jueves, 6 de agosto de 2009

NOTICIERO SDP TARDE 6-AGOSTO-09
NOTICIERO SDP mañana 6-AGOSTO-09

Con la primicia en la presentación del DEMO de CRAZY LOVE del dueto CLOSED.

Castigar interrupción del embarazo sólo pone en peligro a las mujeres

La vida y la salud de las mujeres se pone en riesgo en los estados en los que se penaliza el aborto, como ocurre con Alejandra Gómez, en Puebla, y otros casos en Jalisco, Guanajuato y Veracruz, afirmaron organizaciones civiles al calificar esas acciones como una regresión en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenil.
Advirtieron que documentarán los casos de criminalización a mujeres que interrumpen su embarazo, a fin de presentarlos en foros internacionales como evidencia del incumplimiento del gobierno de México de sus compromisos en la materia.
Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), calificó de lamentable que se penalice el aborto, pues cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, lo hará de cualquier forma. El problema es que en las entidades en las que se han modificado las leyes locales, lo más probable es que ante el temor de ser llevadas a la cárcel, las afectadas desistirán de solicitar ayuda en los servicios de salud. Significa, afirmó, que “se morirán en sus casas o en la calle”.
Martha Juárez, de Consorcio Parlamentario para el Diálogo y la Equidad, resaltó que la embestida de los grupos de derecha que han promovido los cambios legales provocó que ahora las sanciones se apliquen sin mayor averiguación e independientemente de que pudiera tratarse de un aborto espontáneo.
Con situaciones como la que vive Alejandra Gómez, queda en evidencia la mentira de los legisladores que han aprobado las reformas en los estados y asegurado que no están en contra de los derechos de las mujeres. En la práctica “vemos que gobiernos como el de Jalisco les niegan la atención que requieren incluso las víctimas de violencia sexual, y las persiguen judicialmente”.
Aseguró que así ha pasado con algunas jóvenes en aquella entidad, en Veracruz y Guanajuato, y seguramente esta persecución se extenderá a otros lados, pues es común el abuso de poder de parte del personal de salud en instituciones de salud.
Por su parte, Axela Romero planteó que estamos ante el ejemplo más claro de que la ley pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.
De ahí la importancia de mantener la lucha contra las iniciativas que están pendientes de presentarse en congresos locales, con el supuesto propósito de “garantizar la vida desde el momento de la concepción”.
Comentó el caso de Querétaro, donde los legisladores convocaron a un foro en el que se escuchen todas las voces. Las organizaciones civiles presentarán sus puntos de vista, aunque lo que ha prevalecido hasta ahora en prácticamente la mitad del país, es la “cerrazón y procedimientos al vapor”, resultado de pactos políticos entre los partidos.
A los organismos políticos no les interesa la vida de las mujeres, y en cambio, se da todo el espacio y reconocimiento a los argumentos del sector religioso, los cuales son respetables pero no se pueden generalizar ni pretender aplicarlos como dogma a toda la población, señaló la activista.
Romero denunció que en sus decisiones los políticos han carecido de una visión de género. Se olvidan de que la situación económica y la falta de acceso a anticonceptivos son factores que llevan a una mujer a elegir interrumpir el embarazo.

QR: acusan a profesor de contagiar VIH-sida

Cancún, QR. Carlos Renán Mendoza Burgos, maestro retirado de 45 años de edad y seropositivo, fue detenido este martes, acusado de contagiar a varias personas, informó la Procuraduría general de Justicia del estado. El acusado contactaba a sus víctimas (hombres) a través de conversaciones en una página de Internet y los citaba en su domicilio. Mendoza Burgos, quien ya ha enfrentado acusaciones de violencia intrafamiliar, permaneció unas horas tras las rejas, debido a que depositó una fianza, por lo que seguirá en libertad el proceso judicial en su contra.

