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"POR SEROPOSITIVOS ANTISIDA, NO POR SEROPOSITIVOS ANTIVIDA"
Ambos denostaron al PRD y a Marcelo Ebrard
Conculcaron la normatividad electoral, se dice
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá este mediodía un dictamen en el que considera que las conductas del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, son presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral
, por lo que remitirá el expediente de la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Secretaría de Gobernación, instancia responsable de sancionar a las asociaciones religiosas y los ministros de culto.
Con el respaldo mayoritario de los consejeros electorales, la discusión versará sobre un posicionamiento político del organismo contra los citados jerarcas religiosos, a fin de inhibir nuevas intromisiones clericales en la vida política del país.
El año pasado, el extinto Partido Social Demócrata (PSD) fue objeto también de un embate de la Iglesia católica por sus posturas en torno al aborto, actitud que quedó impune por el deslinde de la Secretaría de Gobernación cuando el IFE le remitió el expediente de la queja.
El dictamen del caso de Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar señala que con la remisión del expediente a Gobernación, tras realizar varias diligencias, se pretende dar plena vigencia al mandato constitucional respecto de la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, a fin de que los ministros de culto señalados no se inmiscuyan en la vida civil y política del país
.
Se indica que se turna el expediente a Gobernación porque es esta instancia del gobierno federal, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, la única autoridad competente
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales al respecto.
El código electoral vigente no menciona en su articulado procedimiento alguno para que la autoridad electoral se pronuncie acerca de la comisión de infracciones por parte de los ministros de culto, asociaciones religiosas o agrupaciones de cualquier religión, ni imponga sanciones, pues dicha facultad está prevista para la Secretaría de Gobernación.
El proyecto determina que la conductas del cardenal Sandoval Íñiguez y del sacerdote Hugo Valdemar son presuntamente conculcatorias
de la normatividad electoral. Se turna el expediente para los efectos legales a que haya lugar
, según se establece en las conclusiones del citado dictamen.
El propósito –se indica– “es informar a Gobernación la posible comisión de infracciones a la normatividad electoral por parte de los supracitados sujetos, para que esta dependencia del gobierno federal proceda conforme a sus atribuciones.
Esto es, dé inicio al procedimiento respectivo, verifique la infracción al ordenamiento jurídico electoral y establezca, en su caso, la sanción correspondiente dando así plena vigencia al mandato constitucional.
De acuerdo con los antecedentes, Hugo Valdemar ha calificado varias veces al Partido de la Revolución Democrática como fascista
, por el apoyo al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, además de llamar abiertamente a los ciudadanos a no votar por el sol azteca, que actúa en contra de la fe y la moral
.
Mientras que en el caso del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, éste acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, de haber repartido (maiceado) dádivas
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar las uniones de parejas del mismo sexo.
A diferencia al procedimiento actual, cuando el PSD se quejó contra la Iglesia, el IFE no realizó investigación alguna y solamente se limitó a enviar todo el expediente a Gobernación, que lo desechó. Fue hasta que ese partido se quejó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que éste consideró que existían elementos para suponer que sí había un agravio, cuando el IFE reabrió el expediente, no resuelto hasta la fecha.
El 13 de mayo de este año entregamos al profesor Pedro Reyes Santes, director de la escuela primaria Juan Aldama, ubicada en Sabanas de Xalostoc Coxquihui, Veracruz, una respetuosa pero indignada comunicación en la que denunciamos el comportamiento del profesor Trinidad Morales Morales, quien en repetidas ocasiones, dentro del salón de clases, cometió actos de pederastia en contra del menor (nombre retenido), de 11 años, y quien era su alumno en el quinto año de primaria. Según la queja del niño, el maestro le bajaba el cierre del pantalón y le manoseaba los genitales.
El director Reyes Santes ofreció pedir el cambio del maestro a la brevedad.
