jueves, 12 de mayo de 2011

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Los jóvenes viven en nomadismo sexual: Yesenia Peña

  • No se deben criminalizar o patologizar sus modos de expresión, asegura
  • Guillermo Montalvo Fuentes-enviado
    Yesenia Peña, antropóloga. Foto: Guillermo Montalvo Fuentes
    Pachuca, Hgo., mayo 06 de 2011.
    De acuerdo con la doctora en Antropología, Yesenia Peña, actualmente los jóvenes viven en “nomadismo sexual”, por lo que subrayó la importancia de proporcionarles no sólo información confiable, sino también anticipada e integral, para evitar que caigan en conductas de alto riesgo como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, depresión o suicidios.
    Peña Sánchez señaló que las nuevas generaciones de jóvenes tienen una gran necesidad de experimentar con su sexualidad, misma que no viven en función del matrimonio o la reproducción.
    “Los chavos de ahora te dicen que eso de ser homosexual o ser lesbiana ya no está de moda, pues si hoy les toca cenar Juanito, cenan Juanito, y si les toca cenar Juanita, cenan Juanita. Lo que hacen es vivir su sexualidad pero no en correspondencia con lo biológico y el comportamiento social, sino con su propia experiencia de vida”.
    Según la antropóloga, las construcciones culturales y sociales con respecto al género dictan que sólo hay de dos, hombres y mujeres, y por lo tanto se espera que los primeros se comporten como tal y que tengan relaciones con las segundas, y viceversa, lo cual, dijo, está muy alejado de la realidad.
    Explicó que esta dinámica no es la única en la que se desenvuelven muchos de los jóvenes actuales, pues el uso de las nuevas tecnologías, como Internet, ha hecho que generen nuevas formas de relacionarse.
    Como ejemplo mencionó el caso de los “Cyber”, aquellos jóvenes que tienen relaciones erótico-afectivas a través de Internet.
    Sin embargo, señaló que no se trata de juzgar o ir en contra de los hábitos y costumbres de los jóvenes, no se debe criminalizar o patologizar sus modos de expresión, sino por el contrario, crear un lazo de comunicación con ellos y darles toda la información que necesiten.
    “Para los jóvenes la educación sexual llega de manera tardía, pues muchas veces, cuando la reciben tienen ya una vida sexual activa. Más que preocuparnos por el grado escolar en que se les debe dar la preparación, lo importante es que se haga de manera integral, tanto en la casa como en los espacios educativos.
    La conferencia magistral de la antropóloga llevó por nombre “Adolescencia, identidades y diversidad sexual”, como parte de la X Semana Cultural de la Diversidad Sexual que tiene lugar en esta ciudad.