No me dejaré amedrentar por Ulises Ruiz, sostiene AMLO

Santa Catarina Ticua, Oax., 5 de agosto. Un grupo de nueve presidentes municipales de la Mixteca advirtió a Andrés Manuel López Obrador que no recorriera esa región. “Manifestamos enérgicamente no hacernos responsables de que algo suceda a esta persona (sic)”, señalan en carta dirigida “a quien corresponda” y fechada en San Miguel Achiutla, Tlaxiaco, el pasado 31 de julio.
La próxima semana el tabasqueño cumplirá cuatro años de recorrer el país, primero como precandidato, luego en campaña presidencial y desde enero de 2007 como “presidente legítimo” de México.
En ese tiempo López Obrador ha recorrido el país más de 10 veces. Ha visitado capitales estatales y los 2 mil 38 municipios de la República, con el propósito de estructurar un movimiento nacional con miras a la contienda de 2012.
En cada asamblea pública que encabeza, hace énfasis en que “la palabra clave” para transformar la vida pública de México es “organización”.
La estrategia del gobernador
Con base en esa experiencia y durante el arranque del recorrido por los 418 ayuntamientos regidos por usos y costumbres de Oaxaca, aseveró que no se dejará amedrentar por estrategias fraguadas por el gobernador Ulises Ruiz.
“Nos amenazaron. Dijeron que si venía aquí habría problemas. Eso no se hace, vivimos en un país libre. Pero no es culpa de los presidentes municipales sino de Ulises Ruiz, quien presiona, con el reparto de recursos públicos, a quienes no estén de su lado”, dijo.
En igual sentido se pronunciaron los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara, del PRD, durante el recorrido que realiza López Obrador por 38 municipios de usos y costumbres en la zona de Tlaxiaco, en la región mixteca.
Como en otras giras, lo acechan personas no identificadas, sigilosas, que algunas veces se hacen pasar por reporteros –toman notas, fotografías y visten chalecos característicos del gremio–, pero en realidad son enviados del gobierno estatal, reconocen. Ellos son mejor conocidos como “orejas” que informan a Ulises Ruiz quién y en dónde se apoya al perredista.
En la carta de advertencia, que circuló primero en medios de comunicación locales, aparecen nombres, firmas y sellos de las alcaldías San Juan Teita, Santa María Tataltec, San Bartolomé Yucuañe, San Miguel Achuitla, San Juan Achuitla, Santa Catarina Tayata, Santa Cruz Tayata, Santa María del Rosario y San Martin Huamelupam; la mayoría de estos municipios –con altos niveles de pobreza– serán recorridos por el “presidente legítimo” este sábado.
Los alcaldes supuestamente inconformes señalan que López Obrador “sólo viene a dividir y confrontar a nuestras comunidades, como lo ha hecho con su partido”. Afirman que esta microrregión trabaja al lado de Ulises Ruiz “y sin duda alguna seguiremos haciéndolo”.

Andrés Manuel López Obrador, en reunión con habitantes de Santa Cataruna Ticua, en la región mixteca de OaxacaFoto La Jornada
Los tiempos de campaña ya pasaron y “lo que nos ocupa son las actividades que ahorita nuestros ciudadanos tienen en el campo; manifestamos enérgicamente no hacernos responsables de que algo suceda a esta persona”, agregan los alcaldes de esta zona denominada Flechador del Sol.
Pese a las advertencias, López Obrador continuó su recorrido para visitar los 418 municipios de usos y costumbres, y supervisar la campaña de credencialización del “gobierno legítimo”.
De acuerdo con sus cálculos, ya poseen esa identificación 2.3 millones de personas en el país.
En Santa Catarina Ticua, Alfonso Vázquez, militante del PRD, manifestó su descontento por la intención de un grupo interno de ese partido de expulsar a López Obrador. “Ahora lo quieren correr del PRD, ¿cierto o mentira?”, le dijo.
El tabasqueño respondió: “no nos ocupemos mucho de esta situación que sale en los medios sobre nuestro partido, el PRD. Eso no es lo principal. Yo sé que es un tema que inquieta a algunos de ustedes, pero es más publicidad en contra; es decir, es más un asunto para confundir y desalentar a nuestra gente. No le demos tanta importancia a eso”. Aquí, dijo, lo que realmente importa es que nos organicemos desde abajo; organizar pacientemente al pueblo y derrotar, “de manera pacífica, a la mafia del poder”.
Después se refirió al “descaro” que representan las “noticias de corrupción y prepotencia”, como los proyectos de resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar el uso de la fuerza pública durante el conflicto de 2006, en Oaxaca, en el que murieron 11 personas, o para evadir la investigación del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por el cual han fallecido 49 niños.
Calificó a los ministros de alcahuetes y tapaderas de los potentados. En el caso Oaxaca, ya recibieron orden de proteger a Ulises Ruiz, de exonerarlo al igual que hicieron con Enrique Peña Nieto en el caso Atenco. Es la mafia, ya ven que Carlos Salinas de Gortari ya anda por aquí, zopiloteando, rumbo al 2012.
“El Poder Judicial está al servicio de la mafia; son empleados de los potentados, de los cárteles del poder en México y, por eso, por consigna, dicen ‘no’ a esos temas”, dijo. Vamos a mejorar la organización para que haya una nueva legalidad, porque aquí sólo se castiga a quien no tiene dinero para comprar su inocencia, afirmó.

