El 24 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (PSDN), si bien fue expedido por el titular del Ejecutivo federal con la denominación de “decreto” con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, reúne en realidad desde el punto de vista material, las características propias de un reglamento, ya que no se limita a establecer una norma individual sobre una especie en particular de la administración pública, como es propio del decreto administrativo, sino que establece normas generales –sobre la defensa– de observancia obligatoria para varias entidades de la administración central y paraestatal; esto es, reúne las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que son propias de un reglamento.
Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.
Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.
Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).
Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.
Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).
Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.
Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.
Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.
Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.
Legalidad y seguridad jurídica
Humberto Hernández Haddad
humberto.hernandez.haddad@gmail.com
1. En junio y septiembre de 2007, como resultado de un juicio ordinario civil federal que inicié contra José Ángel Gurría Treviño y la Secretaría de Relaciones Exteriores se emitieron sentencias condenatorias, primero por un juez federal, y luego por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en las que se les condenó a pagar una indemnización y a publicar, a sus costas, un extracto de la sentencia.
2. Esas sentencias condenatorias se refieren a los actos y conductas ilícitas con los que José Ángel Gurría Treviño y la Secretaría de Relaciones Exteriores causaron daño moral al que esto escribe, por las represalias que tomaron en mi contra siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas, por haberles informado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América había integrado los expedientes SA94-CR516M y SA94-CR377 señalando la ubicación del ingeniero Manuel Muñoz Rocha, escondido en esa ciudad tejana.
3. En esos expedientes radicados en la Corte Federal de San Antonio, Texas, se ubica y define al mencionado fugitivo de la justicia mexicana como el “eslabón clave” en los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, escondido en Estados Unidos bajo la protección del mismo grupo que ordenó esas dos ejecuciones.
4. Toda esa información consta en los dos expedientes judiciales señalados, radicados en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, ante el magistrado federal John W. Primomo. Era obligación inexcusable del cónsul general de México en la ciudad donde ocurrieron esos hechos, informar puntualmente. Así lo hice y así se pusieron las cosas, por lo que tuve que denunciar esos hechos en la vía penal, quejarme en la vía administrativa y presentar una demanda en la vía civil por daño moral.
5. El pasado 25 de enero fui notificado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del amparo concedido a José Ángel Gurría Treviño y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los argumentos expresados por los magistrados Neófito López, Víctor Mota y Benito Alva los llevaron a interpretar directamente la Constitución en varios artículos. Por ello he presentado mi escrito de expresión de agravios solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise esa resolución.
6. En ese amparo se interpretan bajo un nuevo enfoque las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que están consagradas en nuestra Constitución federal. Los mexicanos tenemos la garantía de que todos los actos de autoridad que nos afecten deben surgir de una autoridad competente, mediante mandamiento escrito que esté debidamente fundado y motivado. Pero en este caso el tribunal consideró que el presidente de la República y sus empleados están exentos de ello.
7. Así lo dice la resolución: “Por tanto, como el artículo 89, fracción II de la Constitución General de la República faculta al titular del Poder Ejecutivo para remover ‘libremente’ a los secretarios, embajadores y cónsules generales, no puede exigirse que esa orden deba ser emitida, necesariamente para su existencia, validez y eficacia en forma escrita y menos todavía, que esta orden escrita pueda quedar sometida al principio de legalidad que rige a todo acto de autoridad de cualquier naturaleza porque la remoción tiene por consecuencia poner fin a la relación personal de carácter subordinado, de manera jerárquica directa entre la persona del cónsul y la del Presidente de la República, (...) que no puede quedar sujeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 constitucional, que sí rige para el acto de autoridad en general."
8. También en este amparo, el tribunal prejuzga mi demanda de justicia y desde ahora me niega por adelantado el acceso a la justicia, al decir que: “y en su caso, este Tribunal en el nuevo juicio de amparo que hubiera podido promover el ahora quejoso, tendría que sostener lo que se ha dejado asentado con antelación y procedería negar al mismo quejoso el amparo; por lo que no debe esperarse a esa nueva oportunidad para negar un amparo desde ahora."
9. La opinión pública debe saber que este tribunal se inspiró para conceder este amparo, en la sentencia que emitió en 1803 en Estados Unidos el juez John Marshall, en el caso Marbury vs. Madison. Si algún día la jurisprudencia de los Estados Unidos llegara a ser aplicable en los juicios substanciados en tribunales mexicanos, debo reclamar que esa jurisprudencia a quien le daría la razón es a mí como quejoso, porque lo que se falló en el caso Marbury vs. Madison es el principio de supremacía de la Constitución; nada ni nadie puede estar por encima de ella. Y esa es justamente mi reclamación.
10. Por estas razones he pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de ese amparo, en el cual tres magistrados hicieron una interpretación directa de los artículos 14,16, 89 y 92 de la Constitución, al afirmar que por el transcurso del tiempo ya prescribió mi derecho a reclamar y construyeron un peligroso principio constitucional al resolver que el presidente de la República y sus secretarios de despacho no están obligados a cumplir con las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. Veremos que decide la Corte..
El estilo personal
Eduardo Ibarra Aguirre
forum@forumenlinea.com
Sólo a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se le pudo ocurrir, en Monterrey, Nuevo León, comparar con un juego de futbol a la cruenta batalla que libra su gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Menos aún cabe la ocurrente comparación, si el michoacano que presumió a los regiomontanos de ser maestro egresado de Harvard, gusta mucho de llamarle guerra a la orgía de sangre y muerte que cada día significa al país, con todo y los notables avances que también presume Juan Camilo Mouriño Terrazo, el madrileño de origen gallego que es de la absoluta confianza de Calderón Hinojosa. Por cierto, Jorge Meléndez Preciado insiste en la página 21 de esta edición de Forum, que el economista y abogado no concluyó siquiera los estudios de maestría.
