lunes, 3 de noviembre de 2008

Para los de Guadalajara.Urgente!‏


¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!
CITATORIO URGENTE
El día de mañana, martes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, ciudadanos y organizaciones nos estamos dando cita en la entrada de la Expo Guadalajara para manifestar nuestro rechazo a la pretendida privatización del servicio de agua potable como lo contempla el Servicio de Admnistración Tributaria (SAT), quien propone que el uso del agua sea considerado una contraprestación y no un derecho.






Contando con la presencia del espurio Felipe Calderón, quien asiste a inaugurar la XXII Convención de la Asociación Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas), los empresarios pretenden obtener ahora la concesión de todo el abastecimiento de agua, el alcantarillado y servicio de saneamiento.
Además del espurio, estarán presentes en esta convención el señor José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el director del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA), quien es anfitrión del evento.
¡Vamos a decirles a estos señores que el agua no se privatiza! ¡Que el agua es propiedad de la nación y no de sinvergüenzas! ¡Que el agua es un servicio publico y no un negocio! ¡Que el agua es un derecho vital de la población y no una mercancia! ¡A exigir el NO al incremento de las tarifas de agua potable! ¡A recordarle al espurio que el petróleo no vende, se defiende!
CORRE LA VOZ - INVITA - ASISTE - LLEVA PANCARTAS Y MANTAS
Martes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana.
Entrada de Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero No. 1499),
Atentamente,
MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DEL PETROLEO - JALISCO
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL

Demandarán sindicatos a funcionarios de la SEP por malversación de fondos

Sustentarán la denuncia con resultados de una revisión efectuada por la Auditoría Superior
Gabriel León Zaragoza
La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (Unscolbach) anunció que en breve interpondrá una denuncia penal contra la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota; el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, y autoridades de bachillerato por presunto desvío de recursos, cercano a mil millones de pesos, que fueron asignados por el Congreso de la Unión desde 2005 para nivelar los sueldos de los trabajadores, pero que a la fecha no se han recibido.
Al respecto, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, adelantó en conferencia de prensa que esta semana solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que entregue los resultados de la revisión efectuada a las cuentas relacionadas con el plan de nivelación salarial, la cual sería la “documentación soporte suficiente” para emprender las acciones legales.
Consideró que, a consecuencia de la negativa federal a nivelar los sueldos, los trabajadores de los Colbach analizan sumarse a la lucha contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque muchos son cotizantes, y aliarse con los docentes inconformes con la Alianza por la Calidad de la Educación, con el fin de integrar un frente común que permita sacar adelante la lucha por la defensa de sus derechos laborales.
Saúl García Pacheco, presidente colegiado de la Unscolbach, expuso que aunque en el gobierno pasado lograron que los legisladores destinaran fondos públicos para mejorar las percepciones de los trabajadores del sistema educativo, las autoridades de enseñanza –incluidas las actuales– han canalizado dichos recursos a otros propósitos.
“Salvo el caso de las autoridades de Baja California Sur, que por segundo año consecutivo han cumplido la norma, los trabajadores del Colegio de Bachilleres de las 31 entidades restantes tienen una merma salarial considerablemente inferior, comparada con sus pares de otras dependencias educativas públicas, e incluso sus sueldos están por debajo de los de nivel secundaria”, destacó.
“Hay una constante en los pasados dos gobiernos de no cumplir los compromisos y derechos laborales. No ha habido un avance que pudiera decirse significativo en la protección de los mismos, por eso los trabajadores estarían planteando no sólo la denuncia penal, sino la posibilidad de promover un juicio político contra el gobierno federal y las autoridades del sector”, aseguró Miranda Esquivel.
Además, dijo, cabe la posibilidad de acudir “en masa” a los tribunales laborales a reclamar el pago de las diferencias salariales que adeuda el gobierno federal.

El regreso a clases en Morelos aún no se discute: profesores

El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) determinó que el regreso a clases en Morelos es un tema que “aún no está a discusión” entre los docentes paristas; sin embargo, el punto será abordado hoy en la tarde durante la reunión de representantes delegacionales, quienes como máxima instancia de decisión resolverán “el momento en que se pueda entrar a la segunda fase” de las acciones que emprendieron los docentes hace más de 70 días en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
Alejandro Trujillo González, de la comisión negociadora del MMB, reiteró en entrevista que no habrá regreso a clases este lunes, como aseguran autoridades estatales. Habrá, expuso, una megamarcha, al término de la cual rendirán protesta los nuevos integrantes del comité ejecutivo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En contraste, la comisión coadyuvante para resolver el conflicto magisterial en Morelos hizo un llamado a los integrantes de la comisión negociadora del MMB para que consulte y valore si ha llegado el “momento de cerrar ese capítulo” y se concrete el retorno a las aulas.
Según un documento que será dado a conocer hoy, “se parte de la existencia de una minuta del gobierno del estado con el SNTE y algunos representantes magisteriales desleales”. Pide: “consulten a sus representados o mandantes acerca de si es el momento adecuado para cerrar con temple y generosidad este capítulo, para levantar los techos improvisados y retornar a la normalidad sencilla del aula en que su sabiduría indispensable llega cotidianamente al niño o a la niña en todos los rincones del territorio”.
Mientras tanto, en Cuernavaca, Morelos, los profesores que se oponen a la ACE nombraron un comité ejecutivo alterno en la sección 19 del SNTE, el cual quedó integrado por una dirigencia colectiva de 84 docentes, de los cuales seis irán a la cabeza del comité representado a sus respectivas zonas.
Por su parte, Jorge García Hernández, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), expresó en Chilpancingo que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. “Esperamos que este lunes haya comunicación con él, pues queremos conocer su respuesta en relación con el exhorto que le hizo el Congreso del estado la semana pasada para que rechace la ACE”, resaltó.
Entrevistado vía telefónica, luego de que asistió a una asamblea del magisterio en Morelos, efectuada hoy en Cuernavaca, lamentó que a más de dos meses de haber comenzado el conflicto en Guerrero no haya respuesta.
Adelantó que a partir de esta semana se van a incrementar las protestas en distintas partes de la entidad. “Desde la semana pasada los compañeros de la Costa Grande, zona norte y Costa Chica han realizado diversas actividades en rechazo a la ACE.”
Mientras tanto, el gobierno de Baja California Sur no firmará dicha alianza hasta que se modifiquen los esquemas de financiamiento del sector educativo en el país, pues en el presupuesto de 2009 se pretende quitar recursos a unos estados para dárselos a otros, aseveró el secretario de Educación Pública de esa entidad, Omar Castro Cota.
Explicó que, de acuerdo con la fórmula aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformar el Presupuesto de Egresos de 2009, saldrán perjudicados 20 estados, entre ellos Baja California Sur, pues se va a privilegiar el aspecto matricular, en el cual están en desventaja las entidades con menor densidad de población.
(Con información de Rubicela Morelos, Sergio Ocampo, Raymundo León y La Jornada Morelos)