AMLO en Oaxaca y Zelaya en el DF‏


Discursos del Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador en su gira por Oaxaca y el audio del discurso del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en el Teatro de la Ciudad
miércoles 5 de agosto de 2009

Audio: Manuel Zelaya en el Teatro de la Ciudad 5 agosto 09

http://soberaniapopular.blogspot.com/2009/08/audio-miguel-zelaya-en-el-teatro-de-la.html


En vez de impartir justicia, los ministros de la SCJN actúan como auténticos empleados de la mafia, subraya AMLO
Santa Catarina Ticua, Oaxaca Miércoles 05 de agosto de 2009
* Los representantes del Poder Judicial son unas verdaderas tapaderas y ya recibieron de los potentados la orden de proteger a Ulises Ruiz, declara el presidente legítimo de México * Explica que sus adversarios políticos están preocupados por el avance del movimiento por el cambio verdadero en el país y sus instituciones, porque están conscientes de que se eliminarán los privilegios Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial está al servicio de la mafia de la política, como lo demuestra el hecho de que los ministros de la Suprema Corte de la Nación resolvió que no se procederá legalmente en contra de los responsables del fallecimiento de 49 niños de una guardería de Hermosillo, Sonora, y ahora ya están perfilando exonerar al gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, del asesinato de 26 ciudadanos en junio de 2006. Por tratarse de unos alcahuetes, los ministros determinarán que no hubo violaciones a los derechos humanos de la población civil, durante la represión de hace tres años en la capital de Oaxaca. En lugar "de impartir justicia, los representantes del Poder Judicial, actúan como auténticos empleados de los capos de la mafia del poder, de la política y del dinero en México", subrayó. El presidente legítimo de México aseguró que la eventual exoneración del gobernador cacique de Oaxaca como responsable de crímenes y múltiples violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca será similar a la ocurrida en el caso de San Salvador Atenco, para salvar y convertir en gobernador del estado de México al priista Enrique Peña Nieto. "Los ministros son unas verdaderas tapaderas y ya recibieron de los potentados la orden de proteger a Ulises Ruiz" y de desechar las acusaciones en contra del mandatario estatal, declaró durante el tercer día de la segunda semana de recorrido por municipios del régimen de usos y costumbres de la entidad. Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, explicó que sus adversarios políticos están preocupados por el avance del movimiento por el cambio verdadero en el país y sus instituciones, porque están conscientes de que se eliminarán los privilegios y se erradicarán todas las corruptelas y redes de complicidad similares a las existentes en la Corte. Con una transformación de la vida pública, manifestó a los habitantes de la mixteca alta, los recursos del Procampo llegarían a sus destinatarios y se acabaría la corrupción en Petróleos Mexicanos y en otras dependencias de gobierno, si todos los mexicanos "trabajamos en la organización para concretar el cambio en México y establecer una nueva legalidad, porque hasta ahora solo se castiga a quien no puede comprar su libertad o no tiene agarraderas en el gobierno", enfatizó. En la antesala de las elecciones para renovar la gubernatura de Oaxaca, López Obrador informó que el pueblo de la entidad tiene la oportunidad alcanzar un acuerdo de unidad y postular a un candidato bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia. A su vez, aclaró, Ulises Ruiz tratará de imponer a un abanderado priista que le garantice que "le va a cuidar las espaldas y que sea su cómplice en todas las tracalerías que ha cometido durante su mandato". Durante el encuentro con los indígenas de Santa Catarina, don Alfonso Vázquez Ortiz tomó los micrófonos para expresar su preocupación sobre la posible expulsión de López Obrador de las filas del PRD. En su respuesta, el presidente legítimo de los mexicanos precisó que "no nos ocupemos mucho de la situación en nuestro partido, porque ese tema no es lo principal, aunque sé que les inquieta". Se trata "de más publicidad en nuestra contra", que se difunde en la mayoría de los medios de comunicación, cuyos propietarios forman parte de la mafia del poder, con la deliberada intención de confundir a la opinión pública y desalentar a la mayoría de los mexicanos, destacó. En cambio, recomendó, "es mejor ocuparnos en la organización del pueblo para sacar adelante a Oaxaca y a México y no le demos tanta importancia al asunto de nuestro partido". Posteriormente, en Santa María Yosoyua, López Obrador dio a conocer que un grupo de presidentes municipales fueron amenazados por el gobierno estatal, si recibían al presidente legítimo en sus respectivas localidades, inclusive les dijeron que podrían hasta tener problemas. Días antes de la visita de López Obrador a la entidad, un grupo de ediles suscribieron un documento, en donde expresaron su desacuerdo “con la visita de este señor que solo viene a confrontar y a dividir nuestras comunidades”. En el documento, de dos cuartillas, señalan que los tiempos de campaña ya pasaron y lo que nos ocupa son las actividades que ahorita nuestros ciudadanos tienen en el campo, manifestamos enérgicamente no hacernos responsables de que algo suceda a esta persona”. Entre los presidentes municipales que suscribieron la comunicación destacan Julio García, Norberto Juan de Dios, José Luis Barrios, Pablo Miguel, Rigoberto Reyes, Leonel Osorio, Eliseo Avendaño, José Epigmenio López y Eloy Santiago, de San Juan Teita, Santa María Tataltec, San Bartolomé Yucuañe, San Miguel Achiutla, San Juan Achiutla, Santa Catarina Tayata, Santa Cruz Tayata, Santa María del Rosario y San Martín Huamelulpam. Cabe mencionar que el edil de San Martín Huamelulpan, Eloy Santiago López, asistió el martes pasado a la asamblea informativa que encabezó el presidente legítimo en la explanada municipal, inclusive fue el encargado de dar la bienvenida al visitante. Para este jueves, 6 de agosto, el presidente legítimo de los mexicanos visitará a los habitantes de Santa Cruz Itundujia, San Andrés Cabecera Nueva, Santa Lucía Monteverde, Santa Catarina Yosonotú, San Esteban Atatlahuaca y Santa Cruz Nundaco ●●●●●