    Lanzan campaña contra violencia de género con perspectiva de cabaret

  • Crean Observatorio de las Publivíboras
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, mayo 06 de 2011.
    Educación sexual, defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, inclusión de los jóvenes en reclusión en actividades culturales y la denuncia de mensajes publicitarios promotores de la violencia hacia las mujeres, son parte de las actividades de la organización civil La Cabaretiza, anteriormente Las Reinas Chulas, cuyo objetivo es promover la cultura de los derechos humanos desde una perspectiva de cabaret.
    Así, mediante la promoción de la risa y el teatro con fines sociales, Julia Arnaut, Luz Elena Aranda, Tania Ramírez, Yurief Nieves, Marisol Gasé, Nora Huerta, Ana Francis Mor y Cecilia Sotres, integrantes de esta caravana cabaretera, buscarán aportar a la sociedad elementos que le permitan discutir y defender el acceso a los derechos humanos.
    Durante la presentación, llevada a cabo en el Teatro Bar El Vicio, las integrantes de esta organización, cuyo nombre original cambió debido al gran número de miembros, y a que Reinas Chulas sólo hay cuatro, señalaron que será por medio de la ironía propia de este género dramático que buscarán difundir distintos mensajes a la sociedad en general.
    Así, La Cabaretiza fue apadrinada y amadrinada por la antropóloga y feminista, Marta Lamas, el bajista de la Botellita de Jerez, Armando Vega-Gil y el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio Mujica, quienes les desearon suerte y celebraron que surja una organización con participación ciudadana.
    De esta manera, La Cabaretiza presentó su primer proyecto “El Observatorio de las Publivíboras”, cuyo objetivo es denunciar las campañas publicitarias y mediáticas que promuevan la violencia hacia las mujeres.
    Con el lema “La violencia de género nos afecta a hombres y a mujeres, no dejemos que siga creciendo”, la campaña pretende mediante la pega de calcomanías con la leyenda “Esta publicidad es ofensiva para las mujeres” o el uso de las redes sociales, que las personas denuncien aquellos anuncios publicitarios que consideren ofensivos.
    A su vez, se entregarán el próximo mes de octubre, en el Teatro de la Ciudad, los galardones a las campañas publicitarias con mayor violencia de género en su contenido o con menor promoción de la equidad de género.
    “Tod@s a postear, publicar, subir, etiquetar, denunciar” es la invitación de La Cabaretiza para monitorear las campañas publicitarias y comenzar a exigir respeto a las mujeres en los contenidos de éstas. Las calcomanías están disponibles en Teatro Bar El Vicio y son gratuitas. Para denunciar campañas por internet se puede acceder al Facebook Las Publivíboras.

