jueves, 13 de marzo de 2008

Jornada de volanteo sobre la defensa de PEMEX

12 de marzo del 2008. En este día 5 brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, llevaron a cabo un volanteo intenso en 5 líneas del metro, para convocar a la población a que el próximo 18 de marzo a las 5pm acuda al zócalo de la Cd. de México para llevar a cabo una asamblea informativa en defensa del petróleo, encabezada por el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.


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ATENCION AMIGOS DE PUEBLA


Tardará otra semana regularizar reparto de fármacos antisida: Ssa

Debe México declarar emergencia nacional ante gran cantidad de fondos que destina a la compra de medicinas: Mexsida
■ Este año se invertirán 1,500 millones de pesos en adquisición de terapias
Ángeles Cruz Martínez (Enviada)
Oaxaca, Oax., 12 de marzo. La Secretaría de Salud (Ssa) se comprometió con los titulares de programas de VIH/sida del país a que entre el martes y miércoles próximos se regularizará la distribución de medicamentos antirretrovirales, los cuales debieron llegarles desde los primeros días de marzo.
Durante la reunión que los funcionarios estatales realizan en la ciudad de México con Censida y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila, plantearon los problemas que han enfrentado por las carencias de los fármacos, principalmente en las entidades donde dependen totalmente del apoyo de la Federación.
No es el caso de algunas entidades como Oaxaca, que destinan recursos propios a la adquisición de antirretrovirales. Esta es la razón de que acá los inventarios estén completos. Gabriela Velázquez, directora del Consejo Estatal de VIH/sida (Coesida), informó que, incluso, reciben aportaciones de particulares.
El año pasado el pintor Francisco Toledo donó 2 millones de pesos para medicamentos, cantidad que se sumó a los 4 millones que destinó el Coesida y los 6 millones aportados por la Secretaría de Salud estatal, lo que dio un total de 12 millones, y la Ssa federal entregó 45 millones en medicinas.
Debido a ello Oaxaca no ha afrontado carencias, pero “si sólo dependiéramos de lo que envía la Federación, hace varias semanas que habrían empezado los problemas”, indicó Velázquez. Comentó que debido a esta solvencia han podido apoyar al Coesida de Puebla, donde sí resintieron la carencia de antirretrovirales. En días pasados, Velázquez les envió 340 frascos de medicamentos, los que “se supone” le serán devueltos cuando se normalice la distribución federal.
En tanto, Arturo Díaz Betancourt, coordinador del Comité Técnico de Vigilancia Ciudadana (Mexsida), afirmó que hay desabasto de antirretrovirales, “pero la Ssa se ha negado a reconocerlo”.
Llamada extraña
Señaló que en semanas pasadas llegó a los Coesida una petición de información sobre las carencias que ya se empezaban a registrar. Sin embargo, “de manera extraña” recibieron una llamada de la oficina de Hernández Ávila para pedirles que destruyeran el escrito enviado por Censida. “Por eso el subsecretario no tiene noticias sobre el desabasto”, subrayó el activista.
Por su parte, el funcionario de la Ssa comentó que casi una cuarta parte de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se destina a la compra de antirretrovirales para las personas que viven con VIH/sida, lo que en este año equivale a mil 500 millones de pesos.
De esta manera, justificó que en 2008 se haya retrasado la compra de los fármacos que se entregarán a las personas que padecen el mal y que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. De acuerdo con el funcionario, hay 22 mil 299 individuos registrados. Señaló que el monto destinado a este rubro es muy elevado, por lo que su ejercicio se revisa minuciosamente, además de que cada año aumenta la complejidad por el incremento en el número de enfermos y del dinero destinado a la compra de medicinas.
Por su parte, Díaz Betancourt llamó la atención sobre la necesidad de que México declare cuanto antes la emergencia nacional por el VIH/sida. Cada año –dijo– el gobierno federal invierte 4 mil 500 millones de pesos en la compra de medicinas. “Este solo dato debería ser suficiente para hacer la declaratoria”, apuntó.

Reduce la circuncisión el riesgo de contagio de VIH, según científicos


Oaxaca, Oax., 12 de marzo. La circuncisión reduce el riesgo de infección por VIH/sida, según han demostrado estudios científicos realizados en la región africana, donde a causa de la epidemia la esperanza de vida es de apenas 31 años, informó Luis Soto, copresidente de la 17 Conferencia Mundial de Sida 2008.
Señaló que al momento esta medida ha comprobado su efectividad en la prevención de la enfermedad sólo en áreas de alta prevalencia, donde se han observado beneficios a corto plazo.
Todavía está a discusión su viabilidad en poblaciones como la mexicana, donde se considera que la epidemia está concentrada en algunos grupos sociales.
El tema forma parte de la agenda que se discutirá en la 17 Conferencia Mundial de Sida, a efectuarse en la ciudad de México del 3 al 8 de agosto próximo.
Con el lema Acción universal ¡ya!, el foro más grande e importante sobre VIH/sida reunirá a más de 25 mil personas de todo el mundo, y buscará promover acciones que incrementen la respuesta global ante la pandemia, así como incrementar el acceso a la prevención y los tratamientos.
Respecto a la circuncisión, el especialista comentó que su aplicación aún está a debate, y en México, por ejemplo, tendría impacto sólo a largo plazo, de 15 a 30 años.
Explicó que las investigaciones concluyeron que en el prepucio (que se retira con la circuncisión) se localizan células llamadas Langerhans, que funcionan como “guías” del VIH para conducirlo hacia los ganglios linfáticos. Por esa vía el virus se introduce al organismo.
Al realizar la operación quirúrgica se reduce el número de “blancos” a los que el VIH se puede dirigir, explicó el también investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien participó en el Taller sobre VIH y Sida que realiza aquí el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Soto también mencionó que otros de los temas relevantes en la Conferencia es el relativo a la investigación sobre vacunas. “Lamentablemente, todavía está lejana la posibilidad de prevenir la infección por esta vía”, indicó. De hecho, durante las sesiones se darán los detalles del proyecto de investigación que realizaba el laboratorio Merck Sharp and Dohme (MSD), el cual fue suspendido al comprobarse su falta de eficacia.
El especialista, quien organiza la conferencia junto con el presidente de la Asociación Internacional de Sida (AIS), Pedro Cahn, informó que se recibieron 10 mil 777 resúmenes de ponencias, de las que 4 mil podrán presentarse de manera oral o en póster, y unas 7 mil serán publicadas.
Otros temas que serán tratados son los relativos a prevención del VIH por medio de la terapia antirretroviral; el sida en crisis políticas y guerras; migrantes, globalización y VIH; juventud y VIH; educación sexual y su impacto en la vulnerabilidad por VIH, además de sesiones donde se abordará la problemática de la epidemia en cada región del mundo.