Que las desafortunadas comparaciones, sobre todo para los hijos y las viudas de los oficialmente 34 militares caídos en combate, en 14 meses y 19 días, no fueron producto de improvisaciones discursivas que dejan amplios espacios a los dislates y pifias a que nos acostumbró el ahora enriquecido Vicente Fox Quesada, lo muestran en forma clara las fotos e imágenes del tiro penal que Margarita Zavala Gómez del Campo lanzó a la portería que defendió su esposo.
Conforme pasan las semanas y los meses, dicho sea de paso, la pareja que despacha y pernocta en Los Pinos, se toma mayores confianzas con la ciudadanía e incrementa un protagonismo que ya empieza a rebasar los actos y las actitudes oficiales, formales, para internarse en el terreno del exhibicionismo personal, que en el presidencialismo omnímodo muchos festinaban con ovaciones y hasta puestos de pie, pero ahora pueden resultar hilarantes.
El repertorio de ocurrencias y frivolidades del egresado de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue mucho más lejos. Puso de ejemplo como deportista triunfador a Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, previamente protegido por la Secretaría de la Función Pública en la denuncia por los presuntos daños que causó al erario por 26 millones de pesos, durante el desempeño como subdirector de la Conade, en el sexenio de la pareja presidencial.
Al gobernador José Natividad González Parás, priísta clave en la obtención del .36 por ciento para ocupar la silla presidencial, le dio su mejor espaldarazo. En tanto que al panista alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, prácticamente lo amenazó en público: “Hay de él si no” se encarga de cuidar el parque recién inaugurado.
Para rematar la jornada pletórica en desatinos y chabacanerías, dijo el de Morelia: “Sí, es una batalla dura, como siempre lo dije; no es fácil. Como decía algún comercial hace muchos años: ‘si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualesquiera las haría’. Esto no es fácil”.
El lenguaje coloquial es frecuente que se use para lograr una comunicación mejor o un acercamiento mayor con el auditorio, sobre todo por gobernantes ávidos del aplauso. No pareciera ser el caso.
El entusiasmo y la alegría creados bajo el influjo de los néctares etílicos son cada vez más referidos a Felipe de Jesús Calderón. Pero colegas y conocidos del Partido Acción Nacional siempre aseguraron a Utopía que no existió durante la campaña presidencial ni existe actualmente un exceso en el consumo de güisquis o de otros licores de parte del primer empleado de los mexicanos.
Si nunca olvidaran los presidentes de la República su condición absolutamente terrenal y que toda la gloria del mundo –con la que se regodean– cabe en un grano de maíz –José Julián Martí Pérez dixit– le ahorrarían al país recursos enormes, tiempo perdido y esperanzas frustradas cada sexenio.
Acuse de recibo
Escribe Alfredo Correa Suárez sobre la Casa Blanca y el Pentágono: “Puedo tumbar mi satélite espía, pero no puedo impedir que entren toneladas de coca. En el inicio del boom de la coca en Estados Unidos en los años 80, en Florida y California los aviones de los cárteles emergentes de la cocaína dirigidos por Pablo Escobar, Jorge y Fabio Ochoa, Carlos Lehder y Samuel Alarcón entraban al territorio norteamericano como Pedro por su casa”… ”Felicidades por la Utopía número 500”, dice el guerrerense Porfirio Barrera Jiménez… Son “376 mujeres asesinadas o desaparecidas” en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegura Carolina Velásquez, coordinadora de Información de Cimacdiario… La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos dicen que han “recibido con preocupación informaciones” sobre “la campaña de difamación y los actos de hostigamiento sufridos por Yara Fernández Moreno, doctorante en ecología, investigadora 1 y trabajadora del Zoológico ‘Miguel Álvarez del Toro’, en hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.”… El 22 de febrero falleció doña Sara Flores Paz, madre de Luis Francisco Canudas Flores, integrante del Grupo María Cristina, amigo de esta casa editorial y atento lector de Utopía. Un abrazo fuerte y solidario.
Ley de medios
Fausto Fernández Ponte
ffponte@gmail.com
Las 47 organizaciones civiles que conforman el recién creado Frente Nacional por una Ley de Medios (de difusión masiva), si bien exhiben una empeñosa preocupación, muestran una cortedad preocupante.
Señálese que el frente –que parece expresión coyuntural, más que estructural y/o superestructural– enuncia propuestas que devienen, sin duda, de una inquietud moralmente legítima.
Y esa inquietud es la de que el Senado de la República (¡qué nombre más inapropiado!) posponga dar un dictamen acerca de una Ley de Radio y Televisión y debatirlo.
El frente sostiene que esa legislación sea atendida –es decir, debatida ampliamente– durante el periodo de sesiones corriente, y modificada, para no privilegiar intereses antisociales creados.
Y esos intereses creados son los de las empresas concesionarias de radio y televisión, las cuales monopolizan un medio de control social de gran alcance cuyas secuelas son ominosamente graves.
Una secuela es la de que inducen comportamientos colectivos que reproducen y refuerzan yugos sociales en torno a una cultura de interés económico ajeno, e incluso opuesto, al del pueblo de México.
II
Y, otra, que esas empresas tienen virtualmente bajo chantaje a los poderes de la Unión –incluyendo al Legislativo– y sus personeros, a gobernadores y, en general, al poder político y al Estado mismo.
Una tercera es la uniformidad miope de la cosmovisión empresarial –concesionarios de un patrimonio del país, el espectro radioeléctrico– que preconiza valores de una cultura mercantilista.
