablan del tema ante desconocidos. Estas bandas armadas ilegales de policías, bomberos y militares, controlan, en todos los barrios pobres y en las favelas, el transporte, la distribución del gas y la seguridad del pequeño comercio.
Las milicias trabajan junto al poder político local y del estado de Río de Janeiro, y son apoyadas por algunos partidos porque las consideran un mal menor frente al narcotráfico. En Santa Cruz apoyan a las multinacionales controlando a la población que protesta y resiste.
El cielo y el infierno se tocan
Cada escalón es una exhalación dolorosa y una gota de sudor. El termómetro marca 36 grados a la sombra mientras Carlos Walter (quien nos conduce durante todo el recorrido) asegura que la sensación térmica es de 45 grados Celsius. La subida parece interminable. El Morro de Providencia es tan empinado que los coches deben quedar a mitad de camino. Nos acompaña Marcia, una mujer tan alta como elegante que porta su pobreza con orgullo. Integra la Comisión de Vecinos por Derecho a la Vivienda.
Nos conduce cuesta arriba por escaleras y callejuelas laberínticas, entre gruesos caños de agua en los que se incrustan pequeños caños blancos que abastecen a los domicilios. Cada pocos metros tiene la gentileza de parar para mostrarnos los huecos dejados en lafavela por las máquinas que aquí y allá derribaron viviendas por razones de seguridad para las familias. La elección se antoja caprichosa.
“Ésta –señala un enorme pozo repleto de escombros, trozos de chapas, maderas y restos de ropa– fue derribada con la familia dentro.” Parece un mal chiste en un día de calor insoportable, pero el estupor que causó el relato permitió un descanso más largo que en las otras paradas. Seguimos cuesta arriba, hasta que llegamos a un punto donde la vista de la ciudad es, aunque suene vulgar, maravillosa.
Agua fría embotellada, sillas de plástico y un balcón enorme volcado hacia el puerto y la bahía de Guanabara. Debajo nuestro, el puente a Niteroi de 13 kilómetros, las islas y las autopistas, y la Cidade da Samba. Girando la cabeza se divisan el Pan de Azúcar, el Cristo del Corcovado, verdes y recortadas montañas a lo lejos y el Sambódromo bien cerca. Estamos bien arriba del =0.
Este reportaje vislumbró los acontecimientos actuales en Brasil. Fue publicado originalmente en el sitiokaosenlared.net el 26 de diciembre de 2012

Twitter y Facebook han catalizado lo que las corporaciones mediáticas intentaron acallar

Twitter y Facebook han catalizado lo que las corporaciones mediáticas intentaron acallar
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Un joven observa los balones marcados con cruces colocados en la playa Copacabana como parte de la protesta del Movimiento Río de Paz, este sábado en Río de JaneiroFoto Xinhua
Afp, Dpa y Reuters
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 3
Sao Paulo, 22 de junio.
La ola de protestas que sacude Brasil no tiene líderes visibles, pero una vez más las redes sociales en Internet mostraron su efectividad a la hora de organizar a cientos de miles de personas en decenas de ciudades, unidas por demandas políticas que los partidos han dejado de lado: mejores servicios públicos y fin a la corrupción gubernamental.
Torrentes de comentarios en Twitter y Facebook, decenas de videos en Youtube y millares de fotos en todas estas redes sociales electrónicas han hecho circular las ideas y las imágenes que en un principio las corporaciones mediáticas locales intentaron minimizar.
En las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro, escenario de las mayores manifestaciones al margen de toda convocatoria partidista y sindicalista, los jóvenes marcharon con la pancarta en una mano y con el celular en la otra, para no perder registro de los acontecimientos.
El Movimiento Pase Libre, con más de 276 mil seguidores, no tiene ningún otro foro para difundir sus comunicados, pero después de 12 días de convocar a movilizaciones callejeras y una vez superado el bloqueo en la prensa local, los medios tradicionales ya propalan sus planteamientos.
El viernes por la noche, durante y después de que la presidenta emitió un mensaje televisado, la reacción fue inmediata en las redes.
Espero que cumpla todo lo que dijo. Quiero plazos, exigió una usuaria de Twitter, y otro escribió: Dilma nos trata de idiotas en cadena nacional.
Las últimas grandes manifestaciones populares en Brasil sucedieron en la década de 1980 en las zonas urbanas de Río de Janeiro y Sao Paulo. Fueron conocidas como las marchas por¡derechos, ya! y surgieron a raíz de la conmoción que causó la muerte en 1985 del primer presidente elegido en las urnas en 21 años, Tancredo Neves, al terminar la tercera y última dictadura brasileña en el siglo XX.
Antes de ese episodio, los principales protagonistas fueron campesinos, comunidades eclesiales de base y habitantes de barrios urbanos, en la década de 1960. En los 90, el Movimiento de los Sin Tierra y organizaciones no gubernamentalestomaron las calles por un tiempo.
Los protagonistas de la nueva ola de manifestantes son los miembros de lageneración del milenio, formada principalmente por los brasileños nacidos en la última década del siglo XX, a quienes hasta ahora se les cuestionaba su individualismo y su aparente indiferencia ante los asuntos públicos.
A causa de su naturaleza abierta, las redes son blanco fácil del escrutinio oficial, según reconoció el portavoz de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Gustavo Weber, pero también son el eje del debate y de las polémicas.
Un video difundido por una ciudadana que se hace llamar Clara Dauden, residente en Estados Unidos, ha registrado hasta ahora 2.5 millones de visitas y durante algunos días fue usado para que los políticos tradicionales de la oposición de derecha pidieran juicio político para Rousseff.
La discusión paró hasta que la autora de la grabación, quien denunció las extremas desigualdades socioeconómicas en Brasil, aclaró que nunca fue su intención promover un juicio contra la mandataria, sólo hablar de sus problemas