Hipócritas y cínicos, quienes se oponen al aborto, dice Carpizo


La ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que amplía las causales de aborto –incluida la decisión de la mujer– no viola ninguna garantía constitucional, “al contrario, las está reforzando”, porque expande los derechos de las mujeres, aseguró Jorge Carpizo Mc Gregor, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En tanto, el constitucionalista Diego Valadés señaló que la Ley de Voluntad Anticipada, aprobada a finales del año pasado por la ALDF, “es un primer avance”, porque a quienes padecen una enfermedad terminal les da el derecho a que se les suspenda el tratamiento que los mantiene con vida. Sin embargo, dijo que fue una decisión tibia, debido a que sólo garantiza la eutanasia pasiva.
Durante la presentación del libro Derechos humanos: aborto y eutanasia –del que son coautores–, los investigadores universitarios y ex procuradores generales de la República señalaron que con ambas leyes se avanza hacia el reconocimiento, respeto y cumplimiento de las garantías fundamentales en la ciudad de México, aunque consideraron que estas garantías deben extenderse al resto del país.
En respuesta a grupos conservadores que se oponen a la ampliación de las causales de aborto, y en alusión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, que presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra esa legislación ante la Suprema Corte, Carpizo –primer ombudsman nacional– señaló que “los enemigos” de estas modificaciones son “hipócritas y cínicos, porque no les interesa si las mujeres abortan o no ni las condiciones en que se puede dar, sino que no se hable del caso, para no tocar sus buenas conciencias”.
Consideró que los opositores no quieren ver en las cárceles a las mujeres que interrumpen su embarazo, sino que “en el fondo no les importa que las ricas sigan abortando, de forma segura, y las pobres con riesgos; ni modo, la culpa es de ellas por ser pobres. Lo único que les interesa es que no se hable del asunto, que no se toque, que no se legisle, porque eso va contra sus buenas conciencias. Y al no hablar de ello, que cada quien haga lo que le dé la gana. Eso es una hipocresía, un gran cinismo que está perjudicando la moral pública del país”.
El académico, quien escribió el análisis sobre aborto, indicó que gracias a la discusión del tema, para evitarlo los grupos conservadores hablan ahora de dos tópicos que consideraban tabús: el uso de métodos anticonceptivos y la educación sexual científica.
Subrayó que al dar a la mujer el derecho de elegir si desea tener un hijo se derribaron varias injusticias, debido a que con la penalización se provocaba que las pobres abortaran de manera insegura, contrario a las que gozan de una posición económica alta.
A Valadés correspondió realizar el análisis sobre eutanasia. Refirió que las reformas en el Distrito Federal que permiten a los enfermos terminales declarar su voluntad para que se les suspenda el tratamiento médico, si bien son un avance, aún no benefician a los más de 100 millones de mexicanos, ni siquiera a los 8 millones de capitalinos, porque se trata de una ley local que sólo se aplica a quienes son derechohabientes de clínicas locales en la ciudad de México. Por ello consideró que ese derecho debe extenderse al resto del país y a escala federal.

Exige Yunes al GDF retiro inmediato del plantonissste; “ya nadie está ahí”

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadors del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, el “retiro inmediato” del llamado plantonissste, instalado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el 7 de mayo de 2007, en demanda de la derogación de la nueva ley de ese instituto.
En una carta dirigida al Ejecutivo local, el funcionario federal pide restaurar el “libre tránsito, la legalidad y la normalidad en la zona, a menos que usted considere que las mantas rotas, las láminas y los trozos de cartón y de manera (…) tienen algún tipo de derecho político o de reivindicación social por el que la autoridad a su cargo se sienta obligada a velar, no obstante que para ello deba seguir incumpliendo su obligación legal”.
Tras informar –en un comunicado– de un recorrido realizado en avenida de la República, donde se instaló el campamento de los profesores disidentes, quienes exigen la derogación inmediata de la nueva Ley del ISSSTE, Yunes Linares insistió en que “no hay ninguna persona en el interior de las instalaciones improvisadas”, las cuales mantienen bloqueado el acceso a sus oficinas centrales.
En su misiva dirigida a Ebrard Casaubon, el director general del ISSSTE destaca que después de casi un año de la instalación del plantón, “reiteradamente he solicitado a usted que, en su condición de autoridad responsable, aplique y haga cumplir la ley”.
En su argumentación, insiste en que el “bloqueo” de las instalaciones del organismo federal afecta a “miles de personas, especialmente a los derechohabientes y trabajadores, que no pueden ingresar a los espacios destinados a su servicio”.
Yunes Linares señala que “el bloqueo ha sido abandonado, incluso por las personas que originalmente lo realizaban. Esta mañana lo constaté personalmente, al hacer un recorrido por las calles indebidamente ocupadas. Lo único que ahí queda son las viviendas precarias, abandonadas y ruinosas, cuya construcción se toleró”.
El plantonissste ocupa dos calles de avenida de la República, desde el Monumento a la Revolución hasta Paseo de la Reforma, sitio que ha servido de albergue a cientos de maestros de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua y Jalisco, quienes han participado en diversas movilizaciones contra la nueva Ley del ISSSTE.

Busca LFC desesperar a los trabajadores, dice el SME

La empresa aún no hace un planteamiento de aumento salarial
Carolina Gómez Mena
Al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no le amedrenta la posible aplicación de una requisa por parte del gobierno federal, en caso de que las negociaciones entre el gremio y Luz y Fuerza del Centro (LFC) no fructifiquen, antes de vencer el emplazamiento a huelga fijado para el mediodía del próximo domingo 16 de marzo.
En entrevista, Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, denunció que la administración federal, vía LFC, ha utilizado el asunto de la requisa como instrumento para presionar el sindicato, a fin de que evite estallar la huelga –esto si fracasan las pláticas entre las partes–, pero sostuvo que esta táctica no dará resultados, pues los electricistas están seguros de que harán valer su derecho constitucional a la huelga si no se atienden sus demandas salariales y contractuales.
Recordó algunos hechos “lamentables” que ocurrieron cuando en 1987 se aplicó la requisa y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entró a operar los sistemas de LFC. En esa ocasión, dijo, “murieron ocho” de los operadores de CFE. Asimismo comentó que el SME espera que este año, de complicarse las negociaciones, no ocurra lo sucedido en 2007, cuando “11 horas antes de que se cumpliera el plazo ya había personal del Ejército amagando con tomar las instalaciones”.
En cuanto al avance de las pláticas, refirió que la expectativa es que hoy se comience a analizar el “paquete económico”, una vez que se termine de revisar el clausulado.
Debido a que el aspecto económico aún no se aborda, comentó que no ha habido una propuesta de parte de la paraestatal en cuanto a incremento salarial, pero dejó en claro que el SME no aceptará que se le imponga el tope salarial de 4.25 por ciento.
Cabe destacar que el SME solicita un incremento de 16 por ciento, 4 por ciento para transporte, 2.5 para el fondo de ahorro y 2 por ciento de alza en el aguinaldo.
Respecto a los preparativos para la eventual huelga, el sindicalista comentó que el gremio ya dispuso todo para la designación de cuadrillas que resguarden los 400 centros de trabajo existentes en la zona de operaciones de LFC, esto es el Distrito Federal, gran parte del estado de México, Hidalgo, tres municipios de Puebla y uno de Morelos.
Precisó que el número de integrantes de las guardias dependerá del tamaño del centro de trabajo y acotó que el sindicato está listo para colocar las banderas rojinegras si no hay respuesta positiva a sus demandas, las cuales no consideró excesivas, como se ha manejado en algunos medios de comunicación, sino que tan sólo alcanzarán para resarcir la pérdida de poder adquisitivo de los electricistas.
Amezcua también señaló que el sindicato, pese a la campaña de desprestigio que ha encabezado la empresa no se levantará de la mesa de negociación y mantendrá una actitud tolerante, pese a lo indicado, pues sostuvo que a lo que le apuesta LFC es a que “nos desesperemos, lo cual no va a ocurrir”, afirmó.
En lo relativo a las propuestas hechas por el SME para que la paraestatal fortalezca sus finanzas a través de la prestación de nuevos servicios, tales como telefonía e Internet de bajo costo, indicó que éstas no han sido muy bien acogidas, pero descartó revelar mayores detalles, porque las propuestas que hace la empresa deben primero ser votadas por la asamblea, la cual anoche también sesionó.