Ante esa puerilidad –los contenidos de radio y televisión– de las empresas concesionarias que mella el desarrollo de la conciencia colectiva, el frente ha identificado sus objetivos.
En esa vena, Javier Corral, uno de los voceros más conspicuos del citado frente, usó un coloquialismo para describir sus motivos y propósitos: “Se requiere una nueva ley de medios (de difusión masiva) para hacer más grande la cancha, para que haya más jugadores, un árbitro imparcial y no cautivo de las televisoras para que la pluralidad exista en televisión y unos cuantos no tengan en su puño a la clase política en detrimento de la sociedad en general”.
III
En esos enunciados –equivalentes a una declaración de principios– adviértense las cortedades de las propuestas del frente. Éstas deben ser más profundas y trascendentes.
Sin duda. Las propuestas deben comprender algo indispensable: mudar la propiedad de las empresas concesionarias de un patrimonio de la nación. Por ley, esa propiedad debe ser social, no privada.
Y, por ley también, esas empresas tienen que ser públicas, sujetas a contrapesos y vigilancia por parte del pueblo y no de la clase política erigida malamente en representante de aquél.
El móvil central de una propuesta así, más allá de la promovida por el frente, es que los medios de control social son de insoslayable importancia estratégica para la seguridad real de la nación.
Y, por ello, sus operaciones –desde las subyacencias filosóficas hasta su tecnicidad– requieren, a su vez, mecanismos que impidan su abuso o mal uso por el poder formal y/o poderes fácticos.
Glosario
Clase política: definición compuesta de origen fascista, muy usada en la ciencia política. Se refiere al conjunto de personas dedicadas a la política dentro y fuera del Estado, aunque no son una clase social en sí.
Estructural: en sociología referido a la estructura de una sociedad. Conjunto de relaciones internas y estables que articulan a los diferentes elementos de una totalidad concreta.
Propiedad privada: propiedad de particulares
Propiedad social: propiedad de un pueblo, una comunidad, una nación.
Subyacentes: de subyacer. Bajo la piel o bajo la tierra, basamento.
Superestructural: en sociología referido a la superestructura de una sociedad. Conjunto de instituciones que cumplen la función de cohesionar a la sociedad y a la cultura en torno a la base económica.
La controvertida gira de Calderón
Jorge Meléndez Preciado
jamelendez@prodigy.net.mx
En todos los medios de difusión trascendentes, incluso los cercanos al gobierno, ha sido muy cuestionada la visita que realizó Felipe Calderón Hinojosa a los Estados Unidos. No sólo porque la efectuó cuando se lleva a cabo la precampaña electoral de aquella nación, sino que dos factores más son importantes: la recesión que vive el coloso del norte –asunto que se discute únicamente cuánto tiempo durará– y que si bien los aspirantes más antiemigrantes han quedado descartados de la escena comicial, no se puede decir que los competidores presentes estén por un acuerdo de largo plazo para la recepción de trabajadores nacionales y, menos aún, que tengan ningún interés en discutir el asunto con la administración mexicana.
Que la gira por el vecino país no fue preparada como se debía, lo muestra la protesta de varias asociaciones defensoras de compatriotas, las cuales se quejaron de que Calderón no les dio el tiempo requerido. E incluso, algo realmente desconcertante fue que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, intentara dar una conferencia de prensa en un café de una transnacional que tiene varias sucursales en el DF. Un acontecimiento torpe, propio del tercermundismo.
Independientemente que el rosario de imprevistos y desatinos fue mayor a cualquier otra visita de alto nivel, lo que seguramente pagarán caro la encargada de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el embajador azteca en gringolandia, Arturo Sarukhán, la sustancia del asunto resultó el encuentro de Felipe con aquellos que manejan los negocios y las finanzas internacionales. Actos en los cuales, por supuesto, se marginó a los periodistas mexicas.
La reunión de mayor nivel fue con el vicepresidente de la Reserva Federal. Desde luego que dicho personaje seguramente le reiteró la grave situación vivida por millones de estadounidenses que no saben qué hacer para liquidar los préstamos hipotecarios y cómo han tenido que bajarse las tasas de interés a niveles jamás vistos en Estados Unidos. Igual que la necesidad de no cobrar impuestos y hasta regalar dinero a cientos de miles de personas y varias empresas importantes.
Algo que no puede hacer México ya que el FMI y el BM lo impiden.
El martes 12 de febrero, segundo día de Calderón en USA, Reforma presentó la siguiente información: “Dejan de pagar 39 por ciento de tarjetas”. Y precisó: “Adeudan tarjetahabientes 20 mil 600 millones” de pesos. Signos preocupantes, aunque para el señor Carstens, ello no tiene importancia sino es únicamente un “catarrito” pasajero en la economía de acá.
Felipe estuvo con empresarios importantes, como los presidentes del Citigroup y la inversora JP Morgan, entre otros. Ellos seguramente le dijeron que han perdido más de 20 mil millones de dólares en los últimos meses. Incluso en el primer caso, se habla que Banamex (filial del grupo mencionado inicialmente), podría venderse a un consorcio internacional no obstante que las utilidades obtenidas en México en 2007, son más del 25 por ciento del total mundial.
No se reportó que acudiera a ningún encuentro, el director gerente de la General Motors. Pero se supo que en 2007 perdieron la mayor suma de dinero (39 mil millones de dólares) que se tenga memoria en la historia de la automotriz. Además, despedirán a decenas de miles de trabajadores, incluyendo algunos de nuestro territorio. Si recordamos que antes se afirmaba: cuando a la GM le va bien, Estados Unidos se encuentra en auge, nos daremos cuenta de que el horno no está para bollos.
