jueves, 15 de agosto de 2013

Costará 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa

Costará 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa
Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Laura Poy
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 32
Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.  
Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).
Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos.
También se destaca que a fin de fortalecer la gratuidad de la educación, el cobro de cuotas estará prohibido.
Los recursos públicos que se deberán canalizar para aplicar las leyes secundarias contemplan que de 28 mil 305 millones 551 mil 416 pesos, al menos 8 mil millones 466 mil se destinen al retiro voluntario de docentes, otros 905 millones a la jubilación; en ambos casos el requisito serán 30 años de servicio.
Para la figura de asesores técnicos pedagógicos, que se convierte en una promoción inicial para docentes frente a grupo, se destinarán 15 mil 256 millones, pues se considera asignar uno por cada 200 alumnos, y 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores, ya que se pretende asignar uno por escuela.
Asimismo, se faculta al INEE para determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su idoneidad.
El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.
Se crea el Sistema de Información y Gestión Escolar, que tendrá entre sus competencias regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, con el fin de establecer un sistema nacional de información educativa.
Con la reforma a la LGE se buscará el impulso a la autonomía de la gestión escolar, la apertura paulatina de escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis a ocho horas, así como la creación de microempresas destinadas al suministro de alimentos sanos en las escuelas, para evitar la venta y consumo de comida chatarra, para lo cual se emitirán nuevos lineamientos.
Debido a las nuevas competencias que se le otorgan al INEE como responsable del SNEE, la Secretaría de Educación Pública propone modificar la ley del sector para establecer que es al instituto al que corresponden las atribuciones para coordinar y evaluar lacalidad, el desempeño y los resultadosdel sistema educativo del país

Podrían suspender maestros la vuelta a clases como acción de alta intensidad

Podrían suspender maestros la vuelta a clases como acción de alta intensidad
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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion durante el bloqueo de avenida Reforma, frente a la sede del SenadoFoto Alfredo Domínguez
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 33
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró un acto de traición del gobierno federal que no se hayan incluido las propuestas emanadas de los foros que realizó el magisterio disidente sobre las leyes secundarias, luego que éstas fueran turnadas a comisiones, por lo que no descartan suspender el regreso a clases el 19 de agosto, como una acción de alta intensidad.
Entre las primeras reacciones de los docentes estuvo la convocatoria a una marcha y cerco a la sede del Senado, donde permanecieron poco más de cinco horas, lo que impidió el ingreso y salida de personal, legisladores, e incluso, diplomáticos que acudieron a la cámara.
Francisco Bravo, líder de la sección 9 de la CNTE, y Francisco Villalobos, secretario de Organización de la sección 22, apuntaron que ante la posibilidad de que las nuevas normas se aprueben en el periodo extraordinario del Congreso, esmuy alta la probabilidad de un paro indefinido de labores que suspenda el inicio del ciclo escolar.
Bravo sostuvo que la intención del gobierno fue distraernos y administrar el conflicto. Nos da la impresión de que nunca tomaron en serio los diálogos y propuestas que elaboramos. Necesitamos examinar detenidamente las iniciativas presentadas que, al parecer, vienen en un sentido diferente a lo que proponemos.
Rubén Núñez Ginés, dirigente de los profesores oaxaqueños, advirtió que no nos vamos a ir de la capital a nuestras escuelas hasta ver abrogadas las reformas y adiciones a los artículos 3 y 73 constitucionales.
En tanto, el líder de la sección 18, Juan José Ortega Madrigal, responsabilizó de un eventual paro de labores a los legisladores, al gobierno federal y a integrantes del Pacto por México, de quienes demandó una respuesta seria y responsable en relación con los planteamientos expresados en los 11 foros regionales,que es la voz de cientos de miles de docentes y padres de familia.
Después de que los contingentes magisteriales se concentraron más de dos horas frente a los accesos al Senado, fueron recibidos por la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, y el diputado priísta Leobardo Alcalá Padilla, pero no se alcanzó ni siquiera un acuerdo para que hoy se concrete la reunión con la Junta de Coordinación Política y con las comisiones de Educación de ambas cámaras, reconoció

El plantón en la UNAM poco contribuye al diálogo para encontrar soluciones: rectoría

El plantón en la UNAM poco contribuye al diálogo para encontrar soluciones: rectoría
Será pacífico y no obstruirá la entrada al edificio universitario, aseguran rechazados del Maes
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 34
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que el plantón indefinido instalado en la explanada de rectoría por jóvenes que demandan espacios para estudiar en instituciones de educación superior públicas es una decisión que poco contribuye a encauzar el diálogo que permita encontrar soluciones a este tema.
En un comunicado, la universidad planteó que resulta preocupante que los jóvenes hayan decidido instalarse de forma indefinida antes de que concluyan las negociaciones –iniciadas el lunes al mediodía– entre integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes) y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de diversas instituciones de educación superior, incluida la UNAM. 
Los representantes del Maes, por su parte, señalaron que la respuesta que han recibido de las autoridades educativas esque no habrá posibilidad de ingreso a los rechazados.
Anunciaron que este jueves se reinician las negociaciones y, con base en las respuestas, se decidirá levantar o no el plantón.
En su comunicado, la máxima casa de estudios recordó que recibió las solicitudes del Maes apenas la tarde del lunes, y aún analiza caso por caso. Indicó que ha mostrado su disposición a entablar pláticas que abran las vías de solución a los planteamientos de falta de espacios educativos. Prueba de ello es que representantes del Maes así lo han reconocido durante el proceso.
Resaltó que en la ultima década, la UNAM ha incrementado su matrícula de licenciatura en más de 60 mil lugares, “cifra sin precedente (…) Como muestra de voluntad en este sentido, tan sólo en el actual ciclo lectivo, la oferta aumentó en tres mil lugares”.
Ayer por la mañana, los jóvenes rechazados acordaron en una asamblea realizar una campaña informativa entre la comunidad universitaria para que no se distorsionen los motivos por los cuales instalaron el plantón.
Indicaron que exigirán la ampliación de la matrícula en las instituciones de educación superior o la creación de una nueva universidad, que ofrezca un alto nivel académico, como la UNAM, el Politécnico o las universidades Autónoma Metropolitana y Pedagógica Nacional.
Aseguraron que el plantón será pacífico, no obstruirá el acceso a la torre de rectoría y, en la explanada, se impartirán talleres culturales y deportivos.
Con información de José Rivera

