sábado, 8 de noviembre de 2008

Sociedad y gobierno deben coordinarse en favor de personas en situación de calle

Josefina Quintero
Mediante una coordinación de esfuerzos entre organizaciones civiles e instituciones gubernamentales se logrará una mejorar calidad de vida de la población en situación de calle, fue una de las propuestas que se dieron en el segundo Foro Nacional de Poblaciones Callejeras que realizaron diversas agrupaciones civiles, sociales, de asistencia privada, así como dependencias de los gobiernos de la ciudad de México y federal.
La Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras está conformada por organizaciones que atienden a niños que trabajan y viven en situación de calle o están en riesgo de caer en ella y buscan que desde la sociedad civil organizada se haga un compromiso de colaboración nacional en defensa de los derechos de las poblaciones callejeras.
Además se busca incidir en las políticas públicas e intentar crear estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en dicha situación con el énfasis en la protección de los derechos humanos.
Porque en el Distrito Federal aún se ven los abusos contra este sector, manifestaron representantes de las organizaciones, que si bien reconocieron ya no se ven en las calles, la explotación sexual continúa, pero ahora en el interior de hoteles, y entre las zonas donde se da esta práctica señalaron, entre otras, a La Merced.
Tan sólo en el Distrito Federal hay un registro de 2 mil 500 personas en situación de calle que son atendidas en los diferentes centros del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS).
Sin embargo, a decir de algunas organizaciones en la capital del país, desde 2007 hay una política que “criminaliza a estas poblaciones”, por ello surgió la conformación de la alianza de organizaciones.
Al respecto, el titular IASIS, César Cravioto, resaltó la importancia de realizar un trabajo en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones para atender a dicha población y que no sean esfuerzos aislados de cada grupo o del mismo gobierno, “sino políticas públicas que se consensen, pero es lo que no se ha logrado”.