Claro, no podía Calderón evitar ir a Harvard, donde estudió un rato aunque no terminó su maestría. Antes de la charla hubo medidas de seguridad similares a Irak.
En Nueva York y sus alrededores, donde hay cerca de un millón de nacionales –sólo en Queens se asegura que habitan 500 mil poblanos–, estuvieron con Felipe varias instituciones, aunque sólo fuera unos cuantos minutos. Gabriel Rincón, que encabeza a los mixtecos, y desde luego Joel Magallán, el principal organizador de una caravana que anualmente va de la llamada Urbe de Hierro a la Villa de Guadalupe.
Magallán planteó cuatro demandas: crear una secretaría del migrante, apoyo a los liderazgos de las comunidades emergentes en EU, ampliación de los servicios consulares y mejor distribución de las credenciales de elector. Demandas fáciles de cumplir si en realidad se quiere apoyar en serio a los nuestros.
Para muchos, incluidos periodistas tachados de oficialistas, como Eduardo Ruiz Healy y sus comentaristas, el periplo de Felipe no tenía mucho sentido, pues conocer de viva voz las angustias de financieros y burócratas de alto nivel estadounidense, mostraba que la diplomacia mexicana no servía para mucho. Otros más críticos y de izquierda, señalaron que fue una pérdida de tiempo ese paseo ya que a los suspirantes norteños no se les planteó algo concreto, fuera de las vaguedades conocidas.
En un artículo de Jorge Bustamante (Reforma, 12 de febrero), el más acucioso investigador del problema migratorio, éste dice que de los tres posibles a la Casa Blanca, el que más nos convendría es Barack Obama, ya que se pronunció por dar licencias a los mexicanos, defiende a quienes van en busca de oportunidades y no tiene la obsesión de un muro que supuestamente detenga el terrorismo. Mientras que McCain ha reculado en su propuesta a favor de un nuevo trato a los que entran a EU e Hillary, no obstante que es la más apoyada por los hispanos, defiende al sistema en asuntos tan torpes como el exigir requisitos máximos para la legalización de mano de obra extranjera.
La crisis de nuestro vecino norteño será larga y lo que deberemos hacer, todos, es apoyar a quienes no van en busca de ningún sueño, más bien se la juegan para encontrar una forma de vivir, aunque sea con largas jornadas de trabajo, y envían remesas sin las cuales la situación mexicana sería explosiva.
Las giras no deben ser para visitas protocolarias. Como dejaron de manifiesto Fox y Marta.
Bombazo ¿con dedicatoria?
Juan Chávez
chavezr25@hotmail.com
La consigna entre los capos seguramente era la de no tocar al Distrito Federal.
Pero el gobierno de Marcelo Ebrard, en alarde inaudito, que mucho tiene de mediático, se propuso demostrar a propios y extraños lo que es eficiencia en el combate del narco y hete aquí que éste respondió con un bombazo a dos cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
La capital es tránsito obligado de todos los que quieren hacer negocio en el país. ¿Por qué no había de serlo para las bandas criminales que se disputan la supremacía en el gran negocio que es el narcotráfico?
El jefe del Gobierno del Distrito Federal está yendo a todas y contra el narco, la explosión pudo haber sido respuesta a la exitosa forma en que su policía se está desplegando.
La explosión en el baldío de la avenida Chapultepec prendió la alerta del sistema de seguridad nacional.
No fue cosa menor. De diciembre pa’ca la policía de Ebrard consiguió incautarles tres arsenales de armas y droga por valor de 60 millones de dólares.
El cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El chapo, es considerado el autor de la explosión del artefacto.
Las investigaciones no arrojan aún claridad alguna y todo lo que se dice es mera especulación.
Se ha llegado a consignar que el muerto iba a introducir el artefacto al edificio de la SSP en la glorieta de Insurgentes, tan sólo porque entre sus ropas se le descubrió un celular que utilizaría, dice una de las versiones policiacas, para hacer detonar el artefacto a distancia.
La cuestión es ¿cómo pasaría los arcos metálicos de seguridad con la bomba que contenía buen número de balines?
Otra especie habla de que se iba a inmolar y que la bomba le explotó a destiempo.
Lo que cuenta es que estalló y que de nueva cuenta, los sicarios o asesinos del narco recobran ventaja en el panorama pintado por el novel secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de que el narco empezaba a ser superado en la guerra en su contra.
Más allá de los daños físicos y psicológicos, habría que aceptar que el bombazo consiguió lo que ni siquiera los partidos políticos han logrado a pesar del consenso con que empujaron la nominación del presidente del IFE y de los dos nuevos consejeros.
Sí, el bombazo –que no es deseable se repita– unió en acciones a los gobiernos de Felipe Calderón y de Marcelo Ebrard sin que mediara declaración de reconocimiento al presidente de la República que políticamente mantiene distanciados a panistas y perredistas.
Dónde está lo espurio del calderonismo ante los ataques del narco que con el bombazo se metió a la esfera del terrorismo.
A los jefes del crimen organizado les vale una y dos con sal, que el perredismo no reconozca presidente a Calderón. Ellos están atacando a quien más daño les hace y Marcelo, con sus huestes policiacas les hizo tremendo agujero con la confiscación de armas de alto poder, incluida la ametralladora antiaérea.
Además del bombazo, hay relevantes hechos políticos que disminuyen el obcecado movimiento de don Andrés que no reconoce presidente a Felipe Calderón.
Leonel Godoy, estrenado gobernador de Michoacán el 15 de febrero, formó con el secretario Mouriño lo que podría marcarse como dueto de reconciliación.