Encarcelados por defender sus tierras, inician huelga de hambre en Chiapas

El ex diputado priísta Pedro Chulín Jiménez los acusa de secuestro y extorsión
Hermann Bellinghausen
Llevan 20 meses en la cárcel de Playas de Catazajá, Chiapas. Son 12, contando una mujer presa en San Cristóbal de Las Casas. Unos se reivindican zapatistas, otros del Partido de la Revolución Democrática. Todos tzeltales. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y los paramilitares armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en Busiljá (Ocosingo) les están arrebatando sus tierras. Ellos lo llaman su “sufrimiento agrario”, y se declararon en huelga de hambre.
Los problemas empezaron el 13 de junio de 1997, cuando un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la región Justicia y simpatizantes fueron desalojados por los priístas, quienes asesinaron a dos niños e hirieron a dos pro zapatistas. Fidelino Sánchez López, de 12 años, fue secuestrado en la comunidad Bautista, y liberado por su propio padre, “arriesgando sus vidas”. Rogelio Sánchez Gutiérrez, de 13 años, fue trasladado por las autoridades a Tuxtla Gutiérrez.
Al niño Simón Sánchez López le dispararon en la cabeza. “La gente de Busiljá no lo sepultó, se quedó en la calle y fue comido por perros y zopilotes”. El menor Elisardo Sánchez Gutiérrez falleció cuando entraron en la comunidad efectivos del Ejército federal “para que los priístas nos quitaran nuestras tierras”, dicen. Dos zapatistas fueron encarcelados y luego liberados.
El mismo día 13 el grupo paramilitar del ejido Busiljá secuestró a Susana Sánchez y a su hijo de dos meses; fueron amarrados en el campo deportivo en pleno sol durante tres días sin comida ni agua. Mientras Susana estaba secuestrada, su padre, Esteban Sánchez López, fue conducido al campo de futbol “para darle muerte”. Lo amarraron con un lazo del cuello. “Afortunadamente la portería se rompió”. Luego, los condujeron a la cárcel distrital de Ocosingo. Ellos son simpatizantes del EZLN.
Quince familias fueron expulsadas el 7 de julio. “Los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén nunca nos brindaron apoyo, como indígenas desplazados de nuestra comunidad por no participar en el desalojo de Nicolás Sánchez Gómez, quien murió el 13 de mayo de 1998 en la comunidad, pues “quedó secuestrado” por los priístas Tomás López Sánchez y Benjamín Gómez Sánchez.
Ocho años después volvieron a Busiljá. El 22 de febrero de 2006, la gente de Benjamín Gutiérrez capturó en su casa a Pablo Gutiérrez Hernández. “Lo llevaron a la casa ejidal, en presencia de Pedro Chulín Jiménez, quien ordenó a su gente de Opddic que si no decía ‘dónde está el campamento de los zapatistas’ lo iban a quemar vivo con gasolina, con toda su familia. Luego decidieron secuestrarlo, subiéndolo en una camioneta propiedad de Calixto Gómez Sánchez. Eran 14 personas. Todo el día lo tuvieron en el crucero La Herradura. Mientras tanto, los priístas empezaron a discutir fuertemente entre ellos. De repente, Alonzo López Pérez disparó a Ermelino Gómez Sánchez, y Manuel Moreno Guzmán disparó a Pablo”. Ambos fueron abandonados en el monte.
Sus familias encontraron muerto al primero; herido y sin conocimiento a Pablo. Le tomó ocho meses recuperarse en San Cristóbal. “Cuando se sentía un poco mejor decidió visitar a su mamá en Busiljá, y allí, sin ninguna orden de aprehensión, lo arrojaron a la camioneta de los judiciales, golpeándose con un trozo de madera. Lo golpearon sin compasión por la herida de bala que tiene en la cabeza. Tanto el Ministerio Público como el subprocurador Walter Culebro tenían información sobre los hechos; aún así lo consignaron rápido, y fue enviado al Cereso 17, en Catazajá”.
Allí sigue, sin atención médica. Su estado de salud es grave, porque la bala sigue en el cráneo. En julio de 2006 fueron detenidos y torturados los demás indígenas ahora en huelga de hambre. Los acusan de secuestro y extorsión, “los delitos están fabricados por priístas encabezados por el ex diputado Chulín Jiménez”.
Piden al gobierno de Juan Sabines que los escuche. “Nuestra lucha es con todo lo que da nuestro corazón. Si hemos de morir, no será por asesinos, extorsionadores o secuestradores sino por la mala impartición de justicia”.

Al Senado, 438 mil firmas de ciudadanos que impulsan renegociar el TLCAN

Angélica Enciso l.
La campaña Sin Maíz No Hay País entregó al Senado una carta con 438 mil firmas de ciudadanos que apoyan la exclusión del maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el establecimiento de un mecanismo permanente de administración de importaciones y exportaciones de los granos y la prohibición del cultivo de transgénicos.
Frente al Senado, integrantes de la campaña, apoyados por actrices, efectuaron un acto cultural en el que Sofía Álvarez presentó cuentos indígenas en los que se revela la importancia del maíz, además de que Antonio Turrent, experto del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), señaló que México tiene capacidad para producir 53 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías desarrolladas por instituciones públicas.
En tanto, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética que acudió el pasado martes a la Cámara de Diputados, acordó con los legisladores la integración de una agenda para que los temas más importantes del sector se desahoguen en el próximo periodo ordinario de sesiones, explicó Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras. Dijo que aún no hay respuesta del gobierno a sus demandas, luego de la reunión frustrada con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Una comisión integrada por la actriz Vanessa Bauche; la escritora Laura Esquivel; los expertos Antonio Turrent y Antonio Serratos, y Felipe Zeferino, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, fue recibida por la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, así como por Rubén Fernando Velázquez y Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de los senadores Guillermo Padrés Elías y Jesús Dueñas del Partido Acción Nacional (PAN); el presidente de la Comisión de Agricultura, Heladio Ramírez López, y Ramiro Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bauche expuso los planteamientos de la campaña y recordó que la dependencia alimentaria de México pasó de 20 por ciento en 2004 a 50 por ciento en 2008, y las instituciones creadas en decenios pasados para fortalecer la actividad agrícola han sido privatizadas o ya no existen.
Dijo que se importa maíz transgénico proveniente de Estados Unidos, lo que significa una violación al principio precautorio establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, y no toma en cuenta la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte de 2004, de impedir la entrada de ese maíz al territorio nacional.
Abundó que hace más de 15 años que las leyes favorecen cada vez más la intervención de las empresas monopólicas en los territorios campesinos e indígenas, “en nuestros recursos naturales, en la producción y comercialización de nuestros alimentos. Este tipo de empresas intentan acabar con nuestra cultura y con nuestra soberanía alimentaria”.
Por su parte, la escritora Laura Esquivel leyó un texto en el que se preguntó: “qué dirían los dioses si supieran que los científicos han robado la semilla a los hombres” y buscan “cambiar la naturaleza de una semilla en aras de la ganancia efímera, de la producción acelerada e indiscriminada, eso es cambiar la historia de la Tierra”.
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz dijo que “cualquier tratado puede considerarse y es un compromiso del Legislativo revisar el TLCAN para evitar que afecte al campo mexicano”.

Encinas y Ortega llaman a cuidar elección y evitar que califiquen al PRD de “rijoso”