El mismo documento se hizo llegar también (21/5/10) al profesor Alberto Olarte Tiburcio, supervisor de la zona 598, que es a la que pertenece la escuela Juan Aldama. Posteriormente, al preguntarle al profesor Olarte sobre el curso de la denuncia nos contestó: Como nuestra comunicación no era una acusación formal, él no podía hacer nada y que, además, el SNTE se iba a hacer cargo de la defensa del profesor Morales, pues se trataba de un buen elemento que merecía otra oportunidad.
Además, agregó: todo ser humano puede cometer errores
.
Es importante señalar que el profesor Morales tiene antecedentes conocidos en la localidad, como el caso de un abuso sexual que cometió en contra de un joven en estado de ebriedad, al que ahora ha ofrecido una suma de dinero para que no testifique en su contra.
Lo más preocupante del asunto es que actualmente el profesor funge como agente municipal en la localidad mencionada, lo cual le da impunidad.
A lo anterior hay que agregar que entre los profesores que son directivos escolares y los representantes sindicales hay estrechos lazos de amistad y de compadrazgo, por lo que se cubren y protegen unos a otros.
Pese a todos estos inconvenientes, no podemos dejar pasar la grave y latente amenaza que significa la cercanía, el control y dominio que el profesor Morales Morales ejerce sobre sus alumnos, ahora de sexto año. Es por eso que, aunque somos conscientes de las represalias a que el niño queda expuesto, nos decidimos a hacer pública esta denuncia por un medio de comunicación tan importante como es La Jornada, pues estamos ciertos de que es mucho más seguro que de esta forma las autoridades superiores de la Secretaría de Educación Públuica se enteren de estos hechos delictivos y decidan emprender la investigación correspondiente, que si les dirigimos un oficio del que difícilmente se van a enterar y hacerle caso.
Deben dejarse a un lado criterios religiosos, morales y políticos, señalan
Hasta 60% de los hombres en el país tiene problemas de infertilidad, asegura investigador del Instituto Nacional de Perinatología
México necesita de manera urgente una legislación de las prácticas de reproducción asistida, ya que millones de mexicanos enfrentan problemas de infertilidad, coincidieron en señalar académicos durante un foro sobre el tema efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que señalaron que la ley debe tener bases científicas y dejar a un lado criterios religiosos, morales y políticos.
Por su parte, la Arquidiócesis de México, desde un punto de vista ético y moral
, reprobó el proyecto de ley de reproducción humana asistida presentado en la Comisión de Salud del Senado, al considerar que este tipo de método para la fertilidad cosifica
al ser humano. A su vez, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su extrañeza por el aplazamiento de la discusión del dictamen de dicha ley, porque la hemos estado impulsando y hemos estado metidos en el tema
.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, académicos y especialistas coincidieron en enfatizar la necesidad de que se legisle en la materia, para responder a las necesidades de miles de ciudadanos.
Gerardo Barroso, investigador en salud reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología, aseveró que uno de cada tres mexicanos padece infertilidad, problema que se presenta más en los hombres.
A escala mundial, 15 por ciento de la población tiene problemas de infertilidad, hay 80 millones de infértiles en todo el mundo. En México, según el Consejo Nacional de Población, 17 por ciento de las personas en edad reproductiva (entre 18 y 44 años) padecen este problema.
Agregó que este fenómeno se ve cada vez más en los hombres, pues hasta 60 por ciento de la población masculina en edad reproductiva presenta este problema, sobre todo por la falta de calidad en los espermatozoides.
Barroso consideró que las reformas relacionadas con la reproducción asistida que el Congreso de la Unión analice tienen que basarse en los lineamientos y normatividad adecuados, para las necesidades de México. Pero también –dijo– hay que ser responsables: tenemos que cumplir con los objetivos reproductivos para parejas que tienen el derecho de concebir, que esto se haga de forma tecnológicamente adecuada y que estas leyes favorezcan al paciente y también a los servidores y prestadores de servicios, para que realicen su labor en forma adecuada
.
Por su parte, Javier Flores, de la Facultad de Medicina de la UNAM, sostuvo que la normativa sobre el tema debe ser discutida y aprobada dejando a un lado los criterios políticos y religiosos.