Construyen “casas temporales” para familias yucatecas en pobreza extrema

Mérida, Yuc., 2 de noviembre. El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) puso en marcha el programa Casa Temporal, dirigido especialmente a madres solteras y familias en extrema pobreza que no cuentan con techo seguro.
La titular del IVEY, Angélica Araujo Lara, explicó que Casa Temporal consiste básicamente en edificar viviendas “provisionales” con paneles de perfil de acero y lámina acanalada, en una superficie de 24 metros cuadrados, con pisos de concreto, puerta, dos ventanas y estructura “lo suficientemente fuerte” para garantizar un espacio seguro.
El objetivo es que en un plazo de seis meses a un año, las familias o personas logren reunir el dinero suficiente para comenzar a construir su casa en el lote que previamente les asigne el IVEY. Las casas provisionales no tendrán costo alguno para los pobladores, aunque sí pagarán por los servicios de energía eléctrica y agua potable.
Araujo Lara señaló que los materiales del programa Casa Temporal son desarmables, y se utilizarán para edificar otras viviendas para las personas que lo requieran. Aseguró que las “casitas” están blindadas contra la especulación y la venta ilegal, pues son propiedad exclusiva del gobierno estatal, mientras quienes las reciben logran tener su propio patrimonio.
Este domingo el IVEY, con recursos que suman 2.5 millones de pesos, empezó la construcción de un primer paquete de 50 “casas temporales” para igual número de familias en la colonia San Luis Dzununcán, perteneciente a la comunidad rural del mismo nombre, en el municipio capitalino de Mérida.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 51.7 por ciento de la población en Yucatán –calculada en un millón 818 mil 948 habitantes– se encuentra en situación de “pobreza patrimonial”, lo que significa que carecen de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, así como para erogar los recursos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
El caso de Micaela Cruz Jiménez ilustra la situación de vida de los beneficiarios de Casa Temporal: enfrenta una paradoja; ya posee su lote pero, debido a su pobreza, no puede construir una vivienda digna.
Madre soltera, con una hija de dos años de edad, Micaela apenas dispone de algunos fardos de láminas de cartón, varillas y madera para armar una choza, y soportar las inclemencias del tiempo.
Así como ella, hay por lo menos 400 habitantes de la zona sur de Mérida –la más marginada de esta capital– que están en situación similar. Con lotes de terreno asignados, pero sin poder construir una vivienda.
A su vez, Norma Alicia Mis Gómez, otra de las participantes, anunció que comenzará a ahorrar dinero para construir su propia casa; mientras, ella y sus dos hijas menores vivirán en su “casa temporal” seguras y cobijadas de las inclemencias del variable clima de Yucatán.
Amelia Interián se encarga de cuidar el terreno y supervisar la construcción de una endeble casa de madera y láminas de cartón, propiedad de su hija, María Imelda Ruiz Interián, trabajadora de una maquiladora.
“Estamos aprovechando que nos hayan dado la oportunidad de tener un lote, y en la medida de nuestras posibilidades estamos tratando de hacer una casita, aunque sea de láminas de cartón, pero aun así sale caro”, comentó.
Por ejemplo, Amelia comentó que un fardo de 20 láminas de cartón cuesta 250 pesos, mientras un atado de 10 varillas cuesta 160.
“Hasta el momento hemos utilizado dos fardos de láminas de cartón para hacer una pared y el techo, que requiere doble lámina, porque viene muy delgada y con una lluvia inmediatamente se pandean”, señaló.

Indígenas rechazan proyectos ecoturísticos en Chiapas, que “cunden como epidemia”

Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de noviembre. De manera explícita y cada vez más insistente, la “política de desarrollo” impulsada desde los gobiernos federal y estatal para Chiapas trata de obligar a campesinos, artesanos, pescadores y productores a que entreguen sus tierras y parajes al gran Moloch del turismo, que desde los escritorios y restiradores de los planeadores e inversionistas se ha entronizado como la “solución” para la pobreza y el mejor “aprovechamiento” de los atractivos naturales.
El aval para este turismo, prestigiado según la moda como “arqueoecológico” y “de aventura”, lo promueven criterios “ambientales”. Se echaría a los habitantes indígenas de las áreas naturales a ser “protegidas”, y de la mano entrarían cabañas, hoteles, estacionamientos y servicios.
Estos fantasmas han sido vistos ya en la selva Lacandona, las riberas de los ríos Agua Azul y Bascán, los Lagos de Montebello y la costa del océano Pacífico. Se materializan algunos, pero la gente que los puebla les estorba. Una parte, claro, tendrá el privilegio de servir a los visitantes y vivir de sus propinas. Los demás, pues a emigrar, que también es una práctica respaldada por el gobierno.
La fiebre del binomio turismo/protección ambiental no quiere dejar un solo “paraje mágico” sin explotar. Ahora toca al insospechado municipio Villa las Rosas. Y allí encuentra resistencia, como en el resto de los territorios indígenas del estado, zapatistas o no.
La asamblea de comuneros de Soctic hizo público su rechazo a las presiones de la Comisional Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que “acepten” ser despojados de una parte de sus tierras y así dar paso a otro proyecto ecoturístico de ésos que cunden como epidemia en Chiapas. Empleados de la dependencia llegaron primero “con engaños, a ofrecer proyectos para unos cuantos, sólo para 43 personas”, con un “presunto proyecto para recolección de basura”. Después, “que de ganado”, y ahora, expresan los comuneros, “nos están hablando de un decreto para crear un área natural protegida en nuestra montaña, conocida por todos nosotros como Pueblo Viejo”.
La montaña “fue comprada por nuestros antepasados desde 1935, y tenemos los documentos de la carpeta básica en que nos restituyeron y reconocieron como comunidad”, explican los pobladores de Soctic.
“Con amenazas y muchas presiones han forzado a nuestras autoridades para que firmen los documentos de los proyectos. Sabemos que la asamblea es la que manda en la comunidad, pero por las muchas presiones a los representantes comunales les hicieron firmar un escrito, del cual (los funcionarios) no dejaron copia, sólo dijeron que era un papel para cobrar el dinero del proyecto. Después estuvieron citando a asambleas, pero la gente que asistió no son comuneros con derechos en la montaña que pretenden afectar”.
Como empieza a ser la regla, el “área natural protegida” vendría seguida de un proyecto turístico que quieren “meter” en la comunidad sin el consentimiento de la asamblea, y buscando dividir a la comunidad.
“Ante esta anomalía, comuneros de Soctic Villa las Rosas y los representantes comunales decidimos que no estamos dispuestos a que la Conanp nos despoje de nuestros terrenos que por tantas generaciones hemos cuidado y conservado. Somos pueblos tzeltal que, aunque algunos hemos perdido un poco nuestra lengua, conservamos nuestras costumbres y tradiciones como indígenas. Por eso estamos dispuestos a conservar nuestras montañas y a no permitir que se nos despoje de Pueblo Viejo”.
La advertencia es clara: “en caso de que las autoridades insistan en llevar a cabo el decreto, nosotros como comuneros y pobladores tomaremos las medidas pertinentes para que no se lleve a cabo su ejecución. Hemos discutido y acordado el rechazo total del proyecto de este decreto y contamos con el apoyo de diversos ejidos de este municipio”, concluyen.
Villa las Rosas se ubica entre Tuxtla Gutiérrez y Comitán, colindante con Venustiano Carranza y Teopisca, cerca de uno de los corredores turísticos que planea el gobierno estatal. “Aprovecharía” cascadas, bosques, lagos y zonas arqueológicas como Tenam Puente y Chinkultic.

Las remesas, paliativo a pobreza alimentaria

Angélica Enciso L.
Las remesas al país permitieron que la pobreza alimentaria se redujera en 2006 en dos puntos porcentuales –2.3 millones de personas–, señala la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México.
El estudio indica que aunque no todas las familias pobres reciben esos recursos, sí contribuyen a atenuar la miseria.
El documento, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), detalla que las remesas de los migrantes mexicanos desde Estados Unidos han crecido 405.5 por ciento en las familias en pobreza alimentaria en áreas rurales, entre 1992 y 2006.
Detalla que en 2006 la pobreza alimentaria fue de 13.8 por ciento del total de la población. “La contribución de las remesas ha ido cobrando mayor importancia a lo largo del tiempo, sobre todo en las zonas rurales”. Precisa que para 1992 la diferencia entre las estimaciones de pobreza alimentaria con y sin remesas es de 0.9 puntos porcentuales, una reducción puntual en la pobreza de 900 mil personas.
En relación con la crisis económica internacional, el documento indica que desde 2007 se ha venido experimentando en el mundo un incremento importante en el precio de los alimentos, que afecta sin duda a la población del país, especialmente a las familias en pobreza.
Recuerda que después de los periodos de inflación acelerada en la década de los 80 y a mitad de los años 90, el país tuvo un importante control de la inflación, pero los valores de las canastas alimentarias con las que el consejo mide la pobreza por ingresos –la línea de pobreza alimentaria– ha crecido desde finales de 2007 y se acentuó este año.
Advierte que “la situación de precios e ingresos podría agravarse por los problemas financieros mundiales que se han observado recientemente”.
Entre agosto de 2007 y agosto de 2008, precisa, el crecimiento del valor de la canasta alimentaria rural fue 12.2 por ciento; el incremento total de agosto 2006 al mismo periodo de 2008 fue de 18 por ciento, “valor que si fuese superior al aumento en los ingresos de los hogares se traduciría en un crecimiento de la pobreza”.

Los más pobres comen una sola vez al día y compran alimentos de menor calidad

Setenta por ciento de los mexicanos más pobres han reducido la compra de alimentos ante el incremento de los precios y comen sólo una vez al día, en tanto la población con escasos recursos está sustituyendo alimentos por los de menor calidad, lo que revela la crisis alimentaria en la que se encuentra cada día un mayor número de personas.
Los datos revelan que es ineludible encarar los aspectos más lacerantes y urgentes de la crisis alimentaria, con un nuevo modelo agroalimentario sustentable para asegurar la alimentación y nutrición de la población, sostuvieron en diferentes foros el presidente del grupo de trabajo de la Reforma integral del campo mexicano del Senado, Heladio Ramírez López, e integrantes de diversas organizaciones de la campaña nacional Sin maíz no hay país.
Ramírez López rechazó que el agro está blindado para resistir los efectos de la actual crisis económica, como lo afirma el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez. “No es posible aceptar esos argumentos, cuando se percibe una honda insatisfacción campesina por la ineptitud de la burocracia y sus complejas reglas de operación”.
Luego de testificar el nacimiento del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural, de la Universidad Autónoma Chapingo, el ex gobernador de Oaxaca refirió que los campesinos afrontan la disminución de sus ingresos por el desplome de los precios de las cosechas; ya no reciben las remesas de sus familiares; los costos de producción los dejan fuera de competencia, y el bienestar no llega a sus casas.
“Es hora de escuchar el clamor de todos los sectores productivos y de atender la demanda de establecer una política de Estado que responda a la propuesta de una reforma integral para el campo. Hay que cancelar las recetas impuestas por las multinacionales y los organismos internacionales para dejar de caminar en sentido opuesto a lo que demandan los campesinos”, indicó.
México tiene gente, tierras, agua y recursos para vencer las crisis alimentaria y económica mundiales; el único problema radica en que se mantiene al campo en el olvido, sostuvo.
José Luis Calva, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que al cierre de este año el valor de las importaciones de alimentos rebasará los 25 mil millones de dólares, cuando lo que se compra puede producirse en el país. Advirtió que el hambre se va a agudizar a causa del encarecimiento de la comida, mientras que el salario mínimo aumentó en sólo 8.2 por ciento en los pasados dos años, de ahí la caída de las ventas no solamente en los mercados populares sino también en las tiendas de autoservicio.
De su lado, las organizaciones que participan en la campaña Sin maíz no hay país y que convocaron a la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, sostuvieron que la crisis de alimentos y financiera global “confirma el fracaso de los gobiernos neoliberales y de sus instituciones, tanto en México como en el mundo. Son gobiernos e instituciones fallidas, burocratizadas, contrarias al interés público, que están al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales y de los grupos empresariales privilegiados, las mafias políticas y los poderes fácticos”.
En la declaración de la citada asamblea, los participantes se comprometieron a sostener una campaña hasta lograr que se legisle el establecimiento de una reserva estratégica alimentaria y apruebe un mecanismo de administración del comercio exterior de alimentos estratégicos; evitar la siembra de maíz transgénico y el uso de granos, oleaginosas y otros productos agrícolas de consumo humano en la elaboración de agrocombustibles, así como impulsar la reorientación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Mantienen congeladas en San Lázaro 103 solicitudes de juicio político