    ANTONIO MEDINA. Homofobia criminal sofoca más vidas en México

    Antonio Medina*
    México DF, mayo 06 de 2011.
    A casi un año de que el gobierno federal promulgara el 17 de mayo como Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, los crímenes de odio por homofobia siguen tiñendo de rojo el arcoiris de la diversidad sexual en todo el país, pues, entre otras debilidades de dicha promulgación presidencial (que evitó mencionar la palabra homofobia en el título) no se plantearon acciones de gobierno (contundentes) para mitigar (realmente) la homofobia criminal en México.
    Y es así que la “celebración” de este primer aniversario lo “festejará” el colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBTI) con la mala noticia de que en los estados de Puebla y Guerrero se han perpetrado asesinatos contra personas trans y gays. El primero contra una mujer transgénero y el otro contra un hombre gay. Éste último, activista y defensor de los derechos humanos en su entidad.
    El primer caso fue reportado en Cholula, Puebla. Bárbara Lezama, una mujer transgénero fue encontrada sin vida en su domicilio y con visibles marcas de violencia machista. En las primeras indagatorias judiciales se informó a los medios locales que Lezama fue ahorcada con el cable de una plancha y recibió varios golpes con un tabique en la cabeza, lo que le provocó la muerte.
    Por otro lado, en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado Quetzalcóatl Leija Herrera, activista gay, quien fue encontrado sin vida la madrugada del miércoles 4 de mayo en las inmediaciones del Zócalo de la capital guerrerense. El cuerpo del luchador social mostraba heridas en todo el cuerpo.
    Compañeros y amigos afirman que el crimen tiene tintes políticos, pues Quetzalcóatl era un personaje incómodo para el gobierno del estado al cuestionar abiertamente políticas públicas discriminatorias y falta de sensibilidad del gobierno estatal hacia los sectores discriminados, entre ellos, el de la diversidad sexual.
    Leija Herrera, quien fuera presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, denunció recientemente los crímenes perpetrados contra 16 hombres homosexuales en Guerrero y fue uno de los principales activistas que en 2008 pugnó porque en el estado (gobernado por el Partido de la Revolución Democrática) se calcara el logro legislativo de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, donde también gobierna el mismo partido de izquierda.
    Ambos crímenes han dejado atónita a la comunidad LGBTI de todo el país. Ha habido pronunciamientos a través de las redes sociales donde se demanda a los gobiernos de Puebla y Guerrero actuar con prontitud en las pesquisas de los asesinos.
    Es importante señalar que en México, cada año, se asesinan en promedio a 35 personas del colectivo LGBTI. Entre 1995 y 2009 se han registrado más de 640 crímenes de odio por homofobia en México. Todos esos casos, como el de Quetzalcóatl y Bárbara, han sido difundidos en los medios de comunicación, pero, como lo ha constatado la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) por más de 13 años, de cada crimen registrado en los medios, cuando menos existen tres más de los cuales la sociedad no se entera, entre otras cosas, porque las familias de las víctimas prefieren el silencio antes que el escarnio y, como decía Carlos Monsiváis, “una vez que la persona es asesinada, viene una segunda muerte social” cuando se difunde el suceso en los medios de comunicación de manera estigmatizante.
    Activismo de luto
    El activismo LGBTI en México está de luto por estos crímenes y clama justicia, pues aún persiste el triste recuerdo del psicólogo Octavio Acuña, quien fue asesinado en la ciudad de Querétaro en junio de 2005. El gobierno panista de aquel entónces desvió las investigaciones y desactivó por un tiempo la lucha social del estado en materia de diversidad sexual y derechos humanos; amedrentó a quienes osaran cuestionar al gobierno e inculpó a un supuesto asesino que nunca hubo evidencia de su verdadera culpabilidad en el crimen.
    Esa y otras experiencias similares en diferentes estados han dejado el aprendizaje de que los gobiernos hacen cortinas de humo, inculpan a inocentes, se deslindan de investigar argumentando “crímenes pasionales entre homosexuales”; mientras que las instancias judiciales, Comisiones de Derechos Humanos (locales y nacional) aletargan y encubren a los gobiernos dependiendo los signos partidistas o coincidencias ideológicas.
    Ha sido una voz unánime en el mundo de las organizaciones civiles de derechos humanos en México la que exige a los gobiernos de Puebla y Guerrero cumplan con su obligación, que es encontrar a los criminales y hacer justicia, pues estos crímenes no deben quedar impunes, como ha sucedido en la gran mayoría de los reportados por la CCCOH.
    En estos momentos de dolor y coraje aflora la indignación y, por desgracia, las promesas de gobernantes y legisladores, las cuales, ojalá, se conviertan en acciones y no en consignas trilladas y electoralmente eficaces; en trabajo sin distingo con TODOS los sectores de la ciudadanía y en una suerte de sinergia con los gobiernos federal y estatales, para emprender acciones encaminadas a trasformar políticas que permitan el gran cambio cultural que necesita México en materia de no discriminación y de combate a la homofobia.
    Desde luego que la sociedad civil organizada tiene sus responsabilidades, que es coadyuvar para que estos cambios se den. Tal vez el desgaste de energía en vedetismos, rencillas y luchas de poder de grupos o líderes, debería focalizarse a un trabajo político-social más depurado y profesional, que obligue a las instancias de gobierno y legislativas a cumplir con su trabajo escuchando TODAS las voces, antes que éstas sean sofocadas por el hartazgo y desilusión o por manos criminales.
    *Fundador de la Agencia NotieSe

    Impugnan carpetazo a la macrolimosna

    Guadalajara, Jal. La organización no gubernamental Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico anunció ayer que impugnará el carpetazo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a las más de 7 mil quejas contra la macrolimosna de 30 millones de pesos de fondos estatales que el gobernador Emilio González Márquez entregó en 2008 para contribuir a la edificación de un santuario de cristeros en Tlaquepaque, y acudirá a las comisiones nacional e interamericana de derechos humanos.

    AI acusa a militares y policías de grave violación de derechos

    AI acusa a militares y policías de grave violación de derechos

    Al cumplir 50 años, el organismo presenta hoy informe sobre 2010

    Hubo homicidios, desaparición de personas y torturas; ningún condenado

    La impunidad es norma y persisten deficiencias en el sistema judicial

    Sin castigo, agresiones a mujeres, indígenas y periodistas

    Foto
    Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, al dar a conocer el informe anual del organismo, denominado El estado de los derechos humanos en el mundo 2011, durante una conferencia de prensa en LondresFoto Ap
    Víctor Ballinas
    Periódico La Jornada
    Viernes 13 de mayo de 2011, p. 2

    Amnistía Internacional (AI), en su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo 2011, afirma que en México el Ejército y las policías desplegadas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico fueron responsables el año pasado de violaciones graves de derechos humanos: homicidios, desapariciones forzadas de personas, tortura y detenciones arbitrarias, sin que hasta el momento ningún militar haya sido condenado por perpetrar estos delitos.

