martes, 1 de marzo de 2011

Censida: gobierno federal debe elevar acciones de diagnóstico

Censida: gobierno federal debe elevar acciones de diagnóstico

Se necesitan más fondos para cumplir metas del milenio, enfatiza

Karina Avilés
Periódico La Jornada
Martes 1º de marzo de 2011, p. 37

Para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio en materia de VIH/sida el gobierno mexicano deberá reforzar las acciones para incrementar el número de diagnósticos, ya que hoy día 128 mil 250 personas no saben que padecen la enfermedad, expresó el director general del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola Licea.

En el contexto de la consulta regional y la reunión de alto nivel sobre acceso universal a prevención, atención, tratamiento, apoyo y cuidado del padecimiento, que comenzará hoy el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/sida (Onusida), subrayó que también se deberán reforzar las medidas para disminuir los índices de mortalidad, de 4.9 por 100 mil adultos a 3.5 por ciento por cada 100 mil ciudadanos en 2015. Además, se necesitará incrementar el financiamiento público.

Anunció que esta semana se solicitarán al comité técnico del fideicomiso del Seguro Popular más de 2 mil 100 millones de pesos. Actualmente, abundó, el financiamiento a la población que pertenece a dicho seguro cubre los antirretrovirales mediante el fondo de gastos catastróficos y utilizamos 42 por ciento de éste.

En conferencia de prensa, enfatizó que uno de los principales retos es combatir el estigma, la discriminación y la homofobia, debido a que por esas causas los ciudadanos no acuden a realizarse un diagnóstico temprano. Temen ser discriminados, añadió.

Para reducir la mortalidad hay que hacer mucho trabajo, mantener el acceso a los antirretrovirales mediante diagnósticos tempranos, es decir, estamos fallando. Algunas personas están acudiendo a los análisis de manera tardía.

De las 225 mil personas con sida en México, 57 por ciento, es decir, 128 mil 250, podrían no saber que lo padecen. Del total, 43 por ciento recibe antirretrovirales o se encuentra en registros de las instituciones de salud, y 30 por ciento tiene notificación epidemiológica.

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México ocupa el lugar 16 en prevalencia de casos de VIH en América Latina. En la imagen, participantes en una campaña contra la enfermedad en la ciudad de MéxicoFoto Cristina Rodríguez/archivo

Comentó que al término del actual gobierno federal habrá cuatro desafíos centrales: mantener la política de acceso universal a tratamiento antirretroviral; fortalecer las pruebas de detección de VIH y sífilis para embarazadas; intensificar la prevención focalizada entre grupos de personas más expuestas, y prevenir y promover la salud sexual.

El funcionario consideró que no hemos fallado en materia de VIH ninguna meta. Si se continúa con la actual tendencia, opinó, se cumplirán los compromisos. Por ejemplo, en los objetivos del milenio se estableció para 2015 mantener al menos en 80 por ciento la cobertura de personas que requieren antirretrovirales, disminuir la mortalidad –para llegar a 3.5 por ciento por 100 mil adultos– y sostener en 70 por ciento el índice de uso de condón entre hombres.

En 2009, recordó, México era el segundo país de América Latina en número de casos. Si se toma en cuenta el porcentaje de personas con VIH en relación con el tamaño de la población, la nación ocupa el sitio 16, con una prevalencia estimada de 0.38 por ciento.

En relación con el encuentro que se inicia hoy, el director del Equipo de Apoyo Regional de Onusida para América Latina, César Antonio Núñez, dijo que se identificarán las brechas en que existen los mayores rezagos en la región.

También se elaborará un documento de posicionamiento político y técnico regional sobre la situación del acceso universal a prevención, atención y tratamiento, y se harán recomendaciones encaminadas al cumplimiento de las metas del milenio para 2015

Defienden fieles a cura torero

El arzobispo de Yucatán ordenó trasladarlo a otra parroquia

Defienden fieles a cura torero
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El sacerdote Raymundo Pérez Bojórquez (al centro, de sombrero) parte plaza en el municipio de Tecoh al lado del alcalde Joel Achach (a la derecha), antes de la corrida celebrada el 6 de febrero Foto Cortesía Diario de Peso Yucatán
Luis A. Boffil Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 1º de marzo de 2011, p. 29

Mérida, Yuc., 28 de febrero. Alrededor de mil 200 feligreses de la comunidad maya de Tecoh, vestidos de blanco y con globos del mismo color, marcharon en apoyo al sacerdote Raymundo Pérez Bojórquez, quien ha sido torero en fiestas regionales y es conocido como Rayito, ante la decisión del arzobispo Emilio Carlos Berlie Belaunzarán de cambiarlo de parroquia.