Eliminar corrupción en Pemex haría innecesaria la reforma, dice AMLO

Eliminar corrupción en Pemex haría innecesaria la reforma, dice AMLO
La cúpula política del PRIAN no tiene llenadera; busca quedarse con 60% de las ganancias del petróleo, afirma
Anuncia movilizaciones de Morena para impedir privatización del petróleo
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Andrés Manuel López Obrador tomó la protesta al comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Salamanca, GuanajuatoFoto La Jornada
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 7
Salamanca, Gto., 22 de junio.
Andrés Manuel López Obrador propuso a Enrique Peña Nieto que sólo con combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) se evitaría que se lleve a cabo la reforma energética, que significa entregar las ganancias petroleras a la iniciativa privada, dejar sin presupuesto público al gobierno y atentar contra la estabilidad política y la paz social de México.
México no requiere de la mal llamada reforma energética de Peña Nieto, ni de una iniciativa elaborada por Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas o por mí, dijo a pregunta expresa. Lo que se necesita es combatir la corrupción en Pemex, que es su principal problema, y hay que buscar la manera de atarles las manos, de evitar que sigan saqueando (a esa empresa).
Pemex es de las empresas con más corrupción en el mundo. Una de las formas en que hacen jugosos negocios al amparo del petróleo son los contratos que se entregan por influyentismo, por recomendación, desde Los Pinos, a compañías extranjeras, señaló.
Puntualizó que primero se tiene que combatir esa corrupción; segundo, aplicar los ordenamientos vigentes; tercero, llevar a cabo lo que establece la Constitución, que el petróleo es de la nación, del pueblo; cuarto, que Pemex sea administrada con honradez; cinco, aplicar un mecanismo para que la paraestatal entregue cuentas al Congreso, y seis que la sociedad esté pendiente de todo el funcionamiento de la empresa.
En entrevista con los reporteros antes de iniciar la ceremonia de toma de protesta del comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Salamanca, lamentó que el ex presidente Carlos Salinas domine por completo la empresa paraestatal, por medio del director Emilio Lozoya Austin, y con todo el grupo de priístas que ingresaron al gobierno federal.
López Obrador anunció que Morena tomó la decisión de impedir la privatización del petróleo y reiteró que no hace falta ninguna reforma, lo que se necesita es combatir la corrupción en Pemex.
En el contexto de la toma de protesta del comité municipal, dijo: Nos vamos a movilizar, vamos a convocar a la gente para que no se permita ni el aumento del IVA, el cobro del IVA en alimentos, ni en medicamentos ni la privatización del petróleo. Las movilizaciones comenzarán en el momento en que Peña o los integrantes del Pacto por México (PRI-PAN-PRD) presenten las iniciativas energética y fiscal, señaló.
Aseguró que la cúpula política delPRIAN no tiene llenadera y que ahora buscan quedarse con 60 por ciento de las ganancias que deja el petróleo a los mexicanos.
El negocio está en la perforación y extracción del hidrocarburo, que con corrupción cuesta 10 dólares por barril, en vez de cuatro dólares, y aun así a los mexicanos les queda una ganancia de 90 dólares, porque el barril es vendido en 100 dólares, explicó.
Expuso que el gobierno peñista no tiene capacidad operativa, hay un subejercicio presupuestal, porque no han podido echar a andar el gobierno, no han pegado ni un solo ladrillo, no han hecho nada, no ejercen el presupuesto, porque ni siquiera tienen capacidad y no les importa, porque llegaron con la encomienda de mantener la misma política económica y seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo

Insiste AN: cárcel a embozados que arrojen petardos en mitin

Insiste AN: cárcel a embozados que arrojen petardos en mitin
El diputado Francisco Sotomayor propone 10 a 30 años de prisión
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 9
El Partido Acción Nacional insiste en que se castigue con penas de prisión de 10 a 30 años a los ciudadanos que participen en manifestaciones y utilicen artefactos incendiarios explosivos o tóxicos. El argumento del partido redunda en que las movilizaciones atentan contra la paz pública.
Recientemente, el jueves pasado, la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro decidió por mayoría considerar la propuesta panista como dictamen con sentido negativo. Esto implica que el grupo de trabajo opinó que la propuesta del diputado Francisco Sotomayor carece de contenido y técnica jurídica y, sobre todo, criminaliza la protesta social.
En esa reunión, los legisladores que reprobaron la proposición advirtieron que no se puede permitir que las cárceles de máxima seguridad en México sean pobladas con jóvenes que han visto rotos sus anhelos de desarrollo profesional y laboral, a causa de la crisis económica y la violencia delincuencial que persiste en el país.
Tal respuesta fue rechazada por Sotomayor, quien en la reunión del jueves perdió los estribos, elevó el tono de voz, y acusó al PRD y al gobierno de la ciudad de México de beneficiarse con los actos de violencia ocurridos en algunas manifestaciones.
Con vehemencia, el representante del PAN defendió su propuesta de llevar a prisión a toda aquella persona que con el rostro cubierto utilice artefactos incendiarios, explosivos o tóxicos contra la fuerza pública. Incluso acusó a la mesa directiva de la comisión y a sus integrantes de violar la norma interna del Congreso, porque en la votación donde se rechazó su propuesta se incorporó el voto por escrito de dos legisladores del PRD.
Lo que nunca reconoció el diputado Francisco Sotomayor es que sus compañeros María Guadalupe Mondragón y Carlos Fernando Angulo se retiraron minutos antes de la votación para que no hubiese quórum y reventar el encuentro. Después de esto el representante de los panistas dijo que había sido víctima de una maniobrainaceptable e indignante del resto de los diputados que rechazaron su peculiar y autoritaria propuesta.
Horas después, el viernes, la mesa directiva de la Comisión de Justicia, presidida por el priísta Ricardo Fidel Pacheco, envió a la Comisión de Derechos Humanos el dictamen en positivo de reforma al artículo 141 bis al Código Penal Federal, para que se aplique la pena referida de 10 a 30 años de cárcel a las personas que con el rostro cubierto participen en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y utilicen artefactos inflamables, explosivos o tóxicos.
Además, el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia contiene un nuevo elemento que es el de toda acción violenta, durante manifestaciones de ciudadanos deben ser consideradas como atentatorias de la paz pública.
Así, pese a las implicaciones negativas para la convivencia social contenidas en el documento calificado de negativo por la Comisión de Derechos Humanos, el grupo de trabajo de justicia considera viable tal norma, y en el apartado contra la paz pública, insiste en establecer lo siguiente:
“141 bis. Se impondrán de 10 a 30 años de prisión, sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de las mismas, utilizando sustancias tóxicas, inflamables, explosivas o armas.
Las penalizaciones se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan su total o parcial identificación (gorras, pasamontañas o paliacates) de las características fisonómicas del sujeto activo.
La iniciativa del diputado Sotomayor pretende incorporar el tipo penal contra la paz pública, con la tesis que entiende esto como los actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados que perturben la coexistencia pacifica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.
Así, el PAN y la presidencia de la comisión, encabezada por el priísta Ricardo Fidel Pacheco, pretenden aprobar el citado dictamen que significaría, a decir de los representantes del Partido del Trabajo y del PRD, una abierta criminalización de las protestas sociales