Señaló que los sectores sociales y los legisladores que se oponen a la aprobación de estas reformas parten de principios semejantes a los que expresan en debates sobre clonación terapéutica, interrupción del embarazo o los matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo.
Al fijar la postura del arzobispado, el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, manifestó que se trata de un punto de vista ético y moral
, por lo que esa visión, a veces histérica de algunos, de que la Iglesia católica interviene en el Estado laico, no es verdad
.
Es, abundó, una preocupación que igual expresa el Papa en su enseñanza y catequesis; pero de allí a que obliguemos al Senado o a los diputados a ceñirse a nuestra visión moral hay un abismo
.
Reconoció que si bien el dictamen de la ley general de reproducción humana asistida “tiene un fin bueno –que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener la posibilidad de concebir un hijo–, los medios no los consideramos éticamente adecuados.
A su vez, el secretario de Relaciones de la CEM, Manuel Corral, informó que desde el año pasado representantes de la Iglesia católica han sostenido encuentros con legisladores para conocer el contenido del proyecto de ley. En esas reuniones “nosotros habíamos insistido en el tema más polémico, el vientre subrogado –porque en los demás más o menos se estaba de acuerdo–, que no se permitiera a una persona que alquilaba el vientre después abortar, pues es una contradicción”México, DF. Hasta 15 por ciento de los niños menores de 13 años de edad ya han consumido cigarros, mientras que más de 70 por ciento de quienes tienen entre 12 y 15 años ha tenido a la vista algún anuncio de productos del tabaco, advirtieron organizaciones civiles promotoras del incremento de 10 pesos a la cajetilla de cigarros, iniciativa que se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Resaltaron que los niños y adolescentes son el blanco de la industria tabacalera para mantener sus ventas en el país.
De ahí la importancia de la propuesta con la que además de desalentar el consumo, se obtendrían recursos adicionales por 20 mil millones de pesos.
En declaraciones al programa Network Africa de la cadena británica BBC, difundidas este jueves, el funcionario Ahmed Hussein precisó que la mayor parte de los casos de abuso reportados ocurrieron en escuelas primarias rurales.
Indicó que una línea telefónica confidencial disponible en toda Kenia para ayudar a las víctimas reveló que el problema era mucho más grande de lo que se había pensado.
“Inicialmente no pudimos saber qué estaba sucediendo en Kenia a causa de las malas comunicaciones, pero ahora el país está comunicado -hay telefonía celular en toda la nación-”, dijo Hussein, del Ministerio de Género, Niñez y Desarrollo Social.
El año pasado, 600 maestros de un total de 240 mil en todo el país fueron despedidos y este año 550 han perdido el empleo, ya sea por besar, tocar o embarazar a niñas.
“Algunos de ellos han sido llevados a una corte de justicia y han sido sentenciados según la gravedad de su falta”, señaló.
Brian Weke, director del programa para “La Cuna”, una fundación para la defensa de los derechos de los niños en Kenia, denunció que el problema se extiende a todo el país.
Citó como ejemplo un caso ocurrido en la provincia de Nyanza el año pasado: “Encontré que en una escuela primaria teníamos más de 20 niñas embarazsdas y que casi la mitad de ese número lo fue por su profesor”.
Will Ross, corresponsal de BBC en Nairobi, agregó que frecuentemente los maestros que son sorprendidos abusando de las estudiantes terminan pagando a los padres para que el caso no sea llevado ante la justicia.
México, DF. El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que obliga a los patrones a instalar comedores, contratar servicios de cocina para los empleados o en su defecto otorgarles despensas.
A su vez, los patrones podrán deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los costos que la implementación de dichos servicios genere, siempre y cuando los comedores estén al servicio de todos los empleados y los gastos no excedan un salario mínimo por trabajador.
Los ingresos del trabajador por concepto de la ayuda se considerarán exentos por prestaciones de previsión social, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
De acuerdo con el dictamen de la minuta avalada de manera unánime en la sesión de este jueves, cuando la ayuda se otorgue en forma concertada con los trabajadores, deberá quedar estipulada en el contrato colectivo.