Bloquean Diódoro Carrasco y César Camacho la acción contra Juan Camilo Mouriño
Enrique Méndez
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en acuerdo con la de Justicia, que presiden Diódoro Carrasco y César Camacho Quiroz, respectivamente, mantienen congeladas 103 solicitudes de juicio político que han rechazado analizar y que están pendientes, inclusive algunos casos desde la 58 Legislatura.
La diputada Valentina Batres Guadarrama, del PRD, explicó que hace dos semanas Diódoro Carrasco ofreció realizar una clasificación de los expedientes, para determinar cuáles podrían turnarse a la Subcomisión de Examen Previo, pero finalmente desistió.
La legisladora realizó su propia clasificación de todos los casos rezagados, entre los que se encuentran solicitudes en contra de integrantes del Poder Judicial, gobernadores y ex gobernadores, ex funcionarios del gabinete de Vicente Fox, así como Diego Fernández de Cevallos por el caso del predio Ramos Millán, y Arturo Montiel Rojas por desvío de recursos públicos en el estado de México.
En entrevista, aseguró que el ex gobernador de Oaxaca pretendió negociar casos como el de las solicitudes de juicio político contraa Ulises Ruiz y el llamado góber precioso de Puebla, Mario Marín Torres, “a cambio de no revisar la demanda de juicio contra Alejandro Encinas” por el bloqueo a la avenida Reforma después de las elecciones de 2006, cuando era jefe de Gobierno.
Obviamente, expresó, “nos negamos porque no se trata de un intercambio de impunidades, además de que, en el caso del bloqueo, la acusación se deriva de que Encinas no actuó para reprimir y romper una expresión pacífica en contra del fraude electoral de ese año”.
Batres Guadarrama refirió que Carrasco Altamirano, diputado panista, propuso realizar una clasificación en cinco rubros: las solicitudes a integrantes del Poder Judicial; servidores públicos que no son sujetos de juicio político; los que sí son sujetos, pero la causal no corresponde; los sujetos a juicio político por causal correcta, pero sin pruebas, y los que sí son sujetos a este proceso por causal correcta y con pruebas.
Entre estos últimos, que deberían ser analizados por la Subcomisión de Examen Previo –que no ha sido integrada aun cuando sólo faltan nueve meses para que termine la actual legislatura—, se incluirían 13 casos, de acuerdo con el perfil analizado por Batres, entre los cuales resaltan el presentado contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por tráfico de influencias para la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar.
Asimismo, la presentada desde 2006 por la diputada Aleyda Alavez en contra del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a las garantías individuales durante el conflicto magisterial de ese año y las condiciones de ingobernabilidad en el estado. En la queja, la legisladora perredista describió agresiones sufridas por organizaciones sociales, ataques contra la libertad de expresión y conflictos en distintos municipios.
También la interpuesta por el particular Ricardo Vázquez González contra Ruiz Ortiz por considerar que cometió “traición a la patria y por seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo” de Oaxaca.
Otra solicitud está destinada al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, por nombrar director general de Transporte a un ministro de culto religioso.
Al juez primero de distrito, Jesús Alfredo Silva García, y el magistrado del primer tribunal unitario de circuito, ambos de Tabasco, por supuestas violaciones a las garantías individuales en un proceso penal.
Contra el ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien pretende ser postulado para una diputación en 2009, por “actos de censura, y otros, derivados de la salida del aire en cadena nacional del mensaje de Ruth Zavaleta durante el primer Informe de gobierno de Felipe Calderón”.
Al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, cuando fue secretario de Seguridad Pública, por “violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales en los hechos acontecidos en el municipio de San Salvador Atenco”, estado de México.
Tres más al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por difusión de mensajes propagandísticos prohibidos en la Constitución y por violentar el principio constitucional de la separación Estado-Iglesia, al entregar 30 millones de pesos a la arquidiócesis de Guadalajara.
También al ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, por presunto desvío de recursos económicos y en especie destinados a atender a la población afectada por el huracán Stan.