Inaceptable que la alta burocracia tenga un salario superior a los 400 mil pesos mensuales: AMLO
San Sebastían Nicananduta, Oaxaca Martes 04 de agosto de 2009
* Califica de injusto que el pueblo enfrente múltiples carencias, en tanto que la riqueza nacional y el presupuesto público se distribuye entre unos cuantos. * Convoca al pueblo de Oaxaca a votar por un cambio en las elecciones locales del primer domingo de julio de 2010. En la región mixteca, Andrés Manuel López Obrador consideró inaceptable que mientras la mayoría de los municipios de Oaxaca se encuentra en condiciones de pobreza, abandono y marginación, la alta burocracia tenga un salario superior a los 400 mil pesos mensuales “libres de polvo y paja”. Al iniciar la segunda semana de recorrido por los 418 municipios del régimen de usos y costumbres de Oaxaca, el presidente legítimo de México calificó de injusto que el pueblo enfrente múltiples carencias, en tanto que la riqueza nacional y el presupuesto público se distribuye entre unos cuantos. Puso de ejemplo el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada funcionario recibe un promedio de 430 mil pesos mensuales como salario, cantidad equivalente al presupuesto anual de algunos de los municipios enclavados en las zonas mixe y mixteca de Oaxaca. Además, detalló, los magistrados gozan de una serie de privilegios, entre ellos un jugoso bono anual, al cual llaman “Bonifacio”, automóviles de lujo, atención médica privada, viáticos, viajes al extranjero y hasta recursos para contratar los servicios de niñeras para sus hijos. En contraste, los habitantes de más del 50 por ciento de los municipios sujetos al sistema de usos y costumbres están comunicados por carreteras de terracería y no tienen acceso a los servicios médicos ni de educación, aclaró. En el recorrido de este día, López Obrador sostuvo reuniones con familias de las comunidades indígenas de siete municipios. Por la mañana, en San Sebastián, aseguró que millones de mexicanos luchan por un cambio verdadero en el país y que por ningún motivo darán un paso atrás en su propósito. Al igual que en San Antonino Monteverde, se refirió al estado de abandono en que se encuentra Oaxaca y convocó a sus habitantes a votar por un cambio en las elecciones locales del primer domingo de julio de 2010. “Hay que echar pa- fuera a ese gobernador corrupto de Ulises Ruiz”, que utiliza el cargo para enriquecerse y no para servir al pueblo y que ni siquiera visita los municipios pobres de la entidad. “Ya es tiempo de acabar con esa pesadilla”, urgió. Y recordó que el pasado fin de semana estuvo el corrupto del ex presidente Carlos Salinas en Oaxaca y el mandatario estatal aprovechó la oportunidad para tomarse la foto y con toda seguridad hicieron el acuerdo de seguir oprimiendo a las familias oaxaqueñas. En su encuentro con los habitantes de San Pedro Mártir Yucuxaco, propuso que el recurso presupuestal destinado a cada municipio se entregue de manera directa, sin intermediario alguno, como sucede actualmente, con lo cual se evitaría toda la tramitología que implica la elaboración de oficios para pedir fondos para la construcción de escuelas y otras obras públicas. Durante la jornada de este día, el presidente legítimo de los mexicanos pudo constatar que los indígenas mixtecos carecen hasta de lo indispensable para sobrevivir todos los días. En San Sebastián se le informó que desapareció el fondo de apoyo económico para los artesanos del tejido de palma. En consecuencia, las ventas cayeron a su nivel más bajo y un petate de un metro de largo se comercializa en cinco pesos la pieza. Para mañana, López Obrador visitará: Santa Catarina Ticua, San Pedro Molinos, Santa María Yosoyua, San Mateo Peñasco, San Agustín Tlacotepec, Magdalena Peñasco y San Cristóbal Amoltepec.