Modificar la Constitución, plantea Mancera en proyecto de reforma

Modificar la Constitución, plantea Mancera en proyecto de reforma
Nueva redacción del artículo 122 reconocería su autonomía y como capital del país y sede de los Poderes de la Unión
Propone que en las 16 delegaciones exista un órgano supervisor
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 29
La propuesta de reforma política del Distrito Federal que presentó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, considera que en cada una de las 16 delegaciones exista un órgano colegiado con la función de supervisar y evaluar a esos gobiernos, así como el ejercicio del gasto público.
Los integrantes de dicha instancia, señala el documento en su propuesta de reforma al artículo 122 de la Constitución, serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, y en dicho proceso podrán participar ciudadanos de manera independiente, los partidos políticos nacionales y con registro local, al igual que en el caso de los jefes delegacionales, quienes serán electos por votación universal, libre, secreta y directa, como hasta ahora.
La iniciativa, que el martes pasado entregó el titular del Ejecutivo local a la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluye el cambio de nombre de Distrito Federal por el de Ciudad de México, con su propia constitución como ley suprema local.
La propuesta plantea una nueva redacción del artículo 122 constitucional: que la ciudad de México es la capital del país y sede de los Poderes de la Unión ygoza de autonomía en lo concerniente a su régimen interior, organización política y administrativa.
Agrega que la ciudad adoptará un régimen de gobierno republicano, democrático, representativo, popular y laico, el cual estará a cargo exclusivamente de sus poderes locales en los términos y modalidades fijados en su constitución, la cual definirá la división territorial y organización político administrativa, con las siguientes bases:
Administración pública centralizada, desconcentrada y paraestatal; hacienda pública unitaria, con mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estados y municipios de la zona metropolitana; con organismos constitucionales autónomos, entre otras disposiciones.
Para la elaboración de la constitución local, en los artículos transitorios se propone la formación de una asamblea constituyente, que deberá ser instalada y empezar sus trabajos el 15 de mayo de 2014 –en la que la Junta de Coordinación Política del Senado participará como órgano garante–, y concluirlos a más tardar el 31 de agosto de ese mismo año con la publicación del ordenamiento legal.
Asimismo, estipula que es facultad exclusiva del jefe de Gobierno capitalino elaborar y remitir el proyecto de constitución política para la ciudad de México a la asamblea constituyente, a más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación, para que la discuta, modifique, adicione y apruebe.
Una vez expedida la constitución, Mancera Espinosa propone que no podrá ser vetada por ninguna autoridad y deberá ser promulgada y publicada en laGaceta Oficial de la ciudad de México.

En aras de salir en la foto con Mancera, legisladoras desatan riña en Iztapalapa

En aras de salir en la foto con Mancera, legisladoras desatan riña en Iztapalapa
Dione Anguiano niega que sus seguidores la hayan empezado
Así somos en Iztapalapa, dice
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Partidarios de las diputada perredistas Aleida Alavez y Dione Anguiano intercambiaron golpes y empujones antes de la inauguración del Centro de Salud T-III Quetzalcóatl, en la colonia Desarrollo Urbano, de la delegacion Iztapalapa, por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el titular de la Secretaría de Salud, Armando AhuedFoto Cuartoscuro
Gabriela Romero
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 30
En medio de un ambiente tenso, que derivó en un enfrentamiento verbal y físico entre los simpatizantes de las diputadas local Dione Anguino y federal Aleida Alavez, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró ayer los centros de Salud T-III Quetzalcóatl y Santiago Acahualtepec, en la delegación Iztapalapa.
Los roces no sólo se dieron entre las porras, sino también entre las legisladoras federales Karen Quiroga y Aleida Alavez, quienes al incorporarse a la comitiva que recibió al mandatario capitalino en el Centro de Salud Quetzacóatl intercambiaron algunos empujones al buscar el mejor lugar para salir en la foto.
De nada sirvieron las peticiones del propio jefe de Gobierno y del secretario de Salud, Armando Ahued, para que las legisladoras calmaran los ánimos.
Apenas había ingresado la comitiva a las instalaciones, cuando en la calle comenzó la trifulca provocada por simpatizantes de Anguiano, personal de Protección Civil de la delegación y algunos policías que trataban de tranquilizar a la gente.
Jennifer Marín López, enlace de salud de Alavez, afirmó que ésta, siendo diputada local, logró que se etiquetaran 34 millones de pesos para el centro de salud y que éste era su distrito, y que Anguiano y Quiroga no pertenecían a esta zona, por lo que no tenían por qué estar ahí.
Más tarde, Dione Anguiano rechazó que sus simpatizantes hubieran iniciado la gresca. Así somos los perredistas, Iztapalapa está viva, acotó.
A pregunta expresa de si había sido invitada al evento, respondió que vio en la agenda del jefe de Gobierno que iba a estos centros y decidió asistir.
A diferencia de Anguiano, Alavez Ruiz sí recibió invitación del secretario de Salud local para formar parte del presídium, durante los dos eventos.
En su discurso, Mancera Espinosa remarcó: estamos dando cuenta a la población de Iztapalapa de un trabajo conjunto. Dichas acciones van desde la lucha por el presupuesto en las cámaras, los debates sobre las asignaciones y obviamente la administración responsable, transparente y cuidadosa de los recursos. En un extremo del presídium estaban sentadas Alavez Ruiz, Anguiano y Quiroga

Se ubica el PRI en último lugar en transparencia

Se ubica el PRI en último lugar en transparencia
Raúl Llanos
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 31
El PRI capitalino resultó el peor calificado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en su portal de Internet, y de 100 puntos posibles apenas tuvo 47.
De acuerdo con los resultados de la segunda evaluación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta ciudad, de las páginas de Internet de los siete partidos con registro en esta ciudad, se detalla que esos institutos políticos deben publicar en sus sitios web oficiales información como el directorio de los órganos de dirección, sus estatutos, el monto de las prerrogativas que reciben mensualmente, su estructura orgánica, así como los cargos y remuneraciones de sus dirigentes y de su plantilla laboral, entre otros aspectos.
Según los datos aprobados ayer por el pleno del Infodf, el PAN alcanzó 99.1 puntos; le siguió Nueva Alianza, con 96.2; PT, 94.3; Movimiento Ciudadano, 93.3, y PVEM, 92.1 puntos.
En penúltimo lugar se ubicó el PRD capitalino, con 84 puntos, y hasta el final el PRI, con 47.3 puntos