El bombazo, con destinatario o sin él, dio paso al acuerdo de facto entre los gobiernos de Calderón y de Ebrard. Al día siguiente, Leonel Godoy le mando decir a AMLO: Te vas por un tubo; voy a trabajar con el gobierno de Calderón codo con codo.
Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.
Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.
Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).
Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.
Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).
Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.
Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.
Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.
Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.
Legalidad y seguridad jurídica
Humberto Hernández Haddad
humberto.hernandez.haddad@gmail.com
1. En junio y septiembre de 2007, como resultado de un juicio ordinario civil federal que inicié contra José Ángel Gurría Treviño y la Secretaría de Relaciones Exteriores se emitieron sentencias condenatorias, primero por un juez federal, y luego por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en las que se les condenó a pagar una indemnización y a publicar, a sus costas, un extracto de la sentencia.
2. Esas sentencias condenatorias se refieren a los actos y conductas ilícitas con los que José Ángel Gurría Treviño y la Secretaría de Relaciones Exteriores causaron daño moral al que esto escribe, por las represalias que tomaron en mi contra siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas, por haberles informado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América había integrado los expedientes SA94-CR516M y SA94-CR377 señalando la ubicación del ingeniero Manuel Muñoz Rocha, escondido en esa ciudad tejana.
3. En esos expedientes radicados en la Corte Federal de San Antonio, Texas, se ubica y define al mencionado fugitivo de la justicia mexicana como el “eslabón clave” en los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, escondido en Estados Unidos bajo la protección del mismo grupo que ordenó esas dos ejecuciones.
4. Toda esa información consta en los dos expedientes judiciales señalados, radicados en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, ante el magistrado federal John W. Primomo. Era obligación inexcusable del cónsul general de México en la ciudad donde ocurrieron esos hechos, informar puntualmente. Así lo hice y así se pusieron las cosas, por lo que tuve que denunciar esos hechos en la vía penal, quejarme en la vía administrativa y presentar una demanda en la vía civil por daño moral.
5. El pasado 25 de enero fui notificado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del amparo concedido a José Ángel Gurría Treviño y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los argumentos expresados por los magistrados Neófito López, Víctor Mota y Benito Alva los llevaron a interpretar directamente la Constitución en varios artículos. Por ello he presentado mi escrito de expresión de agravios solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise esa resolución.
6. En ese amparo se interpretan bajo un nuevo enfoque las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que están consagradas en nuestra Constitución federal. Los mexicanos tenemos la garantía de que todos los actos de autoridad que nos afecten deben surgir de una autoridad competente, mediante mandamiento escrito que esté debidamente fundado y motivado. Pero en este caso el tribunal consideró que el presidente de la República y sus empleados están exentos de ello.
7. Así lo dice la resolución: “Por tanto, como el artículo 89, fracción II de la Constitución General de la República faculta al titular del Poder Ejecutivo para remover ‘libremente’ a los secretarios, embajadores y cónsules generales, no puede exigirse que esa orden deba ser emitida, necesariamente para su existencia, validez y eficacia en forma escrita y menos todavía, que esta orden escrita pueda quedar sometida al principio de legalidad que rige a todo acto de autoridad de cualquier naturaleza porque la remoción tiene por consecuencia poner fin a la relación personal de carácter subordinado, de manera jerárquica directa entre la persona del cónsul y la del Presidente de la República, (...) que no puede quedar sujeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 constitucional, que sí rige para el acto de autoridad en general."
8. También en este amparo, el tribunal prejuzga mi demanda de justicia y desde ahora me niega por adelantado el acceso a la justicia, al decir que: “y en su caso, este Tribunal en el nuevo juicio de amparo que hubiera podido promover el ahora quejoso, tendría que sostener lo que se ha dejado asentado con antelación y procedería negar al mismo quejoso el amparo; por lo que no debe esperarse a esa nueva oportunidad para negar un amparo desde ahora."
9. La opinión pública debe saber que este tribunal se inspiró para conceder este amparo, en la sentencia que emitió en 1803 en Estados Unidos el juez John Marshall, en el caso Marbury vs. Madison. Si algún día la jurisprudencia de los Estados Unidos llegara a ser aplicable en los juicios substanciados en tribunales mexicanos, debo reclamar que esa jurisprudencia a quien le daría la razón es a mí como quejoso, porque lo que se falló en el caso Marbury vs. Madison es el principio de supremacía de la Constitución; nada ni nadie puede estar por encima de ella. Y esa es justamente mi reclamación.
10. Por estas razones he pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de ese amparo, en el cual tres magistrados hicieron una interpretación directa de los artículos 14,16, 89 y 92 de la Constitución, al afirmar que por el transcurso del tiempo ya prescribió mi derecho a reclamar y construyeron un peligroso principio constitucional al resolver que el presidente de la República y sus secretarios de despacho no están obligados a cumplir con las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. Veremos que decide la Corte..
El estilo personal
Eduardo Ibarra Aguirre
forum@forumenlinea.com
Sólo a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se le pudo ocurrir, en Monterrey, Nuevo León, comparar con un juego de futbol a la cruenta batalla que libra su gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Menos aún cabe la ocurrente comparación, si el michoacano que presumió a los regiomontanos de ser maestro egresado de Harvard, gusta mucho de llamarle guerra a la orgía de sangre y muerte que cada día significa al país, con todo y los notables avances que también presume Juan Camilo Mouriño Terrazo, el madrileño de origen gallego que es de la absoluta confianza de Calderón Hinojosa. Por cierto, Jorge Meléndez Preciado insiste en la página 21 de esta edición de Forum, que el economista y abogado no concluyó siquiera los estudios de maestría.