[mmsc] EXCELENTE E INTERESANTE TEXTO SOBRE EL CASO DE LOS 5 CUBANOS PRESOS POLITICOS EN EUA‏

declaración del parlamento cubano:LLAMAMIENTO A LOS PARLAMENTOS Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert cumplirán pronto once años de injusta prisión.Tras un tortuoso y arbitrario proceso el pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió ignorar el clamor universal sin precedentes para que revisara el caso. Los jueces prefirieron hacer lo que les solicitó la Administración Obama y sin prestarles atención alguna, desconocieron los sólidos argumentos presentados por la defensa y por una docena de documentos de apoyo suscritos por diez laureados con el Premio Nobel, órganos legislativos, centenares de parlamentarios, organizaciones de juristas de numerosos países, incluyendo Estados Unidos, y personalidades defensoras de los derechos humanos, académicos, religiosos y otros que representan a millones de personas en todos los Continentes.De ese modo la Corte convalidó una interminable serie de violaciones al derecho y a los procedimientos legales y se hizo cómplice de la política de promoción y amparo al terrorismo que ha sido y es la sustancia de la enorme injusticia de la que son víctimas nuestros Cinco compatriotas. Es larga la lista de esas violaciones, cualquiera de ellas suficiente para decretar la inmediata libertad de los acusados.Inmediatamente después de apresarlos, en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998 el FBI informó a representantes de la mafia terrorista y a los medios de comunicación de Miami, que desataron desde entonces una intensa campaña de odio y calumnias que no cesa, calificándolos falsamente como “espías” y conjurándose con el Gobierno para incluir el incidente del 24 de febrero de 1996 como parte de la acusación después que llevaban más de seis meses de encierro.Desde el momento del arresto y durante 17 meses fueron sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo exterior, en violación de las propias reglas carcelarias norteamericanas que limitan semejante trato a un máximo de sesenta días y sólo a reos peligrosos por delitos graves cometidos dentro de la prisión. Este cruel procedimiento se ha practicado contra ellos, después, en varias ocasiones, sin justificación alguna, para impedirles su defensa. Así volvieron a encerrarlos en el ominoso “hueco” en junio de 2001, por varias semanas, mientras ellos debían prepararse para ejercer su única oportunidad de dirigirse al Tribunal al concluir el juicio; al infame doble encierro regresaron, en condiciones aun más duras, durante todo el mes de marzo de 2003, precisamente cuando se cerraba el plazo para someter sus recursos de apelación ante la Corte de Atlanta.A lo largo de más de diez años, han encarado los mayores obstáculos, ellos y sus abogados defensores, para ejercer sus derechos. Se les impidió el acceso a gran parte de las evidencias que sustentaron las fraudulentas acusaciones formuladas en su contra rechazándose más de diez mociones presentadas por la defensa antes del inicio del juicio. Permanecen en cinco prisiones separadas, dispersas en lugares aislados de la geografía norteamericana, lo cual hace muy difícil la comunicación con sus abogados. Hay que agregar que varias veces, siempre en momentos decisivos del proceso, no recibieron o les fue demorada la correspondencia legal que requerían para elaborar su apelación. Gerardo Hernández Nordelo nunca recibió los documentos relacionados con su petición al Tribunal Supremo que le fueron enviados por correo certificado a comienzos de este año. Esta clara e inexcusable violación a los derechos del prisionero y a los de su defensor se suma a las constantes trabas a la comunicación de Gerardo con el exterior que persisten pese a las numerosas protestas de Cuba ante las autoridades norteamericanas.El desarrollo del falaz juicio fue, todo él, una farsa macabra. El Gobierno insistió en que se efectuase en Miami, donde, precisamente, al mismo tiempo, ocurría el escandaloso secuestro de Elián González, un niño de seis años, para cuyo rescate Washington tuvo que enviar fuerzas especiales desde la capital pues todas las autoridades y agencias locales eran cómplices de los secuestradores. La fiscalía se negó incluso a trasladar el juicio a la vecina ciudad de Fort Lauderdale a media hora de distancia.El Gobierno mintió de modo flagrante cuando alegó que Miami era un sitio adecuado, entonces, en el medio hostil y amenazante creado por los secuestradores de Elián y sin embargo, algunos años después, en 2002, al comparecer sus funcionarios en un litigio civil, solicitó el cambio de sede aduciendo que nada, incluso algo de mucha menor significación y sólo relacionado indirectamente con Cuba, podía ser juzgado con ecuanimidad en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, 25 de junio de 2002). La cuestión de la negativa al cambio de sede y el ambiente prevaleciente