El padrón con el cual se habrá de elegir a la nueva dirigencia nacional del PRD es “uno de los instrumentos más endebles” de todo el proceso, afirmó ayer Alejandro Encinas en conferencia de prensa, quien destacó que “lamentablemente vamos a ver el peso de las omisiones: un porcentaje muy importante de miembros del partido no van a poder votar y será hasta el domingo cuando podamos tener la evaluación real del porcentaje de afiliados que no aparecieron en la lista nominal”.
Se dijo convencido de su triunfo, aun cuando se tratará de una elección sumamente participativa, lo que, dijo, marcará un precedente muy importante en lo que es la vida democrática dentro de los partidos políticos del país.
“Tenemos que demostrar este domingo no solamente la vocación democrática del PRD, sino también la capacidad para sacar adelante un proyecto que garantice no solamente la unidad y la integración de nuestro partido, sino que acredite al sol azteca como una organización democrática comprometida con los ciudadanos”.
Por ello, solicitó a todos los integrantes del PRD no sólo que acudan a emitir su voto y con él ejerzan su derecho a decidir sobre quién será el futuro dirigente nacional o los líderes estatales, sino que asuman “con plena responsabilidad” la elección, en la que, insistió, hay problemas organizativos, de logística y de operación, “derivados de la incipiente vida orgánica que tiene nuestro partido”.
Encinas pidió a la militancia perredista su apoyo para vigilar el proceso del próximo domingo, “que la elección se desarrolle en plena normalidad, que nadie quiera hacer un acto ilegal o arbitrario, que nadie haga trampa, que ninguna persona ajena al partido quiera intervenir en nuestro proceso electoral”.
Estas, apuntó, son condiciones básicas “para acreditar nuestro carácter democrático”.
Encinas cerró su campaña en Valle de Bravo, estado de México.
■ “Contra funcionarios que roban a la nación”
Alma E. Muñoz y Ciro Pérez
En el cierre de su campaña por la presidencia nacional del PRD, Jesús Ortega convocó a la unidad en el partido y anticipó, seguro de obtener el triunfo el próximo domingo, que se colocará en la primera fila de la lucha contra la privatización del petróleo y contra los funcionarios corruptos que “se aprovechan de sus cargos para robar a la nación”.
Ante perredistas del estado de México reunidos en la explanada de la presidencia municipal de Nezahualcóyotl –10 mil, según los organizadores–, el líder de Nueva Izquierda anunció que su primera acción como dirigente nacional del PRD será encabezar, “con todos los perredistas”, una marcha nacional por la soberanía de México y en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos. En ningún momento mencionó al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Dejó en claro, en su discurso, que no consentirá, en caso de ganar la elección, que “ningún interés de grupo o persona se sobreponga al interés general del partido”, y se comprometió a encabezar una dirección política “valiente, trabajadora, activa, consecuente, dispuesta a ganar” las elecciones intermedias de 2009 y sentar las bases para el triunfo de las presidenciales, en el 2012.
Acompañado de dirigentes de su corriente y de Alternativa Democrática Nacional, así como de Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, también adelantó que no permitirá que el PRD sea presentado en los medios de comunicación como un partido rijoso, violento y conflictivo, y llamó a votar el próximo domingo. Su compañero de fórmula, Horacio Duarte, en tanto, pidió cuidar la elección. “Seamos responsables, que nadie intente manchar al grupo de Ortega”, demandó.
Ayer se reunieron Duarte y Hortensia Aragón, compañera de fórmula de Alejandro Encinas, para iniciar los trabajos de la comisión especial de coadyuvancia para la jornada del 16 de marzo.

Los Pinos debe entregar ya informes de Marta Sahagún

Elizabeth Velasco
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hizo un llamado de atención a la Presidencia de la República para que evite declarar la inexistencia de documentos que obran en sus archivos, más aún cuando el instituto tiene evidencias de ello.
En consecuencia, le ordenó entregar la lista de las personas que el sexenio pasado visitaron a Marta Sahagún de Fox en sus oficinas de Los Pinos, excepto los datos personales, así como copias de 6 mil 50 fojas de documentos enviados a la fundación Vamos México, organización de la esposa de Vicente Fox.
En el exhorto, emitido por los cinco comisionados del IFAI, se precisa a la Presidencia de la República que “cualquier documento que obre en sus archivos es susceptible de acceso” (es decir, es información pública) y no procede la declaratoria de inexistencia, sino acaso la clasificación de confidencial, si por ley procede.
Si esa entidad insistiera en la inexistencia, además de la declaratoria oficial, deberá presentar al IFAI un informe “donde explique por qué no existen (los documentos) y qué sucedió con ellos: si se dieron de baja documental, hubo transferencia al Archivo General de la Nación o cualquier otra causa”.
La orden se sustenta en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y 70, fracción V, los cuales obligan a rendir un informe.
Al resolver el recurso 4590/07, a cargo del comisionado Alonso Lujambio, Juan Pablo Guerrero propuso modificar la resolución. Inicialmente se había dictaminado que la Presidencia de la República hiciera una búsqueda exhaustiva de las listas, y que de no encontrarlas declarara la inexistencia.
Empero, Guerrero recordó las quejas presentadas ante el IFAI el sexenio pasado por la negativa a entregar dichos documentos. Entonces la Presidencia de la República alegaba que las visitas que recibía Sahagún correspondían a particulares y familiares, entre ellos sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, entre otros, motivo por el que se clasificaron.
Rememoró también las actividades públicas de Sahagún y, para rematar, evidenció la “falta de consistencia” de la Presidencia de la República, pues al peticionario respondió que carecía de los documentos, pero una vez que se presentó la queja ante el IFAI y éste la aceptó, respondió que había localizado 6 mil 50 documentos entregados a la presidenta de la fundación Vamos México.
Hay que recordar que las instalaciones de esa agrupación se encontraban en Los Pinos y que hasta los sueldos que se pagaban a los asistentes corrían a cargo del erario.
En aras de justificar la inexistencia, Jacqueline Peschard alegó que sería “natural” que no existieran esas listas, pues al concluir la gestión foxista Marta Sahagún se llevó sus documentos “personales”. Hasta sugirió la entrega de una versión pública de las 6 mil 50 fojas localizadas, pues “los datos personales deben ser protegidos”.

Desacatan radio y tv mandato para iniciar la difusión de espots políticos

Los concesionarios tienen obligación de transmitir los mensajes, señala el PRD en el IFE
Alonso Urrutia
En desacato de las disposiciones de la legislación electoral, Televisa, Televisa Radio, Televisión Azteca y Grupo Imagen –el Canal 28 y las radiodifusoras de esa empresa– se negaron a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos, ordenamiento que los concesionarios están obligados a cumplir.
En el primer día que el Instituto Federal Electoral (IFE) marcó para iniciar la difusión de los promocionales, Tv Azteca incluso se negó a recibir los materiales partidistas, según oficios colocados por el instituto en estrados del área jurídica.
La actitud de las televisoras ante la primera acción concreta de la reforma electoral fue denunciada en la sesión del Consejo General del IFE por el representante del PRD, Rafael Hernández. Recordó que los concesionarios tienen obligaciones legales para transmitir, en los tiempos oficiales, los mensajes de los partidos políticos.
Solicitó que el instituto utilice las medidas de apremio que tiene para hacer cumplir a los concesionarios sus obligaciones en esta materia, según los ordenamientos constitucionales y legales vigentes.
Su intervención fue secundada por el representante de Alternativa, Luciano Pascoe, quien si bien precisó que a nadie debería echarse a la “hoguera”, habría que dar todo el respaldo al Comité de Radio y Televisión del IFE para hacer cumplir la ley.
En contraste, cuando ya se había presentado la denuncia, el consejero presidente, Leonardo Valdés, agradeció una y otra vez “personal e institucionalmente a los concesionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión” por “su empeño en acompañar a esta autoridad electoral para llegar a buen término en este inicio de la transmisión de los mensajes de los partidos”.
Marco Antonio Gómez Alcántar, consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE –instancia en la cual se aprobó la pauta de los mensajes en los horarios de mayor audiencia–, dijo que en las estaciones radiodifusoras se había llegado al cumplimiento de 90 por ciento de los compromisos, sin mencionar que Televisa Radio no transmitió ningún promocional.
En cuanto a las televisoras, Gómez Alcántar explicó que se haría un informe posterior, toda vez que –argumentó en la sesión del Consejo General– la mayoría de las transmisiones estaban programadas a partir de la tarde (la sesión comenzó a las 18 horas).
La semana pasada, con la oposición del PAN, el Comité de Radio y Televisión aprobó el acuerdo mediante el cual se materializaban las disposiciones del Cofipe, según las cuales los partidos tienen derecho, como parte de las prerrogativas, a promocionales de 20 segundos, los cuales comenzarían a difundirse este miércoles.
Desde el lunes, Tv Azteca y la Televisora del Valle de México –Canal 40– se negaron a recibir los materiales que le llevaron funcionarios de la junta distrital 14, en cuya circunscripción se encuentra el domicilio de la televisora, según consta en oficios hechos públicos por el IFE.
Las otras televisoras recibieron los pautados de los anuncios –con los horarios de cada partido– y los materiales a transmitir. Sin embargo, hasta el momento de la denuncia presentada por el PRD ninguna televisora había difundido los promocionales.
El artículo 354 de la legislación electoral fija las sanciones a que se hacen acreedores los concesionarios de radio y televisión que incurran en el anterior supuesto, que van desde la amonestación pública a multas de cien mil días de salarios mínimos para televisoras y 50 mil días de salarios mínimos para radio, montos que se duplicarán en caso de reincidencia.

