Es inhumana, considera el obispo Felipe Arizmendi
Provoca rechazo la iniciativa priísta de castrar a violadores
El Estado no está para vengar ilícitos, sino para aplicar justicia: PAS
Inmujeres desconoce alcance de la medida
Carolina Gómez, Fabiola Martínez, Rocío González y Andrea Becerril
La propuesta presentada por la fracción priísta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sobre castrar químicamente a los violadores y pederastas provocó rechazo en la Iglesia católica y partidos políticos, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres mostró sus reservas acerca de la efectividad que pueda tener una medida de ese corte.
Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, calificó la medida como “inhumana” y sostuvo que a razón de ello “hay que buscar caminos más adecuados y más justos” para abordar el tema y el castigo a los agresores.
En el marco de la 84 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Arizmendi sostuvo que la castración química es “severa” y apuntó que el mejor “camino es la “educación y la formación” para prevenir estas conductas.
Aparte, Rocío García Gaytán, presidenta del Inmujeres dijo por el momento, no saber si una ley así servirá para disminuir ese tipo de violencia hacia las mujeres. “No sé si es una buena ley, sé que en Estados Unidos se ha aplicado, sé que hay denuncias también de derechos humanos por la aplicación de la misma.
La verdad no soy médica y desconozco cuáles serían los daños colaterales. En cuanto a la capacidad que tenga una legislación de ese corte en la inhibición de las violaciones, la funcionaria, durante la ceremonia de entrega de premios por la equidad de género en los medios refirió que esta medida se aplicaría a quienes “ya están presos” y dejó entrever que al estar recluidos las posibilidades de que agreda a otra mujer son pocas. En este tenor no le pareció congruente la medida.
Consideró que esta medida tendría mayor efecto entre los reincidentes. “Lo poco que alcancé a leer ahorita en la mañana se habla de aquellos que ya están presos para que les vaya bajando el líbido (sic), porque se reconoce también como un problema sicológico y médico, en algunos casos, a violadores”, señaló.
No obstante, comentó –en entrevista– que en México la impartición de justicia no es lo efectiva que se quisiera, por lo que es necesario evaluar a fondo una propuesta de esa naturaleza, “considerable de analizar”.
Por separado, el coordinador del Partido Alternativa Socialdemócrata en el Distrito Federal, Jesús Robles Maloof, también se pronunció en contra de esta iniciativa, al considerar que el Estado no puede “vengar ilícitos” sino aplicar la justicia.
El dirigente mostró sus reservas a esta propuesta, pues al igual que en otros delitos el problema está en la impunidad que existe, primero “habrá que aplicar las leyes que tenemos, y después pensar en otras medidas”, apuntó.
“No veo cuál será la solución con esta medida”, expresó al señalar que su aplicación en otros países ha generado protestas, porque se atenta con los derechos humanos.
En coincidencia, Silvia Solís, directora de comunicación social de este partido, afirmó que no es castigando de esta manera a los delincuentes sexuales como se van a resolver las violaciones hacia las mujeres, que según, aseguró, suman 7 al día.
“Desde nuestra perspectiva se debe pensar en una estrategia integral”, dijo, tras anunciar que el próximo 20 de noviembre, realizarán una caminata nocturna para exigir seguridad para las mujeres.
Quien respaldo la iniciativa fue la presidenta de la comisión del Distrito Federal en el Senado, la priísta, María de los Angeles Moreno, quien argumentó que puede considerarse de manera favorable ese planteamiento siempre y cuando se demuestre que se trata de un violador reincidente por más o dos ocasiones, ya que tampoco se trata de caer en injusticias en un tema tan delicado.
Señaló que no sólo las mujeres sino también los niños son objeto de violaciones que ameritan penas sumamente graves como esta que se propone y que no implica quitarle la vida al delincuente, sino a través de tratamientos médicos o químicos impedir que pueda seguir “cometiendo fechorías”.
A su juicio no se vulnera la Constitución, y hay que explicar que lo que se ha denominado castración química no implica mutilar al delincuente sino inhabilitarlo de forma en que deje de tener potencia para lesionar de por vida a otras personas.
