LES MANDOOTRA VEZ EL ARTÍCULO DE CARMEN Y OTRA NOTA DEL CASO, A VER SI SALE SIN GARABATOS.
La entrevista a la Sra. Valdés fue el 15 de enero, ya lo chequé en mi blog de la RedMex y ahí están las fotods
Justicia en Oaxaca: Carmen Aristegui F.
viernes 16 de enero de 2009
Justicia en OaxacaCarmen Aristegui F.16 Ene. 09
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
http://kikka-roja.blogspot.com/2009/01/justicia-en-oaxaca-carmen-aristegui-f.html
jueves 22 de mayo de 2008 → Estados → Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
■ De acuerdo con los magistrados, son aplicables lineamientos nacionales e internacionales
Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
■ La intervención del máximo tribunal podría poner al descubierto una red de abuso de menores
■ Beneplácito de la madre de la víctima; la decisión es “una muestra de sensibilidad”, afirma
Alfredo Méndez y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la violación de un menor en una escuela privada de Oaxaca pára determinar si el proceso judicial que se ha seguido contra los presuntos responsables garantiza los derechos de la víctima Foto: Notimex
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la presunta violación de un niño de cuatro años cometida en el Instituto San Felipe, uno de los colegios privados de mayor renombre en la ciudad de Oaxaca, podría poner al descubierto una red de pederastia en la entidad y es de tal trascendencia que debe ser analizada por el máximo tribunal del país.
Ésta es la primera ocasión en que la SCJN admite revisar un caso de pederastia que podría estar relacionado con pornografía infantil y abuso de menores.
Con el criterio de que se trata de un asunto que involucra normas nacionales y convenciones internacionales, los ministros de la primera sala atrajeron tres demandas de amparo en revisión interpuestas por Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos violadores del menor, y un tercero interpuesto por la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice.
En contra de los tres se libró orden de aprehensión y la única detenida es García Soto.
Este caso se hizo público en 2006, cuando Leticia Valdés Martell, hija de un reconocido urólogo de Oaxaca, denunció ante la Procuraduría de Justicia de esa entidad a los presuntos responsables del abuso sexual de su hijo y acudió a medios de comunicación estatales y nacionales para exigir castigo a los responsables.
La mujer recibió apoyo de organismos no gubernamentales y grupos vinculados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sin embargo, algunos grupos apoyaron a la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez; a su esposo, Hugo Gabriel Constantino, así como a los demás implicados, e incluso publicaron desplegados en la prensa y realizaron protestas callejeras en contra de la madre afectada.
Ayer la primera sala de la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción. “A dos de las tres personas que pidieron el amparo se les giró orden de aprehensión y a la tercera auto de formal prisión, según se desprende de los amparos 48/2008, 34/2008 y 49/2008, del índice del segundo tribunal colegiado con sede en Oaxaca”, explicó la SCJN en un comunicado.
Decisión inédita
Los ministros argumentaron que la atracción también obedece a que se trata de un caso de violación equiparada de un menor de edad.
Ésta es la primera ocasión en que se le pide a la SCJN atraer un caso de abuso sexual de un niño. “La víctima no solamente cuenta con las garantías de la Constitución, sino también con la protección y tutela de un instrumento internacional cuya observancia es obligatoria, lo que llevaría a establecer lineamientos específicos para casos como el presente”, resolvió la primera sala.
De acuerdo con la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada por la denuncia presentada por la madre del menor, entre septiembre y noviembre de 2006 el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez se confabuló con la maestra Magdalena García Soto y con el esposo de la directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en uno de los salones de la institución, donde había cámaras de video.
En Oaxaca, Leticia Valdés Martell, madre del menor, expresó su beneplácito por la decisión de la SCJN. “Es una demostración de sensibilidad de los magistrados”, afirmó.
José Bonilla Sada, el abogado de Leticia Valdés, dijo que su clienta solicitó a la SCJN en febrero revisar los amparos promovidos por los presuntos responsables porque no tiene confianza en el Tribunal Superior de Justicia del Estado ni en algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación porque “actúan bajo consigna del gobierno estatal”, acusó.
Asimismo, confió en que la SCJN actué conforme a Derecho, y que no se libere de responsabilidades a los acusados. “Queremos justicia, la vamos a esperar”, dijo Bonilla Sada.
Ordena la SCJN librar nueva orden de aprehensión; sólo Gudiño Pelayo votó en contra
Niegan amparo a 2 maestros de Oaxaca acusados de pederastia
■ Los jueces deben subsanar fallas en procesos por agresiones a menores, señalan los ministros
■ La madre de la víctima sostiene que el gobierno de Ulises Ruiz brinda protección a los acusados
Jesús Aranda y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de febrero pasado en el Distrito Federal, Leticia Valdez, madre de un niño violado en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, mostró fotografías de los presuntos agresores. A su lado aparece el abogado de la familia, José Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó ayer el amparo que solicitaron los acusados para impedir su aprehensión, y determinó que en lo sucesivo los jueces que atiendan asuntos relacionados con abusos de menores deberán asegurarse de la correcta integración de los procesos Foto: Francisco Olvera / Archivo
En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.
Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.
La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.
Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.
Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.
Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.
“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.
Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.
Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.
“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.
La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.
Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.
El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.
Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.
Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.
Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.
El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.
La entrevista a la Sra. Valdés fue el 15 de enero, ya lo chequé en mi blog de la RedMex y ahí están las fotods
Justicia en Oaxaca: Carmen Aristegui F.
viernes 16 de enero de 2009
Justicia en OaxacaCarmen Aristegui F.16 Ene. 09
Hace más de un año conocí la historia de Leticia Valdés. Mujer joven, madre de un pequeño de escasos 5 años que fue violado, agredido sexualmente y probablemente grabado o fotografiado en el Instituto San Felipe de la capital del estado de Oaxaca.Después de varios días de recibir a su niño, de manos del colegio, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos se encontró con las evidencias de la violación sexual a la que estaba siendo sometido. Al auxiliar al pequeño en la limpieza, después de evacuar en el baño de su casa, se percató horrorizada de que lo que había expulsado el niño era líquido seminal. El doctor Isaías Valdés, abuelo del niño y médico de la localidad, guió por teléfono a la madre para conservar la evidencia de forma apropiada para presentarla como elemento clave en una investigación. Así lo hizo, y emprendió, a partir de ahí, una larga y fatigosa tarea para denunciar a los responsables de la violación de su pequeño hijo.La señora Valdés, decidida a que los hechos que dañaron a su hijo no queden impunes y a que lo que le ocurrió al pequeño no le ocurra a nadie más, ha recorrido el tormentoso laberinto de la -llamémosla de algún modo- justicia oaxaqueña. Después de un año de no hablar con ella me he vuelto a encontrar con la señora Valdés y he podido repasar el caso. La revisión del caso nos muestra, nuevamente, las irregularidades cometidas durante el tortuoso proceso judicial, encabezado por el juez tercero de lo penal en Oaxaca. Se puede observar cómo, desde el principio, el caso no siguió el curso imparcial de un proceso judicial sino que se distorsionó desde el momento en que los copropietarios del instituto, Gabriel Hugo Constantino García, presunto pederasta prófugo, y su esposa, Yolanda León Ramírez, contaron con la defensa del abogado Jorge Franco, a la sazón parte del grupo político del gobernador Ulises Ruiz, quien ha tenido -según las narraciones- a la Procuraduría de Justicia del Estado literalmente a su servicio. El caso de la señora Valdés y su pequeño hijo es un botón de muestra de la inoperancia política y judicial que padece este estado de la República y que ha quedado acreditada a raíz del conflicto social y político que generó la revuelta popular con más de 20 muertes en el estado aún sin esclarecerse, entre otras muchas anomalías que invaden el "caso Oaxaca". Asunto que, por cierto, se encuentra siendo revisado por el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Es de esperarse que este año la Corte se pronuncie sobre el asunto y emita una resolución que pueda condenar la impunidad que ha marcado este conflicto. Junto a este tema que involucra factores múltiples y alcanza una gran repercusión social, sería deseable que se trajera a esta revisión amplia de la situación en Oaxaca también -aun de forma colateral- el caso de la señora Valdés y su pequeño hijo como una evidencia más del profundo problema que padece el sistema de justicia del estado. Máxime que la misma Suprema Corte conoce del caso, una vez que la señora Valdés logró la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien promovió la revisión del caso del Instituto San Felipe. La Corte atendió el asunto y se pronunció al respecto con una serie de medidas que no han sido debidamente atendidas, según señala la señora Valdés, quien acusó directamente al juez tercero de actuar bajo la consigna del gobernador Ulises Ruiz.Por lo pronto, este caso -que ha tomado notoriedad en algunos medios de comunicación- ha dado un nuevo giro. Ya no sólo cuenta el instituto y estas personas con una defensa estrechamente cercana al gobernador Ruiz, tan cercana como que ha formado parte activa del grupo político del mandatario con cargos en la Secretaría General del estado y la suplencia como senador cuando Ruiz ostentaba ese cargo antes de ser gobernador. Esta situación, de suyo grave por la violación de un menor, arroja también información sobre posibles abusos a otros niños del mismo instituto y la posibilidad de la existencia de una red o algún otro tipo de organización dedicada al abuso de menores y pornografía infantil. Hay referencias, en los testimonios, de la existencia de cámaras, por ejemplo, en el lugar en donde el niño refiere que hubo las violaciones.El punto es que, más de un año después, este caso que por extrañas razones ha movilizado una gran cantidad de recursos tanto económicos como políticos del entorno del gobernador Ruiz, ahora cuenta con una defensa reforzada. Han sido contratados -nada más ni nada menos que- los servicios del despacho de abogados que encabeza José Luis Nassar Daw -hijo del tristemente célebre Miguel Nassar Haro- y cuyos servicios de defensa, según se sabe, implican fuertes erogaciones a quien los requiere. ¿Por qué se despliegan tantos recursos en torno al caso del niño de Oaxaca? ¿Acaso la madre, con su activismo y constancia, se acerca a algo que no conviene que sea revelado?