SERVICIO INFORMATIVO 374



Ciudad de México, 12 de marzo de 2008

Servicio informativo núm. 374

Sumario:
I. Pronunciamiento de Rosario Ibarra sobre los derechos humanos de Lucía Morett
II. Ante la beligerancia, la razón. Respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas a ataques de Mouriño
III. Ciclos caseros de cine, por Laura Itzel Castillo
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PRONUNCIAMIENTO DE LA SENADORA ROSARIO IBARRA SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANA MEXICANA LUCÍA ANDREA MORETT ÁLVAREZ EN QUITO, ECUADOR
El pasado 1º de marzo, el ejército colombiano perpetró un ataque en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En dicho ataque murieron 23 personas, entre ellas varios mexicanos, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, resultando herida además Lucía Andrea Morett Álvarez, egresada también de nuestra Máxima Casa de Estudios y que convalece en un hospital de Quito, Ecuador.
Tanto Lucía como los mexicanos que lamentablemente fueron asesinados no eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que se encontraban circunstancialmente en el campamento bombardeado. Resulta profundamente triste que haya habido personas que se escandalicen por la presencia de mexicanos en un campamento de dichas fuerzas colombianas, prejuzgando sobre su línea de pensamiento o preferencias políticas, cuando lo que debe escandalizarnos es la forma atroz en la que perdieron la vida y el terrible sufrimiento por el que ahora atraviesan sus familiares.
No conforme con los asesinatos, el gobierno colombiano pretende que se extradite a Lucía Andrea Morett Álvarez para incoarle una causa penal; al gobierno de Ecuador le pido, en un afán humanitario, que no ceda a las ignominiosas presiones del gobierno de Colombia que busca desconocer los derechos humanos de Lucía.
La acción militar del gobierno colombiano constituye un terrible agravio a la soberanía de Ecuador y al pueblo ecuatoriano, pues además de destrozar la más elemental esencia de respeto a los derechos humanos, abre peligrosamente la puerta al unilateralismo en las relaciones internacionales, en especial en nuestra región latinoamericana.
Como senadora de la República y habitante de nuestra entrañable América Latina, condeno enérgicamente la posición belicista y autoritaria del gobierno colombiano, puesta en evidencia con este acto de agresión a un país hermano de cultura y de idioma.
Al pueblo y al gobierno ecuatoriano, les expreso mi solidaridad ante el acto de barbarie del que fueron objeto, manifestación del imperialismo irracional que pretende socavar nuestras relaciones, pero que jamás campeará entre nuestros pueblos latinoamericanos.
Muchas graciasRosario Ibarra
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ANTE LA BELIGERANCIA, LA RAZÓN. RESPUESTA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS A ATAQUES DE MOURIÑO
Al pueblo de México:
En relación con las declaraciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, publicadas en el periódico Reforma, queremos hacer los siguientes comentarios y precisiones:
Cuestiona el Sr. Mouriño los supuestos “privilegios laborales del SME” y advierte que nuestro gremio puede generar “muchos problemas…”. A este respecto señalamos, primero, que todas las conquistas y prerrogativas contenidas en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo son derivadas de la aplicación del aArtículo 123 constitucional y de la propia Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que constituyen derechos legítimos e irrenunciables para los trabajadores; segundo, que la misma Constitución reconoce el legítimo derecho a la huelga cuyo objeto queda inscrito en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. De manera tal, rechazamos categóricamente que nuestra organización sindical, con más de 93 años de existencia y en pleno ejercicio de la democracia, pueda constituir un problema para el país. Como para el Sr. Mouriño los derechos son privilegios, luego entonces la Constitución, para él, es un peligro.
Nos acusa también de mantener “un falso sentido nacionalista”, cuando precisamente es su nacionalidad la que está severamente cuestionada por la sociedad mexicana. Como todo mundo sabe, el Sr. Mouriño no ha acreditado en forma convincente el cumplimiento del artículo 91 constitucional, lo que pone en duda su sentido nacionalista, sobre todo ahora que, desde la Secretaría de Gobernación, promueve su desmedido afán de privatizar el sector energético nacionalizado. Aunado a ello, está a la vista de la opinión pública el debate acerca de los privilegios que logró como funcionario de la Secretaria de Energía para beneficio de sus negocios familiares, cosa que sí desestabiliza el desarrollo de la vida política nacional.
Cuando el Sr. Mouriño advierte que de no resolverse la negociación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo con Luz y Fuerza del Centro a través del diálogo se producirá una situación riesgosa, ignora que existe desde el 15 de febrero del año en curso una mesa de diálogo y negociación con la empresa. Si como le mandata la fracción XVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, favoreciera las condiciones para permitir la “construcción de acuerdos políticos y consensos sociales”, el Sr. Mouriño tendría cuidado de observar respeto por la mesa de negociación. Del mismo modo, su falta de oficio político se expresa también en el fracaso de la mesa de negociación instalada para resolver las justas demandas del “movimiento campesino, sindical y ciudadano en defensa de la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas”, lo cual nutre la inconformidad de amplios sectores de la población que han sido severamente golpeados por el modelo económico neoliberal a lo largo de los últimos 25 años.
Finalmente, el Sindicato Mexicano de Electricistas refrenda su compromiso con la sociedad para modernizar a Luz y Fuerza del Centro y mejorar la prestación del servicio público de electricidad, basado siempre en el respeto al párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Ley Suprema. Refrendamos nuestro genuino sentido nacionalista que a lo largo de la historia reciente del país se ha expresado, no en declaraciones banales como las del Sr. Mouriño, sino en acontecimientos trascendentales como fue el rescate de la industria eléctrica mexicana de manos de empresas extranjeras en 1960; la construcción del Sistema Interconectado Nacional, el acceso a la electricidad de más de 97% de la población mexicana, el tiempo récord para la restitución del fluido eléctrico durante los trágicos acontecimientos del sismo de 1985. Así mismo, en la presente revisión de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, luchamos por una tarifa social que beneficie a los que menos tienen, por la construcción de más infraestructura eléctrica en nuestra zona de atención que mejore la calidad del servicio y el acceso para toda la población, a bajo costo, del servicio de telefonía básica e internet.
Atentamente“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”México, D. F., a 9 de marzo de 2008
Comité CentralComisiones AutónomasSindicato Mexicano de Electricistas
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CICLOS CASEROS DE CINEpor Laura Itzel Castillo(publicado en El Gráfico el 12 de marzo de 2008)
No hay que darle muchas vueltas a este asunto: Juan Camilo Mouriño debe ser sancionado política y penalmente. La documentación probatoria es contundente y las leyes, muy claras.
Además, el acusado ha aceptado que firmó los contratos en su calidad de apoderado legal de la empresa familiar, no obstante fungir primero como diputado y luego como alto funcionario del gobierno federal. En otras palabras, se trata de un delincuente confeso, que encaja perfectamente en la definición de traficante de influencias que hizo la entonces senadora Luisa María Calderón, hermana de Felipe, en julio de 2003, al presentar su proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Constitución Política de México, a fin de sancionar más severamente este ilícito.
Hasta los intelectuales orgánicos del régimen —esa especie de estiércol que abona las ideas del gobierno espurio— creen que este escándalo es un “desastre político” para Los Pinos y urgen a Calderón a prescindir del joven de los contratos. La “reforma energética”, dicen, está en juego.
Y es que, hasta hoy, han sido incapaces de justificar lo injustificable.
Ni siquiera el tunante de Germán Martínez (¿qué adjetivo usó para referirse a los hijos de Marta Sahagún?) tan “legal y ético” él, ha podido defender a su colega.
Lógico: ¿cómo defender lo indefendible? El viejo truco de descalificar al denunciante, en lugar de responder a la denuncia, sólo exhibe su hipocresía.
Tan lamentable ha sido el papel del dirigente panista, que Diego Fernández de Cevallos le ha recomendado “no perder el partido” por defender a Mouriño. Sintomático y aleccionador que este distinguido traficante de influencias apoye una investigación por los mismos delitos de los que él ha sido acusado.
Desde luego, la postura de Diego nada tiene que ver con la ética ni con la moral. Es un asunto estrictamente utilitario. No hay que olvidar que la política es percepción y que las encuestas muestran, por altísimo porcentaje, la condena de la sociedad mexicana a la actuación de Mouriño.
Paradojas del destino: con su proyecto de decreto, Luisa María Calderón pretendía que los legisladores estuvieran impedidos para fungir al mismo tiempo como contratistas o proveedores del Estado, o litigar asuntos relacionados con éste. La iniciativa tenía dedicatoria: Diego Fernández.
Así lo reveló la autora tiempo después (ElUuniversal, 29/08/2003). La propuesta contaba con el respaldo de Felipe Calderón. Sin embargo, ahora se han invertido los papeles. ¿Qué declaró Diego recientemente? Casi nada: “México ya está cansado de escándalos y de acusaciones de todo tipo; lo que procede en todo caso, sea éste o cualquier otro, es que las autoridades investiguen y den a conocer el resultado de las investigaciones…”.
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Identificados, los cuatro muertos en Ecuador