allí condujo el 9 de agosto de 2005 al Panel de jueces de Atlanta, unánimemente, a declarar nulo todo el juicio y ordenar que se hiciera otro y en lugar diferente (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, No. 01-17176, 03-11087). En una acción insólita y contraria a la norma y la práctica estadounidense, el Gobierno recurrió esta histórica decisión y forzó a la Corte de Apelaciones, en votación dividida, a revocarla.En ese propio año, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó por primera vez en un caso relativo a Estados Unidos, que la privación de libertad de los Cinco es arbitraria y contraria a los Convenios Internacionales como resultado de las violaciones cometidas durante el proceso legal e instó al Gobierno estadounidense a tomar medidas de inmediato para solucionar tal arbitrariedad.Después de obligar a la celebración del juicio en Miami el Gobierno dio otros pasos para asegurar las condenas más severas e injustas. En la selección del Jurado manifestó un racismo evidente al lograr excluir a la mayoría de los potenciales jurados afroamericanos. La Fiscalía permitió toda suerte de presiones y amenazas a los miembros del jurado quienes llegaron a ser perseguidos al interior del edificio, fueron acosados por las turbas y hostigados por periodistas pagados por el Gobierno y al servicio de los terroristas, al punto que, varias veces, expresaron temor y preocupación por su seguridad, lo que llevó a la jueza a quejarse e implorar al Gobierno que hiciese algo para remediar la situación. (Transcripción oficial del juicio, páginas 111, 112, 14644-14646).Las llamadas pruebas contra ellos, caprichosamente clasificadas como secretas, fueron dolosamente manipuladas para fabricar los cargos principales cuya falsedad sería reconocida más tarde por el propio Gobierno y por la Corte de Apelaciones. Altos oficiales militares que comparecieron como testigos o expertos y revisaron las supuestas evidencias afirmaron, todos, sin excepción, bajo juramento, que no habían encontrado nada que implicase la búsqueda de información secreta o que afectase la seguridad nacional de Estados Unidos (Contralmirante retirado Eugene Carroll «Transcripción oficial del juicio, páginas 8196-8301», General de División del Ejército, retirado, Edward Breed Atkeson «Ídem, páginas 11049-11199», General ex Comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm «Ídem páginas 11491-11547», Teniente General retirado de la Fuerza Aérea, James R. Clapper «Ídem páginas 13089-1335»). La Corte de Apelaciones en pleno, por unanimidad, en septiembre de 2008 determinó que no había prueba alguna de que los acusados hubieran “acopiado o transmitido informaciones secretas” ni que hubiesen dañado la seguridad nacional de Estados Unidos y por ello declaró que las sentencias por el Cargo 2 (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y dispuso un proceso de resentencia para Ramón y Antonio (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, No. 01-17176, D.C Docket No. 98-00721-CR-JAL, páginas 70-81). Sin embargo, en asombrosa discriminación, aunque reconoció que igual correspondía proceder con Gerardo, rehusó hacerlo aduciendo que ya sobre él pesa otra condena a perpetuidad.En cuanto a Fernando González, por otros motivos, la Corte también declaró equivocada la pena impuesta, la declaró nula y ordenó que fuera sentenciado nuevamente (Ibidem, páginas 67-69). Hay que subrayar que estos “errores” no pueden atribuirse sólo al Tribunal que impuso exactamente las sentencias solicitadas por la Fiscalía.No hay mayor prueba de prevaricación que la otra condena perpetua con la que se castiga a Gerardo Hernández Nordelo por el llamado Cargo 3 (conspiración para cometer asesinato).El propio Gobierno en mayo de 2001 reconoció que “a la luz de las evidencias presentadas en el juicio” no podía probar el Cargo 3 pues suponía “un obstáculo insuperable para la fiscalía”, pidió modificarlo a última hora y recurrió para ello a la Corte de Apelaciones, en un paso que la Fiscalía reconoció carecía de precedentes (Petición de emergencia-Emergency petition for writ of prohibition-páginas 1 a 8 y 27 a 31). Habiendo sido denegada la petición se produjo lo más inverosímil. Sin hacer una sola pregunta, en pocos minutos, el jurado declaró culpable a Gerardo, por un supuesto delito que él no cometió y que el propio Gobierno reconoció que no lo podía probar.Esto es prueba indiscutible de que en Miami aquel llamado juicio no podía ser sino un grosero embuste. Amedrentados, presionados y amenazados, los jurados habían estado siete meses en una sala colmada por los mismos malhechores a quienes habían visto en los medios locales ejecutar el secuestro de un niño, desafiar al Gobierno y a las leyes y amagar con incendiar la ciudad y los escucharon exigir al Tribunal el peor castigo para Gerardo.Pese a tales antecedentes la Fiscalía demandó y obtuvo la sentencia a prisión