Alejandro Encinas demanda al tribunal electoral respeto a la autonomía del PRD

Ante tal escenario, exigiría a los órganos internos que consideren los votos que se le anularon
Alma E. Muñoz
Alejandro Encinas, ex candidato a la presidencia nacional del PRD, aseguró que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falla en favor de Jesús Ortega, como se denunció en días pasados, encabezará un nuevo frente de confrontación dentro del instituto político.
Acataría, dijo, la resolución de nulidad de los comicios del pasado 16 de marzo, como resolvió la Comisión Nacional de Garantías, pero si el órgano electoral mandata una revisión a ese dictamen para beneficiar a Ortega, “exigiré al órgano perredista que considere los votos que me nulificó y eso modificaría los resultados en mi favor”.
Pidió al TEPJF congruencia y respeto a la autonomía e independencia del PRD, porque “está claro que nadie puede dirigir este partido a partir de la resolución de un órgano del Estado ajeno a nuestra vida interna”.
Encinas indicó que los magistrados electorales podrían mandatar a la Comisión Nacional de Garantías una revisión de su dictamen, atendiendo la queja de Ortega, “pero eso implicaría regresar al 17 de marzo –cuando el ex jefe de Gobierno capitalino se mantenía como ganador de la contienda, a partir de los resultados emanados de encuestas de salida, contra el rechazo de su compañero de partido– y “sería absurdo que siete meses y medio después regresáramos al punto que nos ha llevado al conflicto” interno.
Se mostró dispuesto a participar en la construcción de un acuerdo que “nos permita (a los perredistas) no solamente transitar hacia los comicios de 2009, sino sentar las bases de una reforma profunda del PRD para su renovación y para ir a una elección donde la dirigencia que emerja sea resultado de la participación de la gente”.
A partir de allí, insistió, resolver de manera consensuada quién ocupará los órganos de dirección del partido: presidencia nacional, secretaría general, consejo político y secretariado.
Planteó que también se deben discutir los criterios y mecanismos para determinar las candidaturas federales y una política de alianzas que parta de la experiencia del Frente Amplio Progresista (FAP) y “nos permita acercarnos a otros órganos políticos locales y regionales.
“Obtendríamos así –manifestó– una plataforma electoral que cohesione al partido con un frente muy amplio de las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas para la elección federal”.
El ex jefe de Gobierno capitalino admitió que en tanto se resuelve al respecto, él participa en las creaciones de frentes y bloques de Izquierda Unida locales. “Lo que pasa es que hay una inercia en el partido, y más después de la experiencia de Guerrero (cuando la dirigencia nacional perredista se negó a reconocer como candidato del frente a la presidencia municipal de Acapulco a Luis Walton, de Convergencia, y decidió ir con su propia candidata), en la lógica de entender que el PRD no tiene el monopolio de la izquierda”.
Consideró que el nivel de competencia se incrementa con alianzas entre fuerzas que “tenemos coincidencias y de ninguna manera podemos perder ese espíritu unitario”.
–¿Esos bloques le harán frente a Nueva Izquierda si no alcanzan un acuerdo interno? –se le preguntó.
–Si hay un acuerdo, no habrá confrontación. Creo que sería lo más sano; hay que abrir espacio a la militancia y yo voy a trabajar por construir esos espacios –respondió.

Kessel: la falta de recursos humanos y equipo afectará la producción de crudo

Pemex deberá erogar más fondos para la renta de plataformas semisumergibles y flotantes, dice
Notimex
Lo que ayer fue una advertencia para Petróleos Mexicanos (Pemex) hoy es una realidad: en la industria petrolera internacional “no existen los suficientes equipos de perforación de los cuales pudieran disponer los países para mantener la producción de crudo, ni los suficientes ingenieros para llevar a cabo los trabajos de exploración y explotación”.
Desde hace aproximadamente media década, la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtieron sobre la falta de recursos materiales y humanos que hoy afecta a Pemex.
Ejemplo de ello es que la paraestatal aplazará los trabajos exploratorios en aguas profundas del Golfo de México, como en el caso del yacimiento Lakach, que se difirieron para finales de 2009.
Pero la escasez de recursos materiales y humanos de la industria, para el caso de México, no sólo afecta los trabajos exploratorios, sino también pone en jaque la operación de la próxima Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), iniciativa recién aprobada y que deberá estar en funcionamiento en abril de 2009.
La secretaria de Energía, Georgina Kessel, enfatizó en entrevista con Notimex que la falta de ingenieros “es la principal problemática” no sólo para la conformación de la CNH, sino también para operar la infraestructura adicional que requiere Pemex.
El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados, órgano colegislador, aprobó el paquete de iniciativas que el 8 de abril presentó el Ejecutivo para reformar el sector energético.
En la actualidad hay reformas, pero poco acceso a los recursos humanos y materiales por los cuales, de estar disponibles en el mercado, Pemex tendrá que pagar más. Por ejemplo, la renta de las plataformas semisumergibles y flotantes oscila de 480 mil a 530 mil dólares diarios.
“Éstos son problemas que vamos a enfrentar en 2009, y es que es necesario multiplicar la capacidad de ejecución de Pemex”, argumentó la funcionaria federal.
Pese a estas limitantes, la encargada de definir la política energética del país mantiene la estimación de alcanzar una plataforma de producción de 3 millones de barriles diarios de petróleo para los próximos tres años, ello si se considera que para 2009 se prevé alcanzar 2 millones 750 mil barriles por día.
De ser así, entre 2008 y 2009 la plataforma de producción habrá descendido 12 por ciento, al pasar de 3.1 millones de barriles (al cierre del tercer trimestre de 2008) a 2.75 millones de barriles, según las metas de Pemex para 2009 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
De alcanzar la plataforma deseada en 2012, la paraestatal estará aún por debajo de la producción de 2004, cuando se alcanzó un volumen máximo de 3 millones 384 mil barriles diarios de crudo.
La apuesta por alcanzar tales niveles de producción siguen siendo el pozo activo Ku Maloob Zaap, que al término de tercer trimestre reportó una producción de 689 mil barriles diarios, el volumen más alto desde 2005, cuando reportó 322 mil barriles.
Asimismo, el yacimiento de Cantarell, con una producción de un millón de barriles en el mismo periodo, la más baja desde 2005, cuando reportó una plataforma de poco más de 2 millones de barriles.
Al referirse a los contratos de servicios incentivados, Georgina Kessel comentó que se diseñarán de modo que sean atractivos para las empresas, pero de acuerdo con lo permitido por el marco legal.
“Si las empresas ven un beneficio por la actividad que realizan, los contratos tendrán éxito, serán atractivos”, estimó.
Lo único que lamenta Kessel Martínez es que los legisladores hubieran limitado los contratos de maquila para que terceros realizarán la producción de petrolíferos, así como la restricción para que las empresas privadas se hicieran cargo de la transportación, distribución y almacenamiento de petrolíferos.
A consecuencia de lo anterior, señaló, en adelante se “tendrán que canalizar más recursos a la importación de petrolíferos, se va a tener que quitar presupuesto de la parte social para pagar la importación de esos productos”.
La importación de gasolina va al alza cada año, pues mientras en 2003 se compraron en el mercado externo 54 mil 500 barriles diarios de combustible, a la fecha el volumen se incrementó a 338 mil barriles.
Era urgente que se construyera una refinería cada cuatro años, pero tras la decisión de los diputados y senadores tendrá que diferirse el tiempo para construir una planta de ese tipo más allá de cuatro o cinco años; el costo será quitar recursos sociales para atender la demanda de energéticos.