Dpa
Quito, 12 de marzo. El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra, manifestó hoy que “está preliminarmente confirmado que los cuerpos que se han identificado son de los cuatro muchachos”, refiriéndose a estudiantes mexicanos que visitaban Ecuador.
Parra indicó que faltan las pruebas de ADN para confirmar las identidades de los jóvenes fallecidos, pero que sus familiares ya los reconocieron.
Fuentes de la embajada de México en Quito indicaron que sólo se ha identificado a dos de los estudiantes caídos durante el bombardeo militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.
La Aldhu indicó que los nombres de los identificados son Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés.
Ellos habrían sido reconocidos entre los 23 cadáveres que reposan en la morgue de Quito, tras la acción militar de Colombia. Las autopsias ya se realizaron y la dirección de Medicina Legal de esta ciudad espera información de Colombia y México para cotejar huellas dactilares y realizar pruebas de ADN.
La Aldhu representa a los jóvenes mexicanos en una acción legal contra el gobierno de Bogotá por violación de los derechos humanos.

Hay intereses oscuros al atacar a la UNAM, dice Villa Rivera

Siempre han existido intentos de denostarla, afirma Rosaura Ruiz
■ El director del IPN lamenta el fallecimiento de un egresado
Emir Olivares Alonso
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) salió en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante la campaña mediática que trata de convencer a la población de que en la máxima casa de estudios se crean guerrilleros, después de que investigadores y alumnos mexicanos fallecieron durante el ataque de elementos del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ubicado en Ecuador.
Enrique Villa Rivera, director general del IPN, afirmó que los ataques contra la UNAM por esos hechos “obedecen a intereses oscuros”. Agregó que se trata de “una campaña desafortunada, porque las universidades públicas son centros de conocimiento y espacios de libertad”.
Ataques absurdos, señala Rosaura Ruiz
Después de participar en la inauguración del auditorio Galileo Galilei, de la Academia Mexicana de Ciencias, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Rosaura Ruiz, calificó de absurdos los ataques y dijo que “siempre han existido intentos para golpear a la universidad, pero ésta siempre sale adelante”.
Antes, el ex rector Juan Ramón de la Fuente aseguró que cuando él tuvo que fijar su posición al respecto, hace más de cuatro años, lo hizo.
En alusión a que en julio de 2003 el entonces embajador de Colombia en México, Luis Ignacio Guzmán, acusó que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM existía una oficina de las FARC, De la Fuente sostuvo: “en su momento fijé con toda claridad mi posición, ahora no tengo nada que decir. Cuando tuve que hacerlo lo hice puntual”.
Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, envió el pésame a las familias de los jóvenes que fallecieron en Ecuador.
–¿Envía el pésame a los familiares de los fallecidos?
–Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Como padre de familia, como cualquier pérdida de un hijo.
Al referirse a la campaña contra la UNAM, Villa Rivera la calificó de muy desafortunada, debido a que las universidades públicas son espacios de libertad. Aclaró que eso no significa que en su interior se aniden grupos revolucionarios. “Atacar a esa casa hermana, fundamental para nuestro país, conlleva ciertos intereses oscuros”.
Lamentó que un egresado del IPN, Soren Ulises Avilés Ángeles, que estaba en el campamento de las FARC junto con estudiantes de la UNAM, haya muerto durante el ataque.
Rosaura Ruiz expuso que la máxima casa de estudios respeta y defiende la libertad de pensamiento. Recordó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos en la frontera de Colombia y Ecuador, “el rector José Narro ha exigido respeto a los derechos humanos de los jóvenes”.
Acerca de Lucía Andrea Morett Álvarez, quien sobrevivió al ataque, la funcionaria señaló que lo importante en este momento es su seguridad, y dijo que la UNAM la apoyará a concluir sus estudios y su titulación.
Destacó la necesidad de que el gobierno mexicano haga un reclamo a las autoridades correspondientes para saber lo que realmente ocurrió en ese lugar. “Lo único que solicitamos es que garanticen los derechos humanos de Lucía y de todos nuestros estudiantes”. Ruiz dijo que aunque no se verán afectados los programas de intercambio estudiantil entre México, Ecuador y Colombia, que mantiene la UNAM, ahora “tendremos que buscar la manera de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes”.

Protestan contra Colombia

Georgina Saldierna
Organizaciones defensoras de derechos humanos de México y Ecuador criticaron ayer al gobierno calderonista por no haber brindado apoyo consular a Lucía Morett Álvarez, quien resultó herida en un ataque de militares colombianos contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en Ecuador.
Los reclamos de esas agrupaciones se dieron a conocer durante un mitin que realizaron decenas de jóvenes frente a la embajada de Colombia. Ahí reprobaron el bombardeo y exigieron que cese la criminalización de los connacionales que perdieron la vida en esa acción.
Resaltó la presencia en el mitin de María Álvarez Moctezuma, tía de Lucía Morett, quien dijo que las heridas que sufrió su sobrina le pueden causar daños irreversibles y resaltó que no es guerrillera ni forma parte de algún grupo que con fundamentos o sin ellos luche contra cualquier institución establecida.
Lucía, subrayó, es “estudiante, investigadora y una chica muy valiosa. Pedimos para ella el reconocimiento como víctima de esta situación”, demandó.
Durante la manifestación efectuada en la avenida Paseo de la Reforma, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, criticó a la cancillería mexicana porque no ha condenado el ataque de las tropas colombianas y la muerte de los connacionales, ni ha brindado el apoyo consular necesario y adecuado.
Consideró que el gobierno mexicano demuestra negligencia y complicidad al actuar de esa manera, y recordó que el embajador de México en Ecuador visitó a Lucia seis días después de su llegada al Hospital Militar sólo para saber qué hacía en Ecuador.
En tanto, la embajada de México en Ecuador informó que los familiares de Fernando Franco Delgado identificaron plenamente los restos del estudiante y pidieron la expedición del acta de defunción, para su repatriación.

