Entretenidos con la reforma energética que ya no será, es difícil que los legisladores aborden otros temas espinosos para la vida pública mexicana en los próximos meses, antes de liarse con el presupuesto de egresos para 2009.
Nos hemos puesto una trampa: a los ciclos electorales que mandan sobre las estrategias políticas viables hemos añadido discusiones cuya dimensión desafía cualquier arreglo posible. En cambio, apenas hay tiempo y medios para debatir sobre otras regulaciones indispensables para construir una mejor convivencia entre ciudadanos.
Algo de eso nos contó Roberto Rock en su colaboración del lunes pasado para este diario. Resulta que el Senado abrirá hoy una audiencia al grupo de empresarios que busca frenar la iniciativa de reforma constitucional presentada por Jesús Murillo Karam ante ese órgano legislativo (y por Juan Guerra ante la Cámara Baja), cuyo propósito es añadir un párrafo al artículo 17 para proteger los derechos colectivos de los mexicanos.
Una iniciativa que parece trivial ante el gigantismo de la disputa ideológica y política que está en curso, pero que podría contribuir en serio a dignificar la condición de los ciudadanos que compartimos todos los días intereses comunes (llamados difusos por la doctrina jurídica), sin contar con medios legales para defendernos colectivamente de los abusos que padecemos.
La iniciativa busca reconocer de manera explícita que, además de las garantías individuales, los mexicanos también podemos tener derechos que son colectivos. No son los derechos sociales que ya forman parte del cuerpo normativo de México y que aluden a la obligación asumida por el Estado para favorecer la igualdad material entre las personas.
Los colectivos son más bien una variante del derecho que regula las relaciones entre particulares, pero asumiendo la existencia de intereses afines entre individuos y procedimientos para su defensa en común. Es el derecho de los consumidores, cuya defensa hoy está fragmentada entre las demandas individuales y el arbitraje administrativo (limitado y complejo) que ofrece el gobierno a través de la Procuraduría del Consumidor.
En ausencia de esos derechos, hoy cada quien se defiende como puede ante los tribunales cada vez que es burlado por una empresa, o acude en busca de la modesta intervención del Estado para rescatar algo de lo perdido, luego de invertir tiempo y dinero en un largo y tortuoso procedimiento de conciliación burocrática. Pero siempre como una acción solitaria, pues en México no existe ninguna posibilidad legal de enfrentar el incumplimiento de los contratos particulares, que afectan a muchos, de manera colectiva.
Ni tampoco es verdad que, en ausencia de esos derechos, el Estado tenga instrumentos de apremio y sanción inequívocos para ponerse del lado del más débil. Su papel es acaso de árbitro entre personas con derechos equivalentes, a despecho de que una de esas personas puede ser una empresa poderosísima y la otra un individuo sin medios ni tiempo para actuar eficazmente.
El pensamiento liberal radical se ha opuesto siempre a la idea de establecer derechos cuyos titulares no sean personas individuales. Pero en los países de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso los derechos colectivos existen desde hace años, pues no sólo representan un antídoto contra los abusos monopólicos de las grandes empresas y un acicate a la competencia leal en la economía de mercado, sino incluso un medio al que puede acudir el Estado para asegurar la eficacia de sus propias regulaciones.
Nunca será lo mismo confiar en la capacidad de supervisión de las agencias gubernamentales, que dotar a los consumidores de derechos colectivos para afirmar las obligaciones y la responsabilidad asumida por quienes participan en el mercado, amparados por la protección de las leyes. Así entendida, la reforma constitucional propuesta en las dos cámaras generaría una regulación destinada a garantizar que todas las demás reglas que buscan la mejor competencia posible efectivamente se cumplan.
Pero, además, la entrada de los derechos colectivos a nuestro cuerpo constitucional tendría un poderoso efecto en la construcción de una mayor conciencia ciudadana. En México, no es verdad que quien paga manda. Por el contrario, el consumidor común y corriente no sólo es generalmente pobre, sino que además está desinformado y desprotegido. Si una empresa oculta datos que son relevantes para sus clientes, o abusa de la publicidad para vender algo que no existe, o cobra servicios que más tarde no ofrece o los ofrece con una calidad lamentable, o simplemente decide cambiar las condiciones originales de compra-venta, el consumidor agredido está francamente indefenso. Y no hay duda de que los abusos se están multiplicando cada vez más.
Los ejemplos se repiten todos los días, sin que haya modo alguno de contrarrestarlos. De haber derechos colectivos, en cambio, los consumidores podríamos desarrollar acciones comunes para denunciar y sancionar a los empresarios corruptos. Y el aprendizaje adquirido en esa acción colectiva trascendería de prisa hacia los demás lugares que compartimos en el espacio público, que hoy está secuestrado por unos cuantos.
Sería una buena noticia que los legisladores resistieran la presión de los empresarios que se niegan a aceptar la defensa colectiva de los consumidores. El tema todavía no tiene mayor visibilidad pública. Pero se trata de algo fundamental para el futuro democrático del país.
Profesor investigador del CIDE