Termina el paro de labores en la mina El Coronel

Termina el paro de labores en la mina El Coronel
Acuerdan pago de salarios caídos y plan de productividad
Auditará STPS a la empresa
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Este miércoles concluyó el paro en la mina El Coronel, en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, tras dos meses y medioFoto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez y Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 26
Zacatecas, Zac., 14 de agosto.
La tarde de este miércoles concluyó el paro de labores en la mina de oro a cielo abierto El Coronel, propiedad de Grupo Frisco, luego que el sindicato nacional minero llegó a un acuerdo en la ciudad de México con la empresa propiedad de Carlos Slim Helú, tras dos meses y medio de conflicto.
Al final de la negociación, Grupo Frisco reconoció que el sindicato nacional minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) de la mina El Coronel, ubicada a un lado de la carretera Ojocaliente-Loreto.
La empresa aceptó pagar el ciento por ciento de los salarios caídos del periodo que duró el paro. Ambas partes convinieron también aplicar un convenio para incrementar la productividad y promover el respeto a los intereses de los trabajadores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), intermediaria y coadyuvante en el arreglo, se comprometió a estudiar positivamente el pago justo de utilidades a los obreros, informó el sindicato nacional minero.
El acuerdo central del pacto fue que Grupo Frisco aceptó que la titularidad del contrato de esta mina la tiene el sindicato nacional minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, organización a la cual todos los trabajadores determinaron afiliarse desde el inicio del conflicto. La dependencia federal detalló que habrá un recuento en 30 días para establecer en definitiva la titularidad del CCT.
Tanto Grupo Frisco como la STPS afirmaron que cumplirán el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la libertad de asociación.
La compañía se comprometió a cambiar su actitud hacia los trabajadores y respetar plenamente sus derechos.
Horas antes del acuerdo entre Grupo Frisco y el sindicato nacional minero arribaron a Zacatecas 433 guardias privados del estado de México, contratados por Grupo Frisco, confirmaron a distintos medios fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Los uniformados pernoctaron en un motel del paraje carretero Las Arcinas, a 20 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, y la mañana de este miércoles se trasladaron en 12 autobuses a los límites de la entidad con Aguascalientes, donde se ubica la mina.
Esto reavivó la tensión en la mina, donde se encontraban alrededor de 500 trabajadores con sus familias, quienes montaron un campamento para impedir que el yacimiento fuera recuperado por la fuerza.
En los límites de la carretera Ojocaliente-Loreto, unos 50 policías estatales preventivos, con armas largas, a bordo de patrullas y al mando del comandante Gilberto Sánchez, se mantenían a la expectativa ante el riesgo de un enfrentamiento entre los guardias privados y los obreros.
Sin embargo, alrededor de las 17 horas arribaron a la mina El Coronel, procedentes de la ciudad de México, varios integrantes del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, encabezados por Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, del exterior y de actas, para dar la noticia a los paristas: se logró un acuerdo valioso con Grupo Frisco y concluyó el paro.
Se quedó en muy buenos términos. Las instalaciones se van a entregar de inmediato para iniciar operaciones, pero será el viernes a las 7 horas cuando formalmente todos los trabajadores reanuden sus labores, precisó.
Interrogado sobre las dos demandas fundamentales de los trabajadores mineros en paro –que se les permitiera adherirse al sindicato minero y abandonar la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la entrega de un bono de utilidades (que debían haber recibido en mayo)–, Beltrán Reyes respondió que en ambos casos hay algunas condiciones que deberán cumplirse.
Para la entrega del bono, acordamos esperar los resultados de una auditoría que realizará la STPS a Grupo Frisco, concretamente a la unidad El Coronel, para revisar si los números que ellos están presentando ante la Secretaría de Hacienda como utilidades son reales.
En 45 días se presentarán los resultados de esta auditoría fiscal y con ellos se sabrá si procede la demanda de los trabajadores mineros: que a cada uno se le entregue un bono de utilidades de 80 mil pesos y no de 35 mil, como pretende la empresa