perpetua.Los desmesurados términos de prisión impuestos a los Cinco contrastan elocuentemente con los aplicados en los últimos años a otras personas acusadas de practicar verdaderamente el espionaje, a veces a escala inusitada, e incluso a algunas vinculadas a acciones armadas violentas contra Estados Unidos. Ninguno fue condenado a perpetuidad, todos recibieron sentencias menores a las de nuestros compañeros, algunos ya las cumplieron y son libres, a otros, convictos de espionaje, la administración Obama les retiró la acusación y los puso en libertad.Pero hay un aspecto aun más revelador del verdadero carácter de todo el proceso que demuestra que el propósito del Gobierno era proteger y amparar a los terroristas, evitar que sus siniestros planes pudieran ser descubiertos, convirtiéndose en encubridor y cómplice de sus futuras tropelías. Para lograrlo, además de la exagerada reclusión carcelaria, y reconociendo la heroica misión de lucha contra el terrorismo que cumplían, a nuestros compañeros, se les impuso una restricción adicional, para después de terminada la sanción, que los “incapacitase” para volver a intentar algo en perjuicio de los terroristas. Lo expresó la sentencia contra René González con estas palabras: “se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de las Actas de Sentencia, diciembre 14 de 2001, páginas 45-46).Tan importante era para las autoridades norteamericanas la “incapacitación” que igual prohibición impusieron a Antonio Guerrero sobre quien ya pesaba una cadena perpetua más diez años. En cuanto a los otros tres compañeros, nacidos en Cuba, al extinguir sus condenas serían expulsados inmediatamente del territorio norteamericano. Nada deben temer allá los terroristas. No tienen que ocultarse para anunciar sin tapujo, como ya lo hacen, nuevas acciones criminales.Quienes tienen encerrados injustamente a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René muestran una mezquindad imperdonable hacia sus familiares con engorrosos y frustrantes trámites de las visas necesarias para visitarlos, desconociendo así los derechos de los prisioneros y sus familiares. Particularmente indignante es la situación que afrontan Adriana Pérez y Olga Salanueva a quienes se les niega sistemáticamente la posibilidad de visitar a sus esposos. Las autoridades norteamericanas rehúsan hasta ahora permitirles las visitas haciendo oídos sordos a las reiteradas peticiones de organizaciones religiosas, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas e intelectuales de todo el mundo.El trato dado a Adriana es de una infamia difícil de concebir. Gerardo, debe cumplir dos cadenas perpetuas más quince años, hace once años que no ve a su esposa y la Corte Suprema se negó a considerar su caso. El 15 de julio, exactamente a un mes de esa repudiable decisión y el día de su aniversario de bodas fue el escogido por el Departamento de Estado para comunicarle, por décima vez, su negativa de visa, alegando que Adriana “es una amenaza para la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.A la irracional condena impuesta a Gerardo se suma este abominable tormento, verdaderamente sádico, a dos jóvenes inocentes que debe ser condenado vigorosamente por toda la Humanidad.Al negarse a revisar el caso la Corte Suprema cierra prácticamente las avenidas legales para su solución. Sólo quedan las próximas resentencias a Ramón, Antonio y Fernando ante la misma jueza de Miami. Hay que exigirle que los libere ya.Entramos en una nueva fase en la que es mayor la responsabilidad de la Administración y específicamente la del Presidente Obama.El Presidente tiene la facultad constitucional y la obligación moral de hacer justicia. Él puede y debe hacerlo. Para ello debe disponer que sean retirados los cargos esgrimidos contra nuestros compatriotas que ya fueron severamente cuestionados por la Corte de Apelaciones, y por su predecesor en la Casa Blanca. Tiene que hacerlo si intenta proyectar una imagen de cambio hacia América Latina y el mundo.Los terroristas celebran jubilosos la conducta de la actual administración que sigue garantizando la impunidad de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch culpables de la destrucción en pleno vuelo de un avión civil y la muerte de 73 personas, mientras castiga cruelmente a quienes, sin hacer daño a nadie, entregaron la juventud para impedir las fechorías de esos y otros criminales.La Asamblea Nacional del Poder Popular reclama la urgente solidaridad de todos los órganos legislativos, de los parlamentarios y parlamentarias y de las organizaciones políticas y sociales y las personas de buena voluntad en todo el mundo y las llama a movilizarse para exigir la liberación inmediata de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Las cubanas y los cubanos, por quienes ellos sacrificaron sus vidas, sabremos luchar sin descanso hasta hacerlos regresar, libres, a la Patria agradecida.

