lunes, 24 de noviembre de 2008

Por el reencuentro de Rosa Isela con su madre adoptiva la transexual Alondra‏


23-Noviembre-2008
El DIF de Jalisco apoya medidas contra Alondra
Adriana Luna
Abogado de la transgénero señala a varios responsables del desacato y menciona a la esposa del gobernador
GUADALAJARA. El director general del DIF de Jalisco, Felipe Valdés de Anda, declaró escuetamente tener plena confianza en que la decisión del Consejo Estatal de la Familia, de retener a la niña Rosa Isela, está apegada a la ley, a pesar de que hay una orden judicial de que la menor sea devuelta a su madre de crianza, Alondra.
El Consejo de la Familia respalda su rechazo a que Alondra tenga relación con la niña porque es transgénero y argumenta que “su conducta no se ajusta a los parámetros de convivencia social elementales para que una menor de edad tenga un punto de referencia moral para su vida adulta”.
“No tengo comentario al respecto. El Consejo Estatal (de la Familia) es autónomo en sus decisiones, el DIF Jalisco sólo lleva la administración. Como está ciudadanizado (el organismo), ellos tienen autonomía técnica para operar; todo el tema del señor Alberto (Alondra) está en manos del Consejo Estatal y nosotros tenemos plena confianza en que (es) de acuerdo a la ley y como están dando la protección jurídica a la niña Rosa Isela, la institución terminará el proceso”, sostuvo Valdés de Anda.
“Nosotros llevamos la administración, todo lo que sea en cuanto a gasto corriente, pero el Consejo tiene autonomía”, abundó.
Por su parte, el abogado defensor de Alondra, Rafael Cárdenas, advirtió que hay varios responsables en el desacato a la orden judicial que instruyó la devolución inmediata de la menor a su madre de crianza.
Independientemente de que el Consejo de la Familia haya interpuesto un amparo ante un juzgado de distrito, el DIF está obligado a pedirle cuentas, aunque sea órgano desconcentrado, ya que hasta que no se les conceda la suspensión provisional (resolución a la demanda de amparo) es cuando ellos podrían recuperar a la menor; mientras tanto, cada momento que pasa están violando la ley.
“Han cometido más de un delito, tanto las monjas que negaron a la menor cuando Alondra fue a recogerla, como el Consejo. El problema es que la titular del Consejo Estatal de la Familia, Claudia Corona, y los consejeros están actuando fuera de la norma, eso los ubica en una situación de responsabilidad prevista en la Ley de Servidores Públicos y deben ser sancionados”, dijo Cárdenas Muñoz en entrevista con Excélsior.
“En estricto sentido, los responsables del desacato son la titular del Consejo y los consejeros, pero lo que aquí tiene que hacer el DIF es pedirles cuentas por su actuar fuera de la ley, porque finalmente es una institución subordinada”, agregó el abogado.
Sin embargo, habría otros funcionarios responsables indirectamente por omisión: “El órgano de gobierno que integra el DIF lo forman la presidenta del Sistema, que es Imelda Guzmán, la esposa del gobernador; el secretario general de Gobierno (Fernando Guzmán) y otros funcionarios del Ejecutivo estatal. Ellos tendrían que exigirle a la titular del Consejo que cumpla con la orden del juez; de lo contrario, serían omisos en garantizar que se respete la ley”.
Cabe mencionar que la próxima semana se interpondrá una denuncia criminal contra la titular del Consejo Estatal de la Familia, los consejeros y las monjas del albergue Niñas Desamparadas.
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene abierto el caso y se espera que dé resolución final a la queja interpuesta por Alondra, luego de que le quitaran a la niña, la ingresaran a un albergue y le negaran ver a su hija.
Alondra, transgénero de 39 años, crió a Rosa Isela desde las dos semanas de vida. Ahora la menor tiene 11 años, pero hace tres la niña, con engaños, le fue arrebatada.
Alondra comenzó un litigio, mismo que concluyó con la resolución de la juez séptimo de lo Familiar, María del Carmen Mejía Tostado, otorgándole la custodia de Rosa Isela y exigiendo que se la entregaran de inmediato a su madre de crianza. Sin embargo, el Consejo Estatal de la Familia desacató la orden judicial, trasladó a la niña a otro albergue (desconocido aún) y además le negó a Alondra tener contacto con la niña.
Los que se echan la bolita
El DIF de Jalisco está obligado a proteger a las personas a fin de “colaborar en su desarrollo integral”.
Parte de su “visión”, según la información obtenida en su página web, es ser “una institución normativa sólida, eje de las políticas públicas de familia… líder a nivel nacional en la inclusión social, promotora del desarrollo humano integral, de la igualdad de oportunidades y la prevención de la vulnerabilidad, con niveles de excelencia”.
Entre sus objetivos institucionales promueve “la integración de las familias a través del desarrollo de la persona y el fortalecimiento del matrimonio para consolidar la estructura social”.
El Consejo Estatal de la Familia en Jalisco es un órgano de participación ciudadana, desconcentrado del Sistema DIF Jalisco; entre sus objetivos está servir como enlace permanente entre todas las instituciones públicas, descentralizadas y privadas que tengan como objetivo la atención, custodia y asistencia a la niñez, discapacitados, adultos mayores, madres en situación crítica y la familia. Para ello debe dar seguimiento a las disposiciones de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles en materia de adopciones, custodias y tutelas.