Servir al narco, exilio o muerte, las alternativas en la sierra sinaloense

Servir al narco, exilio o muerte, las alternativas en la sierra sinaloense
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Foto Javier Valdez
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Dos de las viviendas abandonadas, saqueadas e incendiadas en Ocurahui, en la serranía del municipio de Sinaloa, por pistoleros al servicio de cárteles del narcotráfico que se disputan esta regiónFoto Javier Valdez
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 27
Culiacán, Sin., 14 de agosto.
Angelina mira hacia las montañas. Allá quedaron su tierra, su casa, su vida. Ella es una de las casi 600 personas expulsadas de 40 comunidades en la sierra del municipio de Sinaloa. Para algunos esto es sólo el saldo estadístico de las pugnas entre cárteles desde 2011.
A principios de ese año, un comando del cártel de los Beltrán Leyva atacó la comunidad San José de los Hornos, municipio de Sinaloa, y mató a una persona. Otros atentados provinieron de células del cártel de Sinaloa, que disputa varios municipios a los Beltrán Leyva.
Los pobladores de la zona montañosa quedaron en medio de esta guerra entre organizaciones criminales, que los obligan a sembrar mariguana o a escapar.
Angelina huyó, al igual que 118 familias que viven en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, unos 100 kilómetros al norte de Culiacán. Ahí comparte una casa rentada con dos familias. Relata que huyó después de que 30 personas fueron asesinadas en San José del Llano, Ocurahui y otros poblados del municipio de Sinaloa. Para nosotros, Ocurahui era la capital de los ranchos que había alrededor. Ahora no es nada, dice con voz arrugada por la nostalgia.
Recuento de sangre
El 20 de enero de 2012, un comando sacó a tres integrantes de una familia de sus casas en Ocurahui y los mató a balazos. Las víctimas eran madre, padre e hijo. Tres días después volvieron los agresores, al parecer del bando de los Beltrán Leyva. Saquearon, balearon y quemaron casas.
Una pobladora llamó al entonces alcalde, Saúl Rubio Valenzuela, quien ofreció actuar de inmediato. La denunciante lo escuchó decidido y eso la animó. Nada pasó. En abril de ese año se dio muerte a dos varones.
El 27 de marzo de ese año, tres integrantes de una familia volvieron a una zona cercana a Metatitos para recuperar algunas pertenencias. Un comando los asesinó. Otros tres que fueron con una carroza fúnebre por los cadáveres corrieron la misma suerte. Y encima nos insistían que dijéramos que todo lo que sucedía era culpa de los Beltrán Leyva. Pero nosotros sabemos que no, dijo un vecino.
El 25 de mayo, después de que numerosas familias huyeron a comunidades cercanas, entre ellas Surutato, un grupo armado encontró a varios habitantes de Ocurahui que habían dejado sus casas. Los invitaron a una reunión a la que acudirían militares, pararesolver los problemas de violencia.
Sólo fueron algunos integrantes de una familia. No había soldados, únicamente hombres encapuchados, armados con fusiles automáticos y uniformes de camuflaje. Querían que regresaran la enfermera, la maestra de la primaria, un comerciante y un médico, para que eso animara a otros. A cambio, los criminales ofrecieron respetar sus vidas, pero tendrían que cultivar drogas y armarse para repeler ataques de algún grupo rival.
No aceptaron y se marcharon. Los encapuchados saquearon y destruyeron muchas de las 97 viviendas que había en Ocurahui.
Algunas versiones indican que en esos actos, atribuidos al cártel de Sinaloa participaron soldados, con el argumento de que los vecinos daban información a habitantes de la comunidad La Sierrita, donde presuntamente tienen fuerte presencia los Beltrán Leyva.
Tres personas fueron asesinadas el 27 de junio de 2012: padre, madre y su hijo, de 17 años, por tratar de volver a sus tierras.
No tengo tiempo
Angelina recuerda cómo sus esperanzas, alguna vez renovadas, se quedaron atoradas en la garganta como piedras filosas.
Llamó al gobierno del estado y logró que le comunicaran al secretario particular del gobernador Mario López Valdez, Malova. El funcionario le prometió enterar al mandatario, quien programó una visita a la sierra para hablar con los desplazados, a mediados de abril.
Un centenar esperaron a Malova en Surutato, uno de los poblados de Badiraguato que en la primera etapa del desplazamiento de familias recibió unas 250 personas procedentes del municipio de Sinaloa. Entre los asistentes había infiltrados sicarios del cártel de Sinaloa, para saber qué decían y quiénes. Eso alimentó la rabia y el terror.
El gobernador fue muy insensible. Esperamos cerca de cuatro horas, para que estuviera sólo cinco minutos. ¿Sabe qué dijo? Que nosotros siempre nos hemos dedicado al narcotráfico, que los hemos solapado y que por eso nos pasa esto, pero que ahora brincamos porque nos llegó la sangre al río. Eso dijo, recordó Angelina.
Esperaban que dijera que los apoyaría, que garantizaría su seguridad. Nada de eso. Una de las afectadas, cuenta, alcanzó al mandatario, le jaló la camisa y éste respondió: No tengo tiempo. Pida una cita en Culiacán. Subió al helicóptero y se fue.
Amargo regreso
El 3 de agosto, cuatro familias desplazadas de Guamúchil pidieron apoyo al destacamento militar ubicado en Surutato, para regresar a Ocurahui y San José de los Hornos. El viento fresco, los pinares y los animales nutren la añoranza. Por eso Guadalupe, Felicia y otros decidieron intentarlo.
Acordaron con los militares que éstos recorrerían la zona y luego pasaría la caravana de desplazados, compuesta de unas 10 personas, entre ellas una mujer de 80 años. Iniciaron la travesía a las 5 horas. Cerca de las 10, cuando estaban a punto de llegar a Ocurahui, los pararon tres jóvenes armados y los hicieron regresar a San José de los Hornos.
Ahí los aguardaban hombres armados. Uno que dijo ser el jefe les reclamó porque avisaron a los militares, y aseguró que la base del 42 Batallón de Infantería le informó que cuatro familias irían ese sábado. Eran unos 20. Los rodearon. El líder accedió a que recogieran sus pertenencias y se fueran.
Cuando llegaron a Ocurahui bajó un banco de niebla. El terror hizo presa de ellos. Desesperados y temblorosos, recorrieron la escuela, sus casas y las de sus parientes. Apenas dieron cinco pasos y regresaron a los vehículos, desde donde tomaron algunas fotos que muestran un páramo entre pinos, una clínica saqueada, una escuela primaria fantasmal y destruida, casas quemadas, con orificios de bala, monte crecido y ausencias. Con un fardo de desesperanza a cuestas, regresaron a Guamúchil.
Estuvimos unas tres horas y nos dimos cuenta de algo: no hallamos de quién cuidarnos y ya no hay nada qué rescatar. Mejor nos regresamos. Condujeron cerca de cuatro horas, hasta Surutato, donde cargaron gasolina. Llovía fuera y les llovía la tristeza por dentro