Desaprueban grupos civiles la creación de la gendarmería

Desaprueban grupos civiles la creación de la gendarmería
Primero se necesita un auditor para la Policía Federal, destacan
Fabiola Martínez y Fernando Camacho
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 12
Representantes de organizaciones civiles que se reunieron en la semana que concluye con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuestionaron al funcionario la situación de inseguridad prevaleciente en el país y afirmaron que la baja en los indicadores de violencia no significa un cambio efectivo para detener la ola de criminalidad.
Ante este panorama, plantearon la necesidad de crear un auditor para la Policía Federal y tener control en la sistematización de información, antes de pensar en crear nuevos cuerpos como la gendarmería nacional.
Según fuentes consultadas, los interlocutores hicieron énfasis en la alerta que significa el nivel de homicidios dolosos vinculados a crímenes federales (cerca de mil mensuales en el primer semestre de la gestión de Enrique Peña Nieto).
Demandaron que haya mecanismos efectivos para verificar las cifras que emite mensualmente el gobierno federal, así como herramientas de fiscalización de los recursos y operativos para el combate al crimen.
En días previos al encuentro –realizado el viernes– con organizaciones sociales, el secretario Osorio había anunciado que consultaría con grupos no gubernamentales para definir la estructura y operación de la gendarmería nacional, uno de los proyectos de la administración peñista para reforzar la seguridad, a través de un grupo especial de fuerzas federales, en especial para zonas rurales afectadas por la acción de la delincuencia organizada.
Sin embargo, al menos esta primera cita fue limitada a no más de cinco grupos que han participado en los proyectos gubernamentales desde el sexenio pasado, como Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y Elena Morera, entre otros.
Al respecto, Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lamentó que en el encuentro hayan quedado fuera otras organizaciones, lo cual, dijo, puede interpretarse como una exclusión a quienes tienen otro punto de vista acerca de la estrategia de seguridad federal.
Hace unos meses, un grupo de organizaciones civiles firmó una carta para exigir la realización de un encuentro para discutir lo concerniente a la gendarmería, en particular que ésta fuera creada con base en una ley y no en un decreto presidencial.
La falta de invitación la interpreto como una forma de limitar la idea de la sociedad civil a unos cuantos grupos, excluyendo a otros que pugnamos por ver el tema de la seguridad desde la óptica de los derechos humanos. Ahí se encuentra el riesgo de hacer reuniones a modo, que ni siquiera son consultas, en vez de escuchar todas las expresiones, incluidas las contrarias, señaló Cortez.
Antes del encuentro, la información periodística señaló que a la cita con Osorio también había sido invitado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero al menos tres integrantes de ese colectivo desmintieron esa versión.
En una entrevista para la radio, Osorio Chong dijo que la gendarmería no sustituirá a la Policía Federal, sino que será una división de esta corporación, cuyos integrantes tendrían una preparación policial y militar e incluso con la perspectiva de que también sean investigadores del delito.
Subrayó que la gendarmería entrará en operación –en fecha todavía por definir– con 5 mil elementos y un mando civil, y que acudirá a las entidades en donde hay mayores problemas de seguridad y las policías locales son más débiles