http://kikka-roja.blogspot.com/2009/01/justicia-en-oaxaca-carmen-aristegui-f.html
jueves 22 de mayo de 2008 → Estados → Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
■ De acuerdo con los magistrados, son aplicables lineamientos nacionales e internacionales
Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
■ La intervención del máximo tribunal podría poner al descubierto una red de abuso de menores
■ Beneplácito de la madre de la víctima; la decisión es “una muestra de sensibilidad”, afirma
Alfredo Méndez y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la violación de un menor en una escuela privada de Oaxaca pára determinar si el proceso judicial que se ha seguido contra los presuntos responsables garantiza los derechos de la víctima Foto: Notimex
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la presunta violación de un niño de cuatro años cometida en el Instituto San Felipe, uno de los colegios privados de mayor renombre en la ciudad de Oaxaca, podría poner al descubierto una red de pederastia en la entidad y es de tal trascendencia que debe ser analizada por el máximo tribunal del país.
Ésta es la primera ocasión en que la SCJN admite revisar un caso de pederastia que podría estar relacionado con pornografía infantil y abuso de menores.
Con el criterio de que se trata de un asunto que involucra normas nacionales y convenciones internacionales, los ministros de la primera sala atrajeron tres demandas de amparo en revisión interpuestas por Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos violadores del menor, y un tercero interpuesto por la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice.
En contra de los tres se libró orden de aprehensión y la única detenida es García Soto.
Este caso se hizo público en 2006, cuando Leticia Valdés Martell, hija de un reconocido urólogo de Oaxaca, denunció ante la Procuraduría de Justicia de esa entidad a los presuntos responsables del abuso sexual de su hijo y acudió a medios de comunicación estatales y nacionales para exigir castigo a los responsables.
La mujer recibió apoyo de organismos no gubernamentales y grupos vinculados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sin embargo, algunos grupos apoyaron a la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez; a su esposo, Hugo Gabriel Constantino, así como a los demás implicados, e incluso publicaron desplegados en la prensa y realizaron protestas callejeras en contra de la madre afectada.
Ayer la primera sala de la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción. “A dos de las tres personas que pidieron el amparo se les giró orden de aprehensión y a la tercera auto de formal prisión, según se desprende de los amparos 48/2008, 34/2008 y 49/2008, del índice del segundo tribunal colegiado con sede en Oaxaca”, explicó la SCJN en un comunicado.
Decisión inédita
Los ministros argumentaron que la atracción también obedece a que se trata de un caso de violación equiparada de un menor de edad.
Ésta es la primera ocasión en que se le pide a la SCJN atraer un caso de abuso sexual de un niño. “La víctima no solamente cuenta con las garantías de la Constitución, sino también con la protección y tutela de un instrumento internacional cuya observancia es obligatoria, lo que llevaría a establecer lineamientos específicos para casos como el presente”, resolvió la primera sala.
De acuerdo con la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada por la denuncia presentada por la madre del menor, entre septiembre y noviembre de 2006 el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez se confabuló con la maestra Magdalena García Soto y con el esposo de la directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en uno de los salones de la institución, donde había cámaras de video.
En Oaxaca, Leticia Valdés Martell, madre del menor, expresó su beneplácito por la decisión de la SCJN. “Es una demostración de sensibilidad de los magistrados”, afirmó.
José Bonilla Sada, el abogado de Leticia Valdés, dijo que su clienta solicitó a la SCJN en febrero revisar los amparos promovidos por los presuntos responsables porque no tiene confianza en el Tribunal Superior de Justicia del Estado ni en algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación porque “actúan bajo consigna del gobierno estatal”, acusó.
Asimismo, confió en que la SCJN actué conforme a Derecho, y que no se libere de responsabilidades a los acusados. “Queremos justicia, la vamos a esperar”, dijo Bonilla Sada.
Ordena la SCJN librar nueva orden de aprehensión; sólo Gudiño Pelayo votó en contra
Niegan amparo a 2 maestros de Oaxaca acusados de pederastia
■ Los jueces deben subsanar fallas en procesos por agresiones a menores, señalan los ministros
■ La madre de la víctima sostiene que el gobierno de Ulises Ruiz brinda protección a los acusados
Jesús Aranda y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de febrero pasado en el Distrito Federal, Leticia Valdez, madre de un niño violado en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, mostró fotografías de los presuntos agresores. A su lado aparece el abogado de la familia, José Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó ayer el amparo que solicitaron los acusados para impedir su aprehensión, y determinó que en lo sucesivo los jueces que atiendan asuntos relacionados con abusos de menores deberán asegurarse de la correcta integración de los procesos Foto: Francisco Olvera / Archivo
En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.
Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.
La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.
Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.
Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.
Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.
“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.
Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.
Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.
“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.
La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.
Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.
El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.
Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.
Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.
Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.
El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.