La protesta silenciosa se inició a las 11 horas del domingo, cuando poco más de 100 católicos partieron de la capilla del Niño de Atocha rumbo a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Numerosos fieles se incorporaron durante el trayecto.

Al parecer la remoción de Rayito se debió a que el 6 de febrero partió plaza en Tecoh, donde alternó con el niño torero Michelito Lagravere y el alcalde Joel Achach Díaz. Al término de la corrida, el cura recolectó unos 100 mil pesos para hacer reparaciones a la parroquia de la Asunción y obras altruistas.

Aunque Berlie Belaunzarán no habló sobre la función de tauromaquia, el miércoles 23, el prelado anunció que la parroquia de Tecoh estará a cargo del presbítero Gerardo Castillo Galera, ex vicario de la Purísima Concepción y San José, en Puerto Progreso.

En Tecoh (a unos 25 kilómetros de Mérida), hay quienes no quieren al padre Pérez Bojórquez. Uno de ellos es un sujeto de nombre Armando, quien fue excomulgado por Rayito cuando se descubrió que se había casado en 10 ocasiones

Acusan a funeraria de discriminación

Aguascalientes, Ags. El Congreso local enviará al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el expediente de una persona que falleció de sida el 17 de enero, a quien la funeraria Gayoso se negó a inhumar pese a que pagó el servicio por adelantado, dijo Miguel Angel Juárez Frías, presidente de la Comisión de Justicia de la 61 Legislatura. Los familiares pueden reclamar un digno tratamiento a los restos y la intervención de otras instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor, consideró

Exige la ONU acciones contundentes para garantizar la seguridad de activistas

Exige la ONU acciones contundentes para garantizar la seguridad de activistas
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 1º de marzo de 2011, p. 17

Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, exhortó al Estado mexicano a poner en marcha un mecanismo de protección a los defensores de las garantías fundamentales. Hay una voz no sólo de alarma, es un clamor de peligro, es público y debería llamarnos a poner en marcha acciones eficaces para su salvaguarda.

Hernández Valencia dijo que en México se aplican algunas medidas de choque, que en Colombia se utilizan desde hace años, y que son duras, como el blindaje de vehículos, de puertas y ventanas de oficinas, instalación de cámaras de circuito cerrado, puertas de seguridad antibombas y empleo de guardaespaldas, entre otras.

–¿En qué casos se aplican esas medidas? –se inquirió al representante de la ONU.

–En los casos en los que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha ordenado medidas cautelares. Hay cosas que a veces están demasiado lejos de las inmediatas, como eso de que patrullas hagan varios rondines por la casa del defensor amenazado. Tenemos un abanico de medidas.

Ante los crímenes y agresiones contra defensores de los derechos humanos y sus familiares, el funcionario de la ONU demandó al Estado mexicano a “encontrar un marco legal de actuación de los tres niveles de gobierno, en el que se distinga claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos –federal, estatal y municipal–. Se requieren medidas urgentes por sector y de choque, subrayó.

Y si esa cooperación no es factible hoy en términos de premura, aspiraría a que hubiera acciones de urgencia que permitan a las normas aplicarse al nivel máximo, para operar en un contexto de emergencia.

Se refirió a los asesinatos de integrantes de la familia de Sara Reyes. En 13 meses han asesinado a cinco de sus miembros. Es impostergable poner en marcha una respuesta a la vulnerabilidad de periodistas, defensores de los derechos humanos y médicos. Sobre todo en los cinco estados que concentran 60 por ciento de las acciones de violencia, incluso se requieren medidas de choque para las presidencias y consejos municipales que son víctimas del crimen organizado.