Que las desafortunadas comparaciones, sobre todo para los hijos y las viudas de los oficialmente 34 militares caídos en combate, en 14 meses y 19 días, no fueron producto de improvisaciones discursivas que dejan amplios espacios a los dislates y pifias a que nos acostumbró el ahora enriquecido Vicente Fox Quesada, lo muestran en forma clara las fotos e imágenes del tiro penal que Margarita Zavala Gómez del Campo lanzó a la portería que defendió su esposo.
Conforme pasan las semanas y los meses, dicho sea de paso, la pareja que despacha y pernocta en Los Pinos, se toma mayores confianzas con la ciudadanía e incrementa un protagonismo que ya empieza a rebasar los actos y las actitudes oficiales, formales, para internarse en el terreno del exhibicionismo personal, que en el presidencialismo omnímodo muchos festinaban con ovaciones y hasta puestos de pie, pero ahora pueden resultar hilarantes.
El repertorio de ocurrencias y frivolidades del egresado de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue mucho más lejos. Puso de ejemplo como deportista triunfador a Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, previamente protegido por la Secretaría de la Función Pública en la denuncia por los presuntos daños que causó al erario por 26 millones de pesos, durante el desempeño como subdirector de la Conade, en el sexenio de la pareja presidencial.
Al gobernador José Natividad González Parás, priísta clave en la obtención del .36 por ciento para ocupar la silla presidencial, le dio su mejor espaldarazo. En tanto que al panista alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, prácticamente lo amenazó en público: “Hay de él si no” se encarga de cuidar el parque recién inaugurado.
Para rematar la jornada pletórica en desatinos y chabacanerías, dijo el de Morelia: “Sí, es una batalla dura, como siempre lo dije; no es fácil. Como decía algún comercial hace muchos años: ‘si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualesquiera las haría’. Esto no es fácil”.
El lenguaje coloquial es frecuente que se use para lograr una comunicación mejor o un acercamiento mayor con el auditorio, sobre todo por gobernantes ávidos del aplauso. No pareciera ser el caso.
El entusiasmo y la alegría creados bajo el influjo de los néctares etílicos son cada vez más referidos a Felipe de Jesús Calderón. Pero colegas y conocidos del Partido Acción Nacional siempre aseguraron a Utopía que no existió durante la campaña presidencial ni existe actualmente un exceso en el consumo de güisquis o de otros licores de parte del primer empleado de los mexicanos.
Si nunca olvidaran los presidentes de la República su condición absolutamente terrenal y que toda la gloria del mundo –con la que se regodean– cabe en un grano de maíz –José Julián Martí Pérez dixit– le ahorrarían al país recursos enormes, tiempo perdido y esperanzas frustradas cada sexenio.
Acuse de recibo
Escribe Alfredo Correa Suárez sobre la Casa Blanca y el Pentágono: “Puedo tumbar mi satélite espía, pero no puedo impedir que entren toneladas de coca. En el inicio del boom de la coca en Estados Unidos en los años 80, en Florida y California los aviones de los cárteles emergentes de la cocaína dirigidos por Pablo Escobar, Jorge y Fabio Ochoa, Carlos Lehder y Samuel Alarcón entraban al territorio norteamericano como Pedro por su casa”… ”Felicidades por la Utopía número 500”, dice el guerrerense Porfirio Barrera Jiménez… Son “376 mujeres asesinadas o desaparecidas” en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegura Carolina Velásquez, coordinadora de Información de Cimacdiario… La Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos dicen que han “recibido con preocupación informaciones” sobre “la campaña de difamación y los actos de hostigamiento sufridos por Yara Fernández Moreno, doctorante en ecología, investigadora 1 y trabajadora del Zoológico ‘Miguel Álvarez del Toro’, en hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.”… El 22 de febrero falleció doña Sara Flores Paz, madre de Luis Francisco Canudas Flores, integrante del Grupo María Cristina, amigo de esta casa editorial y atento lector de Utopía. Un abrazo fuerte y solidario.
Ley de medios
Fausto Fernández Ponte
ffponte@gmail.com
Las 47 organizaciones civiles que conforman el recién creado Frente Nacional por una Ley de Medios (de difusión masiva), si bien exhiben una empeñosa preocupación, muestran una cortedad preocupante.
Señálese que el frente –que parece expresión coyuntural, más que estructural y/o superestructural– enuncia propuestas que devienen, sin duda, de una inquietud moralmente legítima.
Y esa inquietud es la de que el Senado de la República (¡qué nombre más inapropiado!) posponga dar un dictamen acerca de una Ley de Radio y Televisión y debatirlo.
El frente sostiene que esa legislación sea atendida –es decir, debatida ampliamente– durante el periodo de sesiones corriente, y modificada, para no privilegiar intereses antisociales creados.
Y esos intereses creados son los de las empresas concesionarias de radio y televisión, las cuales monopolizan un medio de control social de gran alcance cuyas secuelas son ominosamente graves.
Una secuela es la de que inducen comportamientos colectivos que reproducen y refuerzan yugos sociales en torno a una cultura de interés económico ajeno, e incluso opuesto, al del pueblo de México.
II
Y, otra, que esas empresas tienen virtualmente bajo chantaje a los poderes de la Unión –incluyendo al Legislativo– y sus personeros, a gobernadores y, en general, al poder político y al Estado mismo.
Una tercera es la uniformidad miope de la cosmovisión empresarial –concesionarios de un patrimonio del país, el espectro radioeléctrico– que preconiza valores de una cultura mercantilista.
Ante esa puerilidad –los contenidos de radio y televisión– de las empresas concesionarias que mella el desarrollo de la conciencia colectiva, el frente ha identificado sus objetivos.
