El consorcio Puerto Mío pertenece a McCarthy, director del Fonatur con Vicente Fox
ROBERTO RAMIREZ BRAVO, I
Los documentos dejan poco lugar a dudas: con recursos públicos se prepara la construcción de un muelle de cruceros para el desarrollo Puerto Mío en la bahía de Zihuatanejo.
Durante 17 años la empresa Desarrolladora Punta Mar, SA de CV, propietaria de ese consorcio turístico, hizo todos los trámites legales: obtuvo la concesión federal, pagó la licencia de construcción, presentó su manifestación de impacto ambiental, y todavía en 2005 contrató con la UNAM una opinión técnica con respecto a este último documento, y sólo tuvo como freno a su proyecto, que de otro modo iría viento en popa, a la oposición permanente de los integrantes de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y en últimas fechas, del Movimiento del Pueblo en Defensa de la Bahía.
Confrontado con estas organizaciones, que han impulsado desde la movilización hasta la acción legal y la denuncia internacional, Puerto Mío no lograba concretar su proyecto, hasta que en marzo del año pasado la intervención del alcalde Silvano Blanco Deaquino destrabó una gestión largamente frenada. El 7 de noviembre de 2006, mediante oficio PM/0642/2006, el munícipe solicitó al presidente Felipe Calderón la construcción de un muelle de cruceros, y el 5 de marzo siguiente reiteró la solicitud, misma que fue atendida de inmediato, y en menos de un año se elaboró el proyecto y se anunció que en febrero comenzarían los trabajos para construir el muelle que Punta Mar no pudo en tanto tiempo.
Sin embargo, los documentos que la empresa utilizó para sus trámites, así como el proyecto que ahora es adjudicada por la SCT, con base en la petición del alcalde, todos en poder de La Jornada Guerrero, constatan que en realidad se trata de la misma obra.
Según los ambientalistas de la Rogaz, el fondo del asunto es la versión, que ha persistido durante los últimos 17 años, de que el propietario real del consorcio Puerto Mío no es otro más que John McCarthy Sandland, el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) del gobierno de Vicente Fox.
La historia documental
El 28 de mayo de 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari dio comienzo a esta historia al emitir un decreto para desincorporar diversas superficies del recinto portuario de Zihuatanejo y autorizar a la ya desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, cuyo titular era el ahora perredista Manuel Camacho Solís) a enajenarlas en favor de Promotora Turística para construir “un desarrollo náutico-turístico”.
Tres años más tarde, el 29 de agosto de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión por 30 años en favor de Inmobiliaria Punta del Mar SA de CV para la “construcción, operación y explotación de una terminal portuaria para cruceros turísticos”.
Esta empresa desataría uno de los más intensos movimientos de oposición luego de que el 14 de abril de 1994, tres años después, la dirección general de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con oficio DGN-2833, autorizó a Punta del Mar SA la Manifestación de Impacto Ambiental, con la que se construiría un espigón frente al hotel Puerto Mío, que “afectaba el flujo de las corrientes marinas, además de contribuir a la desaparición de la playa El Almacén y laterar el azolve con lodos en esa zona de la bahía, afectando los bancos de ostiones, almejas”, según se lee en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de septiembre de ese año.
Una prueba de que el muelle que ahora se anuncia con recursos de la SCT, es la licencia de construcción para el mismo, con número 0567, que se expidió el 21 de noviembre de 2000 durante el gobierno municipal del priísta Jorge Allec Galeana, en favor de Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV.
En ese documento, firmado además del alcalde, por la directora de Desarrollo Urbano, Concepción del Carmen Rivera Martell, no tiene ninguna especificación más que la indicación de un área total de 336 metros cuadrados. Por la obtención de este documento, básico para el desarrollo de la obra, la empresa pagó al día siguiente –según recibo 2618– la cantidad de 15 mil 160 pesos a pesar que, según denunció en su momento el ex encargado del proyecto, Eligio Peñaloza, debieron pagar 1 por ciento del costo del mismo. El director responsable de la obra que no apareace en la licencia de construcción, sino sólo en una solicitud anexa, es el ingeniero José Ascencio Peñaloza Bustos.
A pesar de toda la oposición, Punta del Mar SA continuó con sus gestiones, y en abril de 2005 contrató a los especialistas Dení Rodríguez Vargas, Carlos Candelaria Silva y Norma López Gómez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, para elaborar una opinión técnico-científica respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental que ya les había sido autorizada en 1994.
Entre esta larga historia de trámites y de constante esfuerzo por consolidar su proyecto del puerto de cruceros, de manera repentina desaparece Punta del Mar SA y, un año más tarde, en noviembre de 2006, entra en acción el alcalde, a cuya petición, según informó el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona en septiembre pasado, “ya se terminaron todos los estudios” y sólo falta la decisión final para ponerlo en marcha.