CARTONES DE LA JORNADA











constatan vilaciones a los derechos humanos

Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos
en Honduras con ocasión del golpe de Estado


Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.


Informe Preliminar


Tegucigalpa, 23 de julio de 2009


i.Introducción

Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y
después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.

Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio
hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados al Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de aciones
Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública , la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.



ii.Los hechos verificados por la Misión

1.Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.

El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.

2.En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).

3.Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.

El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio - conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.

En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 dias despues de su promulgacion continua en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.

La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasióndel territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.

4.El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el interior del país.

5.Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.

6.La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.

7.La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, Sr. Ramón Custodio.

8.Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, mùltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as extranjeros, entre otros.

9.En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relacion a este, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de radio Estelar, en el departamento de
Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA , líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB , muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

10.La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de
julio luego de volver de una manifestación.

11.En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de 100 personas en esta situación.

12.Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo
proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.

13.Según lo afirmado a la Mision por el General Director de la Policia Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.

14.Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.

15.Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez
López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.

16.Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.

17.Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.

18.La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.

19.En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de
comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.

20.La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.

21.En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.

22.Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a
Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de
facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.

23.El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.

24.La Mision ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.

25.La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.

iii.Conclusiones

La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.

Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.

Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.

La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir
sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.

El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.

Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno
depuesto.

Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en
Honduras

iv.Recomendaciones

I.A la comunidad internacional de Estados


1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la poblaciónhondureña;

2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;

3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;

4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.

·Sobre las relaciones bilaterales con Honduras


5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante

§Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo

§Invitaciones e intercambios constantes con las mismas

§Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad

§Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.

§Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.


6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.

7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.

·Relaciones entre Unión Europea y Honduras


8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea , deben aplicarse las medidas siguientes:

·La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.

·Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.

·Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.

·Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.

·Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.


II.A los órganos y organismos internacionales


9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:

§Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo

§Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.


10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.

11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considere la pertinencia de:

§Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;

§Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;

§Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y
defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.


12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.

Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.


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Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:


·Luis Guillermo Pérez (CIFCA)

·Marcia Aguiluz (CEJIL)

·Viviana Krsticevic (CEJIL)

·Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)

·Jorge Rojas (CODHES)

·Benjamín Cuellar (IDHUCA)

·Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)

·Javier Mujica (FIDH)

·Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)

·Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ESPAÑA)

·Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)

·Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)

·Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)

·Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria)

·Katia Nouten (CIFCA)

·Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)

·Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)

Comunicado de la comunidad de La Yerbabuena en resistencia

Colima, Col. México, a Martes 04 de Agosto de 2009
Buzón del Lector

Comunicado de la comunidad de La Yerbabuena en resistencia
A los pueblos y gobiernos del mundo
Al pueblo de colima y de México
A los medios de comunicación

La Asamblea General de la comunidad de La Yerbabuena en resistencia se dirige a ustedes para reiterar nuestra voluntad y convicción de mantenernos en resistencia por el derecho que nos asiste a vivir pública y pacíficamente por más de 30 años en esta población, lo que de acuerdo con el marco jurídico vigente en nuestra nación y de los tratados internacionales de los que México es parte, es que venimos ha informar lo siguiente:

Primero.- Que el pasado 30 de julio se reunió la Asamblea General para discutir el nombramiento de un representante de la misma, ello con el objetivo de hacer mas sencilla la interlocución con los distintos ámbitos de gobierno y sectores sociales, por lo que se consensó el nombramiento y así fue aprobado que el Sr. René Antonio Alonso Cuellar tiene la encomienda de representar los intereses de nuestra comunidad en resistencia.
Segundo.- El día 01 de agosto el pleno de la Asamblea General determinó por consenso integrar la Comisión para la Extracción, Mantenimiento, Uso, Distribución y Aprovechamiento del Agua de nuestra comunidad en resistencia, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Sr. Rafael Sandoval Virgen, la Sra. Sandra Yesenia Alonso Cuellar y la Sra. Micaela Araceli Berto López, mismos que tendrán como función el garantizar el servicio de agua para uso doméstico y de riego del huerto familiar.
Tercero.- El mismo día la Asamblea General determinó nombrar una comisión para que en representación de la misma asista a la Asamblea Nacional Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena ha celebrarse los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año, en el nuevo poblado Xayacalan de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, estado de Michoacán de Ocampo, la cual estará integrada por el Sr. Rafael Sandoval Virgen, el Sr. Antonio Altamirano Ramos y por el Sr. Sander Valentín Alonso Cuellar.
Las anteriores acciones las hemos realizado con un espíritu democrático y una muestra más de que somos una comunidad organizada en la defensa de sus derechos ante la amenaza de despojo y reubicación en contra de nuestra voluntad.

Atte: Asamblea General de la Comunidad en Resistencia de La Yerbabuena, muncipio de Comala, Colima.
Adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembro de la otra campaña.