Brutal represión en Egipto

Brutal represión en Egipto
Ejército y policía atacan a islamitas; hay al menos 278 muertos
Desmantelan campamentos de seguidores de Mursi; dimite el viceprimer ministro El Baradei
Detienen a los principales líderes de la Hermandad Musulmana
Foto
Seguidores del derrocado presidente islamita Mohammed Mursi capturan un vehículo de las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto, frente al Ministerio de Finanzas, en El CairoFoto Ap
Alastair Beach
The Independent
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 2
El Cairo, 14 de agosto.
Mientras en torno al sitiado campamento islamita atronaba el fuego de ametralladoras este miércoles, un chico de 12 años, llamado Omar, estaba sentado en un colchón bebiendo jugo de naranja. A unos metros, los cuerpos de 31 manifestantes yacían en el sucio suelo, con gruesos manchones de sangre.
Muchos habían recibido disparos en la cabeza y el pecho con balas de alta velocidad; los labios retorcidos delataban los espasmos de la agonía.
Al preguntarle cómo se sentía al presenciar tales escenas, el muchacho, que llevaba tenis Puma y jeans azules, se quedó mudo unos segundos; parecía confundido. Luego, con candor infantil, comentó: No es muy agradable.
Cualquiera que haya sido el objetivo del Estado egipcio al lanzar este ataque tan anunciado, los cientos de niños que se escondían dentro del campamento no olvidarán la ferocidad de un gobierno que ahora ha declarado la guerra a los islamitas del país.
Los líderes egipcios han puesto en marcha una serie de sucesos cuyas consecuencias son impredecibles. Enfrentamientos a muerte se reportaban en provincias de toda la nación, donde al parecer se produjeron ataques en represalia a estaciones de policía, instituciones gubernamentales e iglesias coptas. Hubo decenas de muertos, cientos de heridos.
Un indicio de hasta dónde esta ofensiva gubernamental afectará la transición política es que Mohamed El Baradei, premio Nobel, renunció al cargo de viceprimer ministro en señal de protesta. El gobierno interino ha impuesto el estado de emergencia, que durará un mes, y un toque de queda. Se informó que agentes de seguridad detuvieron a los principales líderes de la Hermandad Musulmana, entre ellos Mohammed Beltagy, cuya hija de 17 años fue asesinada en meses recientes.
Dentro de la mezquita de Rabaa Adawiya, ubicada en el corazón del campamento, en el este de El Cairo, bebés lloraban aferrándose a sus madres mientras el fuego de ametralladoras ardía a su alrededor. En el centro de la sala de oraciones, tendidos sobre la alfombra entre cientos de mujeres y niños pequeños bajo el calor sofocante, habían colocado 10 cuerpos uno junto a otro, rodeados con un cordón.
Una niña de siete u ocho años, que vestía pantalón color de rosa y playera, se abrió paso de un lado a otro de la mezquita saltando entre los cadáveres.
La policía y el ejército no entienden más lenguaje que la fuerza, expresó Jalid Mosén, un ingeniero de 50 años que estaba atrapado aquí. Quieren matar a todos los que tengan opiniones adversas a ellos.
Dado el poder de fuego desatado contra los manifestantes, a muchos islamitas les resultaría difícil ver las cosas de otro modo.
Según testigos, el fuego comenzó por la mañana, a eso de las seis, cuando las fuerzas de seguridad que rodeaban el lugar lanzaron su feroz ataque. En otro campamento ubicado en el oeste se ordenó una operación similar.
Hacia el final de la tarde continuaban los disparos. Pesadas descargas de ametralladoras semiautomáticas resonaron todo el día en suburbios cercanos. Si hubo alguna tregua, fue breve. Durante unas 10 horas, los partidarios de Mohamed Mursi fueron sujetos a una continua lluvia de fuego.
Por la calle Nasr, la principal vía que cruza el campamento, silbaban disparos de francotiradores; en edificios cercanos se escuchaba el continuo tableteo de ametralladoras; por entre el laberinto de tiendas de campaña sonaban persistentes balaceras.
Un médico del hospital, quien sólo dio su nombre, Ahmed, dijo que ni siquiera la invasión israelí en Gaza de 2008 llegó a estos extremos. Durante la batalla trabajé allá como médico. En 12 días de combates en Gaza hubo menos muertos que en seis horas acá.
Entre el vertiginoso caos de la masacre –la tercera perpetrada contra islamitas egipcios en poco más de un mes–, es difícil encontrar cifras confiables. Según el Ministerio de Salud, se han confirmado 278 muertos, pero es posible que el número sea mucho mayor. El doctor Hisham Ibrahim, jefe de la clínica de campo en Rabaa Adawiya, dijo a The Independent que habían perecido cientos de personas.
Sea cual fuere la cifra final, el flujo constante de manifestantes desfigurados, perforados por las balas, hace imposible guardar los cuerpos en forma adecuada. En una sala que en las dos matanzas anteriores fue usada como anfiteatro había 42 cuerpos apretujados en el suelo. Conforme se desenvolvía la matanza se improvisaron otras zonas como casas de la muerte.
Detrás de la plataforma estaban tendidos 25 cadáveres envueltos en mortajas blancas, sin refrigerar, bajo el quemante sol de agosto.
Es un genocidio, afirmó el doctor Yehia Makkayah, del hospital de Rabaa.Quieren desaparecernos del país. Nunca imaginé que egipcios mataran a egipcios con armas como éstas. Era tal el caos en el hospital, que un área de recepción del segundo piso se utilizó como morgue para guardar 26 cuerpos. Un piso más arriba, en un minúsculo almacén, yacían otros dos cadáveres sobre charcos de sangre. Corredores de menos de un metro de ancho estaban tapizados de docenas y docenas de heridos. Los pacientes más afortunados eran alimentados gota a gota por algún amigo o pariente, e incluso algunos tenían el lujo de una cama. Los pisos estaban pegajosos de sangre y vómito.
La gran cantidad de muertos y moribundos hacía imposible transitar por la escalera principal. Manifestantes heridos, la mayoría derribados por armas de fuego, eran llevados en brazos a los quirófanos.
Los soldados son los perros de los israelíes, afirmó Mohamed Mostafá, veterinario que guardaba vigilia junto a la cama de su cuñado, un hombre de 36 años al que una bala le destrozó la espina dorsal. No son egipcios.
En el anfiteatro principal, junto a la clínica de campo, Malik Safwat, la madre de una víctima de 16 años, luchaba por llegar hacia él entre hileras de cadáveres.
¡No mueva ese cuerpo!, gritó uno de los asistentes del anfiteatro a un voluntario que trataba de abrirle paso.Mueva uno más ligero. Por fin la madre llegó hasta su hijo, y con lágrimas en los ojos se puso a sacudirle la rodilla derecha de un lado a otro, como tratando de despertarlo. También llegó la hermana del muchacho. ¡Mi amor!, murmuraba temblorosa. ¿Por qué, mi amor?
A eso de las 5 de la tarde, los servicios de seguridad habían ganado acceso al hospital y retiraban a todos hacia calles de los alrededores. Miles de personas comenzaron a salir del campo, mientras los buldózeres de la policía avanzaban para destruir las tiendas que quedaban en pie.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya

Condena mundial al exceso de fuerza; Washington pide convocar a elecciones

Condena mundial al exceso de fuerza; Washington pide convocar a elecciones
Dpa, Ap, Reuter y Afp
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 3
Washington, 14 de agosto.
La comunidad internacional reprobó el exceso de fuerza con la que las autoridades de Egipto dispersaron a los partidarios del derrocado presidente Mohamed Mursi, que dejó al menos 278 muertos, según cifras del gobierno interino.
El secretario de Estado estadunidense, John Kerry, que deploró estos hechos lamentables e instó al ejército y al gobierno interino –impuesto por los militares tras el golpe de Estado del 3 de julio– a convocar elecciones y reformar la Constitución.
Antes, la Casa Blanca exigió el restablecimiento de los derechos humanos y afirmó que la violencia sólo hará más complicado para Egipto ir hacia un camino de estabilidad y democracia duradera.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, deploró el uso de la fuerza y pidió a todos los egipcios que concentren sus esfuerzos en la promoción de una reconciliación sin exclusiones.
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Liga Árabe a actuarde inmediato para detener la masacre.
En Gaza, el movimiento palestino Hamas condenó la terrible matanza, y en términos similares se pronucnió Irán, además de que advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en la nación norafricana.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, instó a todas las partes a trabajar para el restablecimiento de las estructuras demócráticas, mientras Rusia sostuvo que todas las fuerzas políticas deben evitar una nueva escalada de tensiones y más víctimas.
Francia exigió el fin inmediato de la represión en Egipto y anunció que recurrirá a Ban Ki-moon y a sus principales socios para que adopten urgentemente una posición internacional común