ROBERTO RAMIREZ BRAVO, I
Los documentos dejan poco lugar a dudas: con recursos públicos se prepara la construcción de un muelle de cruceros para el desarrollo Puerto Mío en la bahía de Zihuatanejo.
Durante 17 años la empresa Desarrolladora Punta Mar, SA de CV, propietaria de ese consorcio turístico, hizo todos los trámites legales: obtuvo la concesión federal, pagó la licencia de construcción, presentó su manifestación de impacto ambiental, y todavía en 2005 contrató con la UNAM una opinión técnica con respecto a este último documento, y sólo tuvo como freno a su proyecto, que de otro modo iría viento en popa, a la oposición permanente de los integrantes de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y en últimas fechas, del Movimiento del Pueblo en Defensa de la Bahía.
Confrontado con estas organizaciones, que han impulsado desde la movilización hasta la acción legal y la denuncia internacional, Puerto Mío no lograba concretar su proyecto, hasta que en marzo del año pasado la intervención del alcalde Silvano Blanco Deaquino destrabó una gestión largamente frenada. El 7 de noviembre de 2006, mediante oficio PM/0642/2006, el munícipe solicitó al presidente Felipe Calderón la construcción de un muelle de cruceros, y el 5 de marzo siguiente reiteró la solicitud, misma que fue atendida de inmediato, y en menos de un año se elaboró el proyecto y se anunció que en febrero comenzarían los trabajos para construir el muelle que Punta Mar no pudo en tanto tiempo.
Sin embargo, los documentos que la empresa utilizó para sus trámites, así como el proyecto que ahora es adjudicada por la SCT, con base en la petición del alcalde, todos en poder de La Jornada Guerrero, constatan que en realidad se trata de la misma obra.
Según los ambientalistas de la Rogaz, el fondo del asunto es la versión, que ha persistido durante los últimos 17 años, de que el propietario real del consorcio Puerto Mío no es otro más que John McCarthy Sandland, el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) del gobierno de Vicente Fox.
La historia documental
El 28 de mayo de 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari dio comienzo a esta historia al emitir un decreto para desincorporar diversas superficies del recinto portuario de Zihuatanejo y autorizar a la ya desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, cuyo titular era el ahora perredista Manuel Camacho Solís) a enajenarlas en favor de Promotora Turística para construir “un desarrollo náutico-turístico”.
Tres años más tarde, el 29 de agosto de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión por 30 años en favor de Inmobiliaria Punta del Mar SA de CV para la “construcción, operación y explotación de una terminal portuaria para cruceros turísticos”.
Esta empresa desataría uno de los más intensos movimientos de oposición luego de que el 14 de abril de 1994, tres años después, la dirección general de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con oficio DGN-2833, autorizó a Punta del Mar SA la Manifestación de Impacto Ambiental, con la que se construiría un espigón frente al hotel Puerto Mío, que “afectaba el flujo de las corrientes marinas, además de contribuir a la desaparición de la playa El Almacén y laterar el azolve con lodos en esa zona de la bahía, afectando los bancos de ostiones, almejas”, según se lee en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de septiembre de ese año.
Una prueba de que el muelle que ahora se anuncia con recursos de la SCT, es la licencia de construcción para el mismo, con número 0567, que se expidió el 21 de noviembre de 2000 durante el gobierno municipal del priísta Jorge Allec Galeana, en favor de Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV.
En ese documento, firmado además del alcalde, por la directora de Desarrollo Urbano, Concepción del Carmen Rivera Martell, no tiene ninguna especificación más que la indicación de un área total de 336 metros cuadrados. Por la obtención de este documento, básico para el desarrollo de la obra, la empresa pagó al día siguiente –según recibo 2618– la cantidad de 15 mil 160 pesos a pesar que, según denunció en su momento el ex encargado del proyecto, Eligio Peñaloza, debieron pagar 1 por ciento del costo del mismo. El director responsable de la obra que no apareace en la licencia de construcción, sino sólo en una solicitud anexa, es el ingeniero José Ascencio Peñaloza Bustos.
A pesar de toda la oposición, Punta del Mar SA continuó con sus gestiones, y en abril de 2005 contrató a los especialistas Dení Rodríguez Vargas, Carlos Candelaria Silva y Norma López Gómez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, para elaborar una opinión técnico-científica respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental que ya les había sido autorizada en 1994.
Entre esta larga historia de trámites y de constante esfuerzo por consolidar su proyecto del puerto de cruceros, de manera repentina desaparece Punta del Mar SA y, un año más tarde, en noviembre de 2006, entra en acción el alcalde, a cuya petición, según informó el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona en septiembre pasado, “ya se terminaron todos los estudios” y sólo falta la decisión final para ponerlo en marcha.