    En el informe 2011 de AI, que da cuenta de la situación de esas garantías en 2010, se destaca que en México la impunidad fue la norma en los casos de violaciones de derechos humanos y que persistieron deficiencias en el sistema judicial.

    Subraya que el sistema de justicia penal incumplió a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitó enjuiciamientos por motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado del arraigo.

    Resalta que se sospechaba que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes; la forma violenta como murieron transeúntes y otros ciudadanos, obligó a que miles de personas huyeran de sus hogares. La violencia se extendió a nuevas regiones, y rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes.

    AI hará público su informe a escala mundial este viernes, y en el capítulo dedicado a México señala: “Según informes del gobierno, hubo más de 15 mil muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en los estados del norte. La mayoría se produjo en conflictos entre cárteles de la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad”.

    Agrega que en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron 3 mil personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes, y en varios estados hubo ataques contra centros de rehabilitación para drogadictos, que se saldaron con la muerte de decenas de pacientes.

    La organización internacional de defensa de los derechos humanos refiere en el informe la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto pasado, lo que reveló la escala y el carácter sistemático de los abusos co metidos contra ellos.

    Afirma que tampoco hubo avances en la lucha para poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidos durante la “guerra sucia (1964-1982)”.

    AI asevera que “hubo nuevos informes de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército, y como ejemplo cita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre informó que había investigaciones abiertas por más de un centenar de quejas de homicidios cometidos por las fuerzas armadas contra civiles en los últimos 18 meses.

    Indica que el sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre los casos en que se encontraban implicados militares en violaciones graves de derechos humanos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Durante el año (2010) no se supo de ningún militar en activo condenado por esos delitos.

    Sostiene que las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada a la jurisdicción militar no garantiza que las violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema castrense.

    En el informe de AI se citan los casos de los alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Francisco Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes murieron el 19 de marzo de 2010 cuando unos militares abrieron fuego contra presuntos miembros de una banda de delincuentes.

    Una investigación de la CNDH reveló que los militares colocaron armas a los estudiantes para inculparlos y destruyeron pruebas del lugar del crimen para acusarlos falsamente de pertenecer a la banda de delincuentes. Al concluir el año no había noticias sobre avances en las investigaciones, destaca AI.

    También cita el caso de los hermanos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años de edad. Según testigos, los niños iban en un automóvil con sus papás. Las autoridades militares y civiles negaron la responsabilidad de los militares, pero la CNDH demostró que se había alterado la escena del crimen y que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. El caso seguía bajo jurisdicción militar y no se tuvo conocimiento de algún avance en las indagatorias.

    AI también señala que continuó recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, cometidas por policías federales, estatales y municipales. Advierte que la reforma a la policía se vio debilitada por no establecer controles de supervisión creíbles y no realizar investigaciones penales efectivas contra abusos en derechos humanos.

    En el caso de los migrantes, Amnistía Internacional reporta que de las “decenas de miles que atraviesan México en dirección a Estados Unidos, muchas mujeres fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes.

    Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la complicidad o aquiescencia de las policías federal, estatal y municipal.

    Además, en México continuaron las amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron asesinados. También defensores de derechos humanos fueron atacados y acosados.

    Acerca de las mujeres, sostiene que las medidas legislativas fueron insuficientes para prevenir y castigar la violencia contra ellas, incluso niñas.

    Durante al año murieron violentamente 300 mujeres en el hogar y la comunidad. Al menos 30 cadáveres presentaban lesiones que indicaban que habían sufrido tortura y violencia sexu

    Agentes del INM apedrean a migrantes

    El martes de la semana pasada, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) apedrearon a migrantes que viajaban en un tren entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, Veracruz, denunció Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano.