Corruptos y ladrones, los promotores de la reforma energética oficial: AMLO

Corruptos y ladrones, los promotores de la reforma energética oficial: AMLO
Afina con dirigentes de Morena plan de acción contra el proyecto deprivatizar el petróleo


Georgina Saldierna y Raúl Llanos Samaniego
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 7
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador calificó decorruptos y ladrones a quienes impulsan la reforma energética del gobierno federal, la cual plantea modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para otorgar contratos deutilidad compartida a empresas privadas.
En una entrevista para MVS, aseveró que con esa propuesta habría buenos negocios para las empresas, pero muy malos negocios para la Federación.
Luego de criticar que la iniciativa no contempla en el combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) pese a que ese es uno de sus principales problemas, el líder opositor descartó que las empresas que obtengan contratos de utilidad compartida vayan a explotar el crudo en aguas profundas. Estimó que permanecerán en tierra y en los campos maduros.
El ex gobernante capitalino consideró que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es un traidor a la patria.
Con esos contratos de utilidad compartida se pretende que las empresas se queden con 60 por ciento de las utilidades y el Estado sólo con 40, sostuvo.
El tabasqueño criticó la campaña publicitaria que se observa en los medios electrónicos de comunicación, porquesólo están diciendo falsedades. Es mentira que vienen miles de empleos, que viene crecimiento y que va a bajar el precio de la luz y de las gasolinas.
Por otra parte, en reunión privada, López Obrador, y dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afinaron el plan de acción que llevarán a cabo en la Ciudad de México durante agosto, con la intención de convocar al mayor número de personas a la concentración que realizarán el próximo 8 de septiembre en el Zócalo para protestar contra el proyecto deprivatizar el petróleo.
De acuerdo con Raquel Dávila, encargada de la presidencia de Morena-DF, en ese encuentro se acordó que durante los siguientes días serán repartidos volantes en sitios de alta concurrencia de gente.
Habrá recorridos casa por casa, para no sólo insistir sobre esa mencionada convocatoria, sino para que vayan conociendo de las pretensiones del gobierno federal priísta de privatizar el sector energético e incrementar los impuestos.
Versiones de otros asistentes a esa reunión con el presidente del Consejo Nacional de Morena detallaron que fue precisamente Dávila quien resumió el plan de acción.
Posteriormente, Martí Batres, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política, hizo una exposición sobre la propuesta de reforma energética de Enrique Peña.
Le siguió en el turno López Obrador, quien a decir de los presentes aseguró que es muy claro el planteamiento del gobierno federal de asociarse con el capital extranjero y ceder la renta petrolera, lo cual va a mermar la inversión para el gasto público, pero que a la par se quiere tapar ese boquete con el alza en alimentos y medicinas, por lo que no hay otra opción que frenar tal acción.
Incluso, se dijo que el tabasqueño realizó una crítica a la cúpula del PRD, por su colaboracionanismo en lo que sería el atraco del siglo.

Movilización popular, plantea Manuel Bartlett

Movilización popular, plantea Manuel Bartlett
Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 8
La iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto tiene el objetivo de abrir la puerta de la industria petrolera a las empresas trasnacionales, consideró ayer el senador Manuel Bartlett, quien junto a la catedrática Claudia Sheinbaum llamó a la movilización popular para impedir la privatización de las utilidades que dejan los hidrocarburos.
Ambos participaron en un foro sobre reforma energética, que organizaron estudiantes en la Facultad de Economía de la UNAM, donde el jurista Jaime Cárdenas recordó que la propiedad del Estado sobre el subsuelo es un principio que viene de la época de la Colonia y se ratificó en la Constitución de 1917.
Resaltó que en 1940 el ex presidente Lázaro Cárdenas contempló la posibilidad de que los particulares proporcionaran servicios de la industria petrolera, pero lo hizo pensando en que ésta tenía un desarrollo incipiente.
En el aula magna de la facultad, la académica Sheibaum llamó la atención sobre el hecho de que la propuesta gubernamental deja al Ejecutivo, y no a Petróleos Mexicanos, la atribución de decir a quién se darán contratos de extracción de crudo. También destacó que se abre a la participación privada toda la cadena productiva del petróleo.
Luego de insistir en que esto implica privatizar las ganancias del sector, consideró que no hay ninguna necesidad de recurrir a esto, pero las autoridades gubernamentales lo están haciendo por un dogmatismo absurdo de neoliberalismo, por las presiones de Estados Unidos y porque quieren quedarse con una parte del negocio.
A su vez, Bartlett consideró que Peña Nieto tiene un acuerdo con Estados Unidos para meter a las trasnacionales a la industria petrolera, por eso quiere cambiar la Constitución.
Pero una vez que entren esas grandes empresas, consideró, el gobierno mexicano no tendrá ninguna rectoría para manejar los ritmos de explotación. Eso es una brutalidad, enfatizó ante los jóvenes universitarios