Lucharemos hasta que se reconozca el genocidio, afirma Jorge Luis Morett


Lucía Morett Álvarez, única mexicana sobreviviente del bombardeo colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Ecuador, no pudo llamar a su casa hasta el 2 de marzo, cuando ya estaba internada en el nosocomio militar de Quito. Contestó María Jesús, Chuy, su madre. “Ma’ –le dijo–, no te asustes, pero tuve un pequeño accidente aquí en Ecuador. Estoy en el hospital.”
Ahora, cuando están juntas y platican, se acuerdan de la anécdota y ríen hasta que Lucía pide tregua, porque la risa le provoca dolor en sus lesiones. Pero Chuy y Jorge Morett, que conversa en entrevista telefónica con La Jornada desde esa ciudad, tuvieron la fortuna de que su hija sobreviviera.
Los padres de Juan, Verónica Natalia, Fernando y Soren no tuvieron la misma fortuna. Sus hijos murieron. Los progenitores de los tres primeros ya están en Quito y han podido confirmar, con las autoridades de la morgue municipal, la identidad de los chicos. Al padre de Soren Ulises, estudiante politécnico, aún lo esperan.
“Ya nos vimos todos, nos abrazamos y hemos llorado juntos. Ellos encontraron los cuerpos de sus hijos en condiciones tremendas. ¿Te imaginas que un papá tenga que identificar a un hijo por una mano o un pie?”, cuenta Morett, antropólogo, como su esposa, y maestro de sociología rural en la Universidad Autónoma Chapingo.
Formarán una asociación de padres de la masacre
Hermanados por la tragedia, los mexicanos han empezado a platicar una idea: “Queremos formar una asociación de padres de la masacre de Lago Agrio. No sé cómo la vamos a llamar. Queremos formalizar el grupo cuando estemos todos”.
Morett se duele de la conducta de las autoridades de su país: “El gobierno mexicano ha guardado silencio y este silencio puede ser cómplice. Nuestros hijos, y lo digo así porque ya siento a todos como míos, eran mexicanos desarmados, civiles que fueron masacrados mientras dormían. Y el gobierno responde con que esperará las investigaciones para ver qué es lo que estaban haciendo ahí. No es así”.
Opina que, “conforme al derecho internacional, México tendría que irse a una condena a fondo contra Colombia y contra quien apoyó a ese país en el ataque. Y esto implica contradicciones para el gobierno actual”.
Se queja, de manera específica, de la insensibilidad con la que se condujo el embajador José Ignacio Piña, director del área de América Latina de la cancillería, enviado para atender en Quito el caso de los mexicanos caídos en el ataque aéreo colombiano. “Llegó al hospital con el embajador Héctor Romero. Por primera vez, ante ellos, nuestra hija pudo hacer un relato detallado del horror que sufrió. En una secuencia muy fuerte, muy emotiva, relató que llegó a contar 12 bombas.
“Yo la escuchaba conmocionado. Imagínate, como padre, escuchar eso. Lo más terrible para ella fue la vejación sexual que sufrió al tiempo que le daban los primeros auxilios, los comentarios humillantes y obscenos de los militares colombianos frente a una mujer herida. Eso me parece una agravante imperdonable.
“Luego Lucía destacó la amabilidad del trato de los ecuatorianos y el contraste con la frialdad del cónsul mexicano que la había estado visitando, por minutos, en el hospital. Y les reclamó a los señores embajadores. Creo que no les gustó, porque Piña se retiró sin siquiera despedirse de ella.”
Además de atravesar “los días más angustiosos de nuestras vidas” por la tragedia, las familias de las víctimas “hemos tenido que soportar los señalamientos de algunos medios de prensa, sobre todo mexicanos, que toman como información veraz, sin análisis alguno, supuestas fichas de órganos de inteligencia que consideran a los muchachos caídos subversivos, guerrilleros y poco menos que narcotraficantes”.
Jorge Morett estalla: “¡Es un asco! Además, como Lucía es la única que vivió del grupo, la tildan de ser la dirigente, la coordinadora, la que lleva la mayor carga de culpa. O como dijo aquí, ofensivamente, un periódico, ‘la mera mera guerrillera’. No se puede calificar a los chavos así”.
Por el contrario, insiste, estos chicos eran “inconformes, cada uno tenía sus causas, sus luchas. Son de la gente más valiosa del país. Jóvenes con inquietudes sociales, con responsabilidad ante el país y su gente. Si nuestros hijos tuvieron tantas inquietudes, si querían cambiar tantas cosas injustas, nosotros, ahora, no los podemos defraudar. Y así pasesn muchos años para que logremos la justicia por nuestros hijos, no vamos a cejar. Como hicieron los chilenos, que esperaron tanto tiempo para que se reconociera el genocidio. Vamos a luchar contra esta violencia atroz”.
En la medida en que habla, Morett se emociona: “Yo y Chuy somos los únicos del grupo que tenemos la suerte de contar con nuestra hija, de poderle darle todos los días su masaje en la cama del hospital”.
Analiza que, a sus 26 años, Lucía lleva hoy una carga tremenda por haber sido la única sobreviviente. “Su mamá y yo nos damos cuenta cómo bulle su cabeza de ideas. Queremos dejar que fluyan sus pensamientos, que hable lo que quiera, que nos vaya contando cómo fue, qué es lo que siente”.
Su preocupación inmediata son las dos colombianas, Doris Bohórquez y Marta Pérez, que también sobrevivieron y son compañeras de cuarto de su hija en el hospital. “Las hemos adoptado. Ahora llevamos manzanas para las tres, champú y chunches para el pelo para las tres. Ellas, si no fuera por las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas, estarían en una gran soledad.”

En concreto


En concretoLaura Itzel Castillo12 de marzo de 2008
La hermana de Calderón y el mouriñogate
No hay que darle muchas vueltas a este asunto: Juan Camilo Mouriño debe ser sancionado política y penalmente. La documentación probatoria es contundente y las leyes, muy claras.
Además, el acusado ha aceptado que firmó los contratos en su calidad de apoderado legal de la empresa familiar, no obstante fungir primero como diputado y luego como alto funcionario del gobierno federal. En otras palabras, se trata de un delincuente confeso, que encaja perfectamente en la definición de traficante de influencias que hizo la entonces senadora Luisa María Calderón, hermana de Felipe, en julio de 2003, al presentar su proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Constitución Política de México, a fin de sancionar más severamente este ilícito.
Hasta los intelectuales orgánicos del régimen —esa especie de estiércol que abona las ideas del gobierno espurio— creen que este escándalo es un “desastre político” para Los Pinos y urgen a Calderón a prescindir del joven de los contratos. La “reforma energética”, dicen, está en juego.
Y es que, hasta hoy, han sido incapaces de justificar lo injustificable.
Ni siquiera el tunante de Germán Martínez (¿qué adjetivo usó para referirse a los hijos de Marta Sahagún?) tan “legal y ético” él, ha podido defender a su colega.
Lógico: ¿cómo defender lo indefendible? El viejo truco de descalificar al denunciante, en lugar de responder a la denuncia, sólo exhibe su hipocresía.
Tan lamentable ha sido el papel del dirigente panista, que Diego Fernández de Cevallos le ha recomendado “no perder el partido” por defender a Mouriño. Sintomático y aleccionador que este distinguido traficante de influencias apoye una investigación por los mismos delitos de los que él ha sido acusado.
Desde luego, la postura de Diego nada tiene que ver con la ética ni con la moral. Es un asunto estrictamente utilitario. No hay que olvidar que la política es percepción y que las encuestas muestran, por altísimo porcentaje, la condena de la sociedad mexicana a la actuación de Mouriño.
Paradojas del destino: con su proyecto de decreto, Luisa María Calderón pretendía que los legisladores estuvieran impedidos para fungir al mismo tiempo como contratistas o proveedores del Estado, o litigar asuntos relacionados con éste. La iniciativa tenía dedicatoria: Diego Fernández.
Así lo reveló la autora tiempo después (EL UNIVERSAL, 29/08/2003). La propuesta contaba con el respaldo de Felipe Calderón. Sin embargo ahora se han invertido los papeles. ¿Qué declaró Diego recientemente? Casi nada: “México ya está cansado de escándalos y de acusaciones de todo tipo; lo que procede en todo caso, sea éste o cualquier otro, es que las autoridades investiguen y den a conocer el resultado de las investigaciones…” consejodedefensadelavivienda@gmail.com