La nueva ley fue aprobada por el Senado en abril de 2009 y turnada a la Cámara de Diputados, que la avaló con cambios en abril de este año y la regresó a la Cámara alta para que ésta ratificara las modificaciones.
Los cambios, que aprobó este día el Senado con 79 votos, excluyen a los trabajadores al servicio del Estado de este beneficio, pues la Secretaría del Trabajo no podría realizar las actividades de evaluación, seguimiento y vigilancia planteado en la legislación.
Al hablar a favor, la senadora María de los Ángeles Moreno, impulsora de la ley, dijo que se busca que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta para mejorar su calidad de vida, reducir los accidentes de trabajo y aumentar la productividad.
Además, dijo, ayudará a los trabajadores a liberar las altas proporciones de gasto corriente que dedican a su alimentación, y que representa del 22 al 38.3 por ciento de su gasto total, subrayó la legisladora priísta.
El pleno del Senado envió la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF. El pleno de Cámara de Diputados aprobó la primera Ley Antisecuestro en México, la cual establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas.
Además establece atribuciones a la Federación y municipios, así como sanciones severas a policías y funcionarios que formen parte de las bandas.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, se aprobó con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Además de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La nueva ley, que previamente fue avalada por el Senado, establece que las penas se incrementarán de veinticinco a cincuenta años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; durante el cautiverio se lesione a la víctima.
En tribuna, el diputado del PRI, Josué Valdés Huezo expuso que la misma penalidad si durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada; que durante el cautiverio la víctima muera por alteración de su salud debido al secuestro.
Argumentó que prácticamente se federaliza el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir se considerará delincuencia organizada.
En el resto de los casos como el exprés y otros plagios donde no intervengan bandas organizadas, las investigaciones las llevarán a cabo las procuradurías estatales, precisó.
Asimismo es una virtual cadena perpetua para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, ya que un delincuente que ingrese al penal por ello, que en promedio tenga 20 años de edad, saldría cuando tenga 90 años de edad, al no tener ningún beneficio de preliberación o por edad avanzada.
Valdés Huezo dijo que se establece de 25 a 45 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa en los siguientes casos: que se realice en camino público y en lugares desprotegidos; que las personas que cometan el secuestro lo realicen en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia; que los secuestradores allanen el inmueble de la víctima.
En la sesión en San Lázaro, donde asistieron Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, se aprobó la misma penalidad si la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.
"Si la víctima es privada de su vida por los raptores, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días de multa", dijo Valdés Huezo.
El dictamen señala que cuando de manera espontánea se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, se impondrá una pena de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.
La misma pena se aplicará al secuestrador que habiendo participado en la planeación del secuestro se arrepienta y de parte a las autoridades para rescatar con vida a la víctima.
El diputado federal del PAN, Oscar Arce Paniagua, lamentó la postura de los legisladores del PT, Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, al señalar que las garantías de los delincuentes se encuentran a salvo y en todo caso las penas que se plantean son justas y ejemplares para un delito tan grave como el secuestro.
En el dictamen se señala que el procurador general de la República o los servidores públicos, así como las autoridades facultades en la ley podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas. Para ello deberá cumplir con ciertas normas legales.
En el documento se añade que en el caso de que se libere a la víctima dentro de los primeros diez días de haberse cometido el secuestro sin lograr ningún propósito antes mencionado, las penas serán de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días de multa.
Se sancionará de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule la privación de su libertad.
Al que simule la privación de la libertad de una persona, con el propósito de obtener un beneficio, señalado líneas arriba, se le impondrá una sanción de dos a ocho años de prisión.
Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión al servidor público que: divulgue información reservada o confidencial; revele sin fundamento alguno, técnico de investigación de las conductas prevista en esta ley.
Si la persona que cometa estas conductas es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión, entre otros, la pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión.