Senadores de AN piden a Calderón explique la “extraña” desaparición de la isla Bermeja

Fijaba los lindes marítimos entre México y EU en una zona rica en recursos petroleros y minerales
Andrea Becerril
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron al gobierno de Felipe Calderón un informe completo sobre la “extraña” desaparición de la isla Bermeja del Golfo de México, ya que “existen sospechas sobradas” de que fue hundida intencionalmente, porque fijaba los lindes marítimos entre Estados Unidos y México en la zona de los “hoyos de dona”, donde existen “cuantiosos yacimientos de petróleo, gas y minerales”.
“Secuestro”
Denunciaron que se trata “del secuestro de una porción insular de México”, que autoridades de alto nivel conocieron y ocultaron en sexenios pasados, lo que provocó grandes pérdidas para el país en beneficio de Estados Unidos, pues alrededor de la isla Bermeja hay recursos petroleros del orden de 22 mil 500 millones de barriles.
Los presidentes de las comisiones de Marina, Sebastián Calderón Centeno, y de Turismo, Luis Alberto Coppola, así como los senadores Juan Bueno Torio, Felipe González, Jaime Rafael Díaz y Humberto Andrade, elaboraron un documento que presentarán ante el pleno senatorial, en el que advierten que ni en las negociaciones que en 1978 llevaron a cabo los presidentes José López Portillo y James Carter, para establecer los límites marítimos, ni en el acuerdo que en 1998 se firmó en torno a la delimitación de los llamados “hoyos de dona”, se tomó como referente la isla Bermeja, sino el arrecife Los Alacranes, que es el último punto del territorio nacional en el Golfo de México.
Si la medición hubiera partido de la isla Bermeja, la mayor parte de la “dona” occidental sería para México, pero no fue así, lo que “propició una flagrante violación a la soberanía territorial”, que actualmente implica millones de barriles de crudo que México deja de recibir por ese “grave error geográfico”.
En el documento, los legisladores de Acción Nacional resaltan que el Tratado de Límites Marinos de 1978 no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, luego de conocer un informe de la Asociación de Geólogos Petroleros que advertía del enorme potencial petrolífero del “hoyo de dona” occidental. Veinte años después, ambos países acordaron delimitar esa zona sin tomar como referencia la isla Bermeja.
Recordaron que esas negociaciones fueron “duramente criticadas” por el entonces senador panista José Angel Conchello, “quien acusó al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y a otras autoridades de hacer todo para entregar la riqueza del Golfo a empresas norteamericanas (sic)”.
Ubicación problemática
Los legisladores panistas explicaron que la isla Bermeja siempre generó polémica por su ubicación. En el siglo XVI figuraba como parte del estado de Yucatán; luego, en mapas de los siglos XVII, XIX y XX, aparecía localizada en el Golfo de México, pero en 1997 un buque de la Secretaría de Marina, con la misión de investigar, no logró localizarla. “Caso inédito, porque la isla sí aparece en algunos documentos”, como la Guía Turística de los Estados Unidos de América –que se encuentra en algunas páginas de Internet– y en el libro Islas mexicanas, editado por la Secretaría de Educación Pública en 1946, que la ubica a 22 grados 33 minutos latitud norte y longitud 91 grados, 22 minutos oeste, resaltan los legisladores del blanquiazul, quienes insistieron en que hubo errores de gobiernos pasados que no tomaron en cuenta la importancia de la Bermeja para definir la frontera y la explotación de la riqueza petrolera del Golfo de México en favor del país.
Advierten que los embajadores Miguel Angel Félix González y Alberto Székely les comentaron que la Bermeja se encuentra 40 o 50 metros bajo la superficie marina, por lo que ya no es considerada isla. “Ambos diplomáticos, que presumiblemente saben más sobre esa desaparición insular, debían explicar la verdadera situación, ya que un fenómeno natural de tal magnitud no puede pasar desapercibido.”
Los legisladores demandaron a Calderón que haga llegar al Senado, en un plazo no mayor a 30 días, un informe detallado “que explique puntualmente el misterio que guarda la inmersión sospechosa” de la isla Bermeja.
Asimismo, que la Secretaría de Marina lleve a cabo una nueva inspección en la zona en que se ubicó la citada porción insular, “utilizando instrumentos de alta tecnología”, para conocer el estado y el grado de deterioro del lugar en que se ubicó el islote, “ya que existen sospechas sobradas de que su inmersión fue provocada por influencia del hombre”.