    En entrevista telefónica, Figueroa explicó que, como consecuencia de la agresión, dos jóvenes indocumentados resultaron con heridas en la cabeza y el rostro, y sólo uno de ellos fue atendido más tarde en un albergue.

    Luego de bajarlos del tren, los efectivos del INM marcharon hacia ellos y los agredieron, según testimonios narrados al activista por algunos viajeros.

    Es preocupante, advirtió, que a pesar de la atención pública que atrajo el tema en meses recientes, los agentes de seguridad del gobierno mexicano sigan atacando a los indocumentados.

    Posible albazo para aprobar la ley de seguridad: ONG

    Diversas comisiones de la Cámara de Diputados podrían convocar en breve a un periodo extraordinario de sesiones, con el objetivo de aprobar fast track las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, advirtieron ayer los participantes en el foro Seguridad y militarización en México, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV).

    Antes, representantes de organizaciones civiles de derechos humanos dieron a conocer una misiva en la que alertan sobre la posibilidad de que algunas comisiones legislativas se reúnan en estos días para aprobar la mencionada ley mediante un albazo.

    Lo anterior podría empezar a gestarse hoy mismo, cuando se reúna la comisión de Gobernación, y se concretaría el 19 de mayo, cuando haga lo propio la de Derechos Humanos en la ciudad de Tijuana, Baja California, pero señalaron que la sociedad estará alerta para que ello no ocurra.

    En la carta, las organizaciones llamaron a evitar que los cambios a la Ley de Seguridad Nacional se aprueben al vapor, y recordaron que los artículos 177 y 179 del reglamento de la Cámara de Diputados ordenan que se realice una consulta pública sobre el tema.

    Además, afirmaron que la iniciativa debe acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en lo que se refiere a anular el fuero castrense en casos de violaciones graves contra civiles.

    Si la propuesta fuera avalada, señalaron, se normalizaría la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, que constitucionalmente no le corresponden, lo cual sentaría las bases de un Estado de excepción permanente que afectaría de manera grave a los derechos humanos.

    Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que la militarización es un fenómeno del cual ya se había advertido desde hace más de una década, pero que en estos momentos ha llegado a niveles nunca antes vistos con el pretexto de la guerra contra el narco.

    El despliegue de miles de soldados en todo México, lamentó, no sólo no ha ayudado a abatir los niveles de criminalidad, sino que ha generado más ataques a las garantías individuales, la mayoría de las cuales quedan en la total impunidad.

    Por su parte, Miguel Concha Malo, director del CDHFFV, consideró que la Ley de Seguridad Nacional no busca garantizar el bienestar de los ciudadanos, sino el del gobierno, y forma parte de una estrategia mayor para reprimir el descontento social.

    El proyecto, añadió, consolidaría un estado de excepción penal sin contrapesos democráticos, en donde el Ejército tendría facultades para realizar tareas policiacas, arraigar sospechosos y juzgarse a sí mismo.

    Silvano Cantú, director de Investigación e Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que el proyecto de ley únicamente serviría para darle bases legales a los atropellos de los uniformados.

    Para que la delincuencia organizada exista, apuntó, se necesita siempre que el Estado y el mercado participen de algún modo, y es por ello que la violencia no se va a acabar mientras no haya un nuevo pacto nacional entre la sociedad y el gobierno.

    De su lado, Carlos Fazio, articulista de La Jornada, coincidió en que la contrarreforma en materia de seguridad nacional sólo busca institucionalizar un régimen militarizado de excepción, supeditado a la voluntad y los intereses de Washington.

    Si se aprueba, la ley profundizaría la criminalización de la protesta social y pasaría por encima de los derechos humanos, con el objetivo último de mantener el actual statu quo.