Además al servidor público se le aplicará pena de cuatro años seis meses a trece años de prisión, y de doscientos a mil días de multa, cuando teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia ante la policía, de cualquiera de los delitos mencionados en esta ley.
Votaron en contra de la nueva Ley Antisecuestro los diputados del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas, quienes argumentaron en tribuna que esta legislación busca más la venganza que la justicia, además de que se pueden violentar derechos humanos de los presuntos delincuentes.
También votaron en contra de la nueva ley los diputados del PRI, Miguel García Granados y del PAN, Dolores del Río Sánchez. Se abstuvieron siete legisladores del PT y el perredista Norberto Nazario Sánchez.
La nueva ley y las reformas fueron turnadas al titular del Ejecutivo Federal para su publicación.
A la alza, delitos de agresión con arma de fuego y robo a pasajero de microbús y a transeúnte
Mañana comparece el procurador Miguel Ángel Mancera ante la Asamblea Legislativa
Los delitos de lesiones por arma de fuego y robo a pasajero en microbús y transeúnte aumentaron en un año 20, 19 y 14 por ciento, respectivamente. Mientras, el asalto a transportista y el secuestro disminuyeron 27 y 24 por ciento, según el anexo estadístico del cuarto Informe de Gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad.
Las cifras de la dependencia señalan que del 18 de septiembre de 2009 al 17 de ese mismo mes de este año se iniciaron mil 242 averiguaciones previas por agresiones con arma de fuego, mientras en el mismo periodo de 2008 a 2009 fueron mil 33; el robo a pasajeros de microbús pasó de 2 mil 179 denuncias a 2 mil 599, y el asalto a transeúntes subió de 14 mil 991 a 17 mil 190.
Por el contrario, las averiguaciones previas por robo a transportistas disminuyeron de 580 a 423, y los secuestros pasaron de 94 a 71.
Otros ilícitos de alto impacto que también han mostrado tendencia a la alza son: homicidio, 7 por ciento; robo a casa habitación, 9 por ciento, a pasajero de taxi, 10 por ciento y a negocio, 2 por ciento. Mientras que disminuyó 7 por ciento la incidencia de robo a vehículo, a usuarios del Metro, 4 por ciento, a repartidor, 3 por ciento, y asalto a cuentahabiente y violación, 2 por ciento cada uno.
Según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuyo titular, Miguel Ángel Mancera, comparecerá mañana ante la Asamblea Legislativa como parte de la glosa del Informe de Gobierno, se desarticularon 15 bandas de plagiarios y se rescataron 62 víctimas.
Asimismo, se consignaron 487 personas por homicidio, a 110 miembros de 23 bandas de robo de vehículo y cinco asaltantes a transportistas.
En materia de seguridad pública, el informe destaca las acciones contra la trata de personas, con la consignación de 82 presuntos responsables, y otras como la creación de un protocolo de actuación, la conformación de una comisión interinstitucional para el combate de ese delito, convenios de colaboración, así como una línea telefónica y página en Internet para denunciar y prevenir ese fenómeno.
La procuraduría de Justicia capitalina señala que de 2008 a la fecha han sido atendidas 217 víctimas de trata, 113 de modalidad sexual y 104 de laboral. En el año más reciente fueron 67 personas, de las cuales 31 son menores de edad, a quienes se les brinda ayuda sicológica y jurídica.
El consejero electoral Néstor Vargas Solano dijo que se tienen ubicadas algunas colonias de la ciudad, sobre todo en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que podrían constituir un riesgo para las elecciones vecinales que se realizarán el próximo 24 de octubre.
En entrevista dijo que incluso en esta última demarcación el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) recibió algunas impugnaciones contra el otorgamiento de registro a fórmulas, las cuales ya se atienden en las instancias correspondientes.
Dijo que los dos elementos que podrían significar una preocupación para las autoridades electorales durante el proceso electivo son la inseguridad y el abstencionismo, y reiteró su llamado a la población a acudir a las urnas.