Decide el miércoles la corte devolución de más de $100 millones a Alejandro Martí

El empresario Alejandro Joaquín Martí García vendió a principios de este año 27.05 por ciento de las acciones del Grupo Martí, por 2 mil millones de pesos, a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero como consideró que pagar 5 por ciento de esa cantidad al fisco era inconstitucional, demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Secretaría de Hacienda le devolviera más de 100 millones de pesos que pagó de impuesto sobre la renta.
El asunto está listado para ser resuelto el próximo miércoles por la primera sala de la corte, y trascendió que el proyecto de dictamen, elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, niega el amparo por considerar que la legislación impugnada acota válidamente la exención de impuestos de los grandes capitales que participan en la bolsa.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, Alejandro Martí reclama el mismo trato que recibió Citigroup en el año 2001, cuando adquirió Grupo Financiero Banamex a través de transacciones en la BMV, por 12 mil 447 millones de dólares, sin pagar un peso de impuestos.
El asunto (811/2008) impugna la constitucionalidad del artículo 109 fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual señala expresamente que “la exención” de impuestos por venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores “no será aplicable” cuando directa o indirectamente una persona o grupo venda más de 10 por ciento del capital social de una empresa, en una o varias operaciones, en el transcurso de un año.
Cabe señalar que, después de la indignación que generó en diversos sectores que en la venta de Banamex no se pagaran impuestos, con el argumento de que la legislación no lo preveía, en 2007 se modificó ésta y se aprobó el artículo ahora impugnado para obligar al vendedor a pagar 5 por ciento del total de la venta.
Precisamente, se dijo, en la demanda del empresario por la venta de Grupo Martí –especializado en la compra venta de artículos y ropa deportiva, administración, explotación de clubes y tiendas del ramo– se cuestiona que el artículo impugnado viola las garantías de igualdad y equidad, porque arbitrariamente fija un máximo de 10 por ciento del total del capital social para exentar el pago de impuestos.
Se argumenta también que el citado artículo señala unilateralmente quiénes son favorecidos para no pagar impuestos, dejando a los demás en estado de indefensión.
Reclamo al Congreso
Alega que el Congreso de la Unión “no justificó” en la ley los parámetros por los cuales fijó un máximo de 10 por ciento del capital social y un plazo de 24 meses en que la adquisición de acciones no debe superar dicho porcentaje para que el vendedor no pierda el beneficio de la exención fiscal.
Según revistas especializadas en temas financieros, en diciembre del año pasado Alfredo Harp Helú ofreció un total de 6 mil 67 millones 845 mil 370 pesos por el 81.7 por ciento del valor social de Grupo Martí, a razón de 4.72 pesos por cada una de las 127 millones 959 mil 624 acciones que involucraban la transacción.
Sin embargo, en su demanda de amparo Martí García –cuyo hijo Fernando Martí, de 14 años de edad, fue secuestrado en junio pasado y apareció muerto luego de 57 días de cautiverio– afirma que aceptó la “oferta pública forzosa de adquisición de 42 millones 404 mil 598 acciones, a través de la BMV”, equivalente a 27.05 por ciento del valor social del consorcio que comercializa más de 180 mil productos y que opera con más de 500 proveedores nacionales y extranjeros.
Según las últimas cifras disponibles en el mundo financiero, el grupo daba empleo a mil 199 personas.
En diciembre de 2007, Martí era presidente del consejo de administración de la compañía y mantenía el control del grupo con 47.8 por ciento de las acciones; Harp Helú tenía 18.29 y 33.91 por ciento estaba en manos del resto de los inversionistas.
Con la venta de acciones, cuyo pago de impuestos se impugnó ante la corte, Harp Helú alcanzó 45.34 por ciento y Martí redujo su presencia a 24.3.