En entrevista, Hernández Valencia sostuvo que en México no existe el mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. Actualmente se discute qué hacemos, creo que ya hay que entrar a etapas prácticas

Condena internacional al encarcelamiento de indígenas en la costa de Chiapas y Bachajón

Condena internacional al encarcelamiento de indígenas en la costa de Chiapas y Bachajón

El miércoles marcharán de Tonalá a Tuxtla Gutiérrez en apoyo a los litigantes

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Martes 1º de marzo de 2011, p. 18

Nataniel Hernández Núñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, detenidos el 22 de febrero al cabo de una movilización del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, exigieron hoy su liberación inmediata, así como la cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes del Frente Cívico Tonalteco y garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos en el estado.

Además, este lunes se dio a conocer un pronunciamiento internacional para exigir la libertad inmediata y sin cargos de los detenidos de la costa de Chiapas y San Sebastián Bachajón, cese del hostigamiento y las agresiones hacia las comunidades, luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Firman los intérpretes Manu Chao y Amparo Sánchez, la Asociación de Trabajadores del Estado (Argentina), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña y Global Exchange, entre decenas de organizaciones y personas del Estado Español, Francia, Austria, Italia, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Perú, Brasil, Ecuador, México y Estados Unidos.

Desde el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, donde se encuentran recluidos bajo el cargo de motín, los tres abogados costeños recapitulan cómo fueron aprehendidos y de qué manera las autoridades judiciales de Chiapas violaron sus garantías procesales.

Al encontrarnos en una mesa de diálogo con representantes de gobierno del estado, entre ellos Fernando López Altúzar, representante de Noé Castañón León, secretario de Gobierno, y enviados del Consejo Autónomo Regional, recibimos una llamada para solicitarnos apoyo para documentar violaciones a derechos humanos, ya que hombres, mujeres y niños estaban siendo detenidos por la policía sectorial sin causa justificada.

Las detenciones, arbitrarias y con violencia física y verbal por parte de la policía sectorial, ocurrieron en Pijijiapan, luego de una movilización del Consejo Autónomo Regional, adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para demandar, entre otras cosas, la liberación de 10 indígenas de San Sebastián Bachajón, también de la otra campaña, encarcelados desde principios de febrero.

Los abogados sostienen que se les aprehendió sin haber cometido ningún ilícito y como forma de callar que la actuación policiaca se realizaba fuera de la ley, sin existir ya bloqueo alguno. Al ser detenidos y durante su traslado a la fiscalía de la zona Costa-Istmo en Tonalá se nos golpeó, insultó y amenazó. Los policías que los custodiaban utilizaron expresiones como: pendejos de los derechos humanos, pinches abogadillos, por más que sean abogados los va a cargar la chingada.

Permanecieron incomunicados y la fiscalía se negó a proporcionar información sobre la situación jurídica de los demás detenidos, que inicialmente fueron más de 50. Denuncian además coacción sicológica y física del personal de la fiscalía para que 13 de los detenidos hicieran señalamientos contra los abogados del Centro Digna Ochoa, quienes nos encontrábamos realizando observación y documentación ante posibles violaciones a derechos humanos.

Hernández Núñez, Martínez Cruz y Martínez Silva apuntan: se nos mantuvo en una celda distinta a la de los otros detenidos, a quienes al rendir sus respectivas declaraciones ministeriales no se les permitió designar abogado de confianza, sólo defensores que la fiscalía proporcionó, lo que pone en duda su imparcialidad. Dichos detenidos firmaron declaraciones sin que se les permitiese revisarlas.

Especifican otras irregularidades y violaciones al debido proceso, ya que el fiscal del Ministerio Público no nos notifica nuestra situación jurídica, durante las declaraciones se cierra la fiscalía, no se nos da aviso de nuestro traslado, se nos limita a subirnos a las camionetas y llevarnos a la fiscalía especializada de delitos contra la mujer.

Por su parte, el consejo autónomo de la costa convocó a una marcha-caravana de Tonalá a Tuxtla Gutiérrez este miércoles 2 de marzo, plazo en que la autoridad judicial deberá determinar si se dicta auto de formal prisión o de libertad a los defensores

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