Hoy empieza el periodo fijado por el órgano electoral para que los integrantes de las fórmulas que participarán en el proceso realicen actividades de proselitismo. Son cerca de 45 mil ciudadanos registrados en más de 8 mil 800 fórmulas para integrar mil 704 comités vecinales (en 71 colonias no habrá elección) y 40 consejos de los pueblos.
Anoche, el pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvió 26 juicios relacionados con la elección vecinal, revocó dos resoluciones de la Dirección Distrital 21 del IEDF en Cuajimalpa, a efecto de que registre una fórmula en la colonia Tepopotla y admita otra de Cuajimalpa II, a fin de revisar si es procedente el registro.
El magistrado presidente, Adolfo Riva Palacio, informó que desde el inicio del proceso se han recibido 98 recursos, de los cuales 86 han sido resueltosEn la ciudad de México existen alrededor de un millón de personas con obesidad mórbida, es decir, que pesan entre 120 y 200 kilos, cuyas edades van de los 30 a 45 años, y 60 por ciento de los casos son mujeres, informó el secretario de Salud local, Armando Ahued Ortega.
Durante el anuncio de la cirugía 100 para bajar de peso, practicada en la Clínica Integral de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas ubicada en el Hospital Rubén Leñero, reconoció que el problema crece, lo cual tiene un impacto directo a la alza en enfermedades cardiacas, cardiovasculares y diabetes.
Hoy, desgraciadamente ocupamos el primer lugar en obesidad, y si no trabajamos en educar, prevenir y proporcionar elementos para una alimentación adecuada, no habrá clínica de obesidad mórbida suficiente para atender este problema y colapsaremos los servicios de salud en un periodo de cinco años
, reconoció.
La puesta en marcha de esa clínica, coordinada por el doctor Francisco José Campos, ha cambiado la vida de 106 pacientes en menos de dos años, quienes han sido operados, se han incorporado al mercado laboral o profesional y realizan actividades que antes les estaban negadas, ante el riesgo de sufrir un infarto o requerir hospitalización, comentó.
Ello, dijo, se ha logrado sin contar con presupuesto definido para el funcionamiento de la clínica y cuando estas cirugías cuestan hasta 350 mil pesos.
La meta para el próximo año es abrir una segunda clínica en el Ajusco Medio, cuya infraestructura tiene un costo de 25 millones de pesos, peronos faltan recursos. Ojalá que no castiguen a la ciudad en el presupuesto, pues este programa ha demostrado su éxito, al no tener un solo deceso y contar con una lista de espera de mil pacientes, afirmó
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, manifestó su solidaridad con la Universidad de Guadalajara (UdeG) en su demanda ante el gobierno de Jalisco para garantizar el pago de 701 millones de pesos como parte de las aportaciones presupuestarias estatales para la institución.
Luego de develar el escudo de la UNAM en el muro de honor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Narro Robles afirmó que la máxima casa de estudios va a estar solidariamente con la UdeG, porque les asiste la razón. Hay compromisos que se tienen que cumplir más allá de quién es el que pone más, y porque la UdeG es una gran institución de educación superior en México
.
Por su parte, Tonatiuh Bravo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la UdeG y representante de esa casa de estudios en la mesa de negociación, informó que la primera reunión entre las partes se realizará este viernes en la SEP, pues hubo problemas de agenda
para concretar el encuentro previsto para la tarde del miércoles.
Agregó que en la instalación de la mesa de diálogo del martes sólo se abordaron tres temas: la disposición al diálogo de la UdeG, el gobierno de Jalisco, que encabeza Emilio González Márquez, y las autoridades de la SEP. Además se acordó revisar el tema de los fondos extraordinarios (federales) y de la contraparte estatal, y establecer el compromiso de comenzar a trabajar en la mesa de diálogo lo antes posible
.
no es un asunto de instituciones; los universitarios somos absolutamente celosos de ella, porque es ahí donde florece la libertad de pensamiento, por lo que respetuosamente tenemos que pedir, en el caso de Durango, el respeto a la autonomía de su universidad