McCarthy gestionó venta ilegal de terrenos en BCS

Arthur Edward John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, participó siendo funcionario público en actividades privadas que favorecieron a empresas inmobiliarias de Estados Unidos y España, en la adquisición de casi mil 500 hectáreas de El Rincón, en la zona de Los Cabos, Baja California Sur. El monto del pago acordado por su intervención en el negocio fue de un millón 550 mil dólares.
El ex funcionario federal, actualmente representante del consorcio español Hansa, estableció contacto con socios de la inmobiliaria estadunidense Goodman Real Estate Inc –con sede en Alaskan Way 2801, Seattle, Wa-shington–, y así se pudo saber el origen de uno de los megaproyectos turísticos de alta densidad en la zona.
Los textos de los mensajes electrónicos, de los cuales este diario tiene copia, dan cuenta de la citada negociación:
En ese contexto, el 20 de noviembre de 2006, a las 20:25 horas, Arthur D. Edwards, director de Goodman Real Estate, escribió a la dirección electrónica
johnmccarthy1@mac.com:
“John: Queremos agregarte al negocio (tu participación será del 20 por ciento). Estamos muy emocionados en tenerte en el negocio en México (…) también tenemos el plan para la nueva compañía de trabajar juntos en crear un plan de negocios específico para El Rincón.”
Al confirmarse la intervención de McCarthy en la operación, Arthur Edwards le confió al entonces funcionario federal: “John (…) tú específicamente definirás el personal y su papel en el negocio. El control de capital ha sido separado del 20 por ciento de las ganancias netas de El Rincón, y vamos a anticipar eso para tu 20 por ciento.
“Los primeros 100 millones (de dólares) de ganancias de El Rincón serán atribuidos para GRE Baja Associates LLC (integrante del consorcio de Hansa, donde se encuentra también GRE Hansa Investments), es lo mínimo que se requiere para las inversiones, para así hacer las futuras distribuciones…”
Con ambigüedad, desde su dirección de correo electrónico
johnmccarthy1@mac.com, Edward John McCarthy respondió:
“Art: Sí gracias, sí recibí la carta, he estado teniendo problemas con mi computadora, así que tomé prestada la computadora de mi hijo. Tengo algunas preguntas: ¿Las acciones tienen una participación diferente en el SRL que el 20 por ciento de las ganancias netas? ¿Qué hay con las contribuciones del capital en el SRL? Cuando tú mencionas un tiempo mínimo de compromiso, ¿de qué estamos hablando? Cuando mencionas que pagarás el 20 por ciento de las ganancias netas de los 100 millones de las ganancias, ¿qué pasa antes de que tú alcances ese límite?
“Asumo que los salarios y beneficios de los que hablamos para el equipo, aquí son aceptables. Pasando a otro asunto, estoy hablando con mi abogado aquí en México, empiezan a pensar que puedo llegar a tener un problema de interés (de acuerdo con la ley del gobierno) con la propiedad de El Rincón, ya que el Fonatur planea adquirirlo. Te tendré sobre aviso (…) lic. John McCarthy”. Domingo 26 de noviembre de 2006.
Dos meses después de haber dejado el gobierno de Vicente Fox, McCarthy escribió a Arthur Edwards:
“Asunto: El Rincón está cerrando. Hablé con Steve acerca de un paraíso fiscal (…) por favor hazme saber cómo es que el acuerdo tiene que ser. John. Lic. John McCarthy. Miércoles 31 de enero de 2007”.
La respuesta de Edwards fue lacónica: “Tenemos que llegar a un acuerdo de cómo es que tus honorarios tienen que ser pagados. Tenemos que ejecutar un acuerdo contigo. Por favor, discútelo con Steve lo más pronto posible”.
El 13 de febrero de 2007, McCarthy giró las instrucciones para el pago:
“De: John McCarthy
johnmccarthy@mac.com Fecha: 13 de febrero de 2007. Asunto: nuestra conversación. ¡¡¡Gracias por tu ayuda!!! Steve/Art: Después de nuestra conversación ésta es la información para el pago: la compañía que emitirá la factura será: ELLER INVESTMENTS, LTD. Banco: HSBC/banco privado Swift/chips/acct/ABA#066 0104 45. Dirección: 1441 avenida Brickell. Piso 17. Miami Fla: 33131. Nombre del beneficiado: ELLER INVESTMENTS, LTD” (empresa con dirección en el 201 N. Federal Hwy, Deerfield Beach FL. 34441)”.
Una semana después, McCarthy se quejó amargamente con Edwards porque aún no le habían cubierto su paga: 15 de febrero de 2007. “Art. Te he estado llamando pero no contestas. Le envié un mensaje hoy a Steve pero no me lo ha contestado. Creo que no es correcto que yo ande mendigando lo que es por derecho y justamente mío…”
Para entonces, la empresa ELLER, por conducto de Tracy Lange, ya había acordado con Goodman Real Estate el modo de pago para McCarthy:
“ELLER INVESTMENTS LTD. 3 de Diciembre de 2006. Asunto: Consulta de acuerdos acerca de los servicios. Querido Arthur (Edwards): Esta carta servirá como contrato entre Goodman Real State, Inc (“GRE”) y ELLER INVESTMENTS LTD, por la exitosa adquisición del terreno conocido como El Rincón, localizado en Baja California Sur.
“Está acordado que la GRE y sus afiliados deberán pagar un honorario de $1.550,000 USD a ELLER INVESTMENTS LTD por los servicios dados del plan de negocios, el consejo financiero, por las adquisiciones de terrenos, asesoraremos a GRE en el proceso requerido para la creación de esta área. El honorario será pagado hasta el término de este proceso. Sinceramente: Tracy Lange. Aceptado por: GOODMAN REAL ESTATE, INC”.
El 2 de marzo de 2007, Arthur Edwards preguntó a McCarthy desde su Verizon Wireless Black Berry: “Estoy en el aeropuerto para ir de Londres/Berlín. ¿Ya obtuviste el pago de tus honorarios? Pensé que ya los obtendrías hoy. Para comunicarnos en el futuro usa este mail solamente:
artedwards@mac.com. Te veré el lunes. Art”.
McCarthy replicó:
johnmccarthy1@mac.com. “Asunto: Berlín. No… aún no ha sido pagado (…) te veré en Alemania (…) será mejor que acordemos en algo o me darán largas. !!!Pensé que el gobierno era complicado!!!”
Edwards dijo por correo electrónico a Mike Kuntz: “Necesitamos pagar la garantía rápido. Los honorarios necesitan ser documentados para darle tranquilidad a McCarthy por algunas razones. Algunas son:
“1: Los acuerdos entre GRE y Hansa y Alta Vista no podrán ser procesados hasta tener la garantía resuelta. Creemos que GRE lo está ‘haciendo tonto’ de nuevo. 2: McCarthy está trabajando en algunos acuerdos (W Hotels, Ritz Carlton) previamente hechos en puerto Los Cabos para tirar ese proyecto y cambiarlo por el de El Rincón. Esto puede que sea un mayor golpe para nosotros. Necesitamos obtener su carta firmada y regresársela esta noche, y así él podrá completar su acuerdo con GRE/Hansa y empezar nuestra negociación con estos empresarios. Art”.
De ahí se dio una triangulación de comunicaciones entre socios y deudores de McCarthy. Steve Schneider escribió a Mike Kuntz, George Petrie y John Goddman:
“Asunto: Carta de garantía para McCarthy. Si es que él no llega a obtener el dinero de GRE/Hansa entonces nosotros le pagaremos. El acuerdo ha sido garantizado por fondos y también por comisiones. Si es pagado por GRE/Hansa y también es pagado por nosotros entonces él nos paga de vuelta”.
Steve Schneider dio una salida al enredo de la participación de McCarthy en la compra de El Rincón:
“Asunto: Carta de garantía para McCarthy. Caballeros: Los honorarios acordados son de $1,550 000, esta cantidad será pagada en 12 meses junto con las comisiones de 1,000 000 (un millón de dólares), si después de 90 días extras no han sido pagadas dichas cantidades entonces GRE Cabo tendrá intereses por pagar”.
Un año y medio después, los servicios que prestó McCarthy aún no se habían cubierto en su totalidad. Y ésta fue su respuesta a Arthur Edwards, a través de su nueva cuenta de correo electrónico,
john.mccarthy@altavistapartners.com.mx
“Fecha: 1 de septiembre de 2008. Asunto: Pago Caballeros: He estado con la intención de escribir esta nota por las últimas dos semanas, les agradezco el esfuerzo y éxito de pagarme parcialmente. Agradecería mucho una tabla o un esquema de las deudas… Gracias de nuevo. John”.
Apenas el 8 de septiembre pasado, McCarthy continuaba negociando: “Asunto: Pago. Caballeros: Gracias de Nuevo por pagar los 200 mil (dólares) !!Aun así deben 800 mil. Espero poder escuchar de ustedes cuándo creen que podremos resolver esto. Gracias de nuevo por su repuesta y su puntualidad. John. P.D. Podría alguien mandarle esto a Steve (…) no tengo su nueva dirección electrónica”.

CARTONES DE LA JORNADA