    En esta escenario, la marcha convocada por Javier Sicilia se convierte en un referente de movilización ciudadana que representa la ruptura del terror, y la exigencia al gobierno de que termine de una vez con una guerra absurda

    Asisten a 6 menores víctimas de delitos cibernéticos

    San Luis Potosí. El Consejo para la Atención a Víctimas del Delito (Cavid) ha documentado en lo que va del año seis casos de víctimas de delitos cibernéticos –de entre 10 y 16 años de edad–, que derivaron en pornografía infantil, extorsión y abuso, informó la titular del organismo, Martha Orta Rodríguez. La funcionaria lanzó un mensaje de alerta a los padres de familias de las clases media y alta para que supervisen las actividades de sus hijos en Internet, ya que los casos que se han atendido en Cavid iniciaron en las redes sociales.

    La izquierda puede ganar la elección de 2012: AMLO

    La izquierda puede ganar la elección de 2012: AMLO
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    La Plaza de la Patria, en Aguascalientes, lució llena durante el mitin informativo a que convocó Andrés Manuel López Obrador para promover el Movimiento de Regeneración NacionalFoto Carlos Ramos Mamahua
    Claudia Bañuelos
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Viernes 13 de mayo de 2011, p. 19

    Aguascalientes, Ags., 12 de mayo. El ex jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que están dadas las condiciones para que las izquierdas ganen la próxima elección presidencial, toda vez que la gente quiere un cambio por la vía pacífica y por la vía electoral.

    Antes de encabezar un mitín ante unas 4 mil personas reunidas en la Plaza de la Patria, el ex candidato presidencial se refirió a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que el domingo pasado se efectuó en varios estados del país, especialmente en la ciudad de México.

    La protesta significa que muchas personas quieren un cambio porque ya no soportan tanta represión, dijo, y aclaro que estamos de acuerdo con las causas que ellos defienden, pero no vamos a ser oportunistas para colgarnos de un movimiento genuino.

    Afirmó que en caso de ser candidato y ganar la Presidencia de la República, no voy a hacer tregua con el narcotráfico, tenemos que buscar otras estrategias, atender las causas, que haya empleo, atender a los jóvenes; Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero sin saber a ciencia cierta lo que iba a encontrar.

    El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), insistió en que tiene que repetir sus palabras porque está luchando contra el poder de la televisión nacional, que está al servicio de la mafia del poder.

    Explicó que Morena se mantiene de las aportaciones económicas del pueblo de México y de los partidos simpatizantes del movimiento, además de los diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia.

    Comentó que no tiene gastos extraordinarios, actuamos con austeridad republicana, no uso aviones privados, no voy a hoteles lujosos, no voy a restaurantes de comida exquisita, cara, que no siempre es buena, voy a las fondas y restaurantes, dijo.

    Al concluir la asamblea pidió a los presentes ser protagonistas del cambio y no hacer a un lado a los panistas y priístas de abajo, que están igual de fregados que todos nosotros y que se quieran unir al movimiento: vamos a defender el voto, para eso les pido su ayuda, concluyó

    Alianza minera alerta sobre riesgo de más accidentes en pozos

    La Alianza Minera Nacional advirtió ayer que podrían repetirse las explosiones y accidentes en los pozos de la región carbonífera de Coahuila, ya que en su gran mayoría carecen de la tecnología necesaria para detectar gases. Esta organización, que es opositora del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la obligación de verificar que el carbón que adquiere no proviene de empresas privadas que operan ilegalmente. Luego de sostener que podrían producirse nuevos accidentes como el ocurrido en Sabinas, donde perecieron 14 trabajadores, Héctor Jiménez Coronado, coordinador de dicha alianza, expuso que de no haber un cambio radical en el proceso de producción y compra del mineral por parte de la CFE, esta se mantendría como cómplice de los accidentes ocurridos en las minas de Coahuila, que de 1988 a la fecha han provocado la muerte de 149 trabajadores. Según comentó, mientras los mineros son sometidos a largas jornadas laborales de 12 y 14 horas en condiciones totalmente peligrosas, a cambio de un mísero salario, los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, están más preocupados en su futuro político que en cumplir con su trabajo.

    CARTONES DE LA JORNADA