No hay propuestas reales del gobierno al problema ambiental, acusa Greenpeace

No hay propuestas reales del gobierno al problema ambiental, acusa Greenpeace
Prioriza el beneficio económico, político e industrial en detrimento de la biodiversidad, dice
Foto
El chiclero Mario Hernandez Silva, en imagen de archivo, se interna en la selva media del gran Petén para extraer resina de árboles de chicozapote, con la cual se fabrica chicle orgánico, en la comunidad de Noh-bec, en Quintana Roo. La cooperativa de Noh-bec forma parte del Consorcio Chiclero que llega a exportar 450 toneladas de ese producto a China, Singapur, Korea e Italia, entre otrosFoto José Carlo González
Arturo Jiménez
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 15
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el gobierno federal señala la importancia de la sustentabilidad en sus proyectos para diversos rubros de la economía, pero pareciera tener el cinismo de conocer la verdad y no proponer soluciones reales a los problemas ambientales del país, expresa un documento de análisis de la organización ambientalista Greenpeace.
Apenas concluido por los especialistas Aleira Lara, Paloma Neumann, Beatriz Olivera y Sinaí Guevara, y hasta ahora no dado a conocer a la opinión pública, el estudio gira en torno a cuatro vertientes: agricultura y transgénicos, bosques, energía y cambio climático y tóxicos.
Greenpeace insiste en que la política ambiental del gobierno de Enrique Peña Nieto prioriza el beneficio económico, político e industrial en detrimento de la biodiversidad, a la luz del Pacto por México, la Estrategia Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Plan Nacional Forestal.
En tanto, la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Ímaz, dice que aún es temprano para realizar un diagnóstico de la política del gobierno federal y de las acciones que se han anunciado en seis meses de gestión. Sin embargo, advierte que urgen medidas concretas, efectivas y transexenales, de mediano y largo plazos.
El país está frente a una grave crisis alimentaria, de pobreza, de pérdida de biodiversidad, de desforestación, de contaminación de sus aguas (superficiales y profundas), de sus costas, de la calidad del aire de las ciudades medias y grandes, de posible aprobación de los cultivos transgénicos. Es un panorama ambiental muy complejo. Si en uno o dos años no cambiamos esta dinámica, el país difícilmente podrá responder después a esta tragedia ambiental, aseveró.
Cifras alarmantes
Greenpeace destaca que el propio gobierno maneja en su documento cifras alarmantes como las del costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México, que en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB; que las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 ocasionaron alrededor de 5 mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos; que cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen de alguno de los 101 acuíferos sobrexplotados del país, o que el tratamiento del agua residual es de 47.5 por ciento.
Guevara destaca que “el origen de los problemas del agua en México está en el manejo del recurso, al priorizar su valor económico sobre su valor vital. Se da preferencia a las megaobras sobre la planeación sustentable de las cuencas”.
Citó como ejemplo el enorme trasvase que deja sin riego al pueblo yaqui en Sonora; a la sobreexplotación, con consecuencias graves como el hundimiento en zonas como Iztapalapa; a las concesiones sin vigilancia de cumplimiento de las cantidades acordadas, como es el caso de las múltiples denuncias contra las refresqueras; a las leyes permisivas y sin inspecciones de descargas tóxicas industriales, que sólo en la cuenca del Río Santiago afecta a un tercio de la población adyacente (más de 500 mil personas).
Para Ímaz hay muchas expectativasde las acciones que tomará el gobierno de Peña Nieto, sobre todo porque los últimos dos sexenios panistas fueronbastante erráticos en políticas ambientales.
Las instituciones académicas, añade, son las únicas que pueden dar una visión de mediano y largo plazo a las políticas de las instituciones responsables del ambiente. La sociedad y la academia tienen la responsabilidad de vigilar las estrategias ambientales difundidas por el gobierno, como la de cambio climático o la de energía, y en un año hacer una evaluación para, de ser necesario, reorientarlas

Financian demócratas a supuestas ONG pro migrantes en EU, acusan

Financian demócratas a supuestas ONG pro migrantes en EU, acusan
Julio Alejandro
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 23 de junio de 2013, p. 15
Chicago.
Tres reconocidas organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que el Partido Demócrata financia y apoya a agrupaciones que desmovilizan yvenden el movimiento de los mexicanos indocumentados. A una de ellas hicieron entrega simbólica del Bullshit Award, compuesto de dos grandes piezas de plástico que simulan excremento, el cual fue colocado en cojines rojos a la entrada de un elegante acto de recaudación de fondos para apoyo a indocumentados.
Ocupa Chicago, el Comité 10 de marzo y la Campaña por la Moratoria a las Deportaciones acusaron a la Coalición en Illinois para los Derechos de los Migrantes y los Refugiados (ICIRR, según sus siglas en inglés) de usar un lenguaje ilusorio y fraudulento para engañar a indocumentados mexicanos y centroamericanos, que son captadospara ayudarlos mediante un sistema clientelar.
Aseguran que gracias a apoyos económicos y políticos, ICIRR –dirigida por Benito Lawrence, hijo de migrantes de las Filipinas– es la principal organización regional dedicada a cabildear la reforma migratoria impulsada por Barak Obama.
La coalición impugnada, señalan, pone en práctica la misma estrategia utilizada para apagar las históricas marchas hispanas de 2005-2006: cooptar a los líderes sociales juveniles, buscar que la comunidad mexicana les dé legitimidad y negar la inclusión de los mexicanos a posiciones ejecutivas mediante un discurso de supuesta diversidad y multiculturalidad que acaba hundiendo todavía más a los latinos.
José Herrera, líder de la Coalición por la Justicia del Inmigrante, señaló como causa de la protesta los lazos políticos de ICIRR con el Partido Demócrata, de donde proviene parte de su presupuesto.
Otros dirigentes acusaron al Concilio Nacional de la Raza, NALAAC, FIRM y otras ONG catalogadas como no lucrativas, de empeñar sus principios a cambio de fondos económicos federales que recibirían de ser aprobada la reforma.
El camino a la ciudadanía puede durar 13, 20 o 50 años, y la clave para ellos es que sigan cayendo los millones de dólares que alimentan la esperanza de los necesitados, afirman