En esa vena, Javier Corral, uno de los voceros más conspicuos del citado frente, usó un coloquialismo para describir sus motivos y propósitos: “Se requiere una nueva ley de medios (de difusión masiva) para hacer más grande la cancha, para que haya más jugadores, un árbitro imparcial y no cautivo de las televisoras para que la pluralidad exista en televisión y unos cuantos no tengan en su puño a la clase política en detrimento de la sociedad en general”.
III
En esos enunciados –equivalentes a una declaración de principios– adviértense las cortedades de las propuestas del frente. Éstas deben ser más profundas y trascendentes.
Sin duda. Las propuestas deben comprender algo indispensable: mudar la propiedad de las empresas concesionarias de un patrimonio de la nación. Por ley, esa propiedad debe ser social, no privada.
Y, por ley también, esas empresas tienen que ser públicas, sujetas a contrapesos y vigilancia por parte del pueblo y no de la clase política erigida malamente en representante de aquél.
El móvil central de una propuesta así, más allá de la promovida por el frente, es que los medios de control social son de insoslayable importancia estratégica para la seguridad real de la nación.
Y, por ello, sus operaciones –desde las subyacencias filosóficas hasta su tecnicidad– requieren, a su vez, mecanismos que impidan su abuso o mal uso por el poder formal y/o poderes fácticos.
Glosario
Clase política: definición compuesta de origen fascista, muy usada en la ciencia política. Se refiere al conjunto de personas dedicadas a la política dentro y fuera del Estado, aunque no son una clase social en sí.
Estructural: en sociología referido a la estructura de una sociedad. Conjunto de relaciones internas y estables que articulan a los diferentes elementos de una totalidad concreta.
Propiedad privada: propiedad de particulares
Propiedad social: propiedad de un pueblo, una comunidad, una nación.
Subyacentes: de subyacer. Bajo la piel o bajo la tierra, basamento.
Superestructural: en sociología referido a la superestructura de una sociedad. Conjunto de instituciones que cumplen la función de cohesionar a la sociedad y a la cultura en torno a la base económica.
La controvertida gira de Calderón
Jorge Meléndez Preciado
jamelendez@prodigy.net.mx
En todos los medios de difusión trascendentes, incluso los cercanos al gobierno, ha sido muy cuestionada la visita que realizó Felipe Calderón Hinojosa a los Estados Unidos. No sólo porque la efectuó cuando se lleva a cabo la precampaña electoral de aquella nación, sino que dos factores más son importantes: la recesión que vive el coloso del norte –asunto que se discute únicamente cuánto tiempo durará– y que si bien los aspirantes más antiemigrantes han quedado descartados de la escena comicial, no se puede decir que los competidores presentes estén por un acuerdo de largo plazo para la recepción de trabajadores nacionales y, menos aún, que tengan ningún interés en discutir el asunto con la administración mexicana.
Que la gira por el vecino país no fue preparada como se debía, lo muestra la protesta de varias asociaciones defensoras de compatriotas, las cuales se quejaron de que Calderón no les dio el tiempo requerido. E incluso, algo realmente desconcertante fue que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, intentara dar una conferencia de prensa en un café de una transnacional que tiene varias sucursales en el DF. Un acontecimiento torpe, propio del tercermundismo.
Independientemente que el rosario de imprevistos y desatinos fue mayor a cualquier otra visita de alto nivel, lo que seguramente pagarán caro la encargada de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el embajador azteca en gringolandia, Arturo Sarukhán, la sustancia del asunto resultó el encuentro de Felipe con aquellos que manejan los negocios y las finanzas internacionales. Actos en los cuales, por supuesto, se marginó a los periodistas mexicas.
La reunión de mayor nivel fue con el vicepresidente de la Reserva Federal. Desde luego que dicho personaje seguramente le reiteró la grave situación vivida por millones de estadounidenses que no saben qué hacer para liquidar los préstamos hipotecarios y cómo han tenido que bajarse las tasas de interés a niveles jamás vistos en Estados Unidos. Igual que la necesidad de no cobrar impuestos y hasta regalar dinero a cientos de miles de personas y varias empresas importantes.
Algo que no puede hacer México ya que el FMI y el BM lo impiden.
El martes 12 de febrero, segundo día de Calderón en USA, Reforma presentó la siguiente información: “Dejan de pagar 39 por ciento de tarjetas”. Y precisó: “Adeudan tarjetahabientes 20 mil 600 millones” de pesos. Signos preocupantes, aunque para el señor Carstens, ello no tiene importancia sino es únicamente un “catarrito” pasajero en la economía de acá.
Felipe estuvo con empresarios importantes, como los presidentes del Citigroup y la inversora JP Morgan, entre otros. Ellos seguramente le dijeron que han perdido más de 20 mil millones de dólares en los últimos meses. Incluso en el primer caso, se habla que Banamex (filial del grupo mencionado inicialmente), podría venderse a un consorcio internacional no obstante que las utilidades obtenidas en México en 2007, son más del 25 por ciento del total mundial.
No se reportó que acudiera a ningún encuentro, el director gerente de la General Motors. Pero se supo que en 2007 perdieron la mayor suma de dinero (39 mil millones de dólares) que se tenga memoria en la historia de la automotriz. Además, despedirán a decenas de miles de trabajadores, incluyendo algunos de nuestro territorio. Si recordamos que antes se afirmaba: cuando a la GM le va bien, Estados Unidos se encuentra en auge, nos daremos cuenta de que el horno no está para bollos.
Claro, no podía Calderón evitar ir a Harvard, donde estudió un rato aunque no terminó su maestría. Antes de la charla hubo medidas de seguridad similares a Irak.