Desde 2006, Mouriño se ha negado a que se hagan públicos sus bienes


A partir del año 2006, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y lo mismo ocurre con Karim Elías Bobadilla, uno de los personajes cercanos al funcionario, quien ocupa un puesto clave en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los datos están incluidos en el expediente que sobre el caso Mouriño presentó un día antes en la Junta de Coordinación Política del Senado el perredista Carlos Navarrete, y que hoy será discutido en ese órgano de gobierno de Xicoténcatl.
Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, dijo que le sorprende que las declaraciones patrimoniales de Mouriño y otros funcionarios, que son documentos de carácter confidencial, “circulen de esa manera”, lo que se parece mucho “al fuego amigo”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, rechazó esa hipótesis y sostuvo que más bien se trata de “fuego adversario”, ya que proviene de Andrés Manuel López Obrador y “de una contienda interna que se da en un partido”.
Sin embargo, el senador perredista Ricardo Monreal insistió en que los documentos han llegado a López Obrador por conducto de funcionarios de Pemex y otras dependencias, que fueron despedidos “cuando Calderón se apoderó de la Presidencia”.
Agregó: “Hay profesionistas capaces, honrados, que no están de acuerdo en la rapiña de Mouriño y su grupo”.
En el expediente que Navarrete entregó un día antes a los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado, se resalta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
En las cuatro primeras, que van del 5 de diciembre de 2003 al 4 de noviembre de 2005, el ahora secretario de Gobernación declaró contar con dos casas, una con valor de 484 mil pesos, y la otra de 2 millones 570 mil. Asimismo, dos automóviles: un BMW, de 655 mil pesos, y una camioneta Gran Cherokee, de 230 mil, además de bienes muebles por un millón de pesos e inversiones por 698 mil.
A partir de 2006, como beneficiario del fideicomiso para apoyar el cambio de administración federal, y como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Mouriño Terrazo no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
Igualmente, Elías Bobadilla, uno de los funcionarios cercanos al titular de Gobernación que ocupa un puesto estratégico como titular del órgano interno de control de Pemex Exploración y Explotación –tiene a su cargo la investigación de licitaciones y adjudicaciones de contratos– no aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en 2007.
Beltrones dijo que están dispuestos a que hoy los senadores del PRI que son abogados se reúnan con los del PRD y del Frente Amplio, para analizar los documentos sobre el caso Mouriño.
El priísta rechazó integrar una comisión investigadora en el Senado, pero no descarta que se conforme “un grupo de trabajo que analice los documentos, vea su consistencia y la posibilidad de establecerles destino”.
Sin embargo, aclaró, ello sería hasta después de Semana Santa.

Atoran AN y PRI crear la comisión Mouriño; pugna perredista, pretexto


Nuevamente, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados retrasaron la integración de una comisión especial que investigue los contratos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con Pemex Refinación, y utilizaron como pretexto las diferencias internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su proceso interno, que se reflejaron en un agrio intercambio verbal entre Ruth Zavaleta y Valentina Batres, quien en tribuna reprochó lo que llamó proclividad panista de la presidenta de la mesa directiva.
Además de la pugna por el objeto, duración y alcances de la comisión, este miércoles se agregó la disputa sobre qué grupo parlamentario la presidiría. Mientras Acción Nacional propuso a Obdulio Ávila, hombre del círculo del presidente Felipe Calderón, el tricolor puso en la mesa el nombre del guanajuatense Carlos Chaurand, en tanto que el PRD sugirió que esa instancia esté a cargo de Antonio Ortega Martínez, quien se perfila como el más viable candidato.
Ayer, panistas y priístas aprovecharon que la fracción perredista dirimió en el pleno sus diferencias por la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, para alegar que no había condiciones para discutir la conformación del grupo de trabajo que investigará los contratos que Mouriño firmó como representante legal de Transportes Especializados Ivancar.
Los legisladores de ambos grupos parlamentarios abandonaron el salón de sesiones, y el coordinador blanquiazul, Héctor Larios Córdova, utilizó la coyuntura para no convocar a la Junta de Coordinación Política, donde se abordaría nuevamente el Ivangate –como lo ha definido el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia–, y anunciar que será hasta este jueves cuando se reanuden las negociaciones.
“La junta fue citada y no tuvo la asistencia de los coordinadores por los problemas en el pleno”, dijo Larios. En el mismo tenor, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, dijo que si bien no basta con que Mouriño diga que no incurrió en tráfico de influencias, porque esto lo debe determinar la comisión, “con lo que ocurrió creo que se va a retrasar”.
Ambos se referían al intercambio entre Valentina Batres y Zavaleta, a quien sus compañeras de bancada le reprocharon su silencio ante los gritos soeces de los panistas, el martes pasado, contra la diputada Layda Sansores Sanromán.
En tribuna, y mientras continuaba la discusión de los artículos reservados de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Batres pidió a la presidenta de la mesa directiva manifestarse en contra “de las expresiones vulgares de que fue víctima nuestra compañera Sansores. Podemos tener diferencias políticas, pero usted –volteó a verla– se ha manifestado puntualmente en contra de lo que ha llamado ‘misoginia’. Y me parece que usted se exprese solidariamente en contra de esos agravios”.
En el mismo sentido se refirieron, desde su curul, las perredistas Susana Monreal Ávila y Mónica Fernández Balboa, quien además punzó en el hecho de que si bien la mesa directiva llamó a los legisladores a “hacer a un lado las expresiones y actitudes ofensivas y discriminatorias”, Zavaleta no se comprometió a condenar el hecho y exigir una disculpa pública del PAN para Layda Sansores.
También desde su curul, la panista María del Pilar Ortega justificó los gritos de “¡tubo, tubo!” y “¡bubis piratas, bubis piratas!” de sus compañeros, al argüir que “hubo falta de respeto por la mayoría de los integrantes de esta Cámara”.
Incómoda por los reproches, y antes de que Batres continuara su argumentación en contra del dictamen de la ley a discusión, Ruth Zavaleta se vio obligada a exhortar “a todos”, y no a los panistas que encabezaron la agresión, “para que se respete a la compañera Layda Sansores en las expresiones que ella quiera hacer. Denuesto (sic) cualquier actitud misógina y no estoy de acuerdo en que suceda”.
Cuando Zavaleta quiso abundar en la discusión y dar la palabra a panistas y priístas, Valentina Batres le recordó que no podía interrumpirla.
–Le recuerdo –exclamó Zavaleta– que el artículo 105 del reglamento me faculta y la llamo al orden.
–Estoy en el uso de la palabra (diputada) Ruth Zavaleta.
–¡Sujétese al tema que estamos discutiendo! –se descompuso la presidenta.
–Le pido que respete mi derecho de expresión y yo sabré cómo uso esta tribuna –replicó Batres.
En ese momento, Larios y Gamboa ordenaron a sus bancadas retirarse del salón, al considerar que Zavaleta fue “insultada” y ello les permitió zafarse, una vez más, de aprobar la comisión que investigará a Mouriño.
Además, en sólo 24 horas, Zavaleta modificó radicalmente su discurso a causa del regaño que su corriente, Nueva Izquierda, le aplicó, porque su actitud pro panista ha afectado –le dijeron– la candidatura de Jesús Ortega a presidir el partido del sol azteca. Para sorpresa de la mayoría de diputados y periodistas, la perredista exigió la renuncia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
La escasa pericia para sobrellevar las sesiones ordinarias en San Lázaro, su inexplicable complacencia con las bancadas de PAN y PRI, el asumirse como el centro de los “ataques políticos” de su propio partido y la indignación que provocó su pasividad frente a los denuestos panistas contra las diputadas Layda Sansores y Valentina Batres, dio origen ayer a que la fracción perredista constituyera una comisión para unificar el criterio en torno al delicado tema de la privatización de Petróleos Mexicanos, resolutivo que estará obligada a asumir.
Al concluir la sesión, y tras un debate entre legisladores perredistas, cuyo tema se centró en la descomposición que ha propiciado Zavaleta, el grupo de trabajo quedó conformado por Alejandro Sánchez Camacho, Octavio Martínez, Javier González Garza y Humberto Zazueta.

Sabado 15 de marzo en el Círculo Buzón Ciudadano, a las 11 am‏

Asunto: Sabado 15 de marzo en el Buzón Ciudadano
El invitado especial de éste sábado será Carlos Fazio, quien hablará sobre los temas del ASPAN Y EL PETROLEO. La cita como ya saben es a las 11 de la mañana en el parque de la colonia Postal, en la colonia Alamos. Cerca metro Villa de Cortes. Entre Tlalpan y Eje Central. Por ahi nos vemos, saludos

CARTONES DE LA JORNADA