Estalla conflicto entre policías comunitarias de Guerrero

Estalla conflicto entre policías comunitarias de Guerrero
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 11
Chilpancingo, Gro., 14 de agosto.
Los coordinadores, comandantes y promotores de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC), fueron expulsados de esa organización por violar los estatutos de la misma, informó Adelaida Hernández, coordinadora en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En entrevista telefónica explicó que los promotores de la Casa de Justicia de El Paraíso, en el municipio de Tixtla, Gonzalo Molina; Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera, y Olinalá, Nestora Salgado, fueron desconocidos por la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (presidida por Eliseo Villar Castillo)”, aunque no precisó la fecha.
Hernández aseguró que estos miembros de la policía comunitaria no respetaron el reglamento interno, que señala que no deben marchar, ni bloquear carreteras uniformados. No es la primera vez que hacen ese tipo de caos.
Dijo que, además, no han asistido a las reuniones regionales, a pesar de que se les ha citado. El próximo 31 de agosto se ratificará su salida de la CRAC-PC. De esto ya se notificó a los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, Nestora Salgado, coordinadora de la CRAC-PC en Olinalá, señaló que no pueden expulsarlos mientras no se lleve a cabo la asamblea regional del próximo 31 de agosto. Sobre Villar Castillo dijo que se pretende asumir como líder, y aquí en la CRAC-PC no hay líderes, todas las decisiones se toman de manera colectiva.
Denuncian incursión del Ejército
Nestora Salgado y Arturo Campos Herrera denunciaron que el martes, militares incursionaron en El Paraíso, El Charco, San Pedro, El Salto y El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, y el Ejército no tiene nada que hacer en nuestro territorio, que mejor vaya donde hay delincuencia. No necesitamos cocinas económicas, que mejor vayan a Tlacotepec, allá están los desplazados que sí las necesitan, dijo la promotora de la CRAC-PC.
Es ridículo que el Presidente mande a los soldados a pintar y a peinar a las niñas; a cortar el pelo y a hacer comida. Los pueblos le estamos pidiendo seguridad; eso es ridículo, es una vergüenza para México, criticó Salgado

Ordena juez aprehender a Caro Quintero con fines de extradición

Ordena juez aprehender a Caro Quintero con fines de extradición
Ya no podrá ser juzgado por la muerte del agente Camarena, de la DEA
Foto
Rafael Caro Quintero en la rejilla de prácticas del Reclusorio Norte de la ciudad de México, en abril de 1985Foto Xinhua
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 12
Un juez federal libró orden de localización y detención con fines de extradición contra Rafael Caro Quintero. En cuestión de horas y con base en el argumento de obvia urgencia, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo ayer el mandamiento judicial.
Con ello, las autoridades mexicanas deberán buscar y aprehender al ex líder del cártel de Jalisco para que sea puesto a disposición de una corte en California, Estados Unidos, y sea juzgado por diversos delitos, informó la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam.
Versiones extraoficiales señalaron que Estados Unidos envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sábado pasado –un día después de que Caro Quintero recuperara su libertad–, pero apenas ayer la procuraduría recibió la petición e inmediatamente le dio trámite.
La PGR no reveló qué juzgado federal libró el mandamiento judicial ni si presentará un recurso de revisión contra la sentencia que pemitió que Caro Quintero recuperará su libertad la semana pasada, luego de 28 años de prisión –estaba condenado a 40–, ni los delitos de que se acusa al capo, quien ya no podrá ser enjuiciado por el homicidio del agente estadunidense Enrique Camarena Salazar.
De acuerdo con el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, una vez que Caro Quintero sea detenido, el gobierno de aquel país tendrá 60 días para formalizar su solicitud de extradición. Asimismo, deberá entregar al juez que autorizó la aprehensión un expediente en el cual constarán los delitos que se le imputan y las pruebas que posee la autoridad que lo solicita.
El juez mexicano deberá iniciar un proceso para determinar si es procedente la extradición, para lo que deberá revisar que no haya sido juzgado en territorio nacional por los delitos por los que es solicitado, y que no se le impongan castigos que incluyan cadena perpetua o pena de muerte.
Desde hace 28 años, Caro Quintero es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades estadunidenses, luego de ser acusado de participar, en 1985, como uno de los autores intelectuales y materiales del homicidio de Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que operaba en la zona norte de México.
Camarena Salazar, originario de Baja California, México, se convirtió en agente encubierto de la DEA, y con apoyo de Alfredo Zavala, piloto aviador que trabajaba para la Secretaría de Agricultura, descubrió el rancho El Búfalo, en el estado de Chihuahua, que tenía una extensión de mil hectáreas y en el que laboraban más de 700 jornaleros y se almacenaban más de 10 mil toneladas de mariguana.
Ese hallazgo provocó que los líderes del cártel de Guadalajara, organización en la cual Caro Quintero era uno de los jefes, ordenaran –según las investigaciones de la época– que el agente de la DEA y el piloto fueran privados de la libertad por los narcotraficantes, torturados y asesinados en la ciudad de Guadalajara, en febrero de 1985; sus cadáveres fueron descubiertos un mes después en el poblado de La Angostura, en Michoacán.
Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue detenido en abril de 1985; desde entonces estuvo en prisión y se le iniciaron seis procedimientos penales.
La semana pasada, tribunales federales, con sede en Jalisco, sobreseyeron cuatro de los procesos penales contra el capo; es decir, dejaron sin efecto las sentencias impuestas en los juicios por delitos contra la salud y por los homicidios de cuatro personas, entre ellos los de Camarena Salazar y Alfredo Zavala, por haber sido juzgado por una autoridad incompetente.
En otra de las causas se le absolvió, y en la sexta se le condenó a 15 años, y como ya había pasado más tiempo en prisión, salió libre del Reclusorio Preventivo Estatal, en Puente Grande, Jalisco. Su caso se resolvió en el mismo tribunal que durante 15 años le concedió amparos directos que lograron llevarlo de cárceles de alta seguridad a una de mediana, resoluciones que también allanaron el camino para su liberación.
El primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, con sede en Jalisco, resolvió amparos cruciales en el proceso judicial que se siguió al narcotraficante sinaloense, como el de abril de 1997, cuando le otorgó uno directo para anular la condena de 40 años dictada en 1988 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA y del piloto Zavala, expediente que se llevaba en el juzgado cuarto de distrito en materia penal de Jalisco, con número 224/95.
Más tarde, unos careos que no se desahogaron fueron motivo para que ordenara la reposición del procedimiento. Ante ese amparo, hubo rumores sobre la posible salida de prisión de Caro Quintero que obligaron a la PGR a emitir un comunicado para desmentir las especulaciones y señalar que la resolución no alteraba otras pruebas ofrecidas por la fiscalía para condenar al capo, entre otros.
Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal

La Corte, en condición de revertir fallo que lo excarceló

La Corte, en condición de revertir fallo que lo excarceló
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 12
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en condiciones de conocer y, en su caso, revocar la sentencia que dejó en libertad a Rafael Caro Quintero, confirmaron fuentes judiciales; precisaron que se requiere que la Procuraduría General de la República (PGR) interponga el recurso de revisión correspondiente.
Los informantes rechazaron que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya iniciado una investigación sobre los magistrados Lucio Lira Martínez, José Félix Dávalos Dávalos y Rosalía Isabel Moreno Ruiz, integrantes del primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, quienes dictaron la sentencia que liberó a Caro Quintero, y aseguraron que la PGR no ha presentado recurso alguno de revisión administrativa en su contra.
Señalaron también que si la PGR encuentra elementos que presuman que hubo irregularidades en el proceso penal, el CJF está abierto a apoyar las investigaciones correspondientes hasta las últimas consecuencias.
Respecto a la eventual presentación de un recurso de revisión de parte de la procuraduría, los funcionarios indicaron que en caso de ser presentado en tiempo y forma, será admitido y turnado inicialmente a la primera sala para revisar exclusivamente si en la liberación de Caro Quintero hubo violaciones constitucionales. En caso afirmativo, los ministros estarían en condiciones de revocar la sentencia del tribunal colegiado y confirmar la sentencia de 40 años de prisión.
Aseguraron que no hay elementos para que el CJF actúe contra los juzgadores, porque no hay criterio definitivo de la Corte sobre qué debe hacerse cuando un acusado es juzgado en el fuero federal si debió ser procesado en el fuero común, que fue el argumento principal de los magistrados para sobreseer el juicio contra el acusado

Graves fallas en leyes locales sobre víctimas, alerta experto

Graves fallas en leyes locales sobre víctimas, alerta experto
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 13
Tras la promulgación de la Ley General de Víctimas, en enero pasado, y su reforma en mayo, en los congresos de varios estados se están empezando a discutir versiones locales de dicha legislación, pero la mayoría tienen graves fallas y carencias conceptuales, e incluso se apartan del espíritu de la norma federal, lo que pondría en riesgo los avances en la materia.
Advirtió lo anterior Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos y coautor de la Ley de Víctimas, quien señaló que en este proceso es fundamental escuchar e incluir los puntos de vista de quienes han sufrido algún agravio y de las organizaciones que los acompañan.
Hasta el momento tenemos cuatro experiencias locales en el tema de la ley. La primera es de Nuevo León, que fue presentada por el PAN y está basada en la iniciativa que quiso impulsar Felipe Calderón, muy restringida en la protección de los derechos humanos, muy asistencialista y sin coordinación con la ley general, aunque tiene figuras rescatables, como la del asesor victimológico, explicó.
La segunda, dijo, es la de Baja California, que se restringe mucho al ámbito de lo penal y no incluye las reformas hechas en mayo a la Ley General de Víctimas, mediante las cuales se perfeccionaron algunos detalles de la misma.
No es por mala fe
“En el ejemplo de Morelos –que se trata de la única legislación estatal ya publicada–, el proyecto incluyó los puntos de vista de organizaciones sociales, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otros grupos de víctimas, lo cual enriqueció el producto final.”
Por último, señaló, en Jalisco se está debatiendo una legislación basada fundamente en propuestas del PRI y el Partido Verde, pero no cuenta con la participación de quienes han sufrido directamente algún delito o abuso de derechos humanos, deploró Cantú.
“No creo que sea con mala fe, sino por falta de información, pero lo cierto es que hay un alejamiento evidente de muchas leyes estatales con respecto a la federal, sobre todo en aspectos como la definición de la categoría de ‘víctima’, donde no se toma en cuenta a sus familiares ni a sus abogados o defensores, que consideramos víctimas potenciales”, indicó.
En resumen, se trata de normas con un enfoque más penalista que de defensa de los derechos humanos o de justicia restaurativa, lo cual puede significar un retroceso a los alcances de la ley general y abre la puerta a la revictimización, advirtió

PGR debe revelar la identidad de testigos protegidos: tribunal

PGR debe revelar la identidad de testigos protegidos: tribunal
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 14
Un tribunal federal sumó cinco sentencias en el mismo sentido y con ello fijó una jurisprudencia, la cual establece que la identidad de los testigos colaboradores debe revelarse una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerce acción penal ante un juez contra los inculpados. Antes existían criterios aislados de tribunales y juzgados federales, pero, debido a que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no establece como requisito obligatorio que se revele la identidad de estos en un proceso penal, algunos órganos jurisdiccionales se han negado a obligar a la PGR a que proporcione el nombre real de sus declarantes. Con esta jurisprudencia, emitida por el primer tribunal colegiado del tercer circuito, todos los jueces y magistrados del país estarán obligados a revelar la identidad de los testigos protegidos.

Repatriados, sin oportunidades para su reinserción laboral y social: académicos

Repatriados, sin oportunidades para su reinserción laboral y social: académicos
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 15
México no está preparado para recibir a los migrantes que retornan –deportados o de regreso voluntario–, por lo que se enfrentan a dificultades aun mayores de las que vivieron al llegar a Estados Unidos, ya que no encuentran oportunidades de reinserción social y laboral, señalaron académicos universitarios.
Durante el primer Coloquio UNAM de estudios migratorios, efectuado en el Instituto de Investigaciones Sociales, los especialistas advirtieron que en los cinco años anteriores 2 millones de mexicanos han sido repatriados, y de ellos 500 mil son jóvenes en edades productivas (de 18 a 35 años).
Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que este fenómeno se genera, no por el crecimiento económico de México, sino por la crisis financiera que inició en 2007 en Estados Unidos, que ha elevado la desocupación.
Resaltó que la tasa de desempleo general en aquel país en julio de 2013 fue de 7.4 por ciento, pero entre la población latina era de 9.4 por ciento. Añadió que la construcción es uno de los sectores más perjudicados por ese problema, con una tasa de desocupación de 15.7 por ciento, y es precisamente ahí donde se ocupa 20 por ciento de los mexicanos que van a Estados Unidos.
Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos detalla que el desempleo entre inmigrantes en Estados Unidos ha afectado en mayor medida a los hombres que a las mujeres.
La explicación es porque los sectores económicos en los que se desempeñan los varones: construcción, comercio y hostería, servicios profesionales y administrativos y agricultura, son los más golpeados por la crisis; mientras las mujeres se dedican en mayor medida al trabajo doméstico y al cuidado de niños y ancianos, señaló Roldán.
Liliana Rivera, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, indicó que los migrantes que regresan en especial jóvenes, enfrentan problemas para su reinserción laboral.
Con información de José Rivera