En Nueva York y sus alrededores, donde hay cerca de un millón de nacionales –sólo en Queens se asegura que habitan 500 mil poblanos–, estuvieron con Felipe varias instituciones, aunque sólo fuera unos cuantos minutos. Gabriel Rincón, que encabeza a los mixtecos, y desde luego Joel Magallán, el principal organizador de una caravana que anualmente va de la llamada Urbe de Hierro a la Villa de Guadalupe.
Magallán planteó cuatro demandas: crear una secretaría del migrante, apoyo a los liderazgos de las comunidades emergentes en EU, ampliación de los servicios consulares y mejor distribución de las credenciales de elector. Demandas fáciles de cumplir si en realidad se quiere apoyar en serio a los nuestros.
Para muchos, incluidos periodistas tachados de oficialistas, como Eduardo Ruiz Healy y sus comentaristas, el periplo de Felipe no tenía mucho sentido, pues conocer de viva voz las angustias de financieros y burócratas de alto nivel estadounidense, mostraba que la diplomacia mexicana no servía para mucho. Otros más críticos y de izquierda, señalaron que fue una pérdida de tiempo ese paseo ya que a los suspirantes norteños no se les planteó algo concreto, fuera de las vaguedades conocidas.
En un artículo de Jorge Bustamante (Reforma, 12 de febrero), el más acucioso investigador del problema migratorio, éste dice que de los tres posibles a la Casa Blanca, el que más nos convendría es Barack Obama, ya que se pronunció por dar licencias a los mexicanos, defiende a quienes van en busca de oportunidades y no tiene la obsesión de un muro que supuestamente detenga el terrorismo. Mientras que McCain ha reculado en su propuesta a favor de un nuevo trato a los que entran a EU e Hillary, no obstante que es la más apoyada por los hispanos, defiende al sistema en asuntos tan torpes como el exigir requisitos máximos para la legalización de mano de obra extranjera.
La crisis de nuestro vecino norteño será larga y lo que deberemos hacer, todos, es apoyar a quienes no van en busca de ningún sueño, más bien se la juegan para encontrar una forma de vivir, aunque sea con largas jornadas de trabajo, y envían remesas sin las cuales la situación mexicana sería explosiva.
Las giras no deben ser para visitas protocolarias. Como dejaron de manifiesto Fox y Marta.
Bombazo ¿con dedicatoria?
Juan Chávez
chavezr25@hotmail.com
La consigna entre los capos seguramente era la de no tocar al Distrito Federal.
Pero el gobierno de Marcelo Ebrard, en alarde inaudito, que mucho tiene de mediático, se propuso demostrar a propios y extraños lo que es eficiencia en el combate del narco y hete aquí que éste respondió con un bombazo a dos cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
La capital es tránsito obligado de todos los que quieren hacer negocio en el país. ¿Por qué no había de serlo para las bandas criminales que se disputan la supremacía en el gran negocio que es el narcotráfico?
El jefe del Gobierno del Distrito Federal está yendo a todas y contra el narco, la explosión pudo haber sido respuesta a la exitosa forma en que su policía se está desplegando.
La explosión en el baldío de la avenida Chapultepec prendió la alerta del sistema de seguridad nacional.
No fue cosa menor. De diciembre pa’ca la policía de Ebrard consiguió incautarles tres arsenales de armas y droga por valor de 60 millones de dólares.
El cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El chapo, es considerado el autor de la explosión del artefacto.
Las investigaciones no arrojan aún claridad alguna y todo lo que se dice es mera especulación.
Se ha llegado a consignar que el muerto iba a introducir el artefacto al edificio de la SSP en la glorieta de Insurgentes, tan sólo porque entre sus ropas se le descubrió un celular que utilizaría, dice una de las versiones policiacas, para hacer detonar el artefacto a distancia.
La cuestión es ¿cómo pasaría los arcos metálicos de seguridad con la bomba que contenía buen número de balines?
Otra especie habla de que se iba a inmolar y que la bomba le explotó a destiempo.
Lo que cuenta es que estalló y que de nueva cuenta, los sicarios o asesinos del narco recobran ventaja en el panorama pintado por el novel secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de que el narco empezaba a ser superado en la guerra en su contra.
Más allá de los daños físicos y psicológicos, habría que aceptar que el bombazo consiguió lo que ni siquiera los partidos políticos han logrado a pesar del consenso con que empujaron la nominación del presidente del IFE y de los dos nuevos consejeros.
Sí, el bombazo –que no es deseable se repita– unió en acciones a los gobiernos de Felipe Calderón y de Marcelo Ebrard sin que mediara declaración de reconocimiento al presidente de la República que políticamente mantiene distanciados a panistas y perredistas.
Dónde está lo espurio del calderonismo ante los ataques del narco que con el bombazo se metió a la esfera del terrorismo.
A los jefes del crimen organizado les vale una y dos con sal, que el perredismo no reconozca presidente a Calderón. Ellos están atacando a quien más daño les hace y Marcelo, con sus huestes policiacas les hizo tremendo agujero con la confiscación de armas de alto poder, incluida la ametralladora antiaérea.
Además del bombazo, hay relevantes hechos políticos que disminuyen el obcecado movimiento de don Andrés que no reconoce presidente a Felipe Calderón.
Leonel Godoy, estrenado gobernador de Michoacán el 15 de febrero, formó con el secretario Mouriño lo que podría marcarse como dueto de reconciliación.
El bombazo, con destinatario o sin él, dio paso al acuerdo de facto entre los gobiernos de Calderón y de Ebrard. Al día siguiente, Leonel Godoy le mando decir a AMLO: Te vas por un tubo; voy a trabajar con el gobierno de Calderón codo con codo.
